STOP Uranio continuará llevando a cabo acciones y actividades reivindicativas “para lograr la paralización de este proyecto minero de Berkeley, que incluye un cementerio de residuos radioactivos, y que consideramos una auténtica ruina para todos los pueblos de la comarca”.La localidad de Boada acogió el pasado 4 de diciembre una asamblea convocada por la plataforma STOP Uranio, que contó con una masiva asistencia entre los que se encontraban representantes de los ayuntamientos de la zona y diputados provinciales.
En dicha asamblea, como comunicaron desde la plataforma, se informó sobre los recientes casos de corrupción que han salpicado de manera directa a Berkeley así como de la interpelación ante la Unión Europea para la paralización del proyecto. Al mismo tiempo, se hizo un expreso llamamiento a todos los partidos con representación en las Cortes de Castilla y León para exigir al gobierno regional a que revise las autorizaciones otorgadas a este proyecto “que incluye un cementerio de residuos radiactivos”.
Este viernes 4, en el marco de la realización de la última sesión de la Cámara de Diputados antes del cambio de legisladores, se llevó a cabo el tratamiento y votación del proyecto por la derogación del impuesto minero. Desde el inicio del actual ciclo neoliberal durante la presidencia de Carlos Menem, la legislación argentina construyó un blindaje legal a favor de las mineras.
Con protesta pacífica, un numeroso grupo de personas le dijeron “no” a funcionarios de la Anla y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que iban a realizar un taller de socialización en temas mineros. Bloquearon el acceso como protesta.
Un grupo de habitantes de la comunidad de Coatetelco de esta localidad rechaza a la empresa minera Alamos Gold Company (antes Esperanza Silver), la cual busca explotar alrededor de 303 hectáreas de tierras de cultivo y de uso común de la comunidad para extraer metales como antimonio, arsénico y oro.
Cientos de hombres y mujeres salieron a las calles del municipio de Pijijiapan para exigir al gobierno federal que cancele las concesiones a empresas mineras y también que frene la construcción de “minipresas hidroeléctricas” en la región.
Hace algunos días una ruptura de dos diques con residuos mineros causó un torrente de lodo tóxico que arrasó el pueblo de Benito Rodríguez en el Estado de Minais Gerais en Brasil. Hubo 28 desaparecidos y el lodo avanzó en un radio de más de 100 kilómetros. La mina a cielo abierto pertenece a la firma Samarco, una filial de la minera Vale del Rio Doce.
Un estudio realizado por investigadores del Centro Polar y Climático (CPC) de Brasil descubrió la presencia de arsénico en el Monte Johns de la Antártica y estableció que provenía de la minería del cobre de Chile.
En la Sesión del jueves 3 de diciembre, se aprobó el proyecto en el que se prohíbe la Megaminería metalífera hidrocontaminante en el ejido municipal. Con esta ordenanza, presentada por Hermano Moreno del Partido Socialista, Zapala se suma a las muchas ciudades que le dicen “si a la vida, no a la Megaminería”.
Graves daños al medio ambiente, impactos negativos sobre las comunidades, desigualdad en el pago de salarios, confinamiento de trabajadores enfermos e insensibilidad frente a violaciones de derechos humanos son algunos de los señalamientos que acaban de lanzar dos ONG (una colombiana y otra colombo-suiza) contra la gigante de la minería Glencore. La empresa, poco publicitada, lleva 20 años extrayendo carbón en el departamento del Cesar y es la propietaria del grupo Prodeco, que aglutina las operaciones de Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro.
La tarde de este jueves, 40 campesinos del ejido Matamoros en el municipio de Melchor Ocampo se manifestaron en el vestíbulo del Congreso del estado.