Latinoamerica

Informan sobre abusos a defensores/as de derechos humanos

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) publicó en enero un nuevo informe sobre abusos y violaciones a derechos humanos en contra de defensores y defensoras en América Latina.

El documento se presenta en el marco de la Segunda Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, que organiza la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en América Latina del Sur (ACNUDH), y que tendrá lugar en Santiago de Chile, del 17 al 19 de enero.

El informe subraya el alarmante aumento en el número de casos de violencia y criminalización en contra de defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias, sindicalistas y organizaciones.

El documento contiene además múltiples ejemplos sobre el tipo de abusos; así como recomendaciones específicas dirigidas a empresas y gobiernos.

Datos sobre los abusos en América Latina

De septiembre de 2013 a diciembre de 2016, el CIEDH invitó en 156 ocasiones a diversas empresas a responder a abusos en contra de personas defensoras que se oponían a diferentes proyectos empresariales.

En base a esta muestra, se encontró que los sectores en donde se presentan más abusos en contra de defensores y defensoras son: el energético con 41% del total de las invitaciones enviadas; el sector minero (27%), el sector de la construcción (13%) y el sector agrícola, alimentos y bebidas (12%).

También fueron documentadas 51 intimidaciones y amenazas, 36 muertes, 34 desalojos y 27 golpizas o diferentes formas de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos. Los países más peligrosos fueron: Colombia, México, Guatemala, Honduras y Brasil.

Abusos registrados en Perú

En cuanto al Perú el informe menciona 47 asesinatos, registrados en los últimos 3 años en conflictos con empresas mineras y petroleras.

Todas las víctimas fueron miembros de comunidades que se oponen a las actividades extractivas por la falta de consulta previa, libre e informada, el derecho al agua y a la tierra.

Asimismo, reporta los recientes incidentes sufridos por Máxima Acuña y su esposo relacionados con la empresa minera Yanacocha, entre otros hechos recogidos.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad/12/01/2017/realizan-informe-sobre-abusos-defensoresas-de-derechos-humanos-relacionados

Internacional

Plataforma Stop Uranio traslada inquietud ante proyectada mina al Carlos III

( Salamanca, España ).- Miembros de la Plataforma Stop Uranio se han reunido hoy en Madrid con responsables del Instituto de Salud Carlos III, centro adscrito al adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad para trasladarles su inquietud ante la proyectada mina de uranio en el municipio salmantino de Retortillo.

A través de un comunicado, la plataforma ha explicado que el encuentro mantenido tenía por objeto conocer la información con la que cuenta el instituto en relación a la explotación minera que pretende la empresa australiana Berkeley.

El director general del centro les ha transmitido, han agregado las mismas fuentes, que no han sido consultados sobre la instalación proyectada, a la vez que han valorado «la preocupación manifestada por la cercanía de la instalación minera y planta de beneficio de mineral a determinados núcleos de población -dos kilómetros en el caso de Retortillo-«.

Asimismo, han afirmado que el director del Carlos III comparte la opinión de la plataforma en el sentido de que «se deben conocer los efectos de la instalación proyectada antes de que se ponga en marcha y no a los diez años de su funcionamiento».

También les ha instalado a que pidan a las autoridades competentes que el instituto realice un estudio del conocimiento científico-técnico que se tiene sobre las consecuencia para la salud de «una instalación considerada de primera categoría dentro del ciclo de combustible nuclear por la normativa vigente», han concluido las mismas fuentes. EFE

Fuente:http://www.lavanguardia.com/vida/20170118/413474479694/plataforma-stop-uranio-traslada-inquietud-ante-proyectada-mina-al-carlos-iii.html

Internacional

¿Dinero del ciudadano europeo en minas conflictivas en América Latina?

( Bruselas).-  Hay empresas mineras que generan conflictos en América Latina. Hay bancos europeos que financian esas empresas. Sobre ello y el rol del ciudadano, DW conversó con los autores de un reciente estudio.

«Las minas son como castillos en el aire que se inflan con las inversiones. Y en muchos proyectos mineros conflictivos hay grandes bancos como BNP Paribas, ING, KBC y Deutsche Bank”, explica Frank Vanaerschot de la organización FairFin.

Ésta, junto con 11.11.11, Broederlijk Delen, CooperAcción y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), presentaron esta semana en Bruselas un estudio, no exhaustivo, de inversiones europeas en proyectos mineros conflictivos para las poblaciones y el medio ambiente en América Latina. Sobre todo en Perú y Chile, tercer y primer mayores productores de cobre en el mundo.

«La inversión es el enlace económico entre hoy y el futuro”, explica Vanaerschot a DW. «Queremos que la gente se dé cuenta que su dinero no está guardadito en sus cuentas bancarias, sino que se emplea para hacer negocios que atentan contra valores que ellos defienden en sus vidas propias. No se dan cuenta que su dinero está teniendo un impacto que no les gustaría ver cerca de ellos”, agrega.

Un ejemplo muy documentado

Los habitantes de la población peruana de Espinar, cerca de Cuzco, llevan en su organismo cadmio, plomo, mercurio, arsénico, bario, berilio, antimonio y manganeso en niveles muy superiores a los permitidos. La extracción de cobre de la aledaña mina Antapaccay sería el origen. Los campos y el ganado también están contaminados.

César Flores (CooperAcción), Felipe Grez (OLCA), Frank Vanaerschot (FairFin) presentando el informe en Bruselas.

La mina pertenece desde el 2006 al grupo Glencore, que controla el 50 por ciento del mercado mundial del cobre. En esta empresa, en bolsa desde el 2011, invierten bancos europeos como BNP Paribas, el grupo ING y el Deutsche Bank.

Éste último, por ejemplo, se declara totalmente a favor de la defensa de los derechos humanos, del respeto a las comunidades y de la verificación de los riesgos ecológicos y sociales en los proyectos en los que invierte.

Glencore, por su parte, afirma respetar los principios del consentimiento libre previo e informado y los principios rectores de las empresas y derechos humanos de Naciones Unidas.

No obstante –y aunque hay un juicio en marcha desde que en 2012 las protestas de la población culminaran con cuatro muertos y muchos heridos–, ni el Estado ni la empresa toman medidas para asistir a la población. La banca tampoco.

Momento crucial

El momento es crucial para la minería en América Latina, un continente que ha visto multiplicarse por 60 esta actividad en los últimos 20 años y que tiene en su subsuelo el 44 por ciento de las reservas mundiales de cobre, 49 por ciento de plata, 65 por ciento de litio.

Sólo en cuanto al consumo del cobre, un estudio de la Universidad Libre de Berlín y Misereor prevé un aumento del 200 por ciento en los próximos 40 años. Esta organización ve también el riesgo de que se multipliquen por otro tanto los conflictos, que en la última década han sido 200 por mes en Perú. De ellos, el 62,7 por ciento están relacionados con la minería.

Mina en Perú.

En un momento en que el respeto de las reglas tanto de la ONU como de la OCDE en cuanto a empresas y derechos humanos son más bien voluntarias, que el 14,9 por ciento del territorio peruano y el 41 por ciento del chileno esté concesionado preocupa. Tanto en el campo como en las ciudades, también crece la tensión por el impacto en el agua y en el cambio climático aumenta, también en las ciudades. «Las concesiones en Chile se entregan gratuitamente y a perpetuidad, sin evaluación ambiental previa”, puntualiza Felipe Grez, de OLCA.

«No es que estemos en contra de las empresas, pero no se puede permitir que en vez de desarrollo signifiquen conflictos, enfermedad y muerte. Aunque es verdad que nuestro propios gobiernos no controlan, la presión puede venir de las zonas donde se concentra el poder: Europa, Japón, Estados Unidos”, explica a DW César Flores, de CooperAcción, subrayando la esperanza de que «el control del ciudadano europeo a través de la banca lleve a las empresas a tener más cuidado en sus operaciones”.

Fuente:http://www.dw.com/es/dinero-del-ciudadano-europeo-en-minas-conflictivas-en-am%C3%A9rica-latina/a-37210950

Perú

Recuperan 500 hectáreas del Tambopata invadidas por mineros

Desde setiembre del año pasado, el Gobierno ha recuperado unas 500 hectáreas de bosques en la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, dañadas por la minería ilegal. Esta meta se logró gracias al trabajo coordinado del Ministerio del Ambiente, la Marina de Guerra del Perú y el Ministerio público.

A través de un comunidado, la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, señaló que las 500 hectáreas recuperadas representan más del 70% del área afectada por los mineros ilegales. Galarza resaltó la labor realizada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Dirección general de Capitanía y Guardacostas (que depende de la Marina de Guerra del Perú) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Ministerio Público.

En las operaciones que realizaron estas entidades, se desmanteló cuatro campamentos mineros ubicados en la zona de amortiguamiento de la reserva del Tambopata. Así se golpeó a los mineros ilegales que proveían de logística a aquellos que ocupaban el interior del área protegida.

Asimismo,  una de las intervenciones más transcendentes se realizó en el campamento “Panterita”, ubicado en el sector del río Malinowsky, donde operaban más de mil personas dedicadas al abastecimiento de implementos e insumos para la minería ilegal, así como al suministro de combustible, alimentos, transporte, mecánica y otros que sostenían el desarrollo de la ilícita actividad.

El resultado de esta acción fue el desmantelamiento de este campamento, en el cual los mineros ilegales se refugiaban durante los operativos contra la minería ilegal que se realizaban al interior del área natural protegida, lo que les permitía guarecerse y, luego, retornar inmediatamente a la Reserva. Similar acción se realizó en el campamento minero “Cetical”, el cual era ocupado por más de 40 personas dedicadas a la minería ilegal.

Fuente:http://elcomercio.pe/sociedad/madre-de-dios/recuperan-500-hectareas-tambopata-invadidas-mineros-noticia-1961691

Argentina

Conflicto laboral en la reactivación de una mina en Neuquén

La compañía, para superar a sus tres competidoras en la compulsa, apostó a una inversión global de 164 millones de dólares.

rabajadores mineros cortaron la ruta provincial 43 en Neuquén para reclamar la reincorporación de unos 63 despedidos en la mina ubicada en la localidad de Andacollo que no serían tenidos en cuenta por la nueva adjudicataria del proyecto.

Los operarios acusan por la situación a la firma australiana Trident Southern Explorations SPA, que en agosto de 2016 resultó adjudicataria de la licitación lanzada por el ministerio de Energía y la firma estatal Cormine.

La compañía, para superar a sus tres competidoras en la compulsa, apostó a una inversión global de 164 millones de dólares, en la que prevé la construcción de una nueva planta de procesamiento mineral.

El Proyecto Minero Andacollo había sido abandonado en 2014 por la empresa Andacollo Gold, que tenía a cargo el emprendimiento y que dejó sin trabajo a casi 150 trabajadores.

Ahora, los trabajadores de la mina de Andacollo decidieron cortar la ruta provincial 43 que une esa localidad con Las Ovejas en protesta contra la presunta no reicorporación de unos 63 obreros por parte de la nueva adjudicataria.

Fuentes oficiales de la provincia señalaron que no se trata de despidos sino de personas que la empresa confirmó no tendrá en cuenta para su proyecto de producción de minerales.

Los trabajadores esperan que Cormine y Trident les brinden más detalles sobre la situación de los empleados cesanteados, que fueron despedidos «por no cumplir con los requisitos de ingreso estipulados».

Uno de los voceros de los empleados aseguró que viven un momento de incertidumbre: «La firma Cormine, de la provincia, prometió emplearnos, pero no nos brindan más detalles del lugar ni las tareas».

Fuente:https://noticias.terra.com.ar/argentina/conflicto-laboral-en-la-reactivacion-de-una-mina-en-neuquen,7d22389b5e27863546b720126bf061b7rfjs01ap.html

Perú

Sobre el Decreto Legislativo 1320 y la formalización minera – Por: Julia Cuadros

En las últimas semanas y en el marco de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, se aprobaron una serie de decretos legislativos entre los que destacan cuatro referidos a minería y formalización minera. Desde CooperAcción queremos mostrar nuestra preocupación en la medida en que al parecer este nuevo marco legal se habría dado sin haberse realizado una evaluación y un necesario balance a la fecha sobre los resultados del proceso de formalización. Habría sido necesario preguntarse ¿por qué la formalización minera no ha funcionado?, ¿cuáles son las principales causas de este fracaso?

Como habíamos advertido anteriormente, uno de los principales cuellos de botella de la formalización minera continúa siendo la firma de los contratos de explotación entre los titulares de las concesiones mineras y los mineros que operan informalmente en esas concesiones.

A diciembre de 2016, en el Registro de Saneamiento de la formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, existían 40,849 mineros en proceso de formalización, de los cuales sólo el 5% contaban con Contrato de Explotación.

Hace algunos días el Poder Ejecutivo informó que se habían diseñado una serie de normas que iban a permitir avanzar cualitativamente en los procesos de formalización minera; en ese marco se aprobó el DL 1320 que amplía el plazo de caducidad de concesiones hasta 30 años.

¿Esta modificación afecta el proceso de formalización?

Creemos que sí. Si un titular no quiere permitir la explotación del yacimiento existente en su concesión, no habrá manera que el minero informal regularice su situación, salvo que se produzca la caducidad de la concesión. Es decir, que el titular pierda la concesión por no trabajarla. Sin embargo esa posibilidad se aleja al haberse ampliado el plazo de caducidad de 15 a 30 años.

Sobre ello, nosotros veníamos planteando reducir el plazo de caducidad para facilitar el proceso de formalización y además, darle la primera opción en la obtención del título minero a los que están operando informalmente la concesión.  El gobierno ha tomado el camino contrario.  La decisión sobre lo qué hay que hacer, debe ser concertada con todos los actores, poniendo por delante el interés nacional.

19 de enero d

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/677-sobre-el-decreto-legislativo-1320-y-la-formalizacion-minera-por-julia-cuadros

Ecuador

Los shuar, pueblo amenazado por la minería en Ecuador

La Red Eclesial Panamazónica (REPAM), una plataforma integrada por diversas organizaciones de la Iglesia católica, tanto locales como internacionales, que trabajan en el acompañamiento y la defensa de los territorios y grupos vulnerables de la Amazonía, ha denunciado el desalojo del pueblo shuar en Ecuador a causa de prácticas mineras.

Queremos manifestar nuestra profunda preocupación y firme denuncia de los acontecimientos recientes con relación al pueblo Shuar del Ecuador en la provincia de Morona Santiago, específicamente con respecto al desalojo de los pobladores, indígenas y campesinos, de la comunidad Nankints en favor de los intereses de la empresa minera china Ecuacorrientes», denuncian en un comunicado.

Según advierte la Red, el desencadenante del conflicto actual está relacionado con la política de sobreexplotación de los bienes naturales que se ha impuesto en la región amazónica «concediendo derechos a grupos privados» y «vulnerando gravemente los derechos humanos y la protección de los ecosistemas».

Por ello, pide diálogo para la resolución del conflicto y buscar salidas a la pobreza que no se limiten a la extracción de recursos naturales en espacios frágiles. «La pobreza que se quiere combatir momentáneamente llegará igualmente y de manera más dramática para esos territorios en el mediano plazo luego de que se agoten dichos recursos, y cuando su hábitat esté afectado de forma irreversible», alerta.

Por ello, las organizaciones de esta Red piden una política orientada al bien común basada en principios éticos. «Pedimos más altura en las discusiones, una altura que vaya más allá de los antagonismos, descalificaciones y posturas inamovibles e unívocas donde solamente quienes ostentan el poder institucional formal parecen determinar los rumbos a seguir, por encima de las comunidades que habitan en los territorios, y los han habitado por siglos», señalan.

En este sentido, hacen un llamamiento a que se respeten los derechos de los pobladores de estos territorios, al «cese urgente y no repetición de un estado de excepción que favorece un contexto de mayor confrontación y violencia», y a privilegiar los intereses de las comunidades que han habitado en esos territorios por encima de los intereses extractivos externos.

Además, la Red recuerda la encíclica del Papa Francisco ‘Laudato Si’, en la que reconoce a los pueblos indígenas como los primeros interlocutores en el momento de tomar decisiones que afecten a sus territorios.

Sobre la muerte de un efectivo de la policía «que fue enviado a una situación de violencia inminente», lamentan lo sucedido y piden que los hechos sean «debidamente atendidos y solventados, pero sin provocar una injusta generalización de parte de las instancias del gobierno y una criminalización de dirigentes y comunidades locales». También reclaman que se aclare la situación de los líderes que han sido procesados o que están detenidos y se asegure el pleno respeto de sus derechos.

Fuente:http://www.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-shuar-pueblo-amenazado-mineria-20170116125147.html

Argentina

Argentina: Desarrollo turístico de la Ruta 40 en Santa Cruz amenazado por la minería

La minería comienza amenazar a la Ruta Nacional 40, en el tramo de la provincia de Santa Cruz, donde el trayecto es un recurso turístico en sí mismo La empresa minera Patagonia Gold explota un área llamada “La Paloma” a pocos kilómetros al sur de la localidad de Perito Moreno, en el noroeste de Santa Cruz. El área está dividida en dos sectores: uno llamado Lomada Leiva y el otro nombrado como Estancia Los Toldos, Estancia Cuevas de las Manos o también Estancia Elisa. En el primer sitio, la empresa extrae oro y plata, a cielo abierto. Pero el yacimiento está llegando al límite de su vida útil, y la empresa piensa activar el segundo sitio sobre el que hasta ahora no ha hecho incursión. La minera ya avisó a la secretaría de Minería de Santa Cruz que de acuerdo al permiso otorgado hace unos 15 años, iniciará el cateo en el segundo sector, que está a unos 20 kilómetros en línea recta del sitio arqueológico “Cuevas de la Manos”, pero a pocos metros de la RN40.

La provincia de Santa Cruz es la autoridad de aplicación porque es la dueña de los recursos como petróleo, gas y minerales.
Es el estado provincial quien brinda las concesiones para que se extraigan sus recursos, aún en tierras privadas, como las estancias. Los estancieros son los dueños de la superficie y lo que está encima de ella, pero de los recursos naturales el dueño es el Estado provincial.
La disputa surge porque los dueños de la estancia “Elisa, Los Toldos o también llamada Estancia Cuevas de las Manos”, se oponen a que la minera realice cualquier trabajo, por más concesión estatal que tenga.
Es que la dueña es “Flora y Fauna Argentina”, una fundación que ya compró varias estancias en esa parte de Santa Cruz, para ayudar a la conformación del flamante Parque Nacional Patagonia, creado en el 2014 con tierras fiscales de la provincia y tierras de estancias compradas por esa ONG. Luego de comprar los campos de El Sauco y la Tapera, en el 2015 la fundación adquirió la Estancia Los Toldos para su restauración ecológica con la idea de integrar esas tierras al parque nacional Patagonia. Dentro de los de “Los Toldos” están los campos donde tiene permitido explorar y explotar la minera Patagonia Gold (Al norte), y las mismas Cuevas de las Manos (al sur).
Las posiciones encontradas de la fundación y la minera serán planteadas formalmente el 14 de febrero, en una audiencia de conciliación que se realizará en la secretaría de Minería de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos.
Mientras tanto, la difusión del tema logró confundir y alertar a varios sectores de todo el país. Es que un primer artículo periodístico se señaló que la minera haría trabajos de cateo en el mismo sector de las cuevas, lo que fue desmentido por la empresa, pero también por autoridades locales.
El guía de turismo Juan Enrique Nauta no comparte la idea de las mineras en los alrededores de su pueblo, y es el director de Turismo de Perito Moreno. El jueves a la mañana habló con el programa Turno Mañana de FM Dimensión de El Calafate, asegurando que “en la cuevas no va a haber contaminación de ningún tipo porque están lejos de donde la empresa pretende hacer los cateos”.
El funcionario fue claro, aun con una posible explotación de minerales en el sector del cerro “Bandurria” (nombre específico del sitio), las Cuevas de las Manos no corren peligro de ninguna contaminación.
El cateo
El cateo es la perforación que la empresa debe realizar para sacar muestras del subsuelo y someterlas a análisis de laboratorio. Los resultados arrojarán qué cantidad de oro y plata hay en el sitio, y de esa manera decidir si vale la pena la inversión para exploración y hasta una posible explotación, procesos que deben contar con Estudios de Impactos Ambientales aprobados por la provincia.
Si el cateo da resultado negativo, la empresa debe tapar los cinco o seis pozos que pretende hacer, dejar todo como estaba, y buscar otro lugar dentro de su área.
Si los estudios le dan positivo, la empresa pedirá explorar y explotar, originando un nuevo yacimiento a “cielo abierto”.
El cateo es un trabajo que se realiza en pocos meses, y el que se hace mediante la utilización de equipos de perforación.
El director de Turismo de Perito Moreno Juan Nauta admitió a Turno Mañana que de hacerse esos trabajos, los equipos se verán desde la ruta, originando así un primer impacto visual temporal, en una zona caracterizada por la combinación de la estepa patagónica y los bajos cerros y montañas de colores que dan origen al cañadón del río Pinturas.
El pigmento de los suelos y vegetaciones eran lo que usaban los tehuelches para hacer sus pinturas rupestres en las mismas Cuevas de las Manos.
Depende de resultados
“Si hacen las cosas bien, el impacto va a ser muy poco y de poco tiempo, pero si después de los cateos se sigue adelante y la Secretaria de Minería acepta una posible exploración y hasta una futura explotación, sin ninguna duda va a impactar a la actividad turística”, dijo Nauta en la entrevista radial.
Un mapa de la misma empresa Patagonia Gold muestra la cercanía de su área con la Ruta Nacional 40 lo que deja sin dudas de un impacto visual.
“Si por mi fuera todas las empresas mineras deberían estar alejadas de Perito Moreno”, agregó el director de Turismo.
Desde septiembre del año pasado Santa Cruz tiene una ley vigente para declarar rutas escénicas a los trazados que cumplen con requisitos de importancia por su belleza natural o cultural. La aplicación significa prohibir todo aquello que sea mano de obra y que rompa la armonía de esos paisajes. Ese sector de la Ruta Nacional 40 es candidato prioritario para esa protección, pero la ley aún no fue reglamentada por el gobierno provincial, por lo que por ahora no está protegido.
Otros Impactos
En los alrededores de Perito Moreno hay tres emprendimientos mineros, los que explotan Minera Santa Cruz, Gold Corp y Patagonia Gold.
Para el director de Turismo de esa localidad de la comarca del lago Buenos Aires, el balance no es positivo.
El municipio no recibe renta alguna, salvo algunas acciones de responsabilidad social empresaria como hacen todas las empresas del sector con los municipios mas cercanos, como el financiamiento de algunos estudios o la donación de maquinaria a municipios o a hospitales.
“Hay beneficios para las empresas pero muchos problemas para la comunidad”, dijo Nauta para describir que la minería atrae mano de obra y que esto hizo que la localidad pasara de 4 mil a 12 mil habitantes en pocos años, con las consecuencias notables por una infraestructura urbana que no alcanza: falta energía eléctrica, problemas en el suministro de agua, precariedad y desorden en sistemas constructivos y un correspondiente desorden urbano. “Mi balance es negativo, quien trabaja para la minería piensa lo contrario”, comentó el director de Turismo.

Fuente:http://bloglemu.blogspot.cl/2017/01/argentina-desarrollo-turistico-de-la.html

Perú

Poder Judicial archivó caso de 54 denunciados por protestas contra proyecto minero Conga

EN CAJAMARCA-Autoridades (Presidente Regional y Alcalde Provincial de Cajamarca), líderes sociales y ambientales, y población, fueron acusados de “Autoría Intelectual” por oponerse al Megaproyecto Conga.

54 personas -autoridades del Gobierno Regional, alcaldes de municipalidades provinciales y distritales, líderes sociales y ambientales, y pobladores de la región Cajamarca- que participaron en las movilizaciones contra el Megaproyecto Conga en el 2011, que fueron denunciados y procesados como autores intelectuales de delitos como extorsión agravada, disturbios, entorpecimiento de servicios públicos entre otros delitos, han quedado recientemente liberados de los cargos tras un largo proceso judicial de casi seis años.

El Poder Judicial ha declarado el archivo del caso por sobreseimiento, tras señalar que no se ha podido probar la perpetración de estos delitos ni la participación de los imputados.

Las pruebas que el Ministerio Público presentó en un inicio para formular la acusación solo estaban constituidas por videos donde los líderes y autoridades expresaban en diversos discursos su llamado a las movilizaciones pacíficas tras sustentar su oposición al proyecto Conga que pretendía afectar fuentes naturales de agua y devastar amplias áreas de las jalcas cajamarquinas. Las protestas se iniciaron el 24 de noviembre del 2011, logrando abarcar las 13 provincias de la región de Cajamarca.

En este proceso habían sido comprendidas las autoridades de ese entonces, el Presidente Regional, Gregorio Santos Guerrero, el Alcalde Provincial, Ramiro Bardales y alcaldes municipales y provinciales.

Proceso sin sustento

“El proceso judicial seguido contra las autoridades, líderes sociales y ambientales y población no tenía ningún sustento, preocupaba por ello, debido no solo a que era la manifestación de la criminalización de la protesta social, sino un serio atentado contra la libertad de expresión”, refirió la abogada, Mirtha Vásquez Chuquilín, defensora de varios líderes ambientales y autoridades procesadas en este caso.

Entre los denunciados estuvieron: Gregorio Santos Guerrero, ex Presidente Regional de Cajamarca; Alcaldes de diversas provincias y distritos de aquel entonces, como Ramiro Bardales (Alcalde provincial de Cajamarca), Jorge Vásquez Bazan (Alcalde de la Encañada), Hernán Vásquez Saavedra (Alcalde de Bambamarca), Juan Aranda Crisologo (Alcalde de San Juan), entre otros; también se encontraban comprendidos en la investigación Edy Benavides Ruiz, actual Alcalde de Bambamarca, Marco Arana Zegarra, actual Congresista; Sergio Sanchez Ibañez, Gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional, Carmela Sifuentes, Presidenta de la CGTP, entre más autoridades y líderes sociales y ambientales.

Autoría intelectual

Fue el Estado Peruano, a través de la Procuraduría y a partir de las denuncias de los asesores legales de Minera Yanacocha, quien denunció a estas 54 personas por tales delitos, atribuyendoles ‘Autoría Intelectual’ de los hechos, imputándoles el haber manipulado a la población para movilizarse y causar disturbios cuando lo que hacían era movilizarse pacíficamente para impedir la imposición del Proyecto Minero Conga. Con esto termina casi 6 años de proceso que afectaba la tranquilidad de estos líderes y los exponía a una condena efectiva.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/532-poder-judicial-archivo-caso-de-54-denunciados-por-protestas-contra-proyecto-minero-conga

Perú

Investigan a 34 agrupaciones por lavado de dinero de oro ilegal

Pedro Pérez Miranda, conocido como ‘Peter Ferrari’, amasó su fortuna a costa de crear empresas –en apariencia legales– que se dedicaban a exportar oro presuntamente proveniente de la minería ilegal, esa actividad que causa estragos en la biodiversidad de la selva.

Las compañías estaban representadas por supuestos testaferros de ‘Ferrari’, uno de ellos incluso fue el jardinero de su casa, a quien nombró gerente general de una de sus empresas exportadoras, de acuerdo con las indagaciones del Ministerio Público.

La red que habría encabezado ‘Peter Ferrari’, sin embargo, no es la única que operaría desde el Perú con alcances internacionales. El Ministerio Público investiga a 34 organizaciones por lavado de dinero proveniente de la minería ilegal.

Autoridades de la Fiscalía Estatal de Miami, en Estados Unidos,–adonde va a parar buena parte del oro exportado– coordinan acciones de investigación y análisis con el Ministerio Público del Perú para combatir esas mafias.

“Estados Unidos sabe que el oro que compran algunas compañías proviene de la minería ilegal en el Perú, por lo que están siendo investigadas”, detalló una fuente fiscal.

Rafael Vela, coordinador de las fiscalías de lavado de activos, remarcó a este Diario que las 34 organizaciones son las de mayor trascendencia por su connotación internacional, pero hay otros casos con implicancias solamente nacionales que suman 125.

La Procuraduría de Lavado de Activos detalló que de esos 125 expedientes referidos a lavado de activos de la minería ilegal, 95 están siendo investigados de manera preliminar y 30 están judicializados.

El fiscal Vela explicó que los grandes lavadores de dinero de la minería ilegal “entremezclan las actividades lícitas e ilícitas y a estas últimas intentan darles una apariencia de legalidad” como cuando crean empresas dedicadas al rubro de exportación con el visto bueno de las notarías.

—Notaría cómplice—
Un oficial de la Dirección de Investigación contra el Lavado de Activos (Dirila) de la policía sostuvo a este Diario que estas supuestas mafias están vinculadas con el crimen organizado y el pago de extorsiones, y que sus ramificaciones llegan hasta la política.

“Las notarías tienen bastante que responder a la justicia porque es ahí donde dieron legalidad a las empresas creadas por ‘Peter Ferrari’, por ejemplo, y a otras fundadas por lavadores de dinero”, recalcó.

A inicio del 2016, la Dirila investigó a una organización que entre el 2014 y el 2015 había exportado una tonelada de barras de oro por US$47 millones. “Se detectó que contaban con un financista de Estados Unidos, pero lo que más sorprendió es que en un día creaban 10 a 15 empresas exportadoras en la notaría de un congresista de Fuerza Popular”, reveló el oficial.

Se trata del parlamentario Francisco Villavicencio, dueño de una notaría del mismo nombre, ubicada en Carmen de la Legua, en el Callao. Según el expediente al que tuvo acceso este Diario, en esa notaría se crearon hasta 60 empresas exportadoras presuntamente de oro ilegal proveniente de Madre de Dios. El caso se indaga aún en el Ministerio Público y el parlamentario no está en calidad de investigado.

“Fui citado por la policía para responder sobre este tema y acudí. Descarto estar involucrado con estas empresas. Quiero recalcar que hace unos años se dispuso, en beneficio del ciudadano, la simplificación de los trámites para constituir empresas a través de un formato. No se necesita la presencia de un abogado”, refirió el congresista.

Según las leyes, cuando los notarios detectan operaciones sospechosas como creaciones de empresas exportadoras de oro que tienen los mismos representantes, deben reportarlo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Villavicencio no lo hizo.

Una fuente de la fiscalía sostuvo que en el caso de ‘Peter Ferrari’ se detectaron retiros por más de US$5 millones del Banco de la Nación, que tampoco fueron alertados a la UIF.

“Se logra incautar poco oro ilegal”, admite el fiscal Vela. Se calcula que el 15% de la producción anual de oro en el Perú proviene de la ilegalidad.

Magistrados de Lima
Piden fiscalías de minería ilegal

Los fiscales de Lima que investigan a las organizaciones que lavan dinero proveniente de la minería ilegal expresaron a este Diario que hacen falta fiscalías especializadas en ese tema para coordinar acciones, desde la etapa en que se extrae el oro ilegal hasta la exportación y así combatir estas mafias.

“Los que indagan estos casos muchas veces no están lo suficientemente preparados. Trabajamos con las fiscalías de Medio Ambiente pero no es suficiente. Ellos tienen distintos temas que analizar referidos a contaminación”, sostuvo un magistrado.

Entre tanto, el general José Baella fue designado este mes jefe de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional. Una de sus primeras acciones sería planificar interdicciones contra la minería ilegal y la tala de árboles que se habían reducido.

El Colegio de Notarios de Lima presentará el miércoles una base descentralizada de documentos notariales para crear mayores filtros ante acciones sospechosas como la creación de empresas exportadoras de oro por testaferros que no tienen solvencia económica.

 

Fuente:http://elcomercio.pe/sociedad/lima/investigan-34-agrupaciones-lavado-dinero-oro-ilegal-noticia-1959023