Ecuador

Allanamiento a la Radio “Voz de Arútam”

Puyo, 27 de enero de 2017
Confeniae ante el allanamiento a Radio “Voz de Arutam”, atentados a la libertad de expresión
y militarización en Morona Santiago
El Consejo de Gobierno de Confeniae rechaza el allanamiento a la radio comunitaria la “Voz de Arutam” realizado por más de 100 policías la madrugada de hoy, llevándose sus equipos y atentando contra la integridad de la Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH.

El acto prepotente por parte de la fuerza pública constituye un gravísimo atentado contra la libertad de expresión que coarta el derecho a informar por parte de los medios comunitarios transgrediendo la misma constitución del Estado.
Es la segunda ocasión que se atenta contra los bienes del pueblo Shuar pues la sede ya fue allanada en el mes de diciembre durante la injusta detención del máximo líder de la FICSH, Agustín Wachapá.

El pueblo Shuar es permanentemente violentado en sus legítimos derechos por parte de un estado que demuestra su incapacidad para resolver los conflictos generados por él mismo al militarizar los territorios de las nacionalidades.

Se confirma que el gobierno no pretende encontrar salidas al conflicto y sólo responde con prepotencia y abuso de autoridad contra un pueblo que lucha y defiende el territorio, su fuente de vida, como se evidencia en los siguientes hechos:
– No se pone en debate la problemática minera que aqueja a la Amazonía y solo se responde con más militarización.
– Se decreta un estado de excepción que violenta derechos al pueblo y que lejos de viabilizar salidas profundiza la crisis existente.
– Se persigue, encarcela, judicializa y criminaliza a líderes y dirigentes amazónicos por el hecho de defender los intereses de sus bases.
– Se allana y atenta contra los bienes y patrimonios de las organizaciones de manera prepotente

Confeniae ha recalcado la necesidad de debatir el tema minero como primer paso para entender las causas de fondo que generan el conflicto en el centro sur de la Amazonía. Así mismo hemos instado a la búsqueda de soluciones sin que nuestro llamado haya sido escuchado por el gobierno ecuatoriano.

Enfatizamos que el conflicto se profundiza sin que se avisoren soluciones al mismo, por tanto los hechos que devienen de la militarización del territorio son de absoluta responsabilidad y generados por el gobierno de turno.

Instamos a los organismos nacionales e internacionales a denunciar a todo nivel la violación de derechos que ocurre en el Ecuador elevando una voz mundial de rechazo y protesta contra los hechos cometidos por el gobierno contra el pueblo Shuar.

En estos momentos helicópteros sobrevuelan las comunidades, cientos de militares ingresan al territorio, la policía allana los bienes del pueblo Shuar, la función judicial persigue a los dirigentes. Esta es la realidad que ocurre en Morona Santiago y que la radio “Voz de Arutam” venía comunicando, razón por la cual hoy se atenta contra la misión para que este medio fue creado, acto de absoluta prepotencia que merece el repudio de todo el pueblo ecuatoriano.
Consejo de Gobierno de Confeniae #SOSPuebloShuar

Perú

Indígenas y Campesinos contra la minería

Eco América 09/02/2017
“La contaminación ambiental causada por las industrias extractivas sigue siendo la principal causa de conflicto social de Perú, de hecho, las comunidades indígenas y campesinas están luchando contra 156 gigantes mineros que, según ellos, amenazan sus recursos naturales y sus tierras.”
Indígenas y Campesinos contra la minería Triste realidad La Minera Antamina es la que ha causado más problemas, enfrentando conflictos en siete de sus proyectos mineros en todo el país, seguido por Hudbay Perú con cinco y por la Barrick Misquichilca (una subsidiaria de la canadiense Barrick Gold Corporation) con cuatro.
Las comunidades que enfrentan la mayoría de los proyectos mineros y los conflictos relacionados con la tierra se encuentran en la región de Apurimac, donde actualmente existen 25 de dichos conflictos. Apurimac es seguido por Ancash, que enfrenta 23 situaciones similares relacionadas con la tierra y Cusco, donde hay 22.

En total, en los últimos meses se registraron 102 protestas con un enfoque «socio-ambiental» en todo el país, pero sólo se están negociando 81 de dichos proyectos. De los 156 conflictos activos registrados por las autoridades, 57 de los cuales se consideran «latentes», más de tres cuartas partes están relacionados con cuestiones sociales y ambientales.

Los proyectos mineros son vistos como amenazantes para los recursos naturales, la salud y supervivencia futura de las comunidades rurales que viven en las cercanías. Violencia y discordia Al menos tres personas murieron y decenas resultaron heridas a fin del año pasado durante un enfrentamiento con la policía, como resultado de un diálogo fallido con el Consorcio Minero Horizonte sobre el proyecto Bernabé en la provincia de Pataz. El informe que fue elaborado y difundido por el Defensor del Pueblo, clasifica el muy controvertido proyecto Las Bambas, dirigido por la multinacional china MMG, como: bajo observación, ya que puede convertirse en un nuevo conflicto social y en el proyecto Tía María, que se asienta en la provincia de Arequipa se destaca que existe una “ausencia de diálogo” preocupante.

La industria minera sigue siendo una de las principales fuentes de comercio exterior del Perú, aunque la inversión en el sector ha caído con la caída de los precios internacionales de los productos básicos.
Perú es el segundo exportador mundial de cobre, con 70 por ciento de las exportaciones en estado bruto y 30 por ciento como metal purificado. La contaminación ambiental causada por las industrias extractivas sigue siendo la principal causa de conflicto social en el país, a veces explotando en una escalada de violencia incomprensible, habiendo otras formas de resolución de estos problemas.

Como muestra de lo hondo del componente violento, solo hay que recordar que durante el gobierno del presidente Ollanta Humala murieron 50 personas y 750 resultaron heridas, en enfrentamientos entre manifestantes ambientales y autoridades gubernamentales y las cosas van a peor.

Fuente: Eco América
http://www.ecoticias.com/eco-america/132239/Peru-Indigenas-Campesinos-contra-mineria

Internacional

La escasez de agua encabeza la lista de preocupaciones de las mineras globales

9 de febrero del 2017
“Los inversionistas nos dicen: ‘no nos hablen de los retornos’, quieren saber cómo manejamos el agua”, dijo Nick Holland, presidente ejecutivo de Gold Fields, en una conferencia internacional de minería en Ciudad del Cabo.
(Reuters / América Economía) Las principales compañías mineras del mundo advirtieron el martes que los activos se estancarán y que los inversionistas se alejarán si no se ocupan de la escasez de agua en regiones mineras como África, Australia y América Latina.

Después de 2016, el año más caluroso del que se tenga registro, el agua ha ganado prioridad en la agenda de las reuniones de los directorios de las mineras.

“Los inversionistas nos dicen: ‘no nos hablen de los retornos’, quieren saber cómo manejamos el agua”, dijo Nick Holland, presidente ejecutivo de Gold Fields, en una conferencia internacional de minería en Ciudad del Cabo.

La minería necesita agua en casi todas las etapas del proceso de producción y la mayor parte de los activos de las principales compañías mineras se encuentran en zonas con poca agua, principalmente en el hemisferio sur.

Anglo American dice que se esfuerza por usar la menor cantidad de agua posible. Ha limitado el consumo usando 65 por ciento de agua reciclada y su meta es llegar al 95% durante la próxima década. “El agua es una de las mayores limitaciones para el nuevo suministro de productos mineros en todo el sector”, dijo el presidente ejecutivo de Anglo American, Mark Cutifani.

Las mineras mencionan casos en que el agua ha causado conflictos. Por ejemplo, operaciones mineras de Barrick Gold Corp en Perú se interrumpieron en 2012 debido a protestas por el suministro de agua.

Con su mayor mina en el desierto mexicano, la canadiense Goldcorp, la tercera mayor minera de oro del mundo, está invirtiendo US$60 millones en nueva tecnología para reducir la cantidad de agua que usa.

“Aprovechar los pozos para sostener la operaciones podría ser una fuente de potencial conflicto en el futuro”, dijo el gerente general de Goldcorp, David Garofalo, en una entrevista el mes pasado, quien calificó al agua como el principal desafío de la industria minera.

http://www.mch.cl/2017/02/09/la-escasez-agua-encabeza-la-lista-preocupaciones-las-mineras-globales/

Perú

COTABAMBAS: PARO Y DIÁLOGOS CRUZADOS POR CASO LAS BAMBAS

07 de febrero de 2017
Foto: CooperAcción
Como informamos ayer, en la provincia apurimeña de Cotabambas se dio inicio a una medida de fuerza por parte de autoridades y pobladores del distrito de Challhuahuacho, frente al aparente incumplimiento de varios compromisos del Poder Ejecutivo y la minera MMG – Las Bambas.

En paralelo, en Tambobamba, capital de la provincia, se frustró un acercamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros, por haberse omitido la participación de las autoridades distritales y de los dirigentes sociales de Cotabambas.

Lo que viene ocurriendo en Challhuahuacho

El distrito viene acatando un paro de 72 horas. Según acordaron los dirigentes de las comunidades, a partir de hoy la protesta se radicalizaría. Desde el día de ayer establecimientos comerciales e instituciones permanecieron cerradas, la empresa minera MMG – Las Bambas tuvo el paso cerrado para transportar concentrados. Hoy empezarían a tomar las carreteras para interrumpir el tránsito.

Autoridades y pobladores mantienen el reclamo por el incumplimiento de los acuerdos pactados en la Mesa de Diálogo de Challhuahuacho. Reclaman diálogo directo con representantes del Ejecutivo para que puedan atender la demanda distrital y buscan diferenciarse de la agenda provincial.

En Tambobamba, desorden y falta de transparencia

El alcalde provincial, en coordinación con los alcaldes de los centros poblados, convocó a funcionarios de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) a la capital de la provincia de Cotabambas. Sin embargo, esta visita no fue comunicada adecuadamente a los dirigentes de Cotabambas y menos aún a los alcaldes distritales, lo que ha generado malestar, confusión y desorden.

La desinformación y una confusa metodología de trabajo, con mesas simultáneas, donde representantes de diversos ministerios y de la PCM daban información sobre el plan de desarrollo propuesto por el Ejecutivo, causo malestar en la población y en los alcaldes distritales, que han reclamado mayor transparencia. Frente a los reclamos, los funcionarios de la PCM alegaron que la actividad había sido programada y organizada en coordinación con el alcalde provincial y su equipo técnico.

Finalmente, las mesas fueron suspendidas y los dirigentes se reunieron para determinar qué pasos seguir para retomar el diálogo con el Ejecutivo de forma transparente y participativa.

Ecuador

Declaración del Encuentro por el Agua y la Pachamama

Cuenca de Guapondelig, febrero 3 y 4 del año colonial de 2017
Nosotros, los pueblos de la Abya Yala Andina, hijos e hijas del cóndor, del quetzal y del águila, nos encontramos en Guapondelig hoy 3 y 4 de febrero del 2017, en un gran abrazo comunitario, junto a académicos, investigadores, científicos, escritores, poetas, artistas, soñadores, criadores de la vida, para defender el agua y la Pachamama. Durante estos días hemos intercambiado experiencias, reflexionado, debatido y construido propuestas que van a guiar nuestro andar en esta gran Minka por la Vida.

Convidamos a nuestros hermanos y hermanas del continente y del mundo, nuestros acuerdos:

CONSIDERANDO:

La dimensión de la devastación ecológica y de nuestro hábitat humano, a consecuencia del modelo civilizatorio/colonial cuyo eje es el mercado y la acumulación de riqueza mal habida de pocos.
Que es hora de tomar urgentes medidas para frenar y revertir esta barbarie expresada en el modelo extractivista y particularmente en la minería de gran escala, así como en la ampliación de la frontera petrolera que arrebata los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades sobre sus territorios y formas ancestrales de vida, violando Derechos Humanos y de la Naturaleza, incluso bajo la forma de servicios ambientales solapados en la figura de programas de conservación.
Que el extractivismo profundiza el modelo colonial capitalista, explota y contamina los territorios y los pueblos, causa enfermedad y muerte, somete a las mujeres y desvaloriza su trabajo cotidiano del cuidado de la vida, ignora su participación a la hora de realizar consultas para los proyectos o políticas, genera violencia, femicidios y violaciones.
Que el Sumak Kawsay es la vida en armonía entre los seres humanos y la Pachamama de la cual es parte, que el Sumak Kawsay nace de los pueblos andinos como una propuesta universal.
Que la agroecología es parte de la soberanía alimentaria y de la cosmovisión del Sumak Kawsay
Que el agua es fuente de vida y el acceso a ella constituye un derecho humano, ratificamos la defensa de las fuentes de agua y los ecosistemas, y de sus ciclos vitales, indispensables para la reproducción de la vida.
Que la criminalización a personas y organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades y de la naturaleza, se ha constituido en una política de Estado, que vulnera los derechos humanos y aquellos establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales.

DECLARAMOS:

A nuestra Abya Yala Andina libre de minería metálica a gran escala, del saqueo y depredación.
A la intervención territorial y la destrucción que generan las corporaciones mineras como crímenes de Lesa Naturaleza.
Nuestra total oposición y resistencia a toda forma de despojo de los territorios, tierras, aguas y fuentes naturales por el modelo colonial/capital/extractivista.

RATIFICAMOS:

La resistencia y movilización permanente de los pueblos y nacionalidades del Abya Yala como legítima y sagrada y como el único camino de construcción del Sumak Kawsay. Consecuentemente ratificamos el 12 de Octubre como el Día de la Libertad y Resistencia Continental.
Nuestro apoyo incondicional a los pueblos afectados por el extractivismo, reconocemos en su lucha la esperanza de abandonar la “civilización extractivista”, por la civilización del Sumak Kawsay.
La gestión comunitaria del agua como garantía para preservar los derechos de la naturaleza, el derecho human al agua y de las comunidades.
La importancia y el valor de los conocimientos, saberes, sentires ancestrales y toda su cosmovisión, como parte del acervo científico y cultural de la humanidad.

EXIGIMOS:

La inmediata aprobación de Declaración Universal de los Derechos de la Pachamama.
El cese de la explotación extractiva, en el Ecuador, los Andes y la Abya Yala. Que se restauren los sitios afectados por la industria extractiva y se devuelva su vocación natural.

El Derecho de comunidades a continuar con sus formas de vida y a decidir sobre el destino de sus tierras y territorios aplicando el derecho a la libre determinación.

El respeto y aplicación del Consentimiento Previo, Libre e Informado como un derecho irrenunciable, expresión de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, cuya decisión debe ser tomada en cuenta y respetada.

Poner fin a su complicidad y patrocinio de los gobiernos con los intereses de las empresas extractivistas nacionales y transnacionales, permitiendo la violación de derechos humanos y de la naturaleza.

Poner fin a la criminalización de los y las defensoras de la naturaleza.

La desprivatización y desconcentración del agua para su redistribución social.

Que los gobiernos de las Américas develen las negociaciones sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Agua, que encubren la privatización de las funciones de la Naturaleza y apropiación de los territorios.

Que los gobiernos prioricen el Buen Vivir de los pueblos, su Soberanía Alimentaria y los Derechos de la Naturaleza.

Que las universidades contribuyan a promover el Sumak Kawsay, a través de los encuentros de saberes y prácticas ancestrales, a la producción del conocimiento y la recreación de la ciencia con ética, soberanía y autonomía, libre de los conflictos de intereses de las transnacionales, comprometida con la defensa de la Vida y la Naturaleza.

Que los Estados y empresas privadas (bancos, museos, iglesias y otras) resarzan y devuelvan a los pueblos indígenas la producción de sus bienes patrimoniles como los Khipus, objetos ceremoniales, textiles, metalúrgicos y otros y permitan la administración de todos las pertenencias, como legítimos herederos de sus ancestros.

NOS COMPROMETEMOS A:

Defender el agua, la vida y radicalizar la resistencia local e internacional. Dejando para el solsticio del 21 de junio del ano colonial 2017 en el Intiy Raymi realizar una marcha desde el sur del Ecuador a su capital para presentar el mandato de los pueblos al nuevo gobierno de Ecuador. Y apoyar toda jornada de resistencia anticapitalista, extractivista y colonial desde sus territorios para globalizar la resistencia.

Solidarizar con el pueblo Shuar por la persecución del gobierno de Ecuador, exigir su desmilitarización, se levante el estado de excepción en su territorio y demandar ante organismos de DDHH internacionales para que nunca mas se repita estos actos de violencia colonial.

Impulsar acciones para derogar instrumentos jurídicos que facilitan el extractivismo, así como la construcción de hidroeléctricas y otras obras de infraestructura destinadas al saqueo y devastación. Apoyaremos las acciones legítimas de los pueblos para impedir su operación.
Rechazar públicamente y de manera contundente el concepto de Servicios Ambientales, que constituye una expresión de la mercantilización de la vida.
Promover la aplicación de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y la real aplicación del Convenio 169-OIT, así como de los instrumentos que amparan los derechos colectivos (Territorio, Consulta, Políticas Interculturales, etc.)

Solicitar desde los pueblos indígenas y mas organizaciones sociales la visita in situ a los territorios en resistencia de los Relatores de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Pueblos Indígenas, Libre Asociación, Derecho Humano al Agua a fin de que constate la situación en que se encuentran las y los defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza.

Exhortar a todo los GAD parroquiales, cantonales y provinciales a declarar en sus territorios, sus fuentes de agua, páramos y zonas de biodiversidad libre de minería metálica.

Dar seguimiento a las propuestas de este encuentro mediante la realización de eventos regionales, nacionales, locales y provinciales, foros, redes sociales, publicaciones. Exigir la anulación de todas las concesiones mineras sin consentimiento previo en las comunidades por su carácter de ilegítimas y la aplicación del mandato minero en el Ecuador.

Desconocer todas las ventas anticipadas de los recursos naturales a nivel nacional y de la Región Andina, recordado que nuestras vidas no están en venta.

Vamos a globalizar la resistencia, en minka a descolonizarnos. Resistid y la resistencia nos hará libres.

Atentamente las comunidades, organizaciones, colectivos, instituciones, mujeres y hombres de: VIETNAM, BÉLGICA, URUGUAY, BOLIVIA, PERÚ, COLOMBIA, ECUADOR y sus comunidades en Resistencia (Intag/Imbabura;Tundaime/Zamora; San Luis de Pambil/Bolívar: Río Blanco/Azuay: Kimsakocha/Azuay; Fierro Urco/Loja; Pillzhun/Kañar; Mozo /Nabón.

Mexico

POSICIONAMIENTO DE LA REMA ANTE EL DECALOGO DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR PARA ENFRENTAR AMENAZAS DE TRUMP

Sr. Andrés Manuel López Obrador
En la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), hacemos el siguiente posicionamiento en
respuesta al DECÁLOGO que usted plantea para enfrentar las amenazas realizadas hacia el gobierno
mexicano por parte del gobierno de Estados Unidos y su actual presidente Donald Trump.

Antes queremos aclararle que la REMA no tiene ninguna afiliación o vínculo con partido político
alguno, de tal manera que nuestro posicionamiento se circunscribe especialmente a uno de los puntos
que usted plantea en su decálogo, mismo que nos preocupa sobremanera, toda vez que en general, la
clase política de este país sigue sorda y muda ante las recurrentes denuncias que la sociedad, y en
especial la REMA, ha realizado contra las empresas mineras que trabajan en México y en
Latinoamérica.

Vemos con profunda preocupación que en su decálogo hace referencia a su propuesta de “suscribir
compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México,
con salarios justos y cuidado del medio ambiente.”

Es importante que sepa que el Modelo Extractivo Minero por naturaleza es esencialmente
insustentable pues extrae recursos naturales no renovables, y durante su proceso de extracción destruye
y contamina todos los bienes naturales que le rodean. El minero es de los procesos extractivos que
mayor emisión de contaminantes tóxicos emite tanto al agua, a los sedimentos y al aire, y esta
contaminación es prácticacamente irreversible. El Modelo se sustenta en el ánimo de obtener la mayor
ganancia posible, y es precursor de la destrucción de los derechos laborales, porque fue el primero en
promover/adoptar el ataque contra el sindicalismo tradicional, enarbola y fomenta la aparición de
sindicatos blancos, para luego confrontar a los trabajadores en la misma mina y por si fuera poco, cada
vez más utiliza el outsourcing como su principal medio para la contratación de trabajadores, quienes
bajo este “esquema laboral” literalmente quedan descobijados de sus derechos laborales.

Las empresas mineras no toman en cuenta aspectos ambientales, culturales, políticos o sociales. La
minería en México de capitales privados o extranjeros no incorpora a sus costos y ganancias el
agotamiento y el daño irreversible al medio ambiente, ni las consecuencias generadas a largo plazo,
simplemente porque si lo hiciera sería económicamente inviable; el modelo minero se basa en la
desposesión y el desplazamiento forzado para tener condiciones para la concentración de tierras,
destruye territorios y ecosistemas aun a varios cientos de kilómetros a la redonda, crea serios conflictos
comunitarios aplicando técnicas para el manejo de conflictos, mismos que se orientan para provocar ladivisión comunitaria, la expulsión de pueblos enteros y utiliza a las fuerzas públicas para cuidar sus instalaciones o recurre a grupos fácticos y criminales, con los cuales someten a las comunidades que intentan defenderse de alguna empresa que entró con engaños o entró en contubernio con los políticos
locales quienes operan a favor de este tipo de empresas.

De lo anterior hay cientos de ejemplos documentados tanto en México como en Latinoamérica
incluyendo Canadá, en donde vale la pena resaltar están quizás de las minas más contaminantes del
mundo en donde también han sido desplazados las comunidades indígenas de ese país.
REMA lucha todos los días para acabar con esta simulación de un discurso falso de progreso y
desarrollo que para las empresas mineras es imposible defender, porque su realidad es tan abrumadora
que espanta, a la vez que no hay un sólo resquicio para que científica o epistemológicamente se puedan
defender. Luchamos también para que las empresas dejen de suplantar al Estado y utilicen oropeles
mezquinos que pomposamente dirigen para el desarrollo de infraestructura pública y privada con el
único fin de facilitar la extracción.

Los intereses de las empresas mineras están por encima de los derechos humanos, están por encima de
los principios consagrados en la constitución y se ven reflejados en leyes a modo que, como la Ley
Minera, facilitan su ingreso, su saqueo y se mueven ante la impunidad por los daños e incumplimientos
que generan.

Igualmente nos preocupa que usted tenga nexos políticos y operativos con allegados a la familia
Salinas Pliego, precursores de la minería. Nos preocupa que en su decálogo las empresas mineras, tan
terribles como Grupo Minero México, piensen remotamente en encontrar eco con la plataforma política
que usted plantea.

Nos preocupa que caiga en el error de seguir los pasos de los países neoextractivistas, como Bolivia o
Chile quienes pensaron que al “seudonacionalizar” la extracción la felicidad, el progreso y el desarrollo
llegarían juntos. El Modelo Extractivo Minero es depredador, la minería a cielo abierto y la de tumbe y
relleno no es ni será nunca sustentable, verde, ni socialmente responsable, como erróneamente lo
platean cámaras de comercio o como sucede desde la propia ONU, en donde ya se cabildean,
lamentablemente con organizaciones ecodespistadas, la implementación de una “Línea Base” para que
estas empresas operen bajo los principios rectores, que no son más que acciones voluntarias y
desvinculadas de la ley y que en nada apoyan a la rendición de cuentas de empresas que han masacrado
a la naturaleza, asesinan a quienes se les oponen y generan graves e irreversibles daños a la salud de la
población.

Su interés en promover la inversión canadiense deja mucho que desear, no sólo porque las mineras
canadienses concentran el 70% de los proyectos de esta industria en nuestro país, sino porque es justo
en Canadá donde se gestó el actual Modelo Extractivo Minero Depredador. Es importante que sepa que
Canada no reconoce ni respeta el derecho de los pueblos al consentimiento previo, libre e informado
pues no es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y demoró 4
años para firmar la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
En México, las empresas mineras canadienses Gold Corp, Blackfire Exploration, Torex Gold
Resources Inc., Excellon Resources, Almaden Minerals, Minaurum Gold Inc Co, Pacific Rim Mining,
Oceana Gold, Fortuna Silver, Panamericana Silver, Teck Resources Limited, entre otras, han
declarado una guerra abierta a los pueblos y al campo que Usted mismo pretende defender. Siestos empresarios, todos con sangre en sus ropas, son a quienes pretende de aliados comerciales,
entonces no sólo no entendemos su llamado soberano por el bien común, sino que es totalmente
contradictorio.

Basta señalar que estas empresas, en especial la Torex Gold Resources Inc. y la Goldcorp, han
establecido todo un lobby político para que el embajador de Canadá en México vaya felizmente
promoviendo la inversión minera en el estado de Guerrero, mientras que desde el propio Canadá,
envían una alerta para que los turistas canadienses se abstengan de visitar suelo guerrerense por la alta
criminalidad que existe y que se agrava en tierras ocupadas por estas empresas mineras, por los fuertes
vínculos que mantienen las empresas con el crimen organizado. Pregonan que la inversión con sangre
venga al territorio mexicano, pero que los canadienses no visiten los sitios violentos en donde las
mineras trabajan sin detenerse un sólo día al año.

Desde la REMA le queremos compartir lo que ya en varios momentos hemos hecho con otros actores
políticos; usted no tiene por qué saber de minería puesto que su formación se orienta a otros
menesteres, sin embargo, sí es responsabilidad de usted no tener en su equipo una persona que lo
oriente correctamente sobre la política nacional, sobre la inversión, sobre la minería, sobre la soberanía
y la participación social, sobre los pueblos indígenas y campesinos.

Le reiteramos que hay cientos de experiencias de lo que aquí manifestamos. No estamos elucubrando;
el Modelo Extractivo Minero es Depredador y no basta con “mejorarlo”, “atenuarlo” o “reglamentarlo
mejor”, puesto que ello es imposible. Hoy la Extracción Minera es el sistema técnico y tecnológico más
depredador del planeta. Desde nuestra humilde contribución a su decálogo, le decimos que esa
inversión hay que desterrarla del país.

¡ALTO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!
¡DE CANADÁ A PANAMÁ LA MINERÍA NO VA!
¡FUERA LAS MINERAS CANADIENSES DE NUESTROS TERRITORIOS!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Latinoamerica

Iglesias y Minería, propone a Canadá un Ombudsman que atienda a comunidades afectadas por empresas extractivas

A través de una carta pública dirigida al Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, la red ecuménica “Iglesias y Minería”, planteó la creación de un Ombudsperson independiente para las comunidades afectadas por las empresas extractivas canadienses.

La carta enviada el miércoles 8 de febrero, califica de “urgente la designación de Ombudsperson independiente” porque “Son miles las personas y muchas las comunidades que requieren de una oficina que reciba sus quejas y tramite sus denuncias relacionadas a problemas suscitados por empresas canadienses en nuestros países” de América Latina.

La Red Iglesias y Minería propone que la labor del Ombudsperson tenga las siguientes características:

Oficina independiente del gobierno canadiense.
Participación obligatoria de las empresas.
Investigaciones para evaluar el cumplimiento de las empresas, con un conjunto de estándares para determinar si se han ocasionado daños.
Desarrollo de un proceso transparente que incluya informes públicos en varias momentos (por ej., difusión de los resultados de las investigaciones)
Un informe público final que incluye recomendaciones para las partes (que puede incluir el gobierno canadiense)
Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones
Pérdida de beneficios que brinda el gobierno canadiense a las empresas, en caso que éstas no cumplan con las recomendaciones

La red ecuménica, sostiene que contrariamente a la propuesta por parte de la industria canadiense de “reducir el mandato del mecanismo a la medicación entre las partes”, la creación de un Ombudsperson independiente, permitirá a las comunidades afectadas canalizar sus reclamos en Canadá y hacer que sus derechos se cumplan.

De acuerdo al Informe sobre los abusos de las mineras de Canadá en América Latina, publicado en octubre 2016, por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP), se ha registrado más de 400 incidentes de violencia vinculados con las explotaciones mineras canadienses en América Latina. En los últimos 15 años, se habrán producido al menos 30 asesinatos selectivos relacionados con los conflictos mineros.

Sobre algunos casos recientes, podemos citar el de Barrick y el derrame de cianuro en la mina Veladero, en la provincia de San Juan (Argentina), el proyecto Pascua Lama en Chile; las demandas en contra de la empresa Hud Bay por casos de violación de derechos humanos en Guatemala, entre varios otros.

La red Iglesias y Minería también hace un llamado a otras instituciones, comunidades, ONGs y congregaciones religiosas para que escriban al Primer Ministro Justin Trudeau (justin.trudeau@parl.gc.ca) con copia al Ministro de Comercio François-Philippe Champagne (Francois-Philippe.Champagne@parl.gc.ca) demandando un ombudsperson independiente.

Mayor información y texto de la carta en:

http://iglesiasymineria.org/2017/02/08/iglesias-y-mineria-propone-a-canada-un-ombudsman-que-atienda-a-comunidades-afectadas-por-empresas-extractivas/

Argentina

Una herramienta que sólo despierta polémicas

Denise de Olivera •   junio 2, 2016
El gran debate sobre el seguro de caución por daño ambiental, comúnmente llamado “seguro ambiental”, parece no tener fin.  Hay quienes sostienen que son deficitarios y otros en cambio, opinan que debería eliminarse su obligatoriedad. Mientras, continúa el vacío y siguen planteándose interrogantes.

Daniel Capria, especialista en Seguros y Reaseguros en Artai Argentina, un bróker que brinda consultoría global en riesgos corporativos, comenta sobre las controversias que giran en torno a la figura del Seguro de Caución Ambiental y las perspectivas que hay en la actualidad respecto al mismo.

Recordemos que la Ley General del Ambiente (LGA) le solicita a las empresas la contratación de un seguro ambiental.  Este seguro debe amparar los daños de incidencia colectiva, independientemente de los daños a terceros y/o cosas de terceros; es decir que sólo le interesa amparar los daños a los Recursos Naturales propiedad del Estado, ya sea Nacional, Provincial o Municipal, sin importar si se generan daños a personas o poblaciones cercanas al lugar donde se produce la contaminación.

“La normativa contiene, sin embargo, aspectos positivos que merecen destacarse al haber admitido criterios de razonabilidad en materia de derecho ambiental. Si bien debemos reconocer que la LGA ha sido un paso relevante en pos de alcanzar el desarrollo sustentable del país, debe revisarse la reglamentación mediante la figura del seguro de caución para dar cumplimiento a la Ley, y posibilitar aumentar el desarrollo del mercado de seguros ambientales y de esta forma, maximizar los incentivos para prevenir el daño”, señala Capria.

-¿Cuáles son las instancias de ejecución de la póliza del seguro ambiental?

-La resolución conjunta admite el concepto que la recomposición consistirá en restablecer las condiciones del ambiente afectado, hasta alcanzar niveles de riesgos aceptables.  Este criterio abre las puertas a la utilización de metodologías de análisis de riesgo que permitan balancear, ocurrido un siniestro, el alcance de la situación de contaminación y los costos de remediación de manera que aquella contaminación deje de ser relevante y negativa.

Uno de los aspectos significativos de la cobertura, es tener un acertado conocimiento del estado de situación del predio respecto a los eventuales niveles de contaminación existentes, ya que estos datos serán el punto de referencia en cualquier resolución de un siniestro.

La póliza de caución, además, presenta un inconveniente para el tomador del seguro que, en caso de producirse un siniestro ambiental, el mismo tomador no podría realizar la recomposición, sino que por condición de póliza, lo realizarán las empresas que determine la Compañía de Seguros.

-Una de las críticas que más se ha oído hablar sobre este Seguro son los bajos montos de las sumas aseguradas ¿Qué sucede cuando el monto asegurado no cubre totalmente el daño que la empresa causó sobre el medio ambiente?

-La póliza cubre la garantía exigida al Tomador, hasta la concurrencia de la suma asegurada indicada en la misma.  Las sumas aseguradas son determinadas en base a cálculos muy complejos basados en la situación actual de la empresa tomadora respecto a cuestiones ambientales.

El Estado busca garantías financieras, para el caso que se produzca un daño ambiental.  No obstante, si la suma asegurada de la póliza de caución fuera insuficiente, la empresa que genera el daño ambiental tiene responsabilidad ilimitada y deberá hacer frente con su patrimonio.

-Si este seguro ambiental con el que contamos no es el adecuado ¿Cuál sería el instrumento correcto que garantice que aquellas empresas que puedan provocar un daño al medio ambiente cumplan con la remediación?

-La LGA, si bien representa un avance relevante en pos del desarrollo sustentable del país, contiene algunos aspectos en su reglamentación que pueden revisarse, como la figura del seguro de caución para dar cumplimiento, mejorar y ampliar la gama de instrumentos posibles para dar cumplimiento a la ley, aumentar el desarrollo del mercado de seguros ambientales y de esta forma, maximizar los incentivos para prevenir el daño; pero con incentivos concretos para asegurar el cumplimiento de uno de los objetivos finales de las regulaciones ambientales, que es la reducción de los efectos negativos de las actividades humanas sobre los recursos naturales.

-Desde  la creación de este Seguro  hasta hoy ¿Hubo algún cambio significativo desde lo legal o fáctico que lo haya mejorado? ¿Se logró aplicar este seguro en algún caso relevante?

-Nada ha cambiado desde el comienzo de la aplicación de la LGA y desafortunadamente, algunos esfuerzos de operadores del mercado por autorizar productos alternativos fueron en vano.

Por la información con la que contamos, se desconoce si hubo algún caso en el que se haya ejecutado una póliza de caución.

-¿Qué diferencia hay entre el seguro de caución por daño ambiental y el seguro de responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva?

-En la cobertura ofrecida por el seguro de caución, la aseguradora se hace cargo de la reparación en el caso que el tomador incumpla con su obligación de recomponer.  No obstante esta póliza solo resuelve el problema de la exigencia legal.  La responsabilidad de quien contamina no queda limitada por la existencia de esta cobertura.

En cuanto a las coberturas de Responsabilidad Civil, si se verifica una real transferencia de riesgo.  En el mercado se han aprobado algunas pólizas de este tipo, pero en la actualidad no están siendo aprobadas y aceptadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por lo cual, no se podría cumplir con el Art. 22 de la LGA.

Las empresas, más allá de la exigencia específica de la LGA, están expuestas a muchos riesgos ambientales distintos, que se pueden manifestar de distinta manera y consideración.  La LGA sólo exige los daños a un tipo específico de Daño Ambiental.  Si solo se contrata esa cobertura, queda de todas maneras expuesto a los demás riesgos ambientales.

En tal sentido, la póliza de caución, desde nuestro punto de vista, resuelve la exigencia de la LGA, pero no funciona como un seguro donde el Asegurado transfiere un riesgo.

-¿Por qué cree que el Estado no ha avanzado significativamente en la instrumentación de este Seguro?

Probablemente no ha sido un tema prioritario para el Estado y probablemente, las nuevas autoridades puedan tomar acciones sobre el sistema que permitan:

Tener productos o herramientas financieras alternativas para el cumplimiento de la Ley
Permitir el desarrollo de mayor número de operadores del mercado de seguros que puedan operar en este tipo de seguros.
Por último preguntarse: qué sucede si el monto asegurado es insuficiente para restaurar el daño ambiental?

Una herramienta que sólo despierta polémicas

Perú

Piden paralización de trabajos mineros que amenazan quebrada

Cajamarca
Empresa Coimolache deberá detener construcción de dos pozas de sedimentación
Lima 07 febrero 2017 – 3:16 pm, 0 comentarios
Agentes del OEFA corroboraron peligro para quebrada de continuar construcción de una poza.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dictó una medida preventiva a la minera Coimolache ordenando paralizar de manera inmediata la construcción de dos pozas de sedimentación en la parte externa de un depósito de material estéril, por representar un peligro de afectación de la quebrada Tantahuatay.

La medida de la entidad fiscalizadora se aplicará respecto a la unidad minera Tantahuatay que se sitúa en los distritos de Hualgayoc y Chugur, región Cajamarca, se informó a INFOREGIÓN.

El OEFA observó que la minera, en un área de aproximadamente 7 200 metros cuadrados, removió la cobertura vegetal, topsoil y suelo para implementar dichas pozas, a una distancia de solo 10 metros de la quebrada, existiendo el riesgo de arrastre de sedimento hacia sus aguas en época de lluvias.

La medida preventiva también ordena a Coimolache presentar el cronograma para la remediación del área que sufrió la remoción de sus componentes naturales en un plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de que la empresa no cumpla, se efectuarán las acciones administrativas, civiles y penales correspondientes.

http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/oefa-ordena-detener-construccion-de-pozas-de-sedimentacion-de-minera-coimolache/

Colombia

Solo en 24 zonas de la Sabana habrá minería

Minambiente dio a autoridades ambientales 3 meses para establecer planes de manejo de explotaciones.
5 de febrero de 2017
En Bogotá, la ronda del río Tunjuelo ha sido afectada históricamente por la minería. Felipe Caicedo
Foto: Archivo EL TIEMPO
En Bogotá, la ronda del río Tunjuelo ha sido afectada históricamente por la minería. Felipe Caicedo
Solo en 24 polígonos, delimitados por el Ministerio de Ambiente y que cubren un poco más de 17.700 hectáreas de la Sabana de Bogotá (cuya extensión es de 427.711 hectáreas) se podrán realizar de ahora en adelante explotaciones mineras, según la resolución 2001 del 2 de diciembre del 2016.

Además de definir las zonas compatibles con las explotaciones mineras, la resolución fijó los parámetros que deberán cumplir las autoridades ambientales para cerrar aquellas que quedaron por fuera de las zonas autorizadas.

Las explotaciones que no están en los polígonos que se declararon aptos deberán cumplir con un plan de manejo, restauración y recuperación ambiental (PMRRA), el cual deberá respaldarse con una garantía que facilite aprovisionar los recursos para su ejecución.

(Visite el especial: Minería ilegal, los cráteres que se devoran a Colombia)

La resolución establece como opciones la fiducia en administración, mercantil o por pagos; la garantía bancaria a primer requerimiento y el depósito de dinero en garantía, entre otras. Se debe expedir a favor de la autoridad ambiental que imponga el plan de manejo.

El PMRRA es un documento que incluye acciones técnicas que se deben desarrollar en las zonas que han sido explotadas, con el fin de garantizar su cierre en condiciones técnicas adecuadas para poder destinarlas a actividades agropecuarias o forestales, según la resolución del Ministerio.

A las autoridades ambientales se les otorgó un plazo de tres meses (enero, febrero y marzo) para realizar visitas, determinar las medidas e imponer el respectivo plan a los proyectos que se encuentren en zonas no compatibles con la minería.

La resolución les ordena a las autoridades ambientales y mineras cumplir con los plazos del fallo del Consejo de Estado sobre el río Bogotá, para revocar o suspender las licencias, títulos, permisos, autorizaciones o concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y del medioambiente en las zonas de exclusión.

(Además: Consejo de Estado aprobó la consulta popular minera de Ibagué)

También, para revocar o suspender las licencias, títulos, permisos, autorizaciones o concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales cuando se establezca el incumplimiento de las condiciones o exigencias de acuerdo con los actos de expedición.

Únicamente los yacimientos de sal y la extracción de materiales que se requieran para el mejoramiento de vías veredales o terciarias se podrán explotar en cualquier parte de la Sabana, salvo excepciones que ya estén establecidas en la ley. De todas formas, solo se podrá hacer con autorización minero-ambiental en cada caso.

Por fuera de los 24 polígonos compatibles con la minería no se podrán volver a expedir títulos ni de exploración ni de explotación, y a quienes hoy tienen permisos o licencias la autoridad ambiental les deberá imponer planes de manejo.

Quienes cuentan con título minero y se encuentren operando en esas zonas y no hayan tramitado el plan de manejo deberán ser suspendidos, y se les ordenará el cierre definitivo. También se suspenderá la actividad de quienes no poseen título y estén operando con el registro minero nacional.

La resolución deja claro que en los ecosistemas de páramo no está permitido ningún tipo de actividad minera.

Las entidades territoriales podrán determinar la viabilidad o prohibición de actividades mineras en las zonas compatibles con la minería, pero no podrán hacerlo fuera de los polígonos delimitados.

Los sitios autorizados

Datos en hectáreas

Estas son las 24 zonas en las que se podrán realizar actividades mineras en la sabana de Bogotá. Por fuera de ellas queda prohibido, y se deberán expedir planes de manejo para proceder al cierre técnico de las explotaciones:

Polígono 1: suroriente de Bogotá, zona urbana, 84,8.
Polígono 2: sur de Bogotá, en la zona urbana, 348,9.
Polígono 3: suroriente de Bogotá, zona urbana, 50,7.
Polígono 4: entre Soacha y Bogotá, 4.521,6.
Polígono 5: al oriente de Sibaté, 55,2.
Polígono 6: entre Soacha y Bojacá, 924,6.
Polígono 7: entre Mosquera y Bojacá, 804,3.
Polígono 8: entre Madrid, Facatativá y El Rosal, 1.304.
Polígono 9: entre Subachoque, El Rosal y Madrid, 488,8.
Polígono 10: Tabio, 773,3.
Polígono 11: norte de Zipaquirá, 64.
Polígono 12: suroriente de Cogua, 1.093,9.
Polígono 13: entre Cogua, Tausa y Nemocón, 3.927,8.
Polígono 14: nororiente de Nemocón, 94,1.
Polígono 15: entre Suesca y Chocontá, 1.239,8.
Polígono 16: Suesca, 84,1.
Polígono 17: suroriente de Nemocón, 67,5.
Polígono 18: nororiente de Zipaquirá, 67,5.
Polígono 19: oriente de Tocancipá, 598,6.
Polígono 20: noroccidente de Guatavita, 101,9.
Polígono 21: suroccidente de Guatavita, 72,5.
Polígono 22: suroriente de Guatavita, 65,5.
Polígono 23: noroccidente de Guasca, 954,5.
Polígono 24: occidente de Guasca, 230,5.