Ecuador

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE ELECTO

Autor: ECUARUNARI

Las organizaciones de las Comunas, Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el Centro de Formación de Misioneras Indígenas del Ecuador, la Fundación Pueblo Indio del Ecuador y demás organizaciones sociales, ante el reiterado anuncio difundido en los medios de comunicación, de que en Pucahuaico, el movimiento indígena entregará al Señor Lenín Moreno,

Presidente electo, el bastón de mando, declaramos lo siguiente:

1. El Centro de Formación de Misioneras Indígenas del Ecuador en Pucahuaico, es el lugar simbólico de la Fe comprometida con las luchas de los pueblos, un espacio sagrado y profético en cuya capilla reposa el cuerpo de Monseñor Leonidas Proaño, que no puede ser
profanado, ni convertirse en escenario político partidista de ninguna especie, porque la tumba de Taita Leonidas es la continuidad de la lucha histórica, y pertenece al pueblo más no al poder;

2. Monseñor Leonidas Proaño, es uno de los mentores de la Teología de la Liberación y de la constitución de las organizaciones históricas de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, que en este período el gobierno de Alianza País ha pretendido desconocerlas y fraccionarlas; sus dirigentes han venido siendo atacados y perseguidos, y se han irrespetado los derechos colectivos ganados por la lucha social.

3. Durante estos diez últimos años, se ha criminalizado la lucha social dejando como saldo heridas abiertas, pueblos desplazados de sus territorios, jóvenes, mujeres y hombres ultrajados, judicialmente procesados y encarcelados, realidad totalmente contraria al pensamiento y acción liberadora del obispo de los indios y profeta de los pobres;

4. Las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, en reconocimiento de la autoridad indígena han venido realizando ancestralmente la ceremonia del “Vara Chimbachik”, mal llamado “bastón de mando”, símbolo milenario de entrega de poder para “mandar obedeciendo”, guiar, orientar y cumplir el mandato de un pueblo, que merece todo respeto y no debe ser utilizado en actos políticos partidistas.

5. Hasta estos momentos las organizaciones que histórica y legítimamente representan nacional, regional y provincialmente a las comunas, pueblo y nacionalidades indígenas no han recibido comunicación o invitación alguna para el acto anunciado, como tampoco han invitado al Presidente electo;

6. Estos son actos de imposición, división y suplantación de las representaciones de las organizaciones sociales y de las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas que contradicen el anuncio del presidente electo de “la mano tendida”; no favorece un ambiente de diálogo y se convierten en una ofensa;

7. Las organizaciones indígenas y sociales custodian permanente la lucha milenaria de los pueblos y nacionalidades indígenas por sus derechos ancestrales y el legado liberador de Taita Proaño; y,

8. En honor a su memoria, realizarán en este mes, en la sede del Obispo de los Indios y profeta de los pobres el Encuentro Nacional de “Luchadores por la Paz y por la Vida contra de la criminalización de la protesta social”.

Quito 7 de mayo del 2017.

 

Chile

Asamblea de Defensa del Elqui: “Barrick Miente, Saquea y Contamina”

Autor: Olca.cl

El lunes recién pasado, en reunión realizada entre habitantes del Valle del Elqui y la empresa Barrick Gold, donde se realizó una intervención de protesta contra la empresa y su proyecto Alturas, resultaron dos personas arbitrariamente detenidas por Carabineros.

La Asamblea de Defensa del Elqui y los detenidos, emite el siguiente comunicado:

Gracias a todos por las muestras de solidaridad, nuestros compañeros de la asamblea fueron puestos en libertad durante esta mañana, a las 8 am, nos parece injustificado el accionar de Carabineros, con funcionarios de civil participando en la reunión, y una provocación que los empleados de Barrick no se hayan ido del lugar generando el altercado una vez finalizado el encuentro.

Nuestra intervención consistió en desplegar un lienzo durante la ronda de preguntas, con 3 grandes verdades acerca de la empresa: Barrick Miente, Saquea y Contamina!.

A continuación un comunicado emitido por los propios detenidos:

“Durante manifestación pacífica de Asamblea en Defensa del Elki en contra del proyecto Alturas perteneciente a la firma canadiense Barrick Gold fuimos detenidos injustamente por desórdenes en la Vía Pública, el compañero de nacionalidad brasileña y quién realiza este comunicado, Mauro Ramos.

Ante una acción agresiva de una persona pro Barrick en contra de nuestro compañero, se desarrolló un incidente donde carabineros de Chile intentó detener a través de la fuerza y arbitrariamente al agredido, siendo éste rescatado y protegido por compañeros de la ADE.

Intentamos poner a resguardo a nuestro compañero en un sitio seguro de la ciudad de Vicuña bajo fuerte persecución policial tanto a pie como vehicular siendo finalmente detenidos en distintos puntos de la ciudad. El compañero agredido denuncia agresión xenófoba por parte de la policía chilena durante su traslado a la comisaría.

Queda claro que: Los Estados Chilenos y Argentinos han vendido su alma al diablo, protegiendo y apoyando a quienes traen destrucción y muerte a nuestros territorios, atentando y persiguiendo a los que justamente luchamos por defender la tierra, el agua y la vida en nuestros territorios. Hoy más que nunca se hace imperioso un llamado de solidaridad y apoyo, hoy más que nunca debemos unir nuestros corazones y decir fuerte: Fuera de Chile, fuera de Argentina, fuera Barrick de América Latina!

La lucha continúa, la vida vale más que el oro.

 Fuente:http://www.mapuexpress.org/?p=17776
Colombia

Un pequeño pueblo de Colombia podría frenar un macroproyecto extractivo

Autor: Playground

En la provincia de Sumapaz, en Colombia, los ciudadanos tendrán voz a la hora de decidir si se realizan proyectos de explotación de hidrocarburos y minería.

Unos 3.600 habitantes del pequeño municipio de Arbeláez responderán a una consulta popular el próximo de 9 de julio con la pregunta: «¿Está usted de acuerdo —sí o no— con que, en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca, se realicen actividades de sísimica, exploración, explotación y lavado de materiales de hidrocarburos y/o minería a gran escala»?, según informó el diario colombiano El Espectador.

El alcalde del municipio, Jorge Alberto Godoy Lozano, expresó la preocupación por «la presencia de sísmica» en el territorio. «Hace unos diez años, cuando no había mucha claridad sobre la importancia y la delimitación de páramos, hubo una exploración muy cerca de Sumapaz y se movió la tierra», agregó.

Arbeláez, al decidir sobre si aprueba o no la actividad adjudicada a Alange Energy, será el segundo municipio de Sumapaz en decidir sobre la actividad extractiva. En febrero de este año, la localidad de Cabrera votó en contra de proyectos mineros o hidroeléctricos con un 97% de votos por el no y solo un 1,5% a favor.

Fuente:http://www.playgroundmag.net/noticias/consulta-popular-Colombia-proyecto-petrolero_0_1970202986.html

Argentina

Das Neves y el Pacto Minero: “No voy a firmar absolutamente nada”

Autor: ADN Sur.

RAWSON (ADNSUR) – El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, afirmó hoy que la provincia no firmará el Pacto Federal Minero. “De ninguna manera voy a firmar, no voy a firmar absolutamente nada”, enfatizó.

“Mi conclusión, me tomo de las actividades que hay en Catamarca, San Juan y Santa Cruz, es que no hay ganancias, el que tiene la torta y se la llevan toda son las mineras y dejan un impacto ambiental muy importante”, precisó.

“Mientras tanto nosotros promovemos la vitivinicultura. Hay ya 30 productores y 49 productores de cerveza. La minería se la vamos a poner en el campo de Tandil, en la Pampa Húmeda. Nosotros no somos estúpidos, que estamos acá para que vengan a ponernos cualquier problema. Esta es una firme decisión de la inmensa mayoría de la población. Basta salir a la calle y preguntarle a la gente”, sostuvo.

“No tiene por qué imponerlo Nación, porque por más que ahora se firme el Pacto Minero Federal no voy a firmar, no voy a firmar absolutamente nada, y si somos la única provincia que no firmamos, no vamos a firmar”, afirmó Das Neves

“No voy a dejar que venga uno a hacer un agujero y se lleve toda la plata, y después se vaya y nosotros tengamos que ver qué hacemos”, concluyó el gobernador.

Fuente:http://www.adnsur.com.ar/2017/05/das-neves-pacto-minero-no-voy-firmar-absolutamente-nada/

Colombia

Colombia: subcampeón mundial en el mercurio de la minería ilegal

Autor: Juan Gossaín para El Tiempo

Cómo pasa EL TIEMPO. Hace más de seis años, el 7 de diciembre de 2010, escribí en estas mismas páginas una crónica sobre el veneno de mercurio que la minería ilegal está arrojando sobre Colombia, matando gente, animales, plantas, cosechas, aire, mares, ríos, caños, lagos.

Pues resulta que, por causas que desconozco, en estos días, mientras el Congreso Nacional está debatiendo una nueva ley contra el uso del mercurio, aquella vieja crónica circula de nuevo por las redes sociales. Tampoco sé quién la envía, pero no debe ser una casualidad, ya que en la naturaleza no existen las coincidencias sino la armonía del universo, como decía Einstein tan sabia y bellamente.

En aquel escrito mencioné, de paso, el “mal de Minamata”. Lo que se discute ahora en el Senado es, precisamente, la ratificación del Convenio de Minamata, que compromete a los países del mundo en la eliminación de emisiones de mercurio contra el medioambiente. Más adelantico les cuento, con cifras y detalles, la cantidad de víctimas colombianas que se han ido detectando en los últimos tiempos.

Todo empezó hace casi sesenta años en el Japón. En la ciudad de Minamata, a orillas del mar, se desató una peste causada por los desechos mercuriales que las industrias de las inmediaciones arrojaban al mar. Fue tan grave que en un solo año, 1956, murieron cincuenta personas. Y en los doce años siguientes se contabilizaron más de quinientos casos.

Los pájaros que bebían aquellas aguas se quedaban ciegos. Pescados y mariscos se contaminaban. Los niños morían con el cerebro destrozado. Las madres embarazadas abortaban de repente en medio de terribles dolores.

Hasta el año 2001 habían muerto 900 japoneses y 2.000 más estaban enfermos. Solo entonces el mundo se puso en marcha para remediar semejante tragedia y se inició una cruzada internacional contra el mal de Minamata.

Por fin hay una luz de esperanza. Que los camarones no sigan naciendo sin patas, que las aguas no se pudran con la porquería industrial

Liderazgo retrasado

En el 2013, Colombia y 140 naciones más suscribieron el Convenio de Minamata. El liderazgo de nuestro país en esas negociaciones fue tan notable que ganó por ello varios premios internacionales otorgados por los ambientalistas. Por eso, uno no entiende que, casi cuatro años después, todavía no lo haya aprobado el Congreso, como lo mandan las leyes.

–Lo que ocurre –me dice el senador Luis Fernando Velasco– es que el Gobierno Nacional, que tiene la facultad exclusiva de hacerlo, se demoró en radicar el proyecto, y solo lo presentó a las cámaras en octubre de 2016.

Ello fue posible gracias a la labor de dos senadores que le insistieron al Gobierno, elaboraron el texto y convencieron a sus colegas. Luis Fernando Velasco, quien fue presidente del Senado y es oriundo del Cauca, asumió con entusiasmo la promoción de aquella ley. La senadora antioqueña Nidia Marcela Osorio lo acompaña en la ponencia. Hace veinte días comenzó su aprobación en la Comisión Segunda. Todavía falta por recorrer un largo camino.

El mapa del horror

Me puse a averiguar historias humanas y cifras sobrecogedoras sobre los daños que el mercurio le causa a Colombia. Según los informes más recientes de la Contraloría General de la República, en este momento hay 21 departamentos afectados por esa tragedia. Son el 66 por ciento de los departamentos, nada menos. Se calcula que 400 municipios padecen el mercurio.

En los últimos cinco años se han detectado dos mil casos de envenenamiento con mercurio, un elemento químico que se utiliza para desprender el oro de las piedras a que está adherido. Las regiones más afectadas son Antioquia, Córdoba, Chocó, Bolívar y Sucre. El mercurio es la principal amenaza sobre los ecosistemas del país.

La plaga mercurial, con sus secuelas venenosas, se está extendiendo como una metástasis por todo el organismo colombiano, no solo en áreas rurales sino, incluso, en grandes centros urbanos, a través del pescado de río y mar que llevan a los mercados, como sucedió recientemente con el atún. O de las frutas y verduras, gallinas y cerdos contaminados procedentes de esas regiones.

Según la Defensoría del Pueblo, me dice el senador Velasco, “en el 40 por ciento de los municipios del país hay minería ilegal, también conocida como minería tradicional o artesanal”.

Subcampeones mundiales

El senador Luis Fernando Velasco se puso en contacto con Mercurywatch, el sistema mundial que monitorea el uso del mercurio en la minería de oro, y de allí le informaron que Colombia tiene hoy el doloroso título de ser el segundo país que más contamina por la emisión de esa sustancia. Se estima que hemos llegado a emitir, en un año, hasta 180 toneladas de mercurio.

Virgen Santísima: 180.000 kilos por año. El primero es China, con 440 toneladas, y es mejor que no nos pongamos a comparar el tamaño de las dos naciones. Y menos la población.

Por eso, agrega Velasco, es urgente lograr ya la aprobación parlamentaria del tratado. “Ese convenio nos brindará instrumentos concretos para proteger la salud humana y el ambiente, y, además, para legalizar y formalizar la minería artesanal”.

Hasta este momento, el Instituto Nacional de Salud informa que no hay registros de la aparición del síndrome de Minamata en Colombia, pero sí los hay de personas, animales y plantas intoxicados con mercurio. Su gravedad varía según los casos.

En paz con la naturaleza

En septiembre del año pasado, hace siete meses, el Departamento de Planeación Nacional hizo una minuciosa investigación en diferentes regiones sobre la devastación ocasionada por el mercurio. Sus conclusiones son aterradoras. “También tenemos que hacer la paz con la naturaleza, porque el mercurio sigue causando estragos”, dice Planeación.

Miren esto: según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, la situación empeora cada día. En solo dos años, entre 2013 y 2015, hubo 1.126 pacientes envenenados con mercurio en 18 departamentos, “pero estos datos pueden ser mayores teniendo en cuenta que solo abarcan la atención hospitalaria de intoxicaciones agudas”. Quién sabe cuántos más se quedarán sin ir al hospital. Si es que hay hospital…

Las regiones más afectadas, en esos mismos dos años, fueron: Antioquia, con 312 casos; Chocó, con 218; Córdoba, con 206; Bolívar, con 167, y Sucre, con 143.
El mismo Sistema de Vigilancia agrega que “en el 60 por ciento de los municipios con minería ilegal se registran casos de intoxicación por mercurio”.

¿Más desempleo y pobreza?

No hay nada, naturalmente, que pueda justificar un atentado semejante contra la humanidad y la naturaleza. Eso es peor que una bomba atómica. Pero también es cierto que, si la Ley va a prohibir desde el año entrante el uso del mercurio en la minería, entonces crecerán la pobreza y el desempleo en esos pueblos incontables.

El senador Velasco, que ha estudiado cuidadosamente esa materia, me dice:
–Numerosos estudios científicos proponen utilizar sustancias distintas al mercurio y el cianuro. Uno de ellos es el alcohol que se emplea en la fabricación de jabones y champús. Se ha comprobado que esos alcoholes son tan eficientes que pueden sacar a flote entre un noventa y un ciento por ciento del oro.

Es decir: se trata de nuevas tecnologías que permiten extraer más cantidad de oro a un costo muchísimo menor para el organismo humano y el medioambiente. Ya se están experimentando en algunas minas del Chocó.

Foros con los mineros

Ante este panorama, el otro día el senador Velasco le mandó una carta al ministro de Medio Ambiente en la cual le pedía que no se pierdan de vista las implicaciones sociales que va a tener la prohibición del mercurio.

Se trata de comunidades económicamente muy vulnerables –me explica el senador–. La minería es su único medio de manutención. Por ello le propuse al Gobierno que, apenas aprobemos el Convenio de Minamata, se busque también la promoción de las nuevas tecnologías y la formalización de esas actividades de subsistencia en todo el país.

En ese sentido, ya se están planeando los primeros foros regionales entre el ministerio y los mineros informales, para que conozcan los efectos del convenio, las nuevas técnicas de trabajo y los procesos de legalización.

Epílogo

El senador Velasco también piensa que, inclusive, y con la orientación gubernamental, en las poblaciones mineras se podrían organizar cooperativas que reduzcan los costos de trabajo, que sean amigables con la naturaleza y que instalen entables modernos. (Se llama ‘entable’ la planta donde se separa el oro de la piedra y la arena).

Por fin despertó el Estado colombiano. Ya era hora. Por fin hay una luz de esperanza. No más destrucción ni muerte. Que los camarones no sigan naciendo sin patas, que las aguas no se pudran con tanta porquería industrial, que los plátanos vuelvan a ser pintones, que los ríos no parezcan un cementerio, que las madres no alumbren hijos de un solo ojo, que las hojas vuelvan a ser verdes, que las mujeres no aborten en la mitad de la calle, que los pescados no se mueran en los playones con la boca abierta. Que el agua de las acequias vuelva a oler a flores frescas y no a letrina química.

JUAN GOSSAÍN
Especial para EL TIEMPO

Fuente:http://www.eltiempo.com/economia/sectores/mineria-ilegal-y-produccion-de-mercurio-en-colombia-85856

Chile

Los Derechos de la Naturaleza: Un alegato por la vida

Autor: Julien Vanhulst para El Desconcierto

En los últimos 10 años, la perspectiva de un derecho ambiental que reconozca la naturaleza como sujeto de derecho se ha instalado en la esfera global. Aparece en un contexto de degradación ambiental avanzada ocasionada por modos de producción y consumo que nunca han considerado los límites naturales. Paralelamente, desde finales de los años 1970, se ha ido forjando una nueva conciencia ambiental, una nueva ética que asume que debemos cambiar imperativamente las formas actuales de relación entre humanidad y naturaleza.

Pensar los Derechos de la Naturaleza en el Antropoceno

En la esfera jurídica, los tratados y las convenciones ambientales internacionales suelen ser el resultado de largas negociaciones que conducen a normas no vinculantes y/o cuasi legales, de tal manera que su aplicación e impacto no siempre resulta clara. A nivel nacional, muchos países han reconocido el “derecho a vivir en un ambiente sano”, derivado del primer principio de la Declaración de Estocolmo en 1972 [1]; y han ampliado su cuerpo legal para la protección del medio ambiente [2]. Sin embargo, concretamente, esta extensión del cuerpo legal no ha permitido frenar la crisis ambiental.

La pregunta que deriva de estas observaciones es si no resulta necesario y urgente reconsiderar nuestra organización social en el antropoceno. Esta columna de opinión parte del supuesto de que nuestros actuales sistemas de gobierno, así como también la moral y la ética societal, no protegen adecuadamente la naturaleza de la que somos parte. Dado la separación histórica entre “la cultura” y “la naturaleza”, entre la sociedad y el medio ambiente, no hemos sido capaces de construir una fuerte ética de la naturaleza y las barreras contra la destrucción generalizada de la naturaleza son insuficientes y débiles frente a una fuerte tendencia a valorar el desarrollo (crecimiento) económico y el bienestar humano a corto plazo, sin inscribirlo en los metabolismos socio-ambientales globales.

Durante el primer decenio del siglo XXI, aparece con más fuerza la idea de que el derecho a vivir en un ambiente sano no se puede alcanzar sin asegurar derechos al medio ambiente mismo. Algunos movimientos sociales incluyen la idea de otorgar Derechos fundamentales a la Naturaleza en sus repertorios, asumiendo que el ser humano es una especie entre otras que participa, de manera interdependiente, al ecosistema global. Esta idea no es nueva a pesar de que se hace más visible y notable en los últimos 10 años. Entre los antecedentes relacionados a la idea de reconocer Derechos a la Naturaleza podemos mencionar las matrices culturales de los pueblos autóctonos en varias partes del mundo que otorgan, desde miles de años, alma, vida y respeto a todos los elementos bióticos y abióticos, la acción legal y texto fundacional de Christopher Stone (“Should trees have standing – toward legal rights for natural objects” en 1972), En 1973 en Chile, las propuestas de Godofredo Stutzin (fundador de CODEFF), entre otros antecedentes; pero sobre todo la adopción de la nueva Constitución de Ecuador en 2008 que consagra Derechos para la Naturaleza (primer país en el mundo en reconocer formalmente los Derechos de la Naturaleza y establecer una Constitución Biocéntrica), seguido por Bolivia que decreta la ley de derechos de la Pacha Mama en 2012, y más recientemente, en 2017 el acuerdo en nueva Zelanda para reconocer derechos al rio Whanganui y la comunidad Whanganui como su administrador legal, y en India la consagración de derechos iguales a los Derechos Humanos a los rio Ganga y Yamuna.

Estas propuestas (no exhaustivas) transforman radicalmente la idea de naturaleza como propiedad y abren la vía para pensar la naturaleza como sujeto de derecho. Sin embargo, han sido marginadas de los debates mundiales sobre calidad de vida, dignidad u otros objetivos del desarrollo sostenible. ¿Por qué?

Las dificultades de transición hacía la sustentabilidad socio-ambiental

Se puede encontrar un primer elemento de respuesta en la tensión entre el movimiento ecologista y los defensores del humanismo moderno. La reivindicación de Derechos para la Naturaleza no es parte del repertorio clásico de movimientos altermundialistas de finales de los años 1990 y principios de 2000. Según estas oposiciones, reactivar una suerte de holismo pre-moderno reinscribiría al hombre en un orden natural, contrario al humanismo de los Derechos Humanos. Así, estigmatizado durante muchos años por su crítica a la modernidad, el ecologismo ha sido marginado de los debates humanista y altermundialista hasta la XV Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático en Copenhague en 2009 en la que estos movimientos se acercan y fusionan.

Podemos encontrar otro elemento de respuesta en las pretensiones universalistas de los modelos de desarrollo occidentales. Como lo hemos visto, esta propuesta de los Derechos de la Naturaleza no aparece de la nada y saca sus raíces de los movimientos ecologistas y postcolonialistas y en ciertas aplicaciones prácticas en países del “Sur Global”. El hecho que la reivindicación provenga de países dichos “subdesarrollados” o del “Sur Global” introduce claras contradicciones con la idea de una emulación universal del “Norte Global”. Más aún, aparece incómodo para el pensamiento occidental, que se autoproclama como la imagen misma del progreso y de la ética universal, asumir que los pueblos designados por las ciencias sociales occidentales como “primitivos” sean detentores de una verdad ecológica que pretende asegurar la capacidad de sobrevivencia en el antropoceno, cuando la modernidad eurocéntrica está amenazada de desaparecer.

Los opositores al proyecto de los Derechos de la Naturaleza han afirmado que sólo los seres humanos pueden ser agentes morales y la naturaleza sería incapaz de reclamar sus propios derechos y por lo tanto no debe ser un sujeto de la ley. Y sin embargo, desde un punto de vista técnico, el derecho moderno no impide la constitución de la naturaleza como sujeto de derecho. De hecho, los niños recién nacidos tienen derechos, cuando no pueden reclamar sus derechos. Del mismo modo la doctrina legal corporativa otorgan personalidad jurídica a las empresas como si tuvieran vida. Así, el derecho es un mero instrumento legal y moral de protección. El problema no viene de ahí. De hecho, la propuesta de los Derechos de la Naturaleza se justifica sin mayores dificultades a nivel pragmático.

En realidad, las críticas y los opositores no tienen que ver con este nivel pragmático sino con el hecho de que la propuesta biocéntrica de Derechos de la Naturaleza se percibe como profundamente antagónica con la democracia liberal y la economía capitalista de mercado. Hemos señalado las sospechas al proyecto supuestamente reaccionario de los ecologistas. De hecho, es contra la idea de una naturaleza completamente instrumentalizable que se levanta la idea de Derechos de la Naturaleza, como obligación de respetar a lo no-humano.

Siguiendo Stutzin (1984), “El reconocimiento de los derechos de la naturaleza, lejos de atentar contra los derechos de los seres humanos, constituye una garantía de que estos derechos sean apreciados en su verdadero significado y alcance y de que sean debidamente resguardados ante las presiones ejercidas por una tecnocracia deshumanizada”. En este sentido, el humanismo de los defensores de los Derechos de la Naturaleza parte de la premisa que el mundo no puede ser humano si no otorga dignidad a los seres (bióticos) y elementos (abióticos) de la naturaleza, y menos si sus vínculos se fundan en una relación de barbarie, explotación e imperialismo ecológico.

[1] “El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.”

[2] Muchas veces más bien para asegurar la salud pública que para proteger la naturaleza por su valor intrínseco. Por ejemplo, como sucedió con el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de Ozono.

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2017/05/08/los-derechos-de-la-naturaleza-un-alegato-por-la-vida/

Mexico

Opositores a la minería de la costa de Chiapas son intimidados por policías y militares

Autor: Chiapas Paralelo
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACACOYAGUA NOS CIERRA SUS PUERTAS A CAMBIO NOS RECIBEN POLICÍAS Y MILITARES

Al llegar a la reunión a la que nos había citado el presidente municipal de Acaoyagua hoy lunes 8 de mayo, a las 12 de la tarde, nosotros integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) encontramos las puertas de la presidencia cerradas con cadenas y a unos diez policías vestidos de civil posicionados alrededor del parque y vigilándonos.

Poco después de la hora de la cita, mientras las puertas permanecían cerradas, llegó un camión de rutina del Ejército en el que andaban unos veinte militares. Tres de ellos bajaron del vehículo para resguardarlo. Uno de ellos se dirigió hacia la comandancia de la policía municipal visiblemente para pedir información sobre nosotros y nosotras. Nos tomaron fotos sin pedirnos permiso y sin hablarnos. Se retiraron después de que las valientes mujeres del FPDS les dijeran que no tenían por qué estar allí.

Denunciamos que esta intervención de la policía y del ejército constituye un acto de intimidación en contra del FPDS ya que nuestra presencia no la justificaba en términos de seguridad. Eramos alrededor de cincuenta personas, habitantes de la cabecera de Acacoyagua y de las comunidades Castañas, Jalapa, Los Amates, San Marcos y La Cadena, esperando calmamente que se abrieran las puertas para que una delegación del FPDS entrara a dialogar con el presidente municipal y su cabildo. Veníamos en son de paz, sin ninguna arma más que nuestra palabra y una manta que decía “No a la minería”.

Denunciamos que el presidente municipal de Acacoyagua, el Ing. Patricio Eli Matías Salas, no cumplió con su deber de realizar una reunión de cabildo abierto en la que todos los y las habitantes de Acacoyagua tenemos derecho a participar y pedir la palabra para dar a conocer nuestras demandas.

Queríamos expresar nuestra oposición a la actividad minera en el municipio y exigirle que respete la Declaratoria de territorio libre de minería que él mismo firmó en agosto 2016. Queríamos también plantearle que ni la Comisión nacional del Agua (CONAGUA) ni el sector salud han cumplido con su promesa de realizar estudios sobre la calidad del agua y la salud de los habitantes de Acaoyagua solicitados por el FPDS para investigar los impactos de la actividad minera.

Informamos al público en general que el presidente nos citó de nuevo el lunes 15 de mayo a las 3 de la tarde, por lo que le pedimos que esté al pendiente de la manera en la que seremos recibidos. Exigimos al presidente municipal que se presente junto con cabildo para que nuestro diálogo sea democrático y transparente.

Rechazamos rotundamente la presencia del ejército y de la policía en esa cita. La defensa del territorio ante la minería que estamos llevando desde el 2015 no nos hace criminales y ninguna de nuestras acciones justifica la intervención de las fuerzas de seguridad. Además, el gobierno debería gastar más dinero en proteger la salud de sus habitantes afectados por la minería que en reprimirlos.

¡Fuera las mineras de Acacoyagua!

¡Vida sí, Mina no!

FIRMA:

El FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

SUSCRIBEN:

OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA A.C.
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Fuente:http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2017/05/opositores-a-la-mineria-de-la-costa-de-chiapas-son-intimidados-por-policias-y-militares/

Argentina

Por incidentes repetidos, evalúan aplicar multa histórica a Barrick

Autor: El Cronista
Conflicto Relacionado: Veladero-Jachal

Por la reincidencia en derrames ocurridos en Veladero, las autoridades provinciales podrían decidir una multa histórica mayor a los casi u$s 10 millones que tuvo que pagar la propia Barrick por el primer derrame de 2015 que protagonizó, cuando contaminó ríos cercanos. Así trascendió, según la agencia de noticias Reuters, luego de que el juez que investiga el último incidente acaecido a fines de marzo y un funcionario de la provincia de San Juan dijeron tras el segundo derrame de septiembre de 2016, la empresa desoyó advertencias sobre los riesgos de otro accidente. También podrían establecerse penalidades para ejecutivos e incluso funcionarios locales.

Sucede que después del segundo derrame, efectivos de la policía especial que vigila a las mineras, «habían exigido el cambio de una cañería porque estaba exudando, en principio. Habían advertido algunas pérdidas dentro del valle de lixiviación», aseguró a Reuters el juez penal de Jáchal -una de las ciudades más cercanas a la mina, en San Juan-Pablo Oritja. «Si se hubieran cambiado esos caños como habían exigido, en principio el desacople (de los tubos) no se hubiera producido», dijo el juez. El magistrado tiene en su poder tres actas -labradas entre diciembre y febrero por la policía minera de la provincia- que fueron incumplidas y que dieron pie a un proceso administrativo para sancionar a Barrick Gold.

La empresa dijo que se trata de un trabajo en curso. «En todas las minas hay siempre procesos en marcha para responder e implementar acciones regulatorias que llevan tiempo completar, e involucran discusiones en desarrollo con los reguladores», explicó el portavoz de Barrick, Andy Lloyd.

Veladero, la tercera mina de oro de Barrick a nivel mundial, produce más de 540.000 onzas de oro al año, que representan exportaciones por casi u$s 700 millones. Por el momento, la Justicia prohibió a Barrick agregar cianuro a la solución ya existente en el valle de lixiviación -donde se separa el oro de las rocas-, que continúa circulando en un circuito cerrado, pero con los ductos aún sin reparar. Esta medida detuvo parte de la operación de Veladero.

El Gobierno de San Juan aseguró que después del segundo incidente se le exigieron a Barrick medidas urgentes. «Lo que se le pidió es que se hiciera una evaluación del estado de la cañería. Eso quedó pendiente de cumplimiento», señaló el ministro de Minería de la provincia de San Juan, Alberto Hensel, en una entrevista con Reuters, que supervisa el cumplimiento de las regulaciones.

Lloyd de Barrick explicó que ese estudio se completó, pero recién «en el último par de semanas» y se presentó al Gobierno de San Juan.

Una fuente del Ministerio de Minería provincial que prefirió el anonimato, dijo que en el pasado directivos de Barrick y hasta funcionarios del Gobierno provincial desoyeron advertencias de los empleados de Veladero y de la policía minera, que conocían los problemas de infraestructura que llevaron a derrames previos.

Esta semana se espera un veredicto, que podría consistir en permitir la operación normal de la mina, paralizarla por completo o darle más plazo a la empresa para presentar otro plan.

«No alcanza con que Barrick presente el proyecto o el plan integral, sino que ese plan integral debe ser ejecutado de acuerdo con las exigencias que hemos nosotros impuesto. Si no hacen las obras que nosotros les exigimos no hay ninguna posibilidad de que Barrick vuelva a operar‘, dijo Hensel.

Fuente:https://www.cronista.com/negocios/Por-incidentes-repetidos-evaluan-aplicar-multa-historica-a-Barrick-20170509-0004.html

 

Nicaragua

SOBRE EL IMPACTO DE LA MINERIA METALICA EN LAS POBLACIONES CENTROAMERICANAS

Autor: Acafremin

Pronunciamiento del Foro Regional “Impactos y Desafios de la Mineria Metalica en America Central”

Reunidos los movimientos sociales de la región Centroamericana, ambientalistas, defensores de derechos humanos, colectivos de mujeres, pueblos indígenas entre otras expresiones organizadas en el Foro Regional “Impactos y Desafíos de la Minería Metálica en América Central”, en el que hemos tenido la oportunidad de analizar el contexto de deterioro de nuestros recursos naturales y medios de vida, violaciones a derechos humanos en la región e intercambiar experiencias sobre el avance de nuestras luchas.

Preocupados/as por:

  1. El Avance de la Minería Metálica en la región Centroamericana que se manifiesta hasta el momento en 405 concesiones en la región CA4, que generan impactos negativos principalmente en el agua, la tierra, la fauna, la flora y la cultura, los medios de vida y la salud de los pueblos.
  2. El avance de los efectos del cambio climático ha colocado a los países centroamericanos entre los 10 más vulnerables a estos efectos, situando a Centroamérica en una región altamente vulnerable.
  3. El incremento de las demandas y procesos legales en contra de las grandes empresas transnacionales ante las violaciones a los derechos de los pueblos, por parte de los movimientos sociales y organizaciones de sociedad civil. (3 casos llevados en Honduras ante instancias internacionales, 1 caso en Guatemala y 1 caso en Nicaragua).
  4. La existencia en la región de un modelo económico de “desarrollo”, enfocado en el extractivismo, que saquea las riquezas, profundiza la corrupción política y empresarial, debilita nuestros Estados Nacionales y empobrece a los pueblos destruyendo el ambiente y envenenando el agua, bajo nuevas formas de colonización y esclavitud laboral.
  5. El rol permisivo y promotor de los Estados Nacionales subordinados hacía los intereses de la Inversión Minera.
  6. El marco legal regulatorio entreguista y deficiente impuesto a partir de tratados de libre comercio e inversiones, que comprometen las capacidades de los Estados para la protección de derechos y el ordenamiento territorial y las leyes de protección de los bienes comunes en los países de la región.

Consideramos lo siguiente

Que ha sido comprobado en diversos estudios que la minería metálica aporta como máximo 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países centroamericanos (0.7% en Guatemala, 0.2% en El Salvador, 0.3% en Honduras y 2.0% en Nicaragua), así como el 2.7% del aporte total de la recaudación tributaria y el 0.60% de generación de empleo (0.37% en Guatemala, 0.09% en El Salvador, 0.25% Honduras y 0.59% en Nicaragua.)

Además de esto las industrias extractivas abusan de los recursos naturales en especial del agua y los suelos generando procesos de despojo, degradación ambiental, contaminación por metales pesados, cambio de uso de suelo, estructuras, erosión, compactación y drenaje acido, afectando directamente las aguas para consumo humano y poniendo en grave riesgo la seguridad alimentaria y la salud de las personas, en particular de los más vulnerables las mujeres, ancianos y niños.

El debilitamiento del Estado de Derecho, a través de la cooptación de Cortes y Magistrados que permiten y promueven estrategias de criminalización a líderes y lideresas, así como de las protestas y las movilizaciones ciudadanas en defensa de sus derechos colocando en grave riesgo la vida de los defensores y defensoras de Derechos Humanos.

Que la presencia de la industria minera en Centroamérica, ha provocado la persecución, cárcel y muerte a un gran número de defensores y defensoras de Derechos Humanos, cuya expresión más  visible fue el cruel asesinato de nuestra querida compañera Berta Cáceres; una mujer valiente y coherente con esta lucha, que aún permanece en la impunidad como reflejo de la complicidad del Estado.

Que Centroamérica es una región que comparte riesgos y problemas comunes, el corredor mesoamericano alberga a países que tienen la categoría de países mega diversos, que comparten una gran riqueza de biodiversidad y están conformados por diversos pueblos que aportan conocimientos y practicas ancestrales, que han enriquecido culturalmente a la humanidad.

Los riesgos e impactos en cada uno de los países tienen sus efectos en toda la región, especialmente los casos de minería transfronteriza.

La emisión de la ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, es un ejemplo a seguir por los países de la región centroamericana, el ejemplo de lucha del pueblo salvadoreño es un avance importante en la defensa del territorio

Ante esta situación demandamos:

La urgencia de construir modelos alternativos de desarrollo, ejerciendo el derecho a elegir libremente modelos sustentables que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países, regulando las Inversiones Extranjeras Directas (IED) a efecto de reducir los impactos socio ecológicos que pongan en riesgo el futuro y la vida de esta y próximas generaciones.

Que los Estados y gobiernos centroamericanos terminen con todas las formas de criminalización de la acción ciudadana, incluidas las protestas y que respeten el derecho a defender derechos por la preservación de los territorios, el agua, el bosque y la vida.

Que la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, China, Rusia y los países sedes de las empresas mineras y compañías importadoras de materias primas actúen impulsando los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, sancionando en sus países de origen las violaciones cometidas en los países donde intervienen.

Mientras exista minería activa, que los gobiernos y legisladores de cada Estado centroamericano, establezcan marcos legales más eficientes que exijan la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del sector minero, así como el pago justo de los impuestos y fianzas por parte de las empresas, respetando los procesos de consultas públicas transparentes e incluyentes.

Llamamos a los ciudadanos, organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales de los países llamados “desarrollados” a continuar apoyando y articulando esfuerzos conjuntos en la lucha contra la destrucción ambiental provocada por la minería metálica en nuestros países.

Declaramos que nos hemos unido en una Alianza Regional Frente a la Minería Metálica para fortalecer nuestros lazos solidarios en la lucha por una Centroamérica Libre de Minería Metálica.

Finalmente denunciamos y rechazamos la campaña de acoso, difamación, criminalización y judicialización espuria contra el líder Q’eqchi Bernardo Caal Xol, orquestada por la Cámara de la Industria de Guatemala –CIG, y apoyada por prácticamente todas las cámaras y entidades empresariales del país, por defender los derechos colectivos del pueblo Q’eqchi que se opone a los proyectos hidroeléctricos OXEC, sobre el río Cahabon en Alta Verapaz, Guatemala. Igualmente denunciamos las amenazas e intimidaciones sufridas por Medalime David lideresa garífuna en Honduras, por la defensa del territorio.

¡¡¡ Si a la Vida, No a la minería!!!

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los 28 días del mes de abril del año 2017.

Fuente:http://us7.campaign-archive2.com/?e=&u=c5654770cc835b50b63d92ba1&id=67ab341a8b

Perú

Proyecto de Aramayo le abre la puerta a la trata y a la explotación infantil

Autor: La República

Si se excluye a la minería ilegal de la Ley contra el Crimen Organizado, tal como pretende el fujimorismo mediante el proyecto de ley N° 1095, se cedería posición ante el incumplimiento de normas ambientales, explotación infantil, trata de personas, evasión tributaria, entre otras situaciones que lindan con lo penal.

Así lo advirtió el experto en temas mineros, Rómulo Mucho, quien añadió que también se restaría importancia a los avances significativos alcanzados en la materia, sobre todo en las minas auríferas de la selva, donde se han conformado cooperativas y asociaciones para emprender el camino a la formalización.

“Es un tema muy delicado, todos somos peruanos, y al igual que en el resto de actividades económicas, en la minería la informalidad campea, pero lo ilegal es ilegal y no se puede admitir porque invade áreas reservadas”, comentó.

En la justificación del proyecto de ley 1095-2016, presentado por la congresista Alejandra Aramayo, se menciona que el Ejecutivo no ayudaba en el proceso de formalización minera, sin embargo, el director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Pedro Solano, consideró que “están mal informados”.

“Los mineros formalizables difícilmente van a caer en el caso de minería ilegal y los mineros ilegales de ninguna manera van a poder ser formalizados”, indicó.

Solano también explicó por qué la minería ilegal tiene las características de crimen organizado.

“Hay mafias, hay una cantidad de dinero impresionante, mayor que el del narcotráfico, hay trata de personas, hay formas de esclavitud. Tiene todos los atributos del crimen organizado”, sostuvo.

Añadió que los motivos por los cuales no ha avanzado la formalización no tienen nada que ver con la criminalidad de los mineros ilegales.

Son delitos

El ex viceministro de Gestión Ambiental José de Echave explicó que el 28 de febrero de 2012 se publicó el Decreto Legislativo N° 1102 que incorporó al Código Penal los delitos de minería ilegal.

El artículo 307°-A del mencionado Decreto especifica que el delito de minería ilegal será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años al que realice actividad de exploración, extracción o explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause daño al ambiente, la calidad ambiental o la salud ambiental.

Posteriormente, el 19 de abril de 2012 fue publicado el Decreto Legislativo N° 1105, que en su artículo 2 diferencia a la minería informal de la ilegal, definiéndola como la actividad que se realiza en zonas no prohibidas.

Se considera mineros informales a los que, pese a no contar con todas las autorizaciones correspondientes, sí han iniciado el proceso de formalización.

“Por lo tanto, cuando se habla de proceso de formalización no se puede estar hablando de minería ilegal. ¿Por qué la congresista Aramayo y sus colegas de la bancada fujimorista pretenden seguir confundiendo?”, dijo el economista de Cooperación.

Recordó que en plena campaña electoral del 2016, Keiko Fujimori firmó un acta con la Central de Cooperativas de Mineros de La Rinconada, en Puno, comprometiéndose a traerse abajo el proceso de formalización minera.

Fue la Federación Minera de Madre de Dios el único gremio que mostró su posición favorable al Proyecto de Ley.

En comunicado, reclamaron que la actual ley de formalización no ha permitido integrarlos a la legalidad, ya que en los cinco años de vigencia solo logró formalizar a 115 de los 72 mil mineros que se inscribieron con ese fin.

Cabe indicar que La República se intentó comunicar con la congresista Alejandra Aramayo sin éxito. Sus asesores indicaron que quizá el lunes podríamos recoger su versión del tema.

Una actividad altamente rentable

En 2016, las organizaciones criminales en Perú ganaron US$ 2.6 millones por la producción y venta de oro obtenido de forma ilegal; mientras que las redes dedicadas al narcotráfico tuvieron rentabilidad de hasta US$ 1.000 millones, según cifras de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú.
La subdirectora de la INL, Heidi Gómez, dijo que el avance de la minería ilegal y su alta rentabilidad, lamentablemente, ayudan a financiar a las redes criminales, generando un círculo vicioso.

 

 

 

Cabe destacar que en febrero de este año, los gobiernos de Perú y Estados Unidos firmaron un acuerdo de entendimiento para combatir la minería ilegal.
 Entre las actividades para enfrentar el problema se prevé cómo promover el oro sostenible, puesto que el 28% de la producción total de oro en el país tiene procedencia ilegal.
Devastación. La denominada «pampa», en Madre de dios, donde miles de hectáreas fueron arrasadas por la codicia de la minería ilegal.

La clave

Si bien no hay cifras oficiales del número de hectáreas invadidas por la minería ilegal, se estima que hay unas 25 millones de hectáreas en manos de mineros informales e ilegales. Están presentes sobre todo en Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Amazonas, regiones que albergarían 60% del total.

Fuente:http://larepublica.pe/impresa/economia/873097-proyecto-de-aramayo-le-abre-la-puerta-la-trata-y-la-explotacion-infantil