Perú

Juana contra el mundo. La comunidad nativa de Tres Islas y la minería ilegal

“Me llamo Juana Griselda Payaba Cachique, tengo 51 años y soy shipiba nacida y crecida en la Comunidad Nativa Tres Islas de la cual he sido presidenta en dos periodos. Mi comunidad está conformada por pobladores pertenecientes a dos pueblos indígenas de la Amazonía peruana: shipibos y ese ejas y está asentada en la sub-cuenca del río Madre de Dios, en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

Mi comunidad ha sido reconocida por las autoridades de mi país, el Perú, y está inscrita en el Registro Nacional Desconcentrado de Comunidades Nativas a cargo de la Dirección Sub-Regional Agricultura – Madre de Dios, Nuestro título de propiedad tiene como número el 538 del 24 de junio de 1994. Conseguir ese reconocimiento fue una lucha  de muchos años.  Cuatro de mis hermanos han sido presidentes de la comunidad. Mi esposo, Adolfo Cagna Andaluz, ashaninka, también ha ejercido ese cargo, él fue uno de los dirigentes que luchó para que nos reconozcan nuestros derechos como comunidad nativa. Mis hijas mayores son en la actualidad dirigentes, espero que algún día ellas lleguen a ser presidentas  de su comunidad como lo he sido yo”.

“En Tres Islas somos en la actualidad 103 familias, algunas ese ejas, otras shipibas, otras ashaninkas, también en nuestra comunidad viven mestizos.

El territorio de Tres Islas está ubicado en una zona de bosques tropicales húmedos. Somos propietarios de 32 mil hectáreas de tierras que hemos heredado de nuestros ancestros. ¿Parece mucho, no? Bueno, para los pueblos indígenas el territorio es de todos, lo compartimos entre todos; de los bosques y ríos de nuestro territorio obtenemos las cosas que necesitamos para vivir. Nuestro pescado, nuestros animales, todo”.

Recuperar el territorio para gestionar el futuro

“Desde hace muchos años mi comunidad ha venido sufriendo la tala ilegal de madera por parte de personas extrañas que deforestan el bosque sin nuestro consentimiento Ello lo podemos probar por las numerosas incautaciones  de madera que ha hecho el Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y Fauna Silvestre de Madre de Dios. Igualmente desde hace unos años mi comunidad es víctima del deterioro del medio ambiente, la muerte de aguajales, plantas, peces, aves y animales del  monte debido a la actividad minera que vienen desarrollando personas no autorizadas por la comunidad, que se han metido dentro de nuestro territorio cada vez en mayor número. Ellos dicen que son mineros artesanales pero para nosotros son simples mineros ilegales,  que actúan sin control medioambiental y sin fiscalización por parte de las autoridades”.

Es importante mencionar que en Perú se considera minería artesanal a aquella que se realiza a pequeña escala utilizando métodos manuales y/o equipos básicos (lampas, combas, barretas). Debido a la fragilidad de los ecosistemas donde se realiza la actividad dicha minería no está autorizada en cursos de  agua: ríos, lagunas, humedales, aguajajes, etc. Tampoco se permite en su práctica el empleo de maquinaria compleja (dragas, retroexcavadoras, volquetes, compresoras, etc.)

A pesar de que muchos mineros cuentan con autorizaciones emitidas por el ministerio de Energía y Minas o las dependencias de los gobiernos regionales y pagan un impuesto al Estado, la actividad que realizan deviene en ilegal toda vez que se efectúa sobre cuerpos de agua, zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas o, lo que es muy grave, utilizando maquinaria que excede los límites autorizados. La legislación peruana define a la minería ilegal como aquella que no cumple con las exigencias administrativas, técnicas, sociales y ambientales que exige la  ley.

“La mayoría de esos mineros cuentan con autorizaciones dadas por el Ministerio de Energía y Minas lo cual es inconstitucional por no contar con la consulta previa de mi comunidad para la realización de dichas actividades.  No se nos ha  preguntado si estamos de acuerdo o no, no se nos ha explicado si dichas actividades van a mejorar nuestras condiciones de vida, salud, trabajo”.

“Los mineros y los madereros invadieron el territorio de mi comunidad, deforestaron los bosques, contaminaron el río y depredaron el hábitat de mi pueblo. Destruyeron el medio de subsistencia de mi comunidad y alteraron nuestra forma de vida. Esos extraños, serranos en su mayoría, no contentos con destruir lo que era nuestro, desarrollaron otras actividades que perturbaron y perturban todavía la vida y tranquilidad de la comunidad y el libre desarrollo de sus miembros, en particular las niñas y niños, con fiestas y reuniones donde se venden  bebidas alcohólicas, provocando riñas y escándalos, además de introducir la prostitución y violencia.

A los mineros solo les importan las ganancias que pueden obtener en el presente, mientras que a nuestro pueblo le preocupa el futuro de nuestros hijos. Por eso es que nos organizamos y decidimos darle un plazo para que se vayan. Las leyes de nuestro país nos amparan, somos un pueblo indígena que se rige por derechos consuetudinarios, es decir por leyes que nuestros ancestros nos dejaron y que nosotros respetamos y respetaremos siempre.

Les dimos unos días para que se fueran y como no nos hicieron caso pusimos una reja y construimos una caseta para controlar el paso de las camionetas que ellos usan para trasladar sus cosas y llevarse el oro de nuestras tierras. Nos denunciaron y estuvieron a punto de meternos presos a mí y a tres dirigentes más. Hemos luchado duro en el poder judicial y cuando todo estaba perdido y ya nos estábamos rindiendo pudimos ganar en el Tribunal Constitucional de Lima”.

“Desde entonces nos hemos seguido organizando para trabajar en nuestros bosques, con nuestros recursos. Aquí tenemos de todo, lo que pasa es que no sabíamos trabajar y vendíamos nuestra madera, nuestros recursos a cualquier precio.

Ahora no,  ahora estamos trabajando en comités, tenemos uno de madera, otro de castañas, otro de aceites de palmeras. Ahora colocamos nuestros productos con valor agregado, a mejores precios, ya no nos engañan los comerciantes de Puerto Maldonado. Hemos avanzado pero nos queda mucho por hacer”.

Características demográficas y culturales

“Mis abuelos vinieron de Ucayali, vinieron en la época de los caucheros. En esos tiempos los caucheros trajeron mucha gente. Mis ancestros, entonces, vinieron en canoa, tanganeando, como podían. Los que llegaban a esta zona se quedaban un tiempo y después se iban. Otros se quedaron para siempre.

Mi abuelo fue uno de los que se quedó, aquí tuvo a sus hijos y sus hijos a nosotros. Así fuimos construyendo nuestras familias.  Aquí vivían los ese ejas. Los indígenas ese ejas son de la frontera con Bolivia,  por Palma Real, por Sonene. Allí todavía hay ese ejas.

Mis abuelos hablaban su idioma, su dialecto, lamentablemente nos decían para qué van a aprender ustedes nuestra lengua, tienen  que aprender español nomás. Si hablan como nosotros van a ser humillados, nos decían. Ellos hablaban entre ellos, no querían que nosotros aprendiéramos su lengua.

Yo ya no aprendí, claro que entiendo un poco. Mis papás solo hablaban entre ellos en shipibo. Mi padre en todos los conversatorios que tenían,  con los mayores, nos botaban a nosotros. Fuera, fuera, nos decía. Vayan a jugar, nos decían. Tendrían vergüenza, pienso.

En Tres Islas todavía hay hermanos que hablan shipibo y ese eja, son mayores generalmente. Yo entiendo, Jakon yamekiri, buenos días; Jakon yantan , buenas tardes, así yo les saludo, entiendo algo… Todo lo que sé de ellos lo he ido conociendo  en las danzas, en los cuentos que nos contaban, allí nos decían cómo vivían ellos antes, de donde vinieron, así nos iban contando.

Mi padre siempre pescaba, siempre trabajaba la madera. Y también la minería… pero solo cuando necesitaba dinero, aquí siempre ha habido oro.  Oro había en cantidad en las playas, pero en el 2002, 2003, allí empiezan a llegar los mineros con sus tracas, con sus máquinas, con sus tracas hidráulicas.  Vinieron y se instalaron con sus motores en las orillas del río y luego se metieron al bosque y allí empezaron los problemas con la comunidad.

Aquí antes nadie robaba, tú dejabas tus cosas allí nomás y no pasaba nada. Eso ha cambiado demasiado con la minería. Cuando era chica pescábamos dorados, palometas, boquichicos, paco, toda clase de pescado. Tú te ibas con tu red, lanzabas y sacabas medio saco de pescado. Ese medio saco lo traías a tu casa, lo charquiabas, le ponías al sol; tú tenías entonces pescado para rato. Tenías pescado ahumado, pescado salado, pescado para patarashca, para juane… y con las cabezas hacíamos caldo. Ese caldo veníamos a comer con tu yuca, con tu inguiri, con tu arroz. Era una maravilla. Eso ya no hay en este tiempo. Claro, ahora tendrías que salir dos, tres días a pescar.

Nosotros éramos trece hermanos, pero ahora nos hemos quedado once. Éramos cinco mujeres y los varones eran siete. Yo soy la número tres. Mis hermanas Vilma y Ercilia son las últimas. En el colegio yo jugaba fútbol, vóley,  de todo. Bailaba, danzaba, decía poesías, no tenía miedo. Bailaba marinera, todo hacía, me gustaba actuar, nunca decía no. Todas mis hijas son así. Almendrita ha sido alcaldesa en su colegio, ha sido Miss Señorita, ahora en este momento ha vuelto a postular para ser alcaldesa. Todas mis hijas son así, son habilosas.

Para nosotros como indígenas esa era nuestra vida. Pescar, cazar, eso es lo que sabemos. Mi papa cuando salía a cazar mataba huanganas, sachavacas, teníamos comida para dos o tres meses. En salado,  en ahumado…”

Luchar por lo que es nuestro

“En mi niñez yo no conocía Puerto Maldonado, no era necesario. Mi papá no nos llevaba a la ciudad, ¿para qué? De diecisiete, de dieciocho años, recién aprendí a ir a la ciudad, allí ya tenía uso de razón.

Los shipibos somos  dialogantes, nos gusta compartir, esa es nuestra característica. Muchas veces tenemos una señal en la frente, nuestras orejas, nuestro perfil es así como el mío.

Yo acabé el colegio con las madrecitas. Hombres y mujeres estudiábamos juntos. Era una mezcladera, nuestra maestra era bien recta.  Yo era la arquera del equipo de fútbol. Hasta ahora me gusta jugar, mis hijas han salido a mí en eso. Mi hija mayor es futbolista. Yo sigo tapando, me gusta. Yo era un poco inquieta. Tenía una compañerita que me rompía mi cuaderno, mucho me molestaba. Un día me cansé y le di su tanda. La profesora me castigó. ¿Profesora por qué me castiga si ella es la que me molesta?, le dije. En todo caso que nos castiguen a las dos.

Como estoy contando en el año 1994 conseguimos título de propiedad de Comunidad Nativa, mi esposo es  el que recibe la titulación. El y el señor Felipe Collantes son los que inician el trámite, eso duró diez años, de repente más tiempo, como quince años, por lo menos desde 1980 hasta 1994. La comunidad tuvo que hacer un estudio socio-económico para que reconocieran nuestros derechos como indígenas.

Los abogados de Puerto Maldonado venían a atendernos y siempre pedían plata primero. Yo decía, cómo no tengo plata y me pongo a estudiar para que vean como se arreglan las cosas de otra manera.

Esos  mineros, todo lo han destruido

En 1994, cuando recibimos nuestro título, ya había mineros acá. Desde allí hemos venido peleando, peleando, en ese tiempo mis hermanos eran dirigentes. A veces  los dirigentes son comprados, no lo digo por mis hermanos, ellos han sido rectos. Lo digo en general, los mineros que tienen mucha plata compran a los dirigentes, muchos dirigentes han caído en eso y eso no debería pasar.

Por qué lo digo, porque a mí también quisieron hacérmelo [cuando era dirigente]. Vino un señor, un minero, vino con su plata, así como estamos conversando, vino un señor una tarde. Conversamos y le dije:

– Ustedes [los mineros] deben irse, mire la depredación que están haciendo. Mire lo que han hecho y lo que pagan al Estado es una miseria, cuánto paga, usted paga tres dólares por cada hectárea que utiliza. Mientras hablábamos saca de su bolsillo un fajo de plata, un rollito con billetes de cien soles. Me encolericé:

– Qué cosa me está diciendo -le dije-  usted me viene a insultar (…)Usted no es nadie para darme plata y por lo tanto usted se me va ahorita, usted me está faltando el respeto. Esta es mi casa y aquí nadie me va a venir a faltar el respeto.

– No señora, me va a disculpar, me dijo.

– No señor, usted se me va, le dije y le cerré la puerta y el señor se fue todo avergonzado. Ese señor hasta ahora me tiene vergüenza.

Esos mineros vienen del Cusco, son serranos, son gente que tiene harto dinero, compran los motores, hacen lo que quieren, como uno no está diario porque tienes que ver tu chacra, ellos se van metiendo y se van quedando.

Nosotros siempre hemos estado atrás de las autoridades: “Señores miren lo que están haciendo” “señores miren lo que está pasando”, “señores boten a los mineros ilegales”…

Por eso en el año 2008 decidimos en Asamblea poner punto final a tantos atropellos. Nos organizamos y nos hemos ido a botar a un señor que se apellidaba Tiznao. Ese señor era de Trujillo. Ya tenía sus denuncias. A ese señor lo hemos botado, hemos quemado sus máquinas, su campamento, su comida, claro previo aviso, previa notificación, todo por escrito.

En la playa nos pusimos, con radio de comunicación nos pusimos  y lo botamos. En la playa hemos dormido: señor, tiene usted 48 horas para que se vaya, le dijimos. Y el señor se retiró con todas sus cosas, no sé de donde trajo esos carros que cargan cosas y se fue. Después de Tiznao fuimos botando a todos, poquito a poquito.

La expulsión. En defensa del territorio

Yo he sido elegida presidenta de mi comunidad dos veces, la primera vez en el año 2003, la segunda en el 2009. A mí mis padres me dijeron que si no defendí mi territorio no era nadie. Por eso nos decían a mí y a mis hermanos: estudien para que ustedes algún día hagan respetar esta tierra. Y así he hecho.

La gente te elige si ve que eres fuerte, si tienes ganas de apoyar a la comunidad; la gente se da cuenta de eso y te apoya o no. La comunidad por eso me nombró a mí otra vez. Estaba muy bien preparada para asumir de nuevo la presidencia de mi comunidad. Había asistido a un montón de talleres. Yo soy una líder de mi comunidad, sabía cómo afrontar esa obligación, sabía cómo representar a mi pueblo. Estaba preparada para enfrentarme a cualquier tema. Había sido dirigente en el Vaso de Leche, también pertenecía a FENAMAD (Federación Nativas del Río Madre de Dios y Afluentes). Siempre iba a los reuniones de mujeres, estaba muy preparada…

Bueno, en ese año, el 2010, los taladores y los mineros   se habían metido por todas partes, eso ya era un problema grande,  no ves que el precio del oro había subido un montón. Ya tenían campamento, tenían tiendas, habían prostibares, vendían combustible. Eran como trescientos, no sé cuántos habrían, allí había bastante gente, bastantes motores, como 30, 40 motores.

Volvimos a tomar decisiones en asamblea porque así dice la norma, así dice la Constitución bien claro: las comunidades nativas son autónomas dentro de su territorio y por lo tanto hemos hecho una reunión, hemos decidido y hemos redactado unos papeles, unos escritos notificándoles: señores, esto es nuestro territorio por lo tanto tienen 48 horas para que se retiren. Y si no se retiran aténganse a las consecuencias que puedan pasar”.

“Decidimos que en la carretera por donde entraban los mineros íbamos a construir una caseta de control, ¿para qué?, para controlar a esa gente y que se larguen de una buena vez. Esa carretera sale de la Interoceánica y va a Teniente Acevedo, un asentamiento vecino. Nosotros colindamos con Teniente Acevedo y con San Jacinto. Los de San Jacinto andan por esta trocha y también entran los que van a Teniente Acevedo y de allí aprovechan los que van a la minería. Esa trocha la hemos utilizado para sacar madera, esa trocha carrozable se quedó libre y por allí entraron los mineros. Qué más han querido. Mientras nosotros estamos peleando por otro lugar, ellos ya se habían entrado, calladitos nomás.

Como no nos hicieron caso después de la notificación fuimos y los botamos: hemos quemado sus tubos, le hemos quemado cosas, calladitos se han ido. Planeamos bien las cosas, nos organizamos bien. Primero se meten los hombres, dijimos, nosotros las mujeres nos vamos a quedar acá. Vamos a estar mirando, espiando todo lo que pasa.

La gente fue con machetes, con arcos, con flechas, con eso fueron. Los engañaron, les dijeron que si ustedes no se van le vamos a dar con estas flechas que tienen veneno. Ellos tenían escopetas. Si ustedes nos balean, con estas flechas envenenadas les vamos a dar duro, les dijimos.

No hubo enfrentamiento.

– Por qué nos hacen estos si nosotros estamos pagando al Estado, nos dijeron.

– Ya estamos cansados de que le peguen una miseria al estado, les repondimos, no queremos que destruyan nuestros bosques. Todo les tumbamos, lo bueno y lo malo.  Y se fueron todos.

Después de eso nos denunciaron, ellos presentan en el poder judicial de Puerto Maldonado un Habeas Corpus diciendo que estábamos impidiendo el libre tránsito y nos ganaron en quince días. El juez ordenó que nos tumbaran la caseta y así fue, nos tumbaron todo. Nosotros sabíamos  que los mineros juntaban una bolsa y que de allí sacaban la plata para pagar a todo el mundo, hasta a los fiscales les han pagado.  El poder judicial solo hace justicia para los poderosos.

Yo tenía fe en el Señor que tarde o temprano los íbamos a sacar de aquí, que apelando apelando podíamos ganarle el juicio a los mineros. Pasaban los días, pasaba el mes, pasaba el otro mes, ya la comunidad estaba desorganizada,  acá ya no querían saber nada, que estamos perdiendo el tiempo…

A mí me querían llevar presa, cinco años me querían llevar. Tuvimos que hacer una contra denuncia. Éramos yo, Marleni Racua, Esperanza González y Sergio Perea, tres mujeres y un hombre. Imagínense, me daba cólera, no sé qué me daba, hermano. No perdí la batalla, seguí allí, yo me iba al poder judicial, señor fiscal, dónde está mi caso, cómo está mi caso,  qué cosa falta para que se solucione mi problema, le decía. Nosotros le decíamos, reclamábamos, somos autónomos, por lo tanto cómo es posible que no nos ampare la ley, ellos se quedaban sorprendidos. Para entonces ya nos apoyaba la doctora Raquel Yrigoyen. Con ella hemos ganado.

Fuente:http://www.inforegion.pe/240287/juana-contra-el-mundo-la-comunidad-nativa-de-tres-islas-y-la-mineria-ilegal/

Colombia

“Sentencia de la Corte Constitucional sobre el Chocó es aplicable a otros territorios”: Tierra Digna

El fallo de la Corte Constitucional sobre el Río Atrato, en Chocó, es revolucionario, no solo porque establece como sujeto de derechos a un afluente, sino porque además es una sentencia que no solo protege a los accionarios, sino a todas las comunidades del país que se encuentren en situaciones similares, abriendo paso a que se posibiliten oportunidad para construir un marco de regulación de derechos bioculturales y de la naturaleza.

Así lo explica la abogada de la ONG Tierra Digna, Xiména González, quien explica que la Corte incluyó en su respuesta a la demanda interpuesta por las comunidades, un efecto denominado ‘Inter comunis’, lo que da paso a que la sentencia pueda ser aplicable a otros territorios. “Es un nuevo abordaje que permitirá impulsar reformas institucionales, lograr garantías más específicas y reales frente a los derechos de las comunidades y del ambiente”, dice.

González, indica que la sentencia de la Corte Constitucional se da luego de todo un trabajo previo que venían realizando las comunidades de la región. “Acudimos a la vía judicial luego de que las comunidades étnicas realizaron varias acciones como movilizaciones, mesas de concertación con el gobierno, audiencias públicas y procesos formativos a nivel comunitario. La acción jurídica, solo es un complemento a esas acciones que hacen parte de un conjunto de estrategias que se habían pensado en el Chocó”. Una de ellas es una agenda regional de paz, que enfoca la solución del tema del fin del conflicto armado, desde un abordaje de la paz territorial y ambiental. (Le puede interesar: Corte Constitucional declara al Río Atrato como sujeto de derechos)

La situación del Chocó

En el caso de esta región, desde Tierra Digna se señala que si bien, la minería es parte de la tradición ancestral de las poblaciones, esta actividad se ha trasformado debido a la intromisión de actores externos de Brasil, Córdoba y Antioquia, asociados en la mayoría de los casos a grupos armados y economías ilegales, que han logrado ocupar buena parte de las selvas de ese departamento.

Esa transformación en el proceso de la minería ha conllevado a que los niveles de destrucción de la selva chocoana sean excesivos. Según un reporte satelital de las Naciones Unidas, sobre el número de hectáreas degradadas por minería informal, Colombia es el país con más hectáreas degradas por ese tipo de actividad, y además es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de mercurio en sus ríos.

De manera, que según Tierra Digna, los conflictos en esta región del país, y con ello la crisis ambiental y humanitaria, tienen que ver con la pérdida de autonomía y autodeterminación de las comunidades, impactos en salud, el derecho al agua, y por supuesto, la implementación de proyectos mineros informales, pero también a gran escala.

Frente a ese panorama las soluciones que se plantean gracias al mandato del alto tribunal al fin parecen abordar una estrategia estructural que realmente afronte las necesidades del departamento en material social y ambiental. “Lo que viene es mucho trabajo, no puede quedar en el papel la sentencia de la Corte, debe haber un trabajo de movilización, acción comunitaria, organización, e incidencia política para que se cumpla lo estipulado por la Corte”, asegura Xiména González.

Mexico

Cita la Fiscalía a opositores a minera canadiense en Ixtacamaxtitlán

 Puebla.- Al tiempo de continuar con una guardia en terrenos de la comunidad de Loma Larga en Ixtacamaxtitlán para impedir el acceso a empleados de la empresa Almaden Minerals, opositores a la minería denunciaron que fueron citados por el agente subalterno del Ministerio Público de este municipio con lo que se pretende “criminalizar su lucha”.

Al menos seis personas fueron citadas por Evelyn Moreno Suárez, funcionaria de la Fiscalía General del Estado para comparecer ante ella a las 11:30 horas de este miércoles y “evitar un proceso jurisdiccional”, aunque en el documento, cuya copia obra en poder de este medio de comunicación, no se especifican los cargos.

Los citados son los propietarios de los terrenos a los que el geólogo Daniel Santamaría y Alfredo Martínez “Fredy” se introdujeron a la fuerza la tarde del lunes pasado, “destruyendo una cerca” y amenazando a los lugareños con “echarles a los federales. Y que si no se arregla por las buenas, ellos tienen otras maneras de arreglarlo”.

Los hechos provocaron la movilización de los pobladores de Ixtcamaxtitlán, quienes desde la mañana del martes 2 de Mayo, iniciaron una guardia en sus propiedades para evitar el paso de los empleados de la minera canadiense.

Sin embargo, en horas de la tarde, recibieron el citatorio de la autoridad para comparecer ante ella, aunque no se explica el motivo de la diligencia, aunque si se les advierte que es para “evitar un proceso jurisdiccional”

Los vecinos de Ixtacamaxtitlán se mantienen en vigilancia en sus propiedades y han colocado cartulinas con las leyendas: “Ya basta a la minería” y denunciando que la “Semarnat viola nuestros derechos. Da permiso a la exploración a pesar de las irregularidades de la empresa Almaden”.

A mediados de abril, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a Minera Gavilán, filial de la canadiense Almaden Minerals, un informe preventivo para realizar trabajos de exploración en el municipio de Ixtacamaxtitlán en un área total de 17.5 hectáreas para su proyecto Ixtaca IV.

A través de sus empresas filiales Gorrión, Gavilán y Zapata, la empresa canadiense tiene concesionadas 56 mil hectáreas de terreno en Ixtacamaxtitlán en los predios Caldera 3-A, Caldera 3B, ambas del 21 de noviembre de 2012 con vencimiento en el mismo día y mes, pero del año 2062.

Al mismo tiempo, pidió autorización para hacer barrenaciones en terrenos del municipio de Libres para el proyecto denominado “El Chato” con número de expediente 21PU2017MD025.

En esta misma demarcación, la Almaden desarrolla los proyectos La Fruta y de la Fruta Bis desde el año 2015.

En los trabajos que la minera desarrolla en la zona se han detectado violaciones a los derechos a la salud, al agua y a un medio ambiente sano, así como a la consulta previa, libre e informada sobre el destino de la región y de sus recursos, al que el Estado mexicano está obligado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como se documentó en el informe “Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos. Por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del río Apulco”.

Fuente:http://regeneracion.mx/cita-la-fiscalia-a-opositores-a-minera-canadiense-en-ixtacamaxtitlan/

Perú

PODER JUDICIAL CONFIRMA INOCENCIA DE MÁXIMA ACUÑA EN ÚLTIMO RECURSO LEGAL DE YANACOCHA

03/05/2017.- La Corte Suprema dictó finalmente sentencia frente al recurso de casación interpuesto por la empresa minera Yanacocha en el caso que involucra a la campesina cajamarquina Máxima Acuña y su familia. El Poder Judicial determinó que el recurso solicitado por la empresa es infundado, confirmando así la sentencia de 2014 que declaraba inocente a la familia ante la denuncia por supuesta usurpación presentada contra ellos por la minera. La sentencia pone fin a este proceso que llevó a Máxima a los tribunales por más de cinco años.

«Que esto sirva de ejemplo». Estas fueron las primeras palabras de Máxima Acuña al conocer la sentencia de la Sala. «Agradezco a todos por su presencia», agregó en reconocimiento a la solidaridad expresada por diversas personalidades y organizaciones sociales que se hicieron presentes durante la lectura de la sentencia. «Ahora nosotros debemos seguir adelante y defender la vida y nuestros derechos», aseguró.

Respeto a la postura de diálogo que la empresa ha expresado que desea entablar, Máxima dijo: «no sé qué diálogo quiere la empresa si todo este tiempo no me ha dejado vivir en paz».

Por su parte Mirtha Vásquez, miembro de GRUFIDES y abogada de la familia, afirmó que «esto demuestra que la mina utiliza al Estado para agotar económicamente y emocionalmente» a Máxima Acuña, en referencia a los importantes gastos y desgaste familiar que implica un proceso de tantos años de duración y los constantes viajes y gestiones tanto en la ciudad de Cajamarca, como en Lima. «Ojalá que la empresa sepa leer esta sentencia favorable a Máxima», agregó.

Como se recuerda, la lectura de sentencia estaba programada originalmente para el pasado 12 de abril, pero fue postergada por la licencia solicitada por algunos miembros de la Sala. Máxima Acuña y su familia son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 5 de mayo de 2014. Sin embargo, denuncian que son víctimas de hostigamiento permanente y de numerosos incidentes con personal de la empresa. Por su valiente defensa del territorio ante el megaproyecto minero Conga, Máxima fue galardonada con el prestigioso premio ambiental Goldman en 2016.

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/node/325

Perú

Inspecciones confirman alarmante contaminación en La Rinconada

El titular de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno, Miguel Rodríguez Huanca, calificó de muy preocupante la contaminación ambiental en los centros poblados La Rinconada y Cerro Lunar de Oro, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, producto de la actividad minera informal.

En el programa Habla El Sur de RPP Noticias, indicó que estas constataciones las realizaron durante operativos inopinados en 18 y 19 de abril, en los que evaluaron el sistema de seguridad, salud ocupacional, las zonas macizo rocosas y la estabilidad dentro de la labores mineras.

Asimismo se ha inspeccionado los componentes ambientales de las labores de beneficio, específicamente los molinos y trapiches, así como verificar el compromiso y cumplimiento de obligaciones ambientales dos grupos que están camino a la formalización.

Precisa que en La Rinconada y Lunar de Oro hay un vertimiento directo de relaves mineros, en algunos casos por desconocimiento y en otros a sabiendas de las sanciones del Decreto Legislativo N° 1351, que modifica el código penal sobre los delitos de contaminación ambiental.

“Se les se les ha notificado y previo a ello, el año pasado la corporación minera Ananea, que es el titular de la concesión ha notificado con cartas notariales para que desocupen estos lugares”, dijo, y advirtiendo que la Fiscalía en Materia Ambiental ya está tomando las cartas en el asunto.

Fuente:http://rpp.pe/peru/puno/inspecciones-confirman-alarmante-contaminacion-en-la-rinconada-noticia-1047960

Bolivia

Histórica sentencia

Días atrás, un tribunal de Potosí sentenció a siete años de cárcel al propietario de la empresa minera Santiago Apóstol Silver & Tin, luego de que el Ministerio Público demostrase que esa compañía atentó contra la salud pública, con el derrame de un dique de colas que alcanzó a los riachuelos que se encuentran en inmediaciones de la comunidad potosina de Canutillos.

Estos riachuelos, según explica un documento difundido por el Ministerio Público, no solo sirven de abrevaderos para animales y personas que habitan en ese entorno, sino que además desembocan en el río Pilcomayo, de allí que su impacto puede ser incluso más amplio y más nocivo; máxime tomando en cuenta que durante décadas las cooperativas mineras y las grandes empresas del rubro han vertido sus desechos a ese torrente sin el debido tratamiento.

Durante el proceso, que se inició en 2014, el responsable de esta compañía trató de desvirtuar las denuncias de contaminación. Pero la Fiscalía de Potosí logró demostrar que se había registrado el derrame de toneladas de desechos de plomo, sodio, magnesio, hierro y magnesio, entre otras sustancias tóxicas para el organismo, a lo largo de 20 kilómetros. Lo que fue fundamental para alcanzar esta sentencia histórica, ya que tradicionalmente este tipo de denuncias quedan en la impunidad, debido a las múltiples deficiencias de las que adolece el sistema de justicia boliviano.

Por otra parte, a raíz de este desastre medioambiental comenzaron a salir a la luz pública datos preocupantes sobre la ausencia estatal a la hora de controlar la extracción, separación y comercialización de minerales en el país. Por ejemplo, que el 80% de las 187 empresas e ingenios mineros registrados en Potosí no cuentan con una licencia ambiental, según la Gobernación de Chuquisaca. De hecho, una de las compañías mineras sin licencia ambiental era precisamente Santiago Apóstol, cuyo dique de colas colapsó porque estaba construido de manera precaria.

Respecto a los impactos que ocasionan este tipo de derrames, no sobra recordar que la exposición constante de la piel y el consumo de agua y de alimentos contaminados con las sustancias tóxicas antes mencionadas dan lugar a malformaciones congénitas, disfunciones renales, cáncer, males hepáticos e inmunológicos, que provocan cuadros de morbilidad crónica entre la población afectada.

Adicionalmente, los agentes contaminantes de la minería perturban la fertilidad de los suelos, pastizales y cultivos; amén de promover el deterioro de la biodiversidad acuática y de los ecosistemas terrestres. De allí la importancia de adoptar medidas para mitigar los nocivos impactos medioambientales de la minería; pero también de sancionar, con todo el peso de la ley, a quienes se dedican a este rubro sin tomar los recaudos que establece la ley para preservar la naturaleza y la salud de la población.

Fuente:http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Historica-sentencia_0_2702129825.html

Colombia

Corte regaña al Gobierno por no erradicar minería ilegal en Chocó

La Corte Constitucional le hizo un fuerte llamado de atención al Gobierno y a las autoridades que desde hace más de dos décadas no han impedido el crecimiento de la minería ilegal en Chocó.

Para los magistrados, la extracción ilegal de oro y platino en esta zona, que se desarrolla sin ningún cuidado ambiental y con el apoyo de grupos armados, ha generado una “grave vulneración de derechos fundamentales” de las comunidades afrodescendientes e indígenas que viven en la región, una de las más biodiversas del mundo, afectando al río Atrato.

Por eso, en una decisión inédita, el alto tribunal reconoció que el río Atrato, su cuenca y sus afluentes son un sujeto que tiene derechos. Esto implica que el Estado debe iniciar un proceso de protección, conservación, mantenimiento y restauración de este recurso hídrico, y crear un ente –con un representante del Ejecutivo y otro de las comunidades afectadas– que se convierta en guardián del río.

El tribunal le dio al Gobierno un plazo de seis meses para que inicie un “plan de acción conjunto para neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal que se realicen, no solo en el Atrato y sus afluentes, sino también en el Chocó”. En ese tiempo se debe fortalecer no solamente el trabajo de las corporaciones autónomas regionales, sino también el de la Fiscalía, recordando que “es obligación del Estado judicializar” a los responsables. Las autoridades también tendrán que incautar las dragas y prohibir el tránsito de combustible y sustancias como el mercurio.

No es posible determinar qué oro proviene de qué fuente, si es legal o no.

La Corte alerta que la minería ilegal se convirtió en el principal financiador del conflicto armado, lo que en el caso de Chocó ha traído más violencia y desplazamientos forzados. Así, para los magistrados es claro que en el país persiste “la falta de regulación pública del comercio del oro”, por eso afirman que la minería ilegal sigue impune, ya que hoy “no es posible determinar qué oro proviene de qué fuente, si es legal o no, qué actividades está financiando y tampoco es posible perseguir a quienes están detrás de esta empresa ilegal”.

Para llenar este hueco, la Corte les ordenó al Ministerio de Hacienda y a la Uiaf crear “una regulación nacional para el comercio de oro, que permita a las entidades correspondientes investigar, identificar y seguir el camino del comercio de este mineral”.

El fallo también les da un año al Estado y a las corporaciones autónomas regionales para que diseñen y pongan en marcha “un plan para descontaminar las fuentes hídricas del Chocó”. Para esto, tendrá que restablecer el cauce del río Atrato, eliminar los bancos de tierras formados por la minería ilegal y reforestar selvas.

Como la minería ilegal también ha afectado la alimentación, la Corte fijó un plazo de seis meses para que se recuperen “las formas tradicionales de subsistencia”, como la pesca, caza, agricultura, recolección de frutos y hasta la “minería artesanal”.

Ante los niveles de contaminación, en los próximos nueve meses se deben realizar estudios toxicológicos y epidemiológicos de este caudal para determinar qué tanto mercurio está en las aguas. Además, se deberá elaborar un censo sobre la minería en Chocó, y actualizar el Código Minero.

Una actividad que tiene activos 179 conflictos

Investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación encontraron, en un trabajo de campo, 179 conflictos sociales en el país relacionados con la minería, especialmente la del petróleo, oro y carbón.

Los resultados de esa investigación, que destaca la concentración del 87,2 por ciento de los conflictos en la extracción de esos tres recursos naturales no renovables, se plasmaron en el libro La minería en el posconflicto, un asunto de quilates.

La investigación llama la atención en que la mayoría de los conflictos sociales relacionados con la minería no se da en el sector informal ni ilegal de esa actividad, sino en la extracción formal.

Mientras que el 85 por ciento de los conflictos sociales en esta actividad se da en la extracción formal, la extracción informal agrupa solo el 13 por ciento, y la ilegal, el 12.
El libro, que cubre lo que ha pasado con la actividad minera entre los años 2000 y 2016, destaca “los graves problemas en la gobernanza del sector, la corrupción y la inequidad en la distribución de las regalías”, entre las razones detonantes de los conflictos en los territorios.

Otro hallazgo de este trabajo de campo tiene que ver con que Antioquia duplica el número de conflictos sociales de Boyacá, Santander, Cauca y Meta, departamentos que junto con Antioquia agrupan el 43 por ciento de los conflictos sociales.

Y los municipios donde más presente está la conflictividad social son El Paso y La Jagua (Cesar), Puerto Gaitán y Castilla la Nueva (Meta), Barrancabermeja (Santander), Barrancas (La Guajira), Santa Marta (Magdalena) y Ventaquemada (Boyacá).

Casi la mitad de los municipios con alta conflictividad relacionada con la minería forman parte de los municipios vulnerables frente al posconflicto.

“Este libro es el punto medio entre los radicalismos de los ambientalistas y una industria que piensa que hace todo bien”, dice Alejandro Riaño, coordinador de la investigación.

La Fundación Paz y Reconciliación sostiene que hay un escenario propicio para el diálogo minero-energético, gracias al acuerdo de paz con las Farc y la negociación con el Eln.

Prohíben tóxicos en esta práctica

La decisión de la Corte –que se hizo pública este martes– se dio al resolver una tutela del Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’. En la investigación, las comunidades que viven en la ribera del río Atrato afirmaron que la contaminación del agua con mercurio ha generado afectaciones a la salud como abortos espontáneos, enfermedades vaginales, cutáneas y hongos.

“La aplicación del principio de precaución en este caso tendrá como objetivo prohibir que en adelante se usen sustancias tóxicas como el mercurio en actividades de explotación minera, ya sean legales e ilegales”, dice el fallo.

Fuente:http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-ordena-al-gobierno-erradicar-mineria-ilegal-en-choco-83894

Mexico

Empleados de Almaden Minerals entraron sin permisos a tierras de Ixtacamaxtitlán

La tarde del pasado lunes empleados de la empresa minera Almaden Minerals y de su filial Minera Gorrión ingresaron a terrenos de la comunidad de Loma Larga en el municipio de Ixtacamaxtitlán, donde la compañía canadiense busca instalar mina a cielo abierto para la extracción de oro y plata.

De acuerdo con denuncias de los vecinos, fueron el geólogo Daniel Santamaría y otra persona a la que se le ubica como Alfredo los que llegaron de forma prepotente al terreno cerca de las 5 de la tarde, abordo de una camioneta con logos de la minera los trabajadores rompieron una cerca para, sin permiso del dueño, meterse al terreno a tomar pruebas.

No les importó que en el lugar estuviera un letrero con la indicación de ‘propiedad privada’ así como un vehículo atravesado en el camino, que colocó uno de los propietarios para evitar el ingreso de los mineros; sin importar esto, los trabajadores pasaron en la camioneta por un costado del sendero y tiraron la cerca que delimita el predio.

“Con un carácter agresivo me amenazaron con pasar sobre mi carro y de echarme a los federales por impedirles el paso. Me dijeron que si tengo muchos huevos, ellos también los tienen. Y que si no se arregla por las buenas, ellos tienen otras maneras de arreglarlo”, dijo uno de los habitantes a esta casa editorial, que por temor a represalias solicitó omitir su nombre.

Es preciso mencionar que a finales del mes pasado la empresa Minera Gorrión obtuvo el permiso de la Semarnat para desarrollar el proyecto Ixtaca IV, que consiste en la búsqueda de oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán por un periodo de 18 meses.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó actividades de exploración minera en un área de 17.5 hectáreas, en las cuales se pretende hacer 70 perforaciones a una profundidad lineal entre 100 y 200 metros para la búsqueda de los metales codiciados.

De igual forma, vale la pena destacar que el pasado 5 de abril, Almaden Minerals anunció que para 2019 iniciará actividades extractivas en Ixtacamaxtitlan, y se prolongarían durante los próximos 14 años.

Para 2019 la minera pretende sacar de este municipio de la Sierra Norte de Puebla más de 7 mil toneladas diarias de tierra para extraer por cada tonelada un promedio de 0.62 gramos de oro y 37.8 gramos de plata.

La compañía publicó sus proyecciones el mismo día en el que se presentó el informe ‘Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos’, en el que se destaca que el proyecto minero de Ixtaca es el más importante de la empresa canadiense en México.

Fuente:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/05/03/empleados-almaden-minerals-entraron-sin-permisos-tierras-ixtacamaxtitlan/

 

Internacional

IU preguntará a la Junta sobre el impacto ecológico de la minería de tierras raras

España.- Izquierda Unida Castilla-La Mancha va a preguntar por escrito a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural si conoce el impacto ecológico que puede tener la instalación de la empresa Quantum Minería en la comarca del Campo de Montiel y el municipio de Navas de Estena para la extracción de monacita.

Así lo han comunicado este miércoles en rueda de prensa el coordinador regional de IU Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo; y el coordinador provincial IU Ciudad Real, Pedro Mellado, quienes ha recordado que ya se presentó un estudio de impacto medioambiental y que ahora se encuentran en el periodo de alegaciones.

El estudio, según Mellado, indica que el proyecto es «totalmente inviable, tanto económicamente como medioambientalmente», por lo tanto lo que van a hacer es constatar eso en las alegaciones que tienen que presentar antes del 25 de mayo, para que finalmente el Gobierno regional pueda «dar carpetazo a este asunto».

Mientras tanto, han trasladado igualmente esta cuestión al Congreso de los Diputados a través de unas preguntas escritas que han presentado ya al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente han preguntado también si «han valorado qué impacto ecológico puede tener este tipo de actividad que es pionera de España».

Del mismo modo, preguntan «si han valorado el impacto que puede tener sobre el desarrollo económico y el empleo actual y futuro debido al riesgo contaminante», teniendo en cuenta que la comarca del Campo de Montiel vive de la agricultura y de los productos de alta calidad, «que se verían seriamente afectados si hay una actividad minera de esas características en ese mismo entorno», ha añadido Mellado.

Igualmente, han preguntado al Ministerio que en el caso de que se concedan los permisos de explotación antes de que se reconozca el riesgo acreditado de esta actividad, habría que indemnizar posteriormente a la empresa promotora al haber obtenido permiso para una actividad que finalmente no se podrá explotar, como sucedió con el ‘Proyecto Castor’.

Estas son las preguntas que les han trasladado y que también van a trasladar este miércoles a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha para que se retraten por escrito y así por lo menos «sean presos de las declaraciones que por escrito puedan hacer a sus preguntas».

A su vez, Mellado ha anunciado que actualmente están trabajando en una proposición de ley para prohibir este tipo de minerías en todo el territorio nacional, pero ha indicado que aún esta en una fase «embrionaria».

A preguntas de los medios sobre qué puede hacer en este caso el Ministerio de Agricultura, Mellado ha contestado que «es cierto que la concesión depende la autonomía de Castilla-La Mancha, pero que el Gobierno de España puede legislar al respecto y puede limitar este tipo de actividad».

Además, ha señalado que este tipo de situaciones se pueden dar en otros puntos de España y por lo tanto, el Gobierno de España «tendrá que tener una política al respecto».

Fuente:http://eldiadigital.es/not/216041/iu-preguntara-a-la-junta-sobre-el-impacto-ecologico-de-la-mineria-de-tierras-raras/

Nicaragua

Se encuentra usted aquí Walkiria Marín: Lo que el oro está dejando en Santo Domingo

Desde la casa de Walkiria Marín se puede observar como los cerros en Santo Domingo, Chontales, están siendo aplanados por la minería industrial. Esta joven ama de casa chontaleña, se ha organizado con la población para enfrentar los atropellos de la empresa canadiense B2Gold.

“Estamos luchando contra el mounstro minero B2Gold en Santo Domingo, mi lucha nace a partir de que mi barrio está siendo afectado y amenazado, porque se pretende abrir un tajo (proceso de extracción que se realiza en la superficie del terreno) que estaría a escasos 30 metros de mi hogar”, expresa Marín, quien es Coordinadora del Barrio Jabalí, sector de La Antena.

Santo Domingo es un pueblo minero que durante muchos años ha practicado la minería artesanal. “Sabemos que la minería artesanal contamina, pero no a gran escala como la minería industrial. Es alarmante, en el año 2011 la empresa minera B2Gold entró a Santo Domingo para explotar el tajo Jabalí Central, siendo las consecuencias ambientales notorias y devastadoras: tala de madera preciosa y actualmente nuestra fuente de agua El Túnel Azul podría desaparecer”, explica Marín.

Si El Túnel Azul desaparece Santo Domingo tendría un grave problema de escasez del vital líquido. “No sabríamos que hacer, estamos tratando de impedir que siga la explotación y el daño. Por mucha política que la empresa tenga de conservación sabemos que es mentira, siguen avanzando y pretenden explotar nuevos lugares en Santo Domingo donde seguirían contaminando”, agrega.

Recientemente, Marín participó como panelista en el Foro Minería y Desarrollo: perspectivas desde la Sociedad Civil, con el tema “Los conflictos sociales y ambientales de la minería en Nicaragua: una reseña desde la óptica de los derechos humanos”. En esta actividad expresó: “Todavía tenemos agua, pero contaminada”.

 Fuente:http://www.humboldt.org.ni/node/1805