Internacional

Ecologistas y ayuntamientos rechazan una mina de uranio «inviable» en Salamanca y con fines «especulativos»

(España).-Varias organizaciones ecologistas y plataformas, así como el alcalde de Villavieja de Yeltes, han acusado a la empresa Berkeley España de estar «especulando» con la construcción de una mina a cielo abierto de uranio en la provincia de Salamanca, un proyecto que, según indican, es «inviable económicamente» y generará graves consecuencias para el medio ambiente y la salud de la región.

La ONG de conservación de especies Grefa ha organizado este miércoles una visita a las localidades de Villavieja de Yeltes y Retortillo, donde Berkeley pretende construir una instalación radiactiva de nivel 1, que incluye una explotación minera de uranio y una planta de tratamiento y un almacén de este material.

En el encuentro han participado varias organizaciones locales contrarias al proyecto, entre las que figuran La Plataforma Stop Uranio, Ecologistas en Acción, el partido Equo, así como varios vecinos y el alcalde de la localidad de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez.

Según han sostenido todos ellos, el proyecto de construir la mina (que tiene el soporte de algunas localidades de la zona, como la de Retortillo) fue rechazado por Enusa cuando Berkeley presentó hasta cuatro informes de viabilidad porque, según dicen, estimaba el precio del uranio «muy por encima» de su precio de mercado en la actualidad.

«Berkeley es una empresa especuladora de recursos mineros. No es una empresa minera y no tiene ninguna explotación de ninguna mina en Europa. A lo que se dedica es a conseguir con ayuda de políticos los permisos y autorizaciones para venderlo a terceros, como empresas chinas y rusas, que vienen a destrozar el campo», denuncian desde Ecologistas en Acción, que inciden además en la necesidad de acabar con la energía nuclear para apostar por fuentes de energía renovables.

Además de la inviabilidad económica de la explotación, entre los argumentos que esgrimen los detractores del proyecto figuran sobre todo el impacto sobre el medio ambiente que, según dicen, tendrá la mina, que será construida en espacios protegidos por la Red Natura 2000 y que, según sostienen, son esenciales para especies protegidas como el galápago europeo y la cigüeña negra, así como para otros animales endémicos de la zona.

Junto con ello, inciden en los efectos de los vertidos de materiales peligrosos que creen generará la explotación minera en el río Yeltes (un río que, según explican, ya está en un estado «peor que bueno»), así como las partículas en suspensión de uranio y radón que generará la explotación y que podría afectar a la población y a la actividad ganadera y agrícola de la zona, según argumentan.

«La Junta de Castilla y León ha reconocido que tanto el río Yeltes como las especies de peces que contienen están en serio peligro de conservación. Es algo un poco incompatible con aprobar la explotación de uranio en esta zona», denuncia la bióloga Graciela Gómez Nicola, autora de un informe sobre los efectos del proyecto en la zona.

Además, los detractores del proyecto lamentan el apoyo de algunas administraciones a una explotación minera que durará solamente unos años pero que, según dicen, «hipotecará el suelo para otros usos» como la ganadería o como el balneario que hay en la zona y por los cuales, a su juicio, «se debería apostar».

ASEGURAN QUE NO TIENEN TODAVÍA PERMISOS SUFICIENTES

Por otra parte, pese a que la construcción de la carretera incluida en el proyecto de la mina fue paralizada en el mes de enero, según su versión, debido a una denuncia del Seprona, los responsables del proyecto siguen talando árboles en las dehesas en las que se ubicará la explotación y las instalaciones vinculadas a la misma.

En este sentido, la Plataforma Stop Uranio denuncia que el proyecto original que fue aprobado no incluía la construcción de una planta de tratamiento de uranio ni un almacén –algo que la empresa niega– y subrayan que la paralización el pasado mes de enero de la construcción de la carretera y de una excavación aledaña apoya la versión de que la empresa no tenía todavía permiso para llevar a cabo estas obras.

Además, se han mostrado convencidos de que el socavón de 25.000 metros cuadrados excavado frente a las oficinas de Berkeley España en el terreno no es, como dice la empresa, únicamente para extraer materiales con que construir la carretera y señalan que inicialmente iba a ser solamente una «cata de terreno», luego pasó a ser una extracción de material para la carretera y creen que luego albergará «un depósito de agua cruda» para la explotación minera.

Para las ONG y la plataforma contra la explotación minera, así como para el alcalde de Villavieja de Yeltes, la empresa ha actuado hasta ahora con la «connivencia» de otras administraciones y con el apoyo de la Junta de Castilla y León que, según dicen, «ha modificado la ley tres veces» para adaptarla a las necesidades del proyecto, incluyendo un cambio en la prioridad de la actividad minera en terrenos declarados como suelo rústico.

Igualmente, señalan que la UE «no ha recibido información» suficiente para valorar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista medioambiental y aseguran que, además de que en el terreno hay varios programas financiados por la UE para la recuperación del medio ambiente, el proyecto minero «vulnera al menos dos directivas europeas: la directiva marco de aguas y la directiva de hábitats» que «hay que cumplir sí o sí».

«Yo no digo que vaya a haber cadáveres por los campos pero el nivel de salud de la comarca se va a ver deteriorado. No entiendo por qué tenemos que pagar ese precio para que se enriquezca una empresa privada», ha concluido el alcalde de Villavieja de Yeltes.

Mexico

Mineras, como hace 111 años

REPORTAJE NACIONAL.- Las empresas mineras que operan en México, la mayoría trasnacionales extranjeras y contaminantes del medio ambiente, están a punto de lograr con la mediación política de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) una “reforma fiscal” que les permitirá reducir los ínfimos impuestos que la Federación les cobra y aun también los mínimos salarios que pagan a sus trabajadores.

Esta regresión hacendaria, de acuerdo con luchadores sociales y ecólogos consultados por buzos, está en marcha en la Cámara de Diputados donde legisladores de los tres partidos citados se disponen a añadir un párrafo al artículo 33 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y a modificar la Ley Federal de Derechos, a fin de que la tasa del 7.5 por ciento por derechos de explotación que ahora pagan esas empresas se reduzca a solo tres por ciento y para que, asimismo, se les elimine el cobro de un 0.5 por ciento adicional por la extracción de metales preciosos (oro, plata y platino).

Los cobros fiscales aún vigentes, aprobados por el Congreso de la Unión en 2013 y puestos en marcha en 2014, son menores con respecto a la legislación internacional y su valor monetario no corresponde a la enorme cantidad de metales que las compañías explotan en el país, ni al valor que éstos tienen en el mercado financiero internacional, “ni mucho menos subsanan el gran daño ambiental y social que sus operaciones causan en el entorno ecológico nacional”.

La iniciativa para modificar los gravámenes y devolver a los corporativos mineros la posibilidad de deducir impuestos, fue introducida el pasado siete de abril en el Palacio Legislativo de San Lázaro por el grupo de legisladores priistas de Sonora, con obediencia a una propuesta de la gobernadora de su estado, Claudia Pavlovich, a quien “le nació la gran idea” de mejorar las condiciones económicas de Sonora mediante el otorgamiento de más garantías a las inversiones mineras.

El proyecto legislativo está apadrinado por la diputada federal y secretaria general adjunta del PRI Sylvana Beltrones Sánchez, hija de Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora y excoordinador de los diputados federales del PRI y también, por supuesto, por los legisladores priistas sonorenses Susana Corella, presidenta de la Comisión Especial de Minería; Abel Murrieta, Próspero Ibarra e Ulises Cristópulos.

La propuesta, sin embargo, no es nueva: En 2014, el diputado del PAN, Marcelo Torres Cofiño, vicecoordinador de su partido en la Cámara de Diputados, introdujo un proyecto similar para reintegrar la deducibilidad de impuestos a los corporativos mineros, que acompañó con una iniciativa para disminuir del 7.5 al tres por ciento la tasa del pago de derechos asignado a los titulares de las concesiones mineras, así como eliminar el de 0.5 por ciento en la explotación de metales preciosos (oro, plata y platino).

Actualmente, la iniciativa priista cuenta con el respaldo político no solo del PAN, sino también de Morena, cuyo dirigente nacional y virtual candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha pronunciado en favor de otorgar más beneficios a las empresas mineras, entre las que se halla una de plata que es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, entre cuyas compañías resaltan TV Azteca y Electra. Esto explica por qué en fecha reciente Esteban Moctezuma Barragán, director de la Fundación Azteca y empleado de Salinas Pliego –ex secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo (1994-2000), periodo en el que AMLO emergió a la palestra política nacional después de sus fracasos como priista en Tabasco– es ahora asesor y miembro del equipo de asesores del dirigente de Morena con vistas a la elección presidencial de 2018.

Una regresión de 111 años

El nuevo proyecto legislativo, quetiene altas posibilidades de ser aprobado, es criticado y rechazado por organizaciones ambientalistas y sociales del país porque su éxito representaría el fortalecimiento económico de los grandes consorcios empresariales y de los políticos que tienen a su servicio; porque habría una pérdida significativa de ingresos fiscales para el Estado y porque las empresas “tóxicas” contarían con mayor libertad para seguir depredando el medio ambiente nacional.

Por ello, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) sostiene una campaña en la que denuncian estas nuevas acciones de la élite política que, obedeciendo a intereses económicos -resalta la agrupación- está dispuesta a encontrar formas de cobijar las ganancias de las empresas mineras, sin que les importe nada la destrucción del entorno ecológico del país, ya que en los sitios donde operan –en particular en las minas que extraen metales “a cielo abierto”– la calidad de vida de las poblaciones vecinas se reduce porque los ecosistemas se deterioran sustancialmente.

La Rema, que agrupa desde 2008 a organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos, ambientalistas, académicas y estudiantiles –entre ellas el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)– fue creada específicamente para denunciar los daños ambientales y sociales que las corporaciones mineras trasnacionales causan en México, Centro y Sudamérica.

La Presidencia de la República misma inició en febrero pasado una acción jurídica contra el impuesto ecológico que el Congreso de Zacatecas, a iniciativa del gobernador Alejandro Tello, aplica a partir del 1º de enero a las empresas mineras a fin de obligarlas a resarcir los daños ambiental y social que generan en esa entidad.

Al cierre de esta edición, en la Cámara de Diputados seguía el trámite legislativo de la gobernadora Pavlovich, quien con esta promoción no solo demuestra su distancia ideológica y política con la lucha obrera de Cananea en 1906 –preámbulo del movimiento revolucionario y nacionalista iniciado en 1910– sino también su estrecha vinculación política con los corporativos mineros trasnacionales que operan en su entidad y que están causando pérdidas irreversibles al medio ambiente, al agua, y a la vida de las comunidades sonorenses, resaltaron a buzos Francisco Javier Cravioto, investigador y asesor de diversas organizaciones y Raymundo Espinosa Hernández, especialista de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA),

Rema, por su parte, ha enfatizado su lucha política mediante la denuncia del contubernio del PRI, el PAN y Morena con las corporaciones mineras, aunque ulteriormente particularizaron el servilismo que el dirigente de Morena mostró hacia éstas el pasado 20 de enero cuando señaló la necesidad de que haya mayor inversión extranjera en la minería mexicana.

Una expansión de las empresas mineras foráneas como la que propone AMLO, coincidieron los especialistas de la red de organizaciones, llevaría a México a un neo-extractivismo muy similar al que prevaleció en el Porfiriato y sus efectos, en lugar de traer progreso y felicidad para todos, como entonces se decía, acarrearían daños irreversibles a los ecosistemas y empeorarían las condiciones de vida de la población.

Compra de voluntades

En un análisis de la Rema, con motivo de la presentación de la iniciativa a favor de los empresarios mineros en la Cámara de Diputados, se indica:

“La pretendida deducibilidad de impuestos para las iniciativas de exploración minera forma parte de una política fiscal discrecional orientada diferencialmente a beneficio de los grandes capitales, que no solo afectan territorios impunemente, sino que además se les ofrece el reintegro de una considerable suma de dinero, mientras se acosa a la ciudadanía de menores ingresos que no tiene la capacidad de cabildeo para comprar la voluntad de legisladores y funcionarios gubernamentales, en una manifestación más de servilismo a favor de intereses económicos contrarios al bien común de nuestra población y de nuestros territorios.

“Únicamente se basa en una idea de beneficio económico cortoplacista que no toma en cuenta el medio ambiente y la salud pública. La iniciativa pasa por alto el carácter masivo e irreversible de las afectaciones ambientales, sociales, sanitarias, económicas y políticas que generan impunemente las iniciativas de minería, en particular las que se llevan a cabo bajo la técnica intensiva a tajo abierto (a cielo abierto) y con utilización de tóxicos (cianuro que envenena el agua)”.

Desde el punto de vista de quienes defienden los intereses de los corporativos mineros, es necesario dar más garantías a las firmas mineras para que se queden en México y no se vayan a otro país lo que, indica la Rema, es una zanahoria que se ha usado en todos los ámbitos de la economía en los que se ha justificado la aplicación de inversiones en condiciones preferentes y hasta leoninas.

La necesidad de brindar más garantías a las mineras, fue mencionada por la presidenta de la Comisión Especial de Minería de la Cámara de Diputados, Susana Corella Platt, una de las impulsoras de la citada iniciativa, durante la comparecencia del subsecretario de Economía, Mario Alfonso Cantú Suárez, realizada el cinco de marzo pasado. Corella expuso que las mineras extranjeras y mexicanas requieren el apoyo del Congreso federal y del titular del Poder Ejecutivo, para que tengan incentivos para invertir en el país.

Opacidad

Raymundo Espinosa Hernández, especialista de la ANAA, explicó a buzos que la aplicación de impuestos a las mineras se hace en un marco de opacidad. “Si yo saco una tonelada, debería gravarse eso, pero en realidad el impuesto está vinculado a la venta. Hay mucha opacidad.

Hay varios casos a los cuales les estamos dando seguimiento. Por ejemplo, la mina de Goldcorp (canadiense) en El Carrizalillo, Guerrero, dónde saca 240 o 250 mil onzas de oro al año y alrededor de 40 o 50 millones de onzas de plata, sobre lo que no están obligados a presentar a sus socios sus estados de resultados; eso en México no existe, entonces, prácticamente, hacen una especie de código voluntario, en donde las empresas definen (al fisco): pues vendí equis, y a partir de lo que dice la empresa, se aplica esa tasa del 7.5 por ciento; entonces es una tasa de risa.

“En Guerrero tenemos ocho empresas operando, de oro y hierro, y entre las ocho empresas contribuyeron al fondo minero del estado con apenas 124 millones de pesos.

Entonces, cuando uno hace los números ya específicos, por ejemplo, de una sola mina, en este caso la de El Carrizalillo, esa sola mina debería haber aportado 150 millones de pesos si se le aplicara impuesto al valor total de su venta anual ¿Cómo es posible que entre ocho minas apenas aporten 124 millones?…

No hay transparencia; hay un mecanismo de supervisión que literalmente es una burla. Entonces, hay un panorama con leyes tenues, y ahora esa nueva iniciativa que apareció, con la cual además esa cantidad se haría deducible. Entonces, es una tomada de pelo”.

Espinosa Hernández dijo incluso que el pago discrecional de las empresas mineras no es inmediato sino hasta que venden el producto.

“La única carga de impuesto previo es el pago por hectárea de la concesión, que es un pago por año, que empieza con 6.70 centavos por hectárea, en los primeros tres años, y subiría hasta 170 pesos por hectárea a partir del décimo año. Entonces es nada.

“De cualquier manera en México no venden nada; todo está distribuido en mercados que se posicionan en la bolsa, que es en donde se regula, y básicamente los sectores que participan ahí son el industrial, vinculado con la joyería, la más importante, al menos en los metales preciosos; la parte de la especulación de las bolsas y los bancos, es decir, que se va a la reserva de los países, que tienen un capital en oro acumulado y que no se utiliza en moneda circulante; y otra parte que se va a la tecnología electrónica.

Todo eso se mueve en la bolsa; en éstas no solamente se vende el oro como tal, sino también en acciones; es decir, venden en papel. Si está alto el precio, suben también las acciones. No solamente se dedican a la venta del oro, sino a la especulación financiera. Así es que tienen el oro y venden las acciones a las bolsas. En la actualidad la onza de oro tiene un precio aproximadamente de mil 600 pesos”.

En otra conversación con buzos, el activista especializado Francisco Javier Cravioto explicó que los actuales impuestos, derivados de la llamada reforma hacendaria aprobada en 2013, “son totalmente insuficientes para resarcir al pueblo mexicano y al ecosistema, de los daños provocados por este sector y generan ventanas de elusión fiscal gigantes, para que ellos (las mineras) no declaren. Son reyes en el Congreso y en los territorios en donde laboran.

Nadie les hace nada, todo mundo les pone un tapete para que hagan y deshagan a voluntad, Y entonces, no se conforman con estas mínimas contribuciones y lo que están haciendo es exigir que se derogue el pago de estos derechos que de por sí no están afectando en lo absoluto sus intereses”.

Cravioto rechazó asimismo el argumento de que las mineras beneficien a México con la generación de muchos empleos.

“El sector minero, en sus actividades de extracción, descontando la siderurgia y los minerales de la industria de la transformación, genera apenas 140 mil empleos nacionales que comparados con una población económicamente activa de 52 millones de personas son muy pocos”, enfatizó.

De acuerdo con datos oficiales, en el país se han expedido 25 mil concesiones mineras, que en realidad son 37 mil, representan el 25 por ciento del territorio nacional y están en manos mayoritariamente de corporativos canadienses, estadounidenses y algunas chinas, de acuerdo con información recabada por el activista especializado, Gustavo Soto Castro.

Los estados que concentran el 85 por ciento de la actividad minera de metales preciosos, oro y plata, así como de fierro, cobre, plomo y zinc, y metálicos como arcilla, vidrio, yeso, cemento y concreto, son Sonora, Zacatecas, Durango, Coahuila y Chihuahua.

Derogar impuesto ecológico

Al cierre de esta edición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todavía no emitía su fallo sobre la controversia constitucional (CC) interpuesta por la Presidencia de la República para echar abajo el impuesto ecológico local aprobado por el Congreso de Zacatecas y propuesto por el gobernador Alejandro Tello.

La CC fue presentada por Alfonso Castillejos Cervantes, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, (oficio 1,0230/2017, expediente 56/2017, 14 de febrero de 2017 ) en la que se pide a la SCJN declarar inválidas las normas aprobadas por el Congreso zacatecano para aplicar un impuesto ecológico a la industria minera, toda vez que éste invadió una competencia federal y se está aplicando una doble tributación, ya que en las empresas mineras los pagos por derechos de explotación fueron establecidos en la reforma de 2013-2014.

Si la SCJN da la razón a la Presidencia, ese impuesto local dejará de cobrarse. Según reporte del gobierno de Zacatecas, de enero a abril había recaudado nueve millones de pesos por ese concepto, dinero que se usará para crear un fondo que le permitirá resarcir los daños ecológicos que los corporativos mineros causan a la entidad. Esta carga fiscal se aplica también a otros giros industriales como las cerveceras y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el objetivo estatal es crear un fondo de mil 230 millones de pesos.

En la defensa de su impuesto ecológico, presentada por el gobierno de Zacatecas el 11 de abril de 2017, se explica que no se trata propiamente de una norma de control de la actividad minera, sino de una medida tributaria de naturaleza económica local que deriva de otras leyes federales como la Ley General de Cambio Climático y de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Dos días después de la presentación de la CC por parte de la Presidencia de la República, el día 16 de febrero, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgias y Geólogos de México solicitó un amparo contra la aplicación del citado impuesto ecológico local. Sin embargo, como el juzgador no concedió una suspensión provisional, el impuesto quedó vigente hasta que la Suprema Corte emita una sentencia.

En consonancia, el 25 de febrero, la Cámara Minera de México (Camimex) publicó un pronunciamiento de apoyo a la derogación del impuesto ecológico aplicado en Zacatecas a partir del 1º de enero con el argumento de que la autoridad local debió consultar previamente a las mineras.

“El gobierno de Zacatecas habría excedido sus facultades legales e invadido atribuciones de competencia exclusiva de la Federación, por lo que confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falle a favor de la Controversia Constitucional que promovió el Ejecutivo Federal en contra del impuesto minero”, señaló la representación corporativa.

En una conferencia de prensa realizada el 10 de abril en Fresnillo, el secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (SNMM), Carlos Pavón Campos, dio a conocer un “manifiesto de lucha” en el que dijo que los trabajadores de las minas demandan derogar el impuesto ecológico aprobado por el Congreso de Zacatecas –el único en el país hasta ahora– que consiste en el pago de 250 pesos por tonelada de residuos tóxicos emitida al medio ambiente, el suelo, el subsuelo y el agua.

“Al contrario de este gobierno (de Zacatecas), en Sonora están pidiendo que sean deducibles las exploraciones de las empresas para que pueda permitir la generación de más empleos; si lo logran en ese estado van a haber siete mil empleos más; en Durango ya dijeron que no habrá ni un impuesto más”, expuso Pavón. Más allá de este pronunciamiento, el SNMM ya había presentado el 10 de febrero una demanda de amparo contra la aplicación del impuesto ecológico zacatecano.

En una entrevista con el diario El Independiente, de Granada, España, aparecida el 18 de abril pasado, el sociólogo y activista mexicano Gustavo Castro Soto, investigador de la Rema, y fundador y director de las organizaciones Otros Mundos, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y de la Red Internacional Amigos de la Tierra México, rechazó el argumento oficial de que las mineras producen beneficios al país, ya que al margen de los empleos que crean –con números apenas significativos– los daños que causan al entorno ecológico son muchos, pues “los habitantes de las regiones (donde hay minas) ya no pueden sembrar, ya no pueden producir sus alimentos”.

Además, enfatizó Castro Soto, “la riqueza generada por esa actividad minera se va del país, y en las localidades solo dejan miseria, más pobreza y contaminación”.

Argentina

Minera canadiense pide anular juicio en Argentina por derrames de agua con cianuro

«La empresa Barrick Gold pidió la nulidad de la causa que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello», informaron las fuentes a esta agencia.

El magistrado había adelantado la posibilidad de cerrar la mina aurífera Veladero, en la provincia de San Juan (oeste), donde desde septiembre de 2015 la compañía tuvo al menos tres derrames de agua con cianuro.

La solicitud de nulidad corrió a cargo de uno de los directores de Barrick en Argentina, Fernando Hugo Giannoni, quien además pidió desplazar al juez, ya que Casanello adelantó que las pruebas recogidas, los derrames de agua cianurada, y la violación a la Ley de Glaciares en la que incurre la multinacional «obligan a considerar de modo definitivo su cierre», en referencia a Veladero.

Casanello había sido apartado de la denuncia original, pero luego su juzgado volvió a impulsar otro expediente por la presunta violación de la Ley de Glaciares, vigente desde 2010, que prohíbe la explotación minera sobre ambientes glaciares y periglaciales, como en el que se encuentra el yacimiento.

El juez comenzó a investigar en 2015 la supuesta responsabilidad de funcionarios provinciales y nacionales por la falta de control de la explotación de la mina.

La Corte Suprema de Justicia, sin embargo, le retiró el expediente tras considerar que el caso debía trasladarse a la justicia provincial de San Juan.

La querella original contra Barrick se encuentra prácticamente paralizada en un juzgado de esa provincia, por lo que la asamblea ambiental «Jáchal No Se Toca», que denunció los derrames de Barrick Gold, volvió a presentarse ante Casanello para ampliar la denuncia original en relación a la Ley de Glaciares, cuya violación constituye un delito federal.

A comienzos de abril el juez señaló en relación a Veladero que «la producción de eventos contaminantes, no uno sino varios, obliga a considerar de modo definitivo su cierre pues son los hechos en su más cruda realidad lo que demuestran que las medidas de prevención fracasaron y los pronósticos fueron equivocados».

La firma canadiense volvió a cuestionar al magistrado y recordó que la Corte ya había señalado que la investigación era competencia del juzgado provincial, por lo que interpretó su actuación como un «alzamiento» hacia el máximo tribunal del país.

«Dicho alzamiento lo pondremos en conocimiento del alto tribunal», sostuvo el abogado de la empresa, León Carlos Arslanián.

Barrick Gold también acusó a Casanello de ser un juez parcial al indicar que los denunciantes lo eligieron «a dedo» para que tramitara la ampliación de su querella en lugar de realizar la presentación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (conocida como Cámara Federal) para que se procediera al sorteo.

«Ya tiene preconcebida la decisión de disponer el cese definitivo de la actividad, es decir, la máxima sanción prevista por el ordenamiento legal», objetó la compañía.

CONTEXTO

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, ordenó el 30 de marzo pasado suspender temporalmente las actividades de Veladero tras detectarse el tercer derrame de la compañía en los últimos 18 meses.

La gobernación de esta jurisdicción tomó la misma resolución el pasado 15 de septiembre de 2016, cuando la compañía reconoció, con una semana de retraso, que se había producido un nuevo vertido de cianuro tras resultar dañada una cañería por la caída de un bloque de hielo.

Uñac había asegurado por entonces que la multinacional no tenía «más margen de error».

Barrick Gold volvió a sus actividades 24 días después del vertido, el 4 de octubre de 2016.

En aquel momento se cumplía el primer aniversario del peor accidente minero que haya sufrido Argentina en su historia, del que también fue responsable la compañía canadiense al romperse la válvula de una tubería en la mina aurífera.

Aquel incidente, ocurrido el 12 de septiembre de 2015, provocó que se volcaran cinco millones de litros de agua cianurada sobre la cordillera y el río Jáchal, cuyas aguas desembocan en las provincias vecinas de San Luis (oeste) y Mendoza (centro-oeste).

El vertido alcanzó otros tres ríos de la zona Blanco, Palca y Las Taguas, según confirmó un informe de la Policía Federal de finales de 2015.

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201705181069242985-barrick-gold-cianuro/

Colombia

Grupos mineros en Colombia temen reacción popular negativa

Instan al gobierno a abordar las preocupaciones resultantes de recientes fallos judiciales que pudieran afectar la inversión extranjera.

Colombia se enfrentará a una oleada de rebeliones populares contra proyectos mineros que ahuyentarán la inversión extranjera a menos que se establezcan reglas para la industria y se prioricen los intereses nacionales sobre los locales, advirtieron las compañías mineras.

Recientes fallos judiciales han provocado alarma entre los inversionistas extranjeros que temen que la oposición de la comunidad a los proyectos de recursos aumentará, a la vez que el acuerdo de paz con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) promete abrir nuevas áreas al desarrollo.

«Los últimos años no han sido fáciles para la minería», dijo Roberto Junguito, el presidente del consejo directivo de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), citando las protestas, los bloqueos de carreteras, los decrecientes precios de las materias primas y una reforma tributaria del gobierno introducida a fines del año pasado.

«El mayor reto de todos es la incertidumbre judicial. Muchos de los casos judiciales recientes han fallado en contra de la industria».

El mes pasado, la compañía sudafricana AngloGold Ashanti se vio obligada a suspender las actividades laborales en La Colosa, su mayor proyecto colombiano de exploración de oro, luego de que los residentes de la vecina ciudad de Cajamarca votaran por prohibir la minería en la zona.

El voto recibió la bendición del alcalde de la ciudad y de la Corte Constitucional del país. Los activistas locales argumentaron que La Colosa, la cual tiene el potencial de ser la mayor mina de oro de Colombia, arruinaría su suministro de agua, un cargo que la empresa negó.

El resultado de la votación generó conmoción a través de la industria minera. AngloGold había estado trabajando en el proyecto durante más de una década y había invertido millones de dólares en él. La compañía dice que buscará claridad legal antes de decidir qué hacer a continuación.

Otra multinacional minera, la compañía canadiense Gran Colombia Gold, ha tenido problemas similares en su proyecto aurífero en Marmato.

La compañía está involucrada en una disputa con mineros locales sobre los derechos de minar una montaña rica en oro. En febrero, la Corte Constitucional dijo que Gran Colombia Gold debe consultar a los residentes locales antes de continuar con su trabajo. La compañía respondió introduciendo una demanda por US$700 millones contra el Estado colombiano.

En la conferencia anual de la ACM la semana pasada, los mineros advirtieron que estos casos pudieran envalentonar a otras comunidades para que busquen llevar a cabo referéndums similares o para que intenten llevar a juicio a las multinacionales.

«Existen 39 referéndums populares en preparación en este momento», comentó Santiago Angel, el presidente de la ACM. «Aunque no todos ellos están relacionados con la minería, algunos lo están».

Mateo Restrepo, el director ejecutivo colombiano de la compañía canadiense Continental Gold, dijo que el fallo de La Colosa envió «una desastrosa señal» a los inversionistas extranjeros potenciales.

Y Lombardo Paredes, el director ejecutivo de Gran Colombia Gold, declaró que, al votar en contra de La Colosa, los residentes de Cajamarca les habían negado a millones de colombianos los beneficios de «miles de millones de dólares de recursos naturales que ahora se quedarán en el suelo».

Gran parte de la ira durante la conferencia estuvo dirigida a la Corte Constitucional de Colombia. Las compañías mineras dicen que sus fallos en casos relacionados con las compañías mineras han sido erráticos.

Germán Arce, el ministro de Minas y Energía, dijo que la Corte había excedido su jurisdicción y que estaba legislando en lugar de aplicar la ley; por su parte, Carlos Andrés Cante, su viceministro, comentó que las decisiones de la Corte han sembrado «caos y confusión» en la industria.

Los recientes fallos han puesto de relieve las tensiones entre el gobierno nacional y la población local en relación con los proyectos mineros.

El gobierno de Bogotá quiere aprovechar los recursos minerales de Colombia para enriquecer las arcas del Estado. Pero la población local a menudo se opone a los proyectos mineros por motivos ambientales o se queja de que reciben poco beneficio económico de la minería y que todo el dinero va a empresas privadas y al gobierno nacional.

En Cajamarca, el 98 por ciento de los votantes apoyó la prohibición de la minería.

«Los resultados fueron concluyentes y AngloGold debería salirse de Cajamarca», dijo Róbinson Mejía, un activista ambiental que lideró el voto por el «No», argumentando que la gran mina a cielo abierto arruinaría el suministro de agua local y amenazaría el sustento de miles de agricultores. «Todas las empresas asumen riesgos. Ellos invirtieron en un proyecto de exploración y perdieron».

Sin embargo, sólo 6,000 personas — o el 38 por ciento del electorado — votaron.

«No puede ser que 6,000 personas puedan tomar una decisión en nombre de 50 millones de colombianos», dijo el Sr. Arce ante la conferencia, agregando que a los intereses nacionales había que darles más importancia.

Colombia es el quinto exportador de carbón en el mundo y produce níquel, cobre, plata, oro y esmeraldas. La minería representó el 28 por ciento de las exportaciones el año pasado.

Pero tiene un potencial mucho mayor. El acuerdo de paz alcanzado el año pasado entre el gobierno y los rebeldes izquierdistas significa que grandes franjas del campo que antes estaban fuera de alcance ahora son accesibles. Muchas de esas áreas son ricas en minerales.

Pero la minería tiene un problema de imagen. El Centro Nacional de Consultoría, una empresa privada que produce una encuesta anual de actitudes acerca de la minería, expresó que sólo el 28 por ciento de los colombianos tiene una visión positiva de la industria, en comparación con el 42 por ciento en 2014.

El país también ha caído en la clasificación del Instituto Fraser de países y jurisdicciones que son más atractivos para la inversión minera. Colombia actualmente ocupa el puesto 65 en comparación con el 32 en 2012.

Fuente:https://enterprise.ft.com/es/financial-times-en-espanol/grupos-mineros-en-colombia-temen-reaccion-popular-negativa/

Panamá

Restricciones para el uso del mercurio, a partir de agosto

Con la ratificación, este jueves, por parte de la Unión Europea y seis de sus miembros (Bulgaria, Hungría, Malta, Holanda, Rumania y Suecia) del Convenio de Minamata, el uso del mercurio, considerado uno de los diez químicos que más amenazan la salud del planeta, se empezará a restringir desde el próximo mes de agosto.

La medida será posible luego de que ayer se logró superar el umbral de las cincuenta ratificaciones para que entre en vigor el acuerdo internacional que regula el uso del peligroso metal, el Convenio de Minamata, informó el Programa de las Naciones Unidas para del Medio Ambiente (PNUMA), mediante un comunicado.

La UE fue la número 51 en ratificar el documento, que ha sido firmado por 128 países. Panamá lo ratificó en 2015 .

El Convenio es el resultado de un acuerdo alcanzado por los gobiernos en enero de 2013, el cual los compromete a tomar acciones para controlar la contaminación por mercurio derivada de actividades humanas, señaló el PNUMA.

Las medidas incluyen prohibir nuevas minas de mercurio, clausurar aquellas que ya existen, regular la minería de oro artesanal y de pequeña escala, y reducir el uso y emisiones del mercurio.

ORIGEN

El convenio obtiene su nombre del histórico caso de envenenamiento por mercurio ocurrido en Minamata, Japón, en mayo de 1956, a consecuencia del vertido continuado de afluentes industriales con mercurio en la bahía de Minamata, lo que ocasionó que miles de personas resultaran envenenadas al consumir pescado afectado por el metal.

El acuerdo también estipula condiciones para un almacenamiento provisional y disposición final de desechos de mercurio, debido a que este metal es indestructible.

Para el secretario general de la ONU, António Guterres, el Convenio de Minamata demuestra un compromiso global para proteger la salud humana y ambiental. ‘Las acciones de hoy demuestran que los problemas que nos afectan a todos, también pueden unirnos por el bien común’, afirmó.

Según el PNUMA, el peligroso metal se ha esparcido hasta los lugares más remotos del planeta y está presente en productos básicos de uso diario, incluyendo cosméticos, lámparas, baterías y empaste dental. Se estima que anualmente se emiten hasta 8,900 toneladas de mercurio.

Este metal pesado puede ser liberado de forma natural por el desgaste de rocas que lo contienen, incendios forestales y erupciones volcánicas, pero también se dan emisiones significativas procedentes de la actividad humana, particularmente de la quema de carbón y la minería de oro artesanal y de pequeña escala.

En setenta países, la minería de oro artesanal y en pequeña escala expone hasta unos quince millones de mineros a gases de mercurio, incluyendo cinco millones de mujeres y niños, de acuerdo con la ONU.

Otra forma de contaminación por el mercurio es la producción de cloro y de algunos plásticos, la incineración de desechos, en laboratorios, productos farmacéuticos, conservantes, pinturas y joyería. No obstante, el director ejecutivo de PNUMA, Erik Solheim, alentó que afortunadamente para todos los usos actuales del mercurio existen soluciones, así como nuevos y más seguros procesos industriales.

‘Países grandes y pequeños pueden jugar un rol en el combate contra el mercurio, al igual que los hombres y mujeres en las calles, solo con cambiar lo que compran y usan’, expresó.

El Convenio, que entrará en vigor el 16 de agosto de 2017, tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones de este metal líquido altamente tóxico.

Fuente:http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/planeta/restricciones-para-mercurio-partir-agosto/24002487

Paraguay

Minería y deforestación amenazan la vida de indígenas ayoreo

Un informe de la organización Iniciativa Amotocodie refiere amenazas a la vida de los indígenas ayoreo que se encuentran aislados en zonas fronterizas entre Paraguay y Bolivia.

La deforestación, minería, construcción de carreteras y las disputas por la propiedad de la tierra amenazan la vida de los indígenas ayoreo, que se encuentran aislados en zonas fronterizas entre Paraguay y Bolivia.

Un informe de la organización Iniciativa Amotocodie (IA), que se presentó esta semana en Asunción, detalla las ocasiones en que fueron detectados en los últimos años rastros de la presencia de los indígenas aislados, que conforman uno de los últimos pueblos nativos no contactados de América del Sur fuera de la Amazonía.

Además, explica los riesgos a los que se enfrentan los ayoreo en estado de aislamiento voluntario, un pueblo nómada que se desplaza a lo largo de su territorio tradicional, en el que se encuentran grandes áreas verdes como el Parque Nacional Defensores del Chaco (Paraguay) o el Kaa Iya (Bolivia), desconociendo las fronteras y las leyes estatales.

Según la organización, el territorio ayoreo comprende unas 33 millones de hectáreas situadas en la frontera entre Paraguay y Bolivia, al norte del Gran Chaco Sudamericano, región que se considera la segunda zona boscosa más extensa de Suramérica.

Esta región sufrió, entre los años 2015 y 2016, la mayor tasa de deforestación promedio en todo el mundo, con una media anual de 400.000 hectáreas desforestadas, y el territorio ayoreo fue el que sufrió los mayores impactos, según IA, que cita datos de la organización ambientalista Guyra Paraguay.

“El agronegocio es el principal causante de la deforestación del bosque nativo chaqueño y, con ello, el motor de la destrucción del mundo ayoreo”, detalla IA en su informe.

Agrega que la deforestación destruye áreas vitales para los ayoreo aislados, como los cauces estacionales, lagunas, aguadas, áreas de reproducción de animales, de caza y de recolección de frutos y mieles.

Además, la desaparición de los bosques agudiza la sequía extrema y fuerza a los indígenas a acercarse a estancias o campamentos de trabajadores para conseguir agua, lo que supone un riesgo de contacto no deseado, contagio de enfermedades e incluso de muerte.

La minería es otra actividad que pone en riesgo a los indígenas, dado que la apertura de caminos, las pruebas sísmicas y la presencia masiva de trabajadores que implica la exploración para buscar hidrocarburos obligan a los nativos a abandonar las zonas donde viven.

El dato: El pueblo ayoreo es uno de los cerca de veinte pueblos indígenas que viven en Paraguay y que representan menos del 2 por ciento de la población total del país.

Fuente:http://www.telesurtv.net/news/Mineria-y-deforestacion-amenazan-la-vida-de-indigenas-ayoreo–20170519-0006.html.

Mexico

Minera canadiense explota La Sierrita de Galeana sin pagar renta ni cumplir contrato

Periódico La Jornada
Jueves 18 de mayo de 2017, p. 33

Torreón, Coah.

El tribunal colegiado de circuito de Torreón debe garantizar el derecho a la tierra y los bienes naturales que tienen ejidatarios de La Sierrita de Galeana, municipio de Tlahualilo, Durango, afectados por la minera canadiense Excellon de México, que en 2013 dejó de pagar la renta anual por los predios. El adeudo, según los afectados, es de 22 millones de pesos.

La empresa sigue ocupando y explotando las tierras. Representantes del ejido, con apoyo de la organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Prodesc), exigen que la empresa pague la renta por los cuatro años y el cumplimiento de otras cláusulas económicas estipuladas en el contrato.

La última vez que La Sierrita recibió el pago fue en 2013 y no fue voluntario: los ejidatarios interpusieron un amparo, y mientras la sentencia del tribunal no quede firme, el contrato sigue vigente, aseguró el coordinador del área de justicia trasnacional de Prodesc, Juan Antonio López.

Expuso que en 2008 la minera –que extrae plata, plomo y zinc– y el ejido signaron un contrato para la renta de mil 100 hectáreas a cambio de 5 millones 500 mil pesos al año, con ajustes anuales a la inflación. Asimismo se estipularon cláusulas económicas, sociales y ambientales, la mayoría de las cuales ha incumplido la empresa.

Explicó que, ante la falta de voluntad de Excellon, en septiembre de 2012 los ejidatarios presentaron una demanda ante el tribunal unitario agrario de Torreón, Coahuila, para rescindir el contrato y hace cinco meses emitió un fallo parcial, pero el ejido continúa con el reclamo de los adeudos, así como del pago por daños y perjuicios.

“El proceso legal se inició hace casi cinco años. Los afectados hicieron manifestaciones pacíficas, no obstaculizaron los accesos a la mina. La empresa aceptó que había explorado fuera de las tierras arrendadas sin autorización de la asamblea, lo que va en contra de los acuerdos.

Hace cuatro años la empresa tiene en uso y goce las tierras arrendadas. Desde su llegada Excellon ha violado los derechos humanos de los ejidatarios y obstaculizado el desarrollo del ejido sin cumplir sus obligaciones con quienes legalmente son dueños, aseguró Juan Antonio López.

Los ejidatarios acusaron que mientras La Sierrita de Galeana ocupa el segundo lugar entre las localidades de Tlahualilo con más viviendas sin agua entubada y está entre las primeras 10 de este municipio con más casas sin drenaje, la canadiense reportó sólo los primeros tres meses de 2017 ingresos por 3 millones 413 mil dólares canadienses.

Fuente:http://www.jornada.unam.mx/2017/05/18/estados/033n2est

Ecuador

Manuel Leiva: “La minería de Ecuador es la principal fuente de contaminación del río

 Durante la sesión extraordinaria del Consejo Regional, el gerente de Recursos Humanos y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Tumbes (GRT), Manuel Leiva Castillo, aseguró que en Ecuador existe una mayor contaminación ambiental.

El funcionario manifestó que en la cuencas del río Tumbes están alojadas 750 concesiones mineras, de las cuales se ha identificado que 85 empresas están depositando residuos sólidos.

Explicó que el tema de la contaminación del río Tumbes es muy complejo, por lo que se tiene que trabajar conjuntamente con las autoridades de Ecuador.

Mencionó que en más de una ocasión se ha informado al Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, la situación que atraviesa la población tumbesina.

Incluso, afirmó que en el último GORE ejecutivo también se tocó este tema. Además, mencionó que se ha puesto a conocimiento del Presidente los problemas de saneamiento básico. Señaló que la EPS Aguas de Tumbes S.A (Atusa), también contamina el río Tumbes, añadió que para solucionar este problema se necesita más de mil millones de soles.

Argentina

Un gobernador y ambientalistas se oponen a la central nuclear china en Río Negro

Chubut y Río Negro. En Río Negro y Chubut decenas de organizaciones, y hasta uno de los gobernadores sureños, están en pie de guerra tras el anuncio de la construcción de una central nuclear en la Patagonia producto de un mega acuerdo firmado entre el presidente Mauricio Macri y el mandatario chino Xi Jinping.

Mientras el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anoticiaba a los rionegrinos, con bombos y platillos, que la central nuclear se concretará en su provincia a un costo de USD 8000 millones, generando 4000 puestos de trabajo, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, adelantó que hará todo lo imposible para evitar que se realice. Por otro lado, organizaciones ambientales de ambas provincias -entre las que se sumaron varias de Neuquén- le enviaron una carta pública al embajador chino Yang Wanming advirtiéndole su total rechazo al proyecto.

“Tenemos que mantener una posición consecuente con nuestra historia, nosotros no podemos avalar esto. Es como que a ellos no les interesa el territorio. Acá hay doble intención que tiene que ver con el uranio que tenemos nosotros en la zona de Cerro Solo, que es un bien buscado por todos los sectores. Vamos a dar batalla”, dijo Das Neves en comunicación con Radio Del Mar.

Una de las principales quejas de Das Neves tiene que ver con el lugar en que se emplazará la central. Según le confirmo el gobierno rionegrino a Clarín es prácticamente un hecho que se construirá en Sierra Grande muy cerca de la costa atlántica puesto que estos centros necesitan de una importante provisión de agua.

“Sierra Grande fue minera y después dejaron 20 mil personas en la calle, esta es una central nuclear que la quieren instalar cercana a Península Valdés, que es patrimonio de la humanidad y un lugar histórico de nuestra provincia. Nosotros nos vamos a oponer, seguimos con la misma postura», agregó el chubutense. Además se manifestó en contra el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre. Sierra Grande está a 137 kilómetros de esta ciudad turística.

“Nosotros ya demostramos lo contaminante que es y además esta es la actividad económica que más ha echado gente en lo que va del año y medio. Tiene problemas con el agua en todos lados donde está. Hay que buscar la alternativa. No enloquecerse, porque traen la inversión y nos dejan un desastre ambiental”, profundizó Das Neves.

Por otro lado, en Río Negro, la CTA inició la recolección de firmas para presentar un documento colectivo de oposición. Según los sindicalistas de aquí al fin de semana esperan reunir las primeras 5000 adhesiones. “En el mundo, después del desastre que significó Fukushima, las naciones apuntan a desmantelar las centrales nucleares, a excepción de China que quiere incrementarlas. Ahora bien, la planta que Macri y Weretilneck quieren imponernos a todos los rionegrinos se financiará con capital chino ¿Además del millonario negocio que significará para unas pocas manos, que otros objetivos se ocultan detrás de ello?”, señaló en un comunicado el Secretario General de la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar. “Vamos a instalar mesas permanentes de recepción de firmas en toda la provincia”, señalaron desde el gremio.

A estos reclamos se sumó el de la Unión de Asambleas Patagónicas que emitió una carta abierta al gobierno de la República Popular China. “Señor Embajador Yang Wanming. De nuestra consideración”, comienza el texto. “Nos dirigimos a usted a fin de informarle, y por su intermedio al gobierno de la República Popular China, que las/los abajo firmantes, nos oponemos categóricamente a la instalación de cualquier tipo de central nucleoeléctrica en ningún lugar del territorio patagónico. Queremos notificarlos también de nuestra decisión de impedir, bajo todos los medios dentro de la legalidad, la instalación de la antedicha planta de generación eléctrica”, señalan. “Más allá de la decisión de los gobiernos argentino y rionegrino, los habitantes patagónicos rechazamos dicha acción por inconsulta, arbitraria e ilegítima. Por considerar esta fuente de energía como sucia, peligrosa y costosa”, rematan.

Entre las organizaciones figuran: Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides (Chubut), Asamblea de Comodoro Rivadavia (Chubut), Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones, Asamblea Centenario Libre de Fracking (Centenario, Neuquen), Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra (Bolsón, Río Negro), Asamblea Permanente del Comahue (Neuquén y Río Negro), y decenas de otras.

Fuente:https://www.clarin.com/ieco/economia/gobernador-ambientalistas-oponen-central-nuclear-china-rio-negro_0_SkNHWzcxW.html

Mexico

Mineras acaparan, contaminan y sobreexplotan el agua de México

Las trasnacionales mineras secan los veneros del país. Grupo México y Goldcorp encabezan la lista de las que más litros de agua ocupan para la extracción de los minerales. Además, la empresa de Germán Larrea, uno de los más ricos del país, se encuentra en la lista de “presuntos evasores fiscales”, elaborada por la Auditoría Superior.

Grupo México y Goldcorp son las dos mineras que mayores cantidades de agua consumen en el país, señala el Debate sobre grandes consumidores de agua: El caso de las mineras en México, informe elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, publicado el 27 de abril pasado.

Catorce empresas han contaminado los cuerpos de agua de las comunidades donde se encuentran. Y otras siete acaparan el líquido de tal forma que ponen en riesgo a las localidades que las circundan.

“La mitad del agua destinada a la minería en el país se extrae de tan sólo tres estados: Sonora (107.9 millones de metros cúbicos anuales), Zacatecas (55.8 millones de metros cúbicos anuales) y Michoacán (44.4 millones de metros cúbicos anuales), indica la información documentada por el investigador Manuel Llano Vázquez, maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana y autor del portal de análisis CartoCrítica.

Y es bajo las denominaciones de Buenavista del Cobre, SA de CV; Compañía Industrial Minera México, SA de CV; Industrial Minera de México, SA de CV; Mexicana de Cananea, SA de CV y Mexicana del Cobre, SA. de CV; que el conglomerado Grupo México mantiene 142 títulos de concesión de agua, como se documentó en la edición 487 de Contralínea.

En tanto que la minera canadiense Goldcorp, Inc, es la segunda en acaparamiento de recursos, mediante sus filiales Camino Rojo, SA de CV; Compañía Minera Nukay, SA de CV; Desarrollos Mineros de San Luis, SA de CV, y Minera Peñasquito, SA de CV, que ocupan más de 47 millones 600 mil metros cúbicos anuales, según la información de CartoCrítica.

Grupo México también ha sido identificada por la Auditoría Superior de la Federación dentro de las 59 que “que cuentan con títulos de concesiones mineras, que se identificaron como presuntos evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.

Mineras, causantes del deterioro

El estudio del CESOP apunta que la inversión extranjera en el sector minero en México no ha representado necesariamente una mejora económica en las poblaciones marginadas. “Más bien, parece que, al contrario, algunas veces son causantes de deterioro en la vida de los pobladores. Puede mencionarse, el caso de la mina concesionada por el gobierno federal a la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines, cuya filial es la Compañía Minera Cuzcatlán, en San José del Progreso, Oaxaca”.

San José del Progreso es el tercer municipio más pobre de ese estado y se estima una ganancia de 360 millones de pesos de la minera canadiense, en 2012, con la extracción de miles de onzas de oro y plata. En contraste, el pago por esas concesiones al gobierno federal ascendió apenas a 2 millones de pesos. Datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) muestran que el 16.67 por ciento de las personas de este municipio viven en muy alto grado de marginación; el 75 por ciento, en alto grado y sólo 1 por ciento en grado medio.

La Constitución dice que el uso de los recursos naturales los debe impulsar el Estado y sólo excepcionalmente los particulares. Esto es algo que no se está haciendo ni con la minería ni con el agua, dice en entrevista Francisco López Bárcenas, autor del libro El mineral o la vida. La legislación Minera en México.

Pareciera que la industria minera dentro de la economía es de suma importancia, pues es el cuarto sector que más ingresos genera, pero eso no quiere decir que el país sea rico porque los beneficios van a dar a las arcas de los que están explotando los recursos.

“Lo que dejan al Estado es un mínimo y lo que queda como la anuencia para el desarrollo del país es nada. Ése es el esquema que se tiene que revisar, porque los efectos secundarios que tiene son muchos: peligro en las condiciones laborales, contaminación, explotación de recursos hídricos y evasión de impuestos”, comenta el especialista.

Las grandes consumidoras

Las empresas mineras son grandes consumidoras de recursos hídricos. La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sol Pérez Jiménez, indica que el 38 por ciento de los proyectos mineros coinciden en zonas de acuíferos con disponibilidad hídrica precaria o que son considerados sobreexplotados.

En su investigación Impacto de la minería metálica en el recurso hídrico, la académica enlista 14 empresas que han contaminado los cuerpos de agua de las comunidades donde se encuentran; así como el acaparamiento del recurso por parte de siete empresas y otras tres con “amenaza de impacto”.

Entre ellas se encuentran la empresa Peña Colorada, filial de Ternium. Según la investigadora, indica que en Colima diferentes comunidades han reportado desecación de manantiales y contaminación del Río Marabasco. Contrario a ello, información de la empresa dice que el agua es un insumo estratégico de los procesos mineros de Ternium, por lo cual “se han aplicado diversos sistemas para cuidar la cantidad y la calidad del recurso”.

Herrero de la Bufa, en Durango, de la empresa Grupo Minero Bacis, ha sido denunciada por organizaciones de pescadores, que indican que hay contaminación del agua por derrames de las presas de jales de la misma empresa. Por su parte, la información del consorcio minero se enorgullece de que en la última década ha logrado una producción de 1 mil 500 toneladas métricas, que produce un concentrado “Bulk” (plata-oro).

Minera Plata Real (filial de la canadiense Linear Gold) es otra de las empresas cuyos trabajos de exploración, en Oaxaca, “han causado grave contaminación en el río y en los mantos freáticos”, documenta la geógrafa por la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el acaparamiento o agotamiento de agua, Pérez Jiménez expone que la minera Sundance Minerals, disecó manantiales y contaminó arroyos en Capulálpam de Méndez, Oaxaca. Éste “había sido un pueblo minero. La escasez de agua y contaminación del suelo hizo a los pobladores buscar la manera de expulsar a la empresa canadiense, que explotaba a cielo abierto el oro de esta comunidad” (Contralínea 339).

La empresa Peñasquito, de GoldCorp, ha generado el agotamiento del agua, ya que en varios ejidos los pozos se han secado por completo. La compañía está instalada en Mazapil, Zacatecas.

La mina El Arco, de Grupo México, en Baja California, afectaría el acuífero del Vizcaíno. Éste se encuentra proyectado en un área natural protegida, denominada Reserva del Valle de los Cirios, en el municipio de Ensenada.

El proyecto Paredones Amarillos, de Vista Gold, “afectaría la reserva de la biósfera Sierra de la Laguna, principal fuente de agua dulce de los municipios de La Paz y Los Cabos”, explica la investigadora.

En el proceso extractivo se emplea habitualmente cianuro y los residuos minerales contienen naturalmente compuestos de sulfuro, que cuando se exponen al agua y al oxígeno, forman ácido sulfúrico.

En un fenómeno denominado drenaje de ácidos provenientes de minas, el ácido sulfúrico se filtra a través de los residuos de las minas y libera sustancias tóxicas como el cadmio y el arsénico de la roca. Esta mezcla venenosa puede escurrirse a la capa freática u otras fuentes de agua locales y, al ser consumida, puede causar daños al sistema nervioso, cáncer, enfermedades hepáticas y otros efectos adversos para la salud de los seres humanos, como se explica en el informe Han destruido la vida en este lugar. Megaproyectos, violaciones a derechos humanos y ambientales en México, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Repercusiones de la minería

Los impuestos que pagan estas empresas no están retribuyendo en la devastación ambiental (incluyendo el uso excesivo del agua) que está dejando la industria, dice Mayra Montserrat Eslava Galicia, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

El CESOP menciona que en el país se tienen identificadas seis zonas donde la sobreexplotación del agua es generada principalmente por actividades mineras circundantes o que transportan el recurso de estas áreas acuíferas a su campo de trabajo. “Los casos más notorios de sobreexplotación, relacionada con la actividad minera, se localizan en los acuíferos de Valle de Ixtlahuacan (Colima), Los Juncos (Chihuahua), Campo Mina (Nuevo León), Villa Hidalgo (San Luis Potosí), San Simón (Baja California) y en Guadalupe de las Corrientes (Zacatecas)”.

Entre los aspectos que analiza el Centro de la Cámara de Diputados se encuentra sobre la actividad minera en el país es la contaminación que deja en los recursos hídricos, indica que en el caso de Grupo México “ha dejado en el municipio daños ecológicos fuertes, con la contaminación de los mantos acuíferos de la zona (por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora).

“La empresa en cuestión utiliza miles de litros de agua y mercurio para separar el oro; por consiguiente, el líquido queda contaminado y ya no se puede aprovechar, ni para consumo humano ni para riego”, indica el estudio del CESOP.

El CESOP identifica que “el suelo de las regiones mineras no sólo recibe los desechos sólidos y líquidos derivados del uso humano; también aguas ácidas que contienen metales pesados de mineralizaciones sulfuradas aflorantes. También se trata de contaminación por la minería a cielo abierto y por el alto consumo de agua que demanda la explotación de los minerales”.

También, dice el Centro de la Cámara de Diputados, innumerables estudios de especialistas han documentado de manera exhaustiva que ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto.

Sin garantías laborales

La seguridad laboral es otra de las aristas que no cumple la industria minera en México. Pedro Vargas, trabajador de la minera Autlán, en Puebla, dice que las condiciones de trabajo para los mineros son muy reducidas, pues ante cualquier evento no hay garantía de una atención debida.

“Los riesgos que tenemos están en la misma operación de la mina, el manejo de los hornos y la contaminación a la que estamos expuestos. Hablamos con los patrones para que mejore nuestra situación: necesitamos medidas de seguridad más específicas para evitar cualquier accidente; pero no nos hacen mucho caso”, dice el integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Industrial Minera México, filial de Grupo México, tiene en su historial la muerte de 65 de sus trabajadores tras la explosión de la Mina 8 Pasta de Conchos, hace 11 años.

En enero pasado dos trabajadores de la minera Gold Resource Corporation perdieron la vida. En tanto, la canadiense Panamerican Silver fue acusada de despojo por habitantes de la comunidad zacatecana La Colorada, municipio de Chalchihuites.+

Érika Ramírez

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/05/16/mineras-acaparan-contaminan-y-sobrexplotan-el-agua-de-mexico/