Los concejales Camilo Delgado y Jorge Bolívar debatieron la aprobación del Proyecto de Acuerdo 012 que prohíbe la realización de actividades mineras contaminantes en Ibagué.

Luego de fracasar la iniciativa de consulta popular minera en Ibagué, se buscó a través del Concejo Municipal blindar el territorio a través del Plan de Ordenamiento Territorial, por lo cual el cabildo aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo número 012, por medio del cual se prohíbe la realización de actividades mineras contaminantes en todo el territorio urbano y rural de la ciudad.

De acuerdo con el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, la aprobación del Proyecto de Acuerdo permitirá proteger los recursos naturales y proyectar a Ibagué como una ciudad sostenible. «Nosotros queremos darle un ejemplo al mundo acerca de cómo reutilizar y proteger el agua. No vamos a permitir que destruyan el Municipio», dijo el Alcalde.

Cabe decir que los alcances del proyecto no afectan las actividades mineras de subsistencia, es decir, los mineros artesanales no se verán perjudicados.

El concejal Camilo Delgado explicó que el proyecto contó con unos elementos que han venido afianzando la competencia de los municipios para proteger su patrimonio ambiental y ecológico, puntualizó que además tenía un soporte jurisprudencial denso que le dio fuerza para ser aprobado.

“El precedente que sentó el concejal Bolívar fue fundamental para que el día de ayer el proyecto tuviera una discusión y una aprobación unánime como se dio ayer”, indicó Delgado.

Por su parte el concejal Jorge Bolívar recordó que el año pasado sobre el mes de octubre presentó un Proyecto de Acuerdo en el cual se pretendía prohibir la minería contaminante en Ibagué y no prosperó porque no era iniciativa del alcalde y él quería tener protagonismo.

“Jaramillo manifestó que el proyecto era presentado por un concejal pro-minero y que estaba a favor de AngloGold Ashanti, apuntó que no se podía hacer la prohibición por medio de un acuerdo porque no confiaba en los 19 concejales y en cualquier momento podían volver a variar la norma”, explicó Bolívar.

Afirmó que el sustento legal del Proyecto de Acuerdo que presentó en octubre frente al que presentó la administración en esta nueva votación es exactamente el mismo, e indicó que si le faltaba algo era solo incorporarlo cuando se hiciera la discusión pero “como no fue el alcalde el que lo presentó tuvieron que hundirlo en ese momento para no darle protagonismo a otras personas, debería ser asesor del señor alcalde porque a él le gustan todas mis ideas, lo primero que copio fue la Defensoría Social del Paciente creando unos puntos de atención en salud a los que les falta mucho porque siempre terminan acudiendo a mí, segundo la fusión de la USI y el San Francisco que llevo diciendo dos años por último el tema minero que me criticó pero que ahora impuso, me odia tanto pero me admira porque siempre se copia de mis ideas”.

Fuente:http://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-110123-mi-proyecto-de-acuerdo-contra-la-mineria-contaminante-no-prospero-porque-el-alcal

La minería ha acompañado por décadas la historia del departamento de Santander y aunque en los últimos años se ha despertado una conciencia ambientalista en el país, promovida desde sectores que defienden el ecosistema y el desarrollo de actividades que no afecten el agua, las prácticas de explotación de oro, plata y carbón se niegan a desparecer.

Entre unos y otros la mayor controversia se ha generado con la explotación del oro, especialmente en las zonas de influencia del páramo de Santurbán, un ecosistema protegido que produce el agua que consumen habitantes de 30 municipios de Santander y Norte de Santander.

De acuerdo con la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, Santurbán es el hogar de cerca de 300 especies de fauna vertebrada y más de 450 variedades de plantas vasculares, helechos y afines. Este abastecedor de agua para más de 2 millones de habitantes de ambos departamentos y que según el Ministerio de Ambiente posee 26 lagunas en más de 140 mil hectáreas, se ha convertido en el principal motivo de discordia entre ambientalistas y promotores de la minería.

Dadán Amaya Perea, integrante del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, asegura que no está en desacuerdo con la minería artesanal que se practica en la provincia de Soto Norte, en municipios como California, Vetas y Suratá. “Lo que rechazamos es la llamada minería a gran escala que esperan adelantar empresas como Minesa (Sociedad Minera de Santander), que pretende extraer 9 millones de onzas de oro. Ellos piensan hacer cientos de kilómetros de túneles que removerán toneladas de material, lo que genera un peligro gigantesco al agua”.

Señala que hay habitantes de la región que desconocen en profundidad los daños que va a generar la minería a gran escala y se han dejado seducir por las posibles riquezas que esta clase de empresas les muestran. “Hay un enrarecimiento del debate por la polarización que le interesa sembrar a Minesa y por intereses económicos que ha cultivado la empresa como convenios con la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán, Asomusanturban, que por 30 millones de pesos les prohíben a los alcaldes pronunciarse públicamente en contra de los intereses de Minesa.

El alcalde de California, Hugo Lizcano, sostiene que ya se sentaron en una mesa de trabajo con Minesa y voceros de la comunidad para alcanzar un pacto de coexistencia minero para quienes viven de este trabajo a menor escala, con el fin de conseguir un desarrollo sostenible en la zona para cientos de familias.

Apuesta por una minería bien hecha

Uno de los municipios más tradicionales por su vocación minera en Santander es California. Allí se creó una organización llamada GPS, que quiere decir Gran Pacto Social, de la que hacen parte integrantes de la comunidad, la alcaldía, el concejo y las empresas mineras como Minesa y Eco Oro.

Uno de sus integrantes es el ingeniero ambiental Fabio Maldonado, quien defiende la minería a través de prácticas amigables con el ambiente. “La minería que sacan en los medios, satanizada, con retroexcavadoras, dañando los ríos y el paisaje es muy distinta a la que hacemos acá. Tenemos en los municipios de Vetas y California modelos de desarrollo de minería limpia, donde es subterránea y no se utiliza hace seis años el mercurio y estamos en un proceso de abandono total del uso del cianuro”.

Maldonado rechazó que algunos movimientos sociales quieran estigmatizar a las personas que se dedican a este oficio y sostuvo que en California no están desarrollando ninguna actividad minera en el territorio del páramo de Santurbán. “Lo que más nos preocupa es que nadie nos ofrece ninguna alternativa para reemplazar este renglón de nuestra economía”.

Entre tanto, uno de los hechos más inquietantes para los activistas que defienden el páramo de Santurbán es el respaldo unánime a la presencia de Minesa que han expresado las autoridades de varios municipios. En videos que circulan por redes sociales los mandatarios de Charta, California, Matanza y Vetas aseguran que esta empresa ha hecho las cosas bien y destacan la inversión social en la zona.

Ante las críticas sobre la cercanía que tienen con la firma Minesa, Fabio Maldonado aclara que esa comunidad lo único que quiere es que se desarrolle un proyecto minero responsable. “Estoy totalmente de acuerdo con los que sacan la bandera en favor del agua y defienden el medio ambiente, yo soy especialista en ingeniería ambiental y soy promotor ambiental comunitario. Pero les recuerdo que en esta región vivimos más de 10 mil personas que dependemos de una actividad económica, así que muéstrennos una alternativa rentable que no implique que yo me vaya de mi territorio, y seré el primero en tomarla”.

En esta polémica entró en los últimos días el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien se fue en contra de las intenciones de la empresa por las consecuencias que traería en el agua que consumen los habitantes de esta capital. “Tenemos que reaccionar en contra de los explotadores del agua en el Páramo Santurbán. Derrotar la corrupción y también derrotar a Minesa. Nuestro oro es el agua”, dijo el mandatario.

Por ahora los defensores de Minesa, empresa propiedad de Mubadala, una compañía de inversión y desarrollo del gobierno de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, esperan que en los próximos meses la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dé el visto bueno para desarrollar una explotación minera que, aseguran, no va a afectar ese tesoro llamado Santurbán.

Fuente:https://www.radionacional.co/noticia/santurban/mineria-santurban-dilema-que-vale-oro

“Los 14 concejales tenían claro el panorama, tenían total claridad de que tenían la facultad de tomar esta decisión”, expresa el abogado Rodrigo Negrete, con respecto a la votación de los cabildantes que le impidieron la entrada a las empresas mineras a mediana y  gran escala como AngloGold Ashanti.

Se trata del Acuerdo número 012 “Por medio del cual se dictan medidas para la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones”, dice el texto que si permite la minería artesanal y la necesaria para extraer materiales de construcción.

En Ibagué hay muchos títulos mineros con licencia ambiental para sacar materiales de construcción,  estos, por efectos de las sentencias de la Corte Constitucional no se verían afectados. Además, explica Negrete, al ser una ciudad capital, “se comprende que hay una tipo de minería necesaria para el municipio”, y agrega, “los que ahora están prohibidos, serían todos aquellos que no cuenten con licencia ambiental”, por ejemplo  los de AngloGold Ashanti.

Impulsado por el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, pero ideado por la comunidad, se trata de uno de los mecanismos contemplados en leyes, sentencias y en la propia Constitución Política que le dan la capacidad a los alcaldes, concejos municipales y a la población de impedir el desarrollo de proyectos mineros. Es decir las consultas populares, los planes de ordenamiento territorial, y los acuerdos municipales, este último, es el caso de la capital tolimense.

Las reacciones

Mientras lideres ambientales como Renzo García, integrante del Comité Ambiental celebran la noticia recordando que “todo el sector minero de Ibagué pagó 23 millones en el año 2016 de impuestos”, las empresas mineras de esa región del país han rechazado la decisión del Concejo de Ibagué señalando que este tipo de iniciativas atentan contra los intereses de los empresarios formales y que cumplen con el ordenamiento jurídico existente.

Por el momento, los ambientalistas y en general las comunidades siguen reiterando en que esta situación evidencia la necesidad de que el gobierno empiece a reaccionar frente a las reclamaciones de los territorios, de manera que “se debe declarar una moratoria contra la minería y llegar a consensos con los comunidades”, concluye el abogado Negrete.

Fuente:http://www.contagioradio.com/ibague_mineria_anglogold_asanti-articulo-44560/