Colombia

Radican solicitud de licencia ambiental para explotación en Santurbán

Ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Sociedad Minera de Santander (Minesa), empresa de propiedad del fondo de inversión y desarrollo Mubadala, del emirato de Abu Dhabi, radicó el estudio de impacto ambiental del proyecto de explotación de oro ‘Soto Norte’, que se desarrollaría en áreas ubicadas en inmediaciones del Páramo de Santurbán.

Con esto, la multinacional entró en el proceso para darle trámite a la solicitud del licenciamiento que le daría vía libre al plan minero con el que se pretende extraer, durante 23 años, nueve millones de onzas en concentrados de pirita y cobre, cerca de los municipios de California y Suratá, en el departamento de Santander.

Se espera que en el primer semestre del próximo año se conozcan las determinaciones de la Anla que definirían el futuro del proyecto, el cual ha generado el rechazo de diferentes sectores de la sociedad, pese a que la compañía extranjera ha insistido en que no utilizará ni mercurio ni cianuro, y que la explotación estaría por fuera de la línea de páramo, a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar.

Organizaciones sociales y defensores del medio ambiente en Bucaramanga, quienes insisten en que el daño sería irreparable y pondría en riesgo el recurso hídrico que se produce en esa zona y que abastece a cerca de 2,5 millones de personas en los Santanderes, alistan una marcha en esa ciudad para el próximo 6 de octubre en contra de esta multinacional.

Nosotros tenemos todos los argumentos para demostrar que no puede haber mega minería bien hecha por encima de las bocatomas de nuestro acueducto.

“El estudio de impacto ambiental presentado por Minesa debe ser público, ya estamos en las gestiones para obtenerlo ante la Anla. De ninguna manera se puede otorgar la licencia ambiental, condición para la explotación. Nosotros tenemos todos los argumentos para demostrar que no puede haber mega minería bien hecha por encima de las bocatomas de nuestro acueducto”, explicó Erwin Rodríguez Salah, líder del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana.

El acalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en un abierto desafío al proyecto  en esa región, ha manifestado su respaldo a las manifestaciones públicas que se preparan para rechazar la pretensiones de Minesa.

Por su parte, en un lado contrario a la postura del mandatario de la capital santandereana, los alcaldes de los municipios ubicados en el páramo de Santurbán, han reiterado su aprobación al adelanto de plan minero.

Los dirigentes locales de los municipios de California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta y Tona, insisten en la necesidad de desarrollar la minería sin riesgo en su entorno, como parte fundamental de la actividad económica de sus comunidades, la cual, señalan, se vio truncada tras la delimitación del páramo por parte del Gobierno nacional.

Entre tanto, la multinacional minera ha señalado que el país debe avanzar en entender y apoyar los proyectos de minería “bien hecha”, y dejar la polarización y estigmatización de los proyectos y las empresas que buscan desarrollarla.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/minesa-radico-solicitud-de-licencia-ambiental-ante-la-anla-para-explotacion-en-santurban-127712

Mexico

En puerta, 3 o 4 proyectos mineros

Hay entre tres y cuatro proyectos mineros importantes, de inversión canadiense, podrían comenzar a operar en los próximos meses en territorio duranguense.

Así lo indicó Luis Madrazo Bonilla, delegado de la Secretaría de Economía, quien mencionó que esto se debe principalmente a la mejoría en los precios internacionales de los metales.

“Había proyectos con avance lento y ahora han tomado velocidad, de tal forma que para próximos meses podrían entrar en operación varias minas”, expuso.

Manifestó que el proyecto de Metates podría reactivarse, teniendo en cuenta la inercia positiva en los precios de los metales preciosos.

PROCEDIMIENTOS

Mencionó que cada empresa comienza de manera distinta los trámites requeridos para operar, por lo que es posible que haya algún otro proyecto por conocer.

Algunos se ponen en contacto muy pronto con las instancias relacionadas con el tema económico, pero otras se van primero a atender los asuntos de carácter ambiental o la energética.

Madrazo Bonilla consideró que la minería es un sector productivo que tiene todavía mucho potencia en el estado de Durango, tanto en lo que se refiere a los pequeños proyectos, como en el caso de las grandes empresas.

Fuente:https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/903287.en-puerta-3-o-4-proyectos-mineros.html

Colombia

Este jueves siga el debate sobre ‘Minería en Santurbán’

Ambientalistas y Minesa hablarán del proyecto minero en Soto Norte.

Este jueves, a las 10:00 a.m., siga en directo el debate sobre ‘Minería en Santurbán’, convocado por la alianza: Debates Unab y Vanguardia Liberal.

A la cita asistirán Juan Camilo Montoya Bozzi, director de sostenibilidad de Minesa y Alfonso Palacio, geólogo de Minesa. Por los ambientalistas estará el ingeniero Gonzalo Peña y un asesor ambiental.

Minesa estima que el país recibirá 450 millones de dólares en regalías y 1.7 mil millones de dólares en impuestos con el Proyecto Minero Soto Norte. Por su parte, los ambientalistas aseguran que esta clase de proyectos mineros sí terminará afectado completamente este sector de Santander y el agua que surte a Bucaramanga y su área metropolitana.

Si usted desea participar en el debate puede seguir la transmisión por Vanguardia.com y sus redes sociales utilizando la etiqueta #Santurbán.  Además, puede enviar sus peguntas al correo: cgutierrez@vanguardia.com

Fuente:http://www.vanguardia.com/economia/local/video-408800-este-jueves-siga-el-debate-sobre-mineria-en-santurban

Brasil

Red Iglesias y Minería pide al papa Francisco apoyo para defender la reserva amazónica RENCA en Brasil

En estos días de Oración por el Cuidado de la Creación, le escribimos para pedirle encarecidamente que su Santidad, nos brinde una palabra de aliento, desde lo profundo de su corazón, en defensa de la RENCA y en comunión con los pueblos que la habitan y preservan”, dice el texto de la carta dirigida al papa Francisco, en ocasión de su visita al país de Colombia.

Como es de conocimiento público, el gobierno de Temer emitió un decreto de ley que permitía la explotación de la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (RENCA), ubicada en la Amazonía brasileña. Dicho decreto extinguía una extensa reserva amazónica y permitía su explotación por empresas mineras. La reserva que fue creada en 1984 protege a los pueblos indígenas y a más de cuatro millones de hectáreas de una región de selva amazónica situada entre los estados de Amapá y Pará, al norte del país.

La presión de organizaciones ambientalistas locales e internacionales, iglesias, activistas y medios de comunicación en defensa de la Renca, logró que el decreto fuera suspendido temporalmente por un juez federal de Brasil, sin embargo, la reserva de la Renca continúa en peligro de muerte ya que el gobierno de Temer, ha reiterado la necesidad de explotar la reserva.

“Se trata, Santo Padre, -señala el texto de la carta- de un área de reserva de 46,450 Km2 que engloba nueve áreas protegidas, siendo tres de ellas de protección integral habitadas por los pueblos indígenas Waiãpi y Rio Paru d`Este, entre otros.  Toda esta área (del tamaño de Suiza), se encuentra amenazada por un Decreto Presidencial emitido sin consulta a ninguna de las poblaciones locales ni a la sociedad brasileña, abriendo la región a las empresas mineras”.

La Red, es una articulación ecuménica de comunidades, equipos pastorales, iglesias y movimientos sociales de América Latina, que defiende la vida, los territorios y el conjunto de la Casa Común, frente a las agresiones de los grandes proyectos extractivos.

“Rezamos para que usted, querido Papa Francisco, continué caminando y cantando junto a nuestros pueblos; para que las luchas y preocupaciones por este planeta nunca nos quiten la alegría de la esperanza”, señala la carta pública del 06, setiembre de 2017.

La Red Iglesias y Minería, siguiendo las recomendaciones de la encíclica “Laudato Si”, trabaja en sintonía con el Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM y en permanente colaboración con la Red Eclesial Panamazónica -REPAM- para promover la vida y el respeto a la autodeterminación de las comunidades indígenas y amazónicas en América Latina.

Fuente:http://iglesiasymineria.org/2017/09/07/red-iglesias-y-mineria-pide-al-papa-francisco-apoyo-para-defender-la-reserva-amazonica-renca-en-brasil/

Argentina

Aranguren viaja a Chile con Pascua Lama en agenda

El ministro de Energía y Minería de la Nación mantendrá reuniones en el marco de un encuentro regional que se celebrará en el vecino país.

l ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, viajará este jueves a Chile para asistir a la reunión ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA).  Durante los encuentros el funcionario intentará interceder con sus pares trasandinos para conseguir la reactivación del proyecto minero binacional Pascua Lama.

La cartera a cargo de Aranguren busca optimizar la explotación en los 5.000 kilómetros de la frontera común. Los dos países prevén evaluar los proyectos a ambos lados de Los Andes, la mayoría en manos de empresas canadienses, entre ellos la mina de oro y plata que se lleva por nombre Pascua del lado chileno y Lama en territorio argentino.

Este proyecto minero binacional, primero en su tipo a nivel mundial, comenzó a construirse, pero en el año 2013 se paralizaron las obras del lado chileno a causa de una denuncia ambiental y las autoridades del vecino país aún no han autorizado que se reanden los trabajos.

Mientras tanto,  la empresa Barrick Shandong ya reinició los trabajos del lado sanjuanino e incluso han comenzado a tomar personal para poder continuar con el proyecto en Lama, en donde no se descarta hacer una explotación subterránea.

Además de las cuestiones de la mina Pascua, se espera que Aranguren hable de renovación del convenio minero bilateral, que data de hace casi 20 años.

Aranguren, además, analizará con su par de Chile, el ministro de Energía Andrés Rebolledo, los acuerdos sobre las compras argentinas de gas y electricidad.

Fuente:http://www.tiempodesanjuan.com/economia/2017/9/6/aranguren-viaja-chile-pascua-lama-agenda-189588.html

Chile

Comité de Ministros incorpora aspectos medioambientales al proyecto minero Cerro Casale

El comité de ministros encabezado por el titular del Medio Ambiente, Marcelo Mena, en conjunto con las carteras de Economía, Minería y Energía revisó hoy el proyecto “Optimización Proyecto Minero Cerro Casale”.

Esto tras la determinación del Tribunal Ambiental de Santiago que ordenó en junio pasado dictar al comité una nueva resolución al respecto que justifique de manera más óptima la operación del proyecto y su impacto en el acuífero Piedra Pómez.

En la reunión, los asistentes al comité de ministros acordaron complementar la fundamentación de la aplicación de la regla de operación. Además aclararon que la actualización del modelo hidrogeológico deberá considerar, entre otras cosas, la recarga, consideraciones hidrogeológicas y volumen almacenado.

Lo anteriormente mencionado, podrá dar lugar a un nuevo modelo conceptual y numérico que deberá cumplir los requerimientos establecidos en la Ley de Bases del Medio Ambiente.

El proyecto minero Cerro Casale fue aprobado el año 2013 por la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, mientras que en 2015 el Comité de Ministros determinó su aprobación con condiciones tras revisar siete recursos de reclamación de particulares y organizaciones de la zona donde se ubica el proyecto.

Las condiciones exigidas por el Comité fueron reclamadas frente al Tribunal Ambiental de Santiago, lo que motivó el pronunciamiento de este.

Fuente:http://www.t13.cl/noticia/negocios/comite-ministros-incorpora-aspectos-medioambientales-al-proyecto-minero-cerro-casale

Nicaragua

Temen que proyectos mineros contaminen las aguas del Cocibolca

Miembros de la Plataforma Nacional en Defensa del Agua y la Vida (PNDAV) temen que el agua del Lago Cocibolca, que los abastece se contamine tras la concesión de nuevos proyectos mineros en la zona de Chontales.

“La preocupación ha surgido porque están reactivando un serie de concesiones que han otorgado cerca de la cuenca del río Mayales y que prácticamente cubre todo el territorio de Juigalpa, parte del territorio de San Pedro de Lovago. Lo grave de esto es que todos los sedimento que se producen en la minería van a dar a esta cuenca que desemboca en el Lago Cocibolca”, dijo Ruth Herrera, coordinador de la PNDAV.

Desde 2007, Juigalpa se abastece de agua potable proveniente del Lago Cocibolca, gracias a un proyecto de cuarenta millones de dólares financiado por el Gobierno de Corea del Sur.

Eduardo Hernández, ciudadano de Juigalpa, manifestó que hace 22 días reactivaron la concesión minera cerca del río Mayales y desde ahorita se ve que todos los residuos están desembocando en esta fuente.

“Este no es un problema solo nuestro, sino de todo el país, porque esta en peligro la contaminación de Lago Cocibolca, eso se debe a que una empresa minera están comenzado a trabajar entre Juigalpa y La Libertad. Al comenzar a trabajar ahí se va a contaminar el río y si se contamina el Mayales estamos perdidos porque el Lago también se va contaminar y nos vamos a quedar sin agua potable”, sostuvo Hernández.

Otros proyectos

El Lago abastece a otros municipios. En 2009 inició la construcción de un sistema de agua potable para San Juan del Sur, Rivas, con un costo que supera los veinte millones de dólares, financiados por España. Además existen propuestas de proyectos similares para abastecer de agua del Cocibolca a los municipios de Cárdenas y Acoyapa.

Ley 620 protege al Gran Lago

El Cocibolca, tiene capacidad de abastecer de agua potable a los 6 millones de nicaragüenses, y aún exportar excedentes a países vecinos, de los que podría obtenerse recursos financieros para proteger el Lago y desarrollar infraestructura de distribución nacional.

En la Ley 620 se establece en el artículo 26 que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es la que tiene la obligación de “Formular y elaborar el Plan Nacional de protección a los recursos hídricos”, como el Lago Cocibolca.

Fuente:http://www.laprensa.com.ni/2017/09/07/nacionales/2292676-temen-que-proyectos-mineros-contaminen-las-aguas-del-cocibolca

Colombia

Colombia. La Guajira alista paro cívico indefinido

Las comunidades en el departamento de la Guajira definirán el 20 de septiembre la fecha para comenzar un paro cívico en el cual pondrán en evidencia la crisis en la que está el departamento. Le exigirán al Gobierno Nacional la creación de políticas públicas para mitigar los impactos de la minería que derrumbó la vocación agrícola y […]

Las comunidades en el departamento de la Guajira definirán el 20 de septiembre la fecha para comenzar un paro cívico en el cual pondrán en evidencia la crisis en la que está el departamento. Le exigirán al Gobierno Nacional la creación de políticas públicas para mitigar los impactos de la minería que derrumbó la vocación agrícola y comercial de un territorio que ha perdido, entre muchas cosas, la soberanía alimentaria.

De acuerdo con Felipe Rodríguez, presidente del Comité Cívico por la Dignidad de la Guajira, en 1980 la Guajira le aportaba al país, en materia agrícola y comercial el 80% del PIB a la nación. Cuando a finales del siglo pasado se impuso la vocación minera, se quebró el sector agrícola y hoy no llega a aportar el 7%. Dijo además que el 60% de la minería que se realiza en el país ocurre en los territorios guajiros.

Ante esto, anunció que “el departamento ha perdido la capacidad de producir sus propios alimentos y las personas se están muriendo de hambre”. Adicionalmente, los procesos extractivos “han aumentado la desigualdad social en los ingresos, el 60% de las personas que viven en la Guajira ganan menos de un salario mínimo porque la minería acabó con los empleos. Solo el 2.9% de los empleos los genera la minería y el 87% son trabajos informales”.

A nivel ambiental la Guajira está destruida

Rodríguez manifestó que ese departamento es 87% semidesértico y la minería ha destruido cerca de 12 mil hectáreas de bosque seco. También dijo que hay 10 arroyos y 2 lagunas arruinadas dejando al territorio en un “estrés hídrico”.

La situación se agrava en la medida en que la Guajira tiene 172 mil hectáreas de tierra con títulos mineros, esto equivale al 40% del territorio. De estos títulos el 70% se encuentran en zonas aledañas a la cuenca del río Ranchería que “es el que impide que el desierto se trague la Sierra Nevada de Santa Martha y la vida de una sociedad de más de un millón de personas”.

La riqueza que hay en este lugar, según Rodríguez, “se ha convertido en la cereza de la geopolítica de los hidrocarburos”. Esto pues allí se encuentra el 56% de las reservas probadas de carbón, el 35% de las reservas de gas del país y la capacidad de producir 11,200 barriles de petróleo.

Guajiros están organizando procesos de unidad

Ellos y ellas están enfocados en construir una unidad que les permita exigirle al gobierno la creación de políticas públicas que respeten su territorio. Han dicho que no están en contra de la minería pero creen que es necesario que estos procesos dejen una mayor renta, que no se destruyan los arroyos y los ríos y que existan procesos de diversificación de la producción minera.

Igualmente han dicho que es necesario que se recupere la soberanía alimentaria por medio de la recuperación del sector agrícola y que el Gobierno Nacional debe invertir en obras de acueducto para solucionar el problema del agua potable.

Finalmente, Rodríguez indicó que el 20 de septiembre realizarán un foro sobre la biodiversidad, el agua y el extractivismo. Allí decidirán las fechas del paro cívico indefinido que contará con las experiencias que recojan del intercambio con manifestantes del paro de Buenaventura y Chocó.

Fuente:http://kaosenlared.net/colombia-la-guajira-alista-paro-civico-indefinido/

Chile

Evaluación socioambiental de los proyectos mineros: el desafío que viene

El sector minero fue pionero en Chile en establecer un sistema de evaluación ambiental de sus proyectos. En 1992, dos años antes de la promulgación de la ley de bases del medio ambiente y cinco años antes de la publicación del primer reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), el Sector Minero, en acuerdo con el Ministerio de Minería, decidió someter a todos sus nuevos proyectos a un proceso de Evaluación Ambiental, motivado por la necesidad de presentar garantías de viabilidad ambiental y social de estos proyectos para obtener el financiamiento por parte de instituciones financieras adscritas al International Financial Council (IFC).

La sociedad ha tomado el rol de un actor cada vez más activo en el proceso de toma de decisión respecto a la aprobación y ejecución de proyectos de desarrollo productivo en general y minero en particular. El avance de las comunicaciones y las redes sociales hacen que sea ahora más fácil organizarse y coordinar acciones que permitan manifestar inquietud y/o rechazo por parte de la comunidad. Al menos en este ámbito, la sociedad es políticamente activa y esa actividad, lejos de disminuir, se incrementa día a día. Hoy, con el rechazo del Proyecto Dominga, precedido por el rechazo a varios otros proyectos mineros por parte de las instituciones a cargo del SEIA, cabe preguntarse si la institucionalidad asociada a la aprobación de proyectos está preparada para este nuevo escenario en que ya no basta con cumplir con una lista de requerimientos técnicos en el contexto de la normativa legal para que un proyecto llegue a ser ejecutado, o si es necesario revisar dicha normativa a fin de incorporar apropiadamente el componente social (activo),

además de las exigencias ambientales y políticas. ¿O se trata acaso de dificultades que surgen como consecuencia de proyectos mal diseñados, no sustentables o mal presentados?

El Sistema de Evaluación Ambiental pretende asegurar y garantizar la sustentabilidad ambiental y social de los proyectos, previo a su desarrollo. Para ello, el titular del proyecto debe presentar los estudios pertinentes que permitan asegurar o demostrar que el proyecto va a cumplir con todas las normas y exigencias ambientales vigentes. Los titulares de los proyectos confían en que un estudio bien hecho es garantía de una resolución ambiental favorable. Pero, en la práctica, esto no está ocurriendo. El SEIA no es un instrumento de optimización que busque la mejor solución desde un punto de vista ambiental y social, ni menos un instrumento de ordenamiento territorial. Este último punto es importante en el contexto actual de Chile donde existen importantes vacíos que salen a la luz durante el proceso de evaluación ambiental. Muchos consideran que diversas actividades son inaceptables e incompatibles con recursos ambientales, culturales y sociales en algunas zonas del país, sin que exista una declaración explícita de ello, respaldada por estudios multidisciplinarios y por un consenso político y social. Una definición y delimitación muy clara de zonas de exclusión y de las actividades consideradas compatibles en las diferentes regiones del territorio nacional sería de gran ayuda.Eso es el objeto del ordenamiento territorial, respaldada por la Evaluación Ambiental Estratégica, hoy en mano de los municipios y de las regiones pero que sin lugar a dudas está en déficit y muy atrasada. Al final de los años 90, SERNAGEOMIN impulsó un interesante programa piloto de cartografía temática, con registros de las zonas de riesgos geológicos y ambientales

y que derivó en la publicación de mapas que deberían servir de base a la planificación territorial pero que, lamentablemente, son desconocidos para muchos de los actores. Es fundamental avanzar en este proceso de planificación estratégica para sentar las bases de un modelo o sistema de ordenamiento territorial que efectivamente sirvan de pauta y de marco para la evaluación ambiental de cada proyecto específico, y no forzar el SEIA a cumplir un papel que no le corresponde.

Por otra lado, existe sin dudas errores en la forma como las empresas mineras siguen abordando el proceso de evaluación ambiental y social de sus proyectos. No se trata, una vez definido y diseñado el proyecto, de contratar a una empresa consultora y asesores especializados para tratar de demostrar que el proyecto es ambientalmente y socialmente aceptable, ni una ONG que les haga el «relacionamiento comunitario» o les sugiera acciones de «buena

vecindad». Es indispensable entender la evaluación ambiental y social como un instrumento preventivo e incorporar estas dos dimensiones en el diseño mismo del proyecto, desde una etapa muy inicial. Un proyecto sustentable, ambientalmente y socialmente exitoso, es un proyecto que busca optimizar todas sus componentes desde el punto vista ambiental y social, lo cual supone ir mucho más allá de las exigencias legales, y de las instancias formales de participación; supone incluso redefinir lo que hasta ahora se ha entendido como «negocio minero». Buscar con las comunidades locales las alternativas de ubicación y diseño de las instalaciones y selección de tecnologías que mejor se ajustan a lo que quieren y están dispuestas a aceptar estas comunidades, integrar al proyecto las necesidades y modalidades del desarrollo local, reconocer en forma temprana las componentes ambientales sensibles y vulnerables y adaptar el proyecto para garantizar su protección, otorgar a los habitantes del territorio la posibilidad de decidir sobre aspectos críticos del proyecto, son hoy las nuevas maneras de abordar el proceso de evaluación ambiental y social.

El futuro de la minería en Chile depende entonces de como avanzamos en forma exitosa en estas dos direcciones. Por un lado, mejorando nuestra política y nuestros instrumentos de planificación territorial y por otro lado, adoptando desde el sector minero una actitud mucho más proactiva, al igual como ocurrió a principios de los años noventa, y cambiando nuestra forma de desarrollar los proyectos hacía un diseño más consensuado.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/09/06/evaluacion-socioambiental-de-los-proyectos-mineros-el-desafio-que-viene/

Mexico

Minería y megaproyectos son causas de agresiones

Jalisco destaca como la novena entidad con más violaciones ejercidas contra defensores de derechos humanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, según se desprende del informe titulado La Esperanza no se agota y dado a conocer por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

El documento, que busca documentar la situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la actual administración federal, recoge que desde diciembre de 2012 se han presentado 302 casos de agresiones de diversas índoles en 30 entidades del país, 11 de las cuales ocurrieron en Jalisco.

Éstos se han dado principalmente en los rubros de defensa del territorio, minería y cuestiones relacionados con megaproyectos.

“Los estados que presentan mayor incidencia en violaciones a los derechos humanos y delitos contra personas y colectivos ligados a la defensa de la tierra y el territorio son: Chiapas (24), Oaxaca (24), Jalisco (10) y Chihuahua (8) (…) El registro que tenemos de casos relacionados con megaproyectos abarca 21 entidades federativas, de las cuales Oaxaca tiene el mayor número de casos documentados, representando 20 por ciento (13). En Jalisco, de lo que conocemos, se registra el 11 por ciento (siete), mientras que en Chiapas, Puebla, Chihuahua y Sonora registramos 7.5 por ciento (cinco en cada entidad) de los casos en cada uno”, se expone en el documento, aunque no se hace un desglose explícito de megaproyectos como la construcción de la Presa El Zapotillo y el acueducto para llevar el agua desde ésta hasta León, Guanajuato.

Respecto a proyectos mineros, se documentaron un total de 18 violaciones de los derechos humanos de los defensores en todo el territorio nacional. De ellos, tres tuvieron lugar en Jalisco, cuyas mineras se han asentado principalmente en zonas limítrofes con Colima, como en Cuautitlán de García Barragán –uno de los municipios más marginados del estado–. El informe resalta que con frecuencia las mineras enfrentan la oposición de las comunidades “debido a las violaciones que provocan a sus derechos económico, sociales, culturales y ambientales”.

En el recuento de los 30 defensores y defensoras “ejecutados extrajudicialmente y asesinados durante 2017”, existen tres casos acontecidos en Jalisco: el de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, miembros de la comunidad wixárika involucrados en la recuperación de tierras, a quienes un grupo de desconocidos dio muerte el 22 de mayo; y el de Gerardo Corona Piceno, quien buscaba a su hermano desaparecido en 2012 y señalaba como presuntos responsables de funcionarios de Ixtlahuacán de los Membrillos y que fue asesinado el 20 de abril a las afueras de su domicilio en la colonia Jardines de la Cruz, de Guadalajara.

A nivel nacional, el informe resalta un repunte en la criminalización de la protesta social, se contabilizan 90 mil 694 asesinatos relacionados con la estrategia de seguridad emprendida y se señala un aumento de los feminicidios.

NÚMERO

3 agresiones contra defensores ligadas a proyectos mineros se dieron en Jalisco

 

Fuente:http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=80783