Retrato de tres personas que defienden la tierra, la vida y el agua frente a la industria minera en Filipinas, Colombia y Uganda.
Los líderes de vanguardia de la lucha minera en Filipinas, Colombia y Uganda viajaron al Reino Unido el pasado mes de noviembre para exponer los costes reales de los amplios vínculos del Reino Unido con la industria minera mundial y para oponerse al congreso Mines and Money (Minas y Dinero) que se celebró en Londres, un eje mundial de financiación y poder de la minería.
Aunque se publicita como un evento en el que «se logran acuerdos», el objetivo manifiesto de Mines and Money, que reúne a miles de empresas mineras e inversores en la capital británica, es establecer contactos entre el gran capital y las grandes minas. ‘Líderes del pensamiento’, como el financiador del Brexit, Arron Banks, y el antiguo líder del UKIP, Nigel Farage, pronunciaron discursos inaugurales en la conferencia de este año en los que aconsejaban a las empresas cómo explotar el Brexit y el ascenso de Trump para seguir obteniendo riqueza, especialmente del hemisferio sur.
Las explotaciones mineras que salen de los foros de negocios con sede en Londres, como Mines and Money, están creciendo, son más letales y son más propensas a provocar catástrofes. Hoy en día, la minería es la industria más mortífera para aquellos que se interponen en el camino de sus actividades.
En este artículo, activistas de primera línea de Filipinas, Colombia y Uganda describen las amenazas y el impacto de la minería y cómo están resistiendo y liderando alternativas a un paradigma de desarrollo neocolonial basado en la actividad minera.
María Camila Méndez es una de las organizadoras de Cosajuca, un grupo activista juvenil de Cajamarca, Colombia. Camila comparte la exitosa campaña de su comunidad para que el gigante minero AngloGold Ashanti, que opera con dinero británico, parara la excavación de la mayor mina de oro de América Latina: La Colosa.
En marzo, los cajamarcanos celebraron un referéndum en el que el 98 % de los residentes que acudieron, votaron para vetar La Colosa y todos los demás proyectos de extracción de la región.
«El impacto (de La Colosa) en la salud, la contaminación de los recursos hídricos y los cultivos, la destrucción de ecosistemas estratégicos, habría sido devastador. Sumado a todos los conflictos sociales, hubiera llevado al desplazamiento de la población. La gente habría tenido que irse porque la posibilidad de tener una vida digna ya no existiría.
Siempre hemos intentado participar y dar voz a nuestras opiniones sobre las minas, pero estábamos preocupados, porque veíamos que nos iban a imponer el proyecto minero sin escuchar a las comunidades. Ante esta situación, empezamos un proceso democrático reconocido en Colombia (a través de la Constitución), llamado consulta popular. Este dice que si un territorio es amenazado por cualquier proyecto de desarrollo, se debe hacer una consulta popular para permitir que las personas se expresen con sus votos.
Había retos para organizar un proceso como ese en las zonas rurales. Por ejemplo, hay muy poca participación de las mujeres, a pesar de la profunda conexión que tienen ellas con los territorios. Pero al final, hemos unido a todo el mundo en esta lucha, porque entendemos que todos y cada uno de los habitantes come y necesita agua. También hemos animado a la gente a pensar en las futuras generaciones. Si la mina tiene lugar, ¿qué pasaría con nuestros hijos y nietos?
El resultado de la consulta popular tardó diez años en fraguarse, y el 26 de marzo la gente votó para defender lo que siempre hemos sido. Ahora debemos analizar lo que hacemos después de decir no a la minería. Ante todo, esto implica la consolidación de lo que hemos sido y lo que somos.
En lo que respecta a las empresas, ya sea la industria minera o cualquier otro tipo de actividad que quiera destrozar estos territorios, les estamos mostrando qué les va a pasar si lo intentan. La gente ha despertado. Y aunque no estamos en igualdad de condiciones y no tenemos los recursos ni todo el poder que esas compañías pueden tener, lo que hemos demostrado es que cuando las comunidades aúnan esfuerzos, es muy difícil pararlas. Puede que tengan todo el dinero, ¡pero eso no lo es todo!».
Clemente Bautista es el coordinador nacional de Kalikasan People’s Network for the Environment (Red de personas por el Medio Ambiente Kalikasan), una organización que trabaja muy de cerca con los pueblos que se resisten a la destrucción ecológica de sus tierras a manos de las compañías mineras. Aquí, Clemente comparte cómo los intereses mineros del Reino Unido están agravando la violencia en el país asiático más peligroso para ser un defensor de los derechos humanos.
«Global Witness ha incluido a Filipinas en su lista como el lugar más peligroso del mundo para ser activista medioambiental. Los asesinatos extrajudiciales que se cometen en nombre de la llamada “Guerra contra las drogas” de Duterte, y que se estima que ha alcanzado entre siete y trece mil muertos, también se utilizan para eliminar a los activistas comunitarios y políticos. Sabemos que, desde que el presidente Duterte tomó posesión, han matado a treinta y cuatro defensores del medioambiente.
Los riesgos reales los tienen aquellos que están en las propias poblaciones. En la provincia de Batangas, los intereses mineros canadienses y británicos apuntan a iniciar operaciones en grandes minas abiertas de oro cerca del pueblo de Lobo. La población local se opone enérgicamente a la mina, que amenaza con ser un desastre medioambiental para las comunidades de granjeros y pescadores. Desde agosto de este año, tres activistas contra la actividad minera de la zona han sido asesinados y cinco defensores del medio ambiente han sido detenidos ilegalmente en Batangas.
Kalikasan ha estado trabajando con nuestro socio local, Bukal, para ayudar a la población de Lobo. Pero la comunidad se ha enfrentado a enormes presiones. En septiembre, el ejército anunció que estaba llevando a cabo operaciones contra los rebeldes comunistas. Parece que los han utilizado para aislar el pueblo de Lobo y calificar a la oposición de la mina de comunista. El área ha sido ametrallada y bombardeada por las fuerzas aéreas y la gente se ha visto obligada a huir de sus casas. Cuando Kalikasan intentó llevar ayuda humanitaria y alimentos, los militares les impidieron entrar en la zona.
¿Cómo podemos permitir que se produzcan este tipo de castigos colectivos a una comunidad entera para servir a los intereses de corporaciones extranjeras? Además, si la mina de oro abierta entra en funcionamiento en Lobo, los residuos, casi con total seguridad, se filtrarán al río Lobo, que desemboca directamente en el Paso de la Isla Verde, un tesoro de la biodiversidad marina.
El Reino Unido se ha ido interesando cada vez más en expandir sus inversiones en Filipinas, en especial en lo que se refiere a minería e infraestructuras. En abril de 2017, el ministro de Comercio Internacional del Reino Unido, Liam Fox, visitó al presidente Duterte en un encuentro que tenía por objetivo alcanzar un acuerdo comercial tras el Brexit. Declaró a los medios de comunicación locales que el Reino Unido y Filipinas estaban en las mejores condiciones para tener unas relaciones comerciales más estrechas basadas en los “valores que comparten”. Esperamos que eso no se traduzca en abusos de los derechos humanos, asesinatos extrajudiciales y destrucción del medio ambiente».
Alice Kazimura es granjera, líder comunitaria y defensora de los derechos de las mujeres de Buliisa, en Albertina Graben, Uganda. Desde 2006, se han descubierto en esta región biodiversa reservas petrolíferas que se calcula que produzcan 6,5 miles de millones de barriles de petróleo, lo que ha disparado la fiebre por apropiarse de tierras, los conflictos y los ataques a los derechos humanos.
La comunidad de Alice, Kakindo, está cerca de Kasemene 1, un pozo de petróleo descubierto por Tullow Oil, una compañía petrolífera angloirlandesa que cotiza en la bolsa de Londres (TLW) y que se ha visto implicada en múltiples polémicas en Uganda y en el Reino Unido.
«La explotación de petróleo en mi comunidad ha llevado a desplazamientos involuntarios de poblaciones y a un impacto medioambiental negativo en la Madre Tierra y en los medios de vida de la gente. Muchas de las actividades de explotación se llevan a cabo en ecosistemas sumamente frágiles, como el parque nacional de las Cataratas de Murchison. Se está destruyendo hábitats con poca, o ninguna, atenuación.
Por desgracia, el coste social y medioambiental de extraer petróleo y gas, poco a poco, está pasando a ser insoportable. Las extracciones vienen acompañadas de apropiaciones de terreno comunitario y desalojos forzosos de las poblaciones por parte de particulares, del gobierno y de las empresas. El área que rodea a Kasemene 1 ya es terreno vedado para la población porque está militarizado. Ya no podemos movernos con libertad en aquella zona.
Las mujeres siguen sufriendo más que los hombres el impacto de las explotaciones petrolíferas y las expropiaciones de tierras. Hace más de cuatro años que les dijeron a las mujeres de nuestra zona que no cultivaran alimentos en su propia tierra que tardaran más de tres meses en crecer. Los problemas que atañen a las familias y al territorio han empeorado, ya que los hombres abandonan el hogar después de recibir una pequeña compensación económica. Nuestro gobierno ha aprobado que solo se necesita el permiso de los hombres para entregar las tierras. Siempre se ignora a las mujeres en este proceso.
Nosotras, las mujeres, hemos estado concienciando a la población acerca de los problemas del petróleo y consolidando herramientas para hacer oposición. Hemos presentado una petición al gobierno, hemos utilizado el teatro para expresar nuestros mensajes de defensa y la radio verde de la comunidad para divulgar el impacto del petróleo en las poblaciones.
Estamos promoviendo fuentes de energía alternativas, como la energía solar, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y la necesidad de extraer más petróleo y gas. Estamos creando espacios seguros para que las mujeres reflexionen sobre sus propios problemas y construyan movimientos de mujeres para promover esas alternativas.
Hemos estado haciendo intercambios y compartiendo experiencias prácticas entre mujeres sobre los métodos que se utilizan para la agricultura ecológica. Son métodos de agricultura adecuados para pequeñas porciones de terreno. Hemos evitado los organismos modificados genéticamente, plantando y recuperando nuestras semillas indígenas. Y estamos haciendo actividades económicas, como tejer, lo cual une a las mujeres».
La línea férrea de la mayor mina de carbón de Colombia, Cerrejón, sufrió un ataque con explosivos que provocó la suspensión de la circulación de los trenes, sin afectar la producción ni las exportaciones, informó el martes compañía.
La AJAM ejecutó junto al SIFDE la consulta para la explotación del oro en el municipio de Inquisivi, pero el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz observó que no fue previa, informada, ni concertada.
07/03/2018 Universidad
Una vez finalizada la fase de recepción de observaciones dentro del proceso de obtención de licencia ambiental por parte de los concesionarios mineros, moradores de la parroquia Nulti, en los sectores Challuabamba y Guangarcucho, esperan que las autoridades locales tomen en cuenta sus reparos a la minería en la zona.
Mediante un comunicado emitido la semana pasada, el Colectivo por Ayabaca al que pertenecen diversas organizaciones del área de influencia del proyecto minero Rio Blanco del consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation se pronunciaron con respecto al proyecto. Han solicitado que se respete el proceso de consulta vecinal y la decisión de las rondas de apostar por la defensa de los páramos y la conservación del ambiente . En el documento, suscrito por las comunidades campesinas de Segunda y Cajas, y Yanta, afirman: “Las consultas vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional y exigimos que se respete la decisión de las comunidades de Piura de no permitir el ingreso del Proyecto Rio Blanco”
La diputada por la provincia San Juan, Lucía Medina, rechazó los aprestos de explotación al proyecto minero Romero, ubicado en la comunidad de Hondo Valle, tras asegurar que sería un atentado al medio ambiente, especialmente a la producción agropecuaria.
Habitantes de las comunidades de Alto Lucero y Actopan, en Veracruz, entregaron a autoridades federales y estatales actas de asamblea en las que asientan su decisión de declararse pueblos libres de megaminería tóxica, amparados por el derecho de autodeterminación de los pueblos y por los convenios internacionales firmados por México.