Argentina

YAMANA GOLD PUBICITA AGUA RICA PERO EL PROYECTO ESTÁ DETENIDO POR LA JUSTICIA

Autor: No a la Mina.org
Conflicto Relacionado: Agua Rica - Andalgalá

A pesar que la Corte Suprema de Argentina ordenó a la justicia catamarqueña responder a las demandas planteadas por los vecinos al informe de impacto ambiental del demorado proyecto Agua Rica, la minera canadiense Yamana Gold sale a intentar captar la atención de los inversores anunciando que analiza tres alternativas para el desarrollo del proyecto de cobre, oro, molibdeno y plata Agua Rica. Habla que puede ser a cielo abierto y a gran escala, de actividad subterránea y una tercera, que podría ser mixta.

La empresa, fuertemente resistida por los vecinos de Andalgalá ubicada a 35 km del yacimiento, atenúa la producción a cielo abierto a gran escala y optaría por un escenario de menor rendimiento pero mayor vida útil. Ello se desprende de los informes que la firma presentó ante la Bolsa de Toronto.

Yamana anticipó en una comunicación elevada a la Bolsa de Valores de Toronto que contará este mismo año con una evaluación económica preliminar del proyecto, mientras tendrá listo en 2019 el correspondiente estudio de prefactibilidad.

No es el único rechazo social que vive Yamana en Argentina. En la provincia de Chubut, los vecinos desde hace 15 años vienen frenando proyectos mineros en la provincia a partir del movimiento iniciado en Esquel contra el proyecto minero de oro y plata del cual es titular Yamana Gold, a través de su subsidiaria Minas Argentinas S.A. En este caso también la Corte Suprema falló contra el desarrollo del proyecto. Fruto de la lucha la provincia tiene una ley prohibiendo la minería metalífera a cielo abierto y Esquel dispuso una ordenanza impidiendo la permanencia de oficinas de mineras en la ciudad.

Cabe señalar que el yacimiento minero se ubica a unos 25 kilómetros al norte de la localidad de Andalgalá, en el sector sur del sistema Sierras del Aconquija, a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar y a unos 35 kilómetros hacia el este de Bajo La Alumbrera.

El escenario de producción de Agua Rica, a cielo abierto y a gran escala, contempla una integración con la vecina mina Alumbrera, en la que Yamana Gold posee una participación del 12,5% (el 50% pertenece a Glencore Xstrata, mientras Goldcorp detenta un 37,5%).

La compañía proyecta una vida útil de la mina superior a 22 años, a niveles de producción anuales promedio de aproximadamente 440 millones de libras de cobre, 109.000 onzas de oro, 14 millones de libras de molibdeno y 1,6 millones de onzas de plata durante los primeros 10 años.

Para los escenarios independientes a menor escala (aún en consideración) se incluyen una mina a cielo abierto y una mina subterránea, o bien una mina combinada a cielo abierto y subterránea.

En este caso, basado en estudios de nivel conceptual, la compañía proyecta una vida útil de la mina de 28 años, pero con volúmenes de producción inferiores.

Concretamente, se estiman en esta opción 149 millones de libras de cobre, 43.000 onzas de oro, 3,9 millones de libras de molibdeno y 363.000 onzas de plata, durante los primeros 10 años posteriores a la puesta en marcha.

La empresa minera canadiense consideró que “el escenario independiente de menor rendimiento es una oportunidad de desarrollo convincente, especialmente a causa de la marcada disminución del capital de desarrollo”. Eso sí, aclaró que mantiene “la opción a más largo plazo para una operación a cielo abierto a gran escala a su debido tiempo”.

 Fuente:https://noalamina.org/argentina/catamarca/item/40456-yamana-gold-pubicita-agua-rica-pero-el-proyecto-esta-detenido-por-la-justicia
Argentina

Legislatura: promueven zonificación para que la actividad minera se desarrolle en Chubut

Autor: El Patagónico.com

Integrantes del bloque Convergencia presentaron ayer un proyecto de ley en la Legislatura que busca hacer posible la minería en más del 60% del territorio chubutense. El Partido Justicialista sostuvo que presentará hoy un proyecto con la finalidad de realizar una consulta popular vinculante en las elecciones de 2019 para que la ciudadanía decida sobre la actividad minera. Desde Chubut Somos Todos denunciaron que este proyecto fue elaborado en la Casa Rosada.

Los diputados Alfredo Di Filippo y Sergio Bruscoli, del Bloque Convergencia, presentaron ayer un proyecto de zonificación minera en la Legislatura. La iniciativa está referida “a la industria minera y los criterios de sustentabilidad a fin de promover su desarrollo armónico en el marco de la Ley XVII N° 68 (antes Ley 5001)”.

Es que este proyecto apunta a la zonificación de la actividad, con lo cual se podría habilitar su explotación en el 64% del suelo chubutense, y cuenta con el acompañamiento de un grupo de jefes comunales de la meseta chubutense y por la Cámara de Empresas Mineras.

Tanto Di Filippo como Bruscoli no estuvieron presentes ayer en la Legislatura, pero los vecinos vinculados a las asambleas permanentes en contra de la minería manifestaron su descontento por el proyecto presentado. En consecuencia, efectivos policiales mantuvieron un gran operativo de seguridad para evitar desmanes.

CONSULTA VINCULANTE

Consultado por el proyecto de zonificación minera, el presidente del bloque del Partido Justicialista (PJ), Javier Touriñan, remarcó que el mismo se encuentra sostenido y fue argumentado por los intereses que persigue la Cámara de Empresas Mineras. Frente a este panorama adelantó que se trabaja en un proyecto en el cual se garantice que sea el pueblo el que defina el futuro o no de la actividad.

“Nosotros vamos a presentar un proyecto también que tiene que ver con la misma temática pero de forma distinta”, aseguró el diputado en diálogo con radio Del Mar. “Queremos someter a consulta popular vinculante por el sí o por el no. El proyecto de iniciativa popular que llevó el aval de 13 mil firmas a la Legislatura, esto en conjunto con la elección de autoridades provinciales previsto para 2019, de manera que ningún candidato pueda hacerse el distraído y plantear su postura de manera firme”.

En este marco, Touriñan manifestó: “sería en toda la provincia, de este modo será la gente la que defina si se habilita o no la actividad minera, que no sean solo 27 diputados”.

El diputado provincial por Chubut Somos Todos, Alejandro Albaini, aseguró que “el proyecto que presentó Di Filippo viene de (presidente Mauricio) Macri. Viene de Nación. Ellos fueron y le dijeron a los intendentes que lo presentaran. Me consta que cada vez que vuelven de Buenos Aires, les ponen el tema minero arriba de la mesa, y las mineras tienen mucho dinero”.

En diálogo con FM Sol, el legislador manifestó que con la crisis que hay en la provincia “no hay espalda política para ir contra la minería, por eso necesitamos la espalda social. Si no le damos más fuerza a las firmas, a las marchas, a las acciones de la sociedad civil va a ser muy permeable la provincia a la minería. Necesitan catorce diputados, ¿sabés qué fácil es para una minera levantar catorce manos?”.

Hay que recordar que Albaini presentó hace quince días un proyecto que prohíbe la actividad minera en toda la provincia y apunta a derogar la Ley 5001. “Nosotros no pedimos la derogación de la 5001 sin haberlo pensado. La Ley 5001 es una trampa. Tiene dos artículos. En el primero prohíbe la megaminería y en el segundo la habilita, porque el proyecto de zonificación se para en ese artículo para comprometer el 65% del territorio de Chubut”, cuestionó.

“Nuestro proyecto tiene toda una historia: la gesta de Gastre, la gesta de Esquel, el pacto ambiental y las posiciones de los propios (Mario) Das Neves y (Mariano) Arcioni, la iniciativa popular. Este proyecto obliga a las empresas a remediar lo que han hecho y prohíbe los cateos. Pero además, la única forma de derogarlo sería mediante una consulta popular vinculante. No requiere de los diputados. Sino que debe haber elecciones en donde se debe tomar la decisión de hacer minería”, subrayó el legislador.

Fuente:https://www.elpatagonico.com/legislatura-promueven-zonificacion-que-la-actividad-minera-se-desarrolle-chubut-n3071345

Mexico

Más de 20 mil desplazados en México durante 2017; la mayoría, indígenas: Informe

Autor: Arturo Ilizaliturri - Aristegui Noticias

Veinte mil 390 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado interno en México durante 2017 debido principalmente a la presencia de grupos armados, violencia política o proyectos mineros; la mayoría de ellas son indígenas, reveló la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en México (CMDPDH).

De acuerdo con el Informe 2017 de la Comisión, 12 mil 323 personas de poblaciones indígenas fueron obligadas a desplazarse de su lugar de origen, es decir, el 60.44 por ciento del total. La mayoría de ellos, a causa del conflicto territorial entre los municipios de Chalchihuitán y Chenaló, Chiapas, que obligó a desplazarse a 5 mil 323 personas tsotsiles.

En total se registraron 25 episodios de desplazamiento forzado durante el año, de los cuales 17 se originaron debido a la violencia generada por grupos armados, otros 7 por violencia política y conflictos territoriales y uno más estuvo relacionado con un proyecto minero.

El desplazamiento forzoso relacionado con el crimen organizado que afectó a más personas ocurrió en Chilapa de Álvarez, Guerrero.

Entre el 7 y 8 de junio de 2017 decenas de familias de Tetitlán de las Limas, Ahuihuiyuco y Tepozcuautla, localidades del municipio de Chilapa, comenzaron a huir a causa de amenazas de delincuentes que les exigieron abandonar sus casas por medio de hojas pegadas en escuelas e iglesias. En el caso de Ahuihuiyuco los criminales quemaron dos casas y dejaron dos cuerpos desmembrados. En total el conflicto desplazó a 800 familias, unas 3 mil 640 personas.

El episodio relacionado con un proyecto minero ocurrió en Zacatecas, en el municipio de Chalchihuites, donde personal armado de la empresa canadiense Panamerican Silver desplazó a 47 familias de la localidad La Colorada. Según el informe, dos personas fallecieron como consecuencia de este episodio: Felicitas Guerrero Pasillas, una habitante de La Colorada, perdió a su padre y a su hermana.

Informe de Desplazamiento Interno Masivo en Mexico 2017

Fuente:https://aristeguinoticias.com/0205/mexico/mas-de-20-mil-desplazados-en-mexico-durante-2017-la-mayoria-indigenas-informe/

Colombia

Minería en Colombia y sus impactos en los Derechos Humanos

Autor: Gloria Cuarán para Opanoticias

De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, Colombia tiene una población de 48.65 millones de habitantes hasta el año 2016. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noreste con Panamá; después de Brasil, es el segundo país con mayor biodiversidad y se encuentra en la posición número 12 de las naciones más diversas del planeta, en su territorio esta el 10% de la biodiversidad del mundo. En América del Sur es la única que tiene costas en el océano Pacífico y Atlántico a través del mar Caribe.

Aunque, la explotación minera en Colombia está regulada por la Agencia Nacional de Minería, el Servicio Geológico Colombiano, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en general el Ministerio de Minas y Energía, la biodiversidad del país y los derechos fundamentales de sus comunidades se ven amenazadas por uno de los principales motores económicos, que se caracteriza por la explotación de carbón, níquel, esmeraldas, oro y materiales de construcción.

La Política Minera establece que la actividad tiene varios estándares, entre ellos: pequeña escala, es la actividad con baja utilización de recursos, reservas y uso limitado de tecnología durante la explotación; mediana escala, cumplen con las normas laborales y de seguridad e higiene, tiene en cuenta los impactos en el entorno ambiental y social; gran escala, están bajo condiciones estándares económicas, técnicas, ambientales y sociales, lo cual genera ingresos a nivel nacional y local, pero trae impactos no tan favorecedores para la naturaleza y su ecosistema.

La vulneración de los derechos humanos en los proyectos de minería a mediana y gran escala, se ven reflejados por la representación de amenaza a la vida, dignidad humana, cultura e identidad de campesinos y personas de sitios aledaños que se ven obligados a transformar sus actividades tradicionales.

 En el Huila, la actividad minera se enfatiza en los siguientes recursos: petróleo, oro, arcilla, roca ornamental, barita, bauxita, caliza, dolomita, roca fosfórica, granito y mármol. El departamento cuenta con 30 ecosistemas estratégicos y una enorme riqueza natural, como el río Magdalena donde desembocan numerosos afluentes y quebradas de la región sur colombiana, sin embargo, los megaproyectos minero energéticos de compañías extranjeras en los últimos años han empezado a ocupar un lugar predominante en la economía del departamento.

Actualmente el Huila enfrenta dos grandes centrales hidroeléctricas: la Represa de Betania, ubicada entre los municipios de Yaguará, Hobo y Campoalegre, con una superficie de 70 km, que se convierte en una de las hidroeléctricas más grandes de Colombia con una capacidad de 540 megavatios y la Represa del Quimbo, planta generadora de energía con capacidad de 400 megavatios, construida por la multinacional Emgesa bajo el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena que surgió por iniciativa de la empresa Hydrochina y posteriormente fue entregado a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) para su aprobación.

En los proyectos de minería en el país, se manifiestan conflictos sociales y ambientales que demuestran la tensión entre las autorizaciones del Gobierno Nacional para el desarrollo de las actividades mineras y las comunidades que debido a los factores mencionados, se les reprime el derecho a disfrutar de una vida digna con las garantías del respeto por los derechos intrínsecos que posee sin distinción de ningún tipo, ni raza, género, nacionalidad, origen social, entre otros factores para el progreso pleno de los individuos y las comunidades. 

“La situación con la represa de Betania es que a veces queda seca, generando pérdidas económicas para nosotros que vivimos del turismo, y es que ¿quién viene a ver ese charco seco?”, asegura habitante del municipio de Yaguará preocupado, pues cree que a largo plazo esa represa será una desgracia para el departamento y su gente “Ya lo estamos viviendo de a poco”.

Mientras tanto, las comunidades de las diferentes regiones, pelean a través de las consultas populares para evitar que empresas internacionales lleguen a realizar proyectos que atenten contra el agua, la vida y bienestar de su gente, como sucede en Cajamarca e Íquira entre otros. 

Fuente:http://opanoticias.com/noticias/central-mineria-en-colombia-y-sus-impactos-en-los-derechos-humanos/

Perú

Estados de emergencia limitan democracia

Autor: Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Este último 11 de abril el Gobierno prorrogó por sesenta días el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Apurímac– Cusco– Arequipa. Esto se suma a los Estado de Emergencia decretados desde agosto de 2017 en diversos distritos de Apurímac y Cusco, con lo que hay zonas que cumplirán al menos diez meses en esta situación.

Frente a estas graves vulneraciones de los derechos a la libertad, a la seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito de las y los ciudadanos, las organizaciones abajo firmantes manifestamos:

1. Nuestra profunda preocupación porque el gobierno a través de las renovaciones consecutivas en estos territorios de los Estados de Emergencia está convirtiendo como una medida permanente una medida que por mandato constitucional y de acuerdo a las obligaciones internacionales es “excepcional”.

2. Se está produciendo una constante violación a la Constitución Política del Perú toda vez que esta señala los requisitos para la aplicación de los estados de emergencia, indicando que solo debe emplearse en “caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. Ninguna de estas situaciones se ha presentado en el territorio afectado por esta declaratoria de emergencia. Más aún, la calificación de esta medida como “preventiva” introduce una causal que no existe ni en el texto constitucional ni en la normatividad internacional sobre los Estados de Emergencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado claramente que “(…) que las medidas de emergencia deben estar justificadas por una amenaza a las condiciones necesarias para mantener la organización política del Estado de acuerdo con los principios de la democracia representativa” (1)

3. Dentro del corredor vial se encuentra el proyecto minero Las Bambas, que es el punto de origen de la mayor parte del mineral que circula por dicho corredor, y genera serios impactos para el medio ambiente, la salud y la vida de las comunidades campesinas que viven cerca de la carretera.

4. Existe un convenio entre el proyecto minero Las Bambas y la Policía Nacional del Perú – aprobado por Resolución Ministerial N° 990-2017-IN de 6 de octubre de 2017-. Este convenio fue suscrito por el Director General de la Policía Nacional del Perú, quien a su vez es la autoridad que recomendó al Ejecutivo la declaratoria de los Estados de Emergencia. Esto, pone de manifiesto un grave conflicto de intereses. Por citar solo un ejemplo: hace algunos días se produjo un derrame de substancias químicas en la carretera y la población fue impedida de desarrollar actividades de monitoreo y de reclamo pacífico aduciendo justamente el Estado de Emergencia. Es evidente que en este caso la Policía Nacional actúa como juez y parte privilegiando la defensa de un bien particular frente al bien público.

5. Esta declaratoria del Estado de Emergencia así como los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional, y la militarización de territorios como el corredor vial, forman parte de una estrategia de criminalización de la protesta social que va de la mano con la negativa a abrir o propiciar espacios de diálogo, así como el reciente amedrentamiento a la organización Derechos Humanos Sin Fronteras. Lamentablemente es la estrategia que ha venido desarrollando el Estado peruano en las últimas décadas y que se profundizó durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Con la reciente medida de prórroga del Estado de Emergencia en este corredor vial, el gobierno del presidente Vizcarra ratifica este camino. El manejo autoritario y represivo de los conflictos sociales no solo es inaceptable desde un punto de vista democrático y de respeto a los derechos humanos, sino que se ha demostrado incapaz de resolver, o al menos contener, los conflictos sociales en el país.

6. Invocamos al Gobierno a dejar sin efecto la declaratoria de Estado de Emergencia y a modificar las políticas que apuntan a criminalizar la protesta social. Llamamos a atender las justas demandas de las comunidades afectadas por diversos impactos de la actividad minera a través de mecanismos de diálogo a los que concurran autoridades nacionales y regionales, representantes de las empresas y los dirigentes de las comunidades locales. Solo a través de una política integral de gestión de conflictos, en la cual el Estado cumpla con su rol primordial de garante de derechos y escuche y atienda de manera real a ciudadanos y ciudadanas, será posible cimentar una convivencia en igualdad de condiciones entre las comunidades locales y empresas mineras.

7. Instamos a la ciudadanía a que ante cualquier restricción y vulneración de derechos a que recurra a los mecanismos legales que la Constitución le reconoce y que denuncie públicamente cualquier atropello a sus derechos fundamentales ante las instancias correspondientes. Ratificamos nuestra disposición y compromiso a acompañar dichos justos reclamos.

 

Suscriben:

  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
  • Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
  • Cooperacción
  • Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF
  • Earht Rights International – ERI
  • Fundación Ecuménica para la Paz – FEDEPAZ
  • Instituto de Defensa Legal – IDL
  • Centro Bartolomé de Las Casas
  • Broederlijk Delen
NOTAS
https://prohomine.wordpress.com/2014/05/10/la-excepcionalidad-de-los-estados-de-excepcion/ Blog Autor: Juan Pablo Albán Alencastro. Mayo 10 de 2014. Consultado: 26 de abril de 2018. [↩]

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/los-estados-de-emergencia-limitan-la-democracia-en-el-peru/

Panamá

Comunidades Panameñas por una justicia socioambiental

Autor: movimientom4.org

Más de 10 casos sobre conflictos socioambientales distributivos y temático, se presentaron en la Primera Audiencia Popular “Verdad, justicia y reparación socioambiental para Panamá”. Cuyo objetivos fueron la unificación de criterios y naturaleza de los casos registrados en el país. Además el rediseño de una hoja de ruta que involucrará a las comunidades en resistencia por localidad, región y a nivel nacional. Considerando la pluralidad de conflictos y redes de organizaciones de lucha involucradas en 3 ejes temáticos:

A. Extractivismo hídrico
B. Extractivismo territorial
C. Criminalización de la protesta social y a defensores de los derechos humanos

Las comunidades que presentaron su testimonios fueron: comunidad de Santa Rita que lucha contra la hidroeléctrica Chuspa en la provincia de Chiriquí; la Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE que resisten contra 6 concesiones hidroeléctricas sobre el río Santa María en la provincia de Veraguas. En esta temática, un representante del corregimiento de Juan Díaz de la provincia de Panamá, expuso las implicaciones que conlleva la cuenca del río Juan Díaz.

Sobre el acaparamiento territorial, se abordo el caso de la Laguna de Matusaragatí presentada por la Alianza por un mejor Darién, la violación al Parque Nacional Volcán Barú, la isla de Pedro González que lucha contra el Grupo Eleta, edificadores de un proyecto de turismo inmobiliario. Otros casos presentados fueron la palma aceitera en la provincia de Darién que se ha convertido en una plaga para los ecosistema y forma cultural de producción agrícola.

En cuanto al extractivismo minero, se abordaron las irregularidades de la concesión minera Cerro Quema, que además de operar con permiso vencido, también a sido promotor de la persecución a Basilio Pérez, quién expuso su caso en dicha audiencia. Así como la lucha de las comunidades indígenas y campesinas que luchan contra la minería a cielo abierto y que impulsan su estrategia a través del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4.

Sobre criminalización de la protesta social y a defensores de los derechos humanos, se estudio los casos de la ambientalista Ligia Arreaga, Larissa Duarte, Basilio Pérez y moradores de Isla Pedro González. Que son víctimas de demandas y amenazas a la integridad física y vida.

Es importante destacar que entre los ejes causales de los conflictos socioambientales en el marco de la Ecología Política, está la economía de libre mercado, en que los bienes comunes son principal rubro para sostener el capital y mercaderes comerciales de las grandes potencias. Pero que también vienen disfraza de Economía Verde, y su falsa solución a la crisis ambiental global. Algunas de sus ramificaciones son los Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL, Reducción de Dióxido de Carbono y Deforestación REDD, servicios ambientales y compensación por pérdidas de biodiversidad. Que son las más negociadas en Panamá.

Estos son los casos más emblemáticos de cientos de conflictos registrados en Panamá, que fueron presentados en esta iniciativa popular.

Todos los testimonios, representaron la voluntad colectiva, como una muestra al estado de que la justicia socioambiental también es posible desde los cabildos populares y rurales. Y que esta audiencia estuvo constituido por profesionales en las materia a fines a los casos, entre ellos:

  • Celia Sanjur Socióloga
  • Evidelio Adames Biológo
  • Susana Serracín Abogada ambiental
  • Miguel Ramos Economista
  • Juana Camargo Feminista

La audiencia popular dio como resultado la creación de un instrumento legal y social que tiene como propósito ser vinculante ante el Estado (órganos de gobierno, ministerios e instituciones públicas, defensora del pueblo y organismos internacionales de derechos Humanos), con el objetivo de hacer una revisión de las concesiones, auditorias, sanciones y cancelaciones de proyectos que no cumplen la ley y que producen impactos negativos irreversibles al ambiente y humanidad.

Esta audiencia se realizó el domingo 22 de abril, en el marco del Día de la Tierra. Y aniversario de la Coordinadora en Defensa de las Tierras y Aguas de Coclé CODETAC en la Comunidad de Las Tablas de El Potrero del Distrito de La Pintada, Provincia de Coclé. Que contó con un espacio de actividades como intercambio de semillas de distintos puntos de Panamá, bailes folklóricos, actividades culturales y recreativas. Esta audiencia, sigue la dinámica de la Ruta de la Verdad realizada por las comunidades rurales y la organización hermana Acción Ecológica de Ecuador.

Esta Audiencia fue convoca por: el Colectivo Voces ecológicas COVEC y Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP)

Fuente:http://movimientom4.org/2018/04/video-fotos-comunidades-panamenas-por-una-justicia-socioambiental/

Ecuador

Comunidades y organizaciones indígenas se unen para denunciar nuevas concesiones mineras en la cabecera del Rio Aguarico

Autor: Comunidad Ancestral Ai Cofan Sinangoe

Comunidad Ancestral Ai Cofan Sinangoe, el 25 de abril 2018. En la comunidad ancestral Cofan de Sinangoe (canton Gonzalo-Pizarro, Provincia de Sucumbíos) el 24 de abril 2018, dirigentes y representantes de 15 comunidades y organizaciones indígenas del Rio Aguarico y del Ecuador se reunieron para analizar la situación crítica que afrontara la cabecera del Aguarico por el otorgamiento INCONSULTO de más de 10 nuevas concesiones mineras en la zona de los ríos Aguarico, Cofanes y Chingual efectuadas desde el mes de enero del presente año, hecho que representa una GRAVE AMENAZA contra la salud de las comunidades de toda la cuenca del Aguarico que dependen de este río para su subsistencia diaria, además de las agresiones contra la naturaleza. 

Representantes de las comunidades Cofan de Avie, Dureno, Dovuno, de las comunidades Siona de Sotosiaya, Seoqueya, Tarabeaya, San Victoriano, de las comunidades Siekopai de Waiya, Siekoya Remolino, de las comunidades Kichwa de Jesus del Gran Poder, Playas de Oro, Yana Allpa, Cuchapamba, y de las organizaciones NOAIKE (Nacionalidad Originaria A’I Kofan del Ecuador), NASIEPAI (Nacionalidad Siekopai del Ecuador) unieron sus voces a la de Sinangoe para exigir que se anulen inmediatamente las concesiones mineras.

 

Durante el mes de enero del año en curso Guardias Indígena de la comunidad de Sinangoe en sus recorridos de protección y control de su territorio ancestral descubrió nuevas operaciones de minería de oro con maquinaria pesada (retroexcavadora, moto-bomba, etc.) dentro del cauce del Rio Aguarico, a la orilla de su territorio ancestral y del Parque Nacional Cayambe-Coca, dañando de manera considerable el bosque, el rio y el agua de la zona.

 

“El Rio Aguarico está amenazado. Denunciamos estas nuevas concesiones que se otorgaron a puertas cerradas, sin el conocimiento ni la consulta previa a las comunidades afectadas, y dentro de una zona de gran valor cultural y ambiental, una violación directa a la Constitución ecuatoriana y a los tratados internacionales” afirmó Mario Criollo, Presidente de la comunidad Cofan de Sinangoe que recibió un apoyo unánime de las otras autoridades indígenas presente a la reunión de hoy.

 

El rápido avance de las operaciones mineras en la cabecera del Aguarico, y la presencia en el Catastro Minero de otras concesiones en trámite dentro del Río Aguarico, preocupan altamente las comunidades porque este tipo de explotación casi siempre viene con el uso ilegal de mercurio (Hg), un metal pesado muy tóxico que se acumula en la cadena alimenticia y puede dañar de manera irreparable la salud de los pueblos indígenas que dependen de la pesca como fuente importante, estable y económica de proteína. 

Con una sola voz todas las comunidades presentes hoy tenían un mensaje muy claro al gobierno central del Ecuador:

 “Exigimos que se anulen de manera inmediata todas las concesiones mineras en la cabecera del Rio Aguarico, y que se prohíba la minería en nuestros territorios; fuentes y nacimientos de agua; zonas de recarga hídrica; en zonas especiales para la conservación, en bosques protectores y en ecosistemas frágiles.”  

 

Los dirigentes presentes elaboraron conjuntamente denuncias a las autoridades del MAE, ARCOM, Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía y se comprometieron a socializar con los miembros de sus comunidades esta nueva amenaza al Rio Aguarico, a su agua y a la salud de la gente. Mientras que las operaciones mineras siguen avanzando, nuevas acciones contra la minería en la cabecera del Rio Aguarico son planeadas en las semanas que vienen.

 

Para más información:

Alex Lucitante, celular: 099-946-9780

sinangoetsampi@gmail.com

  

Firmando esa declaración:

 

Mario Criollo, Presidente de Sinangoe

Wilson Quieta, Presidente de Duvuno

Cesar Lucitante, Presidente de Avie

Emergildo Criollo, representante de Dureno

Alicia Salazar, representante de Seoqueya

Margarita Criollo, Presidente de San Victoriano

Ana Payaguaje, Vice-Presidente de Tarabeaya

Revalisto Piaguaje, Presidente de Sotosiaya

Dannes Piaguaje, Presidente de Waiya

Manolo Payaguaje, Presidente de Secoya Remolino

Mario Licuy, Presidente de Jesus del Gran Poder

Wilson Licuy, Presidente de Playas de Oro

David Gualinga, Presidente de Yana Allpa

Francisco Grefa, Presidente de Cuchapamba

Nivaldo Yiyoguaje, Presidente de la NOAIKE

Cesar Piaguaje, representante de NASIEPAI

Argentina

Impulsan consulta popular vinculante por la minería

Autor: Redacción Diario Jornada

Proponen que la gente decida por el Sí o por el No durante las próximas elecciones de octubre de 2019. Se pondría a consideración la propuesta de la Iniciativa Popular.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Javier Touriñán, presentará en el día de hoy un proyecto de ley para llamar a una consulta popular vinculante por la minería. La propuesta busca que la población decida en las urnas por el “Sí” o por el “No”, por lo cual se plantea que la decisión se haga durante las elecciones de octubre del año que viene.

Qué se decidiría

Lo que se pondría a consideración sería el proyecto original de la Iniciativa Popular, que con más de 13 mil firmas fue presentado para prohibir la minería en todo el territorio. Touriñán explicó que “por un lado es una modificación a una ley vigente que establece el mecanismo de la Consulta Popular. Esa ley en caso de la consulta popular vinculante, que es la que pretendo llevar adelante, establece que no pueden transcurrir más de 180 días entre la aprobación de la consulta popular y el acto eleccionario”.
Manifestó que “lo que pretendo yo y el bloque es someter a consulta popular vinculante el tema de la minería por el Sí o por el No y que coincida con las elecciones de gobernador, vice y cargos nacionales de 2019. Esto serviría para que ningún candidato se haga el distraído y todos opinen. Que se terminen los lobbistas y los fundamentalistas”.

Controversia

“Que todo el cuerpo electoral de la provincia emita su voto y decida si avanzamos o no avanzamos en una controversia hace mucho en la provincia. Sería obligatoria, todo el mundo votaría. Claramente los jefes comunales no tienen la capacidad técnica de armar una poligonal de esa naturaleza”.
Diferenció de lo que aconteció con el plebiscito de 2003 en Esquel. “El de entonces era localizado y no vinculante”. Y marcó que “son cuestiones difíciles de resolver por posiciones encontradas. Cuando todos se arrogan tener la verdad hay que someterlo a lo que quiere la gente”.

Fuente:http://www.diariojornada.com.ar/211367/provincia/impulsan_consulta_popular_vinculante_por_la_mineria/

Mexico

Explotación minera en el mar, opción o pesadilla

Autor: Gabriel Quadri de la Torre para El Economista
Conflicto Relacionado: Don Diego-Baja California-Mineria Marina-Odissey Marine Exploration

La explotación minera de fondos oceánicos será pronto una realidad. Sus impactos ambientales están siendo intensamente evaluados por instituciones académicas y agencias internacionales, mientras la ingeniería avanza lo suficiente para colocarla como opción viable y rentable, en muchos casos, superior a la minería en tierra. Crece la escasez de minerales metálicos y no metálicos en yacimientos terrestres accesibles y de costo aceptable, mientras el reciclaje es insuficiente y la demanda aumenta exponencialmente por la industria electrónica y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Níquel, cobalto, tungsteno, platino, rodio, manganeso y otros metales son indispensables para nuevas tecnologías electrónicas, y el fósforo es insumo vital para la manufactura de fertilizantes esenciales en la agricultura. El impacto ambiental de actividades mineras en tierra llega a ser devastador en cuanto a ecosistemas y paisajes, deforestación, y contaminación de aguas, suelos y atmósfera.

 

En fondos marinos a varios miles de metros de profundidad existen nódulos polimetálicos formados a lo largo de miles o de millones de años por la precipitación de minerales disueltos en el mar y su adhesión en torno a partículas o detritus. Son del tamaño de un puño humano y contienen hasta 3% de níquel, cobalto, cobre, y otros metales, y hasta 25% de manganeso. Están disponibles directamente sobre el lecho marino, y pueden ser cosechados con máquinas robot que los envían a barcos nodriza ubicados en la superficie. Los sedimentos y el material descartado son devueltos al fondo y/o dispersados en el mar desde los barcos nodriza. De ahí, los nódulos son enviados a instalaciones de separación y beneficio en tierra. En el caso de fósforo o roca fosfórica, ésta simplemente es recuperada por enormes dragas de succión en zonas mucho más someras (50-100 metros de profundidad) después de removerse una capa de lecho marino de entre 0.5 y 6 metros. Los impactos ambientales se relacionan con la pluma o nube de sedimentos desechados y que afecta la penetración de la luz y con ello al fitoplancton, base de cadenas ecológicas marinas, y desde luego, con la alteración mecánica de los ecosistemas bentónicos del fondo, lo que puede afectar a un gran número de especies. Lo anterior, independientemente del ruido y de la interferencia con rutas migratorias, hábitat y zonas de alimentación de mamíferos marinos y tortugas.

 

El primer proyecto en México de minería del fondo marino ha sido rechazado por Semarnat, aduciendo impacto sobre poblaciones de tortuga caguama (Caretta caretta), aunque en los tribunales ha recibido una nueva oportunidad. Se trata del proyecto Don Diego, de extracción de roca fosfórica frente el golfo de Ulloa en el Pacífico sudcaliforniano a 50 metros de profundidad en una superficie concesionada de 800 km2 (pero el área dragada será una pequeña fracción del total).

La minería submarina es un hecho, y no podrá impedirse. Esto, en un escenario en que los mares no son ajenos a radicales impactos ambientales generados por la pesca artesanal e industrial. Por ejemplo, ciertas artes de pesca, como las redes de arrastre de camarón y otras, son verdaderos bulldozers que destruyen fatalmente los ecosistemas del fondo marino, además de capturar sin discriminación numerosas especies no objetivo que simplemente se descartan y son devueltas muertas al mar. Es difícil que exista otra actividad con impactos ambientales tan profundos y generalizados en los océanos.

 

La clave está en encontrar esquemas que concilien la racionalidad ecológica y económica de la minería submarina, y que logren en paralelo la conservación, y una regulación ambiental estricta de la pesca. Sin embargo, en México no existe ninguna autoridad a cargo de la gobernanza, planeación y regulación integral de mares y costas, capaz de lograrlo. Es preciso crearla.

 

Fuente:https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Hausmann-en-que-se-parece-la-economia-al-Scrabble-20180504-0040.html

Mexico

“Vamos a cerrar filas contra la minería tóxica”: Lupita Saldaña

Autor: El Informante BCS

Mulegé, Con el apoyo de los diputados y los presidentes municipales vamos a cerrar filas contra la minería tóxica, que pone en riesgo el medio ambiente y la salud de nuestras familias, así lo dio a conocer la candidata de la coalición Por México al Frente, Lupita Saldaña, en su visita a Bahía Tortugas, Bahía Asunción y Punta Abreojos.

Durante su recorrido, Saldaña Cisneros resaltó que se debe proteger la riqueza de la naturaleza sudcaliforniana: “Es una tierra que ha dado grandes oportunidades a todas las familias que por nacimiento o adopción han hecho de Baja California Sur su hogar, es nuestro deber defender las riquezas naturales de los intereses económicos”.

Lupita Saldaña dijo que no se permitirá que intereses individuales pongan en riesgo el bienestar de las familias muleginas, y en su lugar impulsará un turismo sustentable que respete los diversos entornos y que ayude a detonar la economía.

“Estoy a favor del desarrollo en armonía con la naturaleza y con las riquezas de nuestro estado, en el Por México al Frente nuestra prioridad es preservar el medio ambiente e impulsar el desarrollo turístico sustentable”, señaló.

Saldaña Cisneros asegura que con el apoyo de la ciudadanía, el próximo 1 de julio, los candidatos de Por México al Frente cerrarán una gran alianza contra la minería tóxica en Baja California Sur.

Fuente:http://elinformantebcs.mx/cerrar-filas-la-mineria-toxica-lupita-saldana/