Mujeres indígenas defienden sus territorios ante arremetida de mineras y petroleras que actúan bajo protección del Estado.
Eran las siete de la noche del 17 de diciembre del 2016 cuando decenas de militares incursionaron disparando a la comunidad shuar de Tsuntsuim, en el cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago, en la Amazonia sur del Ecuador.
Mariana Nankameri, mujer shuar de 38 años, no lo pensó dos veces y salió de su casa con toda su familia. “Nos atacaron, no podíamos estar en la casa porque decían que a las mujeres les iban a violar y yo tengo una hija menor y otra estaba embarazada. Salimos con mi esposo, yerno e hijos y caminamos sin linterna, desde las siete hasta cuando amaneció. Los niños lloraban y yo lloraba. Mis hijos menores no podían caminar, mi esposo le cargó al uno y yo al otro. Esa noche mi hija de 15 años estaba embarazada de tres meses, pero como íbamos sin linterna, ella se había caído, se había rodado y tenía un golpe, a los dos días empezó con dolores. Le lleve al hospital, estaba muy mal y perdió el bebé”, relató Nankameri, quien junto a 30 familias caminaron 11 horas por los pantanos de la selva amazónica hasta llegar a Tink, comunidad que los acogió.
El éxodo de Tsuntsuim no fue el primero en esta región; meses antes corrieron la misma suerte las comunidades indígenas de Tundayme, en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Rosario Wari, la abuela grande de los shuar con 107 años de edad, fue desalojada el 4 de febrero del 2016; la sacaron de su tierra y la abandonaron con sus escasas pertenencias en el parque de El Pangui. Con la expulsión de la abuela Rosario se iniciaron los desalojos en la parroquia Tundayme que afectó a más de 60 familias.
Claudia Chumpi, a sus 20 años de edad y con un niño de brazos debió enfrentarse sola a los militares que avanzaban a destruir la casa que había levantado con su joven esposo. Una retroexcavadora se situó frente a su casa y comenzó la destrucción.
“Se ubicaron en cada casa, rompían las puertas, botaban las cosas, cocinetas, cilindros. Yo me corrí con otras mujeres que estaban embarazadas, eran mis tías, eran las 5 de la tarde, nos corrimos a una montaña. Los militares disparaban, los niños lloraban, nosotros les cerrábamos la boca para que no griten, para que no nos sigan más, pero los militares nos habían seguido también hasta la montaña”, cuenta Chumpi sobre lo ocurrido el 11 de agosto del 2016, en el barrio San Marcos, de Tundayme. Como Chumpi, decenas de mujeres shuar con sus hijos en brazos cuentan la historia de sus propias expulsiones y sus ojos se llenan de lágrimas.
Desplazamientos forzados
Estos desplazamientos forzados tienen dos responsables directos, por un lado está el gobierno que dispone de los órganos armados estatales para dar protección y actuar en pro de los intereses del otro responsable: la minería a gran escala. Los proyectos mineros de San Carlos de Panatza, que afecta a las comunidades shuar de Nankints y Tsuntsuim, y el proyecto Cóndor Mirador, que afecta a la Cordillera de El Cóndor en la parroquia de Tundayme, son implementados por las mineras estatales chinas EcuaCorriente SA (ECSA) y ExplorCobres SA (EXSA).
“No entendemos como en el Ecuador se empieza a sentir el desplazamiento interno si supuestamente somos un territorio de paz, un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, intercultural, plurinacional. No comprendemos cómo la ambición de un gobierno y de determinadas empresas privadas en pro de un supuesto desarrollo económico deje a niños/as, mujeres, hombres, abuelos/as sin sus hogares, sin sus animales, sin sus espíritus, sin su naturaleza”, comenta Mónica Vera Puebla, presidenta de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), organización que asumió la defensa legal de los pobladores de Tudayme en contra del Estado y de las empresas mineras.
Vera Puebla afirma que los derechos patrimoniales de las concesiones mineras, aun cuando sean anteriores a la Constitución del 2008, en la que se garantiza los derechos de la naturaleza, no pueden estar por sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas que ya estaban establecidos en tratados internacionales, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en especial el derecho a la consulta previa, libre e informada, una obligación de los Estados que es generalmente incumplida.
Otros tratados, como los “Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generado por el desarrollo”, aprobados en el 2007 por Naciones Unidas, señalan que los desalojos “no deben realizarse con tiempo inclemente, por la noche, durante los festivales o las fiestas religiosas”, precisó Vera Puebla. Tanto en Tsuntsuim, como en Tundayme, los operativos contravinieron estos principios.
Pero hay principios que aún no están escritos, dice Vera Puebla, pues aún no se comprende ni se asume la vinculación de la mujer indígena con la tierra.
“Es una relación que va más allá de la mera sobrevivencia con la producción agrícola y se proyecta a la esencia de lo femenino”, explica. “Romper los lazos de la mujer con su tierra es romper un lazo de vida. Nada puede ser igual fuera de su tierra. Los desalojos mineros rompen con una parte de la esencia indígena mantenida y transmitida por las mujeres indígenas”.
Mujeres Defensoras de la Selva
La historia del pueblo originario Kichwa de Sarayaku tiene un punto de quiebre en el año 2002, cuando la prospección petrolera tocó sus tierras. Las mujeres de Sarayaku se enfrentaron a los trabajadores petroleros que colocaban explosivos en sus territorios y a los militares que los protegían. El resultado fue la expulsión de los petroleros y los militares y el inicio de un proceso de resistencia, conducido por las mujeres, que logró una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que protege sus derechos.
El ejemplo de las mujeres de Sarayaku ha sido replicado por mujeres indígenas que han sufrido el impacto de proyectos extractivos. Ejemplos que recoge la organización ambientalista Acción Ecológica al propiciar la creación de una red de mujeres de distintos pueblos indígenas, denominada Mujeres Defensoras de la Selva, a las que les une un solo objetivo: defender sus tierras frente a la arremetida de empresas mineras y petroleras que actúan con la anuencia del Estado.
El 28 de febrero del 2018, el gobierno nacional anunció la caducidad de 1,000 concesiones mineras, pero dejó vigentes las concesiones otorgadas a transnacionales, en especial chinas, por lo que el 12 de marzo unas 60 mujeres indígenas llegaron a Quito después de haber caminado cinco días desde la Amazonia. Pedían ser recibidas por el presidente Lenn Moreno para entregarle un manifiesto de 22 puntos en el que se pedía la protección de la tierra frente a la depredación de las empresas extractivas.
Al igual que con el gobierno anterior del expresidente Rafael Correa (2007-2017), las mujeres no fueron recibidas por Moreno, pero entregaron su manifiesto en el que expresan su total rechazo a la política extractiva del actual gobierno.
“El poder de la acción de las mujeres es proporcional al sufrimiento que han visto en compañeras suyas que han sido desalojadas; sus lágrimas constituyen su fuerza y no hay duda que su reto a un gobierno depredador será escuchado”, afirmó Vera Pueblo. —
Fuente:http://www.comunicacionesaliadas.com/ecuador-mujeres-demandan-proteccion-frente-a-empresas-extractivas/
El día de ayer, 19 de mayo, comunidades de los corregimientos de Palo Cabildo (Jericó) y Palermo (Támesis), además de la Mesa Ambiental de Jericó, concejales de Fredonia y Jericó, Finqueros de la Oculta, la Guardia Indígena La Mirla, El Circuito Económico y Solidario de Támesis –CESTA-, el Comité por la Defensa Ambiental del Territorio de Támesis -CODEATE- y el Cinturón Occidental Ambiental COA, nos concentramos en las afueras de la Hacienda San Antonio (Jericó) con el propósito de denunciar las operaciones que la Anglo Gold Ashanti –AGA- viene desarrollando en este lugar.
Continúan los desplazamientos de comunidades indígenas en el Chocó debido a la fuerte presencia de grupos armados como paramilitares y estructuras guerrillas del ELN. Denuncias de organizaciones que defienden los derechos humanos indican que los desplazamientos se han realizado en medio de la inoperancia de la Fuerza Pública y el Estado colombiano.
A comienzos de los años 80 una alianza —joint venture— de Naciones Unidas, Ingeominas y Ecominas identificó en Mocoa, Putumayo, un importante reserva de minerales: oro, platino, plata y plomo. La información quedó dormida casi 20 años, hasta que en el 2008 el gobierno de Álvaro Uribe, con su política de estímulo a la inversión extranjera con minería, le dio vida a este descubrimiento. La surafricana Anglo Gold Ashanti fue una de las multinacionales en responder al llamado del Gobierno. Abrieron varios frentes de exploración, y retomaron el hallazgo del Putumayo.
El más reciente informe “Cuando el río suena, piedras y otras cosas lleva”, realizado por el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, retrata la situación de riesgo que viven las comunidades en la Guajira debido a los efectos negativos de la minería del Cerrejón. El documento detalla los procesos de contaminación del agua y aboga por el respeto al derecho a un ambiente sano.
Las empresas megamineras y sus lobbystas siguen mostrando su cara más miserable. En distintas localidades de la Meseta de Chubut, el Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Minería Argentina-ASIJEMIN pide a la población que acerque sus curriculum. La ilusoria promesa de trabajo en esa región de Chubut -castigada durante años por la falta de políticas públicas para su desarrollo- en una actividad prohibida por la Ley 5001, rechazada socialmente y responsable de innumerables impactos negativos social es y ambientales en distintas partes del mundo.
Estaba funcionando sin habilitación municipal y tenía como objetivo principal la explotación minera detalló la Jueza de Faltas, Patricia Mónica Masud, en conferencia de Prensa.
El extractivismo desde todo punto de vista es una agresión destructiva de los seres que habitan el planeta y un mal negocio para el Estado ecuatoriano, según advierten los expertos que siguen al paso el problema de impacto ambiental que causaría en los bosques primarios de Íntag un proyecto minero. “Que nadie dude que en territorio de Cotacachi, el impacto ambiental será el que jamás se haya visto alrededor del mundo”, advirtió un experto en temas ambientales.
La familia del defensor Mariano Abarca Roblero y organizaciones acompañantes les informamos que, el 16 de mayo acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia después de recibir una respuesta decepcionante a 
Alrededor de 250 pobladores de Morococha, zona donde se encuentra el proyecto minero Toromocho de Chinalco, se movilizaron al Ministerio de Energía y Minas en Lima para exigir que el ministro Francisco Ísmodes atienda a sus demandas y no expropie las 34 hectáreas de propiedad del distrito. Sin embargo, tras una reunión con el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, no se logró llegar a algún acuerdo. Se anunció paro indefinido.