El 2 de julio de 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi, registró la demanda de arbitraje de la minera canadiense Gran Colombia Gold contra Colombia en la que reclama 700 millones de dólares relacionada con la cesión de un título minero a las comunidades locales para explotar la minería a cielo abierto, tras una pugna de más de una década con la denuncia medioambiental y de Derechos Humanos como protagonistas.

La canadiense invoca el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Colombia después de que se le pidiera que cesara sus operaciones hasta llevar a cabo una consulta con las comunidades de la zona.

La cesión del título minero en la parte alta del cerro El Burro, dominio por el que las familias del municipio colombiano de Marmato luchan desde hace una década con la minera canadiense Gran Colombia Gold, terminó con la decisión de la Corte Constitucional de Perú de suspender la actividad de la multinacional canadiense en la zona hasta que se realizara una consulta previa con las comunidades locales.

El tribunal se apoyó en el riesgo de subsistencia económica de los pueblos de la zona y, a través de esta decisión, dio vía libre a los pobladores de Marmato para que explotaran el cerro El Burro a través de minas a cielo abierto, actividad que supone el 80% de su economía.

Amenaza medioambiental y pugna local

El proyecto no ha estado exento de controversia desde su comienzo por la oposición de las comunidades locales que viven de la explotación de las minas del cerro El Burro a cielo abierto. Según informaciones publicadas en la prensa, alrededor de 5.000 familias vivirían de la minería a cielo abierto, lo que representa el 80% de la economía local (

Asimismo, la presión por el daño medioambiental también está presente por la propia naturaleza del proyecto de la canadiense que pretende allanar la montaña para crear una mina a cielo abierto.

Varias avalanchas de lodo sufridas en la zona, que se remontan a 2006, provocaron la denuncia de las comunidades y la consecuente proposición gubernamental de cambiar la ubicación de Marmato argumentando la situación inestable de la ladera donde se situaba la población.

Recursos de oro y plata 

Según la información proveída por Gran Colombia Gold, el Proyecto Marmato contiene recursos totales estimados de aproximadamente 14 millones de onzas de oro y casi 90 millones de onzas de plata ubicadas en el departamento de Caldas, en el corazón del distrito de oro del Medio Cauca.

En 2012, la Compañía identificó una nueva zona profunda que contiene aproximadamente 300 millones de toneladas de mineralización potencial.

Fuente:http://ciarglobal.com/arbitraje-de-gran-colombia-gold-contra-colombia-amenazas-medioambientales-y-derechos-humanos/

La multinacional Minesa que tiene títulos mineros en el municipio de California, Santander, metros abajo de la cota del páramo de Santurbán ha completado el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto para la explotación de oro.

«Se tuvieron en cuenta los comentarios de la ANLA. Hay una evaluación más profunda del proyecto y se diseñó un plan de manejo ambiental que aportará a las comunidades de California y Suratá», destaca un documento interno de la compañía.

«NOS ESTÁN MATANDO», UN DOCUMENTAL SOBRE EL ASESINATO DE LIDERES SOCIALES.

Dos cineastas extranjeros y un productor colombiano acompañaron por más de un año a dos líderes sociales del norte del Cauca amenazados de muerte. El objetivo: ponerle rostro al fenómeno que afecta al país con más intensidad desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Ya han muerto más de 200 líderes, advierte el audiovisual.

Bien podría decirse que el documental, “Nos están matando”, es un grito de auxilio de los miles de líderes sociales que viven en los territorios donde otrora se desarrolló la guerra entre las Farc y el Gobierno. Es un documento que pone al desnudo la vida cotidiana de un defensor de derechos humanos en Colombia. En este caso, las historias del líder indígena, Feliciano Valencia, y la del líder afrodescendiente, Héctor Marino Carabalí. Las dos, cargadas de resistencia y peligro.

Los lentes de Tom Laffay y Emily Wright recorrieron las planicies del norte del Cauca. Las tierras anegadas de cultivos de caña, y de indígenas y negros que siguen reclamando esos territorios como suyos, enfrentándose con los empresarios azucareros. Luego, treparon a la cordillera central, a las montañas de Corinto, para registrar el funeral del líder indígena Eder Cuetia Conda, la trágica y cruda escena con la que se inicia este documental. ¿Por qué? ¿Por qué tanta crudeza?

El cineasta Laffay, quien lleva dos años radicado en Colombia, explicó que el objetivo del audiovisual justamente es ese: transmitir el dolor y la resistencia de los líderes sociales en Colombia, desde los territorios donde libran batallas para impedir que su país retorne a la violencia. “En los medios internacionales no se habla del tema, porque en Colombia el interés de la paz está enfocado en la desmovilización de las Farc. Y está bien, porque eso es clave para el proceso de paz. Sin embargo, quienes tienen que cargar con la responsabilidad de construirla son los líderes sociales y ellos son los que están siendo asesinados. Por eso, este documental es un grito de auxilio”, dice.

Un grito de auxilio para buscar a los responsables de los homicidios. Emily Wright dice que los culpables no son únicamente los grupos armados ilegales. “La pregunta debería ser sobre la tierra: quién la posee y la controla. Durante la guerra, grandes extensiones de tierra fueron ocupadas por rancheros, empresarios de la palma y el banano, narcotraficantes y grupos armados, que ahora tienen poco interés en renunciar a ella. El acuerdo de paz prevé la devolución de la tierra a los agricultores que una vez la poseyeron, pero los activistas que persisten en ello a menudo son vistos como una amenaza a los intereses económicos”.

Advierten en el documental que desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados más de 200 líderes. “El audiovisual está concentrado en el norte del Cauca, pero es una muestra real y contundente de lo que está pasando con esta población en todo el país. Hemos identificado que el departamento es una de las regiones de mayor riesgo en Colombia para el desarrollo de la defensa de los derechos humanos. En el primer trimestre de este año, por ejemplo, se registraron 34 hechos violentos y fueron asesinados siete líderes sociales”, cuenta Jomary Ortegón Osorio, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la organización de Derechos Humanos que acompañó el proyecto.

Héctor Marino Carabalí, uno de los líderes protagonistas de esta historia, explica cómo se han fortalecido las organizaciones sociales en el norte del Cauca, indígenas y afros, que, a pesar de las amenazas de muerte, siguen unidas por sueños comunes. “Tenemos que atrevernos y ser más visibles para blindar nuestra integridad física. Este documental significa mucho para nosotros, porque es un documento que recoge la memoria interétnica del movimiento indígena y afro, porque con ellos compartimos territorios, vivencias, momentos de dolor, pero también, construimos sueños en este devenir que nos han legado nuestros ancestros en medio de las adversidades, asesinatos y amenazas que no paran”.

Carabalí aparece en una camioneta blindada y junto a dos escoltas que le proporcionó la Unidad Nacional de Protección (Unp). Así le protegen la vida de las amenazas de grupos neoparamilitares en la zona. Sin embargo, advierten los documentalistas y el propio Carabalí, que muchos líderes aún están desamparados y por eso exigen la implementación de la protección colectiva para estas comunidades.

Tom Laffay así lo advirtió, tras grabar a Carabalí en reuniones en el norte del Cauca, junto a varios integrantes de la Guardia Cimarrona. Igualmente habló con Feliciano Valencia sobre la Guardia Indígena. “Sé que el Gobierno hace un esfuerzo importante a través de la UNP para proteger a los líderes, pero creo que debe avanzar en reconocer y legitimar a las guardias étnicas, indígenas y cimarronas, que son grupos de personas desarmadas que pueden defender de manera colectiva estas subregiones de Colombia”.

El documental fue producido por estos dos cineastas, acompañados del productor colombiano, Daniel Bustos Echeverry, con quien cubrieron protestas en el sur del país e hicieron entrevistas en el transcurso de un año. “Vale la pena mencionar que teníamos otro personaje, pero decidimos cortar su historia de la película final por la seguridad del líder y la de su familia”, explica Laffay.

El prelanzamiento del audiovisual se realizó en abril pasado en la Universidad del Tolima en Ibagué, con estudiantes que debatieron del tema al final de la proyección. Es que ese es precisamente el objetivo de “Nos están matando”, que se convierta en una herramienta periodística y de memoria, alrededor de la cual las comunidades conversan y debaten sobre el fenómeno. Y, también, toman decisiones de cómo actuar frente a quienes quieren silenciarlos.

El documental también se publicó en medios de comunicación de Estados Unidos y promete llegar a otros países de Norteamérica, para que la comunidad internacional se enteré de las dolencias, sacrificios y dolores que padece la sociedad civil colombiana en la búsqueda de construir un país en paz, concluye Laffay.