A pesar de que los ambientalistas quindianos aseguran que el 61,8% del territorio del departamento está comprometido con la minería, desde el ministerio de Minas y Energía afirmaron que se trata solo del 10,5%.
La discusión se dio en la presentación que los funcionarios nacionales hicieron en el concejo de Armenia del proyecto ‘Mejoramiento de la imagen y percepción de la industria minera, para facilitar la puesta en marcha de los proyectos mineros en el territorio nacional’, donde además hablaron sobre la situación de los títulos mineros en la región y la afectación en diferentes municipios.
Durante el evento, Néstor Jaime Ocampo Serna, ecologista y líder ambiental en la región, indicó que la presencia del ministerio se dio 10 años tarde.
“Hace 10 años, por pura coincidencia, nos dimos cuenta de la situación minera. Ni el gobernador, alcaldes, concejos municipales, las oficinas de planeación, autoridad ambiental, nadie en el Quindío sabía que el 61,8% ya estaba comprometido en proyectos de gran minería. Llegaron 10 años tarde”.
Manifestó que hace 10 años había 98 contratos de concesión ya otorgados, de los cuales 80 eran a multinacionales, y 133 más que estaban en proceso.
Afirmó que el ministerio y las asociaciones mineras siempre han engañado a la ciudadanía y se declaró “indignado” con la cartera.
“Me encuentro indignado, primero por asistir a una sesión con funcionarios del Estado que creen que nosotros somos idiotas, y por ver a estos agentes al servicio de empresas mineras multinacionales y actuando en contra de los intereses de la Nación, de todos nosotros”.
Ocampo Serna argumentó que no existe la minería “bien hecha”, ya que los ejemplos en Colombia lo confirman.
“No hay ejemplos de eso aquí en el país. Que vayan a preguntar en las inmediaciones del Cerrejón, Cerromatoso y La Jagua, tres de las minas a cielo abierto más grandes del mundo que se convirtieron en una miseria y una desgracia para gente que vive en los alrededores. Se están muriendo por falta de agua, por pobreza y por enfermedades. Sus tejidos sociales fueron destruidos y devastados. Las zonas mineras en el país se caracterizan por ser las más pobres y las más violentas, donde hay mayor destrucción de la naturaleza, mayor degradación ambiental y social. No hay excepciones”.
Agregó: “En el Quindío no se ha respetado a nadie. La exgobernadora dijo ‘es que en mi casa a mí no me vienen a amenazar’, y aquí, a este mismo recinto —concejo— vinieron y trataron de engañarlos y los hicieron firmar un acta de una reunión que apenas estaba empezando en ese momento. Vinieron a engañarlos apoyados por el ministerio de Minas y la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme. Hay una gran cantidad de problemas sin resolver”.
Durante la sesión, hizo énfasis en que la minería del Quindío es una “guerra sangrienta”, a raíz de los materiales de construcción que se extraen de los afluentes hídricos.
“Hay una guerra en el sur de Calarcá por las orillas de los ríos Barragán, De la Vieja y el río Quindío. Es material de arrastre muy bueno, porque tiene unas características especiales para las obras de ingeniería civil. Están destruyendo la parte plana, la única maquinable del departamento, tierras que han producido caña y piña las convirtieron en una cantidad de huecos, que tardarán en recuperarse siglos. Esos predios deberían estar siendo utilizados para producir alimentos”.
Lo que dice el ministerio
Por su parte, los delegados del ministerio, Rómulo Díaz, Jorge Jaramillo y Katherine Rojas, hicieron una exposición donde aseguraron que solo el 10,5% del territorio quindiano está comprometido con la minería.
“El área titulada es de 19.525 hectáreas y hay 38 títulos mineros, de los cuales 7 son de metales preciosos, 27 de material de construcción y 4 de otros materiales”, dijeron.
Indicaron que 34 de esas titulaciones son para explotación y cuatro para construcción. “No hay ninguno de exploración”.
Manifestaron que en Armenia hay 1,9% del territorio comprometido, equivalente a 276 hectáreas. “Hay tres títulos mineros para explotación”.
“El programa ‘Mejoramiento de la imagen y percepción de la industria minera, para facilitar la puesta en marcha de los proyectos mineros en el territorio nacional’ se viene implementando desde el año 2014, con el fin de avanzar en la consecución de un sector minero fortalecido desde una confianza legítima y un relacionamiento abierto y franco con las comunidades”, aseveraron.
“Los quindianos desconocen la minería”
Jorge Hernán Palacio, defensor de los derechos humanos y cercano al grupo de mineros del Quindío, aseguró que en el departamento hay desconocimiento sobre la minería.
“En términos generales, los quindianos se oponen a todo tipo de minería, pero esto es también porque desconocen la diferencia que hay entre la gran minería y la minería que se hace acá, que es la artesanal”.
Puntualizó que si bien este tipo de explotación tiene afectaciones ambientales, se hace con responsabilidad.
“Es una minería que tiene afectaciones como cualquier tipo de actividad humana, pero se trata de hacer con responsabilidad y con el menor impacto posible”.
“Minería para construcción ha matado peces”
Luis Carlos Serna, biólogo experto en temas regionales, dijo que la imagen de la minería no podía ser mejorada ni cambiada debido a malas prácticas.
“El problema de mejorar la imagen de la minería es debido a las prácticas indebidas. No hay un solo ejemplo en Colombia de minería bien hecha. Frente a las afectaciones que se presentan en el departamento, por ejemplo, de la minería de aluvión, que es la de materiales para la construcción, aquí ha llevado al fin de algunas especies de peces nativos”.
Afirmó que estos animales se ven afectados por las intervenciones de los ríos. “Se remueve el sustrato de los afluentes y los peces no tienen dónde depositar sus huevos. En el río Barragán tenemos la pérdida de dos especies de importancia económica, el bocachico y el jetudo. Esas extinciones locales se dan por ese tipo de explotación, que afecta el paisaje y los ríos”.
Dijo que la minería de materiales para la construcción solo paga impuestos del 1%, lo cual no alcanza para compensar los daños ambientales que genera.
Fuente:http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-minminas-y-ambientalistas-se-contradicen-sobre-mineria-en-quindio-nota-121153
«El gremio espera que el Estado garantice los proyectos mineros tecnificados, entre ellos Río Blanco»
Con la concesión Monte Albán IV de unas 10 mil hectáreas, que ha solicitado al gobierno federal, la empresa canadiense Fortuna Silver Mines pretende ampliar su zona de explotación en territorio de los municipios de Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol y Asunción Ocotlán, ante el total rechazo de las comunidades del Valle de Ejutla, colindantes a San José del Progreso, donde funciona la mina La Trinidad.
Minería no ha mejorado la situación de Cajamarca
La Red Mexicana de Afectados de la Minería (Rema) denunció una presunta red de complicidad entre particulares y dependencias oficiales que han dado “cobijo a la minera Río Tinto, asegurando casi de inmediato que no hubo contaminación” luego del derrame de la presa de jales, ocurrido el pasado 4 de junio y que ya habría llegado a la presa Huites en Sinaloa, poniendo en riesgo a miles de personas y cientos de hectáreas de riego agrícola.
El viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, visitó la provincia de Cotabambas para sostener una primera reunión con las autoridades y organizaciones sociales de esta zona, donde se desarrolla el megaproyecto minero Las Bambas. Luego de meses de búsqueda de diálogo por parte de la población, teniendo como única respuesta por parte del Gobierno el estado de emergencia prolongado y preventivo, este es el primer paso concreto para un acercamiento.
**Advirtió que, sólo si las dependencias federales brindan la autorización a la minera para que opere, entonces las autoridades de Chihuahua también establecerán las directrices y condiciones para que trabaje.
LAS CIFRAS DE LAS CONSULTAS POPULARES
Este 12 de junio se llevó a cabo en la Corte Superior de Justicia de Lima, la audiencia de vista de la causa por la apelación del Ministerio de Energía y Minas (MEM), contra la sentencia que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la comunidad indígena awajún de Supayaku, por haberse afectado su derecho a la consulta previa cuando el MEM autorizó las actividades de exploración del proyecto minero “Yagku Entsa” de la empresa Águila Dorada SAC.