Costa Rica

Fiscala general acusa al expresidente Óscar Arias por caso Crucitas

Autor: Movimientom4.org

La fiscala general, Emilia Navas, presentó una acusación penal contra el expresidente de la República Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010), por el denominado caso Crucitas.

Navas imputó a Arias por un aparente delito de prevaricato, el cual él habría cometido en octubre del 2008, cuando firmó el decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minería Crucitas.

En esa oportunidad se alegó que la explotación de oro traería “varios beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el Gobierno Central”. Así consta en el mandato presidencial Nº. 34801-MINAET.

Esa mina a cielo abierto se iba a desarrollar en Cutris de San Carlos y estaba en manos de la empresa canadiense Industrias Infinito. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó anular la concesión a finales de noviembre del 2010.

Con su firma en ese decreto, Arias habría dictado una resolución basada en hechos falsos, lo cual es sancionado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel.

Ante una consulta de La Nación, la oficina de prensa del Ministerio Público confirmó, en un correo electrónico, la decisión de acusar a Arias, pero no ahondó en los detalles, porque “el caso penal continúa siendo privado para personas ajenas al proceso”.

Sí reveló que este miércoles se le informó a la Procuraduría General de la República (PGR) de tal disposición, para que determine, en su condición de abogado el Estado, si se une a la acusación.

“La Fiscalía General confirmó que, efectivamente, hoy (miércoles), se comunicó a la Procuraduría la acusación contra el señor expresidente, por el caso conocido como Crucitas, tramitado en el expediente 12-000124-0621-PE.

“La Fiscalía firmó ayer (martes) la acusación contra el señor Arias, por el delito de prevaricato. La ley establece que en casos donde la parte ofendida son los deberes de la función pública, se debe comunicar la conclusión fiscal a la PGR, para que este órgano decida si presenta una querella (acusación particular) y/o una acción civil resarcitoria, con la cual puede solicitar un monto económico para resarcir al Estado el daño que se haya provocado”, señaló la oficina de prensa.

El abogado del Estado dispone de 13 días, a partir de mañana jueves, para presentar la querella y la acción civil, pues concluido ese plazo, “la Fiscalía General enviará la acusación con los documentos que entregue la PGR, al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, del II Circuito Judicial de San José”.

Ante esa instancia se conocerá si el caso se vuelve a elevar a juicio o no. Las audiencias preliminares están convocadas para finales de enero del próximo año.

Consultado sobre la acusación, el abogado de Arias, Rodolfo Brenes, dijo: “No le puedo decir nada porque no la conozco”. Al tiempo que agregó que estaba ingresando a una audiencia y que más tarde podría ampliar su declaración.

Mientras, el jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, salió en defensa del exmandatario: ” Hay que esperar el resulta de la decisión de los tribunales y respetarlo, pero debo agregar que nosotros apoyamos al presidente Arias y yo estoy completamente seguro de que su comportamiento, su conducta siempre ha sido apegada a la ley”.

Y añadió: “Me tomó por sorpresa, repito, parece que siempre ha habido una gran debilidad de argumentos desde el punto de vista penal con respecto a don Óscar y confiamos plenamente en que su conducta fue totalmente legal”.

 

Caso había sido resuelto, pero sin Arias

Inicialmente, solo el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, quien también firmó el cuestionado decreto y seis funcionarios de la Secretería Técnica Nacional Ambiental (Setena), figuraban como imputados.

Incluso, este caso ya se había resuelto en el 2015, cuando Dobles fue condenado por el Tribunal Penal de Hacienda de Goicoechea, a tres años de prisión, por un delito de prevaricato.

Los otros seis acusados de apellidos Lezama Fernández, Boza Quesada, Cruz Ramírez, Corrales Arias, Espinoza Valverde y Cavallini Chinchilla, habían sido absueltos.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones se trajo abajo el fallo y ordenó repetir el debate.

Posteriormente, en setiembre del año pasado, el Tribunal Penal de Hacienda devolvió aún más el proceso, hasta su etapa inicial, tras considerar que primero era necesario analizar si el expresidente Arias debía o no, ser acusado.

Es en esa etapa donde el proceso se encuentra actualmente y será hasta enero cuando se decida si el caso va a juicio con el exmandatario como imputado.

En enero del 2015, cuando Dobles fue condenado, la jueza Mercedes Muñoz argumentó que el decreto se había basado en premisas falsas y por eso, dictó el castigo.

“Suerte distinta es lo que ocurre con la actuación del señor Dobles Mora, con la emisión del decreto que fuera firmado no solo por él, sino por el presidente de entonces (Óscar Arias), toda vez que este tribunal llegó a la conclusión de que este decreto fue dictado basado en hechos falsos”, dijo Muñoz.

El abogado de Dobles y de otros cuatro imputados, José Miguel Villalobos, asegura que el Tribunal lo que cuestionó fue la motivación que se consignó en el decreto.

“Lo que se alegó es que los considerandos, las motivaciones del decreto, estaban basados en hechos falsos. Nosotros siempre planteábamos que no es que eran hechos falsos, que se podía discrepar o no de los fundamentos, porque si algo va a beneficiar o va a haber más beneficio o no, no es un asunto de falsedad, sino de opinión”, expresó Villalobos.

En el decreto Nº. 34801-MINAET se mencionan nueve considerandos, incluyendo uno en el que se afirma que Setena, desde diciembre del 2005, le había otorgado la viabilidad ambiental al proyecto minero y que incluso, aprobó modificaciones al proyecto, en febrero del 2008.

No obstante, la ausencia del estudio de impacto ambiental (EIA) fue una de las razones por las cuales el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión minera a Industrias Infinito, a finales de noviembre del 2010.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/fiscala-general-acusa-al-expresidente-oscar-arias-por-caso-crucitas/

Perú

LOS RETOS DE QUELLAVECO

Autor: José de Echave. Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Quellaveco-Moquegua-Anglo American-Tacna

Un par de días antes del 28 de julio, el presidente Vizcarra anunció el inicio del proyecto minero de Quellaveco en la región Moquegua (distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto). Según el Ministerio de Energía y Minas, Quellaveco representa una inversión de algo más de US$ 5 mil millones y se proyecta una producción de cobre de 300 mil toneladas por año en la primera década de producción, además de 3,400 toneladas de molibdeno.

La diferencia con otros proyectos mineros es que Quellaveco ya estaría listo para arrancar. Incluso en el registro del Ministerio de Energía y Minas figura como un proyecto en etapa de construcción, con una inversión ejecutada hasta el año pasado de US$ 250 millones y se proyecta el inicio de la fase de producción para el año 2022. Otro dato importante es que también cuenta con Estudio de Impacto Ambiental aprobado.  Como se sabe, el proyecto es de propiedad de la empresa anglo sudafricana Anglo American  (60%) y la japonesa Mitsubishi (40%). Esta última aumentó recientemente su participación (del 18% al 40%), a cambio de un aporte de US$ 600 millones, y será la que asuma la inversión en el tramo inicial.  Con la futura entrada en producción de Quellaveco, se consolida el polo de producción de cobre en el sur del país, que se inicia en Tacna (Toquepala), pasa por Moquegua (Cuajone y ahora Quellaveco), continúa en Arequipa (Cerro Verde), Cusco (Antapaccay, Constancia y, en proceso, Corocohuayco) y termina en Apurímac (Las Bambas). Gran parte de esta producción de cobre se exporta vía el puerto de Matarani en Arequipa: la proyección es que en los próximos años, por Matarani saldrá el 10% de la producción mundial de cobre.

Las razones de fondo de la postergación de Quellaveco

Como se conoce, Quellaveco es un proyecto que ha estado en compás de espera por varios años. La versión que se ha dado en los días posteriores a la presentación es que el proyecto se interrumpió el año 2013 debido a la drástica caída de la cotización internacional del cobre. Sin embargo, esto no es del todo exacto; no hay que olvidar que en esos años otros proyectos cupríferos en el Perú (como Las Bambas, Cerro Verde, entre otros), siguieron desarrollándose sin mayores inconvenientes, pese al escenario desfavorable, y hoy en día se encuentran en plena etapa de producción.

Lo que se sabe, y en su momento fue ampliamente informado en medios internacionales, es que Anglo American no pudo llevar adelante Quellaveco por las enormes dificultades financieras por las que atravesó a partir del año 2012 como consecuencia de las pésimas inversiones realizadas en los años precedentes y los altos niveles de sobreendeudamiento a los que había llegado.

La entonces CEO de Anglo American, Cynthia Carrol tuvo que renunciar en medio de serios cuestionamientos a su labor de parte de la junta de accionistas: las decisiones y las apuestas estratégicas que se tomaron durante su gestión no dieron resultados e inversiones importantes, como por ejemplo Minas Río (proyecto de hierro en Brasil) entre varias otras, terminaron entrampándose por problemas de sobre costo y reiteradas postergaciones. En ese contexto, se produjo una caída importante de las acciones de la empresa: informes de la época coinciden en señalar que bajo la gestión de Carrol, la empresa perdió un tercio de su valor en términos de capitalización.  Finalmente, Cynthia Carrol fue reemplazada a comienzos del año 2013 por Marc Cutifani, quien tuvo que implementar un drástico programa de austeridad para hacer frente a pérdidas registradas de alrededor de los dos mil millones de dólares por año. Ello significó revisar toda la cartera de activos de Anglo American y poner en venta varias de sus operaciones y proyectos en diferentes partes del mundo (Australia, Sudamérica y Sudáfrica).

En ese entonces, el propio Cutifani daba cuenta que la empresa había decidido vender alrededor de 15 activos, disminuir el número de empleados en un 35% y así lograr ingresos frescos por tres mil millones de dólares. Incluso en esos años se voceó en varias oportunidades la posibilidad de que Anglo American fuese absorbida por algunos de los gigantes de la minería mundial. Sin embargo, esto no ocurrió y como parte de sus políticas de austeridad y en paralelo a la venta de algunos de sus activos, varios de sus proyectos, entre ellos Quellaveco, entraron a la congeladora.Por lo tanto, no es totalmente cierto que Quellaveco haya sido postergado por la caída de la cotización de cobre y menos aún por problemas sociales en la zona de influencia. Cabe señalar que el reciente aumento de la participación de la japonesa Mitsubishi (de 18% a 40%), precisamente le da el respaldo financiero que necesitaba Anglo American y permitirá el impulso inicial del proyecto. Dicho sea de paso, todo indica que Anglo American prefirió darle una mayor participación a Mitsubishi, que permitir la entrada de Southern Perú -que también estaba interesada en el proyecto- como nuevo socio estratégico.

El acuerdo de Moquegua

Otro tema importante a recordar es que el año 2012, luego de un largo proceso de negociación, se logró firmar el acuerdo entre la empresa propietaria de Quellaveco, los representantes de las más importantes organizaciones sociales de Moquegua y el entonces gobernador regional, Martín Vizcarra. Saludado por todos, el acuerdo definió un aporte de la empresa de alrededor de mil millones de soles: 850 millones de aporte económico para la región y la diferencia para la construcción de represas: en la ficha técnica del proyecto, en cuanto a las fuentes de agua, se señala que el abastecimiento será a través de una bocatoma y el embalse de agua en ríos. La larga negociación previa tuvo a la base una serie de objeciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA): la mina pretendía extraer 700 litros de agua por segundo de la cuenca del río Tambo.

Como se conoce, ésta es una cuenca que se encuentra en una situación de estrés hídrico permanente y que además de Moquegua abastece al valle arequipeño del Tambo, en la provincia de Islay, precisamente donde busca implantarse el proyecto Tía María. Revisando información de la propia Autoridad Nacional del Agua, cabe señalar que Anglo American Quellaveco es la segunda empresa minera con el mayor número de permisos para extraer agua de zonas en alto riesgo de sequía e incluso cuenta con licencias permanentes. Lo cierto es que ya han pasado 5 años de la firma del acuerdo sobre Quellaveco en Moquegua y una primera tarea es confirmar si los compromisos logrados siguen vigentes para todos los actores comprometidos: población, empresa y autoridades. El paso siguiente será definir cómo se implementarán los acuerdos en esta nueva etapa.

Para comenzar algunos gremios de trabajadores de Moquegua han planteado que se les garantice empleo de acuerdo a los compromisos previamente establecidos con Anglo American y por otro lado, la Junta de Usuarios del Valle del Tambo hace unos días emitió un comunicado en el que señalan que Quellaveco afectaría la disponibilidad del agua en la cuenca si no se construye previamente la represa de Paltuture. Finalmente, es importante señalar que minas como la de Quellaveco, entre otras en el Perú, figuran entre las operaciones con el más bajo costo de producción a nivel internacional: una mezcla de factores como la ley de mineral, acceso a fuentes de energía, agua y conectividad, entre otros, hacen que los proyectos cupríferos en nuestro país sean sumamente rentables. Quellaveco proyecta un costo de producción de US$ 1.05 la libra de cobre. Con una cotización actual del cobre que bordea los US$ 3.00 la libra, proyectos como Quellaveco, Las Bambas, Constancia, Antapaccay, Cerro Verde, Coroccohuayco, Antamina, entre varios otros que se desarrollan en el país, son sumamente rentables y generan importantes utilidades a las empresas. Lo menos que se puede esperar es que las empresas desarrollen estos proyectos con los más altos estándares ambientales y sociales y que paguen todos los impuestos que les corresponde pagar.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/los-retos-de-quellaveco/

Perú

Comunicado, Espinar: por una entrega de resultados de dosaje con interpretación y orientaciones claras

Autor: Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

En el transcurso de esta semana y la siguiente, personal del Centro de Salud de Yauri y otros centros de salud de la provincia de Espinar han iniciado la entrega de los resultados del dosaje realizado por CENSOPAS en noviembre – diciembre del 2017, a un conjunto de personas de Espinar como parte de un estudio para determinar el nivel de presencia de 4 metales pesados (Arsénico, Cadmio, Mercurio y Plomo) en sangre y orina, y cuyo resultado debió ser entregado en abril de este año. Al respecto, debemos de manifestar lo siguiente:

(1) Que con anterioridad se han realizado estudios  similares y se han entregado resultados de una forma que ha causado alerta, angustia e incertidumbre en las personas que aceptaron, de buena fe, ser analizadas. Esto debido a que el personal de salud no proporcionó información clara sobre los resultados obtenidos, una  interpretación de los mismos, ni una orientación de cómo se debía proceder en cada situación particular y en la comunidad.

(2) En estos momentos se encuentra en consulta ciudadana una propuesta de lineamientos de política nacional para responder a la problemática de la población expuesta a metales pesados y otras sustancias químicas, liderada por el sector salud. A partir de ello observamos en las autoridades competentes, una voluntad política de hacer las cosas de manera diferente.

(3) Siendo así, invocamos al Ministerio de Salud, a la DIRESA Cusco, a los Centros de Salud ubicados en la provincia que realicen la entrega de resultados dando toda la información necesaria a las personas dosadas y de ser posible que informen a través de los medios radiales locales la iniciación de la entrega de resultados, convocando ampliamente a las 897 personas dosadas en la provincia, resultando indispensable que los profesionales de salud expliquen el significado de esos resultados, las medidas que deben adoptar en cada caso y los pasos a seguir.

(4) Como reconoce la Organización Mundial de la Salud, la comunicación adecuada y oportuna resulta indispensable en cualquier proceso sobre salud pública, evitando conflictos y malestar social y de esta manera garantizando los derechos de las personas. El caso de exposición a metales pesados en Espinar requiere, entre otras acciones prioritarias, que personal de salud se encuentre previamente preparado para una estrategia de comunicación en salud intercultural

(5) Por último, junto con el acompañamiento del sector salud, sigue pendiente en este caso determinar las rutas de exposición y fuentes de contaminación, a fin de afrontar no solo las consecuencias sino las causas del problema desde una perspectiva de salud ambiental integral.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/espinar-por-una-entrega-de-resultados-de-dosaje-con-interpretacion-y-orientaciones-claras/

Internacional

La voluntad de combatir los problemas de la sociedad industrial ha terminado generando nuevas problemáticas

Autor: Guillermo Otano Jiménez, doctor en Sociología por la UPNA, Remamx.org

La Comisión Europea lanzó su iniciativa para fomentar “el liderazgo mundial de la UE en el ámbito de los vehículos limpios”. El desafío es doble: por un lado, lograr posicionar la industria automovilística europea a la vanguardia de la innovación y el desarrollo tecnológico necesario; por otro, reducir nuestras emisiones de CO² en un 40% de aquí a 2030, que es el compromiso adoptado en el Acuerdo de París.

En este sentido, la piedra angular del nuevo paradigma de la “movilidad limpia” son los denominados “coches híbridos o eléctricos” que, poco a poco, van haciéndose con una cuota de mercado cada vez mayor. En España, por ejemplo, los coches híbridos y eléctricos suponen sólo el 0,69% del mercado, pero, en los últimos dos años, las matriculacionesse han duplicado (de 6.180 vehículos en 2016 a 13.021 en 2017). De hecho, el Gobierno ya está buscando la manera de incentivar su compra. Y no es el único. Se trata de una tendencia global, incluso en aquellos países donde su arraigo es mayor.

En esa línea, Inglaterra y Francia han anunciado recientemente su intención de prohibir la venta de automóviles diésel y gasolina a partir de 2040. Las grandes ciudades europeas como Londres, Roma, Barcelona o Madrid están implantando medidas similares para reducir la contaminación de los tubos de escape: desde zonas de acceso limitado para ciertos vehículos a motor hasta prohibiciones de estacionamiento, pasando por restricciones de velocidad.

Todos estos incentivos públicos contribuirán, sin duda, a incrementar la demanda de coches eléctricos en los próximos años. No obstante, nada de esto sería posible sin las innovaciones técnicas que han visto la luz en la última década, las cuales han posibilitado la creación de una nueva generación de baterías de litio. Sus costes de fabricación siguen siendo más elevados que el de las baterías de plomo-ácido que emplean los coches convencionales. Sin embargo, ofrecen cada vez mayor autonomía y mejores prestaciones, al tiempo que reducen significativamente la contaminación y sus efectos nocivos sobre la salud y el medioambiente.

 

Es evidente que todo ello es positivo. Pero no deberíamos perder de vista que, como todo desarrollo científico-técnico, el horizonte de posibilidades que nos abre es ambivalente. Si algo nos enseñó la sociología del difunto Ulrich Beck es que la voluntad de combatir los problemas de la sociedad industrial ha terminado generando nuevas problemáticas (como el cambio climático) que cuestionan las certezas del pasado y, en consecuencia, nuestra capacidad para resolver los desafíos del presente, sumiéndonos en la incertidumbre. La diferencia con otras épocas anteriores es, como diría el sociólogo alemán, que cada vez somos más conscientes de los riesgos que entraña cada nueva innovación técnica y eso nos obliga a considerar sus consecuencias antes -y después- de que se produzcan.

Desde este punto de vista, la expansión del coche eléctrico debería plantearnos interrogantes más allá de su desarrollo tecnológico o los incentivos comerciales que requiere. Es necesario considerar también sus impactos sociales y medioambientales. Estos últimos llevan tiempo sobre la mesa, pero apenas hemos oído acerca de los primeros, y a día de hoy son pocas las reflexiones que sobre las consecuencias que va a tener la “movilidad limpia” en los mercados de materias primas.

Las baterías de litio, por ejemplo, llevan en su composición entre un 40% y un 15% de cobalto, dependiendo del modelo. Las que impulsan los coches eléctricos emplean en su fabricación unos 26 kilos de este mineral. Así pues, entre 2016 y 2018, el precio del cobalto por tonelada métrica se ha cuadruplicado, y su evolución nos muestra que los picos más altos se alcanzan a medida en que las diferentes compañías automovilísticas (Tesla, BMW, Volvo) han ido anunciando sus nuevos modelos híbridos o eléctricos. Las estimaciones más conservadoras hablan de una demanda global que se va a quintuplicar de aquí a 2030 y hay quien duda de que las reservas mundiales puedan satisfacerla.

Más allá del quebradero de cabeza que plantea el encaje entre la oferta y la demanda, no deberíamos perder de vista otro tipo de problemas. El azar geográfico ha querido que las principales reservas de cobalto (dos tercios de la producción mundial, para ser exactos) se concentren en la República Democrática del Congo (RDC). El año pasado dicho país exportó alrededor de 64.000 toneladas métricas, una cifra muy superior al segundo importador más importante, Rusia, que se quedó en 5.600 toneladas métricas. Todo indica a que el “boom” del cobalto podría convertirse en una inmensa fuente de riqueza para el país y en un potencial motor para su desarrollo.

Se trataría de una buena noticia de no ser porque el país africano es uno de los países más afectados por eso que los economistas han denominado como la “maldición de los recursos”. La correlación entre recursos naturales y alta conflictividad es evidente en la RDC, y de hecho, a la “Segunda Guerra del Congo” que asolo el país entre 1997 y 2003 se la conoce como la “Guerra del Coltán” por la importancia que desempeño dicho mineral. Aunque, como suele suceder, la correlación no implica causalidad entre ambas cosas (pues en los conflictos inciden otros factores de tipo histórico, sociopolítico o cultural), lo cierto es que estas materias primas son una importante fuente de ingresos para el crimen organizado y las partes en conflicto. En consecuencia, si bien no son la causa que desata la violencia, sí podría decirse que son el combustible que los prolonga en el tiempo. Una idea que sirve para entender no sólo las dinámicas de conflicto en la RDC, sino también las que suceden en algunas zonas de Colombia, Venezuela, República Centroafricana o Birmania, por citar algunos casos conocidos.

 

La Unión Europea es consciente de este problema y, por ello, aprobó el año pasado un reglamento para regular el comercio de minerales procedentes de zonas en conflicto y promover prácticas de suministro responsable entre las empresas. Desafortunadamente, es un reglamento que presenta limitaciones importantes; la principal de ellas es que cubrirá únicamente a los importadores directos de los denominados 3TG (estaño, tantalio, wolframio y oro). No afectará a las empresas que importen productos manufacturados con estos minerales y, por otra parte, estos cuatro no son los únicos minerales asociados a conflictos.

El cobalto, por ejemplo, también ha sido vinculado a casos de explotación infantil. Por lo tanto, las empresas que emplean este mineral, si bien no tienen obligación legal de cumplir con las directrices OCDE de diligencia debida, sí tienen la obligación moral de hacerlo. Como suele decirse, lo que hoy es “soft law” mañana se convertirá en “hard law” (aunque eso es un tema que daría para otro “post”).

 

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/la-voluntad-de-combatir-los-problemas-de-la-sociedad-industrial-ha-terminado-generando-nuevas-problematicas/

Internacional

Avalon planea un proyecto de litio a pequeña escala en Ontario

Autor: Mineria en Línea.com

La junior de Avalon Advanced Materials, que cotiza en TSX, ha esbozado una nueva evaluación económica preliminar (PEA) para su proyecto de litio Separation Rapids, lo que simplifica el proyecto basado en Kenora, Ontario, para producir inicialmente concentrados de mineral de litio, con el potencial de una posterior expansión para producir materiales de batería, carbonato de litio e hidróxido de litio.

El modelo de desarrollo de menor escala “sustancialmente” redujo los requisitos de gasto de capital (capex) del modelo original completado en septiembre de 2016,la compañía dijo en un comunicado de prensa, y agregó que la PEA completa sería publicada en línea en las próximas semanas.

El PEA actualizado utiliza una tasa de rendimiento de planta de 475 000 t / año, en comparación con la tasa de 950 000 t / año utilizada en el PEA de 2016. Esto dará como resultado una vida útil de 20 años, basada en los recursos minerales conocidos actuales, con una producción de 71 500 t / año de concentrado de pétalos y 11 800 t / año de concentrado de lepidolita durante 18,5 años. Del año seis al 20, el proyecto comenzará a producir 100 000 t / año de feldespato.

El requerimiento inicial de inversión es de C $ 77.7 millones, con otros C $ 13.7 millones previstos para el circuito de feldespato.

Se espera que el proyecto genere un promedio de C $ 90 millones anuales en ingresos y los costos se estiman en C $ 60 millones, lo que resulta en un valor presente neto antes de impuestos, con un descuento del 8%, de C $ 156 millones y un pre tasa interna de retorno del impuesto del 27.1%.

Avalon dijo esta semana que creía que el pétalo de Separation Rapids sería ideal para muchas aplicaciones que ahora tenían que competir por el suministro de litio con la industria de baterías recargables.

La compañía llamaría a su producto “súper pétalo” y dijo que había atraído un considerable interés de los consumidores de la industria del vidrio y la cerámica.

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2018/08/avalon-planea-un-proyecto-de-litio-a-pequena-escala-en-ontario/

Nicaragua

Empresa minera aprovecha crisis en Nicaragua

Autor: por Alfredo Carías , Acafremin.org
Conflicto Relacionado: oposición a mina La India

En medio de la crisis socio política que afronta Nicaragua la empresa minera «Cóndor Gold» aprovecha un supuesto tráfico de influencias, vacíos legales y logra obtener el permiso ambiental para continuar explotando los bienes naturales en la comunidad Santa Cruz de la India.

Ante esta situación la población de la comunidad de Mina La India, no reconocen el dudoso proceso de audiencia pública realizado por la empresa Cóndor Gold, en el que pretende validar la apertura de un tajo a cielo abierto aproximadamente a 600 metros en la zona, mismo que pondría en riesgo la seguridad de las familias que habitan actualmente en la zona.

“Una vez más la población de Santa Cruz de la india, no se rinde ni se vende, por eso decimos: fuera Cóndor Gold, nuestra conciencia es más fuerte a promesas falsas”, manifiesto Olman Varela representante del Movimiento Nacional Ambientalista frente a la Minería Industrial -MONAFMI.

A pesar del rechazo de la comunidad mostrado ante el proyecto minero, la empresa minera ha recibido el permiso ambiental por parte de las autoridades nicaragüenses para la construcción y operación de una planta de procesamiento que tendrá una capacidad de 2,800 toneladas por día, autorización considerada poco transparente por la comunidad.

En su oportunidad Heizel Torres oficial de minería del Centro Humboldt denuncio que el gobierno de Nicaragua modificó las normas ambientales en beneficio de las empresas mineras, con la eliminación de los procesos de estudio para el impacto ambiental, como se evidencia en este caso de la Mina la India.

Este acto arbitrario que ha realizado el gobierno violento el debido proceso que debe gozar la comunidad en establecer una consulta previa libre e informada y con consentimiento o no de la nuestra comunidad ante un proyecto extractivo que atenta contra la salud y los ecosistemas en la localidad.

En consecuencia, la población de Santa Cruz de la india, ha expresado su rechazo de la aprobación del permiso ambiental otorgado a la empresa minera Cóndor Gold y reiteraron la salida inmediata de esta empresa de la comunidad, emitido en un pronunciamiento público.

La resistencia de la comunidad Mina la India data desde el año 2015, desde que la empresa extractiva invadió la zona provocando un conflicto social entre los pobladores y la empresa misma, suscitándose enfrentamientos de protestas pacíficas, marchas masivas hasta persecución y criminalización de defensores ambientales por parte de las autoridades locales por órdenes de la compañía.

El conflicto social y ambiental ha trascendido a las instancias internacionales ante la denuncia interpuesta por MONAFMI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde expusieron que han sido son objeto de amenazas y hostigamiento por defender sus comunidades, dicha petición se produce frente a la falta de una resolución interna a la problemática por parte del Estado nicaragüense.

Fuente:http://www.acafremin.org/es/?option=com_content&view=article&id=284:empresa-minera-aprovecha-crisis-en-nicaragua&catid=19:nicaragua&idU=2&utm_source=newsletter_75&utm_medium=email&utm_campaign=comunidades-de-centroamerica-demandan-ser-consultadas-ante-proyectos-extractivos

Honduras

Pobladores se tomaron la carretera internacional CA-4 en la Unión, Copán

Autor: La Prensa / Acafremin.org

Pobladores del municipio de La Unión, Copán, se tomaron esta mañana la carretera internacional CA-4 que comunica con las fronteras de El Poy y Agua Caliente, en Ocotepeque, como medida de presión para que se desaloje al grupo de personas que impide que la empresa Minerales de Occidente (Minosa) extraiga oro en la zona.

 

La toma carretera se localizó exactamente a la altura del desvió hacia La Unión, a unos 40 kilómetros de Santa Rosa de Copán.

Para frenar el paso, los manifestantes colocaron llantas en diferentes puntos de la carretera y luego les prendieron fuego.

Algunos delos pobladores eran empleados de la minera y aseguraron que seguirán intensificando las protestas, ya que la minera ha amenazado con retirarse de este municipio.

Hace casi tres meses, una parte dónde la Minosa extrae oro, fue tomada por otros pobladores, quienes se opusieron a los trabajos de la mina.

Debido a la toma de esa fecha, Minerales de Occidente ha logrado trabajar en un 30 por ciento, por lo que suspendió a unos 200 empleados de la compañía por pérdidas económicas y no descarta cerrar operaciones en Honduras.

Fuente:http://www.acafremin.org/es/?option=com_content&view=article&id=283:poblaodres-se-tomaron-la-caerretera-internacional-ca-4-en-la-union-copan&catid=18:honduras&idU=2&utm_source=newsletter_75&utm_medium=email&utm_campaign=comunidades-de-centroamerica-demandan-ser-consultadas-ante-proyectos-extractivos

Mexico

Caso de El Coronel evidencia la impunidad con que opera la industria minera: académico

Autor: MARTÍN CATALÁN LERMA Ljz.mx / Remamx.org

Hay un desfase en el último pago de la minera por concepto de predial, porque ha seguido comprando terrenos y los desembolsos eran por debajo de la superficie real que explota

Opina que Godezac y la Legislatura deben fijar una postura e intervenir, ya que las empresas mineras han desarrollado cierta capacidad para burlar el marco normativo

El caso de la mina El Coronel, propiedad de Carlos Slim, que no ha pagado el predial desde el año 2007 y, contrario a resarcir el adeudo, ha denunciado abuso de autoridad de parte del alcalde de Ojocaliente por realizarle el cobro, evidencia la impunidad con que opera la industria minera en el estado y el país, opinó Rodolfo García Zamora, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

“Esto nos demuestra el enorme poder económico y político que rebasa fácilmente a cualquier ayuntamiento y la manera en que subordina a los gobiernos estatales, como Zacatecas”, expresó.

Según expuso, la modificación constitucional que promovió Carlos Salinas de Gortari en 1992 generó que la minería fuera declarada a nivel constitucional como una actividad prioritaria, por encima de cualquier otro interés, además que ha servido como un respaldo legal para el modelo extractivista.

Luego de esa modificación constitucional y con la implementación de una nueva ley minera, se expresaron legal y formalmente los intereses de las empresas mineras incluso por encima de cualquier otro interés.

El caso de la mina El Coronel muestra también una asimetría en el sentido de que el contribuyente más modesto de Ojocaliente debe pagar el predial año con año o de lo contrario puede ser objeto de alguna sanción, mientras que la minera de Carlos Slim actúa con total impunidad.

García Zamora refirió que hay un desfase en el último pago que hizo la minera por concepto de predial, pues la empresa ha seguido comprando terrenos y los pagos eran por debajo de la superficie real que explota.

Consideró que es una situación surrealista porque en lugar de cumplir con las obligaciones fiscales, que además son pocas, ha denunciado al alcalde por el hecho de cumplir con su función de hacer el cobro.

“Como sucede en Mazapil y Chalchihuites se ve la enorme contradicción del beneficio de miles de millones de dólares que se llevan las empresas canadienses y mexicanas, el daño ambiental que generan y la impunidad con la que funcionan”, puntualizó.

En Zacatecas, refirió que la minería ha contaminado el agua y el medio ambiente sin que haya alguna retribución para resarcir los pasivos, además que permanentemente evaden sus obligaciones fiscales con los ayuntamientos.

Indicó entonces que el problema que se ha presentado en Ojocaliente es también un problema del estado, porque demuestra la impunidad con que actúan las grandes corporaciones mexicanas y extranjeras en Zacatecas.

García Zamora manifestó que tanto el Gobierno del Estado como la Legislatura deben fijar una postura e intervenir, ya que las empresas mineras han desarrollado cierta capacidad para burlar el marco normativo.

“Esto es un cuestionamiento al Congreso del estado, al Poder Judicial del estado, porque hay esa impunidad y no han hecho nada. El gobierno de Miguel Alonso estaba totalmente subordinado a estas corporaciones y él se autoengañaba diciendo que esta era la alternativa para el desarrollo de Zacatecas, lo que durante 470 años se ha demostrado que es una falacia”, agregó.

Señaló entonces que para Zacatecas ha sido una maldición contar con recursos minerales, porque durante siglos solamente ha significado extracción de los minerales, destrucción de los territorios, expulsión de la población, violación de la cohesión social y la subordinación de las instituciones.

El académico concluyó que la minería es un terreno desértico donde no hay institucionalidad ni leyes y solamente prevalece la impunidad del saqueo, hay en el caso de Ojo caliente, demuestra la impunidad y la soberbia del gran capital. En consecuencia, “va a ser muy difícil que se avance en la Cuarta Transformación de la que habla López Obrador si no hay un verdadero cambio en el Estado mexicano”.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/caso-de-el-coronel-evidencia-la-impunidad-con-que-opera-la-industria-minera-academico/

Perú

La carretera de Las Bambas: así es como una mala gestión ambiental propicia los conflictos

Autor: Ana Leyva , Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

¿Cómo así nació el hoy famoso corredor vial minero que conecta Las Bambas, en Apurímac, con el puerto de Matarani, en Arequipa? ¿Cómo así el mineroducto, que era el medio elegido inicialmente para el transporte de los concentrados mineros, fue reemplazado por una carretera que ya ha causado más de un conflicto?

Una revisión exhaustiva de los cambios ocurridos en los estudios ambientales de Las Bambas en lo referido al transporte de concentrados, nos permite entender muy claramente que son las debilidades de la institucionalidad ambiental, tanto en la certificación como en la fiscalización,  el principal factor que actualmente propicia el surgimiento de los conflictos socioambientales en este caso.

Para entenderlo, reconstruyamos la historia desde el inicio. Este artículo resume algunos de los principales elementos del informe “El transporte de concentrados e insumos de Las Bambas y sus problemas e irregularidades”, publicado por CooperAcción.

 

En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) inicial del proyecto Las Bambas, aprobado el año 2011, se señalaba que el transporte de concentrados de molibdeno y cobre se haría por mineroducto y el transporte de los suministros se realizaría por carretera, la misma que iría paralela al mineroducto, teniendo como recorrido: Las Bambas (Apurímac) hasta la mina Tintaya (Cusco) donde se ubicarían las plantas de filtros y molibdeno las cuales  se iban a utilizar  para completar el procesamiento del mineral. En el EIA se determina el área de influencia ambiental y social del mineroducto, se describe su línea de base ambiental: geomorfología, suelos y capacidad de uso mayor de tierras, hidrología, calidad de agua, calidad de aire, ruido, flora y fauna, comunidades, situación socio-económica. A partir de ello, se  identifica los impactos del transporte sobre cada uno de los componentes mencionados y las medidas de prevención y mitigación y compensación de daños, las que son incluidas en el plan de manejo y de monitoreo.

El 29 de agosto de 2013 mediante R.D. 319-2013-MEM-AAM, se aprobó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) a través del cual se solicitó el traslado las plantas de filtros y molibdeno, de Tintaya (Cusco) a Apurímac (Las Bambas). El ITS tiene un procedimiento de evaluación de tan solo 15 días hábiles que fue regulado el año 2013, mediante D.S. 054-2013-PCM. El cambio de ubicación de las plantas de filtros y de molibdeno implicaba en la práctica un cambio en el medio de transporte de los concentrados, puesto que en adelante todo el procesamiento de los minerales se llevaría a cabo en la zona de Las Bambas. Sin embargo, el uso del mineroducto se mantenía en suspenso.

En marzo del 2014 se presentó la solicitud para la segunda modificatoria al EIA. Tenía como objetivo adicionar componentes auxiliares, actualizar el sistema de manejo de aguas y la información de línea de base ambiental y social e identificar los impactos que pudieran ocasionar los cambios planteados. En el documento presentado inicialmente no se hizo mención al cambio de modalidad del transporte de concentrados. Por el contrario, en el resumen ejecutivo se señala que “el acceso regular al área de la mina del Proyecto se mantiene igual al propuesto en el EIA”.

Como inicialmente no se planteó un cambio en la forma y ruta del transporte de concentrados, esto llevó a que en las opiniones técnicas, no se incluyera la opinión del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y que tampoco  este tema  estuviera incluido en el proceso de participación ciudadana.

Sin embargo, posteriormente, en la etapa de formulación de observaciones, la autoridad ambiental (para el caso, el Ministerio de Energía y Minas, MINEM) pidió al titular minero que le  informe sobre  los cambios que haría en la forma del de transporte. De ello se da cuenta en la R.D.559-2014-MEM-DGAAM, del 17 de noviembre de 2014, que aprueba la segunda modificatoria del EIA, donde se señala que “el titular deberá detallar los posibles cambios o actualizaciones de la información en general (como el transporte, el plan de manejo, puntos de monitoreo entre otros) de las otras áreas aprobadas”.

Ante ello, el titular minero presenta  un escueto levantamiento de observaciones en setiembre de 2014, en donde indica la ruta del transporte y el número de camiones que utilizará sin dar mayor detalle.  La autoridad ambiental minera mantiene la observación, por lo que  la empresa tuvo que presentar  “Información Complementaria” en octubre de 2014, un mes antes de que se apruebe la segunda modificación del EIA.  En ella se señala que el transporte de concentrado de molibdeno y cobre será bimodal: se realizará por camiones desde Las Bambas hacia la estación de transferencia de Pillones (por un tercero) y desde allí, por vía férrea hasta el puerto de Matarani. Se precisa que queda postergada la construcción del mineroducto por un plazo indeterminado y que la ruta a utilizar es de acceso público; se indica que la flota de camiones consistirá “en 125 camiones cargados por día y 125 camiones retornando sin carga, además de más de 60 vehículos que abastecerán insumos”. Los camiones serán de 52,8 toneladas de peso bruto cada uno y 34 toneladas de carga. También se precisa que el transporte de concentrado lo realizará un tercero bajo la aprobación de su respectivo instrumento de gestión ambiental.

En  la información complementaria se adjunta un estudio de tráfico, que consiste en solo fichas indicando el lugar del punto de control y su fotografía. En el informe se señala que el estimado del tránsito de la ruta del transporte minero, durante el día, sería de 310 camiones. Dato muy alejado de la realidad, ya que solo el tráfico vehicular declarado por la propia empresa es mayor a ello (125 camiones de transporte de concentrados y 60 de insumos,  que de ida y vuelta suman 370). No se  tuvo en cuenta el número habitual de otros vehículos que transitan por la vía y los que realizan transporte minero para otras empresas.

Una de las cosas que más llama la atención es que se adjunta un informe de modelamiento de la dispersión de contaminantes provenientes del transporte que considera únicamente las emisiones producidas desde el tubo de escape de los camiones, sin tomar en cuenta el material particulado que se produce por la tracción vehicular, es decir, por el paso de las llantas sobre la vía afirmada. Lo que constituye, precisamente, uno de los impactos más sentidos y denunciados por la población.

Además,  en la Segunda Modificatoria del EIA  se reduce el área de influencia social, excluyendo a las comunidades del área del mineroducto. Deja fuera además, a la población que se ubica a lo largo de la vía que sería usada para  el transporte minero terrestre, la misma  que en varios tramos coincide con la ruta del mineroducto.  Es decir, desde la perspectiva de la empresa los impactos sobre la población del transporte minero por mineroducto sí son su responsabilidad, pero los impactos del transporte minero por carretera, no lo son.

Como no se identifican área de influencia  de la vía del transporte minero ni línea de base de ella,  tampoco se identifican sus impactos ni se  establecen  medidas para evitar, mitigar o compensar los daños que ahora están ocurriendo a quienes viven cerca de la carretera, salvo la existencia de un plan de contingencia para accidentes. En consecuencia, tampoco se han establecido  puntos de monitoreo para controlar el polvo, el ruido y la vibración.

Nos parece que todo lo ocurrido es irregular, pues un cambio tan importante como es el medio de transporte se viabilizó a partir de la formulación de una observación. El MINEM no debió permitirlo, es más debió exigir un nuevo estudio. No solo porque en este momento es difícil incorporar la información necesaria, sino también porque el procedimiento de evaluación ya se encontraba avanzado. Ya había pasado el momento de opiniones técnicas de los entes especializados o ministerios sectoriales como es el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y también había pasado la etapa de información y participación ciudadana.

Cabe indicar que la inacción del Estado ante los impactos del polvo, vibración y ruido que sufren las poblaciones que viven a lo largo de la carretera refleja además,  la incoherencia y vacíos  en materia de fiscalización ambiental. Ni OEFA, ni el MTC controlan los impactos de la actividad del transporte minero de concentrados y suministros, ni han establecido a la fecha medidas correctivas para que la situación de contaminación se controle.

Frente al estallido del conflicto social en torno a los impactos de la carretera, lo que ha hecho el gobierno nacional es reclasificar el nivel de la vía a nacional y celebrar un convenio con las empresas mineras que usan esa carretera y los gobiernos locales y regionales de esas jurisdicciones, para asfaltar. Evidentemente, esta es una solución ad hoc que no enfrenta la existencia de una regulación que diluye la responsabilidad sobre los impactos ambientales y permite una ineficiente evaluación y la fiscalización ambiental de la actividad minera en lo que respecta al transporte minero, resultando como gran perjudicada con ello, la población que vive en el entorno.

Un problema adicional es que parte de la vía se encuentra en tierras comunales que fueron entregadas en servidumbre para la fase de construcción a la empresa minera y que luego, se convirtió en vía de acceso público por decisión del gobierno local, sin que haya habido venta de esas tierras ni un proceso de expropiación. Esto ocurrió con la Ruta 954. En relación a este caso, en su momento, la Defensoría del Pueblo se pronunció a favor de que se garantice el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades afectadas. Esta situación no resuelta fue una de las causas que ocasionó el  estallido del  conflicto en octubre del 2016, el mismo que tuvo como saldo un muerto.

Por otro lado,  se está entendiendo que al ser la carretera del transporte minero una vía pública, su asfaltado y mantenimiento le compete al Estado. Esto genera ciertas preguntas en relación a si es justo que el Estado se responsabilice de los impactos del transporte minero, que por sus dimensiones son significativos y permanentes, y causan estragos en la propia vía y en el entorno. En todo caso, consideramos que  mínimamente este tema debería ser materia de debate público.

Fuente: CooperAcción

Recientemente, en el marco de la Tercera Modificatoria de EIA que ha solicitado Las Bambas, el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental) ha informado que se ha incluido aspectos relacionados al transporte de concentrados de mineral de la mina al puerto, incluyendo la evaluación de tales impactos y las medidas de control. Esto se ha realizado, nuevamente, a partir de una observación y no fue incluido en los Términos de Referencia iniciales del estudio. Si bien es un avance que el problema haya sido advertido, su inclusión tardía en la evaluación de la tercera MEIA impide que la ciudadanía y los organismos competentes puedan pronunciarse al respecto. Además, aún no queda claro si ello va a implicar una modificación del Área de Influencia Social del proyecto.

Hasta el momento, el principal foco de conflicto en torno al megaproyecto Las Bambas ha tenido que ver con los impactos causados por la carretera, una vía por donde transitan al menos 370 vehículos diariamente generando incesante polvareda, vibraciones y ruido. Como vemos, un adecuado proceso de certificación y evaluación ambiental hubiera permitido prevenir las razones que se encuentran detrás de estos conflictos, pero al parecer primó –una vez más- la lógica de acelerar procesos y acortar trámites para “promover” la inversión

Mexico

Nueva era minera: minería terrestre y minería marina en México

Autor: Violeta Nuñez Rodriguez El Universal , REMAMX.org

Por cuatro sexenios, empresas nacionales y extranjeras se “apropiaron” mediante concesiones de los territorios de comunidades, pero este sexenio se entregó una concesión minera en el mar

En 1992 se reformó el artículo 27 constitucional, cancelando el reparto agrario y legalizando la compra-venta de la propiedad social, dando inicio a un nuevo mercado de tierras. Como parte de la reforma, se aprobaron tres leyes reglamentarias: Ley Agraria, Ley de Aguas Nacionales y Ley Minera.

Poca atención se puso a la Ley Minera, siendo que traería serias repercusiones en los territorios de pueblos y comunidades campesinas e indígenas. Entre ellos el artículo 6 decretó a la actividad minera como de utilidad pública, dándole preferencia sobre cualquier actividad. El artículo 10 estableció que esta actividad sólo se podía realizar mediante una concesión (sin establecer un límite de superficie), la cual podría otorgarse por 100 años (artículo 15), permitiendo disponer de los terrenos (artículo 19). Aunado a esto, los impuestos que se establecieron eran (siguen siendo) casi nulos. La Ley Federal de Derechos sólo establecía un pago semestral por hectárea concesionada, que iba de $6.77 hasta $148 a partir del décimo año. Asimismo, las inversiones en exploraciones mineras eran deducibles de impuestos.

Como resultado de esto y de la demanda internacional, la minería tuvo un comportamiento insólito. En 1994 la inversión privada minero metalúrgica era de 373 millones de dólares, y para 2012, había ascendido a 8,043 millones de dólares. En estos mismo años, el número de concesión aumentó de 16,773 a 26,071; y la superficie concesionada creció de 15,466 a 30,782 millones de hectáreas, respectivamente.

Como parte de esto, empresas nacionales y extranjeras se “apropiaron” mediante las concesiones de los territorios de los pueblos y comunidades, por cuatro sexenios seguidos. Sin embargo, en este sexenio hubo un cambio de gran trascendencia: la entrega de una concesión minera en el mar.

Sin precedente alguno, fueron concesionadas 91 mil hectáreas del mar de la Bahía de Ulloa en Baja California Sur, un espacio de gran importancia pesquera, ya concesionado a cooperativistas pesqueros, y considerado como una Región Marina Prioritaria por el gobierno federal.

El proyecto minero, denominado “Don Diego” (en honor al primo de Hernán Cortés), fue otorgado a Exploraciones Oceánicas, filial de la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, para extraer 350 millones de toneladas de fosfatos durante 50 años, mediante un dragado de succión (aspirado de los fondos marinos).

Esta concesión se otorgó sin haber consultado a los cooperativistas pesqueros, quienes en el Manifiesto del Golfo de Ulloa, expresan que no hay precedente de ese tipo de minería en el mundo, por lo que no se sabe cuáles serán las repercusiones. Pese a esto, el gobierno entregó la concesión minera en el mar, y en el Taller de divulgación de las oportunidades para México en la minería de los fondos marinos internacionales y en exploración del océano profundo, argumentó que “para el año 2050 el consumo global de recursos naturales se triplicará…, incluyendo los recursos minerales…, [y] dadas las limitaciones naturales de la minería en tierra firme, el mundo, sin duda, está volteando la mirada a los océanos, ya que en buena parte estos minerales se encuentran en los fondos marinos y en el subsuelo de aguas internacionales” (SE, 2013).

Aunado a esto, de gran preocupación son las 122 millones de hectáreas que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, siglas en inglés) ha entregado mediante contrato en la zona de Clarión-Clipperton, cuya costa más cercana es México, a fin de explorar los fondos marinos, en busca de la riqueza minera.

Ante esto, el gobierno mexicano tiene un gran reto, que no sólo radica en voltear a ver las decenas de conflictos socioambientales provocados por la minería terrestre, sino que ahora se enfrentará a lo que parece será la nueva era minera.

 

Violeta Nuñez Rodriguez

Profesora-Investigadora Titular C, Tiempo Completo, del Departamento de Producción Económica y del Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/nueva-era-minera-mineria-terrestre-y-mineria-marina-en-mexico/