El 90 por ciento del territorio del municipio de Francisco Z. Mena está concesionado a la minería y el fracking, lo que eleva el riesgo de un desplazamiento de la población, advirtió el activista Eduardo Morales Sierra.
El también académico destacó que las principales violaciones que viven quienes se oponen a los que calificó como “proyectos de despojo” son el hostigamiento, las amenazas, las denuncias falsas y el asesinato.
Riesgo de desplazamiento
Morales Sierra destacó que los municipios tanto de la Sierra Norte como en la Sierra Negra están amenazados con proyectos de gasoductos, minerías, hidroeléctricas, instalación de paneles solares y fractura hidráulica.
“En Francisco Z Mena el 90 por ciento del territorio está concesionado a minería y fractura hidráulica; eso va a implicar un proceso de desplazamiento forzado”, expuso.
El municipio de Z. Mena, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, cuenta con una población de 16 mil 667 personas, y mil 600 hablan una lengua indígena.
Asimismo, cuenta con una extensión territorial de 535.8 kilómetros cuadrados, lo que implica que más de 482 kilómetros cuadrados están concesionados a los proyectos de despojo.
Violaciones trascienden a los gobiernos
El académico destacó que los proyectos de despojo trascienden a los gobiernos, ya que el estado está diseñado para esto.
“Va mucho más allá del gobierno y de los partidos en turno que continúen estos procesos. La estructura del gobierno está diseñada para ello”.
Agregó que una de las formas que tiene el Estado para presionar a los activistas que se oponen a estos proyectos en el estado es la vinculación a procesos con delitos inventados, como sucedió con indígenas de Cuetzalan.
Autor: Roberto Galindo para Contralínea.com Conflicto Relacionado: Caimanes-Los Pelambres
En La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, se vivieron el 29 de agosto de este año intensas y nutridas protestas en contra de la mega minería tóxica a tajo abierto. Y es que Desarrollo Zapal, compañía de Invecture Group, intentó de nuevo conseguir el cambio de uso de suelo de una gran área dentro de la Reserva de la Biosfera de La Sierra de la Laguna, con el propósito de establecer el proyecto Los Cardones y extraer oro a gran escala. Y aunque ese mismo día por la mañana el presidente municipal de La Paz, Armando Martínez Vega, ratificó que el cambio de uso de suelo fue rechazado, también dijo que la empresa puede intentar tramitar los permisos de nuevo. Lo que no aminoró la molestia de los ciudadanos ante lo que consideran un grave riesgo para su subsistencia, debido a que La Sierra de la Laguna es la reserva de agua dulce más grande al sur del estado.
Desde hace más de 10 años se ha intentado establecer el mismo proyecto de minería con diferentes nombres y, como en ocasiones anteriores, los empresarios mineros se toparon con la resistencia de la sociedad sudcaliforniana. En La Paz se congregaron alrededor de 1 mil personas afuera del palacio de gobierno estatal para exigirle al gobernador, Carlos Mendoza Davis, realizar un acto contundente contra la minería en el estado. Ante la ausencia del mandatario, incrementaron el tono de la protesta hasta que el secretario general de gobierno Álvaro de la Peña Angulo salió y, micrófono en mano, dijo que “el gobierno del estado no apoya la minería que pueda afectar a Baja California Sur y a sus habitantes, es no a ese proyecto…”, haciendo referencia a Los Cardones. Pero ante la insistencia de los manifestantes de dialogar formalmente, aceptó el ingreso de una comitiva de representantes de las diversas organizaciones ciudadanas al recinto de gobierno.
En la mesa y ante las demandas de integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), de otras organizaciones procedentes de Los Cabos y Todos Santos, así como de ciudadanos independientes que le manifestaron los riesgos de permitir la minería a tajo abierto en la Reserva de la Biosfera, de la Peña Angulo, acompañado por otras autoridades, entre ellos el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Baja California Sur, Axxel Sotelo, se comprometió a elaborar un documento oficial en el que se especifique que se emitirá una iniciativa de ley contra la minería y para la protección ambiental de la Sierra de la Laguna, mismo que, acordaron, dará continuidad a lo ya desarrollado por el Freciudav y que será integrado de común acuerdo por ambas partes y con la participación de las diversas áreas del gobierno estatal y municipal competentes en la materia, incluyendo al cabildo saliente y al entrante, así como las instituciones encargadas del medio ambiente. Peña Angulo aseveró que el documento se dará a conocer en una rueda de prensa la primera semana de septiembre. Por su parte los integrantes del Freciudav declararon que mientras no exista una ley que blinde al estado contra la minería, ellos no dejarán de manifestarse y protestar, pues dijeron que lo que defienden es su derecho a la vida.
Autor: Darío Aranda, Página12.com.ar Conflicto Relacionado: El Desquite - Esquel
Incumplir promesas electorales, desoír a comunidades afectadas, lobby sobre legisladores e intendentes, campaña mediática, falsas promesas de trabajo, violación de leyes. Las asambleas socioambientales de Chubut denuncian que es el plan que ejecuta el gobierno nacional, aliados provinciales y la multinacional Pan American Silver para imponer la megaminería. Aunque está vigente la ley provincial 5001, que prohíbe la actividad extractiva, sectores políticos planean entregar el 60 por ciento del territorio de Chubut a las empresas mineras. Se multiplica el rechazo en toda la provincia, con movilizaciones en una decena de ciudades.
Desde hace quince años la población de Chubut rechaza la megaminería. Esquel fue el punto de quiebre, cuando votó “no” a la actividad y demostró que se podía frenar a las multinacionales mineras. Se aprobó la Ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro.
Pan American Silver es la mayor empresa minera de plata del mundo y desde hace diez años quiere dinamitar un yacimiento de plata y plomo en la meseta de Chubut (centro geográfico de la provincia).
El gobernador Mario Das Neves (fallecido en octubre de 2017) tuvo sus vaivenes pero finalmente se decidió por rechazar la actividad. “El 63 por ciento de la gente no quiere minería ni centrales nucleares”, afirmó en mayo de 2017. Luego de su fallecimiento, asumió su vice, Mariano Arcioni. En un spot de campaña electoral no tenía dudas: rechazaba la minería y cuestionaba que “desde Buenos Aires” quieran imponer extractivismo a las provincias.
En 2018 cambió. Arcioni argumentó que daba la bienvenida al debate, dejó abierta la posibilidad de que los intendentes avancen y, al mismo tiempo, dio luz verde para que sus ministros y legisladores promocionen la megaminería. Las asambleas socioambientales denuncian la voltereta del gobernador.
El proyecto “Navidad” está ubicado en la meseta de Chubut, la zona más empobrecida de la provincia, entre las localidades de Gan Gan y Gastre, territorio de comunidades mapuche-tehuelche. La avanzada minera viola los derechos de las comunidades, tanto leyes nacionales como tratados internacionales de derechos humanos. Las comunidades indígenas son referencia en el rechazo a la Pan American Silver.
Trelew, Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia, Esquel, Trevelin, El Hoyo, Lago Puelo, Yala Laubat, Gualjaina y Puerto Pirámides son algunas de las localidades movilizadas en defensa del agua, el territorio y contra la megaminería. Cuestionan que los sucesivos gobiernos nunca buscaron opciones sustentables para la meseta.
El gobierno nacional y aliados provinciales, con los diputados Alfredo Di Filippo y Sergio Bruscoli a la cabeza, presentaron un proyecto de ley para “zonificar” la provincia. La iniciativa, celebrada por las mineras, busca habilitar la minería en la meseta. En mapas detallados se muestran las “zonas de sacrificio”.
La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la más importante de la provincia, se expidió el 17 de agosto pasado. “El Consejo Superior de la Universidad rechaza al proyecto de zonificación minera. Esta propuesta carece de proyección a largo plazo para la región y no cuenta con el respaldo de un análisis exhaustivo de los aspectos sociales, económicos, ambientales y político-legales implicados”, afirmó.
La Universidad alertó que el proyecto de zonificación ofrece el 64 por ciento del territorio provincial (14 millones de hectáreas) a las empresas mineras y cuestiona que la dirigencia política no tenga en cuenta “el trabajo pasado, presente y proyectado” del INTA, el Conicet y la misma universidad pública que han propuesto el desarrollo y mejoramiento de actividades no extractivas, como la agrícola-ganadera y el turismo.
La Universidad no tiene dudas del motivo de la avanzada minera: “Es producto de presiones político-empresariales que no contemplan un tratamiento realmente democrático a un tema que tiene una gran importancia estratégica para el pueblo de la provincia”. Y se ofrece, junto con otras instituciones científicas y con movimientos sociales, a sistematizar y desarrollar alternativas productivas realmente sustentables.
El 28 de julio hubo una multitudinaria movilización en Rawson. La consigna principal fue “no a la megaminería”. Desde hace quince años, todos los día 4 del mes se marcha en Esquel en rechazo a la minería. “Hoy el pueblo de Chubut está movilizado y más unido que nunca para defender su territorio, sus oportunidades, su presente y su futuro. Desde hace 20 años se vienen sosteniendo épicas resistencias a basureros nucleares y megaminería. Es hora de que los representantes respeten la voluntad popular y dejen de ser funcionales a los intereses de las corporaciones extractivistas”, exigió la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel.
Recordaron que ninguna de las provincias mineras de Argentina tuvo el trabajo prometido, ni el desarrollo local y, muchos menos, el cuidado del ambiente. Repudiaron el accionar de los funcionarios del gobierno nacional, al gobernador Arcioni y a los intendentes promineros, y también repudiaron a los grandes medios por “venderse al mejor postor, hacer propaganda minera” e invisibilizar las luchas.
Don Nicolás se murió del “mal de la mina”. Apenas tenía 34 años, según cuenta Ander Izagirre en su notable libro Potosí. Su padecimiento fue la silicosis, una afectación crónica provocada por partículas de sílice que atacan los alvéolos de los pulmones hasta hacer imposible la respiración.
Los que trabajan en las entrañas de los socavones, respiran durante décadas ese aire cargado de sílice, y poco a poco, sin pausa, ese polvillo microscópico avanza silenciosamente hasta que el minero fallece asfixiado. No estamos ante un evento repentino como una puñalada, sino que el arma letal es microscópica y lenta, pero igualmente fatal.
La silicosis es apenas una entre las variadas consecuencias negativas del extractivismo minero, y se suma a otros problemas también graves que se observan en otros sectores extractivos, como minería o petróleo. Ante ese tipo de situaciones me pregunto si algo similar puede ocurrir con un país. ¿Puede morirse Bolivia por un “mal de la mina”? O dicho en otros términos, ¿puede fallecer un país por lo que podríamos llamar “la enfermedad crónica de los extractivismos”?
Cuando los extractivismosmatan
Los extractivismos son posiblemente el modo más intensivo de apropiación de la Naturaleza, y como además se despliegan en grandes escalas territoriales o remueven enormes volúmenes de recursos, generan muy severos impactos tanto sobre las personas como en el ambiente.
Todos ellos son actividades locales, y por ello sus efectos negativos atacan especialmente a las comunidades locales, aunque su destino siempre es alimentar las exportaciones hacia los mercados internacionales. Adentro nos quedamos con los impactos, y hacia afuera se envían los recursos valiosos.
El dinero que deja ese vínculo con la globalización es presentado como una de las principales justificaciones de los extractivismos. Aunque hay un mérito en el argumento de la importancia económica de esos sectores, se ha llegado a extremos bajo los cuales se agita el fantasma del colapso económico o la retórica de salvar a los pobres, para justificar a nivel local todo tipo de debacle ecológica y social local, mientras a nivel nacional persisten los desarreglos financieros, comerciales y productivos que ocasionan esas actividades.
Más allá de la publicidad, muchos extractivismos gozan de subsidios y protecciones estatales. De un modo u otro todo confluye en repetir la conocida estrategia de ser meros proveedores de materias primas a otros continentes.
Esos debates se vuelven interminables y lo que hacen es precisamente ocultar las enfermedades extractivistas. Un primer problema es que los extractivismos actuales implican sucesivas amputaciones al cuerpo ecológico del país. La minería, sea formal y a gran escala, cooperativa o informal, siempre significa la remoción de enormes volúmenes de rocas y piedras para quedarse con una pequeña proporción del mineral que será exportado.
Por ejemplo, sumando los ocho primeros rubros mineros, Bolivia ha enviado al exterior más de 1,29 millones de toneladas de materia en 2016. Lideraron el cinc y plomo, pero en estos y otros tipos de minerales, se deben remover centenas a millones de toneladas de roca y piedra de las cuales sólo una fracción será exportada. Esa relación es particularmente desventajosa en el oro, ya que en muchos sitios se requiere remover una tonelada de rocas, suelos y arenas para poder separar un gramo.
Se generan así las explotaciones a cielo abierto, y basta ver una fotografía de la mina de cobre Don Mario para comprender qué significan esas amputaciones.
Lo mismo ocurre en los usos de la tierra, y de hecho los grandes empresarios rurales del oriente y el Gobierno coinciden en ampliar la superficie bajo explotación y hacerlo lo más rápido posible.
Ninguno de esos sectores “produce” recursos como minerales o hidrocarburos. Se hace una trampa con el lenguaje, ya que lo que realmente ocurre es que todo se extrae. Las pérdidas del patrimonio natural de cada año se suman a las anteriores, y de ese modo el país queda repleto de cicatrices. La estrategia que se defiende es esencialmente persistir en la misma senda, y si un mineral se agota o su precio cae, entonces se buscará otro recurso que lo suplantará.
Preguntando por los muertos
Aunque se acumulan las denuncias sobre los duros impactos de esos extractivismos, no siempre los indicadores están ordenados o son de acceso público. Volviendo al libro Potosí, Izagirre nos cuenta que uno de sus entrevistados recorría los funerales y los entierros preguntando por los muertos.
Debía hacerlo, no tenía otra opción, porque no había indicadores certeros de cuántas personas fallecían por el mal de la mina. Y no era raro que cuando se intentaba conseguir esos informes, los responsables esquivaran las respuestas.
Entonces me pregunto: ¿Quiénes recorren la Naturaleza para identificar sus muertos? ¿Dónde están los cementerios ecológicos que atestiguan ambientes o especies perdidas? Izagirre nos dice algo que todos sabemos: “los fallecimientos de mineros por accidentes o enfermedad no constan en ningún registro, ninguna estadística”. Más o menos lo mismo se repite con las enfermedades de los extractivismos.
Esa barrera se debe a que los síntomas y signos en unos casos son activamente ocultados o negados, y en otras situaciones simplemente no se los busca. La enfermedad avanza precisamente por la incapacidad del país de saberse enfermo.
Considerando los indicadores clásicos, como la calidad del agua en los ríos, no existen mediciones regulares, rigurosas e independientes, y cuando esos datos aparecen son por algún estudio académico o en reacción a algún accidente. De modo similar, las informaciones sobre cuestiones como la deforestación casi siempre llegan tarde, y hay todo tipo de discrepancias entre números oficiales y lo que se observa en algunas regiones. Todo esto hace que la condición de un país pueda agravarse hasta entrar en un “coma ecológico”, sin que suenen las alarmas a tiempo y todo esto pase desapercibido para quienes viven en las ciudades.
Paralelamente hay una mayúscula distorsión económica alrededor de los extractivismos. Mientras se minimizan las advertencias ambientales al mismo tiempo sólo se calculan los beneficios económicos. El problema es que esa contabilidad está errada ya que no se incorporan los costos económicos del daño social o ambiental, como el dinero que se pierde por la contaminación del agua, la erosión de los suelos o las enfermedades.
Tampoco reconocen adecuadamente los subsidios y beneficios que la sociedad les transfiere a esos sectores (que en Bolivia van desde las exoneraciones tributarias a las cooperativas mineras hasta las facilidades en energía o impuestos a mineras y petroleras).
Como la economía convencional, esa misma que usan nuestros gobiernos, no hace una contabilidad adecuada, se refuerza la ceguera ante los impactos sociales y ambientales, cancelando la capacidad para reconocer y sopesar todos los síntomas de la enfermedad extractivista.
Estas dificultades se repiten en todos los distintos tipos de Gobierno, sean conservadores o progresistas, y un recorrido por los países vecinos deja eso en claro. En Perú, el Gobierno admitió el pasado julio que se han acumulado más de 8.000 sitios mineros abandonados, con todo tipo de problemas de contaminación, y unos 3.500 de sitios donde antes se extraían hidrocarburos.
Mientras que en Ecuador, la explotación petrolera en la Amazonia por parte de Texaco dejó centenas de pozos y unas 1.000 fosas con todo tipo de contaminantes, y se derramaron al menos 71 millones de litros de residuos que cubrieron unos dos millones de hectáreas en la selva.
La frontera de los derechos
Más allá de los indicadores que se usan y los que se podrían usar, de los que se aceptan y los que se rechazan, de algún modo las circunstancias ante los extractivismos remiten a cuestiones más profundas que pueden ser entendidas como enfrentamientos contra los derechos, sean de las personas como de la Naturaleza.
En efecto, los extractivismos contemporáneos siguen avanzando porque no se cumplen las salvaguardas de los derechos, desde aquellos que exigen información y consulta ciudadana a los que aseguran la integridad de los ecosistemas. La postura convencional es que la violación de derechos son accidentes ocasionales y puntuales en los emprendimientos extractivos, como puede ser un técnico que permitió un derrame contaminante o unos policías desobedientes que reprimieron a comunarios.
En cambio, un examen más atento de la situación muestra que la dinámica es en realidad inversa: una y otra vez se erosionan y debilitan los marcos de derechos humanos y ambientales, ya que eso es necesario para poder implantar los extractivismos actuales. Estos son de tal intensidad y tienen efectos tan graves, que si las salvaguardas de derechos se aplicaran realmente, la mayor parte de los emprendimientos no podrían ser aprobados. El debilitamiento de los derechos pasa a ser una condición necesaria para seguir adelante con los extractivismos.
Para dejar esto en evidencia es que se acuñó el término “extrahecciones”, que se deriva del latín extrahere y que significa arrancar con violencia. Las extrahecciones son esos extractivismos violentos, sea por las disputas entre grupos locales como por los que originan empresas o gobiernos, y que discurren en ese incumplimiento de los derechos. Posiblemente esto sea uno de los factores determinantes en la muerte de un país por los extractivismos. O para decirlo de otro modo, ¿está vivo un país que no puede asegurar los derechos a sus ciudadanos y su madre tierra?
Justamente para abordar esta problemática es que se ha lanzado el Observatorio de los Derechos de la Naturaleza. Su foco está en las violaciones de ese tipo de derechos, y con ello espera servir como un antídoto temprano frente a los males de los extractivismos. Este observatorio es una iniciativa que parte del sur, y que se apoya en esta primera etapa en organizaciones y personalidades latinoamericanas.
Luchar por la vida
¿Puede un país morirse del mal de los extractivismos? Posiblemente sí. No es que el país desaparezca como entidad política de la noche a la mañana o que estará al pie de una lápida en los camposantos de la historia. Pero sí es posible que se sumen viudas y viudos para llorar la pérdida de paisajes, de comunidades, de una ecología y modos de ser que se pierden irreversiblemente de forma callada y silenciosa, y que, como los mineros de los socavones, dejan a sus huérfanos. Desaparece una Bolivia, con todos lo bueno y malo que tenía, con sus contradicciones y su geografía, para dar paso a otra, muy distinta, con más objetos de consumo pero menos Naturaleza.
Se podrá retrucar que todo esto es una exageración, ya que un país es resistente a los extractivismos. Sin embargo, ese optimismo no tiene en cuenta que ya sabemos que se pierde año a año un enorme volumen de recursos naturales, hay selvas y nevados que se han ido para siempre, río y lagos que agonizan, y amputaciones que se acumulan en distintos rincones del país.
Nada de esto es nuevo, ya que los ciclos de alzas y caídas en las exportaciones de recursos naturales persisten desde tiempos coloniales. Cada uno de ellos sumó un nuevo tajo en el altiplano, un bosque perdido en el oriente. Y la enfermedad ahora está en plena eclosión, contagiándose entre grupos que pelean y tirotean unos contra otros por acceder a una veta mineral o una hectárea de cocal.
Si los países realmente mueren por el mal de los extractivismos, sospecho que lo hacen de uno de los modos más penosos. Es que ese drama resulta de la incapacidad para pelear por la vida, y no ocurre abruptamente, sino que es la consecuencia inevitable de esas mezclas entre la desidia para actuar frente a los impactos, la petulancia que sirve para aferrarse a viejas recetas del desarrollo y el renunciar a salvaguardar los derechos. La cura está en luchar por la vida.
*Artículo basado en la conferencia del autor en la presentación del Observatorio de los Derechos de la Naturaleza, que tuvo lugar en el Salón de Honor de la UMSA, en La Paz, en una mesa redonda donde también disertaron Carmen Capriles, Cecilia Requena, Toribia Lero y Waldo Albarracín, con la moderación de Óscar Campanini de CEDIB.
Desde el martes 21 de agosto, algunas localidades del Corredor Minero de Las Bambas han retomado acciones de protestas, incluyendo movilizaciones y bloqueo de carreteras. Ante ello, el Gobierno ha vuelto a decretar el 30 de agosto el estado de emergencia, suspendiendo o restringiendo derechos constitucionales en una ruta que abarca aproximadamente 482 kilómetros y que atraviesa Apurímac, Cusco y Arequipa.
(1) Se trata de conflictos diferentes, que no se explican todos por una única razón y que, por lo tanto, requieren también abordajes y soluciones diferentes:
En el caso del fundo Yavi Yavi, los ciudadanos y ciudadanas de Fuerabamba han ocupado la vía para reclamar el uso de sus tierras en la construcción de la carretera por donde transitan los camiones de la empresa MMG Las Bambas. Ellos señalan que el fundo ha sido una compensación que les dio la empresa por los terrenos utilizados para el tajo abierto de la mina, y que por lo tanto el área donde se ubica la carretera es propiedad privada. Como una manera de reafirmar su posesión sobre el terreno, la comunidad incluso ha procedido a realizar cultivos y construcciones sobre la carretera.
Sectores de Fuerabamba también están reclamando nulidad de los contratos celebrados hace varios años sobre tierras.
En el caso del distrito de Velille, la población solicita que éste sea reincorporado como área de Influencia del proyecto minero Las Bambas, a fin de que se atiendan los impactos ambientales y sociales que le ocasiona la carretera por donde pasan diariamente alrededor de 300 camiones de carga pesada. Este distrito fue considerado como área de influencia en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas, pero fue retirado mediante una modificatoria del EIA al descartarse el mineroducto como medio para el transporte de concentrados.
En el caso de la comunidad de Pisacasa, por ahora, el conflicto no es con la empresa minera, sino con el Estado, que según los dirigentes locales no habría venido cumpliendo, en los plazos y términos previstos, con los compromisos acordados en cuanto a proyectos educativos, productivos, entre otros, así como en lo referido a la compensación por los terrenos utilizados para la construcción de la carretera.En todos estos casos, existen demandas ambientales y sociales así como expectativas para que la minería se convierta en un elemento dinamizador de la economía local. Junto a ello, en algunos casos específicos existen actores ajenos a las comunidades que promueven demandas inviables motivados por intereses particulares.
(2) En las demandas legítimas existe un factor común: los vacíos legales y los problemas institucionales que requieren ser atendidos con urgencia. A lo largo del corredor minero se realiza el transporte terrestre de concentrados sin que se haya determinado las zonas afectadas por esta actividad, sus impactos y las medidas de mitigación. Al existir ese vacío, tampoco se realiza la fiscalización correspondiente que permita corregir los problemas existentes. Además, la carretera se construyó sin saneamiento físico legal de los predios, pasando en muchos casos por tierras de propiedad de comunal.
(3) En este marco, es importante reconocer los esfuerzos de diálogo que han venido realizando el Poder Ejecutivo y las organizaciones sociales. Pese a esto, los problemas no se han solucionado. Consideramos que ello tiene que ver con una problemática de larga data y con la necesidad de reformas profundas en la gobernanza, con instituciones más eficaces, que realmente nos conduzca a una convivencia pacífica y duradera.
(4) Consideramos que el estado de emergencia no es una salida, pues el descontento permanece y se puede agudizar si es que no se resuelven los problemas de fondo. Además, si bien existen protestas sociales, en algunos tramos, creemos que no tienen la gravedad para justificar un estado de emergencia y menos para extenderlo a todo el corredor minero. Además, creemos que la estrategia de criminalización social que se materializa mediante la presentación de denuncias y la apertura de largos procesos de investigación contra dirigentes y dirigentas no debe continuar pues constituyen una amenaza a los derechos a la libre asociación y organización.
Creemos que el actual gobierno tiene el enorme desafío de emprender un camino nuevo, con una institucionalidad que sea capaz de procesar los conflictos sociales, garantizando los derechos humanos y conciliando de manera adecuada y justa los diversos intereses existentes en la sociedad.
El gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez debe declarar a Veracruz como un estado libre de minería tóxica, dijo el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Guillermo Rodríguez.
Entrevistado en la marcha “Por la vida” que realizaron en Palma Sola, señaló que buscarán reunirse en septiembre con el gobernador electo para presentarle la agenda ambiental.
“Queremos que ese mensaje les llegue a los mineros y que sepan que no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se instalen en Veracruz”.
Y es que señaló que los activistas y pobladores quieren dejar claro tanto al Gobierno federal como al estatal, “que no queremos que nos jodan con la minería tóxica”.
Recordó que el morenista en el Día Mundial del Medio Ambiente se pronunció en contra de la minería y que buscan que lo cumpla al prohibir la minería en el estado.
“Dos gobernadores han dicho no a la minería y este es el tercero y estamos buscando que nos reciba en septiembre justamente para que le entreguemos nuestra agenda ambiental y lleguemos a un acuerdo para que decrete a Veracruz libre de minería tóxica”.
Cabe recordar que actualmente son 17 municipios los que cuentan con un acta de Cabildo en la que se declaran libre de minería y que buscan que otros 20 hagan lo mismo.
“Es un mensaje para el Gobierno federal saliente y al que entra. A Enrique Peña Nieto le queremos decir que aunque ya se va no olvidamos que nos jodió y al que va a llegar decirle que no queremos que nos jodan con la minería.
Dijo que antes de diciembre visitarán todos los municipios que nos faltan de la sierra, y en los que se incluyen Juchique de Ferrer, Misantla, Huatusco, Vega de Alatorre, Martínez de la Torre, Nautla, San Rafael, entre otros.
Sobre la “Fiesta por la vida” realizada en Palma Sola, dijo que se trata de visibilizar los daños que puede generar la minería en el estado, pues señaló que de llevarse a cabo el proyecto Caballo Blanco, al primer comunidad afectada sería Palma Sola, que se ubica apenas a 2 kilómetros de distancia de donde pretenden establecer el proyecto.
Sobre el proyecto, dijo que hasta este viernes la empresa Candelaria Mining Group no había ingresado su Manifiesto de Impacto Ambiental o solicitud para la extracción de oro en el cerro de La Paila.
El activista indicó que aunque no han ingresado la solicitud, los pobladores y activistas no permitirán que se instale la empresa con capital canadiense.
“Estamos defendiendo la vida y queremos que la sociedad sepa que estamos protegiendo las montañas, la vegetación y a su población”.
Dos años lleva auscultando el río Cali. Desde la cuenca alta del río Felidia, que desemboca en el primero, hasta que baja a la ciudad. William Alberto Correa Barragán dedica un día a la semana a recorrer el cauce del río, con la paciencia de un pescador.
Y de un investigador, porque él y su equipo de trabajo, sí están pescando, pero las trazas de mercurio en el agua, en los sedimentos, en los pequeños animales que viven en ese ecosistema y hasta en las raíces de las plantas que crecen en sus orillas.
El País abordó a este químico egresado de la Universidad del Valle, con maestría en ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de Palmira, en el río Cali, antes de llegar al Zoológico. Le acompañaban Juan Sebastián Bolívar Muñoz y Jessica Viviana Velásquez, y Shirley Elena Cuero, estudiantes de Tecnología en Control Ambiental del Sena, que participan en el proyecto.
Estos integrantes del semillero de estudios ambientales del Centro de Diseño Tecnológico Industrial del Sena (CDTI), hacían la toma de muestras acuáticas y sedimentos con redecillas que atrapan lodo, larvas, gusanos, libélulas y otros macroinvertebrados.
Todo esto lo llevan a laboratorio y lo pasan por el analizador directo de mercurio, un equipo de alta tecnología del CDTI del Sena, que va cuantificando qué tanto de ese metal pesado hay en cada muestra.
El estudio ‘Bioacumulación de mercurio en macroinvertebrados acuáticos en la cuenca baja del río Cali’, que realiza la Universidad Santiago de Cali y el Sena, bajo la dirección de la profesora Pilar Cogua. Y pese a que se tomará unos ocho meses para sacar conclusiones definitivas, el resultado preliminar no es alentador: la concentración de mercurio en el agua del río Cali es hasta un 250% superior a la permitida.
Correa ha encontrado niveles de mercurio que alcanzan concentraciones de hasta 7 partes por billón (ppb). Una cifra preocupante porque supera el umbral de 2 partes por billón permitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para actividades productivas, en este caso, vertimientos de minería en cuerpos de agua (resolución 0631 de 2015).
La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA), establece los límites tolerables para ecosistemas o fauna acuática, en el máximo permitido en 0,001 partes por millón, equivalentes a 1 parte por billón. Pero Correa, dice que “hemos encontrado valores que ascienden hasta 100 partes por billón en plantas, siendo la raíz una de las porciones donde más se acumula este metal pesado y contaminante”.
Julia Miranda, directora general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, PNNC, en su visita a Cali la semana pasada para tratar las distintas problemáticas del Parque Nacional Natural Los Farallones (PNNF), admitió que “los datos por contaminación de mercurio de Los Farallones, superan los de todo el país, más que Medellín y Bogotá. Una parte por billón de mercurio ya es inadmisible y en este territorio es una de las más altas en todo el país, ni siquiera el Amazonas ni el Pacífico, la más alta está en el PNNF y se debe a la minería ilegal por la extracción de oro”.
La funcionaria añadió que así lo concluye la ‘Investigación científica y sociológica respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio colombiano,’ realizado por PNNC, realizado con el Ministerio del Medio Ambiente y laboratorios oficiales, cuyo informe final recibió hace solo un mes.
Ante las quejas por la falta de controles a la minería ilegal en Los Farallones, Julia Miranda aclaró que todos los días el equipo del Parque con el Ejército Nacional patrulla el lugar.
“En un acuerdo con el Ministerio de Minas, están destruyendo los socavones para frenar la minería ilegal, me mandan las fotos, hay capturas cada semana, porque se ha detectado que bajan bultos de piedra para sacar camuflado el oro, porque les destruimos el sitio donde lo procesan”, informó.
La funcionaria destacó la importancia de esas acciones, “los socavones que hay en el páramo y en el bosque andino, destruyen la fábrica de agua y la llenan de mercurio y los daños los están sufriendo las personas que viven en este territorio y eso es gravísimo”.
De acuerdo con el documento citado por la directora de PNNC, el Parque Los Farallones registra seis procesos, tres con incidente de reparación, dos en investigación, y uno en juicio, a febrero de 2018.
Julia Miranda desvirtuó que sigan subiendo maquinaria pesada a la montaña. Sin embargo, un líder comunal que reservó su identidad dijo que esa maquinaria la quemaron “cuando ya habían extraído el oro y destruído el medio ambiente”.
Claudia María Buitrago, directora del Dagma, admitió que “hay mercurio arriba (en Farallones), y la causa es clarísima, es la minería ilegal”.
¿Por qué es peligroso el mercurio?
Correa explica que la toxicidad y efecto contaminante del mercurio ya está debidamente estudiado y demostrado los daños que puede ocasionar en organismos vivos. Cuando este metal pesado entra en un ciclo acuático, tiene una gran capacidad para pasar del organismo más pequeño hasta el más grande, fenómeno llamado bioacumulación, así se va bioconcentrando y puede llegar a un huésped final.
En ese proceso, el mercurio sufre una transformación química que lo hace superasimilable por especies vivas dentro de una cadena o ciclo alimenticio, pero a medida que pasa, se torna más tóxico de lo que era en su estado inicial”, sostiene.
Existen algunas plantas que son biorremediadoras, que lo absorven y lo transforman en una especie menos tóxica. Incluso algunas llamadas fitovolatizadoras, lo expulsan por sus estomas a la atmósfera. “Entonces, descontamina el río, pero está contaminando el aire”, sentencia Correa.
De ahí, que el mercurio no es considerado un contaminante local, sino global. Cuando tienen una amalgama de oro-mercurio y la queman, el mercurio se vuelve gas, que entra a las nubes e incluso puede llegar a lugares, donde no hay minería. Y cuando llueve, se deposita en los ríos y llega de nuevo a las plantas que de pronto son consumidas por un ser humano o por un mamífero como una vaca, cuya leche o carne es consumida luego por las personas.
Julia Miranda reconoció que “el mercurio afecta la salud humana, el sistema neurológico, la genética; ya hemos encontrado casos de bebés que nacen sin paladar, sin labio, sin bracitos, sin pies, en Amazonas y en Caquetá; en el Valle del Cauca habrá que hacer los estudios”.
Este metal puede generar mutagénesis (cambios en los genes); genotoxicidad (toxicidad en ADN) y daño en células nerviosas. “Las consecuencias son malformaciones, problemas reproductivos, daños al sistema nervioso de organismos vivos, además de daños ecológicos”, indicó Correa, quien hizo una primera investigación en la parte alta del río Felidia, con la Universidad Nacional y el Sena.
El investigador sostiene que en su estudio solo están cuantificando concentraciones de mercurio en agua, sedimentos y macroinvertebrados. “En seres humanos habría que hacer investigaciones que nos permitan cuantificar la concentración de mercurio en su cuerpo. Las uñas, el cabello, la sangre, son biomarcadores que indican la medida de una sustancia tóxica en el organismo”, explicó.
Sin embargo, según la investigación del PNNC mencionada por Miranda, en Colombia no hay estudios sobre el impacto del mercurio en la salud humana, y los pocos que hay son pequeños hechos en municipios del país, ninguno de ellos en el Valle del Cauca.
Por lo tanto, Correa aclara que con su estudio, “no podemos concluir si las personas están consumiendo agua de estos ríos o alimentos de su entorno, puedan enfermarse a causa del mercurio. Pero sí cree que sirve para hacer ver que es necesario y urgente, que se legisle, se fijen normas y se hagan cumplir, sobre mitigación, uso, manipulación y disposición de sustancias contaminantes, en este caso, el mercurio, pero también del plomo, cromo y otros metales pesados que tienen incidencias similares en la salud a la del mercurio.
La directora de PNNC comentó que los indígenas les dicen a los funcionarios de los 37 parques en los que hay la misma problemática, que ya reconocen los pescados contaminados porque nacen deformes, pero que los sacan y se los dan picados a las gallinas. “Si luego consumen la gallina, también está contaminada porque ese metal no se degrada, y afecta el hígado, el equilibrio, cuando no hablamos de niños con malformaciones para toda la vida. Colombia tiene que salir de la contaminación por mercurio”, concluyó.
Muestreo
El muestreo del estudio de William Alberto Correa, se hizo en El Pato, El Roble y El Socorro.
El informe de PNNC reconoce que en Los Farallones hay extracción ilícita de minerales y explotación de yacimiento aurífero de filón en la cuenca alta del río Cali (Andes, Felidia y Pichindé) y de aluvión en la cuenca media del río Anchicayá, en 676,7 hectáreas y donde han sido contabilizados 421 socavones, construidos en condiciones no técnicas y en forma artesanal.
La minería en parques nacionales se prohibe desde 1977. No obstante, en estos parques y otras áreas protegidas, existen 36.155 títulos mineros, según estudio de 2017.
La minería ilegal en Colombia ocupa más del 60 % de las 41 zonas hidrográficas del país y el 28% de las áreas protegidas.
Alrededor de 7 mil personas de 50 comunidades pertenecientes a los municipios de Alto Lucero y Actopan se organizaron en contra del proyecto minero a cargo de la empresa Candelaria Mining Group, el cual se pretende realizar en el cerro La Paila.
Tiene más de tres años que se crearon los grupos de defensa ciudadana ambiental Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida y Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica, con los que la ciudadanía ha mostrado su rechazo a las actividades de minería en la zona.
Los grupos se encuentran organizados en zona norte y sur, sin embargo, ambos tienen por objetivo detener la explotación de la zona. Las pancartas con mensajes en contra del proyecto de explotación minera fueron mostrados a los pobladores y conductores que transitaban por la zona.
Durante el recorrido los mensajes «no a la mina, sí a la vida» no se hicieron esperar, como tampoco lo hicieron los gritos de apoyo a quienes desde hace varios años están en contra del daño ambiental.
Asimismo, la organización se ha generado en ocho regiones, cuatro por cada uno de los grupos. Miguel Rosado Viveros está a cargo de la región sur del grupo Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida, mientras que Ascensión Sánchez Vázquez coordina el grupo Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica.
Las acciones que ambos han generado son para frenar la instalación de la minera, por lo cual son apoyadas por la ciudadanía que se ha presentado en reuniones, asambleas, manifestaciones y recorridos en la zona donde se prevé la instalación del proyecto.
Se realizó la decimosegunda manifestación en contra del proyecto minero, sin embargo, no se quitará el «dedo del renglón» hasta que la empresa canadiense se retire del sitio.
Cabe mencionar que en 1994 se descubrió que La Paila tiene oro, pero los trabajos de excavación, a cargo de la empresa Caballo Blanco, comenzaron en 2004 y se detuvieron en 2012 ante la presión de los pobladores.
Para 2016 se reanudó el proyecto, ya que fue retomado por la empresa canadiense Candelaria Mining Corp, empresa que tiene contemplado ampliar su exploración con cuatro proyectos más en el municipio de Alto Lucero.
Durante 50 años la Ensenada de Chapaco ha recibido los relaves mineros de una planta de procesamiento de hierro.
Monitoreo muestra un caudal de desecho minero de hasta 9.506 m3/día, dos veces el promedio permitido.
Chile se encuentra actualmente definiendo el futuro de una de las minas de hierro más importantes del país. Se trata de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), la que es acusada de verter sus relaves mineros al mar sin autorización ambiental.
Esta empresa opera en Huasco, ciudad portuaria ubicada en la región de Atacama, al norte de Chile, un lugar declarado como zona de sacrificio hace seis años por el Gobierno, por sus altos índices de contaminación.
La minera, que pertenece al grupo CAP (Compañía de Acero del Pacífico), que es el principal productor de minerales de hierro en toda la costa oeste americana, el mayor productor siderúrgico en Chile y el más importante procesador de acero del país, ha sido denunciada repetidas veces por la población por causar daños a la salud, al medio ambiente y a las producciones agrícolas y pesqueras.
Pero esta vez el escándalo ha tomado proporciones distintas. La organización de conservación marina Oceana ha denunciado a la Compañía Minera del Pacífico (CMP) por arrojar sus desechos mineros en la Ensenada de Chapaco, sin la autorización respectiva. La denuncia se hizo ante La Superintendencia de Medio Ambiente que es la encargada de ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de los permisos ambientales. Este organismo inició un proceso sancionador y ha acusado a CMP de cometer 20 infracciones. El vertimiento de relaves al mar, fuera de la norma, es una de ellas y fue catalogada de gravísima. La empresa arriesga el cierre de sus operaciones.
En respuesta, la empresa presentó al organismo un Plan de Cumplimiento. Es decir, un paquete de acciones y metas para que, dentro de un plazo fijado por la autoridad, se cumpla con la normativa ambiental. Pero mientras la Superintendencia evalúa la propuesta de la empresa, el relave minero continua siendo vertido al océano.
Relaves tóxicos
Los relaves mineros son el residuo resultante de procesos industriales generados para extraer el metal de interés —en este caso el hierro— de la roca. En dichos procesos son utilizados métodos de extracción química. Es por ello que, dependiendo del mineral procesado, los relaves pueden contener concentraciones de arsénico, cobalto, níquel, mercurio, plomo, zinc, así como residuos de procesamiento como cianuro de sodio, lima y otros ácidos.
Debido a la toxicidad de los relaves mineros, el vertimiento de estos desechos al mar está prohibido en gran parte de los países del mundo con excepción de Noruega, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Indonesia, Francia, Turquía y Chile. Según datos del Grupo de Expertos Científicos Independientes, que asesora al sistema de las Naciones Unidas, sobre los aspectos científicos de la protección del medio marino (GESAMP), solo 16 de las 2500 grandes minas industrializadas de todo el mundo vierten sus relaves mineros al mar.
En Chile, según el catastro de marzo de este año, realizado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, existen un total de 740 depósitos de relaves en todo el territorio nacional. El depósito de CMP, en la Ensenada de Chapaco, es el único marino y existe desde hace 50 años.
Según coinciden diferentes estudios científicos, entre los principales impactos de los relaves marinos se cuenta la asfixia de organismos bentónicos —como las estrellas y soles de mar— y la alteración física del hábitat; la reducción en la abundancia de especies y biodiversidad de las comunidades marinas; toxicidad directa por el contacto de metales pesados; riesgo en la salud de las personas por consumo de peces contaminados por bioacumulación de metales. Lo anterior, ha sido reconocido y citado por el Senado de Chile, en un proyecto de ley ingresado en 2012, que busca prohibir los relaves marinos.
Una historia de contaminación sin regulación
El proceso sancionatorio iniciado por la Superintendencia del Medio Ambiente, en contra de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), cuenta la historia de cinco décadas de contaminación marina. Según detalla el documento, las descargas al mar de los desechos de esta mina de hierro, comenzaron en 1978 cuando no existía en el país regulación ambiental. En aquella época, los desechos eran arrojados en la costa a la altura de las rocas que desaparecen bajo el agua o aparecen, según sea la marea. En 1993 empezó a operar el emisor submarino mediante el cual se depositan los relaves, hasta el día de hoy, a 350 metros de la costa y a 35 metros de profundidad.
Ese mismo año entró en vigencia la Ley de Medio Ambiente y en 2001 la autoridad de evaluación ambiental aprobó el proyecto “Mejoramiento Tecnológico para la Producción de Concentrados de Minerales de Hierro” presentado por CMP. En dicho proyecto, según señala la Superintendencia, el depósito de relaves no fue evaluado ambientalmente debido a que estaba autorizado desde 1993 y que, según había declarado la empresa, era monitoreado constantemente.
Algunos años después, CMP presentó a la autoridad de evaluación ambiental, el proyecto “Ampliación y Mejoras Operacionales en Planta de Pellets”. En 2010, dicho proyecto fue aprobado con condiciones y se autorizó mediante la Resolución de Calificación Ambiental RCA 215. La condición para autorizar las operaciones de la empresa era que esta debía presentar, en un plazo de 18 meses, “una propuesta de mejora técnica y ambiental de la disposición de sus relaves”. Además, la empresa, unavez aprobado el proyecto, debía implementar el sistema en un plazo máximo de dos años.
En 2013, para dar cumplimiento a lo que se le había exigido, CMP presentó, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto “Actualización del sistema de depositación de relaves de planta pellets”. Dicho proyecto proponía prolongar el emisario submarino hasta aguas profundas del mar. A 6,6 km de la costa y a una profundidad de entre 200 y 800 metros.
En esa propuesta la empresa señalaba, entre otras cosas, que “se estima que el proyecto, en fase de operación, es susceptible de generar o presentar efectos adversos significativos (…) específicamente sobre la cantidad y calidad de los recursos renovables, en virtud de la cantidad de residuos sólidos asociados al sistema de depositación de relaves mineros en el fondo del mar. Asimismo, existen en el área del proyecto, especies de flora que pudieran ser afectadas en la etapa de construcción y que se encuentran en estado de conservación (en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas)”.
Debido a los impactos ambientales que el nuevo sistema de depositación de relaves auguraba, la autoridad evaluadora hizo 490 observaciones. La empresa debía entregar soluciones a cada una de ellas, si es que quería ver aprobada su propuesta. Pero en 2017, CMP desistió del proyecto y lo retiró del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. De esa manera, el requisito que se le había exigido dejó de ser evaluado y se dio por cerrado el capítulo.
Sin un nuevo sistema de depositación de relaves, CMP continuó vertiendo sus residuos al mar de la misma manera en la que venía haciéndolo desde 1993. Ello, a pesar de que el permiso que se le había otorgado, por medio de la RCA 215, estaba “condicionado al cumplimiento de todos los requisitos, exigencias y obligaciones establecidas”. Juan Pablo Sanguinetti, abogado de la Fundación Relaves explicó a Mongabay Latam que “el permiso de CMP es un permiso con condiciones. Si estas no se cumplen, el permiso no existe”.
Al mismo tiempo, según se especifica en el proceso sancionatorio, el efluente que CMP vierte en el mar, sin autorización, tampoco cumple con las condiciones de flujos máximos autorizados y composición del residuo. El documento señala que este ha sido descargado al mar “con un porcentaje de sólidos inferiores al 50 % y por un caudal superior al que fue aprobado ambientalmente –en la RCA 215— correspondiente a 4.700 m3/día”. Los monitoreos publicados en el mismo documento especifican, por ejemplo, que entre el 6 y 7 de septiembre del 2016, el caudal promedio fue de 9.506 m3/día. Es decir, el doble de lo permitido.
Victoria Caroca, química de Fundación Relaves, advierte que los desechos mineros que son vertidos al mar deben cumplir con condiciones específicas en cuanto a su solidez. “Si el efluente es demasiado líquido, en lugar de decantarse en el fondo marino, se dispersa en el agua provocando mayores efectos contaminantes”.
Por otro lado, Sanguinetti señaló que “hay excepciones establecidas en diferentes decretos ley y acuerdos, donde se autoriza verter al mar. Ello, siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones, como que el material vertido sea inocuo” es decir que no sea dañino. Sin embargo, el abogado enfatizó en que “se ha demostrado que ese no es el caso de CMP”.
En efecto, en 2015, Bernard Dold, jefe de área en Geoquímica Aplicada de la Universidad Tecnológica de Luleå, Suecia y presidente de SUMIRCO (Sustainable Mining Research & Consultancy) realizó un estudio, para la Subsecretaría de Pesca, sobre el relave marino de CMP. Según la investigación, los óxidos de hierro, contenidos en el relave, son disueltos en el mar al entrar en contacto con ciertas materias orgánicas. En ese proceso de disolución, se liberan elementos trazas a la columna de agua. Específicamente Magnaneso, Cobre, Arsénico, Vanadio y Galio.
Las consecuencias de 50 años de relave
Héctor Zuleta, presidente de la federación de pescadores artesanales y representante de la mesa de pesca de Huasco, contó a Monagabay Latam que, en su juventud, buceaba en la Ensenada de Chapaco. Ahí, recogía los mariscos que nacían en las praderas marinas.
“Debajo del mar, es igual que arriba en la tierra. Hay cerros, cuevas, bosques… ahí está la vida. Así era la Ensenada, pero desde hace años que todo eso se tapó. Está todo cubierto de arena”. Chapaco dejó de ser, hace décadas, un sector de pesca. Hoy, los pescadores salen de la bahía, mar afuera, para poder pescar. Los más perjudicados, explica Zuleta, son los mariscadores cuya fuente laboral se encuentra en sectores cercanos a la costa. “Antes, a 10 minutos de camino encontrábamos mariscos. Hoy tenemos que andar mínimo dos horas para encontrar algo” dice. “Nuestras preocupación es esa. Que cada vez quedan menos terrenos donde ir a trabajar”.
Lo anterior es confirmado por el proceso sancionatorio de la Superintendencia de Medio Ambiente el cual señala que “se puede identificar ausencia de determinadas especies en el sector de la Ensenada Chapaco, en comparación con otros fondos marinos del sector. Se revela una disminución tal de recursos que puede ser atribuible a la permanente descarga de relaves recibida en dicho sector marino, proveniente de la actividad de la planta de pellet”.
De hecho, la misma empresa reconoció los efectos del vertimiento al señalar que, si cerrara el actual sitio de depositación de relaves, “se prevé que se produzca una mejora gradual del hábitat para las comunidades bentónicas, en un mediano largo plazo. Los efectos positivos anticipados sobre la abundancia de los peces y las comunidades de macrofauna intermareal y submareal, posiblemente tengan a su vez un efecto positivo sobre los mamíferos y las aves de la costa”.
“Las tragedias ambientales y sanitarias de Ventanas, Huasco, Coronel y Mejillones hablan mejor que mil palabras. Chile no merece esto” declaró el Presidente Sebastián Piñera durante su primer mandato. El mandatario hacía referencia a las cuatro zonas que han sido declaradas “de sacrificio”, entre ellas Huasco. Y es que los 9000 habitantes de esta ciudad puerto conviven no solo con la planta de hierro de CMP, sino también con cuatro unidades termoléctricas a carbón, pertenecientes a AES Gener. En 2012, Huasco fue declarada zona latente por material particulado (PM10) o zona de sacrificio, tras constatarse que las concentraciones anuales de PM10 estaban sobre un 80 % del límite establecido por la norma.
Miedo al desempleo
Actualmente, la Superintendencia se encuentra evaluando el Plan de Cumplimiento que presentó la empresa, en respuesta al proceso sancionatorio que se abrió en su contra. El Plan cuenta con una serie de medidas para cumplir rápidamente y satisfactoriamente con la normativa ambiental.
Carlos Pineda, Gerente General de CAP Minería, declaró a medios nacionales que “ha sido un muy buen plan de cumplimiento el que estamos presentando a la Superintendencia de Medio Ambiente, que realmente nos compromete con soluciones de largo plazo y de muy buen nivel, para poder dar una sustentabilidad a esta fuente laboral y a nuestro negocio que mantenemos en el Valle del Huasco”.
CMP se comprometió a que si dicho plan es aceptado por la autoridad, dejará de arrojar relaves al mar en un plazo de 12 meses. Si el Plan, en cambio, no es aceptado, el proceso sancionatorio continuará su curso y la autoridad podría determinar el cierre de las faenas. Ello, al menos, durante el tiempo que tome construir una infraestructura para dejar los relaves en tierra.
El Ministro de minería, Baldo Prokurica, se trasladó hasta Huasco en apoyo a los trabajadores de CMP que temen la pérdida de sus empleos, en caso de que la empresa se vea obligada a cambiar su tratamiento de residuos industriales en el corto plazo. “Hay funcionarios que extreman las disposiciones”, declaró Prokurica, a propósito de las exigencias medioambientales. “Queremos que el medio ambiente mejore, pero queremos también que los tiempos para que estos cambios se produzcan sean los necesarios para evitar efectos que nadie quiere” añadió.
La provincia de Huasco tiene actualmente una tasa de desempleo del 11 %. Una de las más altas del país. Es por ello que autoridades de gobierno han señalado que “la paralización o cierre de parte de los establecimientos de CAP, representaría una situación de enorme gravedad, dada la enorme cantidad de puestos de trabajo que aporta la compañía”.
Luego de la visita del ministro Prokurica, el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, señaló en un comunicado que aunque “la comunidad de Huasco y las asociaciones ambientales son contrarias a cualquier paralización de faenas y su consecuente pérdida de fuentes laborales (…) solicitamos que el Gobierno deje a las instituciones funcionar de manera seria, exentas de presiones mediáticas (…) No nos parece razonable que mientras se evalúe técnicamente el Plan de Cumplimiento de un titular infractor ambiental, las autoridades del gobierno avalen una alarma pública de despidos para adelantarse al rigor técnico de las instituciones. Aquello no es digno de un país responsable, ni habla bien de nuestra democracia”.
Una niña de ocho años se emociona, toma aire y suelta el grito. Su voz no está sola. Es mediodía del sábado 17 de marzo y una multitud se escucha en la cancha de futbol de Santa María Sotoltepec: “No a la mina. Sí a la vida”.
Quienes hoy levantan la voz son pobladores de varios rincones de la Sierra Norte de Puebla. Llegaron en coches, camionetas de redilas, pick-up, motocicletas e, incluso, pedaleando una bicicleta durante más de dos horas.
Son casi una centena de vehículos los que dan forma a esta “Caravana por la vida”. No es una simple ocurrencia que esta peregrinación de automóviles se detenga en Santa María. Aquí la empresa canadiense Almaden Minerals instaló sus oficinas, después de que el gobierno mexicano le otorgó concesiones para extraer oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Uno de los cerros vecinos a esta comunidad, ese que está junto al que tiene forma de mesa, fue elegido para hacer ahí el tajo de la mina a cielo abierto.
Desde hace más de siete años, los habitantes de la Sierra Norte de Puebla mantienen viva una resistencia en contra de minas, hidroeléctricas y otros proyectos que, tanto gobierno como empresas, han querido imponer en este territorio atiborrado de cerros, en donde los ríos nacen discretos, pero también llegan a ser caudalosos. Una región habitada por comunidades tutunakus (totonacas), maseualmej (nahuas) y mestizas. Tres voces distintas unidas en un mismo coro: “No a los proyectos de muerte.”
Y eso se mira este sábado de marzo. En la “Caravana por la Vida” hay gente de Olintla, Libres, Zautla, Tetela de Ocampo, Cuetzalan, Ocotepec, Chiconcuautla y otros municipios de Puebla. Muchos son campesinos; otros estudiantes, maestros, niños, amas de casa, comerciantes o migrantes que siempre regresan a la tierra donde nacieron.
La “Caravana por la vida” deja la cancha de futbol de Santa María. Los vehículos toman la carretera que lleva a San Francisco, cabecera municipal de Ixtacamaxtitlán. Si se les mirara desde la cima de uno de estos cerros, parecerían hormigas que avanzan, una tras otra, hacia su objetivo.
La niña de ocho años viaja en una de las camionetas pick-up que van a la retaguardia de la caravana. Al llegar a San Francisco, sus gritos se avivan. Cuando ingresa a la cancha de basquetbol con techo de lámina —espacio que también funciona como plaza pública—, su voz retumba: “Zapata vive, vive. La lucha sigue, sigue”. Esa vieja consigna que la niña grita a todo pulmón ha tomado nuevos aires entre los cerros, los ríos y las comunidades de la Sierra Norte de Puebla.
El espíritu del río
Entre algunos totonacos hay una creencia: al medio día, no se puede cruzar un río. No se hace porque a esa hora ahí está su espíritu. Cuando pasa el medio día, antes de cruzar, es necesario lavarse manos y cara, además de tomar un poco de esa agua que corre. Sólo entonces se puede pasar al otro lado de la corriente. Eso es lo que abuelos y padres enseñan a sus nietos e hijos: al río hay que respetarlo.
Los campesinos totonacos que tienen tierras a las orillas del río Ajajalpan —en la parte occidental de la Sierra— se preocuparon cuando el entonces presidente municipal de Olintla, Héctor Arroyo, los citó para convencerlos de que vendieran sus terrenos.
—Nos dijeron que iba a haber mucho dinero. —recuerda Miguel Sánchez Olvera, totonaco de la comunidad de Bibiano Hernández, municipio de Olintla— Nosotros sospechábamos, decíamos: “como que esto huele mal, como para qué tanto terreno”. Una compañera comentó que la Cooperativa Tosepan estaba muy organizada, que fuéramos con ellos a Cuetzalan para preguntar qué sabían de esto. Fue un grupo y cuando regresaron nos informaron que había planes de hacer una hidroeléctrica. Nosotros no sabíamos qué era eso. Empezamos a aprender, a saber, a conocer sobre eso de las hidroeléctricas.
En Ignacio Zaragoza, municipio de Olintla, aún se cuenta lo que sucedió el 5 de diciembre de 2012. Ese día, ocho mujeres se pararon frente al bulldozer para evitar que continuara abriendo camino, para impedir que se hiciera una carretera.
—La máquina no pasa —dijeron esas mujeres a las que, poco a poco, se les fueron uniendo otros pobladores de comunidades vecinas. Para ellos, permitir la carretera era abrir la puerta a la hidroeléctrica que Grupo México planeaba levantar en el río Ajajalpan.
La oposición a la hidroeléctrica se mantuvo. No importó que el 26 de enero de 2013, se prendieran grandes fogatas para impedir que salieran de Ignacio Zaragoza las personas que llegaron para apoyar a los que se oponían a los planes de Grupo México. Mucho menos funcionó que el presidente municipal dijera que todos aquellos que no permitían la hidroeléctrica eran “indios” que no entendían que ese proyecto llevaría el desarrollo a sus tierras.
—Fue una lucha a ras de suelo —recuerda Miguel Sánchez.
En octubre de 2013, Grupo México anunció la cancelación de la hidroeléctrica en el río Ajajalpan.
—No lo celebramos. Para qué celebrábamos si esto apenas empezaba. —dice Miguel—
Resistencia con raíces
Cuando se recorren los caminos de la Sierra Norte de Puebla no es extraño escuchar a su gente hablar de su larga historia de resistencia, contar esos relatos que se transmiten, de generación en generación, cuando se trabaja en la milpa o cuando se toma café frente a un fogón.
En el siglo XIX, en estas tierras se venció y se hizo retroceder a los invasores franceses. Entre las lomas aún hay vestigios de los fuertes que se hicieron entonces.
A principios del siglo XX, estos cerros fueron testigos de batallas en la Revolución y varios aún recuerdan los nombres de quienes se enrolaron en las filas de Emiliano Zapata.
Cuando era niña, la profesora Rosa Martínez Reyes aprendió de “los mayores” como predecir la lluvia con sólo mirar hacia los cerros que rodean Tlamanca:
—Cuando va a llover, haga de cuenta que en el cerro se forma una franja como de neblina. Entonces la gente dice: “va a llover”. Y sí, al tercer día, llueve.
Desde la puerta de su casa, la profesora Rosa —hoy de 46 años– mira ese cerro que anuncia la lluvia y en donde, a mediados del siglo XX, había dos minas subterráneas para la extracción de oro, clausuradas cuando un derrumbe provocó la muerte de siete mineros. Recuerda que, a mediados de 2012, cuando viajaba por la carretera que llega a su comunidad, se sorprendió al mirar el cerro “como rasguñado”. Fue entonces que se enteró: la empresa de capital chino JDC Minerals tenía una concesión otorgada por el gobierno federal, con ella se instaló en el lugar para reabrir las antiguas minas y comenzar con la explotación de oro.
Tlamanca, con poco más de mil habitantes, es una comunidad del municipio de Zautla en donde la migración es una tradición. Durante varios meses los hombres viajan a la zafra en Veracruz; otros prefieren irse a Estados Unidos. Son las mujeres quienes se quedan en casa a cargo de los hijos, la cosecha de maíz y el frijol. Fueron las mujeres, junto con los jóvenes y los abuelos, quienes tuvieron la más activa participación durante los poco más de cuatro meses que duró la movilización en contra de “los chinos”, como se les llamó a los empresarios mineros que aseguraron tener, incluso, el permiso de cambio de uso de suelo otorgado por el presidente municipal.
—Nosotros decíamos: ¿por qué el presidente municipal tiene que dar el permiso? Se tiene que consultar al pueblo. Nadie nos había consultado. —comenta Catalina López— Los chinos decían que no habría afectaciones, que de aquí iban a sacar el material y en otro lado iban a procesar. Que tendríamos trabajo. Que iban a construir un hospital. Ellos nada más comentaban los beneficios, pero todo tiene ventaja y desventaja. En una asamblea repartieron refrescos y con eso nos querían convencer. Dijimos: necesitamos asesoría, que la gente que sabe de esto venga a explicarnos.
Los habitantes de Tlamanca acudieron a los maestros y estudiantes del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), en Zautla. Cuando en esta región no había opciones académicas, en 1982 el ex lasallista Gabriel Salom Flores impulsó la creación de esta escuela para que los campesinos e indígenas pudieran acceder a la educación media y superior. Se planteó —cuentan los primeros alumnos— como un modelo educativo que generara arraigo entre los jóvenes, que no los “descampesinara” y que contribuyera al desarrollo comunitario. El Cesder comenzó como una telesecundaria. Hoy ofrece licenciaturas y maestrías, de las cuales han egresado alrededor de 500 estudiantes de la región y de otros estados del país.
El Cesder organizó un foro para hablar de la minería a cielo abierto, una técnica que remueve la capa superficial del terreno para acceder a los yacimientos bajo la tierra y que utiliza cianuro para los procesos de separación de minerales. En esos foros se presentaron videos de comunidades en Centroamérica afectadas por este tipo de minería.
—Vimos que en todos lados donde ha entrado esa minería hay quejas, enfermedades, destrucción, divisionismo. Ya con eso pensamos: “no nos conviene”. Tuvimos que armarnos como pueblo. —recuerda Catalina López.
Tlamanca se armó con información y organización comunitaria. Se formaron comisiones para pedir apoyo en las 30 comunidades del municipio de Zautla. En asambleas se les hablaba de lo que era la explotación de oro y se les entregaban folletos con información. Se organizaron reuniones en casas para exhibir los videos sobre la minería a cielo abierto. Se hicieron foros para que la gente “narrara” lo que deseaba para sus comunidades.
—Aquí como que la gente es algo organizada: si alguien se enferma, vamos corriendo a ver en qué ayudamos. Si alguien fallece, agarras algo de tu despensa y vas a ayudar a la familia. También hacemos faenas: si se descompone un camino, todos vamos a componer el camino. Que un incendio, todos vamos a apagarlo. Cuidamos entre todos lo que hay: los caminos, el agua. Eso nos ayudó. —dice la profesora Rosa, egresada del Cesder.
El 22 de noviembre de 2012, más de cinco mil personas marcharon y realizaron una asamblea en Tlamanca, en la que se acordó que JDC Minerals tenía 24 horas para sacar su maquinaria e irse de la comunidad.
—Algunas personas —recuerda Rosa— decían: “nos van a dar trabajo y aquí el trabajo hace falta”. Pero, ¿trabajo a costa de qué? ¿De tumbar todo el cerro? ¿De secar los manantiales? La mayoría dijimos no y eso ayudó. Nosotros decíamos: “no se trata de que nos traigan dinero, es cuidar el territorio”.
—Quizá para algunos el desarrollo es hacer una carretera, una mina. Pero para nosotros ese tipo de desarrollo destruye el hábitat, el lugar donde vivimos, nos despoja de nuestra identidad, de nuestra forma de vivir. No queremos ese tipo de desarrollo. —explica Mario Rivera García. Él formó parte de la comisión encargada de divulgar la información. Tiene 26 años y está a punto de titularse del Ceder con una tesis sobre cómo los pobladores de Tlamanca sacaron a la empresa minera.
Rosa, Andrea, Catalina, Mario y Alejandro no se confían. Saben que las empresas mineras pueden regresar a Tlamanca, porque la concesión que el gobierno federal otorgó para la explotación del oro que está en su territorio es por 50 años.
En la década de los 70, los nahuas de la sierra baja utilizaron la organización comunitaria para hacer frente a los caciques, para resolver aquellas necesidades que ninguna autoridad gubernamental atendía y para abrir caminos a los proyectos autogestivos. Así, en 1977, nació la Unión de Cooperativas Tosepan —hoy agrupa a dos grupos originarios maseualmej y tutunakus de 430 comunidades y 25 municipios de la sierra y 4 de Veracruz— la cual trabaja en la producción orgánica y comercialización de café, miel, bambú y pimienta, el ecoturismo, la salud y la vivienda sustentable.
En los últimos 40 años, la Sierra Norte de Puebla ha visto nacer y florecer proyectos productivos, educativos y sociales; iniciativas que surgieron como un camino alternativo ante el abandono estatal.
A partir de 2008, la presencia del Estado comenzó a notarse con más fuerza en este territorio. En ese año, los gobiernos federal y estatal intentaron instalar, sin éxito, un proyecto turístico de gran escala en Cuetzalan.
En 2011, cuando el panista Rafael Moreno Valle ganó la gubernatura de Puebla se insistió en esos “grandes proyectos” para la Sierra Norte. En el pueblo de San Miguel, en el municipio de Zautla, se quiso construir la primera “Ciudad rural”, proyecto en el que también participaba la iniciativa privada y con el que se buscó sacar a la población de sus territorios originales y concentrarlos en espacios urbanos. Así, se dijo, se evitaría la existencia de las pequeñas localidades dispersas por la sierra.
Estos proyectos —los grandes hoteles y las “Ciudades rurales”— se toparon con la oposición de la gente y no prosperaron. Pero fueron el anuncio de lo que vendría para la Sierra.
Mapeos realizados por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) —el cual realiza trabajo en la sierra desde 2009—, la Tosepan y otras organizaciones no gubernamentales muestran que poco más de la mitad del territorio de la Sierra Norte de Puebla ha sido concesionado y se han otorgado permisos para instalar mineras, hidroeléctricas e, incluso, realizar extracción de hidrocarburos utilizando la técnica conocida como fracking.
Hasta ahora, sólo una hidroeléctrica, la llamada Atexcaco, ha sido inaugurada. Eso sucedió a finales de 2011, en el cauce del río Apulco que corre por los municipios de Tlatlauquitepec y Teziutlán. Es una hidroeléctrica construida por una empresa minera: Grupo Ferrominero.
Ninguna autoridad informó a los habitantes de la sierra sobre los planes que gobierno y empresas tenían para su territorio. Tutunakus (totonacas), maseualmej (nahuas) y mestizos se enteraron cuando ingenieros, trabajadores, “gente de afuera” comenzaron a recorrer sus campos, perforar sus terrenos, atravesar sus ríos y subir a sus cerros.
La defensa de Tlamanca
Cuando era niña, la profesora Rosa Martínez Reyes aprendió de “los mayores” como predecir la lluvia con sólo mirar hacia los cerros que rodean Tlamanca:
—Cuando va a llover, haga de cuenta que en el cerro se forma una franja como de neblina. Entonces la gente dice: “va a llover”. Y sí, al tercer día, llueve.
Desde la puerta de su casa, la profesora Rosa —hoy de 46 años– mira ese cerro que anuncia la lluvia y en donde, a mediados del siglo XX, había dos minas subterráneas para la extracción de oro, clausuradas cuando un derrumbe provocó la muerte de siete mineros. Recuerda que, a mediados de 2012, cuando viajaba por la carretera que llega a su comunidad, se sorprendió al mirar el cerro “como rasguñado”. Fue entonces que se enteró: la empresa de capital chino JDC Minerals tenía una concesión otorgada por el gobierno federal, con ella se instaló en el lugar para reabrir las antiguas minas y comenzar con la explotación de oro.
Tlamanca, con poco más de mil habitantes, es una comunidad del municipio de Zautla en donde la migración es una tradición. Durante varios meses los hombres viajan a la zafra en Veracruz; otros prefieren irse a Estados Unidos. Son las mujeres quienes se quedan en casa a cargo de los hijos, la cosecha de maíz y el frijol. Fueron las mujeres, junto con los jóvenes y los abuelos, quienes tuvieron la más activa participación durante los poco más de cuatro meses que duró la movilización en contra de “los chinos”, como se les llamó a los empresarios mineros que aseguraron tener, incluso, el permiso de cambio de uso de suelo otorgado por el presidente municipal.
—Nosotros decíamos: ¿por qué el presidente municipal tiene que dar el permiso? Se tiene que consultar al pueblo. Nadie nos había consultado. —comenta Catalina López— Los chinos decían que no habría afectaciones, que de aquí iban a sacar el material y en otro lado iban a procesar. Que tendríamos trabajo. Que iban a construir un hospital. Ellos nada más comentaban los beneficios, pero todo tiene ventaja y desventaja. En una asamblea repartieron refrescos y con eso nos querían convencer. Dijimos: necesitamos asesoría, que la gente que sabe de esto venga a explicarnos.
Los habitantes de Tlamanca acudieron a los maestros y estudiantes del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), en Zautla. Cuando en esta región no había opciones académicas, en 1982 el ex lasallista Gabriel Salom Flores impulsó la creación de esta escuela para que los campesinos e indígenas pudieran acceder a la educación media y superior. Se planteó —cuentan los primeros alumnos— como un modelo educativo que generara arraigo entre los jóvenes, que no los “descampesinara” y que contribuyera al desarrollo comunitario. El Cesder comenzó como una telesecundaria. Hoy ofrece licenciaturas y maestrías, de las cuales han egresado alrededor de 500 estudiantes de la región y de otros estados del país.
El Cesder organizó un foro para hablar de la minería a cielo abierto, una técnica que remueve la capa superficial del terreno para acceder a los yacimientos bajo la tierra y que utiliza cianuro para los procesos de separación de minerales. En esos foros se presentaron videos de comunidades en Centroamérica afectadas por este tipo de minería.
—Vimos que en todos lados donde ha entrado esa minería hay quejas, enfermedades, destrucción, divisionismo. Ya con eso pensamos: “no nos conviene”. Tuvimos que armarnos como pueblo. —recuerda Catalina López.
Tlamanca se armó con información y organización comunitaria. Se formaron comisiones para pedir apoyo en las 30 comunidades del municipio de Zautla. En asambleas se les hablaba de lo que era la explotación de oro y se les entregaban folletos con información. Se organizaron reuniones en casas para exhibir los videos sobre la minería a cielo abierto. Se hicieron foros para que la gente “narrara” lo que deseaba para sus comunidades.
—Aquí como que la gente es algo organizada: si alguien se enferma, vamos corriendo a ver en qué ayudamos. Si alguien fallece, agarras algo de tu despensa y vas a ayudar a la familia. También hacemos faenas: si se descompone un camino, todos vamos a componer el camino. Que un incendio, todos vamos a apagarlo. Cuidamos entre todos lo que hay: los caminos, el agua. Eso nos ayudó. —dice la profesora Rosa, egresada del Cesder.
El 22 de noviembre de 2012, más de cinco mil personas marcharon y realizaron una asamblea en Tlamanca, en la que se acordó que JDC Minerals tenía 24 horas para sacar su maquinaria e irse de la comunidad.
—Algunas personas —recuerda Rosa— decían: “nos van a dar trabajo y aquí el trabajo hace falta”. Pero, ¿trabajo a costa de qué? ¿De tumbar todo el cerro? ¿De secar los manantiales? La mayoría dijimos no y eso ayudó. Nosotros decíamos: “no se trata de que nos traigan dinero, es cuidar el territorio”.
—Quizá para algunos el desarrollo es hacer una carretera, una mina. Pero para nosotros ese tipo de desarrollo destruye el hábitat, el lugar donde vivimos, nos despoja de nuestra identidad, de nuestra forma de vivir. No queremos ese tipo de desarrollo. —explica Mario Rivera García. Él formó parte de la comisión encargada de divulgar la información. Tiene 26 años y está a punto de titularse del Ceder con una tesis sobre cómo los pobladores de Tlamanca sacaron a la empresa minera.
Rosa, Andrea, Catalina, Mario y Alejandro no se confían. Saben que las empresas mineras pueden regresar a Tlamanca, porque la concesión que el gobierno federal otorgó para la explotación del oro que está en su territorio es por 50 años.
Cuidar lo de todos
En las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, las asambleas son algo serio. Son la herencia de una forma de organización indígena-campesina. Son el espacio donde se informa, donde se reparten las tareas. Las asambleas han sido una de las principales herramientas de resistencia que se tienen en la Sierra Norte de Puebla.
—Para nosotros las asambleas son un órgano de gobierno. —dice Miriam Bautista, habitante de la comunidad de Talcozamán, municipio de Tetela de Ocampo— Son un espacio en donde se toman decisiones que tienen que ser respetadas.
En asambleas se decidió formar la Coordinadora Regional de Desarrollo con Identidad. En Cuetzalan, mediante asambleas comunitarias, se formó el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC). La primera organización nació ante el rechazo comunitario a los planes de gran turismo en la zona; la segunda surgió para que las comunidades participaran en normar los usos de suelo.
El COTIC se parió con la asesoría del Centro Universitario para la Prevención de Desastres (CUPREDER), de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y se consolidó con las organizaciones existentes en Cuetzalan desde hace 40 años, sobre todo, retomando la experiencia que se tenía con los comités comunitarios del agua. Esta organización se integró de tal forma que la participación comunitaria es mayoritaria y sus decisiones deben ser respetadas por las autoridades. Su primera acción fue hacer un Ordenamiento Territorial que prohíbe cualquier tipo de megaproyecto en el municipio.
Cuando las noticias sobre las mineras e hidroeléctricas llegaron a la región, el COTIC no se quedó callado:
—Lo que hicimos, como parte del ordenamiento territorial, fue informar a la gente de los barrios sobre estos proyectos. Que sepan qué son, hasta qué grado son riesgosos para nuestra vida, nuestra salud, nuestra naturaleza y también para nuestra cultura. —recuerda Rufina Villa, indígena náhuatl, originaria de Cuetzalan y miembro del órgano ejecutivo del COTIC.
—Nos dimos cuenta que necesitábamos estudiar y entender en qué consisten esos proyectos. Cuando tuvimos esos datos, hicimos todo un proceso de información en las comunidades, porque sin información no podemos tomar decisiones, no podemos actuar y es nuestro derecho. Es un derecho que se nos niega, porque las empresas ocultan información. Nosotros dijimos: es un derecho que tenemos, lo vamos a reclamar y a ejercer —dice Leonardo Durán, asesor y miembro de la Tosepan y del órgano técnico del COTIC.
En asambleas, las comunidades totonacas dispersas a lo largo de las cuencas de los ríos Ajajalpan y Zempoala comenzaron a hablar de cómo defender la tierra y el agua. Después de que detuvieron la hidroeléctrica que buscaba levantar Grupo México, decidieron formar la organización Tutunakú, en la cual hoy participan pueblos de seis municipios. Su defensa del territorio también va de la mano con el fortalecimiento de su identidad indígena.
En asambleas, diferentes organizaciones impulsaron la formación del Consejo Tiyat Tlali para coordinar las acciones en defensa del territorio. El consejo se integra por organizaciones tutunakus (totonacas), maseualmej (nahuas) y mestizas de la sierra, entre ellas Imdec, el Cesder, la Tosepan, la Unidad Indígena Nahuatl Totonaca, entre otras.
—Somos tres pueblos trabajando juntos: el pueblo maseual, el pueblo tutunaku y el pueblo mestizo. —explica Aldegundo González, director del centro de formación Kaltaixpetaniloyan de la Tosepan, actual presidente del COTIC y miembro del Consejo Tiyat Tlali— Caminamos juntos porque si algo afecta a un pueblo, nos va a afectar a todos. Los que habitamos acá estamos interconectados con nuestro entorno. De acuerdo con nuestra cosmovisión, todo lo que nos rodea tiene un sentido y está relacionado: las plantas, el aire, el agua, el subsuelo.
En asambleas decidieron aliarse con organizaciones no gubernamentales para hacer estudios y contar con información técnica.
En asamblea, los comités de defensa del agua determinaron crear el Consejo Maseual para la gestión municipal del agua en Cuetzalan. Además, se acordó exigir a los alcaldes que declaren a su municipio “libre de megaproyectos”. Hasta ahora, esta declaratoria se ha realizado en, por lo menos, seis lugares de la sierra: Zacapoaxtla, Xochiapulco, Cuetzalan, Zoquiapan, Tuzamapan y Ayotoxco.
En una asamblea —aquella que se realizó el 7 de septiembre de 2014 y en donde participaron poco más de tres mil personas— se integró el Consejo Maseual Altepetajpianij (“Guardianes del Territorio”) con representantes de 32 comunidades de los municipios de Cuetzalan, Yaonahuac y Tlatlauquitepec. A sus reuniones han llegado a participar hasta 223 pueblos, de 19 municipios.
En marzo de 2015, este consejo presentó una demanda de amparo en contra de tres concesiones mineras que se otorgaron a empresas del Grupo Ferrominero: Minera Autlán y Minas de Santa Martha. Gracias a ese amparo se ha logrado, hasta ahora, que no se realicen trabajos de exploración y explotación.
En este proceso legal, las comunidades son acompañadas por el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda), organización que con este litigio quiere prevenir que se instalen minas en la parte alta de esta cuenca hidrológica, zona vital para la conservación ecológica de toda la región, explica el abogado Xavier Martínez.
—Con todas las sustancias químicas que ellos ocupan para lavar sus metales dañan el agua, la tierra, el aire y eso provoca enfermedades, provoca muerte. Todo eso no lo queremos en nuestra comunidad, con nuestra gente. Nosotros nos alimentamos de los quelites, ocupamos las plantas medicinales que se dan en los lugares donde vivimos y los podemos ocupar porque sabemos que están limpios, que no están contaminados, pero con este tipo de proyectos ya no podríamos ocupar ni las plantas medicinales ni consumir los quelites. —dice Rufina Villa, integrante del COTIC.
—Queremos que respeten nuestra forma de vida y la relación que tenemos con el bosque, el agua, los ríos. Para nosotros, la montaña no es un montón de tierra con oro. Estamos ante la defensa de un modo de vida, de una cultura, y eso implica defender el medio en el que se desarrolla esa cultura. —explica Alejandro Marreros, asesor del Cesder.
Entubar la vida
Como si se tratara de un tesoro que está bajo su resguardo, el profesor Alfredo Hernández Pineda coloca en la mesa cada una de las hojas que poco más de 500 pobladores de la comunidad de Zoquiapan firmaron el 28 de marzo de 2013. Ese día, a las 13:22 horas, se reunieron en el auditorio para exigirle al presidente municipal, Esteban Pérez Rivera, que respetara la decisión de la mayoría y no se permitiera ningún megaproyecto en su municipio.
Semanas antes, lo pobladores habían visto a ingenieros llegar a su comunidad y tomar medidas en algunos terrenos cercanos al río que conocen desde que nacieron; se enteraron que existían planes para construir y operar durante 60 años el Proyecto Hidroeléctrico San Antonio en el Zempoala, afluente que pasa por varias comunidades de la sierra y desemboca en el Golfo de México.
Los pobladores nahuas de Zoquiapan no fueron los únicos que se movilizaron en contra de esta hidroeléctrica que entubaría parte de su río, hasta canalizarlo a la central de turbinas para generar electricidad. Comunidades de cuatro municipios más también se opusieron. Para asesorarse, sus representantes fueron a Olintla a preguntar cómo le habían hecho para sacar a Grupo México.
—Acá ni siquiera tenían los permisos necesarios y ya estaban con sus máquinas queriendo entrar. Pero toda la gente se opuso y no se permitió. —recuerda el profesor Alfredo— Nosotros, en las comunidades, nunca somos consultados. Nada más nos dicen: “ahí va esto, recíbelo, te guste o no”.
Como muchos de sus vecinos, el profesor Alfredo tiene plantíos de café. Sus cultivos —explica— se vendrían abajo si se entuban los ríos que propician la niebla que, todas las tardes, cubre los cerros y las comunidades en la sierra baja.
El proyecto de la hidroeléctrica en el río Zempoala se detuvo, pero no se canceló. En 2017, Generación Eléctrica San Antonio S.A. de C.V. presentó una Manifestación de Impacto Ambiental a la Semarnat, la cual aún está en evaluación. Además, la empresa —con ayuda de quienes en algún momento ocuparon cargos públicos en el municipio— ha tratado de convencer a los campesinos de que vendan las tierras que están en la ribera del Zempoala.
—Nosotros —explica el profesor Alfredo— siempre hemos estado con el agua, con la naturaleza, por eso hemos luchando para conservar todo lo que tenemos, porque nosotros somos los que custodiamos lo que hay aquí. Si fuéramos destructores ya no hubiera vegetación. Nosotros vivimos del campo, sembramos maíz, frijol, café, plátanos… La tierra nos da de comer. Si no tenemos tierra, ¿a dónde vamos a ir a parar? Con los 12 mil pesos que están ofreciendo por los terrenos, ¿a dónde vamos a ir a dar?
—Estas empresas buscan dividir a las comunidades. Lo primero que hacen es buscar a un grupo de personas dentro de la comunidad, a través de las cuales puedan operar. Les ofrecen apoyos, becas y trabajo. —comenta Silvia Villaseñor, del Imdec, organización de la sociedad civil presente en la sierra norte de Puebla a partir de 2009.
En Ahuacatlán y San Felipe, comunidades que conviven con la parte alta del río Ajajalpan, también se enteraron que la empresa Deselec 1—del grupo Comexhidro—planeaba entubar parte del afluente para dar forma al proyecto hidroeléctrico Puebla I.
Este proyecto contempla una cortina de 60 metros de altura y entubar el río en un tramo de, por lo menos, cuatro kilómetros. El gobierno ya le entregó a la empresa una concesión para el uso de 11 mil litros de agua por segundo, durante 15 años. La electricidad que se generaría con este proyecto es sólo para el uso de empresas privadas —WalMart de México, Waldo’s Dólar Mart de México, Operadora Vips, Suburbia, Colchas México y una persona llamada Ileana Jinich Mekler—, de acuerdo con el permiso E71067/AUT/2013 otorgado por la Comisión Reguladora de Energía.
En su página de internet, la Secretaría de Energía difunde documentos sobre una “Consulta a comunidades nahuas y totonacas sobre Proyecto Hidroeléctrico (Puebla)”. Silvia Villaseñor, del Imdec, explica que se trata de una “simulación de consulta”, ya que sólo se trata de reuniones que no cumplen con los lineamientos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, el cual marca que no se pueden realizar estos proyectos en los territorios indígenas sin una consulta previa, libre e informada.
Fue por ello que pobladores de las comunidades de los municipios de San Felipe Tepatlán y de Ahuacatlán —representadas por el Consejo Tiyat Tlali y la organización Fundar— presentaron una demanda de amparo en contra del Puebla I por violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y otros derechos humanos, como el derecho al agua, al medio ambiente sano y al territorio, entre otros.
En abril de 2016, las comunidades logaron que se ordenara la suspensión provisional del proyecto hidroeléctrico Puebla I, hasta que se resuelva el litigio. La empresa no se quedó con los brazos cruzados. Convenció a varias personas de la comunidad a ir ante el juez, como terceros interesados, para presentar un documento en el que solicitaron la cancelación de la suspensión porque ellos sí querían que se realizara el proyecto. El juez sólo levantó la suspensión para el municipio de San Felipe; pero mantuvo la que corresponde al municipio de Ahuacatlán, donde se pretende construir la cortina de la hidroeléctrica.
Cuando los habitantes que se oponen a la hidroeléctrica revisaron el documento de quienes se supone están a favor del proyecto, encontraron que se habían falsificado las firmas de varios pobladores.
—Existe una presión de los gobiernos y de las empresas muy fuerte para que estos megaproyectos se realicen, no les importa si están violando derechos humanos o no. —señala Itzel Silva, abogada de Fundar.
El 90 por ciento del territorio del municipio de Francisco Z. Mena está concesionado a la minería y el fracking, lo que eleva el riesgo de un desplazamiento de la población, advirtió el activista Eduardo Morales Sierra.
En La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, se vivieron el 29 de agosto de este año intensas y nutridas protestas en contra de la mega minería tóxica a tajo abierto. Y es que Desarrollo Zapal, compañía de Invecture Group, intentó de nuevo conseguir el cambio de uso de suelo de una gran área dentro de la Reserva de la Biosfera de La Sierra de la Laguna, con el propósito de establecer el proyecto Los Cardones y extraer oro a gran escala. Y aunque ese mismo día por la mañana el presidente municipal de La Paz, Armando Martínez Vega, ratificó que el cambio de uso de suelo fue rechazado, también dijo que la empresa puede intentar tramitar los permisos de nuevo. Lo que no aminoró la molestia de los ciudadanos ante lo que consideran un grave riesgo para su subsistencia, debido a que La Sierra de la Laguna es la reserva de agua dulce más grande al sur del estado.
Incumplir promesas electorales, desoír a comunidades afectadas, lobby sobre legisladores e intendentes, campaña mediática, falsas promesas de trabajo, violación de leyes. Las asambleas socioambientales de Chubut denuncian que es el plan que ejecuta el gobierno nacional, aliados provinciales y la multinacional Pan American Silver para imponer la megaminería. Aunque está vigente la ley provincial 5001, que prohíbe la actividad extractiva, sectores políticos planean entregar el 60 por ciento del territorio de Chubut a las empresas mineras. Se multiplica el rechazo en toda la provincia, con movilizaciones en una decena de ciudades.
Don Nicolás se murió del “mal de la mina”. Apenas tenía 34 años, según cuenta Ander Izagirre en su notable libro Potosí. Su padecimiento fue la silicosis, una afectación crónica provocada por partículas de sílice que atacan los alvéolos de los pulmones hasta hacer imposible la respiración.
Desde el martes 21 de agosto, algunas localidades del Corredor Minero de Las Bambas han retomado acciones de protestas, incluyendo movilizaciones y bloqueo de carreteras. Ante ello, el Gobierno ha vuelto a decretar el 30 de agosto el estado de emergencia, suspendiendo o restringiendo derechos constitucionales en una ruta que abarca aproximadamente 482 kilómetros y que atraviesa Apurímac, Cusco y Arequipa.
El gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez debe declarar a Veracruz como un estado libre de minería tóxica, dijo el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Guillermo Rodríguez.
Dos años lleva auscultando el río Cali. Desde la cuenca alta del río Felidia, que desemboca en el primero, hasta que baja a la ciudad. William Alberto Correa Barragán dedica un día a la semana a recorrer el cauce del río, con la paciencia de un pescador.
Alrededor de 7 mil personas de 50 comunidades pertenecientes a los municipios de Alto Lucero y Actopan se organizaron en contra del proyecto minero a cargo de la empresa Candelaria Mining Group, el cual se pretende realizar en el cerro La Paila.
Durante 50 años la Ensenada de Chapaco ha recibido los relaves mineros de una planta de procesamiento de hierro.
Cuando defender la tierra es defender la vida