Honduras

Crean fuerza de tarea para resolver conflictos mineros

Autor: Movimientom4.org

Hasta octubre del 2017, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), registra 274 concesiones para actividad minera metálica y no metálica en el país. De ellas 196 son para la fase de exploración y 78 para explotación. Olancho es el departamento que más concesiones para minería metálica registra y Cortés ocupa el primer lugar en minería no metálica.

El otorgamiento de permisos para dar paso a la industria minera ha generado conflictos en varias comunidades del país, siendo las zonas de mayor problemas Colón y Copán. Pero el Gobierno da paso a una fuerza de tarea que busca resolverlos.

“El objetivo de esta fuerza de tarea es identificar las posibles fuentes de conflicto, las características de la comunidad, entablar vínculos estrechos con los habitantes y servir de apoyo a la gestión social. Queremos fortalecer las relaciones de confianza en un clima de paz y equidad en el sector minero”, dijo Agapito Alexander Rodríguez, director ejecutivo de Inhgeomin.

Este instituto asegura que es importante identificar la percepción que tiene la población sobre su propia situación y sobre el acceso a recursos necesarios para su subsistencia, relación que se establezca con la empresa minera. “Se busca mantener la armonía con todos los sectores de la economía nacional, porque el sector minero es un generador importante de divisas”, dijo Rodríguez.

La minería en cifras. Para el tercer trimestre de 2018 se han registrado 137 millones de dólares en exportaciones de minerales, siendo el oro el principal mineral exportado seguido de la plata y concentrados de zinc y plomo. En comparación con el año anterior, las exportaciones para esta misma fecha registraban un total de 106 millones de dólares, una diferencia aproximada de 31 millones de dólares, lo que indica que el sector minero ha ido creciendo de manera gradual, dependiente siempre del valor internacional de los minerales, reveló un informe del Banco Central de Honduras (BCH).

“Solo el envío de oro hacia los Estados Unidos sumó los 41 millones dólares debido a la mejora del 7.7% en el precio. De zinc se exportó un valor de 22.1 millones de dólares, mostrando un alza de 13.5 millones sobre lo observado a abril de 2017. El plomo se exportó con un monto de 12 millones de dólares, siendo Corea del Sur el mayor receptor de este producto”, revela el informe. Pero pese a esas cifras, la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anamimh) asegura que las exportaciones de metales no han mejorado mucho. “Antes se generaban 750 hasta mil millones de dólares en exportaciones y ahora solo alcanzamos de 196 a 204 millones, no es un período muy bueno”, dijo Santos Gabino Carbajal, presidente honorario de Anamimh.

 

La ley de minería

La comisión de minería en el Congreso Nacional trabaja en las reformas a la ley y en la revisión de los artículos que han generado polémica.

“Como comisión estamos trabajando en la ley. Además se trabaja en la elaboración de un reglamento para la pequeña minería y pasa por dos rutas: que se normatice la pequeña minería para que se vuelva rentable y la otra es trabajar en la reforma de los artículos que fueron declarados inconstitucionales”, explicó a LA PRENSA el diputado Juan Carlos Elvir de la Comisión de Minería.

“Pero eso no va a calmar el panorama que existe en Colón ni en Copán, porque son conceptos diferentes que va a ser difícil revertirlos porque hay concesiones otorgadas y el conflicto va a seguir”.

Varias organizaciones ambientalistas han trabajado en borradores de propuestas, los que han sido presentados a la Comisión del Congreso que analiza cada una de ellas para elaborar un documento final que contemple las necesidades planteadas por los diversos grupos ambientalistas y los mineros.

“El problema tenemos que verlo desde el punto de vista colectivo y no de forma individual porque está afectando los derechos de las poblaciones”, indicó Clarisa Vega, directora del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (Idamho).

(…)

Situación de la minería en Honduras

 Las concesiones mineras Santa bárbara y Olancho:
Eran en 2014 y 2015 los departamentos con más concesiones otorgadas en la minería metálica. En la minería no metálica, Cortés tiene el primer lugar. En esos años se otorgaron en el país 494 y 366 concesiones mineras para exploración y explotación.

 Los conflictos que se generaron comunidades piden ser informadas:
A pesar que ha estado restringida la operación de empresas dedicadas principalmente a la extracción de metales preciosos (oro y plata) y otros minerales metálicos pesados (plomo, cadmio y zinc), se registran conflictos sociales, empresariales, ambientales y fiscales.

 Urge reglamentar la ley de minería regulaciones en la ley:
Sectores piden se revisen 21 de los artículos de Ley de Minería para considerar la petición de las comunidades en el manejo sostenible del ambiente, evitar la contaminación y aumentar la generación de empleo estable en el interior del país.

 No se desarrolla minería industrial altos costos frenan inversión:
La Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anamin), considera que los costos operativos para la industria en Honduras son los más altos en el mundo, y eso, aseguran, está limitando que nuevas empresas decidan invertir en la minería.

Piden no paralizar proyectos mineros comunidades deben dialogar:
Fue el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) quien llamó a los operadores de justicia y al Gobierno a atender la paralización de proyectos mineros e hidroeléctricos que se realizan en distintas zonas conflictivas del país porque se obstaculiza el desarrollo.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/09/crean-fuerza-de-tarea-para-resolver-conflictos-mineros/

Mexico

Derrames mineros: un negro historial y escasas sanciones en Sinaloa Aunque Conagua y Profepa han salido a decir que no contienen materiales tóxicos, especialistas advierten lo contrario

Autor: Sibely Cañedo , Remamx.org

En la última década, Sinaloa no ha estado exento de sumarse a la larga lista de accidentes mineros en el país, que han derramado sustancias tóxicas en el medio ambiente.

La empresa que ha sido dos veces sancionada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es Minera Real de Cosalá SA de CV: en 2009 y 2011. En ambas ocasiones por exceder los límites del a NOM-001-Semarnat-1996, que se refiere a las descargas de aguas residuales.

En la respuesta de la dependencia federal a una solicitud de acceso a la información pública (folio 1610100190818), no se especifica la sustancia que fue derramada ni la cantidad, por lo que es imposible conocer el impacto ecológico. El hecho no ameritó, para las autoridades, medidas de mitigación.

En 2014, se desbordó la presa de jales mineros en el río Pánuco del municipio de Concordia. Por este hecho, a la Minera Dos Señores se le instruyó a tomar medidas para disminuir los daños, como la suspensión del depósito de jales y la construcción de obras provisionales para desvío de escurrimientos, además de monitoreos constantes.

En 2016, la Comercializadora de Materiales y Minerales de Sinaloa también descargó agua y materiales de presa de jales. Aunque no se especifica en qué cuerpo de agua ocurrió el vertimiento, según el Panorama Minero del Estado de Sinaloa esta empresa ha operado en Mazatlán la extracción de oro y plata, en el proyecto Metates/El Arco.

Derrames acontecidos en otras entidades también afectan al territorio sinaloense. Un ejemplo es el del 4 de junio de este año, en el municipio de Urique en el estado de Chihuahua, donde se derramaron 249 mil metros cúbicos de jales mineros y 190 mil de material de construcción colapsado.

Aunque la Conagua y la Profepa aseguraron que los desechos derramados no contienen metales pesados, Conselva advierte que los desechos de la minería son tóxicos por sí mismos.

“Sale Profepa y sale Conagua diciendo que no nos debemos preocupar porque no utilizan cianuro, quisiera pensar que es falta de información, porque sabemos que independientemente de la manera en que se produjeron esos jales, por flotación, o por amalgamación, el producto que sale se per se contaminante”, indicó Sandra Guido, directora de esa asociación civil.

Y esto, alegó, es porque al estar esos materiales expuestos al oxígeno y al agua generan ácido sulfúrico que libera metales pesados.

Llaman a poner lupa a descargas residuales de plantas mineras

Ante los riesgos por la cercanía de plantas mineras con ríos y arroyos en Sinaloa, investigadores llaman a poner lupa en las descargas residuales en zonas de extracción.

Esto, porque las muestras presentadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no consideran los ecosistemas en su conjunto. Tampoco la contaminación de sedimentos que se traslada a los mantos freáticos, ni los impactos de las sustancias tóxicas asimilados por plantas y animales.

Así lo advirtió Rigoberto Raygoza Viera, académico del Instituto Tecnológico de Mazatlán, quien cuenta con doctorado en Ciencias con especialidad en química por la UNAM.

“Desde la perspectiva del cuidado al medio ambiente en zona de ríos, impactados por la minería, es importante que además del agua se analice la situación de sedimentos y organismos que son indicadores de la contaminación, particularmente por metales pesados”, argumentó.

Luego de la advertencia de Conselva y otras organizaciones, el académico apuntó que se necesitan estudios más amplios y sistemáticos sobre los impactos de la minería en las regiones vulnerables.

“El aporte al agua contaminada por metales que se infiltra hasta el manto freatico es importante. Un registro continuo sería de mucha utilidad para relacionar el nivel de producción minera respecto a la acumulación en distintos compartimentos ambientales y el aumento de sus efectos en sitios donde ya se sabe que están asociados a zonas de desecho”, externó.

De acuerdo con el portal especializado www.agua.org, la minería es una actividad que se caracteriza por el alto volumen de generación de residuos, algunos de ellos potencialmente tóxicos y peligrosos para la población y los ecosistemas.

“De los residuos mineros (jales) calculados en cerca de 5 000 millones de toneladas al año, se reportan como peligrosos 253.54 toneladas”, agrega el sitio.

Parte de la problemática es la legislación “blanda”. Por ejemplo, según la ley minera actual, la contaminación provocada por estas empresas las hace acreedoras a sanciones administrativas, pero no a la cancelación de sus operaciones.

Además, la vigilancia es escasa, incluso nula en regiones afectadas por la violencia como las zonas serranas de Sinaloa.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/09/derrames-mineros-un-negro-historial-y-escasas-sanciones-en-sinaloa-aunque-conagua-y-profepa-han-salido-a-decir-que-no-contienen-materiales-toxicos-especialistas-advierten-lo-contrario/

Mexico

Los megaproyectos violan derechos humanos y generan muerte, señala Red de Afectados

Autor: Remamx.org

Los megaproyectos violan gravemente los derechos humanos y generan muerte, sostuvo la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), que lamentó, en un boletín, la declaración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien dijo la semana pasada que no ve violación a los derechos de los pueblos indígenas en la presa La Parota y las concesiones mineras.

“En Guerrero sus gobernantes históricamente han tenido la piel gruesa para dar respuestas sobre los temas relacionados con las terribles violaciones de derechos humanos que ahí ocurren todos los días, y que son visibilizadas por las víctimas y por los medios de comunicación”, opinó Rema en su comunicado.

El miércoles, en el 39 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, resaltó que los megaproyectos de la presa hidroeléctrica La Parota y las concesiones mineras en la comunidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, violan los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo el derecho a la consulta, consentimiento, libre determinación y territorio de las comunidades indígenas de Guerrero.

Al día siguiente, el gobernador Astudillo Flores declaró que no ve la violación a los derechos de los pueblos indígenas en los megaproyectos como el de La Parota y las concesiones mineras en San Miguel del Progreso.

Rema señaló que las denuncias reportadas y visibilizadas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por la relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, “son muestra clara del tamaño de la impunidad que opera en Guerrero”.

“Claro que el gobernador y la clase gobernante en el estado en su conjunto no ve violaciones a los derechos, y no las ve porque forman parte de un sistema que violenta sistemáticamente los derechos de los pueblos no sólo con megaproyectos, sino con la omisión al no atender ni darle seguimiento ni hacer nada por todos los casos de secuestros, asesinatos, crímenes y demás vejaciones en donde las instituciones federales, estatales y municipales, son incapaces de atenderlas”, dijo la agrupación.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería indicó que el gobernador no ve las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas con los megaproyectos porque él mismo ha sido partícipe “leguleyo” de las poderosas empresas mineras que operan en el estado.
“El gobernador también fue comparsa del conflicto laboral ocurrido en la minera de la empresa Torex, el cual acabó con siete asesinatos y hasta la fecha nadie sabe nada de los asesinatos de tres de los opositores masacrados por las guardias de seguridad de la empresa, abiertamente relacionados con los Guerreros Unidos”, señala.

Recordó que, además, hace una semana dos trabajadores de la empresa Goldcorp/Leagold y un ejidatario de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, fueron asesinados por por fuerzas especiales en Mezcala, “pero como siempre, pronto salieron a endilgarles vínculos con el crimen organizado porque para las fuerzas del orden eso sí justifica que tengan permiso para asesinar”.

Agregó que el gobernador tampoco ve lo que sucede en más de 110 comunidades de las regiones Tierra Caliente, Centro y Norte del estado, en donde ya operan ocho de las megaempresas mineras “que tanto defiende con orgullo, pero en sumisión plena a ellas a pesar de la gravísima crisis relacionada con el despojo, el desplazamiento forzado, los secuestros, las extorsiones y las desapariciones”.
Critica que en esas regiones el gobernador no es cuidadoso de los derechos humanos, “es copartícipe de la impunidad más rampante”.
Rema agregó que en realidad sería una sorpresa que el gobernador hablara mal de las empresas y sus megaproyectos, “esas que no sólo violan derechos, sino que los desaparecen para siempre”.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/09/los-megaproyectos-violan-derechos-humanos-y-generan-muerte-senala-red-de-afectados/

Perú

Tía María: Fiscalía formaliza denuncia a dirigentes sociales y defensores ambientales en Arequipa

Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Grave precedente. Se formalizó por primera vez el delito de asociación ilícita para delinquir a quienes participan de una protesta social, en defensa de sus legítimos derechos, aseguró Javier Jahncke, director ejecutivo de Red Muqui. El 21 de setiembre se realizó la audiencia donde la Fiscalía de Arequipa dio lectura a las imputaciones a los dirigentes y autoridades que participaron de las movilizaciones durante el conflicto por el proyecto Tía María.

Se denunció a los dirigentes por Delito de extorsión, Asociación ilícita para delinquir, Delitos de disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos; Delito de Motín. Aunque ellos señalan que no existen pruebas que los impliquen.

Los dirigentes: Justo Paredes, Miguel Meza, Esteban Pareja y César Juárez declararon en enero a Red Muqui que se está criminalizando el derecho a la protesta. “Nos están tomando como una organización criminal cuando nosotros somos vecinos del valle del Tambo que queremos trabajar por la agricultura, y por ello, rechazamos el proyecto minero Tía María”, afirmó Miguel Meza.

Ministerio público está forzando y vinculando la acusación de Asociación ilícita para delinquir para acusar al Frente Amplio del Medio Ambiente del Valle del Tambo. Esto es #Criminalización de la protesta, señaló Javier Jahncke.

El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco afirmó en una entrevista anterior que no hay pruebas contundentes para acusar a los 4 dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia. Se han basado en una fotografía con un megáfono, en cosas así”, aseveró.

Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay. Agregó que incluso, una de las implicadas Catalina Torocahua fue absuelta del proceso porque se demostró que no cometió ningún delito. Mencionó, también, que de forma arbitraria se ha agregado cargos a los dirigentes por daños y disturbios cuando al iniciar el proceso, estos no habían sido formulados.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/790-tia-maria-fiscalia-formaliza-denuncia-a-dirigentes-sociales-y-defensores-ambientales-en-arequipa

Mexico

Morena propone prohibir minería en áreas naturales protegidas

Autor: César Saucedo , LNN.com

A casi un mes de haber iniciado labores en el Senado de la República, los senadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han presentado distintas iniciativas de ley que deben atenderse a la brevedad.

Lucía Trasviña, senadora de Morena, presentó una iniciativa para prohibir la minería en las áreas naturales protegidas y el lecho marino que existe en todo el territorio nacional.

La legisladora de Morena ha propuesto que se hagan modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y al artículo 20 de la Ley Minera que están en la Constitución.

Esta iniciativa pretende que en las zonas marinas que estén protegidas no se puedan realizar obras y actividades de exploración, explotación o extracción de minerales submarinos.

La senadora Trasviña explicó desde la tribuna que su propuesta de reformas y adiciones a esta legislación se debe a la existencia de un proyecto minero en Baja California Sur, que podría ocasionar daños irreversibles al fondo submarino y afectaría a especies en peligro de extinción, en específico a la tortuga caguama.

Lucía detalló que esas prácticas resultan inadmisibles, ya que atentan contra los intereses y el bienestar del país y la protección del medio ambiente que demanda la sociedad.

De aprobarse el decreto que promueven los senadores de Morena, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y se anularían todas aquellas disposiciones que contravengan a esa regulación.

Fuente:https://www.lanetanoticias.com/grilla/311613/morena-propone-prohibir-mineria-en-areas-naturales-protegidas

 

Perú

Defensoría del Pueblo demanda la aprobación de política nacional de atención para personas expuestas a metales

Autor: Red Muqui.org

Según información del Ministerio de Salud (MINSA), se tienen registrados, a nivel nacional, 8,954 casos de personas expuestas a metales pesados durante el periodo comprendido entre el año 2016 y marzo del 2018. Las principales fuentes de contaminación serían las actividades extractivas y la presencia de estos metales pesados en el agua de consumo humano.

En el mes de marzo del presente año, el MINSA dispuso conformar la Comisión Sectorial encargada de elaborar y proponer la “Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y sustancias químicas” en el plazo de sesenta (60) días hábiles, lamentablemente han pasado seis meses y todavía no se cuenta con una política integral.

Lejos de ponerse a disposición de la ciudadanía la propuesta de Política, el mes pasado el MINSA dispuso la publicación del Documento Técnico: “Lineamientos de Política sectorial para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas” el cual no se enmarca en lo dispuesto en las normas vinculadas a las políticas nacionales, anotó la Adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto.

La Defensoría del Pueblo ha advertido serias deficiencias en el diagnóstico publicado, por lo que recomendó que se incorpore nuevas áreas de trabajo sobre la materia en Loreto, Amazonas, Huancavelica, entre otros. Así también, que se comprenda dentro de las fuentes contaminantes a las actividades de hidrocarburos, por estar vinculadas a afectaciones al derecho a la salud de las comunidades nativas de Loreto y Amazonas.

“Nuestra institución observa que el documento técnico publicado no corresponde a la propuesta de política. Tampoco cumple con el procedimiento para la elaboración, estructura y contenido previstos en el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por el Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, emitido también el pasado mes de marzo, anotó la funcionaria.

Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo recomendó al MINSA que se dispongan las acciones necesarias a fin de priorizar la culminación de la elaboración y publicación de la propuesta de “Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y sustancias químicas” y que la misma cumpla con el procedimiento estructura y contenido previsto en el marco jurídico vigente.

Abanto anotó que una debida atención a esta problemática demanda un carácter multisectorial con responsabilidades compartidas, que involucre a todas las autoridades competentes en la materia; por lo cual recomendó que la Política contemple la participación de otros ministerios con competencias en la materia, tales como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, entre otros.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/788-defensoria-del-pueblo-demanda-la-aprobacion-de-politica-nacional-de-atencion-para-personas-expuestas-a-metales
Perú

Arequipa: Río Palca estaría siendo contaminado por proyecto minero de Buenaventura

Autor: Red Muqui.org

Proyecto minero Mayra de Buenaventura estaría incumpliendo licencia social y ambiental, así lo aseguró el alcalde del distrito de Madrigal, Tomás Cerna en una entrevista con radio Victoria. el Presidente del Frente local, el Sr. Fructuoso, informó que los pobladores fueron a la zona donde se realiza el proyecto, y han notado la presencia de agua amarillenta que baja desde de la zona alta. Así se estaría contaminando la cabecera de cuenca del río Palca.

El proyecto Mayra se ubica en localidad de Madrigal, Chivay, provincia de Caylloma, y su titular es la empresa Minera Buenaventura. La empresa tiene 3 proyectos mineros adyacentes en la misma zona. Hace poco, fue aprobado su Estudio de Impacto ambiental semidetallado para la etapa de exploración.

Sin embargo, la población que vive cerca de la zona de influencia no está de acuerdo con la forma en que se realizaron los mecanismos de participación ciudadana, información y audiencia pública sobre el proyecto minera. Así lo ha comentado el alcalde Cerna, quien declaró que están evaluando presentar recursos administrativos en contra del proyecto.

El alcalde informó que la Presidencia del Consejo de Ministros ha planteado la conformación de una Mesa de diálogo en Chivay, sin embargo, aunque el día de hoy viernes 21 debieron llegar las autoridades de Lima y no lo han hecho. También, cuestionó, que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) dio la autorización del uso de recursos hídricos en la de cabecera de cuenca a la empresa minera, afirma que ello pone en riesgo su localidad, y por ello han presentado un recurso de reconsideración.

El mes pasado, el diario La República reportó que los pobladores y alcaldes de los distritos realizaron una movilización en el Cercado de Arequipa reclamando que los trabajos de Buenaventura cesen porque estarían contaminando la cabecera de cuenca del río Palca, además de estar cerca del nevado Surihuiri.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/789-arequipa-rio-palca-estaria-siendo-contaminado-por-proyecto-minero-de-buenaventura

Mexico

México: Otra Guerra Más

Autor: Movimientom4.org

La guerra contra los pueblos originarios encabezada por la voracidad de las empresas es grande. Los territorios que ocupamos y que hemos cuidado por siglos se concesionan en nombre del desarrollo, de la prosperidad, del empleo. A eso le hemos llamado la administración de la pobreza y de la violencia.

Ahora le guerra arremete una parte más de Zanatepec, Tapanatepec, Chahuites, Reforma de Pineda e Ixhuatán. La página se la Secretaría de Economía, nos muestra otra concesión más que afecta directamente a estos pueblos en el portal.

El 19 de diciembre de 2017 la secretaria de minería otorgó la concesión para exploración minera a RECUPERADORA AG, S.A. DE C.V. con el título: 246002 Nombre del Lote: AMPLIACION CERRO GRANDE II F1. Con una vigencia de 50 años.

Dicha solicitud fue realizada desde viernes, 07 de junio, de 2013 con el expediente 033/10849 con una superficie de 29.5431 hectáreas de tierras. La superficie va desde la zona poniente de Chahuites, parte de Tapanatepec casi hasta llegar a Rincón Juárez, parte de Yerba Santa, Coyotera Carlos Ramos, todo Reforma de pineda, Parte de los terrenos de Zopilote y la parte norte de Ixhuatán.

Los sitios de Internet dicen de RECUPERADORA AG, S.A. DE C.V que tiene como Actividad económica 433220 – Comercio Al Por Mayor De Artículos De Joyería Y Relojes. Estrato Personal 6 A 10 Personas. Número de Teléfono 7771020064 con dirección en Magnolias 3C Mza. 6B – Lázaro Cárdenas, Cuernavaca – Morelos.

Con las concesiones ya denunciadas con anterioridad y otras nuevas concesiones en el mismo territorio suman ya 90 mil hectáreas de terrenos concesionadas para minería en la Zona Oriente del Istmo de Tehuantepec.

La actividad minera, como se ha denunciado en distintas partes del mundo tiene como consecuencia la destrucción de selvas y la contaminación de agua, aire, suelos y cultivos provocando en las personas y animales enfermedades mortales.

Los 10 títulos de concesiones en la zona Oriente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca cuya principal búsqueda es oro, plata y cobre están asentadas sobre el río Ostuta, río Zanatepec y río Novillero que alimentan la Laguna Superior, la Laguna Inferior y el Mar Muerto.

La experiencia compartida por la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias de Zanatepec por la Defensa del Territorio y por Procesos Integrales para la Autogestión de os Pueblos (PIAP A. C.) nos alientan a continuar con la lucha por la difusión de la información para la unión de pueblos y comunidades. Estas organizaciones nos orientan a que los ejidos y bienes comunales platiquen este tema y, de acuerdo a los protocolos establecidos, integren en sus actas constitutivas la cláusula de negación a toda actividad minera. También nos invitan a realizar sesiones de Cabildo Abierto para detener los trabajos de estas empresas.

Sin duda alguna, mientras intentábamos superar el miedo al terremoto y la lenta reconstrucción de nuestras casas y espacios de vida dañados en septiembre del 2017, el gobierno federal concedió nuestro territorio sin preguntarnos.

A 1 año del terremoto, ha sido hasta el día de hoy 18 de septiembre que la Preparatoria hemos logrado remover el total de los escombros de nuestras instalaciones, fecha en que nos hemos enterado de esta nueva concesión.

Los jóvenes tienen una larga batalla por librar, una batalla que no la pueden aprender en los salones de clases y con las materias tradicionales. Aprender a valorar, cuidar y defender la vida y el territorio es una actividad que se realiza en la vida diaria y que por muchos años habrán de encontrar el camino.

La violencia que aumentó en la región no es una casualidad o un castigo, es un plan para meter miedo. Es un plan de despojo de la tierra y el territorio.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/09/mexico-otra-guerra-mas/

Argentina

Derrame de cianuro y encubrimiento en Santa Cruz

Autor: No a la Mina.org

Hace casi un año se produjo un derrame de solución cianurada en el proyecto CAP OESTE-El Tranquilo, a cargo de Patagonia Gold. La información fue silenciada por el gobierno de Santa Cruz. La población, víctima involuntaria de las fallas empresariales y la corrupción del modelo megaminero hegemónico de la provincia, vive bajo los efectos de un cóctel más que tóxico. Crónica de un encubrimiento que aún continúa.

 

Un derrame de cianuro de proporciones inciertas se produjo hace casi un año en un yacimiento de la empresa Patagonia Gold.La empresa ocultó el incidente mientras le fue posible. Días o semanas después -no hay precisiones oficiales sobre la fecha de la falla-, personal de la Secretaría de Estado de Minería incluyendo a su titular Guillermo Bilardo y a varios funcionarios subalternos (ver acta), efectuó una inspección en base a un informe previo de la empresa, pero luego el gobierno no difundió la información sobre el derrame.

Recién los primeros días de enero de 2018, en medio de las fiestas, el gobierno liberó a la prensa una mención de simples “irregularidades” en algunos proyectos mineros, que fueron calificadas como “menores” sin dar más precisiones. Por ejemplo, precisiones sobre la fecha del derrame, la cantidad de líquido liberado o la extensión de suelo y napas o cursos de agua afectados.

Meses más tarde, por medio de mensajes entre vecinos santacruceños, algunos detalles del incidente llegaron hasta una diputada provincial de la oposición, Gabriela Mestelán, quien presentó así a principios de este mes de Septiembre un proyecto en la legislatura de pedido de informes a la Gobernación. El proyecto no logró los votos necesarios para ser tratado sobre tablas y pasó entonces a ser tratado en comisión.

Por otra parte, al tomar conocimiento simultáneo del derrame, el ocultamiento y el pedido de informes en la Legislatura, el Concejo Deliberante de la localidad de Perito Moreno aprobó por unanimidad una declaración de adhesión “en todos los términos” al proyecto de la diputada Mestelán.

El acta de inspección donde se comenta el derrame de cianuro “informado por la empresa” fue labrada el 31 de Octubre de 2017 (ver texto e imágenes más abajo), y en ella se citan numerosas fotografías que documentan las irregularidades.
En particular, en dicha acta se consigna expresamente:

“El área afectada por el derrame de cianuro (tres puntos de afloramiento de solución) es superior a lo informado por la empresa, ya que se observa movimiento de suelo cubriendo gran parte del derrame (F2, F3).”

Además de ésa y las otras irregularidades señaladas en el acta, se ha sumado, en el caso de autoridades de gobierno, el silenciamiento de la información, constituyendo el hecho un caso claro de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tanto en relación al necesario aviso o advertencia a las poblaciones aguas abajo sobre la posible alteración de la calidad de las aguas -sean para consumo humano o agrícola-, así como en cuanto a las acciones de medición de los impactos en el ambiente, con especial foco en los cursos de agua y napas afectados. Todas ellas actividades a cargo de funcionarios y técnicos de las carteras de Salud, de Medio Ambiente e incluso de Minería, en tanto autoridad de aplicación de la actividad misma. A esas acciones todavía pendientes, se deberían sumar ahora investigaciones judiciales sobre sus incumplimientos.

Queda así en evidencia la falta de veracidad de expresiones tales como “minería responsable”, “minería con controles” y otras falsedades pronunciadas insistentemente por empresarios y políticos que apoyan la actividad.

El cianuro disuelto en agua es el compuesto utilizado en el proceso minero para separar el oro (u otros metales) del resto de minerales, luego de que la roca madre es pulverizada.

De estos metales desprendidos por acción del cianuro los más peligrosos son los llamados metales pesados, que junto con el drenaje, se constituyen en la contaminación más seria para los seres vivos. Aumenta así para la población el riesgo de contraer enfermedades de distinta clase, dependiedo del metal o los metales pesados presentes. Entre las afecciones que suelen citarse se destacan las vinculadas a aspectos neurológicos, malformaciones, dinfunciones de diversas clases (gastrointestinales, respiratorias, dermatológicas, entre otras) y algunas formas de cáncer.

A continuación, reproducimos el texto del acta de fines del año pasado, de la cual recién ahora trasciende su contenido:

Secretaría de Estado de Minería
Ministerio de Producción, Comercio e Industria
Provincia de Santa Cruz.

Acta de Inspección

En el Departamento Lago Buenos Aires en cercanías de la localidad de Perito Moreno en la provincia de Santa Cruz, a los 31 días del mes de Octubre del año 2017 se procede a labrar la siguiente Acta de Inspección, de acuerdo al marco legal vigente: Código de Minería de la Nación, Leyes Provinciales N° 1992 y su Decreto Reglamentario 2040/92. N°2554, N° 2792, N° 2949 y N° 3006, se procede a realizar la Inspección en:

EL EMPRENDIMIENTO MINERO CAP OESTE (PROYECTO EL TRANQUILO) DE PROPIEDAD DE PATAGONIA GOLD S.A.

La misma se realizó con la participación de Guillermo Bilardo, Secretario de Estado de Minería; Leopoldo Klein, Subsecretario de Geología; Pedro E. Tiberi, Director Provincial de Minería y Gestión Ambiental; Jorge Muriete, Director Delegación Zona Norte; Juan M. Ceprnic, Inspector; pertenecientes rodos a la Decretaría de Estado de Minería de la provincia de Santa Cruz.

Participaron en representación de la empresa: Martín Moreno, Gerente de Operaciones; Santiago Sosa, Asistente de Medio Ambiente.

En primera instancia, la empresa nos informa de lo acontecido en la pila de lixiviado, las posibles causas de pérdida de solución cianurada del pad y las medidas a implementar en búsqueda de la infiltración. Seguidamente nos dirigimos a la pila de lixiviado a efectos de observar la misma y la zona de conflicto. Nos indican en campo los pozos de monitoreo realizados a efectos de verificar posible afectación del agua subterránea debido a dicho incidente.

Al día siguiente se recorrió el sector de depósito de combustible, taller de mantenimiento de flota pesada, pañol de herramientas, depósito de chatarra, depósito de residuos peligrosos, mirador open pit, planta de aglomeración, planta y fundición Gold Room.

 

De esta inspección surge lo siguiente:
– No se han cumplido los requerimientos realizados en el informe del acta de inspección de fecha 21 de febrero del presente año.

– Sobre el camino de acceso al yacimiento, (F1) se ha abierto una cantera de árido de gran dimensión sin tener el correspondiente permiso ambiental de esta Secretaría.

– El área afectada por el derrame de cianuro (tres puntos de afloramiento de solución) es superior a lo informado por la empresa, ya que se observa movimiento de suelo cubriendo gran parte del derrame (F2, F3).

– El personal involucrado en las soldaduras de las membranas de la pila, no poseen certificación de aptitud para la realización de estas tareas.

– En la mayoría de las áreas recorridas se observa un gran desorden, en especial en talles de flota pesada. No hay una segregación de residuos y chatarra en general. Existen contenedores Bing sin identificación conteniendo residuos peligrosos al aire libre sin contención o protección. (F4, F13, F 14. F 16).

– En este sitio, la pileta de contención esta en mal estado, presentando fisuras que permiten la salida de aceite e hidrocarburos hacia el subsuelo (F 12). La misma posee residuos plásticos flotando y otros. No tiene pintura epoxi de contención. Restos de residuos varios en los alrededores de esta. La pileta de contención del tanque de residuos peligrosos con rajaduras y sin cobertura epoxi (F12, F 15).

– El container que es empleado como depósito de herramientas (F 14, F 16), se encuentra ocupado con restos varios (basura) sin cumplir la función por la cual fue construido. El sistema eléctrico e Iluminación se encuentra en mal estado. Existe un alto riesgo de seguridad en el trabajo, falta orden y limpieza en su entorno (F 13).

– Tambor con absorbente en planta de combustible empleado para depositar basura de todo tipo (F 11). Bolsas rojas conteniendo residuos peligrosos sin retirar en planta de combustible y recipiente plástico (F 8) abierto en su parte superior con combustible ubicado en contacto con fuente eléctrica.

– Planta de combustible (F7, F 8) en sector talleres con container plástico alojando aceite en estado no apto y filtros desechados en su interior en lugar de estar depositados en el patio de residuos y cubiertos con una caja de madera en mal estado. Las piletas de contención saturadas de hidrocarburos y con residuos metálicos en su interior (F 9, F 10). Falta de mantenimiento y conservación, piso contaminado con hidrocarburos y cables del generador eléctrico hacia los tanques, sueltos y puesta a tierra mal diseñada (F 7, F 10).

– Patio de residuos peligrosos (F 17) con piso fracturado, sin cobertura de pintura epoxi, pendiente de drenaje hacia pileta de contención en sentido equivocado, cartelería caída. Se había requerido, en el acta antes mencionada, su cercado perimetral con cartelería adecuada. La misma no de cumplió y de observa acumulación excesiva de residuos peligrosos sin tratar.

– Sector trailers dormitorios (campamento) con falta de mantenimiento, conservación y orden. No se respeta el horario de silencio y orden.

– Se deja constancia, la falta de personal auxiliar en el área de medio ambiente que de apoyo a las áreas diarias necesarias en el proyecto.

Forman parte de la presente acta las fotografías (17) tomadas durante la inspección. Se labran tres ejemplares de un mismo tenor a un sólo efecto en la fecha arriba indicada.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/santa-cruz/item/41969-derrame-de-cianuro-y-encubrimiento-en-santa-cruz

Colombia

Agua o minería, una ‘cruda’ controversia

Autor: Ricardo Areiza, La Nación.co

Por tercera vez, un juez de Neiva invalidó un acuerdo que restringía la minería de gran impacto en sus territorios, abriendo una polémica entre el poder ciudadano y las competencias territoriales para determinar los usos del suelo.

La nulidad del Acuerdo 036 de 2016 que prohibía expresamente la construcción de represas y la megaminería a gran escala en Pitalito puso en vilo la vigencia de medidas similares adoptadas en la mayoría de los municipios del centro y sur del Huila.

La decisión adoptada el jueves pasado por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, revive la controversia y deja en suspenso la legalidad de los acuerdos aprobados desde el 2016 en los municipios de Oporapa, Elías, El Agrado, El Pital,  Timaná, Íquira, Acevedo, Isnos, Altamira y San Agustín, entre otros.

Además, se reabre el debate sobre la viabilidad de las consultas populares autorizadas por el Tribunal Administrativo en Iquira y Oporapa con el mismo propósito. Sólo falta la financiación para su realización.

Y desde luego la legitimidad del movimiento ‘No más represas” que lidera el gobernador Carlos Julio González, los alcaldes de esas localidades y varias organizaciones sociales.

Tesis central

Según el juez Tito Alejandro Rubiano, los recursos naturales y el medio ambiente no se protegen con un acuerdo. “Por eso para el juzgado resulta nulo por falta de competencia, porque violó normas de superior rango”, anotó.

“Prohibir el montaje de una represa no se puede hacer a través de un acuerdo. En este caso lo debe hacer el legislador, quien ya distribuyó las competencias y en ese sentido debe haber la concurrencia”, explicó el funcionario al fallar el primero de los tres procesos que le correspondieron por idénticos hechos.

El funcionario tendrá que resolver en las mismas condiciones la legalidad de los acuerdos expedidos por los concejos de Altamira, Isnos y San Agustín. En principio, estos acuerdos correrán la misma suerte.

Según el juez administrativo, “cuando se trata de explotación de recursos naturales los concejos no cuentan con una atribución expresamente asignada”.

“Aunque los concejos tienen la competencia para reglamentar los usos del suelo, no pueden prohibir de manera absoluta las actividades minero-energéticas en todo el territorio. Esas actividades por expresa disposición legal, están sometidas a reserva de ley”, aseguró el togado.

“Mantener los efectos de dichos acuerdos permitiría que las autoridades locales limiten una actividad de utilidad pública e interés estatal”, reforzó Carlos Alberto Álvarez Pérez, abogado del Ministerio de Minas.

Otros casos

Con similares argumentos, el Tribunal Administrativo del Huila ahogó el 15 de marzo el Acuerdo 007 de 2017 aprobado por el Concejo de Íquira, para frenar el proyecto de exploración petrolera impulsado por la multinacional Telpico.
Sin embargo, por iniciativa de la propia ciudadanía fue avalada y autorizada la primera consulta popular sobre la restricción de la exploración petrolera en una zona altamente sensible por su biodiversidad.

Luego la misma corporación hundió con la misma artillería jurídica el Acuerdo 009 aprobado por el Concejo de El Pital, aprobado en las sesiones del 24 y 31 de mayo de 2017.

“Los acuerdos municipales deben expedirse para atender justamente las funciones que en dichas disposiciones se indican, dentro de las cuales no está la de restringir ciertas actividades relacionadas con proyectos hidroeléctricos, explotación de hidrocarburos y mineros a gran escala”, explicó el magistrado Gerardo Iván Muñoz Hermida.

“Esa prohibición y restricción implica una modificación de los usos del suelo y conlleva a su vez la modificación del estatuto de ordenamiento territorial pasándose por alto los procedimientos  previos que se requiere como la concertación,  consulta y aprobación ciudadana”, anotó.

“En todo caso- precisó-, antes de la presentación del proyecto de plan de ordenamiento territorial a consideración del concejo se surtirán los trámites de concertación interinstitucional y consulta ciudadana”. Esa debe ser en su opinión, la regla de oro. La decisión con seguridad originará movilizaciones ciudadanas.

Apuntes claves para el debate

El nuevo fallo, sin duda, abre un gran debate sobre las competencias territoriales para determinar los usos del suelo, basados en pronunciamientos que han hecho los altos tribunales.

La Corte Constitucional ha reiterado que los entes territoriales tienen la competencia para regular los usos del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, “incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.

En su criterio, los alcaldes y gobernadores tienen la competencia para intervenir en estos asuntos, amparados en los principios de autonomía y descentralización. Esta facultad había sido despojada, incluso a las propias corporaciones autónomas regionales y el trámite y aprobación estaba en cabeza exclusiva de las autoridades nacionales.

Igualmente la Corte considera que ninguna autoridad del orden nacional puede decidir en el ámbito local excluyendo a quienes reciben directamente los impactos de una actividad minera y que el principio de autonomía territorial se manifiesta en la competencia que tienen las entidades territoriales para reglamentar los usos del suelo en sus regiones y la a garantía de la protección del medio ambiente.

Por su parte el Consejo de Estado señaló recientemente que los municipios, en el marco de sus competencias, están facultados constitucional y legalmente para regular el ordenamiento territorial y el uso del suelo y, por lo tanto pueden acudir a la ciudadanía para solicitar su consentimiento o no para el desarrollo de las actividades minero-energéticas en sus regiones.

Pero además, están obligados por ley a realizar las consultas populares cuando estas actividades como la explotación minero energética afecten de manera significativa las actividades tradicionales de su territorio.

Fuente:https://www.lanacion.com.co/2018/09/23/agua-o-mineria-una-cruda-controversia/