Perú

¿El Estado peruano cumple los derechos de los pueblos originarios?

Autor: Cooperacción.org

Presentación del Informe alternativo de seguimiento al Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

El Informe alternativo de seguimiento al Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) explica la situación actual de los pueblos indígenas en el Perú y el nivel de cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Convenio 169 por el Estado peruano.

El informe se presentó a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR) ante la obligación del Estado peruano de entregar este año la memoria regular sobre la implementación del Convenio 169 en el país.

El informe es elaborado por el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y se presenta junto a las organizaciones indígenas que reúne el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Aspectos relevantes

Deficiente censo indígena. El diseño e implementación del censo poblacional realizado el 2017 tuvo serias deficiencias. Por esta razón, el Estado debe ser cuidadoso en el uso de la información generada y consultar otras fuentes y estudios para intervenir en territorios indígenas y orientar mejor las políticas públicas.

Salud. Existen nuevas causas de enfermedad y muerte vinculadas a la contaminación de ríos y fuentes de agua en la Amazonía. Muchas personas indígenas afectadas en su salud por metales tóxicos no cuentan con establecimientos médicos cercanos, especializados o abastecidos de medicamentos, insumos y equipamiento para una atención adecuada. Los pasivos ambientales de antiguas y actuales operaciones mineras e hidrocarburíferas son fuente central de contaminación para la salud.

El Estado ha reconocido el derecho al agua limpia y potable como derecho constitucional; pero, no ha realizado acciones concretas que garanticen agua de calidad para las comunidades afectadas por metales tóxicos ni ha priorizado su utilización.

Entre los principales casos está Chiriaco, donde el 2016 se produjo la fuga de tres mil barriles de petróleo afectando a niños y niñas negligentemente contratados para labores de limpieza. Luego, se identificó a 243 personas expuestas a petróleo sin protección. Otro caso es Cuninico, en donde el 2014 hubo un derrame de casi tres mil barriles de petróleo. El caso emblemático refiere a las cuatro cuencas de los ríos Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientes expuestas a sustancias tóxicas producto de derrames por más de 40 años de explotación.

De otro lado, la implementación del Plan Sectorial de Salud Intercultural es lenta y poco efectiva. Las organizaciones indígenas no perciben voluntad política para implementarlo.

Educación. Una de las principales afectaciones al derecho a la educación bilingüe e intercultural (EIB) es la drástica reducción del presupuesto destinado al Programa de Educación Intercultural Bilingüe en más del 50% para el 2018. Como señaló la Defensoría del Pueblo, esta situación inicia un debilitamiento en la implementación de la política pública educativa para los pueblos indígenas, cuyos avances fueron significativos en años anteriores.

Debilitamiento de derechos territoriales. Desde el 2013 se han aprobado normas para promover las inversiones que debilitan la protección de los derechos indígenas, como la Ley 30230, el Decreto Supremo 001-2015-EM, la Ley 30327, los decretos legislativos 1192, 1210 y 1333, Ley 30723 entre otras que afectan derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Pueblos en aislamiento. El cambio de reservas territoriales a reservas indígenas debilita la protección a los pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI) al perder su intangibilidad, favoreciendo la colonización, el ingreso de agentes extraños a los pueblos y la actividad económica (legal e ilegal).

Criminalización. Bajo el supuesto de lucha contra la criminalidad organizada, se han efectuados cambios en la ley penal y procesal penal que vulneran derechos fundamentales como la libertad personal, integridad personal y libertad de expresión. Es el caso de los decretos legislativos 1244, 1245, 1267, 1298, 1307 y la Ley 30558 que criminalizan la protesta social.

Entre 1995 y 2018 se suscribieron 145 convenios de servicio policial extraordinario entre la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas (minería e hidrocarburos) para proteger intereses corporativos.

En 2017 y hasta junio de 2018 se han declarado o prorrogado 20 estados de emergencia por supuestas causas de conflictividad social en el marco de una estrategia represiva para responder a la conflictividad social, en vez de elegir mecanismos de diálogo.

Registro y reconocimiento. No existe una adecuada coordinación para actualizar el registro de pueblos indígenas y comunidades y existe información deficiente. El Decreto Legislativo 1360 atribuye competencia exclusiva al Viceministerio de Interculturalidad para reconocer a los pueblos indígenas lo que resulta restrictivo considerando, que las comunidades campesinas y nativas tienen derecho a que se reconozca su personería jurídica como una de las formas de organización de los pueblos originarios.

Consulta previa. Después de siete años de vigencia de la Ley 29785 (Ley de Consulta Previa) han quedado fuera del ámbito de consulta decisiones relevantes como las regulaciones sobre normas que afectan derechos de pueblos indígenas: propiedad y posesión de la tierra, programas de saneamiento físico legal. También han quedado fuera programas sociales que, desde una lógica asistencialista, se brindan a comunidades campesinas y nativas. Persiste la asimetría de información y conocimiento entre pueblos indígenas y el Estado. Además, es casi nula la implementación de los acuerdos adoptados en los procesos de consulta.

Institucionalidad. La actual gestión insiste en fortalecer el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas (GTPI) sin replantear su diseño institucional a pesar de sus serias limitaciones para propiciar cambios estructurales y propuestas de políticas públicas para los pueblos indígenas.

Justicia. Aun no se ha promulgado la ley sobre coordinación de justicia intercultural. En el 2016 se presentó un proyecto de ley, pero el Congreso aún no debate la propuesta legislativa.

Participación política. El régimen electoral propicia el abandono de las formas tradicionales de organización porque exige a los pueblos incorporarse a los partidos. Esta asimilación es controversial, debido a que los partidos políticos no son una forma de organización propia de los pueblos indígenas. Además, se debe tomar en cuenta que la estructura de los partidos políticos peruanos se encuentra en una crisis de credibilidad.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-estado-peruano-cumple-los-derechos-de-los-pueblos-originarios/

Chile

Denuncian que extractivismo del litio amenaza la vida y el agua en San Pedro de Atacama

Autor: El Ciudadano.cl

En el marco del Séptimo Encuentro de la Red por los Ríos Libres, representantes de organizaciones sociales, ONGs y fundaciones de todo el país se reunieron del 19 al 21 de octubre en Antofagasta, instancia que giró en torno a la problemática y consecuencias del extractivismo del litio en el Salar de Atacama. Esto, sumado a la situación de grave contaminación que se vive en el río Loa y la intervención por parte de las mineras que han hecho que el río San Pedro pierda más de la mitad de su caudal.

Un conflicto que se suma al grave escenario de intervención y el deterioro inminente de las cuencas y recursos hídricos que se vive en los ríos de todo Chile y que amenaza la forma de vida de las comunidades del país.

Desde Fundación Tantí, Ramón Morales, uno de los organizadores del Encuentro, sostuvo que “lo que se esconde detrás de estos conflictos es un modelo y ese modelo en el fondo está afectando el resto de nuestras vidas independiente de si estamos en el norte, en el centro, en el sur”. De ahí que el dirigente valorara que la reunión se realizara allá, en una zona abandonada y estigmatizada del país, agregando que “en este encuentro se consolida un proceso de articulación nacional entre movimientos”.

Frente a este panorama, Julio Ramos, Presidente de la Asociación Atacameña de Regantes del Río San Pedro, sentenció que “el Estado en vez de ser un protector aliado, es todo lo contrario, un facilitador de este desarrollo codicioso de la minería instalada en nuestro territorio; más aún en este tiempo donde el litio se ha puesto de moda, siendo para nosotros una bendición-maldición. Porque es cierto que habitamos en un espacio que tiene mucha riqueza, pero nosotros no percibimos la riqueza a través del dinero, sino que la percibimos en los ambientes sanos, en la naturaleza prístina, en un desarrollo armónico y  tranquilo de nuestra vida”.

 

La industria extractiva y el turismo invasivo son dos de las principales fuentes de conflictos que se viven en el territorio de San Pedro de Atacama. El litio se ha convertido -como lo han llamado- en una “bestia negra” que hoy es representada por SQM y Albemarle, “las empresas que más daño han causado, secando las salmueras y destruyendo el ecosistema del norte del país”, como concluyeron en el Encuentro.

El litio, “una bendición-maldición”

Al encuentro llegaron más 60 personas representantes de organizaciones de todo el país, quienes tuvieron la oportunidad de compartir experiencias de lucha y realidades que se viven en la mayoría de las cuencas de Chile, siendo la falta de compromiso con las comunidades y el impulso de proyectos que atentan contra la sustentabilidad y vida de las comunidades, una de las problemáticas que más se repiten.

Frente a este panorama, Julio Ramos, Presidente de la Asociación Atacameña de Regantes del Río San Pedro, sentenció que “el Estado en vez de ser un protector aliado, es todo lo contrario, un facilitador de este desarrollo codicioso de la minería instalada en nuestro territorio; más aún en este tiempo donde el litio se ha puesto de moda, siendo para nosotros una bendición-maldición. Porque es cierto que habitamos en un espacio que tiene mucha riqueza, pero nosotros no percibimos la riqueza a través del dinero, sino que la percibimos en los ambientes sanos, en la naturaleza prístina, en un desarrollo armónico y  tranquilo de nuestra vida”.

 

Además de compartir experiencias y auto formarse, la Red por los Ríos Libres tiene dentro de sus objetivos llevar sus conocimientos hacia toda la comunidad, para lo cual en esta 7° jornada previo al encuentro se hicieron talleres con el centro educacional de Toconao, en los que participaron Camila Badilla de Fundación Hualo, Juan Pablo Orrego de Ecosistemas y Ramón Morales de Fundación Tantí.

 

“Durante la avanzada pudimos recorrer junto al equipo de Fundación Tantí el territorio intervenido, como son las piscinas de salmuera y la escuela de Toconao. Nos recibieron durante una mañana para poder compartir con alumnos de enseñanza media la experiencia de la Red, exponer sobre las cuencas hidrográficas y conversar sobre el conflicto del litio, la crisis hídrica de la cuenca y su visión general”, explica Camila Badilla.

Cabe destacar que la Red por los Ríos Libres de Chile agrupa a los defensores del agua y los ríos del territorio nacional, con un trabajo constante en la visibilización de las problemáticas; promueve el intercambio de experiencias e impulsa la capacitación. Todo esto sumado a que a lo menos tres veces al año se reúne en diferentes territorios de conflictos, desde la segunda región y hasta el Río Backer. El próximo encuentro se realizará en lo alto del Río Maule, durante el primer semestre de 2019.

 Comunicaciones Red por los Ríos Libres

Fuente:https://www.elciudadano.cl/medio-ambiente/denuncian-que-extractivismo-del-litio-amenaza-la-vida-y-el-agua-en-san-pedro-de-atacama/10/24/

Chile

Gobierno da luz verde a la extracción minera en medio de las mayores reservas de aguas del país ubicadas en la Región de Aysén

Autor: Camilo Fontanilla , Aysen en Línea.cl

La Senadora Ximena Ordenes planteó su preocupación por el hecho de que el Ministerio de Bienes Nacionales habría dado luz verde a modificar los límites del Parque Patagonia, en la Región de Aysén, beneficiando a proyectos mineros que buscan instalarse entre las reservas de agua más importantes del país.

 

Tras conocerse la información sobre un eventual acuerdo entre el Gobierno de Sebastián Piñera –a través del Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward- y distintos representantes de la comunidad de Chile Chico para reducir los límites del Parque Patagonia y delimitar un polígono destinado a la minería, la senadora Ordenes dijo que “han actuado otro tipo de intereses en esta decisión”.

Añadió que “si como Estado hemos resuelto dar el máximo de protección a este territorio, elevando su categoría de reserva a Parque Nacional, resulta una contradicción instalar como vecino una labor de extracción minera que, sin duda, causará un daño irreparable a este territorio”.

“No es preciso decir que la iniciativa del Parque Patagonia afectaría fuentes de trabajo, porque el proyecto minero que se ve directamente beneficiado con este supuesto acuerdo aún no se construye, y lo que está haciendo el Gobierno es actuar en función del lobby minero, que está presionando fuertemente en la Región de Aysén”, aseguró.

Es por ello que la senadora de Aysén solicitará “conocer los atributos que se le otorga a este nuevo territorio de acuerdo al Informe Técnico Justificatorio que debió elaborar CONAF con los nuevo límites, y señalar los pronunciamientos tenidos a la vista por la DIFROL y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad frente a esta nueva definición de límites para el Parque Nacional Patagonia, tan esperado por Chile y la comunidad internacional”.

“El Ministro Ward también debe aclarar cuánto se disminuye la superficie en Jeinimeni para entregarla a Eqqus Mining, y decir cuánto se disminuyó la destinación al Ejército en Valle Chacabuco para destinarla a “compensar” tal disminución”, agregó.

Asimismo, la senadora Ordenes dijo que tal acuerdo es “peligroso y preocupante para el patrimonio hídrico del país: lo que hace el Gobierno es dar luz verde para un proyecto minero que producirá residuos tóxicos en medio de las principales reservas de agua con las que cuenta nuestro país y eso sería un error estratégico”.

“Pareciera ser que el principal interés de las autoridades que abogan por instalar la minería en la Patagonia no es precisamente la generación empleo”, señaló la parlamentaria.

Además, Ximena Ordenes dijo que “si el preocupación del Gobierno fuera la generación de empleo en la zona, se habría tomado el camino de invertir en las capacidades naturales y turísticas que tiene la Región de Aysén, que tiene proyecciones internacionales de primer nivel y que es nuestra propuesta de desarrollo para esa zona, pero no tomar el camino del extractivismo, que dejará residuos ambientales que destruirán nuestra riqueza”.

Fuente:http://aysenlinea.cl/gobierno-da-luz-verde-a-la-extraccion-minera-en-medio-de-las-mayores-reservas-de-aguas-del-pais-ubicadas-en-la-region-de-aysen/?fbclid=IwAR2Z8QAh8X78fwjYT_BCIxr0e-SNPcQhyzR3Ld01SeBHfqZIlZIv3rXQnKo

Mexico

El río está blanco y el agua para sembrar ya no sirve. Indígenas de Oaxaca acusan a mina canadiense.

Autor: Dulce Olvera para Sinembargo.mx
Conflicto Relacionado: San Jose del Progreso - Oaxaca

Una costra blanca flota sobre el Río Coyote tras el desbordamiento de una presa con deshechos mineros de “Cuzcatlán” (filial de la minera canadiense Fortuna Silver Mines) en San José del Progreso, Oaxaca, donde viven del campo. Pero ahora no pueden usar el agua para cultivo ni para bañarse.

Dos días después del derrame, pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca denunciaron 22 casos de violaciones a sus derechos durante el “Juicio Popular Comunitario en contra del Estado y las Empresas Mineras”, donde acusaron la incapacidad del gobierno para impartir justicia y exigieron cancelar los proyectos y la Ley Minera (lanzada en el salinismo y reformada en 2014) por dar preferencia a las empresas privadas sobre los habitantes, sus territorios y las afectaciones a su salud, medio ambiente, tejido social e identidad cultural.

En Oaxaca hay 41 proyectos mineros activos que pertenecen a empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. La Secretaría de Economía ha otorgado 322 concesiones mineras de 2002 a 2016.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– “La gente está alarmada porque el Río del Coyote se pintó de blanco. A escasos 10 metros del río está el pozo de agua que abastece a mi pueblo, a mi gente; y la autoridad municipal ya avisó a la gente que no consuma el agua del pozo, ¡pero dicen los mineros que no contaminan!”, reclamó uno de los representantes de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, donde sus habitantes denunciaron el desbordamiento de la presa “Jales” con deshechos mineros de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, detectado el 8 de octubre tras una noche lluviosa.

La minera “Cuzcatlán”, filial de esta compañía canadiense, trabaja en la explotación de oro y plata desde 2011 en el municipio San José del Progreso, dentro del distrito de Ocotlán al centro oaxaqueño, donde viven del cultivo de verduras. Alfredo Salcedo Martínez, del área de relaciones comunitarias de la empresa en Oaxaca, dijo a SinEmbargo que ya hubo una inspección por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat).

La Profepa informó por su parte que desde el 12 de octubre pidió a la minera “realizar medidas de urgente aplicación” para evitar mayores afectaciones a los elementos naturales. Pero la empresa hizo caso omiso. Por ello, realizó un análisis de suelo y sigue a la espera de los resultados para determinar la existencia o no de contaminación con residuos peligrosos. En caso de que se acredite, se aplicarán las acciones y sanciones que conforme a derecho procedan, advirtió en un comunicado.

“Nos han dañado las parcelas en las que sembramos cerca de la empresa, nos han encarcelado y han asesinado a Bernardo Vázquez Sánchez y a Bernardo Méndez [en 2012]”, afirmó Ignacio Francisco Vázquez Sánchez, presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), organización a la que pertenecían las víctimas de homicidio. Rosalinda Dionicio, defensora de San José del Progreso, fue víctima de un ataque con armas de fuego como resultado de su activismo en contra de la mina, denunció.

Sobre los asesinatos, Sofía Robles Hernández, zapoteca del comité directivo de Servicios del Pueblo Mixe, aseguró que son atentados. “Era muy claro su trabajo de defensa que venían haciendo. No se puede pensar que fue por aras del destino, fueron asesinatos premeditados, bien planeados”.

Ante la costra blanca en su río, están tomando medidas de prevención: no bañarse ni usar esa agua hasta saber qué sustancias contiene.

22 CASOS DE VIOLACIONES

Asesinatos, desapariciones, daño a parcelas, contaminación del agua o limitación para su uso agrícola y doméstico. Dos días después del desborde de deshechos mineros, pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca denunciaron 22 casos de violaciones a sus derechos fundamentales durante el “Juicio Popular Comunitario en contra del Estado y las Empresas Mineras”, donde acusaron la incapacidad del Estado mexicano para impartir justicia frente a la instalación de proyectos de extracción de metales en sus territorios y exigieron cancelar la Ley Minera (implementada en 1992 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con última reforma en 2014).

“Lo que buscan las comunidades es la cancelación de la Ley Minera, y por consecuencia no se otorguen concesiones mineras en Oaxaca, porque se contrapone a los derechos colectivos de los pueblos. Le da preferencia a la empresa privada sobre los territorios de las comunidades y territorios indígenas, y viola el derecho a la libre determinación y autonomía que tienen los pueblos”, dijo en entrevista la abogada Erika Carbajal Morales, del Consejo Directivo de Tequio Jurídico.

“La minería como proyecto extractivo no trae ningún beneficio para las comunidades. No podemos hablar de una minería sustentable cuando trae afectaciones a la salud, al medio ambiente, a la ruptura del tejido social y la pérdida de la identidad cultural de los pueblos”, agregó Carbajal.

Hay 41 proyectos mineros activos en Oaxaca que pertenecen a empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. La Secretaría de Economía ha otorgado 322 concesiones mineras de 2002 a 2016 que abarcan 462 mil 974 hectáreas de la entidad sureña.

“En los últimos ocho años el gobierno federal ha estado dando concesiones a las empresas mineras sin el consentimiento de las comunidades. Se enteran cuando las empresas llegan a empezar a hacer estudios y las autoridades comunitarias demandan al gobierno que no las den”, contó vía telefónica Sofía Robles Hernández, zapoteca del comité directivo de Servicios del Pueblo Mixe, una de las impulsoras del juicio popular.

Tras el derrame en el Río Coyote, las comunidades aledañas se pusieron en alerta como el municipio Magdalena Ocotlán. “Los deshechos de la mina alcanzan los terrenos de cultivo, los ríos”, dijo Sofía. “Trae más problemas de salud –los casos de cáncer han ido en aumento en zonas afectadas en el país– y al interior de la comunidad hay división porque hay una parte en desacuerdo”.

Como en otras partes del país, las mineras les argumentan que darán desarrollo, pero, dijo Sofía, “las ganancias son para las empresas. Las comunidades no tienen ninguna ganancia más que las enfermedades, la contaminación de los alrededores e incluso el ruido de las detonaciones”.

Respecto al gobierno de Oaxaca, acusó que es quien “le abre las puertas” a las mineras pese al cúmulo de señalamientos de violaciones a sus derechos. Don David Gold, filial de la canadiense Gold Corp, es la que más concesiones tiene en la entidad.

“Con toda esta política neoliberal, el gobierno está en la lógica del desarrollo y generación de ingresos. Esa son sus maneras de hacerlo: concesionando a las empresas sin tomar en cuenta a quiénes pertenece el territorio, quiénes habitan ahí y qué afectaciones van a tener”, expuso. “Es preocupante que el propio gobierno esté entregando nuestra riqueza a empresas extranjeras”.

EL VEREDICTO DEL JUICIO POPULAR

El jurado, compuesto por organizaciones civiles nacionales e internacionales sin poder jurisdiccional, de manera simbólica y política recomendó en el Juicio popular comunitario cancelar las concesiones mineras que se hayan otorgado con violación a los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, sin la consulta libre previa e informada, así como declarar a Oaxaca como un territorio libre de proyectos mineros, dijo en entrevista Roberto Stefani, coordinador del proyecto Pueblos indígenas combatiendo la discriminación de Oxfam México.

Su veredicto también indica a las autoridades estatales y federales suspender la entrega de títulos mineros hasta elaborarse un nuevo marco jurídico que respete a los habitantes, y derogar la actual Ley Minera para aprobar una protectora y tendiente a reparar integralmente las violaciones ocasionadas que prevea la consulta.

La abogada Erika Carbajal Morales, del Consejo Directivo de Tequio Jurídico, explicó que el juicio popular comunitario no tiene trascendencia jurídica, sino política al buscar dar visibilidad a nivel nacional e internacional las violaciones a los derechos individuales y colectivos de las comunidades. Las comunidades participantes decidirán si utilizarán la sentencia como prueba para llevarlo a un proceso judicial. Por el momento, se entregará a autoridades comunitarias, estatales, nacionales e instancias de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Roberto Stefani, coordinador del proyecto Pueblos indígenas combatiendo la discriminación de Oxfam México, dijo que por el momento no han recibido ninguna reacción gubernamental del dictamen.

“La finalidad del foro fue tener información de primera mano para saber qué está pasando en Oaxaca. Había algunos proyectos que se conocían muy claramente, como el de San José del Progreso, pero salieron otros de comunidades más remotas”, aseguró.

Sobre el acceso al agua, Stefani de Oxfam México, expuso que las mineras aún no son sujetas al control de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). “El agua puede ser usada libremente por la empresa minera”, dijo. Por el otro lado, “las concesiones limitan el acceso al agua de las comunidades campesinas e indígenas para uso agrícola”.

En el juicio popular en Oaxaca estuvieron autoridades y miembros de Cuicateco, Chatino, Chontal, Ikoots, Mixe, Mixteco, Zapoteco y mestizo, en representación de 52 comunidades de las regiones de Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca.

Con apoyo de organizaciones o universidades como Oxfam México, Centro Prodh y el Centro de la Montaña Tlachinollan, presentaron evidencias para denunciar proyectos mineros que se implementan “con engaños o condicionamientos, incluyendo la criminalización y la represión”, lo que ha violentado su derecho a la vida, y a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

Los proyectos mineros, acusaron los pobladores en el juicio, debilitan las instancias de organización como las asambleas comunitarias, atacan e incluso desaparecen o asesinan a personas defensoras, contaminan el agua y destruyen las zonas de siembra, ante la omisión o complicidad del gobierno. Esto ha pisoteado el derecho al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, al desarrollo propio, a la identidad cultural y a la información técnica y culturalmente adecuada.

El veredicto del jurado fue, además de cancelar los proyectos mineros y suspender la otorgación de títulos, la urgencia de adoptar políticas que garanticen el ejercicio de la libre determinación, autonomía, formas de gobierno y relación con sus territorios, lagunas, ríos, montañas y mares. Además exigió garantizar a quienes defienden los territorios indígenas hacerlo en condiciones de libertad y seguridad.

Abordaron la necesidad de frenar la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y la presentación con vida de los desaparecidos.

Al Senado de la República, se le pidió ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Los casos fueron presentados ante un jurado conformado por Blanca Chancosa, Vicepresidenta de la Ecuarunari de Ecuador; Jakeline Romero Epiayu, integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu de Colombia; Daniel Cerqueira, abogado brasileño experto en Derechos Indígenas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Ignacio Henriquez, de Oxfam en El Salvador; Miguel Álvarez, presidente de SERAPAZ; Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

También lo integraron Beatriz Gutiérrez, defensora comunitaria del Pueblo Ikoots de San Mateo del Mar, Oaxaca; Carmen Herrera García, de Abogados y Abogadas por la Justicia de los Derechos Humanos A.C; Francisco López Bárcenas, abogado mixteco experto en derechos indígenas.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/23-10-2018/3486033

Colombia

Cerro Matoso le debe a Colombia más de $170 mil millones en regalías desde el año 1998

Autor: Redacción W Radio.com
Conflicto Relacionado: Cerro Matoso-Pijao

La W conoció que la Contraloría General de la República determinó que la empresa multinacional minera Cerro Matoso S.A., le adeuda al Estado colombiano más de $170 mil millones de pesos, por regalías dejadas de pagar entre los años 1998 y 2003 y entre 2007 y 2012.

Inicialmente, la compañía debe las regalías correspondientes al periodo que va del primer trimestre de 1998 al cuarto trimestre de 2003, por cerca de 48 mil millones de pesos.

De igual manera, de 2007 a 2012, la deuda asciende a $120 mil millones, sin incluir intereses para ambas obligaciones.

Y también $4 mil millones más del periodo 2007 – 2008.

El ente de control destacó que el menor valor pagado se debió a la aplicación defectuosa de los costos deducibles en la determinación y pago de las regalías correspondientes a la explotación de níquel en varios contratos.

La Contraloría llegó a estas conclusiones gracias a información suministrada por la Agencia Nacional Minera (ANM).

Fuente:http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cerro-matoso-le-debe-a-colombia-mas-de-170-mil-millones-en-regalias-desde-el-ano-1998/20181023/nota/3815517.aspx?fbclid=IwAR0ltK1XJxOgtaf87KXPvIJJ6RrghxVEFeSRfdyaDSGl-gY7pJI3vkHTyeQ

Honduras

III ENCUENTRO REGIONAL DE LA ALIANZA CENTROAMERICANA FRENTE A LA MINERÍA -ACAFREMIN- “CONSULTA PREVIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CENTROAMÉRICA”

Autor: Acafremin.org

Movimientos sociales de la región Centroamericana, ambientalistas, defensores de derechos humanos, colectivos de mujeres, pueblos indígenas entre otras expresiones organizadas se dieron cita en el III Encuentro Regional de la Alianza Centro Americana Frente a la Minería -ACAFREMIN-, con el tema de la “Consulta Previa y Participación Ciudadana en Centroamérica”, realizado en la ciudad de Tocoa, Honduras, los días 17, 18 y 19 de octubre del presente año.

En la región centroamericana estamos viviendo graves retrocesos democráticos que están vulnerando los derechos humanos contra la población. En la actualidad los gobiernos están subordinados a los intereses de los grandes capitales nacionales y trasnacionales que han venido a suplantar la responsabilidad y función de los Estados.

Esta captura de los Estados ha significado el incremento de la corrupción, impunidad, represión, restricción de la participación ciudadana; la libertad de expresión, el derecho a las consultas, uso y disfrute de los bienes naturales comunes, todo enmarcado en las dictaduras que lesionan y secuestran los derechos humanos de las poblaciones de la región.

Esta tendencia se esta expandiendo en la región centroamericana, a través de la imposición de una normativa que restringe y niega las bases de la democracia del derecho a las consultas, desinformación y tergiversación de los procedimientos de consultas reduciéndolos a meros formalismos en lugar de verdaderos procesos de derechos.

Esta situación deja en vulnerabilidad a las comunidades de ser atropelladas por el extractivismo minero, por lo que la población ha asumido con mayor protagonismo la defensa de los territorios ante el histórico desamparo estatal, perdiendo el miedo y creando un movimiento creciente en contra del modelo extractivista en toda la región centroamericana.

Estos movimientos de defensa de los territorios han asumido diversos caminos y expresiones para enfrentar la imposición de los proyectos extractivos, haciendo uso de la legislación existente, procesos de reforma legislativa, cabildos, asambleas, consultas, auto consultas, el ejercicio de la autodeterminación y soberanía territorial de los pueblos para impedir la operación de proyectos que generan muerte.

La modificación de marcos legales a favor de las empresas ha provocado la criminalización, represión, asesinatos a través de nuevas figuras penales, uso abusivo del poder, tanto político como mediático, militar y económico convirtiendo el acceso a la justicia en una utopía.

Ejemplo de lo anterior es lo que acontece en la localidad de Tocoa donde la situación es grave por amenazas estatales y por la explotación minera realizada por la empresa Inversiones Los Pinares, antes llamada Emco Mining Company, que está causando severos daños al río Guapinol, rio San Pedro y sus afluentes en Tocoa, departamento de Colón. Este conflicto comenzó a mediados de 2013, después de la concesión de la mina supuestamente no metálica, para la extracción de óxido de hierro en el parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras.

Ante la negativa del alcalde Adán Funes Martínez y la corporación municipal de Tocoa para realizar un cabildo abierto exigido por las comunidades, éstas se han visto obligadas a instalar un campamento permanente en defensa de los bienes naturales que cumplen hoy 80 días. A lo largo de este tiempo han sido objeto de criminalización 18 defensoras y defensores por parte de la empresa Inversiones Los Pinares, el gobierno local y central, diputados del departamento de Colón, Consejo Hondureño de la Empresa Privada -COHEP-, los medios de comunicación corporativos locales y nacionales, pretendiendo convertir a las víctimas en victimarios, instando a la violencia como solución a un conflicto socio ambiental.

Esto reafirma la necesidad de desarrollar el cónclave frente a la minería en este sitio, para generar un espacio de reflexión e intercambio de experiencias sobre la consulta previa y participación ciudadana, que permita fortalecer creativa y efectivamente los procesos de incidencia en defensa de los territorios impulsados por las organizaciones participantes.

Ante lo anteriormente expuesto por las organizaciones abajo señaladas, nos pronunciamos:

1. Nos solidarizamos con los campamentos y comunidades de la región que resisten y luchan contra el modelo extractivista.

2. Demandamos y exigimos a los Estados de la región Centroamericana el respeto del derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, que garantice la participación ciudadana y consentimiento de las comunidades previo a la instalación de proyectos extractivos en sus territorios. Así como el derecho a aceptar o rechazar un proyecto extractivo.

3. Exigimos a los Estados garantizar el derecho a la protesta frente a estos proyectos de muerte y el cese de la criminalización e impunidad, persecución política y represión contra las defensoras y defensores de derechos humanos.

4. Demandamos a los gobiernos el cese de la entrega de los territorios y bienes naturales a las empresas extractivas, y exigimos el reconocimiento de los derechos de los pueblos ancestrales y comunidades en general.

5. Exigimos la cancelación inmediata de las concesiones ya otorgadas, investiguen, sancionen y reparación de daños ocasionados por las empresas extractivas.

 

Ciudad de Tocoa, Colón, Honduras, 19 de octubre 2018.
Organizaciones firmantes:

Honduras
1. Comités de Defensa de la Naturaleza (CDN) de Choluteca y Valle.
2. Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).
3. Movimiento Indígena Lenca de La Paz en Honduras (MILPAH).
4. Parroquia de Arizona, Atlántida.
5. Movimiento Ambientalista Social del Sur por La Vida. (MASSVIDA)
6. Fundación San Alonso Rodríguez, Tocoa.
7. Comité por la Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa
8. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).
9. Coordinadora de Organizaciones Populares de El Aguan.(COPA)
10. Comité de Defensa del Río Guapinol.
11. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
12. Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa.
13. CARITAS de la Ceiba.

Guatemala
14. Movimiento de Resistencia de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
15. Movimiento de Resistencia de Mataquescuintla, Santa Rosa.
16. Asamblea de Huehuetenango, ADH, Huehuetenango.

Nicaragua
17. Centro Humboldt.
18. Movimiento  Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial (MONAFMI).

El Salvador
19. Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES)
20. Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES)
21. Asociación de Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango (CCR)
22. Plataforma Global
23. Radio Victoria, Cabañas
24. Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

Fuente: Acafremin.org

Ecuador

Elaboran estudio de impacto ambiental para siguiente fase en concesión minera Caña Brava

Autor: Cronica de las Noticias al día.ec

El proyecto minero Caña Brava, ubicado en 1150 hectáreas en la parroquia Gualel de Loja y Morales de Portovelo en El Oro, concluyó la fase de exploración inicial y ahora está en marcha la elaboración del estudio de impacto ambiental, requisito previo para empezar con la fase de exploración avanzada, explicó Alejandro Herrera Solórzano, gerente de Relaciones Comunitarias de la empresa Cañabrava Mining S.A., subsidiaria de la canadiense Cornerstone, especializada en exploración minera.

Herrera precisó que todo el trabajo desarrollado hasta el momento está enmarcado en la ley y que el proyecto no corresponde a minería a gran escala sino a pequeña minería.

Al momento han hecho exploración inicial, precisó. “En esta fase no se utiliza agua, maquinaria ni químicos”.

Esta fase incluye recorridos por senderos, lechos de quebradas en donde recogen muestras de rocas, sedimentos y de suelo que luego son enviados al laboratorio para determinar con mayor certeza los potenciales minerales. “Esta información sirve para hacer los mapas geológicos” con las áreas de mayor presencia de minerales.

“En Caña Brava encontramos minerales interesantes (oro y cobre) tanto en calidad como en cantidad”, detalló.

La fase siguiente es la exploración avanzada. Previo a esta, deben presentar el estudio de impacto ambiental para luego obtener la licencia que les permita operar. Al momento elaboran ese estudio que será socializado en las comunidades.

Exploración avanzada y uso de agua

Herrera explicó que únicamente luego de tener la licencia ambiental empezará la fase de exploración avanzada la cual puede durar hasta 4 años, y de ahí incluso, viene un período de 2  a 3 años denominado fase de factibilidad, en la cual se determina si es factible social, ambiental, económicamente, extraer ese recurso.

Para Caña Brava se requerirá agua. El primer punto está en la quebrada Soroche, de la cual se extraerá 1,5 l/s para uso industrial, más 0,5 l/s para consumo humano en los campamentos. El segundo punto está en el río Caña Brava del cual se extraerá 1,5 l/s para uso industrial. La quebrada tiene un caudal promedio de 258,7 l/s y el río de 761,8 l/s.

Usos del agua

Explicó que el agua es utilizada para un taladro de perforación, luego recircula a otro taladro y después es tratada para devolverla a la superficie en iguales condiciones. Añadió que la cantidad utilizada es mínima y no va a afectar a las actividades diarias de la gente como agricultura, seguridad alimentaria, industria.

Socializaciones

Han hecho reuniones públicas, una de ellas en El Rodeo, una de las 11 comunidades de Gualel, ubicada a unos 5 kilómetros del área de concesión. “El 12, 13 de abril (2018) hicimos reuniones públicas en Gualel, Morales y Salatí. En Gualel tuvimos unas 120 personas. Estuvieron autoridades del MAE”.

Responsabilidad social

“Estamos en la zona incluso antes de comenzar los trabajos técnicos. Hemos hecho alianzas con el GAD parroquial, subcentro de salud, educación, para mejorar las condiciones”. Trabajan con abonos para agricultura orgánica. “Con la gente de cuyes estamos tratando de mejorar la genética de los animalitos”.

Finalizó haciendo énfasis en que son una empresa que está para cuidar los recursos naturales. Dijo que luchan contra la memoria histórica negativa de los desastres mineros ocurridos en la zona 7 pero que buscan hacer las cosas bien y eso han hecho desde su llegada a ecuador en 2005. Aclaró que si es minería a cielo abierto o subterránea, eso lo va a determinar toda la investigación que se haga. (I).(CDT).

Fuente:https://cronica.com.ec/informacion-2/ciudad/item/22965-elaboran-estudio-de-impacto-ambiental-para-siguiente-fase-en-concesion-minera-cana-brava

Argentina

Niños ignorantes en pueblos mineros de Catamarca

Autor: Juan Carlos Andrada , El Intransigente

¿Desidia oficial al extremo de que no importa tener ciudadanos analfabetos, o ignorancia necesaria para acompañar el desarrollo minero?

La localidad catamarqueña se llama “Minas Capillitas” (Andalgalá). Del lugar se extrae la piedra rodocrosita. La situación llegó al punto que la Escuela Rural N.° 29 fue tomada por los padres por falta de profesores y porque los chicos hace meses no cuentan con el transporte escolar para llegar al establecimiento. La escuela está ubicada a escasos metros del yacimiento que actualmente explota la empresa estatal provincial minera CAMYEN, a partir de un acuerdo con Fabricaciones Militares dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Son los niños ignorantes de pueblos mineros que se cansan de escuchar eslogans publicitarios sobre los beneficios de la minería.

En minería, o mejor dicho, en la política minera implementada por los gobiernos, se habla mucho de “desarrollo sustentable”, pero, en este caso, Nación y Provincia no pueden garantizar la educación elemental a los niños y adolescentes de la zona. Cómo hablar de “sustentable” si no hay clases porque los chicos no pueden llegar a la escuela o faltan docentes. La cuestión es que, ni al Gobierno central ni al ministerio de Educación provincial y nacional les preocupa que esos lugareños crezcan ignorantes. Se puede decir sin lugar a duda que la educación o la capacitación en Capillitas no forma parte de la preocupación oficial. El ministro de Educación de Catamarca es el licenciado Daniel Gutiérrez. El secretario de Minería es el ingeniero Rodolfo Micone. A las autoridades de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (Camyen SE) no se les conoce la cara. Se tiran la “pelotita”. Tantos licenciados e ingenieros que posterguen la educación, es más que raro.

Tampoco se puede alegar falta de recursos. Qué sentido tiene hablar de “millones” invertidos y exportados en materia de minería si las autoridades hoy se excusan o se esconden detrás de la versión de que no hay plata para pagar una combi que lleve a los niños a la escuela, atento a que algunos viven a 15 o 20 kilómetros de distancia del establecimiento educativo. Mientras las empresas se movilizan en 4X4, los alumnos llegaban caminando, en burro o a caballo. Es mucho el contraste. No es por ser orgulloso o agrandado, pero en días de lluvia o con el frío que hace en esas localidades, garantizar el proceso enseñanza aprendizaje requiere de un esfuerzo mayor por parte del Estado y las empresas que al parecer reducen su rol a saquear a esos pueblos del interior profundo. En este momento, localidades como Fiambalá (Tinogasta) y Antofagasta de la Sierra hacen reclamos similares. Sin educación ni salud.

¿Desidia oficial al extremo de que no importa tener ciudadanos analfabetos, o ignorancia necesaria para acompañar el desarrollo minero? A cambio de entregar minerales, el gobierno descuida la educación formal sin disimulo alguno. Estamos cambiando recurso natural por ignorancia en una negociación abierta con perjuicios directos en la población más cercana a la mina. Cualquiera hubiera creído que es al revés, pero tendremos que reconocer, aunque nos duela, que la idea tal vez sea robar más y explicar menos.

Fuente:https://www.elintransigente.com/politica/2018/10/23/ninos-ignorantes-en-pueblos-mineros-de-catamarca-519031.html

Colombia

Cerro Matoso rechazó el cobro impuesto por la Agencia Nacional de Minería

Autor: Johnny Giraldo López , La República.pe
Conflicto Relacionado: Cerro Matoso-Pijao

Cerro Matoso S.A y la Agencia Nacional de Minería (ANM) están en un pleito judicial por la liquidación de los contratos de la concesión 866 y 1727 que terminaron en 2012. En el proceso, la ANM declaró que su contraparte le debe $170.000 millones al Estado por haber deducido de manera incorrecta los costos de liquidación de las concesiones en el periodo 1998-2003 y por un cobro retroactivo de regalías desde 2007 hasta 2012, por lo que ordenó un pago de US$58 millones más intereses.

Cerro Matoso respondió a la decisión de la agencia estatal diciendo que incurrió en un proceso irregular teniendo en cuenta que la organización no tiene elementos para soportar un cobro coactivo hasta que un juez lo determine. Además dice que los cobros son improcedentes porque son sobre concesiones que ya están terminadas, lo que significa que la ANM ya no tiene ninguna competencia para hacer cualquier tipo de exigencia. Finalmente, la acción sería inválida por el principio de la irretroactividad de la ley.

La empresa finalizó siendo enfática en que respeta a las autoridades nacionales y recordó que siempre ha actuado conforme al marco normativo que la rige.

Fuente:https://www.larepublica.co/empresas/cerro-matoso-rechazo-el-cobro-impuesto-por-la-agencia-nacional-de-mineria-2785373

Ecuador

FALLO HISTÓRICO A FAVOR DE LA NACIONALIDAD A’I COFAN DE SINANGOE

Lago Agrio (Sucumbíos). El lunes 22 de octubre de 2018 se realizó en la Corte Provincial de Sucumbíos la audiencia de sentencia en la acción de protección solicitada por Defensoría del Pueblo y la comunidad A ́i Cofán de Sinangoe, en la cual se dictaminó revertir todas las concesiones que estaban operando y cancelar el otorgamiento de las nuevas concesiones.

Se reconoció la violación a los derechos colectivos de la consulta previa libre e informada, el derecho al agua y los derechos de la naturaleza y el medio ambiente. Además, se ordenó la reparación de los impactos ocasionados y se dispuso que la Fiscalía y Contraloría, dentro del marco de sus competencias, realicen las investigaciones pertinentes.

Fueron meses de exigir justicia y reparación como parte de una demanda de acción de protección, en la que la comunidad A’i Cofan de Sinangoe denunció a cuatro ministerios del Estado ecuatoriano por la entrega inconsulta de 32.000 hectáreas a concesiones mineras en la zona de los ríos Cofanes, Chingual y Aguarico.

“Sinangoe está luchando por el bienestar de todos, no solamente para el pueblo A’i Cofán sino para todas las personas de la provincia de Sucumbíos, y las nacionalidades – A’i Cofán, Siona, Secoya y Kichwa y otros que nos estamos uniendo para defender los ríos. Esta victoria es un gran logro para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Seguiremos vigilando nuestro territorio y luchando para tener nuestro título de propiedad”, afirmó Mario Criollo, Presidente de la comunidad ancestral A’i Cofán de Sinangoe.

La sentencia del tribunal reconoce que la actividad minera, en cualquiera de sus fases, en las cuencas hidrográficas y en las inmediaciones de un área protegida, representa una amenaza directa y grave al derecho al agua, al territorio, a la consulta previa y a la vida de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe y de las comunidades ribereñas al Aguarico. En su parte fundamental, la sentencia resolvió declarar vulnerados los derechos constitucionales en contra del pueblo A’I Cofán de Sinangoe.

Reconoció el derecho a que se respeten sus costumbres y formas ancestrales de vida lo que constituye una riqueza irremplazable; como es el derecho a una vida digna que garantice el medio ambiente biodiverso donde Sinangoe se ha sustentado, pero particularmente el derecho al agua. En consecuencia, se dejó sin efecto las concesiones mineras ya que ésta no afectaba únicamente al pueblo Cofán de Sinangoe, sino también a otros pueblos a las orillas del Aguarico. Por tanto, es obligación del Estado proteger estas zonas y por tal, prohibir la exploración, explotación y comercialización de oro en dichas áreas. Esta victoria representa un importante precedente para la comunidad de Sinangoe y para todos los pueblos indígenas de Ecuador que defienden sus territorios y su integridad del extractivismo.

Cabe mencionar que el reconocimiento de los ríos Cofán, Chingual y Aguarico como una zona hídrica protegida por parte de la agencia de SENAGUA refuerza la sentencia y la argumentación del caso, y representa un paso adelante hacia el reconocimiento y aplicación de los derechos de la naturaleza.

La comunidad agradece a todas las organizaciones y pueblos hermanos que apoyaron a Sinangoe en este proceso de lucha. Esta victoria es de todos y todas quienes tomamos parte en esta lucha.

Datos de contacto:

  • Mario Pablo Criollo – Presidente de la Comunidad A ́I Cofán Sinangoe – 0991370756
  • Alex Lucitante – Defensor de Derechos Humanos – 0999469780 – sinangoetsampi@gmail.com
  • María Espinosa – Abogada Defensora de la Comunidad de Sinangoe – maria@amazonfrontlines.org