Colombia

Prohíben labores de minería en dos ríos del Tolima

Autor: Caracol Radio.

La autoridad ambiental del Tolima Cortolima, prohibió las labores de minería y extracción de material de construcción en 18 títulos, ubicados en las cuencas de los ríos Coello y Cucuana en el Tolima.

En esas zonas se evidenció una alteración en las fuentes hídricas producto de las acciones que se estaban efectuando, causando deforestación e impactos negativos al medio ambiente.

El director de Cortolima Jorge Enrique Cardoso, expresó que la medida se adoptó mientras los ríos vuelven a estabilizar y cada empresa que desarrolla labores de extracción se compromete a realizar unas buenas prácticas.

Mineros rechazan decisión de Cortolima

Aseguran que subirán precios de material de la construcción.

Luego de conocerse la decisión de la autoridad ambiental del Tolima Cortolima de suspender de manera temporal, las labores de minería y extracción de material de construcción de los ríos Coello y Cucuana, los mineros que laboran en esas fuentes hídricas han rechazado esa decisión.

Los afectados aseguran que fue una mala época del año, para adoptar esa medida por parte de Cortolima, lo que originará que más de 3 mil personas se queden sin empleo, así como subir los precios del material de la construcción, así lo dice uno de los representantes de las empresas mineras Luis Carlos Saavedra.

Parte del material que se extrae es para las obras que se adelantan en la doble calzada hacia Bogotá.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2018/12/04/ibague/1543886246_351612.html

Chile

Constanza San Juan, vocera de Asamblea por el agua de Huasco Alto: “La herida que deja Barrick es muy grande”

Autor: David Ortiz, Revista Tierra Culta/ El Arrebato
Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

Activista y actual vocera del movimiento socioambiental que tiene en las cuerdas a Pascua Lama, Constanza San Juan conversó con Tierra Culta sobre los últimos acontecimientos de este polémico proyecto que podría ser cerrado y clausurado definitivamente por el Tribunal Ambiental de Antofagasta. ¿Cómo lo espera la comunidad y de qué manera afectó a los lazos de los habitantes de Alto del Carmen? Esto y más, lo conocemos en la siguiente entrevista a la integrante de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto.

 

¿Cuál es el ambiente que hay después de los últimos alegatos de Pascua Lama para evitar su cierre definitivo?

El ambiente es de expectativa, sin embargo hay que decirlo, que estamos con emociones encontradas.  Por un lado con temor, porque sabemos que Barrick está haciendo todo lo posible por dar vuelta este fallo, pero al mismo tiempo estamos muy contentos de que por primera vez la Superintendencia de Medio Ambiente está realizando su trabajo que es justamente defender a las comunidades y el medio ambiente. En los alegatos de reclamación, cuando Barrick presentó sus descargos, la defensa de la Superinendencia fue tan buena y su argumento es tan fuerte, que no entenderíamos cómo es que se pudiera dar vuelta el fallo sino lo es por una presión política.

Hay mucha gente que dice que hay que tener ojo con el Tribunal de Antofagasta, porque sus fallos no son muy beneficiosos para la comunidad, siempre tendiendo a la negociación y a  la compensación. Eso nos da un poco de miedo. Pero se ha demostrado que aquí hay una empresa que ha estado afectando al medio ambiente, perjudicando la salud y destruyendo lazos sociales de la comunidad por ya más de 18 años, y quizás más si nos vamos a las prospecciones y los sondajes.

Una vez que se instala Pascua Lama empezaron muchos conflictos entre los propios habitantes, los propios vecinos; con unos a favor y otros en contra. ¿Se pueden sanar esas rupturas una vez que se vaya Pascua Lama?

Yo creo que la herida que deja Barrick es muy grande, sobre todo en las comunidades indígenas diaguitas, también dentro de las propias familias y bueno, en general con las comunidades locales, que tenían una potencia increíble de capacidad de autogestión, con lazos muy fuertes que les permitían sustentarse por sí solas antes de que les entrara la idea de trabajar para las mineras. Entonces, la situación es que por un lado tenemos los efectos graves en cuanto a que se terminó esa tradición de un territorio auto sustentado y la dignidad, a la vez que se rompen muchos vínculos.

Pascua Lama enfrenta hoy un proceso de sanción que consiste en el cierre y clausura de su proyecto. La empresa apeló y hoy la justicia se encuentra deliberando sobre si acepta o no sus alegatos.

Pero no todo es tan malo. Hoy podemos decir que por el lado de las juntas de vecinos en Alto del Carmen se dan experiencias muy interesantes en positivo que dan una luz de esperanza de que se sane el tejido social. ¿En qué sentido? De que el mismo proceso de estar ante una empresa como Barrick y este proyecto contaminante ha permitido pensar el territorio y darse cuenta de que wow! tiene muchas cosas que defender y de las que sentirse con orgullo. Eso ha llevado a la misma gente a tener proyectos propios, sobre todo en rescate patrimonial y salvaguardar actividades tradicionales y sociales antiguas, como las vendimias o las fiestas del verano. Hoy surgen también festivales y veladas comunitarias. Eso justamente va en el sentido de recuperar y defender lo que estábamos perdiendo como tradiciones.

Sin embargo, por  el lado de las relaciones entre las comunidades indígenas está muy difícil que se una la gente, porque todo este proceso abrió la llave para que una sección diaguita se abriera a negociar no solo con esta empresa, sino con los proyectos nuevos, como por ejemplo la empresa Nueva Unión, así que hoy tenemos esa tensión a no ser que esos indígenas vuelvan a entender que lo verdaderamente diaguita es cuidar y proteger nuestra tierra, no andar buscando dineros, ni negociaciones.

¿Qué pasa con el miedo a la falta de trabajo que mencionan los grupos que favorables a estos proyectos mineros? El Valle del Huasco sigue siendo de las zonas con más desempleo del país.

Bueno, esa es una de las grandes piedras en el zapato que tenemos como movimiento, como asamblea, como personas que estamos en contra de estos proyectos, porque mucha gente se nos tira encima y nos dice “ya pero si no quieren minería, entonces ¿qué? ¿Qué proponen” y es como “¡Chuta! Estamos luchando contra una gigante, una de las transnacionales más poderosas del mundo que es Barrick Gold, con todos sus secuaces detrás, con redes negras y oscuras de poder, y con todo eso encima, hay que sumar que las personas que defienden la tierra somos perseguidas, llamadas ¡terroristas! y además tenemos que armar una solución a la minería”. Pero hemos entendido que tenemos que proponer, y lo que estamos haciendo es asumir nuestra diversidad y emprender cosas nuevas, y esas son primero rescatar las tradiciones; nuestro patrimonio, dándole valor agregado a la agricultura, rescatándola, darle valor al trabajo de los crianceros, del que viven tantas personas. A los productos típicos, ¡En el valle del Huasco tenemos dos denominaciones de origen! El pisco y el pajarete, que es uno de los primeros vinos que se hizo en Sudamérica. Allí hay una serie de productores que están ganando medallas internacionales que salen al exterior.

Tenemos mucha riqueza para decir que esto sí da para vivir y es lo que se viene ahora, ¡y por mucho tiempo! Va a dar para subsistir por mucho tiempo más porque se conserva a largo plazo, no así una empresa extractivista que nos va a dejar el hoyo, se van a ir y nos va va a contaminar. El turismo se abre como una alternativa, pero obviamente el turismo sostenible. Estamos todos de acuerdo con que no queremos ser un “Valle del Elqui II”, o tener un turismo masivo e invasivo, queremos un turismo respetuoso de visitantes que vengan a valorar el territorio, a quererlo y colaborar en su resguardo. También se está trabajando con cooperativas, una forma de organización para emprendimientos que está surgiendo con fuerza en el Valle del Huasco y a la que le que estamos prestando atención.  Es otra lógica de producción más solidaria, con respeto a la comunidad y al medio ambiente.

¿Qué pasa con el proyecto minero Nueva Unión? ¿Qué visión tienes considerando que ese proyecto ha hecho un trabajo mucho más fino de acercamiento a la comunidad? Algo muy diferente de Barrick que tomó la política que suele seguir en África o en los demás países latinoamericanos, imponiéndose, sin hablar con nadie. 

Con Nueva Unión pasa que ellos mismos han declarado que “no van a cometer los mismos errores que Barrick”. Es decir que Barrick ha colaborado para ser el peor referente en todos los sentidos. Eso pasó porque la empresa canadiense subestimó a las comunidades y a la Región de Atacama entera, porque pensaban que no íbamos a cachar ni una, que éramos ignorantes, pero les demostramos que no era así. Allí hay un contrapunto con Nueva Unión que ha hecho un trabajo de relojería podríamos decir. Son más calladitos, pero han estado juntándose con gente, tienen productoras y hacen eventos, dan cosas; pero lo importante acá es que aunque hagan todo eso, hoy en día que tenemos más fuerza, porque debemos estar monitoreando múltiples proyectos, para decirles no a la que llamamos “la nueva devastación”. Es uno de los proyectos más grandes de Sudamérica. Sabemos que no lo vamos a permitir y pese a todo el trabajo que ellos han hecho, a todos sus supuestos aliados que tienen sabemos que sólo son unos pocos y la comunidad está la mayoría en su contra.

¿Hay algún cambio entre la administraciones de Bachelet y Piñera en el tratamiento a los conflictos socioambientales en el Valle del Huasco?

A grandes rasgos los gobiernos de izquierda, de esa izquierda entre comillas, y de derecha han sido lo mismo. En cada uno de sus periodos o nos han perjudicado o se judicializan las cosas, pero apoyan los proyectos a cómo dé lugar. La diferencia que vemos hoy como territorio en lo local, es la presión de Baldo Prokurica, que no pasa desapercibido, por algo lo eligieron, Nueva Unión es uno de los proyectos más importantes para el Ministerio de Minería.

¿Qué esperanza tienen las comunidades para poder cambiar estos proyectos?

Bueno ahí desde la misma experiencia de Pascua Lama se saca esperanza. Hace dieciocho años fueron agricultores, crianceros y gente que nunca fue a la universidad los que se plantaron a denunciar que iban a destruir los glaciares. No se necesitaban científicos, sino que era sentido común y conocimiento ancestral sobre la tierra. Fueron ellos quienes ven 18 años después en los papeles de los juicios, que tenían razón.

Pensamos que vamos a tener razón ahora con Nueva Unión, Pachuy, Aguas Claras, El Encierro. Hay cambios de dirigentes, de vecinos, pero seguimos siendo una gran familia que no solo está en la parte alta, sino en todo el valle con las cuatro comunas de la provincia en el Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco.

Y ya hay mucha gente que antes no nos quería y que ha cambiado de parecer; hay voluntad de hacer turismo sostenible, agricultura y sí, tenemos una gran masa de gente que sigue empecinada en buscar tener mucho empleo a costa de estos proyectos mineros. Pero sabemos que tenemos la razón y se puede dar vuelta esa situación.

Para terminar: ¿Qué consideras que es lo más lindo del Huasco y le recomendarías a la gente a conocer.

Yo creo que todo el valle, pero me cuesta ¡Me cuesta decir una sola cosa! Me la voy a jugar por hablar de la cordillera, de las formas geológicas que tienen las montañas; sus glaciares, los ríos que son maravillosos; ríos prístinos donde todavía puedes tomar agua directa del cauce desde algunos de ellos. Es el agua más rica del mundo y me encantan los atardeceres con los colores que cambian de los cerros, eso parte de la belleza del Huasco Alto.

 

Fuente:https://www.elarrebato.cl/2018/11/30/constanza-san-juan-vocera-de-asamblea-por-el-agua-de-huasco-alto-la-herida-que-deja-barrick-es-muy-grande/?fbclid=IwAR0UZXqqQvdJtetQ7kGVvtTANp9PTu6ikydxxX6fjdHxiWC6-3FuxpOetQQ

Argentina

Litio y espejos de colores

Autor: Darío Aranda , Observatorio Petrolero Sur.
Conflicto Relacionado: Salar del Hombre Muerto - Fenix

La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.

“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.

Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y algunos sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.

Veinte años

El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas kollas y atacama en Jujuy y Salta.

El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998.  Ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), está en manos de la multinacional  FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.

A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.

Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar, de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.

Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.

Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.

Mauricio Macri lo promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.

¿Desarrollo nacional?

“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.

“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

 

Académicos

El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.

Otro espacio de investigación sobre la temática es el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales. Un espacio heterogéneo, tanto en formación (incluye a economistas, cientistas políticos e historiadores, entre otros) y en miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.

“Geopolítica del litio”, es el libro publicado por el grupo en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en Ciencias Sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).

El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.

Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.

Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.

Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.

“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.

Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo promovió el modelo boliviano, donde -remarcó- se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.

Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.

“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.

En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.

¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.

Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación (ver recuadro entrevista).

Lucha

Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según la legislación nacional (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta y cómo debía ser. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.

Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.

Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.

Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.

Ambiente y presiones

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de la Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.

Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada porque el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.

Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.

 

EEUU y represión

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.

El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.

“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.

«Se debe respetar la posición de las comunidades» Entrevista a Ariel Slipak.

-¿Cuál es el rol de las comunidades en la minería de litio?

-La participación de las comunidades es crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las únicas involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada (derecho básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se aplica en Argentina), pero necesitan información.

-¿Qué sucede si la comunidad dice no a la minería?

-Mi posición, no de todo el Grupo de Estudios, es que se debe respetar esa posición de la comunidad.

-Usted reivindicó el trabajo del científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, «menos contaminante». Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.

-Es cierto que Calvo hace ciencia pero no dialogó con las comunidades involucradas.

Fuente:http://www.opsur.org.ar/blog/2018/11/29/litio-y-espejos-de-colores/

Mexico

Al menos unas 13 empresas mineras han sido denunciadas por la Profepa

Autor: Diario de Chiapas

Al menos unas 13 empresas mineras han sido denunciadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente(Profepa), por irregularidades y ocasionar problemas ambientales en el estado de Chiapas, información que fue denunciada por el activista chiapeneco Mariano Abarca Robledo, asesinado en 2009, notificó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de la REMA, indicó que la Profepa anunció el cierre de 13 mineras que afectan el 14 por ciento del territorio de Chiapas en la zona y hasta la fecha no hay resultados informó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

A nueve años del asesinato del activista chiapaneco, Mariano Abarca Robledo, puntualizó que las empresas mineras originarias de China y Canadá siguen extrayendo barita y diversos minerales afectando el ecosistema y la salud de los pobladores cercanos a estas minas.

Fuente:http://www.diariodechiapas.com/landing/al-menos-unas-13-empresas-mineras-han-sido-denunciadas-por-la-profepa/?fbclid=IwAR2O3LdhNxO4h59ke1fXAXFHgar8Ld7gpo4Knz7kyV_Xbd62X3w_9LBn7RA

Bolivia

Abundancia de litio atrae minera novata a salares bolivianos

Autor: Laura Millan Lombrana, Pauta.cl

El salar de Uyuni representa una gran oportunidad económica para Bolivia, siempre que se encuentre una forma de explotarlo comercialmente. Varias empresas han desistido, pero hay un nuevo interesado: la alemana ACI Systems.

Un pequeño ejército de trabajadores de ciudades y pueblos de Bolivia aborda los autobuses para el último tramo de un viaje que puede durar días. Los caminos de tierra serpenteantes y llenos de baches, el aire delgado a gran altura y la difícil tarea de llevar mano de obra a la cegadora blanca llanura del salar más grande del mundo, se interponen entre quienes sueñan con extraer las riquezas de litio de Bolivia y convertirlas en baterías para automóviles eléctricos.

Estos trabajadores pasarán dos semanas en el salar de Uyuni, en el extremo sur de Bolivia, antes de regresar a casa para un descanso de siete días. Están intentando construir una mina de litio de clase mundial en la cima de las montañas de los Andes, a unos 12.000 pies (3.600 metros) sobre el nivel del mar en el corazón de Bolivia. El puerto más cercano está a al menos 500 kilómetros y al otro lado de la frontera.

Desde arriba, esta vasta área parece tan blanca que se confunde con una gigantesca llanura nevada. La sal se cristaliza en la estación seca, formando millones de hexágonos con apariencia de baldosa que abarcan un área tan grande como el estado de Connecticut. Durante la estación húmeda, está cubierta por una delgada capa de agua que forma un espejo gigante, que refleja el cielo con tanta claridad que la línea del horizonte desaparece. El efecto visual atrae a miles de visitantes y al Rally Dakar cada año, lo que lo convierte en el principal destino turístico de Bolivia.

Sacar el litio será mucho más difícil que llevar a los turistas. La mayoría de los observadores tienen dudas respecto de si el litio de Bolivia soportará alguna vez a una operación minera comercial. Sin embargo, el gobierno está ansioso por aprovechar el hambre global de un mineral esencial para alimentar automóviles eléctricos y producir baterías de almacenamiento. La ambición es transformar finalmente a Bolivia en un fabricante de baterías recargables dentro de los autos totalmente eléctricos de Tesla Inc. y los casi 300 modelos de vehículos eléctricos que se espera que lleguen al mercado para el año 2022, según Bloomberg NEF.

«Bolivia será un actor relevante en el mercado global de litio dentro de cuatro o cinco años», dijo Juan Carlos Montenegro, gerente general de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos, o YLB. «Y no planeamos detenernos allí».

El gobierno boliviano, el régimen populista más antiguo de América del Sur, prometió convertirse en un actor el en mercado de los minerales y las baterías utilizando a sus propios ingenieros. Su planta piloto en Uyuni ha producido cerca de 250 toneladas de carbonato de litio este año, e YLB dijo que puede llevar la producción a 150.000 toneladas dentro de cinco años. Esto convertiría a Bolivia en una de las naciones con mayor producción y la fuente de aproximadamente el 20% del litio del mundo para 2022, según las proyecciones de Bloomberg NEF.

Pero el país también necesita la ayuda de las pocas empresas extranjeras que no se desaniman ante la posibilidad de extraer litio de uno de los lugares más remotos del planeta. Y parece que hay al menos uno dispuesto a correr ese riesgo.

ACI Systems Alemania GmbH no tiene experiencia previa en extracción. Con sede en Zimmern ob Rottweil, un pueblo rural en el corazón de la Selva Negra de Alemania, la compañía es una subsidiaria de ACI Group, que brinda apoyo de gestión de proyectos a las industrias fotovoltaica, de baterías y automotriz. ACI Systems Alemania emplea sólo a 20 personas y fue creada únicamente para enfocarse en la construcción de una mina de litio en Bolivia. Su máximo ejecutivo, Wolfgang Schmutz, está apostando a que tendrá éxito en una nación empobrecida que ha frustrado a una larga lista de empresas de litio de élite.

“Conozco Bolivia. Yo y otros en la compañía tenemos relaciones personales con el país», dijo Schmutz en una entrevista telefónica. “Hasta ahora hemos hecho todo lo que hemos prometido. Hay una relación de confianza que queremos seguir desarrollando”.

ACI recientemente firmó un acuerdo con el presidente de Bolivia, Evo Morales, para construir una operación de litio de US$ 250 millones, el primer paso hacia la fabricación de cátodos y baterías en Bolivia. Se espera que el acuerdo se formalice este mes en una empresa conjunta 49-51 con YLB. La empresa alemana aún no ha obtenido financiación para el proyecto.

La razón para intentarlo es clara: se espera que la demanda de litio aumente más del doble para 2025. El mineral suave y ligero se extrae principalmente en Australia, Chile y Argentina. Bolivia tiene mucho –9 millones de toneladas que nunca se han explotado comercialmente, la segunda mayor cantidad en el mundo– pero hasta ahora no ha habido una forma práctica de extraerlo y venderlo.

Llevar la oferta de Bolivia al mercado ayudaría a las mineras de litio que hasta ahora han tenido dificultad para satisfacer la demanda mundial. Los principales productores –FMC Corp. y Albemarle Corp. en Estados Unidos, SQM en Chile y Tianqi Lithium Corp. en China– están invirtiendo miles de millones para expandir sus operaciones existentes. Incluso los más experimentados están sufriendo contratiempos: SQM ha reportado retrasos y dificultades inesperadas para expandirse en Chile y Albemarle informó paralizaciones en sus operaciones en Chile, China y Australia por diferentes motivos durante el tercer trimestre.

ACI no tiene antecedentes en relación con salares o la fabricación de piezas de batería. Pero tiene metas muy optimistas en Bolivia. El acuerdo de la compañía alemana con YLB requiere una inversión inicial de US$ 250 millones para construir una planta de procesamiento de litio en Uyuni, con una producción que comenzará en 2021 y alcanzará una capacidad total de hasta 40.000 toneladas de hidróxido de litio por año para fines de 2022, aproximadamente el doble de la capacidad que tiene FMC, el cuarto productor mundial, en sus operaciones en Argentina.

Los precios del litio alcanzaron niveles históricos a principios de este año, ya que el carbonato de litio de Sudamérica se vendió a un promedio de US$ 15.700 por tonelada en mayo y junio antes de que los precios cayeran a alrededor de US$ 14.375 por tonelada en octubre, según Benchmark Mineral Intelligence.

Chris Berry, analista y fundador de la firma de investigación House Mountain Partners LLC., espera que los precios del litio se estabilicen en alrededor de US$ 12.000 por tonelada, lo que dejaría a casi un tercio de los proyectos actualmente en tramitación fuera de la curva de costos. La gran apuesta de Bolivia sería, en el mejor de los casos, marginal.

La dinámica del mercado podría no ser tan importante para el gobierno boliviano, que considera la industrialización del litio como el próximo paso después de la nacionalización de la minería y los hidrocarburos.

Fuente:http://www.pauta.cl/negocios/bloomberg/abundancia-de-litio-atrae-minera-novata-a-salares-bolivianos

Mexico

Colectivos piden a AMLO que Veracruz sea libre de minería y despliegan manta en catedral de Xalapa

Autor: Periodistas Digitales, Plumas Libres.mx
Conflicto Relacionado: Ex Caballo Blanco - La Paila

Al Presidente de la República Mexicana, C. Andrés Manuel López Obrador

Al Gobernador del Estado de Veracruz, C. Cuitláhuac García Jiménez

A la Secretaria de Economía, C. Graciela Márquez Colín

A la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, C. Josefa González Blanco

A la opinión pública,

Una de las consecuencias más terribles del modelo económico neoliberal, a lo largo de los últimos 30 años, es la proliferación de proyectos mineros a gran escala que destruyen ecosistemas y violan los derechos de comunidades rurales a lo largo y ancho del territorio mexicano. Como lo mencionó el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador en su discurso inaugural, es necesario que el gobierno de este país deje de estar al servicio del saqueo.

Desafortunadamente, el Estado de Veracruz también es víctima de esta tendencia de saqueo en sus pueblos, ríos y ecosistemas. Desde 2005, particularmente los municipios de Alto Lucero y Actopan se vieron afectados por la imposición de múltiples polígonos de concesión para la realización de actividades de exploración, explotación y beneficio minero. En la actualidad, estas concesiones se concentran en dos proyectos de explotación: La Paila, antes Caballo Blanco –a cargo de la empresa canadiense Candelaria Mining Corp.—, y El Cobre –a cargo de Azúcar Minerals Ltd., empresa canadiense sucesora de Almadex Minerals Ltd., del mismo país de origen—.

Estos proyectos mineros ponen en riesgo la viabilidad de ecosistemas únicos en el mundo, producto del contacto entre el Eje Neovolcánico Transversal y el Golfo de México. Asimismo, generan una situación de violación potencial y actual de derechos humanos de los habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, quienes enfrentan ya invasiones a sus predios para la realización de barrenos exploratorios y que, de desarrollarse las explotaciones mineras, podrían enfrentar desplazamiento forzado, graves daños al abasto de agua, a la salud y a la viabilidad de las actividades económicas de las cuáles dependen para su subsistencia.

Ante este panorama, solicitamos al gobierno federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez que, en el ámbito de sus competencias, revoquen todos los permisos otorgados para la realización de actividades mineras; que impidan el otorgamiento de permisos adicionales; y que declaren a la entidad veracruzana libre de proyectos de minería tóxica.

Asimismo, al Presidente López Obrador y a los legisladores del Congreso de la Unión se les solicita que se haga una revisión pública del marco normativo que permite el saqueo minero que ha dado lugar a más de 120 conflictos sociales a lo largo y ancho del país. Exigimos que, en la revisión de este marco normativo, participen activamente las comunidades afectadas por estos proyectos, así como la academia y la sociedad civil que han puesto en tela de juicio el modelo extractivo de saqueo y acumulación mineros. Es urgente que los gobiernos que recién inauguran sus mandatos se comprometan a promover el desarrollo local y sostenible de sus poblaciones. Como dijo el López Obrador: “Por el bien de México, primero los pobres”.

¡Queremos frijoles, queremos pescado!

¡Fuera mineras de nuestro estado!

#VIDAoMINA

Atte.

Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida

Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental

 

Fuente:https://plumaslibres.com.mx/2018/12/02/colectivos-piden-a-amlo-que-veracruz-sea-libre-de-mineria-y-despliegan-manta-en-catedral-de-xalapa/

Nicaragua

Nicaragua: Defensores ambientales de la comunidad de Santa Cruz de la India temen por sus vidas

Autor: Acafremin.org

Después de la visita de un equipo de verificación designado por Oficina del Asesor de Cumplimiento / Ombudsman (CAO), del Banco Mundial al proyecto minero Mina La India, líderes del Movimiento Comunal Santa Cruz de La India reportan el recrudecimiento de la represión, de la cual han sido sujetos desde hace varios años.

La empresa de origen británico Cóndor Gold, goza de una licencia de exploración otorgada por el gobierno nicaragüense en el año 2008. Desde entonces, la empresa ha desarrollado un portafolio de 11 concesiones en el Distrito de La India con una extensión de 313.26 Km2, donde espera establecer una operación mixta de túneles a cielo abierto y subterráneo.

En julio de este año, once miembros de la comunidad Santa Cruz de La India, con el apoyo de ONG´s ambientalistas, pusieron una denuncia ante la CAO, un mecanismo de recurso independiente para la verificación de inversiones de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.  La denuncia afirma que el proyecto Mina La India infringe las leyes nacionales e internacionales, las normas de desempeño y la política de acceso a la información de la IFC.

También plantea inquietudes con respecto a los potenciales impactos sociales y ambientales: la falta de consulta e información sobre el proyecto, el agotamiento de las fuentes de agua subterráneas y el acceso reducido al agua para la comunidad afectada, el riesgo de desplazamiento involuntario, el riesgo de actividad sísmica, y posibles impactos a la biodiversidad y al ecosistema.

La queja también cita la criminalización sistemática de acciones de protesta que la comunidad ha llevado a cabo ante la amenaza del proyecto.

Desde el pasado 15 de noviembre Santa cruz de La India fue ocupada por efectivos policiales y miembros de las fuerzas antimotines para intimidar a la población y prevenir la participación de comunidades organizadas que se oponen al proyecto minero en las audiencias del equipo de verificación de la CAO.

Después de la visita del equipo de verificación, miembros de la comunidad reportan la presencia continua de las fuerzas policiales, el allanamiento y registro ilegal de viviendas, y la interrogación ilegal a miembros del movimiento anti-minero.

Uno de los principales afectados está el líder Olman Onel Salazar, miembro del Movimiento Comunal Santa Cruz de La India y del Movimiento Nacional frente a la Minería Industrial -MONFAMI-, y quien se encuentra actualmente en la clandestinidad por amenazas de muerte recibidas a través de redes sociales, persecución sistemática y allanamiento ilegal de morada por parte de los cuerpos de seguridad y acciones de intimidación psicológica contra su familia.

Otros miembros del Movimiento también afectados son: José Flores Valverde, Carolina Hernández Ramírez, Caren Milagro Laguna Sánchez, Rafael Penado Salazar y Nolan Laguna Sánchez.

Como miembros de la Alianza Centro Americana frente a la Minería -ACAFREMIN- manifestamos nuestra preocupación por la persecución sistemática contra defensores ambientales en Nicaragua. Nos preocupa además el incremento sigiloso de la actividad de las empresas mineras que bajo un ambiente de militarización y represión por parte del estado aprovechan para implementar sus proyectos sin los debidos procesos de información y consulta previa a las comunidades afectadas.

Por lo antes expuesto,

• Demandamos que el gobierno nicaragüense retome la ruta de la democratización y garantice la integridad física y psicológica de líderes ambientales que se encuentran bajo estado de persecución por cuerpos represivos del Estado.

• Hacemos un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que velen por la seguridad y tranquilidad de las defensoras y defensores ambientales de dicho país.

• Exhortamos a los países accionistas del Banco Mundial demandar que la IFC retire su inversión en Cóndor Gold por su complicidad en la violación de derechos humanos.

¡Sí a la Vida, No a la Minería!
Fuente:http://www.acafremin.org/es/prensa/pronunciamientos/326-nicaragua-defensores-ambientales-de-la-comunidad-de-santa-cruz-de-la-india-temen-por-sus-vidas
Chile

Aysén: Toxicólogo ambiental alertó sobre efectos de exposición constante a metales pesados y gases tóxicos

Autor: El Ciudadano.cl

Una intensa gira por la región de Aysén realizó el toxicólogo ambiental de la Universidad de Chile y presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Dr. Andrei Tchernitchin. El especialista fue invitado por varias organizaciones regionales con el fin de informar sobre los impactos de la actividad minera en la salud de las personas y los ecosistemas, y para dar cuenta de los resultados de la intoxicación por plomo, arsénico y mercurio en  pobladores de Alto Mañihuales producto de la operación de minera El Toqui, hoy de Laguna Gold.

Andrei Tchernitchin, del Colegio Médico de Chile

El viernes 23 en Coyhaique (invitado por Codesa, Codeff Aysén y la Corporación Justicia y Paz), el sábado 24 en Puerto Ingeniero Ibáñez (Agrupación “Puro Ibáñez”) y el lunes 26 en Chile Chico (Antukulef), el médico entregó información sobre los efectos fisiológicos, neurológicos y psicosociales de la exposición constante de los trabajadores y población a altos niveles de metales pesados y gases tóxicos, muchos de ellos presentes en las actividades mineras.

Esto, producto de la ofensiva que las australianas Equus Mining y Laguna Gold, y las canadienses Mandalay Resources (controladora de Cerro Bayo) y Gold Corp (con concesiones de exploración), están llevando adelante en la región, particularmente en la cuenca del lago General Carrera.

El profesional apuntó a un tema que ha sido omitido por algunos sectores, relacionado con el drenaje ácido que se genera ya en el proceso de prospección y extracción, antes incluso que en el de procesamiento y disposición de relaves.

“Cualquier ruptura de roca, con sulfuros por tener muchos minerales, forma ácido -por oxidación en contacto con el agua- y ese ácido drena y disuelve los elementos que se encuentran en la roca y en las arenas” explicó, detallando que tanto el ácido sulfúrico resultante como los metales pesados no disueltos y expuestos en alta concentración, tienen la capacidad de contaminar napas y cursos superficiales de agua, que luego son ingeridas por las personas y los animales.

Tal información, junto con los efectos de estos contaminantes en la salud de las personas, fue la que puso a disposición en los talleres, antecedentes no informados por las empresas ni los organismos del Estado. Por ello, indicó Tchernitchin que “me parece preocupante que se traten de instalar las empresas mineras, que van a producir graves problemas. Pero me parece muy bueno, o reconfortante, que la población esté consciente de eso, por tanto mi función es darles los argumentos para que puedan resistir a la tentación de lo que les ofrezcan”.

Más aún, agregó, cuando una de ellas, Laguna Gold, pretende instalarse en las cercanías de Puerto Ingeniero Ibáñez y ya demostró que en su operación, en lo que corresponde a los relaves, ha generado un grave daño ambiental y para la salud de las personas.

Para Marlina Orellana, presidenta de la agrupación “Puro Ibáñez”, la visita de Tchernitchin “nos sacó de bastantes dudas, fue muy bueno, muy gráfico. Tuvimos claridad con respecto a lo que él nos quiso informar, la contaminación con todo lo que significa la minería, tanto para las personas, el medio ambiente como para los animales”.

La dirigenta se refirió, también, a la omisión por parte del Estado de su responsabilidad de informar a la población. “Tenemos que ser nosotros, quienes nos conformamos como pueblos, como ciudades, las que tenemos que investigar y traer a personas que nos digan o informen sobre lo que otras instituciones nos podrían explicar” puntualizó.

Por su parte, la vecina de Puerto Ingeniero Ibáñez, Rayén Cayún indicó que “eso es lo que nosotros no queremos hoy día.  No queremos que haya más mineras, las que ya están que se queden donde están, pero que no abarquen más territorio”.

Un tema al que dio relevancia especial el especialista fue a los efectos que los metales pesados tienen en las personas durante su proceso de gestación, conocido como imprinting, y que derivan en patologías que se desarrollan muchos años después.

También, cómo junto a diversos tipos de cáncer, la exposición a contaminantes provenientes de faenas extractivas y procesamiento de mineral, inciden en patologías de tipo neurológicas, genéticas o de motricidad.

 

Fuente:https://www.elciudadano.cl/chile/aysen-toxicologo-ambiental-alerto-sobre-efectos-de-exposicion-constante-a-metales-pesados-y-gases-toxicos/11/29/

Mexico

Suspender concesiones a mineras en Puebla, piden en San Lázaro

Autor: Norberto López, E-consulta

El diputado federal de Morena, David Bautista Rivera busca poner fin a la “explotación descarada” de recursos naturales en la Sierra Norte de Puebla, por lo que desde el Palacio Legislativo de San Lázaro impulsa un punto de acuerdo en el que exhorta al Gobierno Federal suspenda todas las concesiones en esta región.

El representante por Puebla denunció que las concesiones a las empresas como grupo Ferrominero. SA de CV, Compañía Minera Autlán, Minas Santa Martha, SA de CV, José Humberto Canal Castellanos y Socio, Real de Gemas SA de C, así como Víctor Manuel Animas Arellano, “al llevar a cabo sus actividades, violan los derechos a la propiedad, la salud, el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente saludable, derecho de los pueblos a la paz, derecho de los pueblos a gozar y disponer plenamente de sus recursos naturales y derecho de los pueblos a la autodeterminación”.

Deploró que Puebla sea uno de los principales destinos para empresas transnacionales que “llegan, expropian, explotan y deterioran las condiciones de vida y el ecosistema poblano”.

Señaló que estas acciones afectan directamente a los habitantes de la Sierra Norte de Puebla, en concreto a quienes se encuentran en municipios comoHueyapan, Tlatauquitepec, Teziutlán, Zaragoza, Cuetzalan del Progreso, mismos que se reconocen como municipios con población mayoritariamente indígena.

Lamentó que el actual sistema económico, aunado a la reforma energética implementada en 2014, permita la implementación de “Proyectos de muerte”, tales como minería a cielo abierto, hidroeléctricas, gasoductos, parques eólicos, parques geotérmicos, y los pozos de explotación de fracking.

Recordó que, en 2012, la minera Autlán SA de CV, requirió ante la Secretaría de Medio Ambiente y de Economía el uso de suelo en la Sierra Norte, para realizar exploraciones en terrenos ubicados en la zona limítrofe de Cuetzalan y Zautla.

Refirió que, aunque en un principio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el permiso para la instalación del proyecto “El Aretón”, a fines de 2013 este proyecto de exploración fue aprobado.

Bautista Rivera advirtió que la actividad minera amenaza a la Reserva de Bosque Mesófilo de Montaña la más grande de la Sierra Nororiental Poblana.

Resaltó que Puebla es conocida en el país por su amplia diversidad cultural, así como por ser un estado con un extenso ecosistema vegetal y natural, que es deseado y anhelado por grandes empresarios nacionales y extranjeros por su alta riqueza natural.

De igual forma, el legislador poblano exhortó al gobierno federal para que asuma las conclusiones del estudio técnico que realizó el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, que permitió identificar 53 zonas de atención territorial, con los riesgos que representa para la comunidad el hacer un uso indebido de las mismas.

También pidió al alcalde entrante de Tlatlauquitepec, Puebla, defienda a los ciudadanos que han sido afectados en sus derechos humanos por las concesiones a las empresas como Grupo Ferrominero SA de CV, Compañía Minera Autlán, Minas Santa Martha SA de CV, José Humberto Canal Castellanos y Socio, Real de Gemas, SA de C, Víctor Manuel Ánimas Arellano, entre otras.

De acuerdo en el artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a que estos sean consultados acerca de ese tipo de inversiones en sus localidades.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala una serie de situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas, razón suficiente para la procedencia de la aplicación de la consulta en situaciones como: la pérdida de territorios y tierra tradicional; el desalojo de sus tierras; el posible reasentamiento; el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; la destrucción y contaminación del ambiente tradicional; la desorganización social y comunitaria; y los impactos negativos sanitarios y nutricionales.

Además, el artículo segundo de la Carta Magna establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía, para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.

Esto implica, determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

 

Fuente:http://www.e-consulta.com/nota/2018-11-28/medio-ambiente/suspender-concesiones-mineras-en-puebla-piden-en-san-lazaro?fbclid=IwAR3hB5FJgarR4tCV5ubhhEKEHqe0d_x41ttI-6vBtMR7V-VwhDvRJA2d9X8

Mexico

Convenio de la OIT obliga a México a consultar megaproyectos a pueblos indígenas

Autor: Gabriela Sotomayor, Proceso.mx

El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Guy Ryder afirmó que México debe seguir los lineamientos establecidos en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas, especialmente en lo que respecta a la consulta previa, libre e informada con respecto al desarrollo de megaproyectos.

Al ser cuestionado por Apro sobre la consulta llevada a cabo por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre el Tren Maya y el Transísmico, Ryder reconoció no saber los detalles de dicho proyecto, pero fue claro en que México debe apegarse al Convenio 169 del que es parte.

“Es un tratado internacional y como cualquier convenio ratificado por el gobierno es vinculante y tiene efectos legales”, dijo Ryder en breve conversación con Apro.

“No estoy al tanto de la especificidad de este caso, pero el Convenio prevé lo que llamamos consultas previas de los pueblos indígenas en situaciones que pueden afectar sus derechos y sus intereses y es una parte de este Convenio que se desarrollen estas consultas”, remarcó el titular de la OIT.

El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales ratificado por México y avalado en la Constitución del país es un tratado internacional, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989 y fue ratificado por México en 1990.

El Convenio refleja el consenso logrado en la OIT en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los Estados-nación en los que viven y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos.

El Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, “así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo”.

El objetivo del Convenio “es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. Por lo tanto, los principios fundamentales de consulta y participación constituyen la piedra angular del Convenio”.

Diálogo previo con los pueblos

En charla con Oelz Martin, especialista de la OIT sobre Igualdad y No Discriminación y experto de la OIT sobre la aplicación del Convenio 169, explicó a Apro que el organismo de momento no puede pronunciarse sobre si la consulta del Tren Maya es válida o no porque hasta ahora no han recibido quejas relacionadas con el caso, sin embargo, subrayó que “el asunto también podría plantearse en un tribunal laboral nacional ya que está contemplado en la Constitución”.

Para el experto de la OIT lo que es claro es que la consulta sobre un proyecto de esta magnitud tiene que ser previa, libre e informada, “debe ser llevada a cabo por el gobierno y debe haber un diálogo con los pueblos indígenas o tribales” que pudieran verse afectados o beneficiados por dicho proyecto.

Estos pueblos se encuentran entre los grupos vulnerables que más importan a la OIT en el ejercicio de su misión para la promoción de la justicia social, los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional y el trabajo decente.

El Convenio, recuerda Martin, se ha convertido en un punto de referencia global, cuyo impacto sobre las políticas de gobernanza y desarrollo va más allá de los países que lo han ratificado. Además, es un instrumento que ayuda a los gobiernos a promover un ambiente favorable a la creación de empresas sostenibles.

Por otra parte, la Comisión de expertos encargados de verificar la aplicación del Convenio subraya “la importancia que tiene garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus prioridades de desarrollo a través de consultas significativas y eficaces y la participación de esos pueblos en todas las etapas del proceso de desarrollo, especialmente cuando se debaten y deciden los modelos y prioridades de desarrollo”.

Debido a los grandes retos a los que actualmente tienen que hacer frente los pueblos indígenas y tribales, incluidos la regularización de la propiedad de la tierra, la salud, la educación, y el aumento de la explotación de los recursos naturales, la participación de los pueblos indígenas y tribales en estos y otros ámbitos que les afectan directamente, es un elemento fundamental para garantizar la equidad y la paz social a través de la inclusión y el diálogo.

“Las consultas pueden ser un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión social y desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos”, destaca la OIT.

“No realizar dichas consultas y no dejarles participar tiene graves repercusiones para la aplicación y éxito de programas y proyectos específicos de desarrollo, ya que de esta forma resulta poco probable que reflejen las aspiraciones y necesidades de los pueblos indígenas y tribales”, advierte.

A pesar de que las organizaciones de pueblos indígenas no forman parte de los mandantes tripartitos de la OIT como es el caso de los gobiernos y de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la OIT alienta a las personas indígenas o a sus organizaciones a que se hagan miembros de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de tal forma que puedan someter sus quejas al organismo laboral de la ONU.

La consulta, responsabilidad del gobierno

La OIT enfatiza que “la consulta de los pueblos indígenas se erige por lo tanto en obligación general en virtud del Convenio, cada vez que haya medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a dichos pueblos.

“Dichas medidas pueden referirse, por ejemplo, a la elaboración de legislación nacional relativa a consultas o a la construcción de infraestructura vial en las tierras de una comunidad indígena específica.

“Además, el Convenio subraya particularmente la necesidad de consultar en ciertas circunstancias que incluyen la consulta previa a la prospección o la explotación de los recursos del subsuelo y a la reubicación y la enajenación de tierras”.

Asimismo, la OIT remarca que “la obligación de garantizar consultas adecuadas recae clara y explícitamente en los gobiernos y no en personas o empresas privadas. En algunos casos, los gobiernos pueden delegar la aplicación práctica del proceso de consulta a otras entidades. Sin embargo, la responsabilidad de garantizar que las consultas se realicen de acuerdo con lo estipulado por el Convenio recae en los gobiernos inclusive en los casos en que no estén directamente a cargo del proceso”.

Más de un millón de personas pertenecientes a pueblos indígenas en 42 municipios de los estados de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche podrían verse afectados por la construcción del Tren Maya y, hasta ahora, no se les han ofrecido oportunidades de diálogo, ni se les han dado a conocer de manera concreta los detalles del megaproyecto.

Cuestión que va en contra de los lineamientos de la OIT pues “las consultas pro forma o la simple información no cumplirán con los requisitos del Convenio”.

 

Fuente:https://www.proceso.com.mx/561506/convenio-de-la-oit-obliga-a-mexico-a-consultar-megaproyectos-a-pueblos-indigenas?fbclid=IwAR33wAMMKnYbP12WH7Ry_aAj4FQcJQzw6Rm2whOIfL7BRFweK6gSDsnHF-w