Latinoamerica

Pasivos ambientales mineros: ¿Qué pasa en los países vecinos?

Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) continúan siendo un tema pendiente para la industria minera en Chile. El país aún carece de una regulación específica, mientras se afinan los detalles de la futura Política Nacional de Relaves. ¿Qué sucede en otras naciones mineras de Latinoamérica? A continuación, una aproximación sobre este tema en los países limítrofes.

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El exponencial desarrollo que ha tenido la industria minera en el país, no condice con el progreso que ha tenido el perfeccionamiento de la regulación a la hora de hablar de los Pasivos Ambientales Mineros, más conocidos como PAM. Actualmente no existe una normativa que regule estos residuos de manera específica, pese a que se están dando pasos en la materia.

En 2018 el gobierno anunció una serie de medidas para abordar un aspecto de este reto ambiental. La idea es implementar una Política Nacional de Relaves, comenzando con medidas concretas en las regiones de Coquimbo y Atacama. Pese a que no se han divulgado novedades, actualmente el Ejecutivo trabaja en un catastro de los relaves en estas zonas para determinar las acciones a seguir.

Mientras aquello sucede, ¿qué ocurre en los países vecinos cuando de residuos mineros se trata? A continuación, una aproximación sobre este tema en la región.

Perú y la ley de 2004

De acuerdo a un catastro del Ministerio de Energía y Minas de Perú, hay más de 8.000 pasivos ambientales mineros en el país. Pese a que en 2004 el Congreso aprobó una ley que tiene por objetivo regular la identificación de estos residuos, la responsabilidad y el financiamiento para la remediación de las áreas; desde la secretaría de Estado reconocen que “hay que trabajar fuertemente en el tema”.

Un informe de la Cepal indica que “la ley deja mucho lugar para interpretaciones respecto a la responsabilidad” de estos residuos, aunque en 2005 la normativa fue modificada debido a las críticas relacionadas “a la posibilidad de que los titulares de las concesiones mineras puedan desligarse fácilmente de la responsabilidad de remediar los PAM a través de la renuncia a sus derechos mineros”.

En 2015 el gobierno peruano inició un trabajo colaborativo con Corea del Sur para mejorar la institucionalidad sobre la gestión de remediación. La idea no es solo la rehabilitación de la zona, sino también fomentar las políticas de revitalización económica de las áreas remediadas. Además, el gobierno anunció la suma de US$ 127 millones para la remediación de PAM durante 2018 y 2019.

Bolivia y su resguardo en ALBA

En Bolivia actualmente no existe una normativa específica para la gestión de los PAM. No obstante, de acuerdo al Código de Minería se indica que los operadores deberán realizar una auditoría ambiental, previa a la solicitud de la licencia para dar marcha a un proyecto.

En línea con aquello, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras regula la Auditoría Ambiental de Línea Base (ALBA), la cual permite identificar los daños ambientales producidos con anterioridad a la fecha de obtención de la concesión minera.

Pese a esta condicionante, no existe definición de plazos y criterios para la remediación y los posibles mecanismos de financiamiento. Asimismo, no hay una normativa que indique cuál es la función exacta del Estado boliviano respecto a los pasivos identificados.

Cabe destacar que de acuerdo a la última actualización que realizó el gobierno boliviano en el año 2014, existen 3.342 pasivos ambientales en 141 distritos del país.

Argentina y su experiencia en 2015

En Argentina no se ha elaborado una norma que regule la prevención, identificación, tratamiento y/o remediación de los pasivos ambientales mineros. El Código de Minería regula el cierre de minas, pero no las herramientas para garantizar la recomposición ambiental en la actividad.

Al poseer un sistema político federal, cada provincia de Argentina cuenta con una autoridad en materia minero-ambiental en su jurisdicción. Es por ello que en el marco del Nuevo Acuerdo Federal Minero -documento del 2017 donde el gobierno logró marcos comunes para el desarrollo de la minería-, se publicó un ítem dedicado a los PAM.

Como experiencia de manejo de estos residuos, figura en 2015 el trabajo por parte del gobierno en tres pasivos ubicados en Río Negro, Jujuy y San Juan, dando vida al Programa Gestión Ambiental Minera. Este programa piloto contó con un monto de inversión de US$ 40 millones, cifra que provino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se enfocó en dos áreas: gestión ambiental minera y medio ambiente nacional.

 

Fuente:http://www.nuevamineria.com/revista/pasivos-ambientales-mineros-que-pasa-en-los-paises-vecinos/

Mexico

Mujeres defensoras: la piedra angular en la defensa de los derechos humanos

Por su labor en defensa de los derechos humanos, las mujeres defensoras desafían a los papeles tradicionales de género de la sociedad patriarcal que mantiene a las mujeres en el ámbito doméstico. Como consecuencia, las mujeres defensoras sufren campañas de desprestigio que buscan dañar sus reputaciones, acusándoles de abandonar a sus familias o de estar buscando parejas sexuales. En adición, las mujeres defensoras reciben amenazas, ataques y hostigamiento, también de una naturaleza sexual. Sus familias y niños también son blancos en los esfuerzos, por parte de diferentes actores, de callarles.

En enero 2019, el Relator Especial sobre la sitaución de personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, escribió un informe sobre las mujeres defensoras; “Las mujeres defensoras muchas veces enfrentan riesgos diferenciados y adicionales y obstáculos que tienen un componente de género y están construidos por los estereotipos de género y las ideas profundamente arraigadas sobre quienes son las mujeres y como deberían ser.” “En el clima político actual, donde existe un rechazo hacía los derechos humanos, las mujeres defensoras muchas veces son las primeras bajo ataque.”

Es fundamental que los estados se comprometen a asegurar un ambiente seguro para personas defensoras, implementando programas de prevención y protección con un enfoque de género. Reiteramos la necesidad de investigar todos los casos de amenazas y ataques en contra de las mujeres y condenar las personas responsables.

Consorcio Oaxaca: Mujeres formidables

 

PBI acompaña a Consorcio Oaxaca, una organización civil feminista que promueve el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Son mujeres formidables que luchan por una sociedad más justa donde se reconoce el aporte fundamental de las mujeres a la democracia, la paz y a la construcción de un mundo inclusivo.  Acompañan casos de violencia en contra de las mujeres, pero también acompañan a casos de violaciones de los derechos humanos de los hombre, siempre implementando un enfoque de género en su labor de defensa jurídica, capacitación y formación y articulación de redes.

Son mujeres impresionantes que desafían los estereotipos de género, luchando en contra de constantes ataques en su contra.  Son defensoras incansables de derechos humanos quienes representan una piedra angular, no solamente en el movimiento social de Oaxaca, sino de México y de la región entera.  Su determinación, convicción y pasión es infecciosa e inspiradora.  PBI se siente muy privilegiada poder acompañarles en su labor tan digna y tan importante.

Hoy, el 8 de marzo de 2019, Día Internacional de los Derechos de la Mujer, reconocemos a las mujeres defensoras fuertes que acompañamos.  Sin ellas, los derechos humanos no serían respetados ni garantizados.  Sin ellas, muy difícilmente llegaremos a construir sociedades equitativas.  Son mujeres extraordinarias y reiteremos nuestro compromiso de estar a su lado y acompañarles en sus luchas y procesos de defensa.

Fuente:https://pbi-mexico.org/es/news/2019-03/mujeres-defensoras-la-piedra-angular-en-la-defensa-de-los-derechos-humanos?fbclid=IwAR0zMJxg2n0GEx2XFYySMOrKbVU8PzEiN1zFQ0gzIe_-tFToutIzANSgM8I
Mexico

Canadienses saquean Oro de Chihuahua y Sonora; Según datos del INEGI

El 74 por ciento de las concesiones de exploración minera en México, se encuentra en manos extranjeras. Concretamente, canadienses. Siete grandes compañías dominan el negocio del oro y otros metales. Según el último informe del también canadiense Instituto Fraser, México perdió el atractivo para la inversión minera global en 2015, cayendo 13 puestos hasta el puesto número 37 de 109 países entre los que destacan Chile y Perú en América Latina, que adelantan con el primer y segundo lugar al país azteca.

Goldcorp, Agnico Eagle, New Gold, Yamana Gold, Torex Gold Resources y Alamos Gold se mantienen en el país con permisos para explotar 7 de las 10 minas más grandes de oro en el país concentradas entre Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. Según la datos de la Secretaría de Economía, en 2013 se contabilizaron 857 proyectos mineros (entre explotación y exploración) con capital extranjero en el país, distribuidos alrededor de 16 estados.

A la fecha los datos del INEGI  muestran datos donde  Sonora y Chihuahua liderán el nivel de extracción de metales  en nuestro pais.

 

 

 

Fuente:http://www.masnoticias.net/nota.cgi?id=70426&fbclid=IwAR2iNWJnCqsla0ri58I3D9Zf0P6YHLjMTX1SCekOTztrn7WMd-4UwzaMjMA

 

Internacional

El gobierno de Canadá incumple su promesa de crear mecanismo de control independiente sobre derechos humanos con relación a empresas

El Gobierno de Canadá fracasó el día de hoy en nombrar a una Persona Defensora para la Actividad Comercial Responsable (Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise – CORE por sus siglas en inglés) independiente con autoridad real para investigar abusos y reparar los daños ocasionados por las empresas canadienses que operan en el exterior.

Este tipo de empresas se ha visto vinculado a abusos generalizados y graves de los derechos tales como trabajo forzado, violaciones y asesinatos.

Hace quince meses, el gobierno anunció que crearía un cargo independiente dotado con la autoridad para investigar. En su lugar, dio a conocer un cargo para asesoría que carece de autoridad, similar al que existe desde hace años.

Es evidente que Canadá requiere una ombudspersonpara ayudar a prevenir la complicidad canadiense en el abuso por parte de las empresas y ayudar a garantizar el respeto a los derechos humanos en los ámbitos canadienses de la minería y las cadenas de suministro de la industria de la confección.

Mediante ese cargo, se opera independientemente del gobierno y se dispone de la competencia para exigir la presentación de documentos y el testimonio bajo juramento de quienes se esté investigando. El cargo creado el día de hoy carece de ambas cualidades.

«Las personas y comunidades que han sufrido perjuicios a manos de empresas mineras canadienses siguen sin tener a quién recurrir», dijo Emily Dwyer de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa. «Un ombudspersonque sólo lleva el nombre no lo es en realidad. Se trata sencillamente de más del mismo enfoque cuya carencia e ineficacia están demostradas.»

El gobierno anunció que ha encargado un estudio de las opciones para otorgar al nuevo asesor la facultad de realizar investigaciones.

«A quince meses de haberse comenzado el proceso, la noticia de un estudio es indignante. No necesitamos más evaluaciones», agregó Dwyer. «Necesitamos acción».

En los últimos tres años, al menos cuatro organismos de las Naciones Unidas le han pedido a Canadá responsabilizar a las empresas de ese país por sus acciones. Recientemente, en junio de 2018, el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas pidió la creación de un cargo de ombudspersonen Canadá para ayudar a poner un alto a los abusos.

«El cargo anunciado el día de hoy carece de autoridad concreta y no operará independientemente del gobierno – libre de toda interferencia política o empresarial», dijo Dwyer. «El gobierno debe actuar con determinación para ponerle un alto al abuso por parte de las empresas. Esa fue la promesa en enero de 2018, y es la promesa que se debe cumplir.»

Fuente:https://elcomunista.net/2019/04/08/el-gobierno-de-canada-incumple-su-promesa-de-crear-mecanismo-de-control-independiente-sobre-derechos-humanos-con-relacion-a-empresas/

Chile, Litio

La silenciosa venta del litio a transnacionales

Fuera de las cámaras de televisión y del debate público cada vez se dan pasos más firmes en la entrega del litio al consorcio norteamericano Rockwood Lithium. La oportunidad que se abre al terminar los contratos con Soquimich de nacionalizar el litio e iniciar su explotación para el desarrollo del país se pierde nuevamente en contratos con transnacionales mineras. También hay empresas chinas interesadas en uno de los minerales más cotizados en el mundo.

A fines de noviembre la la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), autorizó a Rockwood Litio Ltda. (RLL), de la norteamericana Albemarle Corporation de Louisiana, extraer litio del Salar de Atacama. Es un paso más dado por la transnacional para mantener la explotación de los minerales que viene haciendo hace 30 años.

El litio es un mineral estratégico en la actual revolución tecnológica. Su capacidad para almacenar energía lo hace un mineral clave para las baterías recargables de los ordenadores y teléfonos celulares. Y hay más, la disminución emisiones de CO2 implica también el uso del litio para las baterías de los autos eléctricos, por lo que su demanda tiende a encarecerse aún más.

Las salmueras del Salar de Atacama contienen altas concentraciones de litio y potasio, además de considerables concentraciones de sulfato, boro y magnesio.

EN LAS MANOS DEL EX YERNO DE PINOCHET

Tras destaparse como el ex yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou pagaba a casi todo el arco político, desde la UDI hasta Marco Enríquez Ominami, se volvió impresentable su control de la principal productora de litio, Soquimich (SQM). La empresa estatal fue privatizada durante la dictadura cuando Ponce Lerou era ingeniero de Corfo, institución a cargo de las privatizaciones.

Durante 13 meses se ha esperado la venta de la sociedad Oro Blanco de Ponce Lerou y poseedora del 88,64% de Pampa Calichera, a través de la cual controla la que a su vez tiene el control del SQM con un 21,66% del valor accionario.

A juicio del senador Alejandro Navarro, “Julio Ponce Lerou se sigue burlando de los chilenos: esperó que pasara el chaparrón judicial, para anunciar que no va vender SQM. Jamás tuvo intensión de vender la minera no metálica, menos aun teniendo en consideración el auge que tiene el litio a nivel mundial”.

En la actualidad Corfo quiere finalizar el contrato de arrendamiento que la minera tiene en el Salar de Atacama. Para ello presentó un litigio arbitral en contra de SQM Salar S.A. y SQM S.A. ante el árbitro Héctor Humeres, del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago. Una primera propuesta de dicho juez no beneficia a Corfo, por lo que ahora pide el término anticipado del contrato.

En enero de 2016 los propios trabajadores de SQM denunciaron que desde 2010 Soquimich (SQM) están sacando el Salar de Atacama a pedazos, bajo la exportación de ‘salmuera china’ a un precio inferior al costo del transporte.

Para el senador Navarro “el interés nacional exige expropiar SQM. Si no queremos que se repita lo que nos pasó con el cobre o el salitre, es necesario que el Estado genere los instrumentos para el resguardo de este mineral estratégico, así como para comenzar a elaborar productos derivados de manera competitiva”.

EL NEGOCIO CON LA NORTEAMERICANA ROCKWOOD

El gobierno de Bachelet ha apostado por las mineras extranjeras para la explotación del litio a cambio de pequeñas iniciativas en innovación con plazos de décadas. Junto con la intención de abrir la entrada de capitales privados a Codelco, el Ejecutivo ha cerrado acuerdos para mantener a la norteamericana Rockwood Lithium explotando el estratégico mineral.

Hasta ahora sólo Rockwood y SQM explotan el litio en Chile. La primera tiene un 33% de participación del mercado mundial y la firma de Ponce Lerou un 23%.

Rockwood Lithium explota yacimientos de minerales en Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y Australia. En 1984, durante la dictadura, comenzó a explotar en Chile salmuera concentrada y carbonato de litio del Salar de Atacama a través de un contrato de arrendamiento con Corfo que fue actualizado en febrero de 2016 a través de un memorandum de entendimiento.

Según declaran en su portal web hoy producen salmuera concentrada de litio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio (bischofita), carbonato y cloruro de litio.

La firma, según el portal Mercantil, tiene un flujo de importanciones al país (inversiones, maquinaria, etc.) de US$ 23,791,165. En cambio sus exportaciones minerales implican montos de U$ 125,530,866. Un suculento negocio.

El Consejo de Corfo actualmente trabaja otros contratos con Rockwood para ésta venda un 25% de su producción a una empresa local y así ir generando valor agregado al producto. Todo a través de contratos de arriendo.

Julián Alcayaga, economista del Comite de Defensa y Recuperacion del Cobre, observa que “es necesario considerar que ni Corfo ni Codelco pueden licitar el litio, aunque sean dueños de las respectivas pertenencias, puesto que solo la Presidente de la República lo puede hacer y por decreto supremo”.

China, principal destino de las exportaciones mineras chilenas, también tiene interés en el litio. A fines de noviembre, según reveló El Pulso, llegaron a Chile representantes de tres empresas chinas junto a ejecutivos coreanos. Se trata de Vision Group, Kanhoo Group y MTL Shenzhen Group.

Sostuvieron reuniones con Corfo, el Ministerio de Energía, al Fondo de Inversión Estratégica, la Direcon y el subsecretario de Bienes Nacionales, Jorge Maldonado, ofreciendo una inversión de US$500 millones para la construcción de una planta de baterías de litio en Chile que estaría lista en diez años. “Nuestro plan estratégico propuesto comienza con 1.000 toneladas a 2018, llegando a 5.000 toneladas a 2022, para finalmente alcanzar las 10.000 toneladas a 2028”, reveló el asesor Mauricio Mora.

También tiene intención de entrar al saqueo Lithium Americas con el Proyecto Cauchiri –Olaroz, explotados por Lithium Americas y SQM, cuyo inicio de construcción está previsto para el primer semestre de 2017. Se espera que inicie su producción en 2019 con unas 25.000 toneladas estimadas, las que se duplicarían posteriormente.

Para Alcayaga “todo lo que favorezca la inversión extranjera en la minería es absolutamente perjudicial para Chile, porque no pagan impuestos ni royalty en Chile. Todo ese daño se podría evitar si se tuviera una política minera que legislara para impedir que las mineras siguieran evadiendo y eludiendo los impuestos. ¿Por qué no se hace? Precisamente por falta de voluntad política y corrupción”.

LA FALTA DE VISIÓN DE LAS AUTORIDADES

Codelco ya está trabajando un modelo de negocios para explotar el litio en los salares de Maricunga y Pedernales, pero en vez de amplificar su capacidad productiva explotando directamente el mineral, está a la búsqueda de un ‘socio estratégico’ para sellar un acuerdo en el segundo trimestre de 2017, lo que implica que recién en 2022 se iniciaría el proyecto.

En otras palabras, no hay interés del Ejecutivo de aprovechar el gran precio del litio y las posibilidades para el desarrollo del país, nacionalizando el recurso. El economista Alcayaga acusa “falta voluntad política para generar desarrollo en la minería, de parte de todos los gobiernos chilenos, desde 1990 a la fecha. Por otro lado, el TLC con EEUU, impide que el Estado chileno obligue a las mineras extranjeras a fundir y refinar el cobre en Chile, a industrializar el litio en Chile una vez licitado, lo que evidentemente frena el darle valor agregado a la minería en Chile y por ende frena su desarrollo”.

En el mundo social en cambio ya hay una iniciativa para devolver la explotación del litio al país. A principios de noviembre se fundó el Movimiento Litio Para Chile en la sede de Constramet, instancia a la que se suman dicha federación sindical, la CUT, a Federación de Supervisores de la Minería Privada de Chile (Fesumin), la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc) y la Confederación del Cobre (CTC).

La iniciativa cuenta con el respaldo del diputado Daniel Núñez y persiguen la nacionalización del recurso, cosa en la que también concuerdan Alcayaga y el senador Navarro, quien recientemente anunció que está trabajando en una reforma constitucional que permita devolver SQM al Estado de Chile.

Se trata de la propuesta de un nuevo artículo 28 transitorio de la Constitución que establezca que el Estado pueda expropiar empresas estratégicas que fueron vendidas en dictadura. El senador del MAS pese a que reconoce que “la actual correlación de fuerzas en el parlamento no es favorable a una iniciativa de este tipo, producto de las mismas donaciones secretas de SQM, creo que el estado de la política está cambiando, y será el próximo parlamento y el próximo presidente de Chile quienes tendrán que asumir esta deuda histórica”.

Navarro agregó que “la definición del futuro del litio es un debate que debe hacerse de cara a la ciudadanía, no puede ser que el desarrollo económico de Chile siga en manos de quienes defraudaron al Estado de Chile”.

Por su parte, Julian Alcayaga advierte que “con el litio no debemos cometer los mismos errores o corrupciones que con el cobre, al permitir exportarlo como concentrado. El litio debe ser industrializado en Chile y no se debe permitir su exportación como materia prima, por ejemplo en forma de carbonato, hidroxido o sales de litio”.

 

Fuente:https://www.elciudadano.cl/economia/la-silenciosa-venta-del-litio-a-transnacionales1/12/18/

Latinoamerica

Profunda tristeza por el fallecimiento de nuestras compañeras de caminar en la defensa del territorio

Las personas, grupos y organizaciones que conformamos el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4- lamentamos profundamente la partida de nuestra colega y amiga, Ana Paula Hernández, oficial de Programas para América Latina del Fondo Global por los Derechos Humanos, quien falleció en un accidente automovilístico en los Cuchumatanes, Guatemala. Junto a ella viajaban Sally O’neill también perteneciente a esta organización, la compañera Ana Velázquez del Consejo de Pueblos Wuxhtaj de Guatemala y Daniel Tuc, chófer de confianza de compañeros y compañeras de organizaciones de la región.

Ana Paula fue una persona muy importante para el proceso que emprendimos como Movimiento M4 en 2011 allá en nuestra primera reunión en Honduras. Tanto ella como el Fondo Global por los Derechos Humanos han apoyado desde ese incipiente inicio nuestro caminar y ella en particular nos ha acompañado y participado innumerables veces en momentos claves de construcción de este proceso, demostrando un enorme compromiso humano con las personas que defendemos el territorio, creyendo en nosotras y nosotros en cada momento, acompañándonos con sus sonrisas, preocupada y ocupada por fortalecernos día a día.

Extrañaremos enormemente su presencia entre nosotros. Saludamos con profundo dolor y pésame a la familia y compañeros y compañeras que compartían trabajo con ella y también de quienes partieron junto a ella.

Hasta siempre, Ana Paula. Seguirás presente en nuestros corazones con todo el compromiso que nos compartías a cada paso. Sabemos de tu cariño por nuestras luchas y seguirás siendo una luz en ella. ¡Buen camino compañeras y compañero!

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/profunda-tristeza-por-el-fallecimiento-de-nuestras-companeras-de-caminar-en-la-defensa-del-territorio/

Perú

Minería Las Bambas: ¿Fue el acuerdo, uno económico?

Finalmente ayer la comunidad de Fuerabamba, la empresa minera Las Bambas y el Poder Ejecutivo llegaron a un acuerdo para liberar y reestablecer el tránsito en la carretera que atraviesa el fundo Yavi Yavi, donde desde el 4 de febrero pasado los comuneros impedían el paso de vehículos por la vía nacional que atraviesa el terreno.

Según el acta suscrita por las partes, “ambas llegaron a un acuerdo económico mutuamente satisfactorio que pone fin a toda controversia respecto al fundo Yavi Yavi”, sin precisar el monto que demandó este acuerdo.

Durante las reuniones previas, la comunidad de Fuerabamba venía presionando para que se le reconozca el pago de S/ 40 millones por la servidumbre por el uso de la vía, mientras que la minera Las Bambas propuso S/ 10 millones, entre dinero en efectivo y otros proyectos. Según fuentes, que tuvieron acceso a la sala donde se llevó el acuerdo, sí habrá desembolso económico directo.

Asimismo, la comunidad exigió que Las Bambas cumpla con los acuerdos de empleo laboral de los comuneros, sobre todo en función del compendio de acuerdos suscritos el 29 de diciembre del 2019.

“Las partes acordaron que la empresa minera Las Bambas asumirá el cumplimiento de los compromisos del empleo laboral de los comuneros de Fuerabamba en la empresa minera Las Bambas, en todo aquello que no haya cumplido, entre los años 2014 hasta 2019, conforme el acuerdo denominado Compendio de acuerdos entre el Comité Central de negociación de la comunidad de Fuerabamba y los representantes del proyecto Minero Las Bambas operado por Xstrata Copper” del 29 de diciembre del 2009″

Las Bambas asumirá el cumplimiento de los compromisos del empleo laboral de los comuneros de Fuerabamba en la empresa minera Las Bambas’

Pero más aún, las partes acordaron revisar los acuerdos suscritos entre la comunidad y la empresa minera consignados en el mismo documento, lo que hace suponer un retorno a una mesa de negociación entre la comunidad y la empresa minera.

El acuerdo cuenta con la rúbrica del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, el gerente general de Minera Las Bambas, Edgardo Orderique; el presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba, Gregorio Rojas; y del Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, representando a la iglesia católica, que tuvo el rol de mediador entre las partes.

 

Fuente:https://www.energiminas.com/las-bambas-fue-el-acuerdo-uno-economico/

Argentina

Veladero, la mina de oro maldita de Argentina: nadie frena los derrames

Es el cuarto incidente desde que funciona la mina. El futuro de Barrick en el país, en duda.

Un derrame por año. Ese es el riesgo que enmarca la actividad de la mina de oro ubicada en Veladero y que opera la firma canadiense Barrick Gold. Luego del mayor accidente minero de la historia de Argentina, ocurrido entre el 12 y el 13 de septiembre de 2015, cuando millones de litros de una solución con cianuro y otros metales pesados cayó al río Potrerillos y contaminó otros cuatro cursos de agua, la actividad de la empresa en Argentina está cuestionada tanto por las comunidades de la zona, el gobierno de San Juan y algunos cargos del Gobierno Nacional. El pasado martes el sistema de monitoreo de la empresa detectó una nueva rotura de la cañería instalada en el valle de lixiviación, que vertió una solución de oro y plata, aunque sin daños ambientales ni humanos, según informó Barrick. La provincia, por su parte, decidió suspender la actividad industrial y el secretario de minería fue claro: “Estamos hartos”.

El 16 de septiembre de 2016, Barrick Gold fue otra vez noticia. La firma afincada cerca del departamento de Iglesia, en la provincia de San Juan (a 1.100 kilómetros de Buenos Aires), informó “un incidente dentro del valle de lixiviación producto del desacople de una cañería corrugada de 18 pulgadas con solución de proceso”. El hecho motivó la suspensión de las actividades y el resguardo de las fuentes laborales de las 3.700 personas, que ocupa entre personal propio y contratado.

Sin embargo, cuando el gobernador Sergio Uñac visitó Jáchal fue recibido con insultos y huevazos. En aquella oportunidad, el propio fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, confió a los medios: “Barrick nos tiene un poquito cansados”. La imagen de Uñac en el pequeño poblado de 10.000 habitantes -ubicado a 300 kilómetros de Veladero- se desgasta y ya ni siquiera le alcanza ser el ahijado político de José Luis Gioja, exgobernador nacido en Jáchal, hoy al frente del Partido Justicialista.

 

Tras este último derrame, el ejecutivo provincial exigió que la cúpula canadiense de Barrick Gold visite San Juan para «negociar” el futuro de la mina y la empresa y, de esta forma, establecer las condiciones que deberá cumplir para seguir trabajando en la provincia. Por otra parte, el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, convocó a una cumbre de urgencia para el próximo lunes y declaró: “Nuestros pares están muy preocupados, muy enojados, porque impacta en toda la minería del país, porque no refleja la realidad de lo que pasa en el resto de los yacimientos, que están funcionando bien”.

 

De todas formas, echar a Barrick no es una tarea sencilla para Uñac dado que la minería es una de las mayores actividades laborales del distrito y la firma canadiense también tiene otro proyecto en marcha. Según un informe elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional, la mina Veladero y su cadena de valor representan un 28,6% del producto bruto geográfico de la provincia de San Juan. Según la propia firma, la producción de Veladero en 2015 fue de 620.000 onzas de oro. “Yo no quiero cerrar ninguna actividad para que no se desarrolle ni quiero que se desarrolle sin que nadie la controle. Creo en la amplitud de todas las actividades económicas pero se deben realizar con un necesario control del Estado”, dijo a EL PAÍS el propio Uñac el año pasado. La presión de la asamblea Jáchal no se toca y la reincidencia de Barrick tal vez lo hagan cambiar de opinión en los próximos días.

 

El nuevo incidente

El comunicado difundido por Barrick a los medios informa que “el 28 de marzo el sistema de monitoreo instalado en la mina Veladero permitió detectar un rotura en una cañería que transportaba solución de oro y plata dentro de la zona del Valle de Lixiviación. En forma inmediata, se activaron los procedimientos para contener y mitigar la situación, al mismo tiempo que se brindó información a las autoridades de la Provincia de San Juan. Barrick desea remarcar que toda la solución y el material de proceso fue contenido dentro del área de operación”. “Hechos de esta naturaleza, propios de la operación, no generan daño a la salud, a las personas ni al medioambiente. Este fue el caso en esta situación particular”, cierra el escrito.

 

El ministro de minería de la Provincia -la autoridad en materia de minería dado que el manejo de los recursos naturales queda por fuera de la órbita nacional-, Alberto Hansel, firmó la suspensión de las actividades y dijo en rueda de prensa que la decisión “responde al criterio que venimos aplicando desde el ministerio de que cuando detectemos o se produzca cualquier hecho que demuestre alguna falla en el sistema de funcionamiento de la mina, hasta tanto no se repare no puede seguir funcionando”.

El cargo advirtió que según el protocolo, “si la empresa no puede controlarlo tiene que avisar inmediatamente a las autoridades de la provincia”. Sin embargo, el gobierno de San Juan tomó conocimiento del hecho recién a las 22.30 horas, pero el incidente habría ocurrido cerca de las 17.15, algo que no se informa en el comunicado. El sistema de cámaras que la Provincia obligó instalar a Barrick tampoco fue de ayuda, dado que la que monitorea el río Potrerillos, quizás una de las más importantes, dejó de funcionar el martes a la noche, justo después del nuevo accidente. La paciencia de los argentinos con esta mina está cerca de agotarse.

 

Fuente:https://elpais.com/internacional/2017/04/01/argentina/1491010366_842989.html

Ecuador

Cañaverales dice NO a otra explotación de carbón a cielo abierto en La Guajira

Comunicado a la opinión pública: Decimos NO a otra explotación de carbón a cielo abierto en La Guajira

La comunidad de Cañaverales, ubicada en San Juan del Cesar (sur de La Guajira), quiere expresar ante la opinión pública, nacional e internacional, el inminente riesgo de desplazamiento y transformación del uso y vocación del suelo por la ejecución de un megaproyecto minero sobre nuestro territorio, el cual seguirá profundizando la grave crisis social, económica, cultural y ambiental en la región, especialmente para las comunidades étnicas y campesinas que se encuentran en el área de influencia de este denominado “corredor minero” del sur de La Guajira y norte del Cesar.

Estamos aportas de que, en los próximos 30 años, “El Proyecto Minero Integrado Minas Cañaverales” pueda explotar, transportar y exportar carbón térmico extraídos del subsuelo de nuestros territorios ubicados en los municipios de San Juan del Cesar, Fonseca y Dibulla, además de transformar 150 km del departamento con la construcción de un ferrocarril de carga y contaminar nuestros mares con un puerto de cargue directo en el municipio de Dibulla.

Tal Proyecto que cuenta con el aval del Estado, fue planeado y concesionado a las empresas brasileñas MPX y CCX y, actualmente es ejecutado por la Empresa Best Coal Company SAS (BCC), filial de la multinacional turca Yildrim Holdings, la cual ha venido realizando diversas reuniones en nuestras comunidades de los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca para presentar el proyecto minero, los respectivos estudios de impacto y manejo ambiental, así como los supuestos beneficios para las comunidades.

No obstante, la información ha sido poco transparente y ha generado confusión entre la población local, pues, por ejemplo, desconocemos cual va a ser el destino de nuestras fuentes de agua como el Manantial de Cañaverales que, a pesar de ser declarado Reserva Forestal Protectora, su exposición a la explotación minera pone en riesgo su existencia y así, nuestra pervivencia en el territorio.

En este sentido, teniendo en cuenta que el Manantial de Cañaverales es fuente de agua para el consumo humano y para el desarrollo de actividades productivas de los habitantes urbanos y rurales del municipio, y reconociendo la vocación agropecuaria de Cañaverales y de las zonas aledañas, manifestamos a viva voz: NO estar de acuerdo con la minería y consideramos que el proyecto minero de la empresa BCC no garantiza la protección de la vida y la preservación de los ecosistemas naturales de la región.

Decimos NO al Proyecto Minero Cañaverales porque con el inicio de la explotación se pone en grave riesgo nuestro:

• Derecho a la vida, la libertad y la integridad: es sabido que en el país los líderes y lideresas en procesos de defensa del territorio han sido atacados, amenazados y estigmatizados.

• Derecho humano al agua: con la explotación minera se dificulta el acceso al agua, aumenta la contaminación de cuerpos de agua, se genera la pérdida de fuentes hídricas y las limitaciones en el abastecimiento de agua para el consumo humano.

• Derecho a la salud: con la contaminación del agua, aire y suelo, el uso de químicos y la exposición al carbón se genera riesgos y daños crónicos a la salud, así como muertes prematuras.

• Derecho a la alimentación: el cambio o sustitución de la actividad agropecuaria por la actividad minera implica riesgos en la soberanía alimentaria de las poblaciones locales.

• Derecho al trabajo: las empresas mineras brindan escasas y precarias oportunidades laborales a los pobladores locales y crean economías de dependencia a la industria extractiva haciendo que perdamos nuestra vocación agropecuaria.

• Derecho a la participación: no se permite que las comunidades decidan conforme a los derechos consagrados en la constitución y las comunidades se ven sometidas a las imposiciones de las empresas.

Por las razones expuestas, nosotros los pobladores de Cañaverales reiteramos no estar de acuerdo con la minería proyectada en nuestro territorio, siendo nuestra decisión proteger el territorio, el agua y la vida frente a los megaproyectos mineros.

Comunidad de Cañaverales, San Juan del Cesar, La Guajira.

 

Fuente:Fuente: http://notiwayuu.blogspot.com/2019/03/no-queremos-que-extraigan-el-carbon-de.html?m=1*

Argentina

Protesta por Mina de Uranio en Río Negro.

Con trajes blancos y carteles con la leyenda “Agua es vida” y “No a la mina”, los integrantes de la organización ambientalisa Piuké protestaron frente al Centro Administrativo Provincial contra el proyecto minero “Amarillo Grande” de la empresa canadiense Blue Sky Uranium Corporation en una zona cercana a Valcheta. Hubo una representación artística frente a la delegación de la Secretaría de Minería y el megáfono llamó la atención de los transeúntes que circulaban por la calle Onelli.

“En el momento en que Weretilneck anunció la central nuclear, la firma advirtió sobre el inicio del proyecto para buscar uranio y vanadio para exportar. Pero en ese contexto pasó totalmente desapercibido. Ya avanzaron con cateos y exploración y llegaron a la conclusión de que el proyecto es factible económicaente, según detalló Sergio Vázquez, de Piuké.

El proyecto Amarillo Grande

La empresa canadiense Blue Sky Uranium Corp confirmó desde Vancouver el potencial de producción de uranio en la provincia de Río Negro en el proyecto Amarillo Grande en 2018 y  concluyó recientemente una evaluación económica preliminar (PEA, por su sigla en inglés) “muy positiva” para su depósito de uranio-vanadio Ivana, ubicado en el proyecto de Amarillo Grande, al norte de Valcheta, en Río Negro, informó hoy un medio especializado de Toronto.  “Durante los últimos tres meses hemos estado ocupados finalizando nuestra PEA“, según la cual el depósito de Ivana “es económico en el entorno actual”, afirmó el presidente y CEO de Blue Sky, Niko Cacos, en una entrevista concedida a la publicación canadiense The Northern Miner.

De acuerdo con el estudio, el proyecto produciría 1,35 millones de libras por óxido de uranio por año durante una vida útil de la mina de 13 años.  Requeriría invertir US$ 128 millones en capital de pre producción y otros US$ 35,4 millones en capital de mantenimiento en el transcurso de vida de la mina, precisó el ejecutivo.

La PEA propone un tajo abierto que se extenderá a una profundidad máxima de 30 metros bajo la superficie, de 3 km de largo, con anchos que van desde 400 metros hasta un kilómetro.  La compañía extraería 13.000 toneladas por día con dos excavadoras, un cargador frontal y seis camiones articulados de 31 toneladas.  Según informa la compañía los materiales -uranio y vanadio- están contenidos en gravas y arena sin consolidar, por lo que la empresa no necesitará operaciones de perforación o voladura.

Ivana es el depósito más austral de las tres áreas objetivo en Amarillo Grande, y tiene un potencial muy superior al ya comprobado, sostuvo Cacos.

Tras obtener el modelo geológico y su viabilidad económica la empresa prevé reexaminar las áreas de la propiedad que antes se pasaban por alto.  El estudio utiliza una estimación de recursos que actualiza el presentado en la primavera pasada, y describe un aumento del 17% en el total de toneladas, así como del 19% en el contenido de óxido de uranio y del 13% en el contenido de óxido de vanadio.

La compañía anticipó que en los próximos seis meses se concentrará en la perforación y expansión de su área de recursos con una inversión de entre US$ 2 y 3 millones y hacia fines de año comenzará a trabajar en un estudio de pre factibilidad para el proyecto.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/rio-negro/item/42626-protesta-por-mina-de-uranio-en-rio-negro