Nicaragua

La defensa contra las concesiones mineras aumenta la criminalización en los territorios

“Bueno inicialmente tenemos que reconocer que Nicaragua está bajo una falta de institucionalidad por lo tanto la labor y la función de las organizaciones estatales prácticamente queda en vacíos y hay nulos en los procedimientos” manifestó Heizel Torres, oficial de minería de Centro Humboldt en Nicaragua.

 

La institucionalidad en Nicaragua se debe a que el gobierno no brinda la información pertinente de los proyectos mineros que entran a las comunidades, otorgando a las empresas mineras el poder para destruir los bienes naturales y violentar los derechos humanos, unos de los casos más preocupantes es el de La Mina La India empresa de origen británico Cóndor Gold que goza de una licencia de exploración otorgada por el gobierno nicaragüense en el año 2008.

Bajo los mecanismos de denuncia y de la verificación de inversiones de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial se afirma que el proyecto Mina La India infringe las leyes nacionales e internacionales, las normas de desempeño y la política de acceso a la información.

Debido a esta situación la población junto con organismos de defensa ambiental han intervenido en procesos de defensa, lucha y de pronunciamiento ante estos actos ilegales de las mineras, pero que han sido opacados a través de la represión, la criminalización que ostentan las empresas vinculadas con el gobierno para su accionar ilegal.

“Centro Humboldt es una organización que ha venido orientando los procesos legales y defensa de los territorios, así como el acompañamiento legal a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y sobre todo de los procesos de acceso a la información que la población no tiene por falta de la misma institucionalidad que existe en el país” agrego Torres.

El tema del asedio y la persecución son temas que son recurrentes para mujeres y hombres de la comunidad quienes reportan la presencia continua de las fuerzas policiales, el allanamiento y registro ilegal de viviendas, y la interrogación ilegal a miembros del movimiento anti-minero, por el que dicen sienten temor incluso en su propia comunidad.

 

Sara Margarita Zavala es Nicaragüense y vive en Santo Domingo en el departamento de Ochontales, municipio ubicado a 48 km de la cabecera departamental, lideresa de La Pastoral Social de la Iglesia Católica, ella cuenta como en su comunidad también son violentados los derechos humanos y el grave impacto ambiental que los proyectos mineros han hecho a su municipio.

“B2Gold Corporation es una compañía minera canadiense, extractiva de oro que tiene 8 años de estar explorando y explotando la tierra en Santo Domingo en el Departamento de Ochontales en Nicaragua, vivimos con una familia tensionada por falta de nuestros recursos, esta empresa minera no deja nada de beneficio, es todo lo contrario ha dejado desértico nuestro municipio explotando los recursos naturales principalmente el rio Artigua y generando la extinción humana” apunto Zavala.

Agregado a esto menciona la problemática de la crisis sociopolítica que ha enfrentado Nicaragua “Esto nos dificulta porque ustedes saben la crisis de Nicaragua y si nosotros nos enfrentamos a esta empresa podemos ir a parar a la cárcel, y la mayoría somos mujeres que nos hemos empoderado con una visión de hogar doméstica, nosotras venimos de familias pobres, el agua está contaminada, estamos padeciendo mucho de bacterias dentro del estómago, arboles ya no hay” agregó la lideresa.

Ante esta situación las comunidades afectadas e instancias regionales contra la minería como la Alianza Centroaméricana Frente a la Minería -ACAFREMIN- seguirán pronunciándose debido a las repercusiones ambientales y la persecución sistemática contra defensores ambientales en Nicaragua, además del incremento sigiloso de la actividad de las empresas mineras que bajo un ambiente de militarización y represión por parte del estado aprovechan para implementar sus proyectos sin los debidos procesos de información y consulta previa a las comunidades afectadas.

 

Fuente:http://acafremin.org/es/noticias-regionales/nicaragua/395-la-defensa-contra-las-concesiones-mineras-aumenta-la-criminalizacion-en-los-territorios?fbclid=IwAR1-ZsaESJ0WmWEt2p6-xJBeBTxoEzoMjJMql3qN-WXRZi39eF3FQ044JeA

Perú

Mesías Guevara: Proyectos mineros cuestionados no pueden imponerse

Gobernador de Cajamarca. Pide al gobierno respetar licencia social para Tía María. Modelo minero está generando conflictos, dice.

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, sostuvo que proyectos mineros como Tía María (Arequipa) no pueden imponerse y agregó que si este quiere avanzar debe contar con licencia social, porque de lo contrario encontrará inconvenientes.

“Más que preguntarnos si Tía María debe ir o no por decisión de las autoridades (del Gobierno), primero debemos preguntarnos si cuenta con licencia social. De eso tenemos que ser respetuosos”, manifestó y propuso la instalación de una mesa de diálogo.

Mesías Guevara comentó también que el proyecto Conga (Cajamarca) no cuenta con licencia social y recordó los conflictos sociales suscitados en Las Bambas (Apurímac) y Río Blanco (Piura) por la férrea oposición de la población a la gran minería.

Sostuvo que la minería es una actividad económica importante, pero de la forma en cómo se está llevando, lejos de generar beneficios para el país viene provocando conflictos sociales. “Yo soy pro desarrollo, no soy ni pro ni anti minero. Respeto el medio ambiente como una filosofía de vida y no como una bandera política”, puntualizó.

Consideró que el modelo minero ha colapsado y que órganos encargados de fiscalizar el medio ambiente como la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), ANA (Autoridad Nacional del Agua) y Digesa (Dirección General de Salud Ambiental) no están haciendo su trabajo. “Al final hay contaminación que el pueblo lo siente de manera directa. Mientras tengamos un Estado débil tendremos empresas que no respetarán el medio ambiente, ni siquiera los límites permisibles”, insistió.

Mesías Guevara participó en el “Muni Digital La Libertad 2019”, organizado por el Gobierno Regional de La Libertad, con la asistencia de autoridades regionales y locales.

El proyecto de banda ancha alcanzará a 730 localidades y 959 instituciones públicas de La Libertad, según informó el gobernador Manuel Llempén.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/07/17/mesias-guevara-proyectos-mineros-cuestionados-no-pueden-imponerse/?fbclid=IwAR3DiaeokisrYiPVKQ6q_SqKsVGM8h7RXPJJlLno_L3taNrLZRnfc81AANQ
Perú

Tía María: aclaraciones técnicas al gobierno de Vizcarra

Después de más de 10 años de protestas y resistencia contra la construcción del proyecto minero “Tía María” de la empresa mexicano-norteamericana Southern, una nueva paralización se ha iniciado el día de ayer en el Valle de Tambo, a lo largo de la provincia de Islay en Arequipa, luego de la decisión del gobierno de Martín Vizcarra, de otorgar la autorización de construcción para el proyecto minero Tía María a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Frente a ello, el ministro Francisco Ísmodes del MINEM ha declarado en prensa, que el Perú “necesita un aprovechamiento responsable de sus recursos naturales para poder generar puestos de trabajo”, y ha agregado que la dudas e inquietudes de los agricultores de la provincia de Islay tienen que ser aclaradas de manera técnica”.

Las razones técnicas

Debe recordar el Ministro, que fueron 138 observaciones técnicas que realizó el Organismo de Naciones Unidas – UNOPS al primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, que no fueron levantadas debidamente por la empresa minera. En el levantamiento de observaciones que se realizaron al segundo EIA de la empresa minera Southern, recordamos como en menos de una semana (entre el 25 de julio y el 01 de agosto de 2015, con feriados de por medio) fue aprobado el EIA, con muchas de las observaciones que no presentaban información técnica válida.

Debemos recordar que las preocupaciones que tenía la población del Valle de Tambo, que recogió también la UNOPS respecto del primer EIA, se mantuvieron luego con la presentación del segundo EIA:

–          El tajo abierto La Tapada, el primero de los dos tajos del proyecto Tía María, y su chancadora primaria, y los depósitos de desmontes y de sulfuros; se encuentran muy próximos, en pendiente y con dirección al principal canal del río Tambo que irriga el Valle y al Valle mismo y un sector de la población. El límite de dicho tajo abierto está a sólo 50 metros del canal.

–          Las voladuras para abrir el tajo abierto generan material particulado (polvo que contienen partículas PM2.5 y PM10) que con los vientos dañarían las aguas del río Tambo y los cultivos del Valle. No existe estación de monitoreo de vientos en las zonas donde se produce polvo que haya verificado dicha situación.

–          El agua ácida (producto de los óxidos y sulfuros generados en el tajo), generarían filtraciones en la napa freática y en la roca madre hacia el acuífero aluvial del río Tambo, más aún en un escenario de detonaciones y existiendo una falla geológica. Con un estudio hidrogeológico con serias debilidades, el MINEM sin embargo dio por resuelta su observación.

–          Riesgo de drenaje ácido de roca (DAR) hacia el río Tambo, ya que los componentes de La Tapada se ubican en pendiente, y están ubicados en dirección al río.

–          Respecto de la planta de desalinización, no se llegó a establecer los niveles de impacto que puede generar la descarga de la salmuera en la zona de la Playa El Sombrero en Matarani; situación que pone en riesgo la actividad de pesca artesanal en Mollendo, población que por ello también se ha sumado a las protestas.

Ver el estudio y la investigación completa en “Aportes técnicos que cuestionan la viabilidad del proyecto minero Tía María en Islay Arequipa”.

Por todas éstas preocupaciones técnicas que surgieron en la población de Islay, producto de la revisión del EIA finalmente aprobado a la empresa minera Southern para el proyecto Tía María; es que surge la desconfianza de la población, la que se acrecienta cuando el ministro Ísmodes señala respecto al proyecto minero, que el Perú «necesita de un aprovechamiento responsable de sus recursos naturales para poder generar puestos de trabajo».

Interpelación

Es por ello y otras razones que el último viernes 12 de julio, los congresistas del Frente Amplio y Nuevo Perú solicitaron una interpelación del ministro de Energía y Minas, luego del otorgamiento de autorización de construcción para el proyecto minero Tía María. La interpelación es uno de los mecanismos de control político que asiste a los congresistas, principalmente a las minorías, que tiene por objeto citar a uno o varios ministros de Estado para que respondan ante el Pleno del Congreso. La moción cuenta con el respaldo de congresistas de cuatro bancadas. El congresista Marco Arana (Frente Amplio) explicó que el pliego interpelatorio consta de 11 preguntas y cuenta con las firmas de parlamentarios de cuatro bancadas, además de la suya: Cambio21, Alianza para el Progreso (APP) y Nuevo Perú.

Arequipa

De otro lado, el alcalde del distrito de Islay, Fernando Zúñiga; Edgar Rivera, alcalde provincial de Islay; y Elmar Pinto, consejero provincial; han señalado que con la entrega de la licencia de construcción, “se generará un conflicto social de imprevisibles consecuencias, originado pérdidas económicas y, sobre todo, más pérdidas de vidas humanas”, de las ocho que hasta ahora el conflicto ha generado.

Por su parte, Augusto Paredes, Vicepresidente de la Junta de Usuarios de Riego del Valle de Tambo manifestó: “son ellos o nosotros; nosotros no vamos a morir cobardemente porque traen 2000 o 3000 policías. Si vamos a morir, moriremos luchando. No nos iremos. Si hay que enfrentarse nos vamos a enfrentar. Nosotros como pobladores somos los que decidimos a dónde queremos ir y en donde queremos trabajar, no es el Gobierno que nos puede imponer dónde vamos a vivir”.

Red Muqui

Reiteramos que el diálogo es fundamental para encontrar una solución ante el conflicto que el propio gobierno ha desatado, pero no en estas condiciones. Y es que el gobierno, al otorgar la autorización de construcción a Southern, ha desvirtuado el diálogo que el mismo Presidente Vizcarra había comprometido, que era previo a otorgar la autorización de construcción a la empresa, pese a ello, incumplió su compromiso, como ha reiterado el gobernador regional de Arequipa. Lo que ha buscado siempre la población del Valle de Tambo es un diálogo para discutir sobre la viabilidad o no del proyecto minero, y no para discutir las condiciones y tiempos para la realización del proyecto.

Señalamos que está en manos del gobierno la solución; que pasa por dar un paso atrás en la determinación que el gobierno ya ha tomado, priorizando la vida de las personas y la paz social, antes que intereses económicos.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/904-tia-maria-aclaraciones-tecnicas-al-gobierno-de-vizcarra

Perú

Paro total en Moquegua contra contaminación minera de Anglo American y Southern

El día de ayer se realizó un paro en toda la región de Moquegua convocado por las organizaciones de agricultores, juntas de usuarios de agua, juntas vecinales, el Sindicato de Profesores (SUTER) y diversas organizaciones de la sociedad civil. Denunciaron la contaminación minera que ha sufrido la región a lo largo de décadas por la empresa Southern y Anglo American Quellaveco, que en la actualidad viene contaminando, en su fase de construcción, los pastizales y el agua de las zonas de Tala, Pocata y Coscore. En el caso de Southern, la responsabilizan de contaminar la cuenca de Torata en Cuajone.

El proyecto minero en mención inició su fase de construcción el año pasado, 2018, y prevé culminar su fase de construcción el 2022 para iniciar la primera producción de cobre ese año. Es uno de los yacimientos de cobre más grande del mundo y está siendo desarrollado por Anglo American del Reino Unido en sociedad con la Corporación Mitsubishi de Japón.

El paro también se desarrolla porque la empresa minera Anglo American no ha cumplido con la cantidad de ofrecimiento de trabajo local a los moqueguanos, quiénes observan que llega personal de otros lugares fuera de la región y tampoco se dan las capacitaciones a los jóvenes profesionales que la empresa prometió.

Historial de Southern en Moquegua

Hace algunos años Southern fue sancionada por el delito de contaminación ambiental al superar los límites máximos permisibles en la emisión de partículas de arsénico y al verter agua contaminada al mar de Ilo. Inicialmente la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito y Medio Ambiente solicitó una pena de 2 años y 6 meses y el pago de una reparación civil por un millón de dólares a la empresa minera Southern Peru; sin embargo, la Procuraduría del Ministerio del Ambiente (MINAM) aceptó el pago del 5% de la minera por el proceso civil contra del representante de Southern, Oscar González Rocha.

Dirigentes opinan

Durante la movilización, los dirigentes cuestionaron al presidente Vizcarra porque siendo moqueguano no se pronunció sobre el paro regional frente al abuso de la empresa Anglo American. Señalaron que el presidente Vizcarra es quién ha promovido el desarrollo de la minería y que por responsabilidad de él, es que hoy están protestando. El recorrido de la movilización se dio desde el centro hasta el puente Montalvo, que fue bloqueado impidiendo el tránsito vehicular para los autos y buses que normalmente llegan de Arequipa y de regiones del norte del país; así como del otro extremo, quiénes llegan de Tacna e Ilo.

Durante el mitin que se dio en el puente Montalvo; Erick Rivera, dirigente de las juntas vecinales de Torata, señaló que su comunidad está contaminada. “No pedimos que se cumplan los acuerdos, sino que se vaya Anglo American, que ha venido contaminando más de 42 años”.

A su turno, el dirigente del sindicato de docentes a nivel regional, señaló que “no podemos permitir a los gobernantes que hagan lo que quieran y que de licencias a las empresas a espaldas del pueblo”, en alusión a Southern y el proyecto Tía María en Arequipa.

Finalmente, el dirigente Óscar Zeballos, representante de la sociedad civil ante el Comité de Monitoreo y Seguimiento de Acuerdos con Anglo American, señaló de que si no se paraliza el proyecto minero Quellaveco, se promoverá una huelga indefinida.

Ministra trabajó en Anglo American

Una ministra que viene siendo anunciada por Vizcarra para ayudar a solucionar el conflicto en Islay por Tía María, al tener la autoridad estatal en el sector de agricultura, es Fabiola Muñoz; quién anteriormente fue Gerente de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones de la empresa minera Anglo American Quellaveco. Empresa cuestionada en la protesta regional de Moquegua. La ministra de Agricultura señaló ayer en Canal N que la minería y la agricultura “pueden convivir” en Islay.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/906-paro-total-en-moquegua-contra-contaminacion-minera-de-anglo-american-y-southern?fbclid=IwAR0dgdZGA6ZEYbHKtr3CSpyakILZ3bkyNR_NeO6JyYUQfUHbPLrFYpVRcOc
Mexico

Grupo México: despachos del capitalismo de compinches

Contaminar, e infringir jubilosamente la ley, sigue siendo el mejor de los negocios posibles.

¿Cuántas veces se ha de repetir el mismo escenario?

Once de julio del año dos mil diecinueve. Guaymas, Sonora.

Grupo México (BMV GMEXICOB, cuya acción se cotizaba en 47.88 al término de la jornada bursátil, el viernes pasado) derrama tres mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés.

El 19 de febrero de 2006 la mina 8 Unidad Pasta de Conchos en el estado de Coahuila, sufrió una explosión por acumulación de gas metano que vio aumentados sus efectos debido a las condiciones deplorables de seguridad de la mina; 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados.

El lugar tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. En la última inspección, realizada el 12 de julio de 2004, se asentaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas, muchas de ellas de extrema urgencia. Sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran las fallas detectadas.

La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la recomendación 26/2006, determinó que “los servidores públicos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”.

Inexplicablemente, las labores de rescate quedaron a cargo de la propia compañía responsable de las condiciones de trabajo: Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea. El 4 de abril del año 2007, después de rescatar únicamente dos cuerpos, y en una decisión inédita, la empresa decidió suspender el rescate argumentando que se ponían en riesgo las vidas de los rescatistas. Solamente se tiene registro de dos tragedias en las que se haya negado el rescate de los atrapados: en 1973, la de un ingeniero, y Pasta de Conchos; en ambos casos, la parte patronal es Grupo México.

Las familias y organizaciones acompañantes señalaron que la razón de esta suspensión sería que, de ser rescatados los cuerpos, se evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la mina y esto acarrearía sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa.

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Los ríos Sonora y Bacanuchi vivieron derrames causados por Grupo México, por los que 24 mil personas resultaron afectadas en 2014.

El 6 de agosto de ese año, la mina Buenavista del Cobre –subsidiaria de Grupo México– derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, que afectaron a siete municipios: Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Arizpe.

A finales de abril de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer dos casos relacionados con estos desastres.

La mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, opera desde hace tres años como una enorme presa de desechos tóxicos 100 veces más grande que la derramada en 2014, cuando generó el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México en el Río Sonora.

A la comunidad jamás se le informó nada. El 5 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llegó a Bacanuchi, mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para explicar el “Informe Preventivo” de Grupo México que aprobó para que se construyera la presa, el por qué dio visto bueno al proyecto, bajo qué criterio, y por qué no informó a la población

El (anterior) derrame de 20,000 litros de agua con sedimentos de una mina propiedad de Grupo México en un río de San Martín, Zacatecas, este 11 de mayo, fue considerado por la empresa como no peligroso, pero recorrieron 200 metros sobre un arroyo fuera de su propiedad.

Aunque el consorcio se comprometió a resolver la catástrofe, habitantes de San Martín denunciaron que el río de su comunidad había sido contaminado y que la afectación repercute en dos mil habitantes de la comunidad, además de aquellos quienes se encuentran río abajo como las localidades de San Antonio de Belén y Carretas, que utilizan el agua para consumo humano y doméstico, denunciaron habitantes.

De acuerdo con las denuncias, el derrame contiene reactivos como cianuro, sulfato de zinc, sulfato de cobre, y desemboca en los sembradíos frutales y demás cultivos de granos básicos

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La muerte de 70 trabajadores por la inseguridad de sus instalaciones y el desastre ambiental que provocó en Sonora han terminado en multas irrisorias impuestas a Grupo México por parte del gobierno federal y que, la empresa, ni siquiera ha pagado.

Por el deceso de los trabajadores en dos hechos distintos y el desastre ambiental de Sonora, las penalizaciones contra la empresa de Germán Larrea suman 57.3 millones de pesos.

Dicha cantidad representa apenas 0.97% de los 5 mil 900 millones de pesos de ganancias que obtuvo en el segundo trimestre del presente año.

Sin embargo, de las sanciones impuestas sólo ha pagado 1.3 millones de pesos correspondientes a una resolución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por el accidente en la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores en 2006.

El resto, es decir, 56 millones de pesos, aún está en duda que se vayan a cobrar.

Por la muerte de cinco trabajadores a consecuencia de las condiciones de inseguridad de sus instalaciones en Charcas, San Luis Potosí, ocurrida el 12 de febrero pasado, la STPS anunció una multa “histórica” de 13 millones de pesos [¡!], contra la cual Grupo México se amparó.

Y en el caso del impacto ambiental en Sonora, multas y sanciones por 43 millones de pesos, aún deben ser validadas por un órgano jurisdiccional.

La diferencia es notable respecto a daños ambientales como el de El Paso Texas, Estados Unidos, donde por un caso de contaminación con plomo, cadmio y arsénico que provocó graves problemas a la salud en niños, adultos mayores y embarazadas, enfrentó una sanción cercana a los mil millones de dólares.

En México, la empresa de Germán Larrea Mota-Velasco, el segundo hombre más rico de México y el número 58 del mundo –cuya fortuna personal se estima en 16 mil 100 millones de dólares–, debe emitir un leve desembolso pues esos tres hechos no le representan ni 1% de lo que gana en tres meses

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Así se “resuelven” asuntos tan perniciosos, como el del ecocida consuetudinario Grupo México en el país.

Contaminar, e infringir jubilosamente la ley, sigue siendo el mejor de los negocios posibles.

Aunque excepción en este otro caso a la regla neoliberal, distinto es -a pesar de los desastres del Trumpismo– en la Unión Americana, con un consorcio planetario que (en ámbitos cietamente distintos a los del esperpento de Larrea) tiene capacidad de emponzoñar mentalidades y conciencias.

Y ante tanta miseria humana un breve colofón que reaviva la esperanza:

Fuente:https://www.animalpolitico.com/entropista/grupo-mexico-despachos-del-capitalismo-de-compinches/

 

Mexico

2 mil comunidades en México son afectadas con 26 mil concesiones mineras vigentes: REMA

En México existen alrededor de 26 mil 500 concesiones mineras vigentes, tanto territorio indígena y agrícola ha sido entregado a empresas o particulares como concesión minera y representa del 13 al 30% del territorio del país, señaló Gustavo Lozano.

El integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) mencionó que esta actividad es el megaproyecto más violento que existe contra la salud, el territorio y el medio ambiente a nivel nacional y mundial.

“Hay un discurso oficial de los últimos tres gobiernos de que la minería puede ser socialmente responsable, nosotros consideramos que no es así, la extracción de minerales no tiene que ver nada en lo absoluto con las relaciones que las sociedades hemos construido”, dijo.

TEXTO COMPLETO Y VIDEO EN: https://proyectopuente.com.mx/2019/07/16/2-mil-comunidades-en-mexico-son-afectadas-con-26-mil-concesiones-mineras-vigentes-rema/

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/07/2-mil-comunidades-en-mexico-son-afectadas-con-26-mil-concesiones-mineras-vigentes-rema/

Mexico

Una minera de Grupo México derrama 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés

Una minera de Grupo México derrama 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés.

La empresa, propiedad del segundo hombre más rico de México, provocó en 2014 una de las mayores catástrofes ambientales en la historia del país, al verter 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos de Sonora.

Un ducto de la minera Grupo México derramó 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortes, en el estado de Sonora, al noroeste de México.

Se trata de un nuevo desastre ambiental provocado por la empresa propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, y que en 2014 ocasionó la mayor catástrofe ecológica en la historia de México.

Ácido en el mar

El reciente derrame de ácido sulfúrico ocurrió en la ciudad costera de Guaymas, Sonora, el cual fue captado por algunos usuarios de redes y difundido por medios locales.

Grupo México, de Germán Larrea, se ve involucrado en un derrame tóxico. Esta vez fueron 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. Es la compañía minera más grande del país. En 2014 también cometieron un ecocidio en el río Sonora. |

De acuerdo con un comunicado de Grupo México, el incidente ocurrió el 9 de julio alrededor de las 15:00 horas, tiempo local, en la Terminal Marítima de Guaymas, provocado por la falla de una válvula en las tuberías que transportaban el químico.

Grupo México@GMexico_oficial

En la Terminal Marítima de Guaymas se presentó un evento que ocasionó el vertido de ácido sulfúrico que ocasionó la liberación de 3 (tres) m3. Se aplicaron de inmediato medidas de atención y la situación se controló rápidamente.

Abraham Larios, titular de la Administración Portuaria Integral de Guaymas, entidad gubernamental encargada de administrar el puerto, responsabilizó a la empresa minera por el derrame.

«Grupo México es el responsable de esta falla y los eventuales daños deberán ser reparados a la brevedad por esa empresa», dijo Larios en entrevista con Milenio.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) actualmente se encuentra evaluando los daños, de acuerdo con la versión oficial, a pesar de que tras dos días del desastre la dependencia no ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido.

«Ya va intervenir la Semarnat para atender este caso. Se van a evaluar los daños. Es un hecho que sí hubo el derrame, esa es la información que tengo, y sí se va a actuar», aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina de este 11 de julio.

No es la primera vez

El 6 de agosto de 2014, la minera Buenavista del Cobre –considerada en su momento como la tercera más grande del mundo en este mineral y filial de Grupo México– derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacánuchi, en un hecho calificado por las autoridades federales como «el desastre ambiental más grave de la minería en México».

Un total de 24.000 personas fueron afectadas. Muchas de ellas, presentaron enfermedades en la piel y gastrointestinales por el contacto con el agua contaminada.

En 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente multó a Grupo México con un monto de 23,5 millones de pesos (1,4 millones de dólares) tras incurrir en 55 «irregularidades», además de constituir un fideicomiso privado para remediar los daños. Una multa que representó apenas el 0,09 % de las ganancias que obtuvo Grupo México el mismo año en que ocasionó el derrame: 1.705 millones de dólares en 2014.

Germán Larrea, accionista principal de Grupo México, es considerado el segundo hombre más rico del país, después de Carlos Slim, con una fortuna valuada en 13.300 millones de dólares, según la revista Forbes.

De acuerdo con el Informe Final Diagnóstico Ambiental en la Cuenca del Río Sonora, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el derrame provocó «el incremento en la mortandad de los árboles«, así como la presencia de metales pesados en especies, causando efectos negativos a mediano y largo plazo para personas y animales, debido a la acumulación de tóxicos dentro de la cadena trófica.

El reporte también documentó presencia de arsénico y plomo en productos lácteos, además de altas concentraciones de cadmio en frutas y verduras. También se documentó que el 70 % de los niños de la comunidad de San Felipe de Jesús, uno de los 7 pueblos más afectados por el derrame, tenían altas concentraciones de plomo en la sangre.

Sin embargo, Grupo México no cumplió con las medidas de reparación de daños a las que se comprometió, lo cual fue calificado por Naciones Unidas como un ejemplo «descarado y flagrante» de impunidad.

«Estamos hablando de una de las compañías más grandes de todo el mundo, una compañía que literalmente mueve montañas en unas cuantas semanas y no puede construir unas cuantas instalaciones de tratamiento de agua o terminar de construir un hospital que se comprometieron a hacer. Si esto no es un ejemplo descarado y flagrante de que tienen derecho a la impunidad, entonces, no sé qué más podría ser», declaró en mayo de 2018, Baskut Tuncak, relator de Naciones Unidas para el manejo de sustancias tóxicas sobre el incumplimiento de Grupo México.

 

Un análisis de la organización PODER encontró múltiples irregularidades en el fideicomiso privado que se creó con la finalidad de que las empresas responsables pagaran para remediar, reparar y compensar los daños por el derrame.

Entre las irregularidades detectadas, se encontró que apenas el 10 % del dinero sirvió para pagar directamente a las personas afectadas, mientras el 90 % de los recursos restantes «es incierto», debido a triangulaciones y gastos sospechosos.

Esto, además de que Grupo México apenas desembolsó la mitad de los 2.000 millones de pesos a los que se había comprometido originalmente con autoridades gubernamentales.

La empresa también se había comprometido a construir 63 nuevos pozos de agua con el fin de que las comunidades afectadas pudieran acceder al vital líquido, pero hasta 2018, cuatro años después del derrame, la Comisión Nacional del Agua sólo había reportado 17 nuevos pozos.

Y todo, sin que las autoridades mexicanas intervinieran para sancionar a Grupo México por incumplir con sus compromisos.

En octubre de 2018, el Tribunal Latinoamericano del Agua, un organismo no vinculante que busca evidenciar los agravios contra los pueblos cometidos por empresas y autoridades gubernamentales, resolvió que el Estado mexicano «ha incumplido con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, a la salud, a la alimentación, a la vivienda y al medio ambiente y sobre todo ha afectado a los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas y campesinos», tras el derrame en los ríos de Sonora.

 

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/320821-minera-mexico-derramar-acido-sulfurico-mar-cortes

Brasil

Mais de duas mil pessoas estão desalojadas em cidade baiana inundada após rompimento de barragem

Subiu para 2.080 o número de desalojados em Coronel João Sá, cidade do nordeste da Bahia que ficou inundada após o rompimento da barragem do Quati, localizada no município vizinho de Pedro Alexandre.

Os dados foram atualizados na manhã desta segunda-feira (15), pela Defesa Civil da Bahia, e também contabiliza 320 desabrigados.

Até o domingo (14), eram 1.500 desalojados e 400 desabrigados. O número de desabrigados diminuiu porque muitas pessoas foram para casas de familiares.

Já em Pedro Alexandre, a outra cidade que foi atingida pela água da barragem, 24 moradores estão desabrigados e 450 desalojados.

Parte dos 17 mil moradores de Coronel João Sá segue longe de casa. Eles foram abrigados nas escolas municipais e, por isso, as aulas na cidade seguem suspensas.

As crianças e adolescentes estão sem aulas, pois as escolas municipais estão servindo de abrigos para os desalojados. “Todo esses dias perdidos a gente vai acrescentar par janeiro», disse a diretora.

Prefeito de Coronel João Sá diz que mais de 14 mil pessoas foram afetadas pela barragem
Jornal Hoje

Uma reunião que na manhã desta segunda-feira deve definir qual será a situação dos moradores que estão nas escolas e a regularização das aulas. A prefeitura também avalia imóveis que estejam disponíveis para integrarem o aluguel social.

De acordo com o Secretário de Comunicação da prefeitura de Coronel João Sá, Waldomiro Júnior, 14.400 pessoas foram afetadas com a inundação, quase toda a população da cidade, que tem cerca de 17 mil habitantes, seja com as casas alagadas, ou com perda de eletrodomésticos.

Waldomiro Júnior destacou que além dos perecíveis, a população necessita de eletrodomésticos como fogão e geladeira. Com relação às casas, ele informou que a gestão municipal doou um terreno na cidade para a construção de novas residências.

Governo Federal reconheceu a situação de emergência e calamidade pública das cidades de Coronel João Sá e Pedro Alexandre, na última sexta-feira.

Fuente:https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/07/15/sobe-quantidade-de-desalojados-em-cidade-baiana-inundada-apos-rompimento-de-barragem.ghtml?fbclid=IwAR1SUknAyDycY0uEQXYY2Bt-0VWeUi5YL9B2iegJBptZN1CU85F-jDoab1E
Perú

Tía María: gobernador de Arequipa da 72 horas para anular licencia de construcción

Mercedes Aráoz, vicepresidenta de la República, dijo que «nadie negocia con una pistola en la cabeza», respecto a las declaraciones de Elmer Cáceres Llica contra el proyecto Tía María

El gobernador regional de ArequipaElmer Cáceres Llica, se dirigió este martes al presidente de la República, Martín Vizcarra, para que la licencia de construcción otorgada al proyecto mineroTía María sea anulada en 72 horas.

«Quiero decirle al presidente Vizcarra, que tienes 72 horas para declarar la nulidad de esa resolución. Quiero decirle al presidente de la República que me he reunido con los presidentes de base de Arequipa. Mañana voy a convocar a los alcaldes, pasado a los gobernadores regionales del sur. Este tema es serio», dijo Cáceres.

Las declaraciones fueron hechas durante una reunión que se desarrolló en la sede del Gobierno Regional, en la ciudad de Arequipa, donde participaron los dirigentes del Valle de Tambo.

En otro momento, Cáceres solicitó una nueva ley de la minería. «Tía María no va y una nueva ley de la minería», declaró.

Mercedes Aráoz, vicepresidenta de la República, dijo que «nadie negocia con una pistola en la cabeza», en respuesta a las declaraciones del gobernador Cáceres Llica.

«El gobernador le está pidiendo al ministro de Energía y Minas que no cumpla la ley. Lo que hizo fue cumplir la ley, pero con la condición de mantener los espacios de diálogo», agregó.

Por otro lado, dijo que la minería en la región Arequipa ha generado desarrollo para la población, y cuestionó que el gobernador esté dirigiendo las marchas, pues lo que debe hacer es hacer cumplir la ley.

Este martes, en el segundo día de paro indefinido contra Tía María, la población del Valle de Tambo se reunió en la plaza San Francisco para coordinar las acciones de protesta de hoy. Además, se debe definir quiénes asumirán el liderazgo de la marcha, que se prevé llegue hasta Mollendo, la capital de la provincia de Islay. En la zona no hay servicios de transporte interprovincial.

 

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-gobernador-arequipa-da-72-horas-anular-licencia-construccion-noticia-655925

Perú

Ratifican paro indefinido contra mina de Aruntani desde el 22 de julio en Puno

En esta medida de protesta participarán los pobladores de los distritos por donde discurre la cuenca: Llalli, Cupi, Umachiri y Macarí. Se sumarían Santa Rosa y Nuñoa.

Las diferentes organizaciones sociales, que conforman el comité de lucha por la defensa de la cuenca del río Llallimayo, ratificaron que desde el 22 de julio acatarán un paro indefinidocontra la minera Aruntani SAC. Esto por la contaminación del afluente, un daño ambiental confirmado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Asunto Pacori, presidente de la Asociación de Barrios Unidos de Ayaviri (ABUA), indicó que participarán en esta medida los distritos por donde discurre la cuenca: Llalli, Cupi, Umachiri y Macarí. Se sumarían Santa Rosa y Nuñoa.

Cuestionaron al Gobierno por no mostrar la mínima intención de realizar acciones de mediación y atención a los afectados. Además, consideran que la mesa técnica se ha debilitado tras la ausencia del Estado. Precisaron que la minera desacata los llamados de la Presidencia del Consejo de Ministros, para que asista a las sesiones de este grupo de trabajo de alto nivel.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/15/ratifican-paro-indefinido-contra-mina-de-aruntani-desde-el-22-de-julio-en-puno/?fbclid=IwAR3a_BwTXEwVi3TIta3MIpU-xj_2d2b-yKgNfhi0QB42af8_2_–eVBdwRI