Hay quienes elegirán dar cuenta de este escenario desde el análisis de variables macroeconómicas entre tantas otras, otras elegimos hacerlo desde la marca en el cuerpo del lugar que nos toca en la HISTORIA. Así podremos dar cuenta de lo que implica para nuestras vidas sentir el embate de un nuevo proceso colonizador, la dolorosa marca del asedio del extractivismo depredador en nuestro cuerpo social.
La historia del pueblo chubutense en la defensa de los bienes comunes naturales, nuestra casa común, reconoce entre sus hitos la lucha contra el basurero nuclear en Gastre en la década del 90, y el movimiento No a la Mina que desde Esquel se extendió a toda la provincia, país y otros lugares del mundo, en plena vigencia por estos días.
En su metodología pacífica y asamblearia de resistencia confluyen las cosmovisiones ambientalista occidental y de Pueblos Originarios que habitan el territorio. Se basa en la presencia en el espacio público, el estudio y difusión comunitaria de aquello por lo que se resiste, en el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos: los emprendimientos mineros a gran escala de extracción metalífera y de radioactivos mediante el uso de sustancias tóxicas.
Como habitantes de esta tierra hemos experimentado a lo largo de estos años varias arremetidas del lobby minero, al compás de escenarios de crisis socioeconómica, en consonancia con los vaivenes de la vida institucional y política de la provincia y el país.
El año 2019 transcurrió con una creciente conflictividad social tras el incremento de toma de deuda por parte del gobierno y crisis económica, en el contexto de iguales condiciones a nivel nacional. Su consecuencia fue la imposibilidad de pago de salarios a todos los sectores de trabajadorxs estatales activos y pasivos, incumplimiento de acuerdos paritarios, paros, toma de instituciones, escuelas sin clases por casi cinco meses, represión, muerte de dos docentes en el contexto de las protestas, e incendio de la casa de gobierno y la legislatura provincial.
Un escenario similar se había vivido el año previo, pese al cual y tras una aparente recuperación de las cuentas públicas, el gobernador Mariano Arcioni fue reelecto en junio. Inició su mandato con imposibilidad de pagar salarios en tiempo y forma, hecho que muchos ciudadanxs entienden como una estafa electoral, que conlleva además, el deterioro aún mayor de la credibilidad en las instituciones y la democracia, abonando una profunda crisis institucional.
La respuesta desde diferentes voces gubernamentales fue que había que “aguantar hasta diciembre al cambio de gobierno nacional”; pues a diciembre hemos llegado en similares condiciones y la propuesta de solución es el desembarco del extractivismo a la provincia.
Diciembre
El último acto legislativo de lxs diputadxs salientes fue la aprobación de la Ley de Ministerios que además de un incremento exorbitante de salarios para la planta política, creó el Ministerio de Hidrocarburos y Minería, quitándole a último momento la palabra “Minería” por la fuerte presencia de las asambleas en la legislatura, pero conservando intactas las características de ese ministerio. Luego de una vigilia de todo un día de las asambleas comunitarias en toda la provincia, esa noche hubo represión y detenciones a las afueras de la legislatura.
Algunas de las preguntas que amplios sectores de la ciudadanía se hacen son quiénes sostuvieron, y por qué fue sostenido el gobierno de Mariano Arcioni, o cuál fue el rol que jugaron las dirigencias sindicales de los gremios estatales, atravesadas por intereses político -partidarios, en un período signado por la campaña electoral.
En este sentido es llamativo que el primer paro ambiental en la historia de la provincia fuera convocado sólo por CTA Autónoma. También vale preguntarse qué rol jugaron los otros poderes del estado, ante la pasividad de diputados y poder judicial, ejecutivos y concejos de cada municipio.
Ambos años fueron signados por la amenaza latente y cada vez más concreta desde el gobierno nacional de Cambiemos de avanzar con la explotación megaminera en el territorio chubutense. Así fueron noticia durante 2018 el encuentro Macri-Putin en la cumbre del BRICS y sus intenciones de exploración y explotación de uranio en Chubut.
También lo fue la presencia del ministro de energía y minería de la Nación, Juan José Aranguren, quien se reunió con intendentes de diferentes comunas para reabrir el debate minero, con particular interés en el proyecto Navidad (Plata, cobre y plomo) de la transnacional Pan American Silver. Pero resulta que en ese momento como en la actualidad permanece en vigencia la legislación provincial que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y con cianuro en todo el territorio provincial.
¿Crisis de diseño?
En este contexto de crisis socioeconómica e institucional padecemos una vez más el asedio de las corporaciones megamineras. Excede a este análisis profundizar en los determinantes del fracaso de la administración del Estado, pero hay un concepto que se hizo popular en asambleas y mesas familiares, el de “crisis de diseño”, aquella generada para meta-propósitos que exceden el interés común de quienes habitamos esta tierra. Porque lo cierto es que la megaminería sigue sin lograr mayoritariamente la licencia social que requiere para instalarse en territorio chubutense.
En este sentido es oportuno repasar el concepto de “capitalismo del desastre” doctrina formada bajo los presupuestos políticos, económicos y sociales desarrollados por el padre de la escuela de Chicago Milton Friedman, cuyo principal objetivo es desmantelar los restos del estado de Bienestar y promover a nivel global el modelo neoliberal. Postula que detrás de toda tragedia es posible ver una oportunidad, como lo es aprovechar el trauma colectivo para promover e implementar las reformas necesarias para la operación de capitales privados.
Su estrategia política es la “doctrina del shock”, la que orienta los procesos de reconstrucción implementados como respuesta -en este caso la profunda crisis socioeconómica e institucional- abriendo apetitosas oportunidades de negocios a los promotores del “capitalismo del desastre”. Es posible encontrar respuestas aquí, como también es posible pensar que se trata de una cruel y macabra coincidencia, o simplemente entender que son las características del sistema capitalista en su estadío actual.
En tiempos en que varios de los “países centrales” reconfiguran sus matrices energéticas y productivas, prohibiendo agrotóxicos y apostando a las energías limpias y renovables (a costa de extractivismo en otras regiones del mundo), en estas tierras “de la periferia” se apuesta a las centrales nucleares, al extractivismo, al monocultivo transgénico y los agrotóxicos, reafirmando nuestra condición de primarización económica y dependencia. Dichas políticas tienen continuidad e incluso profundización a lo largo de los últimos gobiernos en sus alternancias de aparente diferencia ideológica, que al menos en el tema que nos convoca no es tal.
Basta para ello, haciendo un rápido paneo de los medios de comunicación, observar los dichos de campaña y las primeras acciones del nuevo Gobierno, que en medio de la “algarabía del cambio”, con sobrados fundamentos en muchos aspectos, avanza sobre los territorios codiciados por los emprendimientos megamineros.
Ya durante la campaña electoral el ahora presidente Alberto Fernández había expresado la necesidad de “educar a la población en los beneficios de la minería”, la respuesta de la UACCH (Unión de Asambleas de Comunitarias de Chubut) fue decirle que hace años que estudiamos el tema, y entregarle el libro que al respecto se elaboró colectivamente en 2018: “Hablemos de Megaminería”.
Ya electo, las designaciones de Juan Cabandié en el Ministerio de Ambiente, sin trayectoria en el tema, y de Alberto Hensel al frente de la Secretaría de Minería de la Nación -quien fuera ministro de minería de San Juan durante los desastres ambientales de derrame de cianuro en la localidad de Jáchal, en el emprendimiento minero de Barrick Gold– no auguran un futuro promisorio para los territorios en conflicto por el asedio de las transnacionales mineras.
El flamante secretario Hensel ha declarado a la prensa que “a la deuda pública hay que pagarla y eso se paga con actividades económicas…entre ellas se incluye la minería.” Los mensajes son para las provincias de Chubut y Mendoza con sus leyes 5001 y 7722 protectoras del ambiente, también para la ley de glaciares por sus “imprecisiones” respecto al ambiente periglaciar, y para un marco de seguridad jurídica para Vaca Muerta –y su fracking- y la explotación de litio en el norte del país. Todos territorios en conflicto por falta de licencia social para la actividad, e incompatibilidad con la coexistencia de comunidades de Pueblos Originarios y sus derechos constitucionales.
La ley de glaciares tantas veces cuestionada, debería ser política de estado en la preservación de los hielos continentales, fuente preciada de agua en el actual contexto de riesgo creciente de ese bien por el calentamiento global.
El pueblo dice
El gobernador de Chubut en recientes declaraciones manifestó que “la provincia está capacitada para desarrollar sus recursos naturales con el debido control que requiere cualquier actividad extractiva”. El pueblo no confía en sus palabras, en una provincia donde tan sólo dos años atrás el fallecido gobernador Das Neves hacía alusión a coimas y sesiones legislativas vergonzosas relacionadas a la presión del lobby minero. Dato de esta realidad fue la interacción de un lobbysta minero que telefónicamente se comunicaba con el diputado Muñiz durante el tratamiento de la Ley por Iniciativa Popular, relacionada a la prohibición de megaminería, iniciativa que había llegado a la legislatura avalada por más de 13.000 firmas ciudadanas. En ese tiempo Arcioni era vice gobernador y se desarrollaba en la oficina contigua al despacho del gobernador la causa más escandalosa de corrupción de la provincia, la causa Embrujo, que desembocó en importantes condenas para los funcionarios involucrados en octubre de este año.
El pueblo de Chubut informado no le cree cuando hay la suficiente cantidad de evidencia de desastres ambientales que alcanzaría para la decisión política de aplicar los principios preventivos, precautorios y de sustentabilidad de la Ley General del Ambiente (N° 25675) de la Nación.
Echar mano a la explotación megaminera para pagar deuda y asistir a las poblaciones más vulnerables implica sacrificar algunos territorios con sus habitantes para que otros vivan mejor, y satisfacer la renta de capitales transnacionales a los que nada les importa nuestra vida. El escenario parecería indicar que somos parte de los territorios y habitantes a sacrificar.
El Artículo 41 de la Constitución nacional dice: “Todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”
También nos asisten los derechos humanos a la SALUD, la VIDA y a vivir en PAZ. Estamos ante la confrontación de dos paradigmas irreconciliables, es la voracidad depredadora de los capitales que arrasan con todo a costa de nuestras propias vidas, o es una forma de organización a la medida de la dignidad humana y en armonía con la naturaleza. Es función de nuestros gobiernos superar el dilema en pos del buen vivir de todxs.
Como PUEBLO aspiramos a ejercer nuestros DERECHOS y OBLIGACIONES.
PARAFRASEANDO A LAS UACCH: “O SE ESTÁ CON EL PUEBLO EN CONTRA DE LAS MINERAS, O SE ESTÁ CON LAS MINERAS EN CONTRA DEL PUEBLO”.
Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/43307-el-precio-de-caminar-sobre-lo-que-otros-codician
Durante el día 10 de diciembre de 2019, la Oficina Regional de Tarapacá de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), realizó una fiscalización a las instalaciones de la Faena Minera Quebrada Blanca de la empresa Teck, a raíz del incidente reportado el día 09 de diciembre del presente período, el cual correspondió a un rebalse del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas, perteneciente a la construcción de la Fase II del proyecto.
La Comunidad de Agricultores del Valle de Quilapilún, de Colina, interpuso una denuncia ante la Superintendencia del Medioambiente en contra de Minera los Bronces de Angloamerican, por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y haber dado inicio a la construcción de obras al margen de la legalidad ambiental.
En esa fecha recién se conocerá si la ejecución del proyecto Quellaveco impactará en el agua de la cuenca. El análisis de las muestras se hará en un laboratorio neutral.
Hace un año, exactamente el 16 de diciembre, se produjo un derrame desde las operaciones de la empresa minera Gold Fields en la provincia de Hualgayoc, que ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas según las informaciones locales. A raíz de este suceso, las organizaciones sociales emprendieron una serie de acciones de protesta para exigir la atención a la contaminación y que no se otorguen mayores permisos para actividades mineras, además, se instaló una mesa de trabajo liderada por el gobierno nacional.
Cabe preguntarle al Director General de Minería, Oscar Alfredo Rodríguez Muñoz: ¿cómo así el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Dirección General de Minería (DGM), no se percató que Southern Peaks Mining (SPM), a través de su subsidiaria Minera Quiruvilca Limited, compró primero en junio 2012 la totalidad de la unidad minera Quiruvilca a la canadiense Panamerican Silver, propietaria de Cía Minera Quiruvilca, y luego SPM se la venda a ella misma a través de otras de sus subsidiarias, primero a Sociedad Minera Quiruvilca Inversiones SAC, en julio 2015, y luego a Cía Minera Quiruvilca, regresando al punto inicial; para en diciembre 2017 declararse en quiebra, dejando de operar desde enero 2018 en que abandonó la mina, con lo cual dejaba de cumplir con el plan de cierre?
Después de las elecciones realizadas el 27 de octubre del presente año, la empresa sudafricana AngloGold Ashanti inició una fuerte campaña mediática en diferentes medios de comunicación nacional, intentando mejorar la cuestionada imagen de un proyecto que ha carecido de legitimidad, caracterizándose por ser un modelo impositivo que ha vulnerado -desde hace más de 10 años- el derecho a la participación efectiva de la comunidad, agudizando la división social, interfiriendo en decisiones municipales, militarizando el territorio y estigmatizando al movimiento social.
Para explicarlos, se remontaron a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la promulgación de Ley de Aguas Nacionales, que no contempló el acceso al agua como un derecho humano en la Constitución.
Activistas de justicia ambiental rumanos y estadounidenses se manifestaron en Washington, DC, ante una audiencia del tribunal del Banco Mundial sobre un caso presentado por Gabriel Resources, con sede en Canadá.
Durante esta semana, nos sorprendió un artículo escrito por el conocido político y ex gobernador de Ica, Fernando Cillóniz, denominado “Agua sí, oro también”