

El problema evidente con la minería del suelo marino

En un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja como la de Venezuela, hablar de conservación, naturaleza y biodiversidad es también verificar que los derechos ambientales también se resienten, se quiebran. Por eso, hacer una retrospectiva del año en esta materia es llegar a la conclusión de que los problemas no hicieron más que agudizarse por razones tan diversas como la profundización de una actividad extractivista que no respeta estándares ambientales y que es vista como el salvavidas a la crisis económica, hasta la flexibilización de normas para la protección de áreas protegidas que hace una década eran infranqueables.
Esa es la conclusión a la que llegan los especialistas consultados para este balance sobre la situación ambiental y de las tierras indígenas en la nación con mayor caída del Producto Interno Bruto en la región (70 % en los último seis años) y una hiperinflación inédita que ya acumula 25 meses.
“El 2019 fue la continuación de un proceso. Hay temas ambientales que inciden e intensifican la emergencia humanitaria compleja y, a su vez, elementos de la emergencia humanitaria que inciden sobre los problemas ambientales”, explica Alejandro Álvarez Iragorry, biólogo y coordinador de la Coalición Clima 21 – Ambiente y Derechos Humanos, quien precisa que esto sucede con el conflicto minero, que no solamente constituye un crimen ambiental sino que también repercute en ámbitos sociales, culturales y de salud.
El lanzamiento del Plan Minero Tricolor, que implica la entrega de un yacimiento a cada gobierno regional, y la militarización de territorios indígenas en donde hay minas de oro y diamantes pusieron en evidencia, el último año, las intenciones de la administración de Nicolás Maduro de intensificar sus acciones para incrementar la explotación minera en el país.
Eso es lo que establece el Plan Sectorial Minero 2019-2015 al que le dio la bienvenida en junio pasado, cuyo primer objetivo es “fortalecer e incrementar la producción nacional del sector minero a su máxima capacidad instalada” y, aunque más adelante advierte que el negocio extractivista respetará y protegerá el medio ambiente, su actual ejercicio sugiere lo contrario.
Una muestra es, por ejemplo, un video que promociona a la minería como el futuro de Venezuela y que asegura que ese oro será el que permita que tanto el petro, la criptomoneda del chavismo, como el bolívar, que solo en 2019 se ha depreciado más de 98 % de su valor, tengan proyección en la economía mundial. Las imágenes, que luego de mostrar la inmensidad del río Caura exhiben a los mineros con sus bateas en un área devastada de El Sipao —un sector de la zona occidental del Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, donde hace dos años un alud sepultó a cuatro trabajadores y dejó más de una decena de heridos—, ilustran el audiovisual en el que, al final, se agradece a Dios porque en cinco estados de la nación se puede extraer oro.
“Dentro de nuestro contexto, se ha acelerado el proceso de daños como consecuencia de la minería a una velocidad que nunca habíamos tenido antes. Venezuela es el país de la región amazónica con mayor velocidad en el incremento de la deforestación”, según el último informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg). “Todos los parque nacionales y las cuencas hidrográficas localizadas al sur del Orinoco están siendo afectadas”, señala Álvarez Iragorry, quien aclara que frente a otras realidades amazónicas, la nación todavía está detrás de Brasil y Bolivia, donde los efectos del extractivismo son mucho más graves.
En esa misma línea extractivista, el 15 de octubre pasado se hizo un anuncio sin precedentes: Maduro prometió entregar una “mina de oro productiva” a cada gobernación (gobiernos regionales) chavista. Esta decisión se desprende del “Plan Minero Tricolor”, que contempla también una serie de alianzas con empresas nacionales e internacionales para generar ingresos a la nación a través de la exploración y explotación de minerales.
La noticia rápidamente impactó a la opinión pública y acaparó el interés en las redes sociales. Una de las primeras en reaccionar fue la diputada de la Asamblea Nacional, Mauligmer Baloa, quien señaló que el nuevo plan ponía en peligro la existencia de los indígenas que habitan los territorios donde están las minas de oro.
Una semana después, el anuncio cobró mayor relevancia con la visita del ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Gilberto Pinto, a los yacimientos del estado Bolívar en compañía de los gobernadores de Bolívar, Barinas y Delta Amacuro para realizar una inspección previa a la entrega. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, ninguna gobernación venezolana había recibido la mina de oro para administrarla.
Para el exsenador y especialista en derecho ambiental, Alexander Luzardo, la decisión de entregar minas a las gobernaciones responde a una lógica en la que el gobierno intenta implicar a la población y hacerla responsable de la destrucción del país. El exsenador encuentra relación entre este caso y el programa de los “lingoticos”, oficialmente “Plan de ahorro en oro”, que invitaba a la población a comprar el metal dorado proveniente del Arco Minero al Banco Central de Venezuela (BCV).
“Esta es una política de repartición del territorio geográfico en grupos de interés. En el caso de Bolívar, se decide que a los 20 gobernadores se les da un pedazo del estado (…) Es una aberración porque convierte al país en un campo para ser depredado sin ninguna salida alterna. Es tratar de buscar la riqueza fácil y repartirse el territorio en tajadas”, concluye.
Luzardo insiste en que tal decisión atenta contra todo principio de ordenación del territorio, preservación ambiental y cualquier propuesta económica de sustentabilidad. Álvarez Iragorry tiene una visión todavía más preocupante sobre el anuncio: en una zona controlada por bandas criminales y grupos guerrilleros, las autoridades regionales se verían obligadas a pedirles permiso para extraer el oro. “¿Cuál es el mensaje? Que cada gobernador tiene que entenderse con el “pran” (palabra que se usa para referirse a un líder criminal de las cárceles en Venezuela, cuyo uso se extendió a las minas) local. A mí me asombra el nivel de irresponsabilidad”, reclama.
A todo ello se suma la propuesta de la Asamblea Nacional de avanzar con una Ley de Minas, en manos de la Comisión permanente de Energía y Petróleo, que pretende normar la actividad extractivista y agrupar todas las legislaciones relacionadas con el tema en un mismo documento, en el que se establezca un nuevo ministerio que sea la máxima autoridad del país en la materia.
Pese a que el proyecto hasta ahora no es de conocimiento público, especialistas como Luzardo advierten que una nueva ley sería incluso peor que otro Arco Minero, porque implicaría ver “a todo el país como un campo de extracción” y avalar en el fondo un “ecocidio sistemático”.
Además para el especialista en derecho ambiental, esta polémica ley echaría a perder todos los avances logrados por el órgano legislativo (de mayoría opositora) en el área, que van desde la derogación del decreto del Arco Minero del Orinoco —la obra concebida por el gobierno de Maduro que creó una zona de explotación de minerales de casi 112 mil kilómetros cuadrados—, pasando por los informes de investigación relacionados con las continuas masacres ocurridas en estos territorios, hasta la aprobación en 2018 de la Ley de la megarreserva de agua dulce y biodiversidad del sur del Orinoco, que impulsó la creación de un corredor ecológico conformado por los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. “En Venezuela somos víctimas de una reedición permanente del mito del dorado”, enfatiza.
En apenas un año, el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, el mismo que alberga al Parque Nacional Canaima (Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1994), ha sido escenario de tres hechos de sangre. Entre las víctimas fatales están seis indígenas pemones que han quedado indefensos frente a sus victimarios: las fuerzas de seguridad del Estado.
Para el líder indígena Ricardo Delgado, exalcalde del municipio, la intención en cada una de estas incursiones ha sido el apoderarse de sus territorios ancestrales para explotar sus minerales. Esto fue lo que sucedió el pasado 22 de noviembre, cuando decenas de hombres armados cometieron una masacre en la comunidad de Ikabarú, que a pesar de estar fuera de los límites del Arco Minero del Orinoco, fue catalogado por Maduro como un “Bloque Especial” del mismo. Allí mataron a ocho mineros, incluyendo a un indígena.
Aunque la versión oficial del hecho indica que los autores materiales fueron los miembros de la banda criminal armada de “El Ciego”, que desde hace años controla los yacimientos de La Paragua y El Manteco, los pobladores de Ikabarú y las ciudades cercanas están convencidos de que se trató de un ataque militar: algunos identificaron entre los presuntos homicidas a efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
El gobierno buscó la salida más simple: guardar silencio. La Fiscalía General de la República se pronunció 13 días después para anunciar la detención de ocho de los presuntos implicados. Sin embargo, Delgado asegura que los capturados son habitantes de comunidades cercanas, incluyendo a una persona que resultó herida en el hecho. La zona permanece bajo la vigilancia de los uniformados.
Al respecto, Álvarez Iragorry confirma que en Gran Sabana hay tensiones por conflictos de tierras. “Quieren [los militares] sacar del juego algo que el año pasado les molestaba, que era el control territorial pemón, porque los pemones tienen su propio sistema de autoridades”, expresó el especialista, quien acotó que en los últimos años comunidades indígenas de zonas como Urimán y Alto Paragua denunciaron que los soldados ingresaban a sus minas para intentar tomarlas. Para ese momento, ninguno lo había logrado porque los aborígenes los expulsaban. A finales del año pasado, todo cambió.
En diciembre de 2018 hubo una incursión armada en el sector Arenal del Parque Nacional Canaima, donde se practica la minería en balsas en el río Carrao desde 2013. Ese día, funcionarios de la DGCIM que se hicieron pasar por turistas, secuestraron una embarcación y la hicieron dirigirse a la zona minera, en donde dispararon contra los indígenas. El hecho dejó un muerto y dos heridos. Todos eran pemones.
Continúa leyendo esta noticia junto a las imágenes , aquí:https://es.mongabay.com/2019/12/mineria-parques-nacionales-derrames-balance-ambiental-venezuela-2019/
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto. – La asociación Lázaro Cárdenas del Río realizó un foro donde se expusieron diferentes alternativas que se tienen en la actualidad para lograr que una ciudad deje de producir basura y esta se transformen en residuos que debido a su composición puedan ser recuperados para la industria o compostados para el campo, con lo que se lograría una dinámica que protegiese al medio ambiente.
Para ello también presentaron el cuadernillo informativo titulado “Construyendo dignidad protegiendo el medio ambiente ¿Qué es la basura cero”, donde e resalto que el principal obstáculo es la voluntad política, en donde se tendrían que adecuar las leyes para poder normar el actuar de la población conforme a un plan que ayude a la generación de residuos aprovechables y el compostaje comunitario donde se aproveche todo el material orgánico, con esto se reduciría un poco mas de la mitad lo que llega a los rellenos sanitarios, expuesto por el biólogo marino Jorge Tadeo Vargas coordinador de centro de desarrollo comunitario y sustentabilidad.
De la misma forma se habló de los problemas que a los que se enfrentará el municipio de abrirse la mina a cielo abierto del proyecto de San Antón de las Minas, la problemática de contaminación ambiental al que se enfrentará el municipio en el caso de la apertura de la mina a cielo abierto en la comunidad de San Antón de las minas, siendo el principal la contaminación del agua y el subsuelo de la cuenca de la independencia, señalado por Gustavo Lozano de la Red Mexicana de afectados por la minería.
Esto se suma al riesgo de los lixiviados producidos por la basura como lo señalo Abel Balderas Ramírez quien señala que este es el principio para buscar alternativas que den resultados para todos donde también estén incluidos los trabajadores recicladores (pepenadores del relleno Sanitario)
Fuente:https://masdeaca.com/analizar-y-concientizar-los-problemas-de-basura-y-las-afectaciones-de-la-mineria-reto-de-los-dolorenses/?fbclid=IwAR0lVfQ1CuiOIfnpMuGs2mS2zveqeeRpFIKO5debBU6VyqUTHiJWpt9yHkM
La Decana y el Vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba expresan su profunda preocupación y rechazo a la modificación de la Ley 7722 en la provincia de Mendoza, para habilitar el uso de sustancias químicas como cianuro, ácido sulfúrico y otras similares, lo que significa la apertura de la provincia a la explotación de la megaminería. La actividad se encontraba limitada desde 2007 como resultado de un extenso reclamo popular y bajo el principio de tutelar el agua.
Entre los artículos modificados de la Ley 7722 —ratificada en 2015 por la Corte Suprema mendocina—, el central es el 1º. Prohibía la utilización de sustancias tóxicas «a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico» en una provincia que se encuentra hace 11 años en emergencia hídrica. La megaminería utiliza cientos de litros de agua por segundo para limpiar el material extraído de la montaña.
Nuestra unidad académica tiene claros antecedentes de haber sido impulsora de la resolución del Honorable Consejo Superior de la UNC, por la cual se rechazaron los fondos provenientes de la megaminería.
En dicha resolución se reconoce explícitamente que las actividades de la minería a cielo abierto tienen impactos de corto, mediano y largo plazo, tales como: el alto consumo de recursos naturales estratégicos y energéticos; los efectos negativos sobre las cuencas de varios ríos; la contaminación y los efectos a largo plazo del proceso de drenaje ácido; la grave e irreversible destrucción de los ecosistemas; la degradación de la calidad de vida en las regiones afectadas.
Desde estos antecedentes no podemos más que señalar que el cumplimiento del Artículo 41 de la Constitución Nacional es claro en cuanto a la responsabilidad del Estado Nacional por adherir a numerosas legislaciones, instrumentos y marcos regulatorios regionales e internacionales respecto de la protección del medio ambiente; los beneficios y excepciones (como la reciente baja de retenciones) con los que cuenta la actividad minera; a lo que se debe agregar que es una verdadera deuda de la democracia que siga vigente la modificación del espíritu de la Ley 14.771 realizada durante la última dictadura militar para permitir la extrajerización de la actividad minera. De esta manera, la megaminería es siempre sinónimo de saqueo, contaminación y muerte en beneficio de las corporaciones.
Finalmente queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo de la provincia de Mendoza que de manera mayoritaria en una movilización histórica ha expresado su enérgico rechazo a esta inconsulta medida. En el mismo sentido, como universitarios no podemos más que condenar la brutal represión con la que el gobierno provincial respondió a una legitima acción popular masiva.
Fuente:https://psyche.unc.edu.ar/portfolio-items/si-contamina-no-es-progreso-el-agua-vale-mas-que-el-oro/?fbclid=IwAR2fry0i8q4_JFaIMf8AfdT8U8B0T3qXSa9zM4KuJ6abtnrSXdsZKlxcBwc
RESOLVIÓ PODER JUDICIAL EN PUNO
La Primera Sala Civil de Puno dispuso que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no puede otorgar ninguna concesión minera, sin que se lleve a cabo un proceso de Consulta Previa a las comunidades campesinas propietarias de los territorios ancestrales sobre las que se superponen estas actividades extractivas, informó Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA), organización miembro de la RED MUQUI.
Esta orden judicial recae directamente sobre el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), que en el futuro no podrá otorgar concesiones mineras, si antes no realiza un proceso de Consulta Previa a las comunidades campesinas que podrían afectadas, de acuerdo al convenio 169 suscrito con la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Cristóbal Yugra, director de DHUMA, indicó que la sentencia indica que, en adelante, se le podrían aplicar restricciones al INGEMMET, en caso no cumpla en aplicar proceso de consulta previa a las concesiones mineras.
“Esta ordena al Ministerio de Energía y Minas, así como al INGEMMET, a no volver a incurrir en la inobservancia del Convenio 169, bajo apremio de aplicar las medidas coercitivas que prevé el artículo 22 del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237), sin perjuicio de las responsabilidades penales que hubiera lugar”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Últimas en enterarse
En este caso, el sector Energía y Minas impuso la actividad minera en Atuncolla, al autorizar la concesión del 100% de los territorios de estas comunidades campesinas, que además nunca fueron notificadas al respecto.
En ese sentido, la Sala Civil de Puno también reconoce que las concesiones mineras se expiden de espaldas a las comunidades campesinas.
«Concesionan territorios comunales de las demandantes, sin que éstas tengan conocimiento alguno y con la mera posibilidad de realizar consulta previa, una vez que la concesionaria de inicio propiamente a la actividad minera de exploración y explotación», refiere la Corte Superior.
Por su parte, DHUMA y el Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL) han insistido en que esta forma de emitir estas concesiones, por parte del INGEMMET, es casi clandestina, con el fin de que las comunidades campesinas no se enteren a tiempo, y no puedan actuar mediante recursos legales, en caso decidan oponerse a la actividad minera.
“Nunca hay una notificación impresa y concreta en el domicilio de la propia comunidad, solo publicaciones a través de avisos en diarios locales que jamás leen los que deberían hacerlo. De tal manera, en los hechos las comunidades campesinas no tienen manera de saber que se ha expedido una concesión, y que hay una concesión en su territorio. Todo ello deja en indefensión y en desprotección el derecho al territorio y a la propiedad de las comunidades campesinas”, asevera tanto DHUMA, como IDL.
Cristóbal Yugra agregó que el INGEMMET no había tomado en cuenta que las comunidades campesinas existentes en Puno tienen un reconocimiento formal, e inscrito en Registros Públicos. Es decir, el MEM ignoró a estas personas, así como a los derechos que los asisten como pueblos indígenas. De esta manera, se violaron los artículos 15 y 16 del Convenio 169, lo cual resulta inconstitucional.
“En uno de sus argumentos de sentencia, la sala señala que el Estado peruano no puede justificar el incumplimiento de los tratados internacionales con leyes internas. Esta sentencia es valiente e histórica en razón de que es la primera sala que se da en Puno, donde el Poder Judicial exige que se cumpla el Convenio 169”, refirió.
Según el artículo 6, inciso 1, del Convenio 169 de la OIT: “Las concesiones mineras deberán ser consultadas si es que se acredita que afectan directamente a las comunidades campesinas”. A ello se suma, que, conforme a la Convención de Viena, el Estado no puede alegar normas de su derecho interno para incumplir tratados internacionales vinculantes y de carácter constitucional, como el Convenio 169.
INGEMMET responde
Por su parte, el INGEMMET se justifica aduciendo que no debe consultarse la emisión de concesiones mineras, ya que la expedición de las mismas no autoriza la realización de exploración; en consecuencia, no afecta a las comunidades campesinas.
No obstante, la Primera Sala Civil de Puno, rebate este argumento al señalar que ello no exonera al Gobierno de realizar la consulta previa con las comunidades afectadas.
Esta sentencia se expidió en el marco de un proceso de amparo presentado por las 11 comunidades campesinas del distrito de Atuncolla (provincia y región de Puno), contra el MEM y su organismo público descentralizado, INGEMMET (Expediente N° 01846-2012).
Poder Judicial puede evitar conflictos socioambientales
Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) enfatizó en que este fallo, evitará que las comunidades opten por medidas de protesta como el aymarazo. Como abogado defensor, destacó que las comunidades han dado un claro ejemplo, sobre cómo este tipo de procesos deben ser resueltos por la instancia judicial.
“Esta resolución demuestra que el Poder Judicial tiene un papel que jugar, en los conflictos socio ambientales, cuando se afectan derechos fundamentales o los tratados internacionales de derechos humanos de rango constitucional. Esto sienta un histórico precedente de protección al territorio ancestral de los pueblos indígenas en el Perú”, remarcó Ruiz Molleda.
DATO:
Comunidades de Atuncolla: Palcamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca, Patacancha, Ticani Pampa, San José de Principio de Santa Cruz, Virgen de Soledad de la Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo y Jipa Grande y Chico.
Fuente:https://muqui.org/noticias/muqui-informa/mem-debera-consultar-a-comunidades-de-atuncolla-si-procede-concesion-minera-dentro-de-sus-territorios/
Integrantes de la Asamblea de Jacobacci por el Agua y el Territorio volvieron a manifestarse en contra de la megaminería en Calcatreu. Además, en el marco de los acontecimientos ocurridos a nivel nacional, repudiaron el accionar del gobierno de Mendoza en la movilización que se realizó en esa provincia para evitar la reforma de la Ley 7722.
La posición se dio a conocer en la jornada en la que se conoció el otorgamiento de permisos por parte del DPA a Minera Aquiline Argentina para que pueda iniciar una nueva campaña de exploración en Calcatreu y concretar el campamento que levanta en la zona de Lipetrén, a unos 82 kilómetros al sur de Jacobacci.
La agrupación ambientalista dejó en claro su postura opositora a través de un comunicado, en el que señalaron que Calcatreu «es solo la punta de un ovillo que involucra a cientos de proyectos de minería metalífera que, lejos de resolver los problemas como localidad y región “nos va a terminar de definir como zona de sacrificio”.
“Nos quieren hacer creer que esta minería es inevitable, que estamos condenados a resignarnos por vivir en un territorio rico en minerales y que estos son totalmente necesarios para la vida cotidiana»
Asamblea de Jacobacci por el Agua y el Territorio
«Nunca podría ser sustentable en la medida que vuelan cerros con toneladas de explosivos y usan cianuro, mercurio y ácido sulfúrico que se acumulan en embalses junto a millones de litros de agua como residuos contaminantes”
Respecto a la necesidad de generar empleos en una región con su principal economía como lo es la ganadería ovina y caprina, aún en crisis, admitieron que las fuentes de trabajo de los proyectos mineros son temporales y en un estado avanzado son mínimas y altamente calificadas. “Nosotros no somos los responsables del desempleo y en muchos casos hay un vacío intencional de propuestas laborales para favorecer la instalación de estos proyectos mineros”.
Agregaron que los organismos competentes no cuentan ni con las capacidades ni con los recursos necesarios para garantizar el control del más mínimo impacto ambiental.
“Nos dicen que la minería metalífera es aceptada por la mayoría de la población, entonces por qué en las campañas electorales no se expresan a favor… por miedo a perder votos? Nos preguntamos: ¿estamos dispuestos a utilizar en nuestra región cada vez más afectada por la sequía millones de litros de agua por día para extraer minerales destinados en su mayoría a la especulación financiera? ¿A qué vuelen nuestros cerros con toneladas de explosivos y utilicen sustancias contaminantes para separar los minerales que se llevarán, a cambio prácticamente de nada con los pasivos ambientales que esto implica? ¿A que estos proyectos se instalen en territorios de comunidades indígenas y de campesinos que generación tras generación han sostenido a sus familias a partir de la producción?”, agregaron.
Detallaron que la opción para cubrir las necesidades sigue estando en el fomento de la ganadería, de la agricultura, el turismo, el comercio y empresas de servicios y las industrias no contaminantes.
Río Negro – Mendoza
Por otro lado compararon lo que sucede en Mendoza, con lo ocurrido en Río Negro en diciembre de 2011 cuando, días antes de Navidad, el ex gobernador Carlos Soria (FpV) a pocos días de haber asumido derogó la Ley Provincial 3981, similar a la ley 7722 de Mendoza.
“Más allá de los partidos políticos y de los funcionarios y funcionarias de turno, lo que está cada vez más claro es que el modelo extractivo no se toca. La Ley de Inversiones Mineras del año 1993 está más vigente que nunca. Parece que nada importa lo que dice la Constitución Nacional y Provincial en materia de protección ambiental ni las Leyes que van en el mismo sentido, todo esto es violado sistemáticamente por aquellos que juran por Dios, la Patria y por el Pueblo”, sentenciaron.
Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/43413-ambientalistas-de-jacobacci-se-manifestaron-en-contra-de-la-megamineria-en-calcatreu
En 2014 ocurrió el peor desastre ambiental, que impactó a más de siete localidades, indicó el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, en referencia a la contaminación del Río Sonora por un derrame del Grupo México.
Este asunto, indicó en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, se atendió desde agosto. “Hemos respondido de dos formas: el tema jurídico y también se acudió a ocho reuniones con comunidades afectadas. La próxima semana, junto con el secretario de Salud, estaremos en Sonora viendo este asunto”.
Por su parte, Blanca Alicia Mendoza, procuradora federal del Ambiente, dijo que a la empresa Buenavista del Cobre se le revisan sus obligaciones en materia ambiental y el tema relativo al derrame.
“Las autoridades ambientales consideraron en 2017 que se había cumplido con la remediación”, detalló. No obstante, indicó, ahora “estamos inspeccionando la nueva presa de jales y toda la zona que incluye una mina ya cerrada”.
Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/12/12/derrame-de-grupo-mexico-en-rio-sonora-peor-desastre-ambiental-secretario-toledo/?fbclid=IwAR2THtq5BNlr1zCg2sVZohXWx9SKqbqpaFJhCi6PBNr_Pl8t3ZjRz4W9iG8
Eduardo Gudynas: Investigador en el Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES) de Uruguay. Sus áreas de trabajo son las alternativas al desarrollo, especialmente el análisis de las estrategias de desarrollo de gobiernos sudamericanos, sus impactos sociales y ambientales
Las polémicas sobre la minería de oro en Perú están siempre presentes. Es como si nunca terminaran de resolverse. En las últimas semanas retornó una de las más viejas y repetidas defensas de la megaminería de oro insistiendo que es posible llevarla adelante preservando el agua. Un nuevo intento para revertir una de las más duras críticas y evidencias sobre los impactos negativos de ese tipo de minería, y sus efectos sobre las cuencas hidrográficas. Se sueña con un matrimonio armonioso entre las explotaciones a tajo abierto y la conservación del agua, la agricultura, ganadería y hasta la reforestación.
Una defensa de ese tipo para la megaminería de oro en Cajamarca fue presentada por el político Fernando Cilloniz, bajo la imagen de “agua sí” y “oro también”. Algunos de sus argumentos ya fueron respondidos por Mirtha Vásquez. En este caso deseo ofrecer otra mirada que permite concluir que aquella imagen ya no tiene sustento en tanto no tiene sentido continuar extrayendo oro. La metáfora correcta sería “agua sí porque el oro es innecesario”.
Me explico: la demanda actual de oro está concentrada en dos usos claramente superfluos e innecesarios. Aproximadamente el 50% está destinado a la joyería, y se lo consume sobre todo en China, India y otros países del Medio Oriente y Asia. Un poco menos del 40% se lo utiliza en el sector financiero, para acuñar lingotes o monedas por ejemplo. Este sirve para la acumulación de muchos países, sea en sus propios bancos centrales como en otros sitios, o por particulares que lo acopian como resguardo financiero. Solamente alrededor del 10% tiene usos industriales.
Insisto en estos indicadores porque sirven para desmontar el repetido señalamiento de la necesidad de ese mineral para sostener la industria, la vida moderna o metáforas similares. Los que se oponen a esos extractivismos nos llevarían a la Edad de Piedra es lo que agregan los defensores del oro.
Pero la realidad es muy distinta. Puede afirmarse que en números redondos, casi el 90% del mercado internacional del oro radica en usos superfluos, suntuarios y banales. No tienen nada que ver con las demandas más necesarias en la industria o la medicina. En lugar de eso, se extrae el oro desde países como Perú para que algunos puedan comprar enormes aretes en China, o que otros acopien monedas en sus cofres. Dicho de otro modo, se está poniendo por delante los deseos de consumismo de señoras chinas que están dispuestas a gastar mucho dinero en esas joyas por sobre las necesidades de calidad en salud y ambiente de las comunidades andinas. Esto es sistemáticamente ignorado, ya que sería muy embarazoso que un político local defienda unos enclaves mineros para satisfacer la exhibición de la opulencia del otro lado del planeta.
Por si fuera poco, no tiene sentido seguir sacando oro del suelo, ya que con todo el mineral extraído se pueden atender todas las necesidades legítimas como son las industriales. Se estima que ya están “arriba del suelo” casi cuatro veces el volumen de oro que aún permanece “bajo suelo”. En efecto, se calcula que se han removido casi 200 mil toneladas de oro (dos tercios de ese total se deben a operaciones realizadas desde 1950), mientras que siguen enterradas en el subsuelo unas 54 mil toneladas.
Todo ese enorme volumen de oro que está allí afuera permite que pueda ser recuperado, reciclado o reutilizado para todas las demandas de usos industriales, médicos, etc. Entonces, incluso enarbolando la bandera de la modernización industrial, queda claro que los estilos de vida contemporáneos pueden continuar sin sobresaltos con todo el oro que ya se ha removido. Es más inteligente dedicarse a su reutilización y reciclaje.
Inmediatamente surge la pregunta de por qué no está ocurriendo eso en este momento. Y la respuesta es simple: la culpa la tienen políticas mineras al estilo peruano que se repiten en varios países. Ellas hacen que el precio de mercado del oro sea comparativamente más bajo al costo de los reciclajes y recuperaciones, y es tan barato porque ese valor económico no incorpora los daños sociales y ambientales. Si se sumaran al precio de la onza de oro los costos como los que demandarían asegurar el agua potable, rellenar y reforestar los tajos abiertos o limpiar los pasivos abandonados, estaríamos ante valores de mercado altísimos. En cambio, con ese “oro barato” siempre es más ventajoso seguir extrayendo en países del sur, como Perú o Sudáfrica, ya que la carga del deterioro en la salud, en la calidad de suelos y aguas, o la pérdida de biodiversidad, quedan en esas naciones, se “pagan” allí. Dicho de otro modo, las señoras y señores en China o la India pueden comprar oro del sur, porque ellos no pagan por sus impactos sociales y ambientales.
Tener presente estas particularidades es urgente. Es que actualmente se minan de 2.5 a 3 mil toneladas por año, y a ese ritmo el propio sector empresarial vaticina que hacia 2035-2050 se agotarán los depósitos accesibles o cuya extracción es económica o tecnológicamente posible. Esto no quiere decir que se agotará el oro, sino que otros yacimientos resultan inaccesibles o su concentración es tan baja que ya no es viable extraerlo. Por lo tanto se insiste en un sector destinado a desaparecer en unos años, mientras que los pasivos ambientales que deja estarán allí por décadas.
Una política nacional más inteligente es comenzar a prepararse para esa etapa postminera. En lugar de invertir en un sector moribundo y que genera impactos y conflictos, los recursos del Estado deberían enfocarse en aquellos rubros que los pueden reemplazar, y en especial aquellos que demanden menos insumos en energía y agua, pero más empleo humano, y produzcan bienes realmente necesarios.
Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/nuestra-mineria-de-oro-y-los-aretes-chinos-un-sinsentido?fbclid=IwAR1hfw5_cc1XTDRfFiECZgHHn6r9AgkOA6KoNNMgiPyKPy9QyEEihblvEIQ
El comercio de mercurio en Indonesia está vinculado a la extracción ilegal de oro en todo el mundo. Es una sustancia tan peligrosa que ha dejado un saldo de medio millón de personas envenenadas.
CIDAHU, Indonesia — Miles de niños con defectos congénitos incapacitantes. Medio millón de personas envenenadas. Una sustancia química tóxica que se encuentra en el suministro de alimentos. Acusaciones sobre un encubrimiento del gobierno y policías que participaron en actos de corrupción.
Ese es el legado del comercio de mercurio en Indonesia, un negocio ligado a la lucrativa e ilegal producción de oro.
Según expertos en salud, más de cien naciones se han unido a una campaña mundial para reducir el comercio internacional de mercurio, un elemento tan tóxico que “no se conoce un nivel seguro de exposición”.
Pero ese esfuerzo ha fracasado en Indonesia, donde han surgido fabricantes ilícitos que trabajan en sus patios traseros para abastecer a los mineros ilegales y remplazar el mercurio que antes era importado desde el extranjero. Ahora, Indonesia produce tanto mercurio en el mercado negro que se ha convertido en un importante proveedor mundial, enviando miles de toneladas a otras partes del mundo de manera clandestina.
Según los registros judiciales, gran parte del mercurio se destina a la minería de oro en África y Asia, pasando por centros importantes como Dubái y Singapur, pero ese comercio tiene consecuencias mortales.
“Es una crisis de salud pública”, dijo Yuyun Ismawati, cofundadora de la Fundación Nexus3 —un grupo ambiental indonesio— y ganadora del Premio Ambiental Goldman 2009. Ella ha pedido que se implemente una prohibición mundial del uso de mercurio en la minería aurífera.
Indonesia, la cuarta nación más poblada del mundo, destaca por la gran cantidad de mineros de oro que actúan fuera de la ley y por la preocupación de que algunos de los funcionarios encargados de vigilar el comercio —y hacer cumplir la ley— se están beneficiando con este.
Como muchas otras personas, Cece Rifa’i, un exminero, es responsable del auge del mercurio en Indonesia y de la propagación del flagelo de la contaminación en todo el país. Pero no se arrepiente.
“No me siento culpable de nada”, dijo desde la terraza de su casa de dos pisos en la isla de Java.
Durante años, Cece fue el pionero de una red de productores, comerciantes y contrabandistas ilegales de mercurio que suministran esa sustancia para los mineros de oro de toda Indonesia, quienes la utilizan para extraer oro del mineral triturado.
En un solo día, con ayuda de un horno que construyó en su patio trasero, podía producir una tonelada de mercurio que, según él, vale más de 20.000 dólares en el mercado negro.
Indonesia obtuvo legalmente la mayor parte de su mercurio de Estados Unidos y Europa durante décadas. Pero hace seis años, al reconocer el daño que producía, los países occidentales comenzaron a reducir las exportaciones de mercurio.
El comercio de mercurio es lucrativo, pero el negocio del oro que este respalda es mucho más rentable. Según algunas estimaciones, los mineros de Indonesia que se dedican a la explotación a pequeña escala producen hasta 5000 millones de dólares al año.
La pobreza está muy extendida en Indonesia y muchas personas, desempleadas y desesperadas, han acudido en masa a los yacimientos de oro.
Los mineros a menudo viven fuera de la ley, cavan sin autorización en los territorios donde buscan el mineral o lo hacen sin permisos del gobierno en parques nacionales y áreas protegidas.
Para extraer oro, los mineros mezclan mercurio líquido con el mineral triturado. El oro del mineral se une al mercurio para producir una amalgama de metales. Los mineros calientan la mezcla con un soplete para evaporar el mercurio y que quede el oro.
A muchos mineros les gusta este método porque les da un rendimiento rápido.
Pero los niveles de mercurio que hay en el aire en las comunidades mineras pueden ser muy peligrosos. Los estudios muestran que las aguas residuales que contienen mercurio llegan a los campos, los arroyos y las bahías, por lo que el arroz, las frutas y los peces se contaminan.
Según Yuyun, al menos desde 2012, los funcionarios gubernamentales han estado al tanto de los problemas de salud relacionados con el mercurio en los yacimientos de oro, pero no han advertido a los residentes sobre los peligros de consumir arroz y pescado que posiblemente esté contaminado.
El año pasado, el Ministerio de Medioambiente y Silvicultura de Indonesia realizó pruebas en siete comunidades mineras e identificó a 558 adultos y niños que presentaban altos niveles de mercurio, muchos de ellos con exposición severa. La muestra también encontró altos niveles en el arroz.
Sin embargo, el ministerio aún no ha notificado a las personas sobre los resultados de sus pruebas ni ha emitido una advertencia pública porque temen provocar pánico por la seguridad en el suministro de alimentos.
“Ocultar deliberadamente resultados críticos es un delito”, dijo Yuyun, la investigadora principal de la minería a pequeña escala en la Red Internacional para la Eliminación de los Contaminantes. “Las personas están muriendo y tienen muy poco acceso a algún tratamiento eficaz. El gobierno tiene que detener el comercio de mercurio y limpiar el desastre”.
Los funcionarios del Ministerio de Medioambiente se negaron a ser entrevistados y no respondieron a preguntas por escrito.
Funcionarios de la oficina del presidente de Indonesia, Joko Widodo, reconocieron que la contaminación por mercurio es un problema grave y dijeron que se había emitido un plan de acción nacional que exige la limpieza de cuatro lugares.
El presidente también ha ordenado a los comandantes policiales y militares que tomen medidas contra el personal que se encuentre involucrado en el comercio ilegal de metales. Las autoridades dijeron que no tenían conocimiento de alguien que se hubiera sometido a medidas disciplinarias. Portavoces de la policía nacional y el ejército se negaron a ser entrevistados.
Las autoridades dicen que el público ha sido advertido sobre los peligros del mercurio, pero hay poca evidencia de esto en las zonas mineras. Muchos mineros insisten en que no es peligroso.
Es bien sabido que unos funcionarios corruptos desempeñan algún rol en el comercio del oro y el mercurio, pero el gobierno rara vez hace algo al respecto.
Se dice que algunos miembros de la policía y el ejército financian operaciones de extracción de oro, exigen pagos de extorsión a cambio de protección, supervisan sus propias minas y procuran el tránsito seguro del mercurio y el oro. Muchas de las toneladas de mercurio incautadas por la policía han desaparecido.
“Cuando fuimos al campo y hablamos con la gente de allí, admitieron que la policía les había dado el mercurio”, dijo Putu Selly Andayani, jefe de la Agencia de Comercio de la provincia de las Islas menores de la Sonda occidentales. “Dijeron que la policía los ayudó a montar la extracción ilegal”.
En todo el país, los mineros trabajan con mercurio a la vista de todos sin temor a ser castigados. Las detenciones ocasionales de los trabajadores de hornos y contrabandistas apenas han afectado el suministro.
“Cuando fuimos al campo y hablamos con la gente de allí, admitieron que la policía les había dado el mercurio”, dijo Putu Selly Andayani, jefe de la Agencia de Comercio de la provincia de las Islas menores de la Sonda occidentales. “Dijeron que la policía los ayudó a montar la extracción ilegal”.
En todo el país, los mineros trabajan con mercurio a la vista de todos sin temor a ser castigados. Las detenciones ocasionales de los trabajadores de hornos y contrabandistas apenas han afectado el suministro.
Su hogar en la regencia de Sukabumi, en el oeste de Java, es un lugar poco probable para esta industria establecida en los patios traseros. Se trata de una zona pintoresca de arrozales y pueblos sencillos, no hay ningún mineral de cinabrio ni una carretera cercana. Ni siquiera hay un camino a la casa de Cece en el pueblo de Cidahu.
Pero en su patio, Cece construyó un horno tan grande que podría producir una tonelada de mercurio en 24 horas.
Montó un sistema para que le enviaran cinabrio desde islas distantes, a menudo a través de servicios de mensajería exprés.
Contrató a hombres locales a los que define como “atracadores, ladrones y sicarios”, para que trabajaran con el horno.
Oficiales de la policía local y funcionarios de salud lo visitaban con frecuencia, y a veces tomaban muestras de agua. En cada visita, dijo, les daba “dinero de bolsillo”.
Los inspectores no reportaron haber detectado problemas de salud.
Fuente:https://www.nytimes.com/es/2019/11/13/espanol/mundo/indonesia-mercurio.html
Presionado por las protestas de los habitantes de la provincia y de movimientos ambientalistas de todo el país, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció que suspenderá la reglamentación de la ley minera, mientras se generará un diálogo abierto “sin generación de miedos, garantizando la paz social, porque lo que más quiero es cuidar el agua”.
“Voy a suspender la reglamentación de la ley”, adelantó el gobernador y anunció que habrá debates para generar un diálogo abierto y consenso social, porque queremos cuidar el agua y que haya trabajo de calidad”.
Hace apenas 48 horas el Gobierno de Mendoza promulgó en el Boletín Oficial los cambios a la Ley 7.722 que permitía el uso de sustancias químicas en la minería con las enmiendas aprobadas el viernes pasado en la Legislatura provincial.
Sin embargo, desde ese mismo día se repitieron las protestas de los habitantes de la provincia, de organizaciones de ambientalistas y otros sectores de la sociedad civil que criticaron la iniciativa. Incluso, las Reinas de la Vendimia se pusieron en pie de guerra contra el beneficio a las mineras y amenazaban con que no se realice la tradicional celebración.
En las modificaciones de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 básicamente se habilitaba la utilización de cianuro y de ácido sulfúrico, lo que permite separar los metales extraídos de la roca, habilitando la minería metalífera a cielo abierto, mientras que se mantiene la prohibición del uso del mercurio.
Entre las modificaciones, la norma promulgada creaba una comisión Bicameral “de contralor ambiental y seguimiento de actividades extractivas” que debía informar anualmente el estado del ambiente en la provincia en relación con la actividad minera y petrolera, así como también el cumplimiento de las normas de cuidado y preservación del agua y del ambiente.
En su artículo 1°, la norma enuncia que para “garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico y asegurar el cumplimiento de la actividad minera de los principios ambientales de sustentabilidad establecidos”, establecía que el control de la actividad minera se realizará a través de leyes nacionales.
Fuente:https://www.noticiasambientales.com/compromiso-ambiental/victoria-ambientalista-mendoza-suspende-la-ley-que-favorecia-a-las-mineras/?fbclid=IwAR2nw8QFEiSkd5Itt9JiVUOeHDFhU09Q9Mumbs6X2VlVGm19s2CAdP4BxMc