Imagen: Radio Nacional
Por: Dionel Martínez, Camila Delgado e Iván López[1]
COOPERACCION, 05/08/2020
El ahora ex Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, en su presentación para el pedido del voto confianza ante el Congreso de la República, hizo la siguiente mención sobre el distrito de Tambogrande y la supuesta presencia masiva de la minería ilegal:

“Contra lo que sí debemos combatir con energía es contra la minería ilegal. El uso de microextractores prohibidos como el mercurio y otros productos perniciosos causa un tremendo daño a nuestro medio ambiente. Para ello, voy a mostrar imágenes de Tambo Grande, en la región Piura, captadas por el satélite Perú SAT-1. Fíjense cómo era esta zona en 2017 y lo es tres años después. Este desastre ecológico que ha destruido nuestro medio ambiente no solo ocurre en Madre de Dios. Todavía estamos a tiempo de detener esta catástrofe que es una verdadera amenaza para el país”.

Imagen N°1

Fuente: Presentación del ex Primer Ministro Pedro Cateriano.

En el presente artículo, por el interés público y la salvaguarda de la reputación del análisis espacio-temporal que nos ofrece la geografía -a través de la teledetección- ponemos bajo la lupa las declaraciones vertidas con tanta vehemencia por el señor Cateriano. Queremos dejar en claro que de ninguna manera pretendemos defender la minería ilegal. Por el contrario, estamos completamente de acuerdo en que debemos combatir con todos los medios posibles esta actividad que destruye miles de hectáreas de ecosistemas cada año en el Perú. Dicho esto, lo correcto es tomar los datos de la realidad, a través del uso de herramientas que permiten la detección y evolución de información en el tiempo y, sobre todo sin ajustarla con la finalidad de favorecer intereses o argumentos particulares.

Al parecer, al ex Presidente del Consejo de Ministros no solo le faltó un buen asesoramiento para referirse al tema minero[2], sino que debemos señalar que faltó claramente a la verdad al presentar información que no se ajusta a lo que ocurre en el territorio al que hacía referencia. Al presentar dos imágenes satelitales de los años 2017 y 2020 (ver imagen N° 1) de una zona de Tambogrande (provincia y departamento de Piura), alertó que en este distrito se había consumado un desastre ecológico, haciendo alusiones tendenciosas comparativas a lo que viene sucediendo en Madre de Dios.

Al hacer un análisis espacio-temporal de las imágenes satelitales a las que hizo referencia, pudimos corroborar que éstas efectivamente corresponden a la zona central del distrito de Tambogrande y la supuesta actividad minera ilegal está circunscrita a un predio de 10 hectáreas. Por lo tanto, resulta grotesco equiparar la magnitud del predio con el de otras zonas devastadas por minería ilegal en Madre Dios que superan las 100 mil hectáreas. Además, en la zona mencionada por Cateriano no existe minería ilegal; el predio al que hace referencia no se sobrepone a ningún área natural protegida; tampoco hay indicios de un desastre ecológico y mucho menos hay un dinamismo acelerado del cambio del uso del suelo en grandes extensiones como suele suceder en zonas impactadas por minería ilegal.

Imagen N° 2

Sobre este tema el actual alcalde de Tambogrande, Alfredo Rengifo, ha sido tajante al señalar[3] que el ex premier ha mentido y que en la zona señalada, no existe ninguna excavación de minería artesanal. La imagen satelital del año 2017 que mostró el ex premier Cateriano, presenta una sospechosa combinación de bandas (filtros) que le dan un “verdor” particular a la zona, haciendo notar un contraste en el predio para el año 2020. Al analizar otras imágenes satelitales (Google Earth Pro) anteriores a este último año, se puede corroborar que ya existían intervenciones de remoción de cobertura de suelo en dicho predio. Es más, estos cambios ya eran notorios a finales del año 2012 y se acentuaron a finales del 2017 (ver imagen N° 2). Dentro del mismo predio ha habido remoción de la cobertura a lo largo de los años, pero no se ha desbordado hacia otros predios.Al contrario, las imágenes muestran parcelas agrícolas contiguas con cultivos rebosantes.

Lo que tampoco verificó Cateriano es que la zona que presentó en imágenes, registra interés minero[4]formal desde el año 1977 (Ingemmet, 04/08/2020). Actualmente está concesionada a la empresa Activos Mineros S.A.C (Ingemmet, 04/08/2020), quienes incluso muestran en su página web[5] a Tambogrande, como un proyecto en promoción. Además, es importante señalar que las concesiones mineras tituladas y en trámite, según Ingemmet, ocupan el 39.5 % (58 861. 95 hectáreas) del total del distrito. Las presiones de la gran minería (sector al que aparentemente busca representar Cateriano), tienen data histórica[6]. La resistencia democrática del pueblo tambograndino también.

Este caso no solo debería quedar en el factcheck geográfico, sino que debería haber una pública enmienda del señor Cateriano, con la misma vehemencia que propaló la información en el Congreso. Su intervención en este tema lleva a pensar que el sector al que representa, está dispuesto a recurrir al maquillaje de la realidad y que desvían la atención de zonas que necesitan con urgencia el control de las actividades ilícitas.

Por otro lado, los profesionales dedicados al ejercicio de la geografía en el país, deberían hacer un llamado de atención a la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), para que cumpla con rigurosidad científica y ética las funciones que le han sido conferidas y no se preste a la distorsión de la realidad haciendo uso de los recursos y herramientas tecnológicas (PerúSAT-1) que pertenecen a todos los peruanos.

[1] Dionel Martínez es coordinador colegiado de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial. Y Camila Delgado e Iván López son miembros del equipo de geógrafos de CooperAcción.

[2] Ver Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2014). Diferencias entre minero informal e ilegal [infografía]. Recuperado de https://spda.org.pe/wpfb-file/diferencias-entre-mineros-jpg/.

[3] Municipalidad Distrital de Tambogrande (04/08/2020). Ing. Alfredo Rengifo Navarrete, Alcalde del distrito de Tambogrande [Video file]. Recuperado de https://www.facebook.com/watch/?v=599265344034502.

[4]Ver Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (04/08/2020). Sistema de Derechos Mineros y Catastro (Sidemcat). Recuperado de https://www.ingemmet.gob.pe/sidemcat?CodDM=12610070Z08&TipoDoc=0.

[5] Activos Mineros S.A.C. (04/08/2020). Promoción de la inversión privada. Recuperado de https://www.amsac.pe/objeto-social/promocion-de-la-inversion-privada/#Objetivos-Principales.

[6] Ver CooperAcción (04/03/2020). Tambogrande: ¿Viejo conocido con nuevo nombre? CooperAcción Informa. Recuperado de http://cooperaccion.org.pe/tambogrande-viejo-conocido-con-nuevo-nombre/.

5/8/2020
La minera canadiense Lupaka informó este martes que ha firmado un acuerdo de financiación de arbitraje con Bench Walk Advisors para respaldar el reclamo de arbitraje de la compañía contra Perú en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC) Canadá-Perú del 2009.

El acuerdo incluye hasta USD 4.1 millones para respaldar el arbitraje y los costos relacionados. Todos los fondos que BWA adelantará no tienen aval y solo son reembolsables al completar una demanda exitosa donde se recuperan los fondos. Como tal, el monto del financiamiento no se diluye a los actuales accionistas de Lupaka.

De acuerdo con la minera, la disputa surge de ciertos actos y omisiones de Perú en violación del TLC y el derecho internacional relacionados con la inversión de la compañía en el proyecto de oro Invicta.
Proyecto de Oro Invicta

Invicta se encuentra en la provincia de Huaura, aproximadamente a 120 kilómetros al norte de Lima. Para Lupaka, la comunidad indígena de Parán erigió un bloqueo ilegal en octubre de 2018 al impedir el acceso a la mina.

“La compañía había comenzado sus envíos planificados desde la mina a plantas de procesamiento de terceros en el tercer trimestre del 2018, pero tuvo que suspender dichos envíos como resultado del bloqueo ilegal de Parán”, recordó la firma.

Sin acceso al sitio del proyecto Invicta, Lupaka Gold no pudo continuar extrayendo, enviando y procesando el material extraído. A pesar de las numerosas solicitudes de asistencia de la fuerza policial y de los funcionarios locales, estatales y federales del Gobierno peruano, la asistencia solicitada no se brindó y el bloqueo ilegal continuó.

“Sin la capacidad de enviar y vender su producto, Lupaka no pudo pagar el préstamo adquirido para completar el desarrollo e inicio de la producción comercial, el prestamista ejecutó la garantía del préstamo y Lupaka finalmente perdió el proyecto (Invicta)”, agregó.

El 12 de diciembre del 2019, Lupaka entregó al Ministro de Economía y Finanzas (MEF) del Perú una Notificación de Intención para Presentar una Reclamación de Arbitraje de conformidad con el TLC.

La presentación de la notificación de intención inició un período de consulta de seis meses entre las partes durante el cual deben intentar resolver la disputa de manera amigable.

Las reuniones entre los representantes del Gobierno peruano, Lupaka y sus abogados de arbitraje, LALIVE, han tenido lugar durante este período de seis meses, pero no se ha presentado ninguna resolución. La compañía ahora está en condiciones de iniciar procedimientos de arbitraje internacional contra el Perú de conformidad con el TLC.
Fuente: Gestión

Lupaka obtiene financiamiento para arbitraje contra Perú

Ana Leyva V.  – Cooperaccion
03/08/2020
Imagen: Tecnología minera
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) acaba de publicar en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 019-2020-EM, que modifica 13 artículos y una disposición complementaria transitoria del Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de Exploración Minera (Decreto Supremo N° 042-2017-EM). A continuación se describen los cambios más importantes y sus implicancias en la reducción de estándares ambientales.

Artículo 6: en esta modificación se hace un añadido a la redacción inicial del artículo. La parte que se mantiene vigente es de por sí bastante irregular y establece un beneficio arbitrario para los intereses de las empresas mineras. Señala que si en una zona existen proyectos del mismo titular minero o de titulares asociados o vinculados (por manejo financiero, dirección, control, capital, derechos de voto o cualquier mecanismo que le diera a uno influencia dominante sobre el otro), se consideran como uno a efectos de la presentación del instrumento de gestión ambiental (Ficha técnica Ambiental, Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental). Esto supone que el titular o los titulares de todos ellos pueden presentar un solo instrumento de gestión ambiental, y si uno de los proyectos ya tiene un estudio aprobado, los otros pueden presentar solo modificatorias a ese estudio y no uno nuevo como correspondería y se exige en cualquier parte del mundo. Esto hacía suponer que se aplicaba a proyectos contiguos o muy próximos.Respecto a ello esta nueva norma nos deja implícito (nos dan a entender) que los proyectos que se consideraran como si fueran uno, no tienen que estar juntos, que basta que se ubiquen en el mismo ámbito de una microcuenca, que sus yacimientos tengan características geológicas similares, o que entre ellos se generen impactos sinérgicos o acumulativos. Para entender mejor esta figura, hagamos una analogía. Es como si una persona que compra varios terrenos dispersos en San Isidro, se le exigiera solo una licencia de construcción para todos con el argumento de que se trata del mismo dueño y del mismo distrito. Esta “gran idea” que debilita el sistema de evaluación de impacto ambiental, tiene como antecedente un pronunciamiento del Servicio Nacional de Evaluación de las Inversiones Sostenibles (SENACE), organismo que aprueba los EIA detallados, para el caso del proyecto de explotación Coroccohuayco. Este proyecto inicialmente fue pensado como independiente del proyecto Antapaccay y la empresa titular estuvo inicialmente elaborando un nuevo EIA. SENACE le dijo que no tenía que hacerlo, que bastaba una modificatoria del EIA de Antapaccay porque ambos proyectos compartían componentes mineros y por ello se les podía considerar como una sola unidad productiva, a pesar de ocupar juntos 20,000 has. Como la osadía es premiada en el Perú, ahora solo basta que los proyectos de exploración tengan un solo dueño o socios para considerarlos como si fueran una solo unidad, relativizando su ubicación.
Artículo 21: antes de su modificación, este artículo establecía que si en las labores exploratorias se intersectaban aguas subterráneas, el titular debía registrar y comunicar el hecho por vía informática, dentro de las 48 horas, a la autoridad competente(MINEM),al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico(INGEMMET). Para el caso de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la obligación del titular era el aviso inmediato, bajo responsabilidad. Estas obligaciones se han relativizado. Ahora basta que el titular del proyecto dentro de las 48 horas comunique a la autoridad competente, y ella debe encargarse de correr traslado de la información recibida a las otras entidades. Uno se pregunta por qué el cambio, si era importante la comunicación directa para una pronta actuación. No lo sabemos.
Artículo 39: anteriormente, este artículo señalaba que el titular del proyecto de exploración podía ampliar el cronograma de sus actividades por seis meses, por única vez, comunicando por vía informática a la autoridad competente y a OEFA. Ahora puede ampliar su cronograma, más de una vez, siempre y cuando las modificaciones sumen seis meses.
Artículo 40: antes de su modificación, este artículo señalaba que todas las aprobaciones y modificaciones de estudios ambientales estaban sujetas al silencio administrativo negativo. Es decir, si no se daba el pronunciamiento explícito de la autoridad evaluadora, en el plazo establecido, se entendía que el estudio había sido desaprobado. La modificatoria ahora establece que para los casos de evaluación de fichas técnicas ambientales (FTA) se aplica el silencio administrativo positivo. Es decir, podemos considerar aprobada la FTA, sin necesidad de pronunciamiento de la autoridad competente. Cabe precisar que la FTA, es un instrumento de gestión ambiental para proyectos de exploración minera que, dada su ubicación y características, tienen impactos negativos no significativos[1]. Consideramos que la exploración minera es una actividad siempre riesgosa que puede afectar aguas subterráneas o que puede dejar desechos, y que, por lo tanto, requiere siempre que se evalúe con detenimiento las afectaciones que puede producir, lo cual conlleva un pronunciamiento explícito de la autoridad competente sobre los impactos o afectaciones que se pueden producir.
Artículo 44: Respecto a los requisitos para la presentación de un FTA, el artículo 44 señalaba que se debía acreditar la realización de un taller participativo. En la modificatoria se dice que cuando el proyecto se ubica en terrenos eriazos o de propiedad de la empresa, el taller se puede remplazar por otro mecanismo de participación ciudadana. Además, se añade que, si el taller participativo se suspende por caso fortuito o fuerza mayor, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) puede reprogramarlo o remplazarlo por otro mecanismo de participación ciudadana.
Artículo 56: antes de esta modificatoria, este artículo establecía la posibilidad de que, mediante una comunicación previa, de manera virtual se realice la reubicación de componentes principales o auxiliares proyectados, siempre y cuando esas reubicaciones no infringieran lo dispuesto en las categorías de clasificación anticipada y no modificara el área de uso y actividad minera previamente aprobada. La norma precisaba que esas reubicaciones no debían modificar el programa de monitoreo ambiental y que, si bien era posible la reducción del número o dimensión de los componentes, esto no incluía a los componentes relacionados al manejo ambiental. Además, precisaba que no se podía reubicar componentes en áreas que estuvieran a menos de 50 metros de una fuente de agua, o menos de los 100 metros de distancia de nevados, de tierras de protección y bosques primarios. El actual contenido del artículo 56 permite no solo reubicaciones sino también otro tipos de cambios, que incluyen el programa de monitoreo. Tiene dieciséis tipos de cambio realizables y la lista es abierta pues pueden incorporarse otros más si el MINEM, con opinión favorable del Ministerio del Ambiente (MINAM), lo cree conveniente. Uno de esos cambios es la posibilidad de variar la capacidad de almacenamiento e insumos químicos dentro de las instalaciones o la variación del número, longitud, azimut (ángulo) e[M1] inclinación de los sondajes dentro de las plataformas. Las reubicaciones sin modificación de estudio ambiental solo se prohíben en la propia fuente de agua, nevados, tierras de protección o bosques, no en sus áreas cercanas, como decía la anterior redacción de este artículo.
Artículo 58: este artículo anteriormente indicaba que, cuando se quiere presentar un nuevo estudio ambiental o su modificatoria en áreas donde se ejecutaron actividades de exploración, la nueva solicitud debe considerar también las actividades contempladas en el anterior estudio, salvo que el titular declarara haber cerrado total o parcialmente las plataformas o componentes aprobados. Además, señalaba que en proyectos de hasta 700 plataformas se debía exigir el cierre de por lo menos el 60% de las plataformas aprobadas previamente o su no ejecución. En esta última modificatoria se establece que en este último supuesto, es necesario que se hayan cerrado o no ejecutado las plataformas aprobadas, salvo que el titular esté en tránsito a la explotación, con un EIA detallado aprobado. Cuando ello ocurre, dicha condición no es exigible.
Artículo 60: anteriormente, este artículo exigía al titular rehabilitar las áreas afectadas por su actividad exploratoria, salvo aquellas a las que daría un uso futuro. En este caso, debía compensar esa área con la reforestación de otra con una especie nativa. Con la modificatoria, solo se le exige al titular que proponga una medida compensatoria, es decir, aquella que mejor le parezca. La modificatoria de este artículo también establece que, cuando se están cerrando las labores exploratorias, se pueden dejar en pie (además de componentes auxiliares, como las oficinas administrativas o caminos) las plataformas de exploración si la comunidad campesina, gobierno local, regional o nacional lo pide para usarlo con fines de interés público o cuando un tercero lo solicita. Es decir, la empresa puede ir dejando en el territorio plataformas, un componente principal que anteriormente era inaceptable o impensable dejar.
Artículo 68: este artículo establecía que el OEFA tenía la obligación de verificar el cumplimiento de las labores de cierre contenidas en los informes de cierre de proyectos presentados por los titulares. Con la modificatoria, la fiscalización priorizará los casos de proyectos que por sus características requieren de un plan de cierre de minas con garantías para su cumplimiento, por el nivel de sus impactos o aquellos que se encuentran en zonas de conflicto socio ambiental. Es decir, ya no lo tiene que hacer en todos los casos.
Finalmente, es importante señalar que en este periodo de pandemia se vienen haciendo una serie cambios en el sistema de gestión ambiental para facilitar la reactivación. Se ha establecido la posibilidad de líneas de base para estudios ambientales sin trabajo de campo, participación ciudadana y fiscalización ambiental principalmente virtuales, la suspensión de entrega de informes de monitoreo y otros.

Creemos que este debilitamiento del sistema de gestión ambiental y principalmente del sistema de evaluación del impacto ambiental apuesta por una promoción de la inversión y reactivación económica a cualquier costo. Este comportamiento irresponsable de las autoridades reguladoras nos pasará factura en unos años y hará que los daños, que pueden terminar siendo cuantiosos, tengan que ser asumidos por el Estado y todos los peruanos, como ha ocurrido siempre. Además, pone en evidencia, la enorme influencia que tiene el sector minero, en el MINEM y MINAM, ya que uno aprueba las normas sectoriales ambientales y el otro le da su visto bueno.

2/7/2020 | Actualidad, Rafael Salgado Olivera, Últimas Noticias

Los viejos discursos que intentan destrabar la minería, por Rafael Salgado
En Espinar el conflicto entre la minera Glencore y las comunidades se torna más violento, con heridos, muertos y desaparecidos, debido a nuevos incumplimientos por parte de la empresa al Convenio Marco, a saber la entrega de un bono solidario de S/ 1000 a cada elector de la provincia. A pesar de ello, en su último discurso presidencial Martín Vizcarra solo repitió el mismo viejo discurso sobre el rol de la minería en el desarrollo del país e incluso anunció el proyecto Ampliación Coroccohuayco, de la misma empresa. No sé ustedes, pero yo estoy cansado de escuchar siempre lo mismo.

El presidente parece ser vocero de un sector minero que, aprovechando la pandemia, nos vuelve a hablar de crisis económica y de la necesidad y rol fundamental de la minería para afrontarla. Nada dicen de las consecuencias de 30 años de neoliberalismo, años en los que en paralelo al crecimiento macroeconómico -PBI, creció sostenidamente la desigualdad. El efecto combinado de todos esos factores -neoliberalismo, desigualdad y la pandemia- lo tenemos frente a nosotros: somos el tercer país en la región latinoamericana (según la Universidad de Johns Hopkins al 30 de julio) –séptimo en el mundo– con más casos de COVID-19.

De poco o nada sirvió ser de los primeros en aplicar medidas de confinamiento y distanciamiento social. Esas medidas, nunca fueron acatadas por el sector minero, que siguió trabajando durante toda la cuarentena. Si bien es cierto, disminuyó la intensidad de sus actividades, también es cierto que presionó desde el inicio para reactivarlas en su totalidad, logrando incluso ser considerada dentro del conjunto de actividades excluidas de acatar el aislamiento obligatorio.

En el protocolo sanitario para actividades mineras solo se hace mención a una declaración jurada que los trabajadores y contratistas mineros deben presentar, en la que indican que no tienen síntomas de COVID-19. El resultado son los casi 3000 trabajadores mineros contagiados con el virus, como lo indicó antes de su salida la exministra de Energía y Minas Susana Vilca. ¿Realmente al sector minero y al Gobierno le importa la protección adecuada de los trabajadores y poblaciones aledañas?

Por eso me cansa e indigna que hoy los gremios empresariales de este sector se presenten como «la solución», y ejerzan presión para “destrabar” toda la cartera de proyectos mineros, que suman un total de 48. Incluso el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, sostiene que así se generan “más ingresos fiscales para que el Estado pueda utilizarlos en mitigar los problemas sociales y económicos que nos dejará el COVID-19”. ¿En serio? ¡¿Mitigar?!

¿Qué van a mitigar?
Un sector como el minero, y junto a él todo el sector extractivo, tienen como resultado de sus actividades, regiones con altos índices de contaminación. El registro que lleva el MINEM da cuenta de aproximadamente 8500 pasivos ambientales mineros. Si este sector no puede ni mitigar la contaminación que genera ¿cómo va a poder mitigar [aliviar] otros problemas?

En los últimos años hemos visto incrementar los conflictos socioambientales. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, el sector minería e hidrocarburos representan 80% de los conflictos en Perú. En el mes de junio se registraron 128 conflictos sociosambientales activos y latentes, de los cuales la minería y los hidrocarburos representaron 64% y 17%, respectivamente. Esto es gravísimo, más aun, cuando la conflictividad en la minería ha dejado un rastro de 282 muertos entre 2006 y 2019, según la Defensoría.

Los estados de emergencia como medidas excepcionales, también decretados en los últimos años y sin pandemia, parecen haberse convertido en la norma para asegurar la implementación de megaproyectos mineros y energéticos, principalmente en el sur peruano. Ahí está el caso de Espinar que tuvo durante muchos meses un estado de emergencia que solo profundizó el conflicto. Por eso es sumamente preocupante que se haya decretado el fin de la cuarentena, pero no el estado de emergencia nacional. No perdamos de vista ese hecho, el conflicto de Espinar nos muestra que es usado para implementar los proyectos extractivos de acuerdo a intereses.

Tampoco se realizan regularmente las consultas previas a las poblaciones indígenas. Es más desde el Gobierno nacional se propone la ‘genial’ idea de hacerlas por internet. No puede ser más que una burla. Sobre todo en un país con muy bajos índices de conexión a internet; situación que se agrava en las zonas rurales, justamente en donde se encuentran los territorios de las poblaciones indígenas y los yacimientos mineros. Entonces, ¡¿qué van a mitigar?!

Frente a toda esta situación es más indignante aun que el sector agrícola, específicamente el que agrupa a más de dos millones de familias agricultoras, no tenga más apoyo por parte del Gobierno. El mismo Estado peruano reconoce la importancia de este sector, pues produce más del 70% de alimentos que se consumen en el país; contribuye con el 83% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el sector agropecuario. Sin embargo el plan de reactivación agrícola está orientado al mediano y gran empresario agroindustrial.

Y así tienen el atrevimiento de decir que gracias a la minería podremos mitigar los problemas económicos y sociales del País.

*Ingeniero químico, laboró en áreas de influencia minera y es especialista en desarrollo y medioambiente

Los viejos discursos que intentan destrabar la minería, por Rafael Salgado