Latinoamerica, Litio

El extractivismo del litio en América Latina

Cambio16
28/03/2021
Stefan Armborst (Asociación BONA ONA) bonaona@bonaona.org
El litio es un elemento químico alcalino. En su forma pura, es un metal blando, de color blanco plata, que se oxida rápidamente. Litio es un elemento altamente inflamable y ligeramente explosivo cuando se expone al aire. Es corrosivo y genera gases tóxicos cuya inhalación es nociva para la salud humana, puede provocar daños en la piel y edemas pulmonares cuando se ingiere.

Este mineral muy reactivo se emplea especialmente en aleaciones conductoras del calor, en la sal de las baterías eléctricas. Economistas especializados calculan que dentro de 8 o 10 años, el litio va a constituir el elemento esencial de conservación de energía a nivel mundial. Y actualmente, 29 por ciento del volumen total del litio extraído en el mundo se emplea para la producción de baterías de litio, por su alto grado de capacidad de almacenamiento y de duración. Del 100% extraído de esta materia prima, el mayor consumo se da en China 39 %, Corea del Sur 20 %, Japón 18 % y Estados Unidos 6 %.[2]

Aunque el litio es el mineral que más abunda en la superficie de la Tierra, el cálculo de las reservas mundiales de este mineral se rige por los costes de extracción, los que, a su vez, están determinados por la tasa de retorno energética (TRE), es decir, el cociente entre la energía obtenida y la energía invertida para ello.
¿Cuáles son las formas rentables para las empresas que se enriquecen con la extracción del litio?

Por un lado, está la producción en depósitos mineralógicos naturales de litio enquistado en formaciones rocosas, la cual se practica, sobre todo, en Australia de donde, hasta ahora, se obtiene más de la mitad del volumen total de litio vendido en los mercados globales. Estas megaminas a cielo abierto suponen un destrozo ambiental enorme y el uso de ingentes cantidades de agua a la que se mezcla con reactivos químicos para realizar el proceso de lavado, con nefastas consecuencias para la vida y reproducción de las comunidades rurales que habitan en el territorio afectado.

Por otro lado, en América Latina, concretamente en la zona triangular transfronteriza entre Chile, Bolivia y Argentina, según cálculos recientes, se encuentran reservas de litio en las grandes zonas de salinas de los Andes, las cuales suponen el 85 % de las reservas mundiales. Estas cuencas hidrográficas se llaman salares cuando están secas, y salmueras cuando están líquidas. En ambos casos, contienen altísimos porcentajes de todo tipo de sales y minerales evaporados y sedimentados. Esta forma de extracción requiere igualmente grandes cantidades de agua, lo que fomenta el estrés sobre el sistema hidrológico, la contaminación con las sustancias tóxicas mezcladas para el proceso de aislar y extraer el litio.

“Estas cuencas hídricas, de por sí delicadas, pueden verse en peligro, al secarse vertientes, ojos de agua y ciénagas o humedales, que son de vital importancia para el desarrollo de las economías locales de subsistencia”[3]

El auge especulativo del mercado mundial del litio y sus consecuencias

¿Cómo se explica ahora el gran auge especulativo alrededor del carbono de litio, que es el estado en que este mineral es principalmente comercializado, si en 2019 su producción mundial cayó un 20 por ciento quedando una cuarta parte de la producción sin ser vendida en el mercado? Aquí entra en juego el esperado boom de los coches eléctricos y de las infraestructura e instalaciones de energías renovables, como supuesto sustento de una “transición verde”.

Según estimaciones de economistas y actores centrales, tales como el Banco Mundial, los requerimientos de la completa digitalización de la economía y de la sociedad, el auge de las energías verdes y la electrificación del transporte privado y público por carretera harán duplicar la demanda de este mineral estratégico para 2025.

Como todo aventurero expedicionario, Bertrand Piccard es un pionero que hace gala de un entusiasmo que se contagia y convence. Para afrontar el desafío del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y acelerar la transición hacia una economía sostenible y sin carbono, ha lanzado, a través de la Fundación Solar Impulse, el reto de seleccionar 1.000 soluciones rentables para proteger el medio ambiente y convencer a los que toman las decisiones en los gobiernos y las empresas de lograr sus objetivos ambientales y adoptar políticas energéticas más ambiciosas, que son necesarias para avanzar en la recuperación económica.Visita: https://www.cambio16.com/Suscríbete a nuestro canal: http://ow.ly/Cnwf30mIBhoSíguenos en Twitter: http://ow.ly/a48U30mIBiuDale a “Me gusta” en Facebook: http://ow.ly/mZZL30mIBgWCambio16 en Instagram: http://ow.ly/cP4P30mIBjD

Son las expectativas de ganancias que están produciendo unas subidas de precios descomunales actuales. De hecho, el precio de una tonelada de ion-litio ha subido de 350 dólares en 2003 a 8.000 a 10.000 dólares en 2020[4] y las expectativas son que crezca a un ritmo todavía más acelerado.
Cómo se concretiza el gran auge del litio en el Cono Sur

Con el afán de especular en las bolsas de valores de sus respectivos países, las empresas fuera del círculo de las grandes corporaciones mineras arraigadas en las zonas de explotación (muchas de ellas provenientes de Canadá, el país líder en multinacionales extractivistas) han empezado a conseguir permisos de compra de tierras y de concesiones para actividades de exploración, muchos de ellos sin que dispongan por sí solo de las capacidades ni de tecnología ni de inversión para realizar la actividad productiva en el lugar.
Chile

Desde 1997, este país en el productor mundial número 1 del carbonato de litio. Con unas 40.000 toneladas métricas anuales, cubre la tercera parte del mercado internacional. Las razones para ello son la calidad, es decir, el grado de pureza de los yacimientos en su territorio, la tradición minera del país y la cercanía del mar que facilita el transporte marítimo. Las dos empresas Chemetall (subsidiaria de Rockwood Holdings Inc.) y la empresa estatal Soquimich (SQM) producen el 70% de todo el carbonato del litio en la franja chilena del “Triángulo de Litio”, en el Salar de Atacama.

El estado chileno declaró los yacimientos líticos un recurso estratégico de la nación, por lo cual, existen limitaciones legales en cuanto a la prolongación y ampliación de las concesiones actuales vinculando, además, las condiciones de la futura explotación a la regulación establecida por las autoridades locales.
Bolivia

Es el país en el que la minería aporta la tercera parte del PIB nacional, dispone de casi del 70% de las reservas mundiales de litio. En su departamento de Potosí está ubicado El Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal a mayor altura del mundo, en el cual se encuentra más del 50 por ciento de estas reservas. Bolivia es además uno de los mayores proveedores de estaño, tungsteno, hierro y antimonio para Estados Unidos, y uno de los mayores de cobre, plata, oro y zinc.

En el gobierno de Evo Morales se desplegó una estrategia para utilizar la explotación del litio con criterios de control estatal. Así creó en 2017 la empresa pública Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la que, por ley, iba a mantener el 51% del capital en todos los proyectos de inversión con participación de capitales extranjeros. No obstante, queda por ver si el proyecto nacional de industrialización basado en un neoextractivismo de tinte popular será realmente factible.
Argentina

Los obstáculos a los que se enfrentan los inversionistas del litio en los dos países limítrofes hacen que Argentina en la mira de las empresas extractivistas internacionales. Este país sigue sin regulación legal específica para el sector minero, sus yacimientos de litio están a una altura más baja y el litio que albergan muestran un menor grado de mezcla con otros minerales, todo lo cual abarata los costes de la explotación.

Al contrario de Bolivia, que hasta ahora solo ha construido una planta piloto, Argentina cuenta con 15 años de práctica en la producción de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Catamarca. Además, 18 proyectos de inversión quieren empezar la explotación en los próximos 2 a 6 años en las provincias de Salta y Jujuy. En estos territorios en cuestión hay más de 40 comunidades de pueblos originarios, de los que solo 6 han dado su “consentimiento” a los trabajos de exploración y explotación del mineral.
Conclusiones

Incluso economistas de izquierda sueñan con una especie de OPEC del litio en Sudamérica consiguiendo un “desarrollo con equidad”: “Con lo cual encontrar mecanismos comunes de defensa de los intereses de la región devendrá un tema clave, por eso, no es descabellado procurar la creación de organismos supranacionales al respecto. Un suceso en esta dirección fue el llamado a conformar un ‘G-10 de la energía’ en Bolivia en mayo de 2014, al cual Argentina acudió.”[7]

No obstante, las esperanzas puestas en el sueño de un crecimiento industrial autónomo auspiciado por el estado no consideran que lo que sus economías entregan a cambio de divisas conseguidas por la venta de sus recursos naturales en el mercado global es la autodeterminación ecológica y la sobrevivencia de miles de comunidades campesinas e indígenas.
Huella ecológica global

Las élites contribuyen a aumentar la huella ecológica global a través del proyecto de digitalización total y, al mismo tiempo, son ayudantes del terricidio que arrasa con las bases naturales que sustentan la vida en sus territorios. Un ejemplo de ello son los recientes megaincendios intencionados en la Patagonia argentina cuya meta es el megacateo de minería metalífera (oro, plata y otros metales) de los suelos quemados, analizando el humo desde los satélites instalados en la órbita baja para el Wifi Global civil y militar.[8]

La profundización del extractivismo con el fin de servir la feroz codicia por los recursos naturales que sostienen el technocapitalismo digital global desconoce los límites biofísicos de un sistema planetario que está abocado al colapso.

Las alternativas al «modo imperial de vida»[9] (Ulrich Brand / Marcus Wissen) es un esfuerzo común de elaborar «contornos de un modo de vida solidario”, la formulación de y la lucha por un modo viable de producción y de vida que no va por encima de los intereses de vida de otros y de la vida que sustenta el planeta.
https://www.cambio16.com/el-extractivismo-del-litio-en-america-latina/

Litio, Mexico

Extranjeros van por 500 mil hectáreas más, ricas en litio

Braulio Carbajal
28/03/2021
Las salinas en la zona semidesértica entre SLP y Zacatecas son susceptibles de explotación de litio. Foto archivo.
Ciudad de México. Pese a que la Secretaría de Economía (SE) se ha encargado en varias ocasiones de enfriar las expectativas sobre el potencial que tiene México en la producción de litio, un grupo de empresas mineras, todas extranjeras, tienen solicitudes en trámite que quintuplican el área de concesión que ya poseen.

Según cifras del Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM), en México hay concesiones vigentes para explotar litio por 94 mil 740 hectáreas. Sin embargo, hay otras tantas que están en trámite, es decir, no han sido aprobadas por el gobierno, y que representan 527 mil hectáreas del territorio nacional.

Las concesiones que actualmente están vigentes, en las cuales incluso ya hay proyectos de extracción de litio en marcha, fueron concedidas en su mayoría por las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En cuanto a las que actualmente están en trámite, éstas fueron solicitadas durante la administración pasada; sin embargo, en estos momentos están detenidas, dado que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en múltiples ocasiones que durante su mandato no se concederá una sola concesión minera.

El mandatario ha justificado su negativa a dar nuevos permisos para la explotación de tierras debido a que en los gobiernos anteriores hubo una gran cantidad, los cuales ascendieron a alrededor de “60 millones de hectáreas del territorio nacional”. Aunque su postura al respecto es pública, el apetito de las mineras por el litio no ha cesado, pues el año pasado López Obrador aseguró que la Secretaría de Economía, que encabeza Graciela Márquez, estaba revisando casos de empresas que habían mostrado interés en la extracción de este mineral en suelo mexicano.

Ante esta situación, algunos legisladores, como el senador de Morena Alejandro Armenta, han amagado con una iniciativa para nacionalizar el litio al catalogarlo como una fuente de energía estratégica para el desarrollo económico del país.

El litio es un mineral clave para la elaboración de baterías de coches eléctricos, mercado que se espera en algunos años supere el de autos de combustión interna que usan gasolina, lo que elevará la demanda del llamado “oro blanco”, o “nuevo petróleo”.
Las interesadas

El crecimiento acelerado en el uso del litio ha provocado que la tonelada de este mineral haya disparado su precio desde los 350 dólares que costaba en 2003, a 3 mil dólares en 2009 y logrando proyecciones que estiman su costo entre 8 mil y 10 mil dólares por tonelada actualmente.

Según estimaciones de los organismos Mining Watch Canada y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, con base en datos del SINEM y de las mismas empresas, las 527 mil 633 hectáreas que hay en trámite corresponden a 17 concesiones que han solicitado siete compañías mineras extranjeras.

La primera en la fila es la canadiense Organimax, la cual actualmente posee cinco concesiones vigentes para explotar litio en México que equivalen a 21 mil 905 hectáreas, no obstante, tiene dos más en trámite que abarcan 303 mil 351 hectáreas.

La siguiente es Bacanora Lithium, dueña del yacimiento de este mineral más grande que hay en México producto de tener en sus manos 16 permisos que abarcan 15 mil 62 hectáreas. Sin embargo, la inglesa tiene en trámite una más que equivale a 87 mil 87 hectáreas.

En la lista hay otras dos canadienses: One World Lithium y Radius Gold, la primera tiene en trámite tres concesiones que abarcan 73 mil 547 hectáreas y la segunda otras tres equivalentes a 29 mil 769 hectáreas del territorio nacional.

Después está la australiana Infinite Lithium con dos concesiones en trámite por 20 mil 920 hectáreas; la canadiense Rock Tech Lithium, con un permiso solicitado por 11 mil 784 hectáreas y la británica Alien Metals, que solicitó cinco concesiones que representan mil 502 hectáreas de suelo mexicano.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/28/politica/extranjeros-van-por-500-mil-hectareas-mas-ricas-en-litio/

Brasil, Internacional

Ejecutivos de Vale investigados en Brasil por caso de mina Simandou

26/03/2021
La policía de Río de Janeiro, Brasil, investigará al presidente ejecutivo de Vale, Eduardo Bartolomeo, y a otros ejecutivos y exdirectores sobre el acuerdo para explorar la mina gigante de mineral de hierro Simandou en Guinea, como informó por primera vez el periódico Valor Económico (de Brasil).

El caso se remonta a 2010, cuando Vale acordó comprar el 51% de las licencias de mineral de hierro pertenecientes a BSG Resources, propiedad del multimillonario israelí Beny Steinmetz.

Cuatro años después, Guinea revocó los derechos de la minera con sede en Río de Janeiro y de BSGR sobre el enorme depósito de mineral de hierro.

La decisión siguió a una investigación del gobierno que concluyó que obtuvieron sus licencias a través de la corrupción , acusaciones que Steinmetz y BSGR siempre han negado .

Luego, Vale presentó una demanda exitosa contra su antigua empresa asociada en la Corte de Arbitraje Internacional de Londres para recuperar un pago inicial a BSGR y el dinero que invirtió en Guinea.

Steinmetz fue declarado culpable de sobornar a un funcionario público para asegurar el trato y sentenciado a cinco años en un tribunal de Ginebra en enero. El permanece libre.

Tras contratar a la agencia de inteligencia privada Black Cube para que investigara a los exejecutivos de Vale, Steinmetz presentó el 5 de octubre una remisión penal en la Fiscalía General de la Nación en Río de Janeiro.

En el documento, alegó delitos de tráfico de influencias y corrupción activa en una transacción comercial internacional, iniciada en 2011, que involucró a ejecutivos de Vale y al financiero George Soros.

Otra remisión penal fue presentada en el Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro el 9 de octubre de 2020. De acuerdo con esta representación, los ejecutivos de Vale creyeron que la concesión de la mina Simandou habría implicado el pago de sobornos y aun así, procedieron con la negocio.

La policía de Río de Janeiro decidió investigar a los ejecutivos de Vale basándose en la segunda remisión criminal.

Los fiscales también determinaron que la policía tome el testimonio de Bartolomeo, quien en el momento del trato era el director de logística de Vale, y los exejecutivos José Carlos Martins, Alex Monteiro, Eduardo Etchart y Eduardo Ledsham.

Ledsham es el actual presidente de Bahia Mineração (Bamin), filial brasileña del grupo ERG.

“Las investigaciones en curso en Brasil ya muestran que Vale conocía los riesgos de hacer negocios en África y siguió adelante sin escrúpulos. Esto prueba que cuando Vale se victimiza, de hecho, se embarcó en una ceguera deliberada”, dijo Steinmetz en un correo electrónico al medio Mining.com en febrero.

Vale dijo que desconoce la investigación.

“Señor. Steinmetz también responderá de manera criminal por sus falaces maniobras”.

“Sus abogados mantienen versiones divergentes: en el exterior, el empresario afirma que nunca hubo un acto ilícito por su parte, mientras que en Brasil, afirma que Vale conocía las irregularidades practicadas por él y por BSGR”.

Con dos mil millones de toneladas de mineral de hierro con algunas de las leyes más altas de la industria, Simandou es una de las reservas más grandes y ricas del mundo de material siderúrgico.

Fuente: Mining Dot Com

Ejecutivos de Vale investigados en Brasil por caso de mina Simandou

Colombia

Un dilema de nunca acabar, la minería sigue afectando a Sanluiseños

23/03/2021
Sharlin Natalia, Gutiérrez Reyes
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Durante el fin de semana se llevaron a cabo protestas en el sector de Payandé donde la comunidad pide que se revisen los permisos.

Una problemática ha venido tomando fuerza con el paso de los años en el Tolima y es la minería que se evidencia en algunas zonas de la región. Lo que ha llevado a la comunidad a mostrar su rechazo tras el daño ambiental que deja esta actividad.

Una situación específica se ha evidenciado en el municipio de San Luis, en el sector de Payandé, donde los ciudadanos han salido a las calles a protestar contra las actividades que desarrolla la empresa Cemex en este sector, teniendo en cuenta que al parecer la entidad estaría haciendo el proceso para ampliar sus permisos con el fin de seguir llevando a cabo esta actividad en el sector.

Así las cosas, durante el fin de semana festivo, la comunidad nuevamente salió a protestar, mostrando su desacuerdo y reclamando por las afectaciones que ha dejado esta actividad en este municipio tolimense.
“Llevamos más de 20 años con esta problemática en la región, estamos pidiendo a las autoridades que revisen la situación porque si seguimos así no vamos a llegar a ningún lado, por eso la Marcha Payandé está vivo, queremos progreso, salud y bienestar, esto le exigimos a los entes gubernamentales y a la multinacional, nuestras carreteras se han dañado y cada día nos vemos más afectados”. Indicó Hebert Meneses participante de la marcha y habitante de Payandé.

Según el habitante, esta mina cada vez está más cerca del sector urbano, pues ahora se encuentra a unos 167 metros del casco urbano, lo que ha llevado a que las viviendas empiecen a sufrir daños en sus estructuras, además los daños que se empiezan a evidenciar en los habitantes.

Además de esto, Meneses indicó que ya se ha tenido acercamiento con las autoridades de la localidad en cabeza del alcalde y además con Cortolima, teniendo en cuenta que no se tiene una respuesta efectiva.

“Hasta el momento el alcalde ignora prácticamente nuestra situación y nos deja solos reclamando ante los entes de control y siempre nos responde que Cemex cumple con todos los requisitos que exigen las normas técnicas y ambientales que regulan la actividad minera e industrial de este país. Por parte de Cortolima tenemos una respuesta similar, pues nos dicen que ya se hicieron los estudios técnicos y que se tienen los permisos necesarios, lo que nos deja a nosotros afectados”.

Finalmente, Meneses señaló que hay una problemática que preocupa aún más y es que el Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT, no se actualiza desde hace 21 años, lo que llevaría a que se pudieran expandir operaciones por esta empresa debido a las actualizaciones.

Así las cosas, el llamado sigue siendo a las autoridades tanto administrativas como ambientales para revisar el proceso que lleva a cabo la empresa y así dar una solución a estas afectaciones que se evidencian tanto en la comunidad como en el medio ambiente.

Fuente
Alerta Tolima
https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/un-dilema-de-nunca-acabar-la-mineria-sigue-afectando-sanluisenos

Perú

EL PASADO RECIENTE EN LAS ALTERNATIVAS A LOS EXTRACTIVISMOS

Eduardo Gudynas
25/03/2021
Imagen: Fundación Heinrich Boll
Hace diez años atrás, en plena campaña electoral del año 2011, decenas de organizaciones ciudadanas reclamaron a los candidatos presidenciales un cambio sustancial frente a los extractivismos. Entendían que el nuevo gobierno debía iniciar una transición para salir de esa dependencia extractivista.

Aquello fue resultado de un trabajo que ofrece muchas lecciones para el actual proceso electoral. Constituyó una muy exitosa coordinación entre organizaciones ciudadanas que querían ser escuchadas, y a la vez, los análisis y propuestas mantienen vigencia en la coyuntura actual. Es más, en este 2021, por momentos se extraña que no se lograra reeditar una coordinación ciudadana similar o que no se aborden con más precisiones las problemáticas y alternativas a los extractivismos.

Es por lo tanto oportuno rescatar aquella experiencia, sus contenidos y los posibles aportes para el actual proceso electoral. Es, por lo tanto, un ejercicio en la historia reciente de la sociedad civil en su búsqueda de opciones de cambio.

Es posible una alternativa a los extractivismos

En 2010 estaba claro que la problemática de los extractivismos constituía una cuestión central para la sociedad civil, con múltiples implicancias, desde la social a la ambiental, desde la territorial a la económica. La conflictividad ante distintos enclaves o proyectos era muy intensa y basta recordar las situaciones que se vivían por ejemplo en Cajamarca o en las zonas mineras del sur del país. En ese contexto, desde la sociedad civil se lanzó un proceso que a lo largo de varios meses exploró posibles salidas alternativas a los extractivismos, desembocando en marzo de 2011 en eventos públicos y en dos documentos dirigidos a los políticos con reclamos de cambios sustanciales.

Por un lado, se preparó lo que se denominó como “Agenda para el nuevo gobierno y necesario escenarios de transición”, y por el otro, un texto con mayores precisiones, bajo el título “Alternativas al Extractivismo”. Se apuntaba específicamente a los políticos y partidos que estaban en ese momento en plena campaña electoral.

El primer documento, la “agenda para el nuevo gobierno”, comenzaba por señalar que Perú debía definir transiciones desde su condición extractivista hacia alternativas que no lo fueran. Reclamaba recuperar la capacidad para regular y controlar lo que sucede en los territorios, mejorar y fortalecer los instrumentos de gestión ambiental. Se daban unos pasos más, dejando en claro que se debía abandonar una economía que era profundamente extractivista, para avanzar a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales. Admitía un desarrollo acoplado al crecimiento económico pero a la vez exigía la participación ciudadana, la consulta previa, libre e informada, y una institucionalidad que específicamente protegiera a los pueblos indígenas (1).

En el otro documento, más extenso, titulado “Alternativas al Extractivismo”, se postulaba un “nuevo acuerdo de gobernabilidad social, ambiental y económica”, y repetía la insistencia en promover transiciones hacia otro desarrollo, abandonando la dependencia de los extractivismos (2). No es menor el título empleado ya que por esos años era una cuestión casi prohibida o imposible de pensarse. Se habían consolidado ideas y sensibilidades que concebían que el país necesariamente debía ser extractivista y que no había otra opción.

Ese dogmatismo fue quebrado por esa campaña, ya que desde un inicio se plantó como una búsqueda de opciones de cambio ante los extractivismos. Más allá de las oposiciones, rechazos o críticas, se aceptó que no solamente se podían explorar alternativas a los extractivismos, sino que ello era necesario para enfrentar la crisis. Asimismo, las organizaciones ciudadanas entendían que si se quería asegurar la gobernabilidad del país se debían abordar opciones de cambio al extractivismo.

A partir de los objetivos de “Alternativas al Extractivismo”, se consideraron cinco asuntos clave:

1. No hay democracia sin consulta previa ni participación sobre la inversión y los proyectos extractivos.
2. Se deben evaluar las regiones y sitios para decidir donde son posibles los enclaves extractivos, como donde los lugares en que la protección de los recursos naturales los hacen inaceptables.
3. Si los proyectos de inversión no consideran los impactos ambientales y sociales no hay desarrollo.
4. Si se desea proteger la Amazonia no se puede depender del petróleo o de grandes hidroeléctricas.
5. Las empresas mineras gozan de ganancias extraordinarias y subsidios del Estado y a la vez no hay una redistribución justa de los beneficios de la población.

Para cada uno de estos asuntos, en aquel documento de 2011 se ofrecía un breve resumen de la situación en esos años, y luego se enumeraban las propuestas de cambio. Se totalizaron 28 propuestas, tales como garantizar el derechos a la consulta previa de las comunidades campesinas sobre el uso y aprovechamiento de los recursos en sus territorios, implantar el ordenamiento territorial, crear zonas de exclusión minera en ecosistemas frágiles, cabeceras de cuentas o zonas agroecológicas, cuantificar el costo ambiental y social a corto y largo plazo de proyectos extractivos y megaemprendimientos, modificar la matriz energética para reducir la extracción de petróleo de la Amazonia o aplicar un impuesto a las sobreganancias.

En la discusión esas distintas propuestas no sólo buscaban solucionar problemas acuciantes sino que además se las articulaba en ese marco de ir más allá del desarrollo extractivista convencional. A su vez, esa meta permitía comparar alternativas entre sí, ya que debían servir a esa meta postextractivista.

Otro aspecto a destacar es que esas propuestas abordaban los extractivismos como un todo, a nivel sectorial, y ese concepto es distinto, pongamos por caso, a la minería. Los extractivismos mineros son un tipo particular de minería, donde se remueven enormes volúmenes y bajo una alta intensidad, para ser exportados como materias primas. Pero no todos los enclaves mineros son parte de los extractivismos. Por esa razón, en aquellos documentos no hay ni una sola palabra que pueda ser calificada como “anti-minera”. No está demás precisar que esa etiqueta, “anti-minero”, fue una y otra vez repetida en los años siguientes por los defensores radicales de los extractivismos. Pero es un rótulo ajeno al espíritu del postextractivismo, tal como esa palabra lo deja en claro.

Alternativas a los extractivismos en 2011: el cartel de anuncio de los eventos (izquierda) y el comunicado de la Agenda para el nuevo gobierno y necesario escenarios de transición publicado en la prensa.

Organización y coordinación ciudadana

Aquella campaña tuvo otro componente destacado. Fue posible gracias a un trabajo a lo largo de varios meses donde participaron muchas personas y organizaciones. La coordinación, la buena voluntad y los consensos primaron sobre personalismos y egos. Eso explica que los documentos finales fueran respaldados por dieciséis organizaciones y redes ciudadanas (3).

Ese proceso ciudadano permitió que los borradores finales de la “agenda” de gobernabilidad y de las “alternativas a los extractivismos” fueran rediscutidos y ajustados. Además, se preparó una lista de preguntas a los candidatos, todas ellas enfocadas en los extractivismos y las alternativas. El proceso culminó en encuentros ciudadanos que tuvieron lugar en Lima el 23 y 24 de marzo de 2011 (4).

Se presentaron esas conclusiones a todos los partidos políticos que participaban en el tramo final de la campaña presidencial. En aquella noche, en el escenario del Centro de Convenciones del Colegio Médico, ante una multitudinaria concurrencia, se leyeron aquellos puntos, se escucharon los comentarios de Marc Dourojeanni y de Javier Iguíñiz, para luego escuchar las reacciones de los delegados partidarios presentes (Daniel Córdova por Alianza por el Gran Cambio: Roger Rumrrill por Gana Perú; Carlos Loret de Mola por Perú Posible; y Carlos Amat y León por Solidaridad Nacional; la delegada de Fuerza 2011 no asistió) (5).

Alternativas al extractivismo: mesa del plenario final con delegados de los candidatos presidenciales y comentaristas; 24 de marzo 2011, en Lima.

El listado de preguntas a los candidatos y partidos políticos también es destacable. Los cuestionamientos desde la sociedad civil fueron abundantes y precisos, casi siempre muy agudos (6). Las interrogantes enfocaban la gobernabilidad de las industrias extractivas y los megaproyectos, y fueron divididas en tres dimensiones: social, ambiental, y económica

Para recordar algunas de ellas, se puede citar que se le preguntó a los políticos cuáles serían las medidas para promover la participación y vigilancia social de las comunidades locales en los procesos extractivos, cuáles eran sus posiciones sobre un impuesto a la sobreganancias mineras, o si mantendrían vigentes incentivos y subsidios (tales como la devolución anticipada de IGV).

El proceso de pensar los posextractivismos tuvo otros resultados inmediatos, y entre ellos la publicación de un primer libro, “Transiciones, postextractivismos y alternativas al extractivismo en el Perú” (7). Le siguieron otros, así como reportes temáticos, y una larga serie de talleres, cursos y mesas de debate a lo largo de los años siguientes.

Es importante colocar todas esas acciones en un marco internacional. Constituyeron una experiencia pionera en todo el continente, porque fue la primera vez que se lograba un examen tan amplio de las alternativas a los extractivismos, y también fueron un ejemplo por la organización y coordinación ciudadana. Aquellos documentos, así como la serie de estudios sobre postextractivismo que se sucedieron en los años siguientes, siguen siendo referencias en todos los países vecinos. Basta observar el actual debate en Chile ante un proceso constitucional para reconocer la vigencia de la agenda postextractivista.


Talleres, mesas redondas y cursos acompañaron la campaña de Alternativas al Extractivismo.

La vigencia del ayer en las urgencias de hoy

Después de aquellos eventos de 2011, finalmente fue Ollanta Humala el que consiguió la presidencia. Todos sabemos lo que sucedió después a lo largo de la última década, hasta llegar a esta nueva campaña presidencial. Pero a pesar del tiempo transcurrido, todas las cuestiones que se plantearon en 2011 son válidas en 2021. Como mantienen su vigencia, no puede evitarse que una sensación agridulce porque sin duda mucho se avanzó, pero siguen persistiendo esencialmente los mismos problemas.

Ha pasado una década y no se lograron solucionar buena parte de los problemas y los impactos negativos se repiten y acumulan. Persisten los conflictos debido a inadecuados o inexistentes procesos de participación e información, las limitaciones en el ordenamiento territorial no se han superado, las evaluaciones sociales y ambientales siguen siendo cuestionadas por su mala calidad e incluso en algunas circunstancias ni siquiera son debidamente aplicadas. Las cuestiones en energía y Amazonia siguen pendientes, y persiste el descontento con el manejo tributario de los extractivismos.

Esto no impide subrayar que aquel fue un ejercicio ciudadano impresionante por su apertura democrática. Es más, al contrario de las prácticas usuales, donde los candidatos arman sus actos para decirles a sus audiencias lo que debería hacerse, en aquel foro fue la sociedad civil la que cuestionó a los políticos y les presentó sus reclamos. Eran los políticos los que debían escuchar.

También son inevitables algunas comparaciones con los planes políticos que se discuten en esta campaña 2021, así como con las demandas desde la sociedad civil. En una primera evaluación, debe destacarse que la agenda, los documentos técnicos y las discusiones de 2011 aparece mucho más enfáticos y concretos en varios puntos que buena parte de las propuestas o demandas que se han ofrecido en la actualidad.

Podría incluso plantearse que era más ambiciosa.Como sostenían algunos participantes en aquellos encuentros de 2011, la tarea era imaginar un país que no fuera solamente minero, el esfuerzo estaba en asumir que también había un Perú agrícola y forestal. Sin duda habrá opiniones sobre cómo deben ser los postextractivismos, pero más allá de eso, se abrieron las puertas a ese tipo de discusión.

El punto no es menor porque en la actualidad, incluso en algunas demandas desde la sociedad civil, hay muchos enfoques puntuales, y si bien se mencionan las alternativas al desarrollo, corren el riesgo de quedarse en un mero título pero con escaso contenido.

Al mismo tiempo, la experiencia de 2011 mostró que el postextractivismo debía discurrir por medio de transiciones. Nadie exigió un cambio instantáneo, ya que en todos los participantes prevalecía el sentido común de comprender que dejar atrás la dependencia extractivista requeriría reformas y transformaciones en varios campos, y todo ello tomaría su tiempo. Pero además, porque esos cambios tenían que ser democráticos, no podían imponerse autoritariamente, y ese aprendizaje también requería tiempo.

Este breve resumen de la historia reciente muestra que en Perú existen antecedentes sustantivos, no sólo en organizarse para generar reclamos comprometidos con la justicia social y ambiental frente a los extractivismos, sino también para avanzar hacia un país postextractivista. En esa historia hay muchas lecciones y aprendizajes valiosos para los desafíos actuales.

Notas

1. El Perú y el modelo extractivo: agenda para el nuevo gobierno y necesarios escenarios de transición, disponible en: http://www.redge.org.pe/sites/default/files/peru_extractivo_-_9_x_4_-_peru_21.pdf

2. Alternativas al Extractivismo: Por un nuevo acuerdo de gobernabilidad social, ambiental y económica frente a las industrias extractivas y las grandes inversiones; disponible en: http://www.redge.org.pe/gobernabilidad-alternativas-extractivismo

3. Las organizaciones participantes incluyeron a Grupo Allpa; Asociación de Centros de Investigación de Promoción Social y Desarrollo –ANC; Asociación Pro Derechos Humanos -Aprodeh; Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES; Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS; Centro Latino Americano de Ecología Social – CLAES; Conferencia Nacional Sobre Desarrollo Social – CONADES; CooperAcción; Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR; Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz –Fedepaz; Forum Solidaridad Perú; Instituto de promoción para la gestión del agua – IPROGA; Grupo Propuesta Ciudadana – GPC; Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCCIC; Red Muqui; Red Jubileo Perú; y la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), que fue la que coordinó todo ese proceso.

4. El conjunto de actividades incluyó un foro público sobre «Alternativas al Extractivismo: Una mirada desde el Perú y la región», seguido por el trabajo en mesas colectivas (para temas económicos, sociales y ambientales), y un evento final, el foro «Hablan los candidatos: ¿Qué hacer con las industrias extractivas”. En paralelo, tuvo lugar un intenso trabajo con los medios de prensa.

5. Ejemplos de testimonios de aquel encuentro en los siguientes videos:
Marc Dourojeanni – La importancia de formalizar al pequeño extractor minero; video en: https://www.youtube.com/watch?v=qOqAT92EZ_M
Javier Iguiñiz – Los beneficios del extractivismo NO llegan a toda la población; video en: https://www.youtube.com/watch?v=3G23714LcNw

6. Preguntas a los candidatos presidenciales, ordenadas por cada uno de los ejes temáticos; disponible en: http://www.redge.org.pe/sites/default/files/201103%20SC%20Preguntas%20a%20los%20Candidatos%20ALTEREXTRACT%20final.pdf

7. Transiciones, postextractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú, es el libro con aportes por P. Francke, V. Sotelo, C. Gamboa, J. de Echave, M. Scurrah, C. Monge, C. Viale, J. Azpur, E. Baca, J.C. Sueiro y E. Gudynas, compilado por A. Alayza y E. Gudynas, RedGE, Lima, 2012. Disponible en: http://www.redge.org.pe/transiciones-alternativas-variosautores

*Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Las opiniones en este artículo son personales y no representan necesariamente a las instituciones que lo publican.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Argentina

ANDALGALÁ: ALERTA Y CORTE SELECTIVO CONTRA AGUA RICA

24/03/2021
Desde el lunes vecinos y vecinas andalgalenses sostienen dos cortes selectivos contra la empresa Yamana Gold, dado que está realizando trabajos de exploración avanzada en el yacimiento, violando resoluciones que prohíben el tránsito minero por los accesos a las localidades Choya y Potrero. Desde los cortes, este miércoles anunciaron a noalamina.org que están recibiendo donaciones y el apoyo de la comunidad para continuar con la medida de fuerza.

En diciembre de 2020 Yamana Gold anunció la asociación con el resto de las empresas con las que opera en minera Alumbrera para utilizar parte de dicha infraestructura e integrarla con el proyecto Agua Rica. Automáticamente, la justicia catamarqueña declaró inconstitucional la ordenanza municipal lograda en 2016 para proteger el reservorio que brinda agua a Andalgalá.

La canadiense Yamana Gold opera en Cerro Moro en Santa Cruz, Gualcamayo en San Juan y es dueña del resistido proyecto en el Cordón Esquel. También participa en la asociación de la estatal YMAD con las trasnacionales Glencore y Newmont/Goldcorp en La Alumbrera, primer emprendimiento megaminero en Argentina.

El pueblo de Andalgalá, con el ejemplo de la Alumbrera ya conoce de qué se trata: se prometió desarrollo pero se obtuvo evasión fiscal por metales no declarados; se aseguró cuidado ambiental pero se sucedieron las filtraciones en el dique de colas, rupturas del mineraloducto, drenaje ácido y el procesamiento del exgerente general por el delito de contaminación ambiental; se prometió trabajo y bienestar económico y en el 2020 el 67% de la población económicamente activa de Catamarca recurrió al Ingreso Familiar de Emergencia. La megaminería también trajo conflicto social y numerosas represiones a la población.

Tras más de dos décadas de megaminería, la población de Andalgalá pelea contra la posibilidad de que lejos de terminarse los problemas, se expandan hacia los cerros que le brindan el agua a la población: las exploraciones se realizarían en subcuencas del río Andalgalá, sin reparar en los glaciares de escombros y con la autorización de uso de 20 mil litros de agua por día (sólo para las perforaciones) en una provincia declarada en emergencia hídrica.

Las organizaciones que sostienen los cortes se encuentran asesoradas por un grupo de técnicos, ingenieros y geólogos que realizaron un “Informe técnico” sobre el Informe de Impacto Ambiental de la Etapa de exploración avanzada Proyecto Agua Rica presentado por la empresa, a fin de “establecer claridad sobre cómo se aprueban los proyectos mineros en la provincia de Catamarca”. En el mismo, concluyen que han constatado “numerosas omisiones, ausencia de estudios y contradicciones con Informes y Estudios de Impacto Ambiental previos y sus anexos” por lo que recomiendan no aprobar proyectos mineros en ninguna de sus etapas hasta tanto no se realice un inventario completo del ambiente glaciar y periglaciar”, no aprobar el trazado de nuevas huellas para evitar desastres ambientales y daños arqueológicos, así como concluyen que por todo lo expuesto, “la autoridad de aplicación debería haber rechazado los trabajos de perforación y construcción de nuevas huellas”.

Andalgalá: alerta y corte selectivo contra Agua Rica

Argentina

EL #CHUBUTAGUAZO Y LOS TRAICIONI

25/03/2021
En Chubut la voluntad popular frenó el avance de la minería a cielo abierto. Pero las empresas transnacionales no se resignan y, en alianza con los gobiernos locales más el aval de la Nación, avanzan sobre los recursos naturales en busca de dólares frescos. Mientras tanto les vecines luchan por apagar incendios forestales, padecen el retraso de los salarios estatales e intentan repeler el insistente lobby minero. Desde Esquel, un informe sobre la letra chica de un conflicto que seguirá provocando pasiones.

Fuente: Revista Crisis

Pan American Silver es una empresa canadiense propietaria del yacimiento Navidad, un proyecto minero que abarca ocho depósitos minerales, cinco de los cuales se encuentran en una misma línea continua de casi seis kilómetros de largo. Se ubica en el centro de la meseta chubutense, “cerca” –diríamos aquí en la Patagonia– de las localidades de Telsen, Gan Gan y Gastre. De acuerdo al informe técnico preliminar encargado por Pan American Silver, Navidad contiene un estimado de 52.874.000 toneladas de mineral de cobre-plata, 36.571.000 toneladas de plata y 418.083.000 toneladas de material “no mineralizado” o “no económico”. Esto lo coloca como uno de los más grandes yacimientos argentíferos de América. Si bien las estimaciones varían de acuerdo al conocimiento del subsuelo y la inversión que se esté dispuesto a realizar, se calculan las reservas de plata por encima de los 600 millones de onzas (cada onza pesa 31.1 gr). La onza de plata vale hoy 26 dólares en el mercado internacional.

Minería sin códigos

Pero Navidad está prohibido. Pan American Silver reconoce en su página web: “La provincia de Chubut aprobó una ley en 2003 (Ley 5001) que prohíbe en toda la provincia la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en el procesamiento de minerales, obstaculizando por ende el desarrollo de Navidad. Hasta la fecha esta ley permanece vigente. Nuestras actividades en Navidad en este momento están orientadas por un plan de inversión que tiene por objetivo satisfacer los requerimientos legales necesarios para mantener las propiedades mineras de acuerdo con la ley de minería actual. Planeamos continuar cumpliendo con estos requisitos de mantenimiento, permanecer comprometidos con Navidad y contribuir con el desarrollo económico y social de Chubut, en el caso de que se adopte un marco legislativo favorable”.

La ley 5001 (para ser rigurosos, su nombre actual es Ley XVII-N° 68) fue una consecuencia inmediata de la movilización antiminera de Esquel. Entre 2002 y 2003 la población rechazó, mediante la acción callejera, la instalación de una mina de oro y plata que pretendía ubicarse a escasos seis kilómetros del centro de la ciudad. Un plebiscito, forzado por esta movilización y realizado en la ciudad el 23 de Marzo de 2003, arrojó un 81% de rechazo. Sobre estos cómputos el diputado (PJ) Eduardo de Bernardi propuso un proyecto de ley que prohibiera el uso de cianuro al oeste de la Ruta Nacional 40 y que, por contraposición, lo permitiera hacia el este. Sin embargo, como no se llevó adelante –luego de aprobada la ley– la zonificación provincial que el proyecto establecía, la prohibición de cianuro quedó vigente para todo el territorio provincial.

¿Por qué la prohibición del uso de cianuro es tan determinante para la actividad minera? Porque el cianuro se utiliza para separar químicamente los metales de la roca minada de una manera que resulta para las empresas práctica y rentable. Si no pueden usar cianuro el margen de ganancia se achica tanto que prefieren no invertir.

La minería en gran escala y a cielo abierto en Argentina es relativamente nueva. Existió una guía para inversores, “Diez razones para invertir en Minería Argentina”, publicada en 2001 por la Subsecretaría de Minería, perteneciente en aquel entonces al Ministerio de Infraestructura y Vivienda, que trazó los lineamientos generales de esta explotación. Si bien hay tradición minera en ciertas regiones, el incentivo y desarrollo de la actividad se inició a mediados de la década del noventa, gracias a la reforma de la Constitución de 1994 que asigna a las provincias el control del subsuelo, hasta entonces de potestad nacional. También la reforma del Código de Minería fue un impulso, pues garantizó a las empresas “derechos de propiedad perpetuos, transferibles y no discriminatorios: el derecho a explotar y usar la mina es exclusivo y su espectro es amplio, es perpetuo y transferible sin discriminación de nacionalidad del comprador, permitiendo la venta y leasing del activo, siendo también susceptible de hipoteca y demás derechos reales sin necesidad de autorización previa”. Se suma, a diferencia de otros países, la inexistencia de restricciones por sustancia: el código de Minería se basa en la posibilidad de explotación privada sin exclusiones de cualquier sustancia mineral (inclusive estratégicas, nucleares y otras). A su vez, las barreras de acceso a las tierras son casi inexistentes. Así lo deja en claro la guía: “Hay pocos límites para acceder a las áreas mineras, a diferencia de lo que sucede en otros países como consecuencia de los derechos de los aborígenes y temas relacionados con Parques Nacionales”.

La facilidades impositivas y tributarias garantizadas por estas reformas incluyen bajísimos cánones, retenciones nimias, reembolsos varios y plazos de explotación ilimitados. Al mismo tiempo, los planes PASMA I y PASMA II (Programa de Apoyo al Sector Minero Argentino), financiados por el Banco Mundial, “modernizaron” agencias como el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), vinculándolas directamente (también al mapa geológico minero argentino y los conocimientos producidos por universidades y agencias estatales específicas) con el capital transnacional.

Como en tantas otras áreas, Menem lo hizo pero los demás lo continuaron. Entre 1994 y 2021 ocuparon el cargo presidencial Carlos Menem (dos mandatos), Fernando de la Rúa, Ramón Puerta y Adolfo Rodríguez Saá (muy efímeramente), Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández (en dos oportunidades), Mauricio Macri y Alberto Fernández. Más allá de mover para arriba o para abajo el porcentaje de retenciones, la política minera se mantuvo intacta, en una clara muestra de que cuando se quiere sostener una política de Estado, se puede.

 

Papá Noel (ex)trae juguetes

Pan American Silver (PAS) se llama parecido a Pan American Energy (PAE), la empresa petrolera de Bulgheroni, que también actúa en Chubut, pero no tienen nada que ver. PAS es una empresa canadiense fundada por Ross Beaty en 1994. Beaty –quien está próximo a retirarse– hace gala de una imagen de empresario innovador, “self-made”, comprometido y preocupado por el medio ambiente, al punto de regentear una fundación que se dedica a la conservación de panteras, por lo que recibió un premio.

En 2016 se viralizó una foto de Ross Beaty dialogando con el entonces presidente Mauricio Macri en el marco del “Mini-Davos” realizado en septiembre de 2016. También se lucían en las fotos el Ministro Juan José Aranguren y Eduardo Elzstain, de IRSA, que compró el 40% del Proyecto Suyai para explotar el Cordón Esquel en 2016. En esa ocasión se informó que Beaty le había agradecido al presidente “los esfuerzos realizados por el Gobierno nacional para promover el desarrollo de la minería responsable en todo el país”. Mientras que Macri confirmó que “a partir del diálogo, la transparencia de los procesos y una operación ambientalmente impecable, se lograrán condiciones necesarias para generar nuevas fuentes de trabajo en Chubut”.

Además de PAS, Beaty fundó y dirigió varias empresas mineras que explotan yacimientos en diferentes lugares del mundo, como Equinox Gold Corp. y Lumina Copper Corp. Beaty suele dar entrevistas, a través de las que cultiva su perfil entrepreneur, de hombre de negocios dinámico y sin pelos en la lengua. “Yo soy un ambientalista y creo que hay algunos emprendimientos mineros que no deberían hacerse”, declaró en una entrevista en La Nación. Claro que los yacimientos que desde su perspectiva no deberían explotarse no suelen coincidir con los que gestionan sus empresas.

El discurso de Beaty sobre los proyectos mineros no se diferencia demasiado de los de otros CEOs colegas ni de los promotores mineros locales: habla de crear trabajo, de aprovechar lugares donde aparentemente “no hay nada”, de ir por los “grandes proyectos” y no por los “chicos” que tienen los mismos problemas pero menores retribuciones e incluso que hay que ir a trabajar a lugares “duros” como Rusia, Indonesia o China.

Si bien dice estar enamorado de la Argentina desde que escaló el Aconcagua en la década del setenta, comenzó a invertir en el país durante el kirchnerismo y Manantial Espejo, la mina que PAS controla en Santa Cruz, está activa desde 2009. Supuestamente está próxima a cerrar pero constantemente se le estira la vida útil. Haber hecho buenos negocios no le impide ser un rabioso crítico del kirchnerismo: “El sector minero no se desarrolló por culpa del gobierno anterior. Ellos Kirchner fueron pro minería, pero sus políticas no lo fueron. Muchas compañías se quemaron en los años de Cristina Kirchner, y es difícil hacer que vuelvan a confiar”.

Desde 2009 Manantial Espejo declara haber minado del suelo cruceño 2,6 millones de onzas de plata. Es un caso extraño de un Papá Noel que no trae regalos sino que los extrae y se los lleva lejos.

 

No es No

Mariano Arcioni llegó a la vicegobernación de Chubut en la fórmula que Mario Das Neves encabezó en 2015. Das Neves fue el responsable del endeudamiento en dólares que hoy jaquea a la provincia, pero se murió y dejó a su vice con la misión de pagar los platos rotos.

La dupla gubernamental había basado su campaña y los primeros tramos de gestión en un discurso fuertemente asociado a la defensa del agua y el no a la minería. En aquel momento las fuerzas del Partido Justicialista más cercanas al kirchnerismo gobernaban la provincia e impulsaban las transformaciones legales que permitieran el desembarco minero. Una situación en negativo de lo que ocurre hoy.

Chubut produce primordialmente petróleo, aluminio, electricidad y pesca. Pero no captura prácticamente nada de dichas rentas. Es la provincia más lanera y ovejera del país, aunque ello apenas significa un 2% de su producto geográfico bruto. Tiene condiciones ecológicas como para autoabastecer sus necesidades alimentarias, pero importa frutas y verduras desde el norte del río Colorado. Con estos recursos y una población de apenas 600.000 personas, no puede hacer frente a sus gastos corrientes. Sin embargo, la propuesta no es construir un modelo productivo sino profundizar un esquema de enclave extractivo con la promesa de un futuro derrame de empleos y bienestar que ya se ha demostrado fallido en Catamarca, San Juan o Santa Cruz.

Frente a lo que parecía ser una derrota inminente, en 2019 Arcioni se lanzó como candidato a gobernador con el apoyo de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados por el oficialismo. Acordó paritarias superiores al 40% con todos los gremios estatales y se puso al día con el pago de salarios atrasados. Pero apenas ganó volvió al pago escalonado que llevó en 2020 y 2021 a un retardo de dos y tres meses en los haberes.

Durante 2020, en plena pandemia, comenzó con ímpetu su carga para sancionar la ley de zonificación minera, normativa hecha a la medida de Pan American Silver y sobre la que todos sospechamos que se trata de la cabeza de playa que prepara un desembarco masivo para todas las regiones de la provincia. Entre diciembre y marzo, cuatro veces estuvo a punto de votarse en la Legislatura Provincial el proyecto de zonificación repudiado por la población. Las cuatro veces la movilización popular, forzada a organizarse a pesar del riesgo de contagio y el hastío de no ser escuchada, obligó a suspender su tratamiento.

El ingenio popular bautizó como “Traicioni” al escribano oriundo de Comodoro Rivadavia, que ha tenido la habilidad de sobrevivir en el cargo de gobernador a pesar de haber tenido a todos los gremios estatales en contra, haber perdido meses de clases en la escuelas y tener paralizados a los hospitales y los tribunales.

Los que nunca se pelearon con Arcioni fueron los petroleros. Todo parece apuntar a que la alianza entre el petróleo, la pesca, el aluminio y el latifundio ha liado un sólido nudo en la hegemonía provincial. Por más que los trabajadores y las trabajadores estatales recurran a las medidas más extremas, no bastan para romper el balance que sostiene la espiral descendente del Chubut.

 

El Desquite

Lo que detuvo en 2003 al proyecto minero El Desquite, en Esquel, fue una masiva movilización que forzó al poder municipal a realizar un plebiscito que adoptó forma de ley en la 5001. Una resistencia ciudadana similar pudo detener el proyecto de zonificación minera necesario para la operatoria legal de Pan American Silver. Pero estas demandas no encuentran canalización posible en el marco institucional chubutense. No es que formalmente los canales no existan sino que están bloqueados, ocluidos o distorsionan todo lo que allí circula.

El proyecto de ley de iniciativa popular es un ejemplo. Chubut prevé constitucionalmente que la ciudadanía pueda presentar directamente proyectos de ley si los avalan con una cantidad de firmas proporcional a la población. Las asambleas de la provincia presentaron dos veces un proyecto para prohibir la minería a cielo abierto. La primera terminó en un escándalo cuando los legisladores no sólo pervirtieron la letra del proyecto para convertirlo en una zonificación encubierta sino que un fotógrafo registró en el recinto a Gustavo Muñiz recibiendo instrucciones por celular de parte de un gerente minero durante el tratamiento de la ley. La segunda iniciativa popular está en comisiones en este momento, durmiendo el sueño de los justos mientras con la mano izquierda se apura el proyecto de zonificación de PAS.

Las marchas y actos se repiten regularmente, pero ni los votos, ni las movilizaciones, ni la presentación de proyectos de ley conlleva efecto alguno para formalizar las decisiones de una mayoría de la población que las instituciones se niegan a reconocer. Hoy el conflicto está cada vez más en manos de la represión policial, alimentada por la actitud que el ministro de Seguridad Federico Massoni le imprime a una dirigencia que no puede dar respuestas políticas.

Las piruetas discursivas de los actores políticos son otro índice de la degradación de la dirigencia chubutense. Desde Sebastián López (PRO), que pedía “cien lucas” para hacer lobby minero hasta Carlos Linares (FdT), quien pasó de reunirse en Telsen con el exministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, a ser antiminero ahora que tiene aspiraciones a Gobernador. Y por supuesto “Traicioni”, quien puede decir una cosa como la otra.

Y es que no se pueden ganar elecciones en Chubut con un discurso prominero. De manera que la parábola es recurrente para la clase política local: es antiminera en la oposición y prominera en el gobierno, con las honrosas excepciones de algunos legisladores y legisladoras y cuadros intermedios y territoriales.

En definitiva, aquí la antipolítica nace desde las instituciones políticas. El fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras sobrevuela la provincia únicamente detenido por una ciudadanía que ha fijado el No a la Mina como unas de esas líneas que se trazan en el suelo e indican que, más allá de este punto: no se puede.

 

Tierra de fuego y rocas

A mediados de marzo, Alberto Fernández y una comitiva llegaron al noroeste de Chubut unos días después de que el fuego destruyera más de 360 casas, miles de hectáreas de bosques y toda la infraestructura habitacional de la región. Pese a la voluntad presidencial de anunciar subsidios y apoyos para la reconstrucción, el vehículo en que se trasladaba a Fernández resultó apedreado por “militantes antimineros”.

Este es un hecho nuevo. Otros presidentes y altos funcionarios han estado cerca de la zona, incluso en momentos complicados, y nunca resultaron agredidos. Las asambleas y los movimientos antimineros siempre fueron pacíficos en sus modos de manifestación y protesta. De hecho, repetidamente han resultado víctimas de las agresiones, sea por la policía o por patotas políticas o sindicales promineras. No es un medio propio de las asambleas antimineras el recurso a la acción violenta.
Pero es necesario comprender el contexto en que una decena de manifestantes agredieron a la comitiva presidencial. Los últimos años han sido dramáticos en el Chubut, especialmente en la zona cordillerana: incendios, desalojos, represiones, desapariciones y muertes se han sucedido sin tregua. A nivel provincial la conflictividad asociada a la falta de pago de salarios, que se ha extendido por más de tres años, determina el ánimo social en las últimas épocas.

Sumado a ello, todo el verano pandémico estuvo atravesado por marchas, manifestaciones, escraches y movilizaciones destinadas a frenar un madrugazo legal que habilite el proyecto de zonificación en todas las ciudades de la provincia.

En este marco, diferentes interpretaciones -algunas más, otras menos aberrantes- se suceden como explicaciones posibles de los incendios. Una versión muy extendida en la comarca cordillerana afirma que los fuegos en Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, el paraje Golondrinas (que es parte de Puelo) y Cholila, fueron no sólo intencionales sino una forma de represalia por manifestarse contra la megaminería; que los mineros quemaron la Cordillera. Otra, complementaria, dice que el presidente comparte la vocación minera de Arcioni y que su supervivencia como gobernador sólo responde al apoyo que ha recibido por parte del gobierno nacional. Si bien Alberto dice que es un tema de los chubutenses, las acciones del Secretario de Minería parecen indican otra cosa.

Este estado de efervescencia y posdesastre, caldo de cultivo para operaciones policiales, judiciales y políticas de diversa índole, quizás aporte elementos para interpretar lo acontecido con la caravana presidencial así como el carácter que podrían asumir las confrontaciones en el Chubut en adelante.

POR: HERNÁN SCHIAFFINI
FOTOGRAFÍA: LUAN – COLECTIVA FOTOGRÁFICA

El #chubutaguazo y los traicioni

Perú

Perú promueve el diálogo entre la comunidad Coporaque y minera Las Bambas

25/03/2021
El Minem destacó la disposición de los representantes del distrito y de la empresa minera para alcanzar consensos. / Cortesía del Minem.

Con la intermediación del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y de Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se instaló una mesa de diálogo en el distrito de Coporaque (Espinar, Cusco) que reunirá a las autoridades y dirigentes sociales de la localidad con representantes de la minera MMG Las Bambas para trabajar de forma consensuada soluciones a las demandas de la población.

La Oficina General de Gestión Social (OGGS) del Minem informó que la instalación de este espacio de diálogo fue el resultado de un diálogo extenso y respetuoso que se apoyó en plataformas virtuales para congregar a todos los actores involucrados.

“El Minem y la PCM seremos los garantes y facilitadores del diálogo entre Coporaque y la empresa minera (Las Bambas) para lograr acuerdos sostenibles en beneficio de todos. Para ello, se ha solicitado que ambas partes acrediten a sus representantes de manera formal y oportuna”, precisó la OGGS.

El Minem destacó la disposición de los representantes de Coporaque y de la empresa minera para alcanzar consensos y acuerdos a través de reuniones virtuales, tal como ha ocurrido en otras localidades del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa.

En la reunión, los dirigentes de Coporaque solicitaron el aporte de la minera para ejecutar obras en la localidad, crear una bolsa de trabajo para los jóvenes del distrito, entre otros.

En la primera semana de abril, se realizará un encuentro entre los equipos técnicos del distrito y la empresa, mientras que el 21 del mismo mes volverá a sesionar la mesa de trabajo.

Perú promueve el diálogo entre la comunidad Coporaque y minera Las Bambas

Brasil, Internacional

Corte de Apelaciones británica niega demanda de brasileños por colapso de represa de BHP de 2015

24/03/2021

No se resucitará la demanda de 5.000 millones de libras esterlinas (USD 6.900 millones) contra la minera anglo-australiana BHP por el devastador colapso de una represa en 2015. La demanda solicitada por un grupo de 200.000 brasileños fue negada por la Corte de Apelaciones de Inglaterra.

El juez decidió que los demandantes podían y ya están presentando recursos en Brasil, donde hay un programa de compensación especial, y estuvo de acuerdo con el Tribunal Superior en que el caso sería “irremediablemente inmanejable” si se le permitía continuar en Inglaterra, dijo el estudio de abogados PGMBM, que representa a los demandantes.

“Estamos sorprendidos y decepcionados por este fallo”, dijo Tom Goodhead, socio gerente de PGMBM. El estudio de abogados esperaba apelar la decisión de noviembre del Tribunal Superior, que rechazó la demanda.

“Este es un día triste para el sistema de justicia inglés, ya que los tribunales desestiman un caso basándose en el tamaño y la complejidad. Envía un mensaje deficiente sobre la responsabilidad corporativa y las consecuencias legales de las infracciones”, dijo.

El colapso de la represa de relaves Fundão de la empresa Samarco, propiedad de BHP y el gigante de la minería de hierro Vale, mató a 19 personas y envió una inundación de desechos mineros hacia comunidades, el río Doce y el Océano Atlántico, a lo largo de 650 kilómetros. Fue el peor desastre ambiental de Brasil.

BHP no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.
Fuente: Reuters

Corte de Apelaciones británica niega demanda de brasileños por colapso de represa de BHP de 2015

Chile, Litio

Diputados de Chile aprueban proyecto que crea royalty minero al cobre y litio

25/03/2021
Cortesía de la Cámara de Diputados de Chile.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó con 91 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones el proyecto que crea un nuevo Royalty Minero a las ventas de cobre y litio.

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, anunció que harán reserva de constitucionalidad (se acudirá al Tribunal Constitucional) ya que afirman que la creación de un tributo es una facultad exclusiva del Ejecutivo.

“Este es un proyecto de ley que es inconstitucional, porque busca que la Cámara de Diputados ejerza atribuciones que corresponden a la creación de un tributo, que es exclusiva del Presidente de la República”, dijo.

Por su parte, el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, precisó que el litio en Chile ya recauda cerca del 45% de sus ganancias por concepto de contratos e impuestos. A ello dijo, se debe agregar el estancamiento de la demanda de cobre, que ha ido perdiendo participación de mercado en los últimos 20 años. “El país lo que tiene que hacer es aumentar los niveles de producción y exportación y no impulsar una legislación express que hace daño a Chile”.

Cabe recordar que si bien la iniciativa había sido ingresada a tramitación en septiembre de 2018, solo en marzo del 2020 se dio prioridad a su discusión legislativa, la que debió ser congelada debido a la pandemia de Covid-19.

El proyecto fue presentado por Esteban Velásquez (FRVS), representante de la Región de Antofagasta, quien explicó que “lo que buscamos con este Royalty es que una parte de los recursos queden en la región, queden en la comuna y lo hacemos estableciendo este derecho a una compensación por el solo hecho de extraer cobre y extraer litio”.

Con lo anterior la idea, agregó, es no depender “de las utilidades de la gran minería como actualmente hace el impuesto específico a la minería, que no tiene mayor impacto en el PIB, que incluso en 2017 fue menor a cero”.

Durante su discusión, la iniciativa fue objeto de indicaciones, por lo que ahora debe volver a la comisión de Minería y Energía.
Royalty Minero

El proyecto de ley de regalías mineras busca agregar un impuesto ad valorem de 3% a la producción de más de 50.000t anuales de carbonato de litio y 12.000t anuales de cobre.

Los fondos del royalty minero deberían destinarse en un 50% a un Fondo de Convergencia Regional para financiar proyectos de desarrollo en las provincias y comunas, mientras que el otro 50% irá a reparar, mitigar o compensar los impactos ambientales provocados por la actividad minera en las zonas donde se encuentren los yacimientos.
Fuente: Con información de la Cámara de Diputados y CNN Chile

Diputados de Chile aprueban proyecto que crea royalty minero al cobre y litio