Minas violan los derechos humanos de las comunidades, según la ONG Mining Watch, quien visitó el ejido La Sierrita.
La organización no-gubernamental canadiense Alerta Minera Canadá (Mining Watch por su nombre en inglés) visitó al Ejido La Sierrita en Durango para conocer a los trabajadores y ejidatarios para solidarizarse con su lucha por las violaciones de derechos humanos cometidos en su contra por la empresa minera canadiense Excellon Resources, Inc; con base en la ciudad de Toronto.
Empleo en San Juan: pese al buen humor, luz amarilla en minería, promoción y el agro Hay buenos números de desempleo, pero algunas actividades marcan frenos que serán considerables. De lujo fue la presentación en Barreal de la Camerata San Juan, impulsada por Xtrata. ¿Y Pachón? Por ahora, espera noticias. El oasis calingastino, favorecido por la escuela de Gendarmería. Ya está el informe de San Juan Fiduciaria, ¿es negocio?.
Este martes emitirá su sanción, a la par que la empresa retiró desde el fin de semana su maquinaria para hacer trabajos de exploración.
Minera Frisco será sancionada por incumplir con las normas ambientales durante la exploración que hizo en el cerro de Espejeras en el municipio de Tetela de Ocampo.
Fuentes de la delegación en Puebla de la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa) informaron que, a raíz de la visita de inspección que se hizo a la mina en junio de este año, se dictaminó que la empresa no cumplía con los lineamientos vigentes.
El Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el uso de estados de emergencia y fuerza excesiva durante las protestas sociales. Asimismo, recomendó al Gobierno modificar la definición de tortura en el Código Penal, enjuiciar a los autores de tortura en el conflicto interno y cerrar dos penales.
Al finalizar su 49º periodo de sesiones el CAT elaboró una lista de recomendaciones al Gobierno peruano para prevenir y sancionar la tortura, así como reparar y rehabilitar a las víctimas.
Las recomendaciones se efectuaron a raíz de los informes presentados por el Gobierno peruano e instituciones civiles sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
El avance de dos proyectos de oro y plata en Guatemala enardece los conflictos entre las comunidades afectadas, contrarias a la actividad minera por sus “nocivos” efectos socioambientales, y las empresas operadoras, para quienes las críticas obedecen solo a “desinformación”.
El último episodio de las disputas cada vez más violentas entre las dos partes ocurrió el 19 de noviembre, cuando vecinos de Mataquescuintla, en el suroriental departamento de Jalapa, incendiaron cinco vehículos de la empresa Minera San Rafael, subsidiaria de la firma canadiense Tahoe Resources Inc.
– Los auténticos representantes de la resistencia de los pequeños campesinos que defienden el agua y la vida, vinieron a Lima a denunciar que el proyecto Conga no está detenido y que continúa matando la vida.
La prensa del sistema no los ve, ella muestra al presidente regional como dueño de un grupo de personas engañadas que no ven las maravillosas ventajas del proyecto minero y cuando quiere dividir, dicha prensa entrevista a Wilfredo Saavedra.En noviembre estuvieron en Lima los guardianes de las lagunas, los comuneros que serían directamente afectados y quienes junto a ellos, a 4 mil metros de altura, desafían la lluvia, el fuerte viento, el acoso armado y los insultos de los asesinos de Humala, sirvientes como él de la voraz empresa dirigida por la norteamericana Newmont, gran depredadora internacional del medio ambiente.
· Asegura la Prodemi que información ha sido entregada a las autoridades federales
El director de la Prodemi, Marco Antonio Dávila, dijo que en las investigaciones por presunta participación del crimen en la explotación de carbón sí han entregado información a las autoridades federales, pero todo a través de la PGJE.
De acuerdo con Dávila Montesinos, la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) ya fue auditada por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y hay 17 empresas fuera del padrón por diferentes incumplimientos.
El Pacto por México establece que los beneficios que la industria minera genera deben incluir a los habitantes de las zonas en donde ésta se establece.
Para ello, el Gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI, PAN y PRD acordaron expedir una nueva Ley para la Explotación Minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción.
Benito Morales, de la Comisión Jurídica del Consejo del Pueblo Maya de Occidente expresó que en el caso que se sigue contra Peridot S.A, por falsedad ideología, señaló: “Después de exigir al Ministerio Público una labor más dedicada a la investigación del caso, el Ministerio Público tomó la decisión de desestimar la misma, bajo el argumento de que no hay delito. Sus razonamientos, entre los principales, son de que no se concretó la desmembración de la fracción de terreno, y que no hay certeza de que la fracción de terreno que se quiso titular pertenezca al Pueblo Maya mam en San Miguel Ixtahuacán”.
“Señores Magistrados los pueblos exigimos justicia, su silencio no contribuye a la paz, la armonía y al Estado de Derecho”[2]
En un comunicado reciente, Las Autoridades del Pueblo Maya de Occidente denunciaron públicamente su preocupación por el silencio de la corte de Constitucionalidad. “A más de 8 meses de presentada la acción de inconstitucionalidad general total de la ley de minería, y a más de 4 meses de haberse realizado la vista pública en la sala de debates de la corte de constitucionalidad, estamos preocupados ante el silencio de los Magistrados y Magistradas de la Corte de constitucionalidad. En nuestras Mentes y corazones, surgen incógnitas: ¿Estarán recibiendo presión de los sectores de poder económico y minero?, ¿No conocen nuestra constitución?, o ¿es una actitud discriminatoria?”, indica el comunicado de prensa.