El gobierno aseguró que «sin autorización ambiental no habrá explotación minera», y que la firma del contrato con Aratirí, en febrero próximo, es un paso previo que habilita a la DINAMA a realizar estudios ambientales. Al tiempo, consideró que la intención de las juntas departamentales de prohibir el desarrollo de la minería a cielo abierto «no es viable» porque no es su ámbito decretar una prohibición.
Habitantes de Tlatlauquitepec demandarán a los miembros del Cabildo de este municipio que emitan un acuerdo por el que se niegue el cambio de uso de suelo para la realización de actividades minero extractivas en su territorio, informó Irma Estela Aguirre Pérez, integrante de la organización “Movimiento por Tlatlauquitepec”.
En el marco de la marcha número 43 contra la megaminería, los vecinos autoconvocados enumeraron una serie de consecuencias ante este tipo de explotación minera. Aseguraron que esta actividad no es un «motor de desarrollo» de la economía nacional. En una nueva convocatoria realizada por la Asamblea de Vecinos contra la Megaminería, se recalcó que la movilización es «contra la mentira» y por ello decidieron exponer sobre la temática ante la opinión pública.
Una UTE coformada por Glencore-Xstrata internacional, Yamana Gold, y Goldcorp explorará y explotará el reservorio Bajo del Durazno. El yacimiento constituía un área marginal de la empresa estatal Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), que a partir de un estudio realizado en 2006 por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), se licitó para las etapas rentables subsiguientes.
En el marco de la convocatoria que se encuentra haciendo la Junta Vecinal del barrio Ceferino para conformar la Junta Electoral, que será hoy a las 20 horas en dicha sede, en vistas de la renovación de autoridades; la vecinalista Graciela Nahuelquir sostuvo en diálogo con Páginas del Sur que «estuve buscando información acerca de por qué se nos estaba intimando con tanto apuro para hacer las elecciones y resulta que ahí le encontramos la vuelta a todo esto». Señaló en ese sentido que «noté que hay muchos intereses de por medio que perjudican a una gran parte del barrio», en alusión a una posible vinculación de una de las listas con la empresa minera, Minas Argentinas subsidiaria de la canadiense Yamana Gold.
Tradicionalmente, El Salvador ha incluido la extracción minera metálica como parte de sus actividades económicas regulares. Esta actividad ha dejado de practicarse desde fines de los años 90, con el cierre de la mina San Sebastián, y las nuevas concesiones de explotación metálica están temporalmente detenidas, como respuesta ante la presión de un fuerte movimiento por la defensa del territorio y la vida, vinculado especialmente con el caso de la mina El Dorado, en Cabañas. Desgraciadamente, todo esto no ha sido suficiente para detener la amenaza de deterioro socioambiental y económico vinculadas con la minería en el territorio salvadoreño.
Si pudieran, abrazarían sus montañas, sus bosques y se tenderían sobre el lecho de los ríos para impedir que empresas extranjeras, y colombianas, atenten contra ellos.
Como es físicamente imposible, resisten pacíficamente -agrupados en el Cinturón Occidental Ambiental- las ambiciones extractivistas que amenazan con socavar las entrañas de su tierra.
El domingo 19 de enero aproximadamente a las ocho de la noche arribaron a la cabecera municipal de Chicomuselo seis camiones de doble remolque, para luego dirigirse al Ejido Santa María. Al día de hoy dos de ellos han salido cargados de barita. Para no provocar la reacción de protesta, evitan pasar por la calle de la cabecera municipal de Chicomuselo donde Mariano Abarca había mantenido clausurado el paso a la empresa Blackfire en el año 2009 que culminó con su asesinato. Sin embargo, ante el paso molesto de los grandes camiones frente a la plaza central de la cabecera municipal, el presidente municipal pretende derribar un árbol con el fin de que los camiones llenos de material puedan doblar en otra esquina, pero cuyo propietario se niega a ello.
En el mes de enero del año 2005, los pobladores comenzaron a deshabitar el pueblo. Los habitantes desmantelaron sus hogares: quitaron puertas, ventanas y patios; el trascabo se encargó de derribar las paredes. La mayoría de las personas tenían animales, como vacas, gallinas, chivas y borregos. Doña Cuca acusa que «hubo personas a las que, sin decirles nada, llegaron las máquinas y arrasaron con sus cercos. Sus animales se dispersaron para la presa o quién sabe para dónde se fueron».
Nuevamente la empresa minera Yanacocha protagoniza un desalojo forzoso. Esta vez fue acusada por Segundo Lindorfo Bolaños Atalaya, comunero del Distrito de Sorochuco, que el pasado 19 de enero fue víctima de un violento desalojo de su predio ubicado en el sector Tragadero Grande – Las Posadas, muy próximo a la Laguna Azul, la misma que el proyecto Conga planea convertirla en botadero de relaves tóxicos. En el desalojo habría participado una docena de policías a ordenes de la empresa minera.