La Asamblea Popular por el Agua, volvió a rechazar la idea que tiene el Gobierno provincial de reactivar el proyecto San Jorge, de explotación de cobre y oro en la mina ubicada a 45 kilómetros de Uspallata.
Estas últimas semanas, reflotó el proyecto de ley impulsado por el intendente de Malargüe Juan Antonio Agulles y los legisladores del Frente para la Victoria José Muñoz, Raúl Guerra y Silvia Ramos, que propone modificar la ley 7.722 llamada «antiminera».
Entre las principales reformas, la más importante radica en la utilización de sustancias químicas prohibidas, como el cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, entre otros, fuera de las áreas no permitidas establecidas taxativamente en los artículos 33 y 36 del Código de Minería de la Nación, como así también en un radio de 10 kilómetros desde el centro de cualquier localidad provincial.
El Gobierno proyecta atraer inversiones con la reducción de impuestos en la importación de equipos destinados a la minera, ante los escasos proyectos de prospección y exploración en el sector. «Tiene que haber una seguridad jurídica que permita que los operadores mineros inviertan con la seguridad que corresponde», informó el viceministro de Política Minera, Eugenio Mendoza.
Los diversos proyecto mineros metalíferos enmarcados en el Tratado Minero entre Chile y Argentina, destinado a facilitar la explotación de yacimientos encontrados en la frontera entre ambos países, presentan escaso o nulo avance. Los mismos se localizan en las altas cumbres de la Cordillera de los Andes entre ambos países, región donde nacen las cuencas hídricas y se hallan miles de glaciares descubiertos y cubiertos.
Estudio del Servicio Nacional de Geología y Minería ( Sernageomin) fija potenciales lugares de yacimientos de éste y otros 59 elementos químicos en las regiones al norte de la capital Santiago. Pero además, identificó altas concentraciones de metales pesados en numerosos cursos de agua de esas mismas regiones. El estudio es insumo para el sector minero aunque también evidencia graves problemas en los acuíferos de la región norte que abastecen poblaciones y la actividad agroganadera.
El despojo de los territorios en México tiene ya una larga historia; el agua, los bosques, la tierra, el paso para el traslado de mercancías y personas, son aspectos que nunca han pasado desapercibidos en los intereses de quienes manejan el capital y de quienes los solapan.
La trasnacional de capital canadiense Almaden Minerals irrumpió en terrenos ejidales de Ixtacamaxtitlán, provocando destrozos a un camino y afectaciones severas a árboles y otros elementos naturales, denunciaron ayer representantes del núcleo ejidal, quienes fueron apoyados por el Consejo Tiyat Tlali, que se opone a la actividad minera en la Sierra Norte de Puebla.
El paisaje marino de la Costa Grande contrasta olas majestuosas y pelícanos sobre la playa; del lado de los cerros se nota el avance de maquinaria pesada que escarba la tierra y los pobladores se han dado cuenta de que las mineras comienzan a llegar a sus pueblos, sin poder evitarlo. Son casi tres kilómetros entre arena y selva media baja lo que disfruta la vista.
Caimaninos le recuerdan al Gobernador del Choapa Patricio Trigo, cuales fueron las condiciones para bajar los cortes de ruta, y esperan que este viernes 27 de junio llegue a lo menos con explicaciones puesto que ya van más de dos meses en que se comprometió a instalar una mesa de diálogo a sabiendas que la Minera Los Pelambres sólo con ello ganaba tiempo, y claramente en La Moneda no hay voluntad política para darle solución a corto plazo al pueblo de Caimanes.
Indígenas de la comunidad de San Miguel del Progreso, en la Montaña de Guerrero, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determine la constitucionalidad de la Ley Minera y si ésta se apega a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Unas 50 empresas extranjeras en materia metalúrgica huyeron de Oaxaca, esto luego de que notaran que la entidad es un territorio no apto para la explotación minera y por efervesente conflictividad social.