En los últimos diez años ha sido notable el crecimiento exponencial de conflictos socioambientales en todo el territorio mexicano por la disputa en torno al acceso, control y gestión de los bienes comunes naturales, pero también por los efectos negativos de la extracción, producción, circulación, consumo y desecho la riqueza social convertida en mercancía en el marco de la acumulación del capital.
Se trata de un nuevo giro en la extracción de bienes naturales renovables y no renovables, de la mano del desarrollo de numerosos proyectos de infraestructura carretera, portuaria y enclaves turísticos. A lo que debemos sumar, el impulso de un nuevo sistema agroalimentario, en manos de grandes transnacionales, a costa de la exclusión masiva de los pequeños productores rurales.
La situación del complejo metalúrgico de La Oroya parece una historia de nunca acabar. Como se sabe, los actuales administradores anunciaron la paralización del complejo metalúrgico desde el 11 de julio hasta el 9 de agosto. El motivo ha sido la falta de acuerdos comerciales con los proveedores para la entrega de concentrados. Cabe señalar que los proveedores habían anunciado que no están dispuestos a asumir riesgos y entablar una relación comercial con Doe Run Perú (DRP) en un contexto de insolvencia.
Se sabe que el gobierno de Martín Buzzi hace ingentes esfuerzos por persuadir al pueblo de Chubut de que la minería es el futuro para la provincia. En ese marco, la estrategia empresaria-gubernamental filtra el mensaje por cuanto resquicio encuentra. Hoy, un geólogo, funcionario del gobierno cordobés, hizo su aporte al proyecto «clamor minero», pero aún así, los ciudadanos de Chubut no pueden ser conmovidos «por esos mensajes recortados, manipulados y sin transparencia», a juicio de los ambientalistas.
El presidente de la junta de usuarios Tambo – Cocachacra, Jesús Cornejo Reynoso, junto a representantes de los molineros del Valle de Tambo, manifestaron ayer su rechazo al proyecto minero Tía María de la empresa Southern. Cornejo indicó no entender la actitud del gobierno al haber aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
El 
El Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Morococha presentó dos demandas de acción de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la empresa Chinalco a fin de lograr que esta última deje de operar en la zona conocida como Morococha antigua.
Mientras tanto en Cajamarca denuncian que representantes de la Fiscalía de Celendín han llegado al predio en afán de hostigamiento.
Pobladores de cuatro comunidades y la cabecera municipal de Ahuacuotzingo acordaron defender las más de 2 mil hectáreas que concesionó la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal a empresas mineras para explotar ese territorio por más de 50 años.
La empresa del cobre Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals, fue acusada hoy por contratar a unos 200 extranjeros indocumentados o sin permiso laboral, lo cual viola lo establecido en el país por las normativas de migración.