En Brasil, Zamin Ferrous, la trasnacional que impulsó la creación de Aratirí, enfrenta diversas acciones judiciales por incumplimiento de compromisos ambientales y por deudas con gobiernos estaduales. El secreto que rodea las negociaciones con Aratirí alimenta las dudas sobre sus verdaderas intenciones.
Los litigios en tribunales de Londres y las acusaciones de gobiernos estaduales de Brasil, que involucran a la multinacional Zamín Ferrous, pueden aportar insumos para el debate –principalmente mediático– entre quienes respaldan los emprendimientos mineros de la empresa Aratirí y quienes alertan sobre consecuencias negativas económicas y ambientales de la proyectada explotación de hierro en la zona de Valentines.
Tales cuestionamientos parecerían revelar las verdaderas intenciones empresariales y financieras de quienes digitan, desde Nueva Jersey y Londres, el proyecto Aratirí, que a estas alturas dista de ser un inofensivo “emprendimiento familiar” de empresarios indios que, a pesar de su “modestia”, prometen inversiones por valor de 2.000 millones de dólares
Los páramos son asociados principalmente a la producción de agua; sin embargo, éstos ecosistemas cumplen muchas más funciones, entre las que cabe resaltar su papel como retenedores y fijadores de carbono. Sumado a esto se destaca su belleza paisajística, dada por su vegetación nativa, sus lagunas y demás cuerpos de agua, además de la fauna que habita en él.
¿Pueden los municipios decidir si se hace o no explotación minera en su territorio? ¿Cómo conciliar los intereses de las autoridades nacionales con los de las territoriales a la hora hacer minería? Esas son algunas de las preguntas que desde hace más de un año no tenían una respuesta certera y hacían parte de lo que algunos expertos llamaron un limbo jurídico. Mientras unos municipios tomaban decisiones —como el de Piedras (Tolima), que convocó a una consulta popular en la que el 99% de los habitantes dijo no a la minería—, algunas normas (específicamente el decreto 934 de 2013) habían buscado frenar el interés ciudadano.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció la clausura parcial de operaciones de la mina Rosario de plata, oro y otros metales de la empresa Minera Impulsora Santa Cruz, luego del derrame que afectó un arroyo seco de la zona, a 20 kilómetros de la cabecera municipal de Charcas, dijo el delegado en San Luis Potosí Roberto Jaime Hernández Báez.
Domingo Ankuash llegó a Chiapas. Tras un proceso plagado de trabas burocráticas, el líder indígena de la Amazonía ecuatoriana pisó territorio zapatista para acudir al Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo. Representando al pueblo Shuar, que lucha desde hace años contra proyectos de explotación minera en su territorio, viajó con un claro objetivo: compartir experiencias con aquellos que llevan más de dos décadas organizándose a través del autogobierno instaurado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el estado de Chiapas. Rodeado de pasamontañas y pañuelos rojos como símbolos de resistencia, Domingo interiorizó, asegura, uno de los lemas repetidos una y otra vez durante estos días: «Otro mundo es posible».
Mucho se ha escrito sobre Goldex, una empresa comercializadora de oro, que lideraba en Colombia John Hernández. Lo que pocos saben es que ese nombre esconde la fachada de la que podría ser la más grande operación de lavado de activos y minería ilegal, con tentáculos en Colombia y en el extranjero.
El mandatario panameño aseguró que está a favor de la moratoria que no otorgaría más concesiones mineras. Mina de oro no sería licitada nuevamente si se le quita a Petaquilla.
En la cena anual del Consejo Minero, el presidente ejecutivo de la entidad gremial se dio el lujo de cuestionar el proceder de los Tribunales y de la Corte Suprema, acusándolos -por fallos que han evidenciado la arbitrariedad e ilegalidad con la que se han habituado a operar los megaproyectos mineros- de «torcer o desfigurar las instituciones” y de tendenciar “una suerte de derogación de la ley por parte de los tribunales de justicia, puesto que se maneja el contenido para lograr objetivos ajenos a ella [la justicia]”.
Desde 2011, se han desarrollado 9 procesos que han culminado la etapa de diálogo. Todos corresponden a la Amazonía. Los pueblos Quechua, Aymara, Uro y Jacuro no son incluidos en Base de Datos de Pueblos Indígenas sujetos a consulta.
El 6 de enero de 2015 se publicó en el Diario El Peruano el Decreto Supremo 001-2015-EM, el cual establece disposiciones para impulsar la inversión en proyectos mineros a través de modificaciones en los requisitos para la obtención de la concesión de beneficio1 y la autorización del inicio o reinicio de actividades de exploración y explotación; así como en los procedimientos para su aprobación.