No es un hombre de muchas palabras, pero sí de palabras fuertes. Javier Ramírez lleva pocos días de libertad, luego de haber pasado 10 meses en prisión bajo el cargo de rebelión contra el Estado.
La sentencia se impuso el martes pasado y determinó que debía estar en la cárcel los mismos 10 meses, por lo que quedó libre. Ahora camina por las calles pese al dictamen de la Corte de Justicia de Imbabura, sigue diciendo que es inocente.
El día empieza en la comunidad de Junín, en Íntag. El sol ya alumbra el colorido y pequeño pueblito, que se ha caracterizado por oponerse a la actividad minera por cerca de dos décadas. Ramírez, con sus botas de jornalero, un pantalón azul, camiseta blanca y machete en mano, cruza la cancha de ecuavoley que se ubica casi en el medio del poblado. Lo acompañan tres turistas.
Comunicado de Uruguay Libre de Megaminería
Rosa Quedena, abogada y coordinadora del área DESCA de Fedepaz, estuvo presente en la conferencia de prensa sobre los Proyectos de Derogatoria de la Ley 30230 y del Decreto Supremo 001-02015-EM, normas que son consideradas un Paquetazo Antiambiental con el que este gobierno atenta contra la seguridad territorial de las comunidades.
La década de los noventa fue de fundamental importancia para los territorios afrodescendientes y para los derechos de las comunidades negras. Esta década fue marcada por dos hitos trascendentales: el reconocimiento de la diversidad cultural en la Constitución de 1991 y la expedición de la Ley 70 de 1993 sobre los derechos colectivos territoriales y culturales de las comunidades afrodescendientes. Coincide esto con el surgimiento de una conciencia del valor de la región Pacífica en términos de diversidad.
El plan «piloto» que presentó Zamin Ferrous (Aratirí) al gobierno uruguayo, para empezar a extraer hierro a menor escala mientras tramita el mega proyecto de Valentines (Treinta y Tres), debe enfrentar obstáculos logísticos que implican inversiones millonarias en dólares, sin contar el aspecto ambiental, que ya le ha traído complicaciones a la firma. Pramod Agarwal, propietario de la minera de origen indio, se reunió el miércoles con el presidente José Mujica y jerarcas del Poder Ejecutivo y le propuso un nuevo emprendimiento “más chico” para sacar el mineral de hierro que se acumula en el subsuelo de varios departamentos del noreste.
Para la minería 2015 es un año mucho más complicado que en 2014.
La empresa minera de inversión canadiense Media Luna, asentada en la comunidad de Nuevo Balsas municipio de Cocula, pagaba un millón de pesos al mes al jefe de plaza de la organización delictiva La Familia Michoacana en los municipio de Cocula y Cuetzala, Uriel Vences Delgado, La Burra o El 50, para que permitiera los trabajos de la empresa y el libre tránsito de sus empleados.
Una de las últimas amenazas que recibieron los habitantes de La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, Cauca, les llegó vía celular el pasado 8 de febrero. “Ya tenemos ubicados a todos los sapos de La Toma que se oponen al desarrollo de la comunidad, a que la gente trabaje. Hacen quemar las máquinas. Ya sabemos cómo se mueven las cabezas y sus familias. Tenemos órdenes del sur del Valle del Cauca de limpieza a los que cierran las vías”.
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México tiene registrados 28 “conflictos mineros” en 14 estados del país, y el número irá creciendo conforme las mineras comiencen a operar las miles de concesiones que tienen. Algunos de estos conflictos son relativamente recientes y otros llevan varios años sin resolverse. En la mayoría de ellos, las comunidades indígenas protestan porque no se ha llevado a cabo la consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho.
La historia de Acuña, una campesina madre de cuatro hijos que nunca pudo aprender a leer ni a escribir y que ganó un juicio a la empresa minera que más oro produce en Sudamérica, saldrá publicada en el siguiente número de Etiqueta Verde, hermana de la revista