Este año el país atravesó varios accidentes ambientales que afectaron a miles de personas, sobre todo en los estados de Sonora, Nuevo León y Tabasco. Algunos de los ecocidios dañaron principalmente diversos ríos de esas entidades como el Sonora y el Bacanuchi en aquel Estado fronterizo.
En agosto pasado, al menos 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado fueron derramados en el Río Sonora por la minera Buenavista de Cobre, filial del consorcio Grupo México.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sonora determinó que 22 mil habitantes de siete municipios de la Entidad fueron afectados por el derrame, por lo que la pérdida patrimonial fue cercana a los dos mil millones de pesos.
El 6 de diciembre de 2013, mientras preparaba la proyección de un video sobre los efectos contaminantes de las minas, en la plaza principal de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, Gabriel Martínez Campos fue detenido por policías municipales, supuestamente por órdenes del comisario municipal, quien le advirtió que no se involucrara en los asuntos del pueblo.
Las comunidades de Belén y Santa María analizaron y tuvieron a consideración el Informe de Impacto Ambiental (IIA) en su ampliación de actividades de la Fase I del proyecto minero Bajo El Durazno. De los encuentros participaron legisladores, docentes, comerciantes, autoridades ejecutivas y vecinos en general.
El Gobierno quiere que la minería a gran escala termine de arrancar en el país y tomó tres decisiones a finales del año pasado para destrabar los proyectos estratégicos que están en carpeta desde el 2010 y que aún no han comenzado a producir. En esta lista están Fruta del Norte, Mirador, Río Blanco, Loma Larga (Quimsacocha) y Panantza-San Carlos, que han tenido avances limitados según reconocen las mismas autoridades del sector.
La líder afrocolombiana Francia Márquez, que denunció en Bogotá la minería ilegal en el departamento del Cauca, huyó este lunes de su casa tras recibir amenazas de muerte por parte de hombres armados en su domicilio, dijo la víctima.
El año 2014 ha estado plagado de ambivalencias en los discursos y accionar del sector público en temática ambiental. Como sociedad civil, comunidades y organizaciones nos hemos enfrentado, por un lado con anuncios y promesas que parecieran promover un cambio en la gestión ambiental en Chile y, por otro, con acciones y políticas que profundizan el extractivismo y la depredación acelerada de los bienes comunes, incluyendo la vida misma. 
Más de 1000 individuos y organizaciones de la sociedad civil han firmado una carta de petición para pedir que la coalición de universidades en Canadá disuelva el instituto minero, petrolero y gas que tiene su centro de operaciones en la Universidad de British Columbia ubicada en Vancouver.
La gente está muy enojada, la situación puede estallar en cualquier momento”, informó Jesús Santos, integrante del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIPDTZ).
A LA OPINIÓN PUBLICA INTERNACIONAL
Las sequías intensas, las inundaciones, los desastres naturales en general nada conocen del machismo. Simplemente asolan regiones del planeta con la fuerza ciega de la naturaleza. Pero en los lugares donde ocurren las catástrofes las mujeres suelen sufrir las peores consecuencias, a causa de la misión que les ha asignado la mayoría de las sociedades.