Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas en el marco de las protestas que protagonizan los habitantes de la provincia de Islay contra el proyecto minero Tía María, según ha informado el Ministerio de Interior. Se trata del segundo muerto en este ciclo de protestas que llevan un mes y medio: en el 2011 tres personas murieron también por choques con la policía.
Ver también:
Un muerto y 11 heridos en protestas contra proyecto minero Tía María
Más de 4.000 policías en el Valle del Tambo para imponer proyecto minero Tía María
Perú en decisiva batalla contra el extractivismo
Decenas de manifestantes intentaron a última hora del lunes bloquear una carretera en la capital provincial, Mollendo, por lo que la Policía intentó dispersarlos dando lugar a un enfrentamiento, de acuerdo con la prensa local.
En conjunto a organizaciones territoriales de diversos territorios hemos levantado un Encuentro de «Valles Movilizados por la Defensa de los Ecosistemas Glaciares» que se realizará en San Felipe-Putaendo este 9 y 10 de mayo.
El libro “
Mediante un grupo en redes sociales llamado “NO a la explotación minera de Samalayuca” se denuncia que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) dejó fuera a esta zona que anteriormente se encontraba dentro de la protección con el fin de iniciar un proyecto minero de una empresa canadiense.
A 15 años de uno de los desastres ambientales más nocivos que haya sufrido el país, el derrame de mercurio en Choropampa dejó impactos irreversibles en la salud de su población, desolación y pobreza. Hoy 8 de cada 10 choropampinos son pobres, mientras que 6 de cada 10 viven por debajo de la línea de la pobreza.
Organizaciones civiles como el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y el Agua Vale más que Oro, denunciaron que el proyecto minero Los Cardones, en Baja California Sur, pretende instalarse en las inmediaciones de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna “violando derechos mediante argucias legaloides, e incluso violando flagrantemente leyes y reglamentos federales y estatales”.
A lo largo de la cordillera andina meso y sudamericana capitales mineros transnacionales desde mediados de la década del noventa (siglo XX) tienen una importante presencia en la región mediante el desarrollo de la minería a gran escala o mega-minería, impactando en múltiples dimensiones de la realidad.
Lo quieren todo. No se conforman con tener a su favor las leyes, el aparato estatal que las aplica y las políticas gubernamentales para hacerlo posible. Con el argumento de que necesitan garantizar la seguridad jurídica de sus inversiones en el sector energético, en la industria minera e incluso en proyectos de agua, a los que los pueblos indígenas y comunidades campesinas se oponen porque violan sus derechos al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, entre otros el señor Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en una reunión con la Unión Social de Empresarios de México, expresó su interés de que las consultas a los pueblos indígenas, reguladas en la Constitución federal y el derecho internacional, no sean de cumplimiento obligatorio.
Nicole Marcel es francesa pero habla rapidito un español muy fluido. Llegó a Venezuela hace veinte años porque la Gran Sabana la eligió. Ella trabaja en la Fundación Mujeres del Agua, una organización compuesta por un grupo de mujeres rurales, indígenas y no indígenas, que promueven su participación en pro de la defensa de los derechos socio-ambientales
El 30 por ciento del territorio mexicano está en manos de 293 empresas de capital extranjero que extrae, explora y transforma los recursos minerales, así lo destacan cifras oficiales y grupos ambientalistas que defienden el derecho de los ciudadanos a su tierra y a la propiedad de lo que ésta genera. A la par del crecimiento de la industria minera, también han aumentado las violaciones a los derechos de las comunidades y a las garantías laborales de quienes trabajan en la extracción, así como la cada vez más preocupante “devastación” al medio ambiente que, de acuerdo con diversas organizaciones, ha generado daños irreversibles que afectan a todo el país.