Nada hay más desalentador que enterarnos cotidianamente de la existencia de nexos entre el crimen organizado y determinada área del sector público
El principal descubrimiento que realizamos los miembros de la sociedad mexicana tras el inicio de la “guerra” contra el crimen organizado, fue el relativo a la penetración que los grupos delincuenciales lograron en las estructuras del poder público, iniciando con los cuerpos de policía y terminando no sabemos exactamente dónde.
De acuerdo con los informantes, empresas como Minera Las Cuatas y Minera La Marina, pertenecientes a los hermanos Joel y José Reynold Bermea Castilla forman parte del padrón de la Proderem, instancia creada en 2011 por decreto del Gobernador panista Guillermo Padrés.
El Gobierno de esa entidad que encabeza el panista Guillermo Padrés, se habría vinculado indirectamente con esta actividad ilegal al permitir que empresas pertenecientes a José Reynold Bermea Castilla, detenido por presuntos vínculos con el narco, proveyeran carbón a la Promotora para el Desarrollo Regional de la Minería de Sonora (Proderem), organismo intermediario para vender el mineral a la CFE.
El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta pidió a las autoridades prohibir cualquier tipo de minería en el “territorio ceremonial de Wirikuta”, en San Luis Potosí, y que la zona se proteja como patrimonio biocultural.
En conferencia de prensa los integrantes del organismo se congratularon con el proyecto de decreto de la Reserva de la Biósfera de Wirikuta emitido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), aunque consideraron que debe reconocer los derechos humanos de las particularidades de los pueblos indígenas.
La delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Baja California Sur negó el permiso de cambio de uso de suelo en terrenos forestales promovido por Invecture Group y Vista Gold para el proyecto Los Cardones, una mina de oro que pretenden operar en la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, ubicada al sur de la entidad.
Según la Semarnat, los promoventes no acreditaron la posesión de los terrenos que se utilizarán, además de que faltó información relacionada con el proyecto y algunos anexos estaban en inglés (sin traducir).
Primera parte
Una nueva y contundente movilización contra los proyectos mineros en la Sierra Norte de Puebla ocurrió ayer en esta comunidad: autoridades y grupos organizados de las treinta y dos comunidades del municipio de Zautla respaldaron rotundamente la decisión de la comunidad de Tlamanca de rechazar la explotación minera proyectada por la empresa JDC Minerales, que encabezan empresarios de origen chino. Lo hicieron en Tlamanca el sábado 4, en presencia de los empresarios chinos, con 240 votos de un total de 270: no a la mina en el cerro Aquiogüis. Le llaman el cerro del agua.
La Promotora para el Desarrollo Regional de la Minería de Sonora (Proderem) se habría vinculado con las empresas pertenecientes a José Reynold Bermea. operador de Los Zetas en el ramo minero.
México, D.F.- El diario Reforma indica que la Promotora para el Desarrollo Regional de la Minería de Sonora (Proderem) también habría sido cliente de las mineras propiedad de José Reynold Bermea, operador de Los Zetas en el ramo del carbón y renta de maquinaria.
Compromisos. Las empresas llegan y hacen una serie de compromisos con los lugareños, pero ya establecidos se les olvida.
Existe la necesidad de revisar la Ley de Minería del Estado de Durango, pues es muy poco el beneficio que deja a los ciudadanos la extracción de metales preciosos y minerales en general.
Así lo mencionó el diputado Gustavo Pedro Cortés, quien mencionó que las grandes compañías han aprovechado bien la riqueza mineral de Durango, pero lo que se extrae ni siquiera se procesa aquí.
«Dejan más hoyos, contaminación, enfermedades y daños al entorno, que verdaderas ganancias a los ciudadanos de esta entidad», mencionó el legislador.
El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta pidió a las autoridades prohibir cualquier tipo de minería en el “territorio ceremonial de Wirikuta”, en San Luis Potosí, y que la zona se proteja como patrimonio biocultural.
En conferencia de prensa los integrantes del organismo se congratularon con el proyecto de decreto de la Reserva de la Biósfera de Wirikuta emitido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), aunque consideraron que debe reconocer los derechos humanos de las particularidades de los pueblos indígenas.
María de Lourdes Armenta Solís, integrante de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz), calificó como un “saqueo a la nación y daño al medio ambiente” las concesiones para minas que fueron otorgadas en los últimos dos años por la Secretaría de Economía.
Manifestó que la gran parte de las compañías mineras que hay en el país, pertenecen a extranjeros y el gobierno federal permite que se haga la explotación de recursos minerales sin importar el daño que causen al medio ambiente.
Expuso que aparte de que la minería se convierte en un conflicto social, los daños a los mantos de agua son irreversibles por los residuos ácidos, que envenenan el líquido.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) durante este 2012 se realizó la clausura de una empresa minera que se localiza en el ejido de San José de Michis en Súchil y ha aplicado 35 sanciones dentro de esta industria por no cumplir con las normas ambientales.
Lo anterior fue informado por el delegado de la dependencia, Paulino Córdova Quiñones quien mencionó que si bien el 90 por ciento de la gran minería en la entidad se encuentra dentro del programa voluntario de auditoria ambiental, aun se tienen áreas de oportunidad en la pequeña y mediana minería.