Opositores al proyecto minero de la empresa Álamos Gold, en Tetlama, pidieron que en la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Temixco se fije la prohibición de expresar cualquier explotación de mina de tajo abierto por metales; al respecto, el edil Miguel Ángel Colín Nava asegura que no ha recibido dicha petición y se muestra indiferente a este caso.
El pasado 10 de octubre, en la comunidad de Acatlipa, integrantes del Movimiento Morelense en contra de las concesiones mineras de metales preciosos demandó la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico de Temixco.
Son 23 las minas autorizadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la zona de Lázaro Cárdenas para la extracción de minerales. La dependencia carece de un diagnóstico sobre dicha actividad en la entidad. Así lo admitió el delegado de la Semarnat en Michoacán, Víctor Manuel Ávila Ceniceros, durante la conferencia de prensa que otorgó este lunes para dar a conocer avances de las acciones contempladas para el sector ambiental como parte del Plan Michoacán. Cuestionado acerca de acciones para detectar y acotar la explotación ilegal de minerales, respondió que la tarea no compete a la dependencia a su cargo, sin embargo en el área de Lázaro Cárdenas se efectuó un trabajo que permitió determinar que sólo 23 cuentan con todos los requisitos y formalidades que la ley establece para la explotación de las minas. En las demás zonas, agregó: “iremos viendo con la autoridad y con nuestros compañeros de sector cómo vamos a ir haciendo el padrón y el conteo de esa estructura”, expresión con la que dejó en claro que no existe un diagnóstico actualizado sobre las condiciones en las que se explotan minas de otras latitudes de la geografía estatal.
La minería es una actividad multifacética que puede abordarse desde ángulos distintos, como el legal y el social, y esto es lo que han hecho —desde hace cuatro años— expertos de diversas procedencias en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.
En días pasados se entregó a la Corte Nacional de Derechos Humanos de México una solicitud para establecer medidas cautelares para que se proteja la integridad de las y los defensores de derechos de la organización de Bios-Iguana, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, otras y otros comuneros de Zacualpan quienes en las últimas semanas han estado viviendo una alarmante y creciente situación de persecución, amenazas, desplazamiento, agresiones físicas, verbales y psicológicas y de desprestigio por parte de algunos pobladores, políticos municipales y estatales.
Los diputados Dora Elda Oropeza Villalejo y Gil Cueva Tabardillo recibieron al sector pesquero organizado del Municipio de Comondú quienes solicitaron la intervención del Congreso del Estado para evitar la autorización del Proyecto Minero Submarino “Don Diego” en el Golfo de Ulloa, ya que aseguran, atenta contra el ecosistema.
Cuando hay referencias al estado de Sonora, se suele mencionar que es un emporio agropecuario y cuna de la revolución verde, la que prometía acabar con el hambre y la desigualdad en el campo. Que es asiento de culturas milenarias tan importantes como la de los yaquis (perseguidos por el régimen porfirista), mayos, cucapás, pimas y seris; que allí nacieron dos dirigentes de la Revolución, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Se citan sus explotaciones mineras que la gente recuerda por las tragedias, la contaminación que ocasionan a las corrientes de agua y al medio en general y, no por el aporte al bienestar de los obreros que trabajan en ellas o a los pueblos donde están ubicadas.
En el último año las organizaciones que defienden los derechos indígenas y ambientales en el municipio de Comala, Colima, México, se han enfrentado a amenazas continuas, ataques, estigmatización y criminalización como resultado de su oposición a una concesión minera que se ha otorgado en la Comunidad Indígena Nahua de Zacualpan.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación por las presuntas violaciones a los derechos humanos de los habitantes del municipio de Concordia, Sinaloa, que resultaron afectados por el derrame de desechos provenientes de la mina «Dos Señores» y que contaminaron las aguas del arroyo Las Charcas, afluente del río Pánuco.
Las grandes beneficiarias de las miles de desapariciones forzadas que registra México —en 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó 27 mil 243 personas desaparecidas— son las empresas transnacionales que hay en el país. Esa es una de las hipótesis que propone el periodista italiano Federico Mastrogiovanni y así lo consignó en su libro Ni vivos ni muertos. La desaparición forzada en México como estrategia de terror (Grijalbo, 2014), de reciente aparición. 
Los participantes en el foro Sí a la vida, no a las mineras, que se realizó en esta cabecera municipal, rechazaron los proyectos de las empresas canadienses Geonorte, Zalamera y Maya Minas, que pretenden explotar 30 mil hectáreas en 10 municipios, de San Miguel Chimalapas hasta Zanatepec.