19/02/2022
La Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) canceló, en una sesión pública en la tarde de este miércoles (16), dos concesiones mineras de la empresa canadiense Almaden Minerals en el territorio de la comunidad nahua de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla. Con la decisión, la SCNJ resolvió el amparo interpuesto, en 2015, por la comunidad Tecoltemi.

Se “determina que lo procedente es ordenar a la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Regulación Minera, dejar insubsistentes los títulos de concesión minera”, de acuerdo con el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo y aprobado por unanimidad.

La SCJN determinó que fue violado el derecho a la consulta y al consentimiento de la comunidad nahua y amparó a la comunidad Tecoltemi para que la Secretaría de Energía consulte a los pobladores antes de autorizar la concesión de una mina de oro y plata a cielo abierto. De manera que, no está cerrada la posibilidad de que los órganos de gobierno vuelvan a otorgan los permisos, después de un proceso de consulta.

“La decisión de la Corte es sin duda un gran logro para Tecoltemi y resulta de suma relevancia no sólo para ella sino para otras comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán y del resto del país, siendo ésta la primera vez que la SCJN reconoce la violación al derecho a la consulta y al consentimiento tratándose de concesiones mineras, y que ordena su cancelación como consecuencia de dicha violación”, manifestó la comunidad en un comunicado, conjuntamente con las organizaciones que la acompañan en su defensa legal, Fundar y el Consejo Tiyat Llali.

Por otra parte, la Suprema Corte dejó intacta la Ley Minera, reafirmando su constitucionalidad. La comunidad indígena también había reclamado la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley Minera.

Tecoltemi había reclamado la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la legislación, entre ellos, el 6 y el 19 que determinan que las actividades mineras son de utilizada pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio y que el titular de las concesiones tienen el derecho de obtener expropiación de terrenos así como de aprovechar las aguas presentes en el territorio para las actividades mineras.

El ministro en la sentencia reconoce “la potestad exclusiva de la Federación para aplicar las modalidades que resulten necesarias para el aprovechamiento de los recursos minerales” y que los derechos de los pueblos indígenas “están sujetos a ciertos límites y restricciones”.

Sobre la Ley Minera, no hubo unanimidad en las votaciones de los ministros. La ministra Norma Lucía Piña Hernández votó en contra del proyecto propuesto por el ministro Rebollero, anunciando que emitirá un voto particular, lo que significaría que, a su consideración, el contenido de dichos artículos de la Ley sí podría ser inconstitucional e inconvencional.

En el comunicado, la comunidad lamenta “que la SCJN haya perdido la oportunidad de analizar a fondo una ley que, al dar preferencia a las actividades mineras, viola el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas”.

Y anuncia que “seguiremos denunciando el contenido violatorio de la Ley y estaremos pendientes de la publicación y notificación, en los próximos días, de la sentencia definitiva con la que se podrán conocer los razonamientos y argumentos finales”.

El pedido de la comunidad

Tecoltémic es una población Nahua del norte del estado mexicano de Puebla que, en 2015, demandó a la Secretaría de Economía por haber otorgado dos concesiones mineras sobre su territorio sin consulta ni consentimiento, en beneficio de la minera Almaden Minerals, de capital canadiense. La resolución de este caso se ha extendido, sin obtener repuesta favorable, hasta este año 2022. El caso será discutido el próximo 2 de febrero por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Corte postergó, hasta el 19 de enero de este año 2022, el análisis del amparo interpuesto por la comunidad de Tecoltémic representada por la organización Fundar y el Consejo Tiyat Tlali. No obstante, volvió a quedar en espera de nueva fecha para ser votado. Fue re agendada para el próximo 2 de febrero.

Esta comunidad indígena acudió a las instancias de la justicia federal para impugnar dos concesiones mineras otorgadas por parte de la Secretaría de Economía. El en proceso legal, la corte ha reconocido que se ha violado el derecho a la consulta y al consentimiento de Tecoltemi, por ello, aseguran los demandantes, las dos concesiones mineras “deben cancelarse”.

Por otra parte, exigen que se analice la Ley Minera, “ya que el contenido de diversos artículos (6º, 15 y 19 fracc. IV, V, VI y XII) es inconvencional e inconstitucional, pues contraviene abiertamente la protección que la Constitución y el marco internacional de los derechos humanos otorga a dichos territorios”, ha denunciado en un boletín de prensa la organización Fundar.

Esta comunidad, junto a sus asesores, alegan que la Ley Minera en su artículo 6, determina que las actividades mineras son de utilidad pública y están por encima de cualquier otro uso en territorio indígena. “Es decir, que la exploración, explotación y proceso de beneficio de los minerales deben preferirse sobre cualquier otra actividad que las comunidades estén desarrollando en el territorio, sea vivienda, agricultura, forestal o cualquier otra”, puntualiza Fundar.

Por su parte, el artículo 19 de la ley, es tajante al resolver que quien posea una concesión minera tiene derecho a la expropiación o la ocupación de los terrenos necesarios para la minería, así como el aprovechamiento del agua. También, el artículo 15, fija en 50 años la vigencia de las concesiones mineras, prorrogables por un tiempo igual. “Es decir, la legislación pone a las comunidades, sus tierras y territorios y su vida, a disposición de las empresas mineras hasta por un siglo”, añaden los demandantes.

A la comunidad le preocupa que la Corte afirme que, la Ley Minera, “no se relaciona directamente con los intereses y derechos de los pueblos indígenas, pues su objeto es regular la actividad minera, y no aspectos de la vida social, económica o política de tales pueblos”.

Por el contrario, Tecoltémic, asegura que la Ley Minera no solo les afecta a ellos, sino que, a todos los pueblos indígenas de México donde haya concesiones mineras y, por tanto, exigen, “a la SCJN a reconocer que Ley Minera viola derechos”.
Fuente: AVISPA MIDIA

SCJN cancela concesiones de la minera Almaden Minerals en Tecoltemi, Puebla

21/02/2022
Ubicación del proyecto de oro y plata Ixtaca/ Crédito: Almaden Minerals.

La Corte Suprema de Justicia de México ordenó a la Secretaría de Economía que declare ineficaces los títulos mineros del explorador Almaden Minerals y que los vuelva a emitir una vez que haya cumplido con la obligación de realizar consultas con las comunidades indígenas.

Los reclamos minerales de Almaden son la base de una demanda contra el gobierno mexicano que afirma que la ley minera del país es inconstitucional.

En 2019, un tribunal de primera instancia del estado de Puebla, donde se ubica el proyecto de oro y plata Ixtaca de Almaden Minerals, determinó que la ley de minería de México es inconstitucional porque no incluye disposiciones que exijan la consulta con las comunidades indígenas antes de otorgar un título minero.

La Corte Suprema determinó que la ley de títulos minerales del país es constitucional, pero que antes de emitir los títulos minerales de Almaden Minerals, el Ministerio debería haber previsto un procedimiento de consulta con las comunidades indígenas.

Crédito: Almaden Minerals.

Almaden dice que revisará la decisión final, cuando esté disponible, e interactuará con los funcionarios gubernamentales y los funcionarios de la comunidad local para comprender el impacto de la decisión en sus reclamos minerales.

El yacimiento Ixtaca, que Almadén descubrió en 2010, alberga una reserva probada y probable que contiene 1,38 millones de onzas de oro y 85,1 millones de onzas de plata (73,1 millones de toneladas con una ley de 0,59 g/t de oro y 36,3 g/t de plata).

Según un estudio de factibilidad de 2018, la mina a cielo abierto Ixtaca producirá 108 500 oz/a de oro y 7,06 millones de onzas de plata al año durante los primeros seis años. El estudio tuvo un valor presente neto después de impuestos de USD 310 millones, con un descuento del 5%, una tasa interna de retorno después de impuestos del 42% y un período de recuperación de 1,9 años.
Fuente: Mining Weekly
https://www.mineria-pa.com/noticias/corte-suprema-de-mexico-ordena-declarar-ineficaces-los-titulos-mineros-de-almaden/

Por:Alejandra Olivera
Iván Betancourt –
21/02/2022
Barbosa aseguró que su gobierno generará “equilibrio” porque existe población indígena en contra y a favor del proyecto minero

El gobierno de Puebla sí interviene y se involucra en las revisiones de mineras, pero en el caso de Ixtacamaxtitlán jugará un papel de “equilibrio”, recalcó el jefe del Ejecutivo estatal Miguel Barbosa Huerta.

Cuestionado sobre la denuncia de organizaciones sociales respecto a que la exploración para la instalación de la mina ha provocado daños al manto acuífero y al hábitat natural, el mandatario señaló que se tienen que corroborar todos los datos y evitar ponerse de un lado de las partes.

Aseguró que su gobierno generará “equilibrio” porque existe población indígena en contra y a favor del proyecto minero.

Resaltó que su administración siempre da a conocer si existen abusos y daños al medio ambiente en la entidad, porque se tratan de recursos naturales de Puebla a pesar de que “la Federación se arrogue el derecho de poder resolver todo”.
https://www.oronoticias.com.mx/gobierno-ofrece-mediar-conflicto-minero-en-ixtacamaxtitlan/

FOTO: MINING MEXICO
Por Andrea Rivera García
16/02/2022
La mina de San Francisco en el municipio de Santa Ana, Sonora, propiedad de la minera canadiense Magna Gold registró un derrumbe que dejó un saldo de tres empleados muertos.
David Gerardo Márquez Granillo, Leonel Ozuna Celaya y Roberto Corrales Armenta, fueron los trabajadores de la mina que perdieron la vida en el derrumbe.
La mina de San Francisco, productora de oro en el estado de Sonora, reactivó sus operaciones en octubre del 2020, luego de que permaneciera cerrada desde mediados del 2017 y un año después, ya se había convertido en la mina insignia de Magna Gold.

Para finales de enero del 2022, Magna Gold ya había incrementado un 107% su producción de oro en el estado de Sonora gracias a San Francisco, y veinte días después, sucedió el trágico accidente de este 15 de febrero.

“Reportó una producción de 34 mil 601 onzas de oro en sus dos primeros trimestres completos de producción comercial. Asimismo, el oro vendido durante el trimestre fue de 16 mil 305 onzas a un precio de oro realizado promedio de 1,780 dólares por onza”, han sido algunos de los beneficios que magn Gold ha obtenido de San Francisco.

En mayo del 2021, Magna Gold sumaba 3 millones horas-hombre sin incidentes en sus minas, las cuales se vieron interrumpidas tras el derrumbe de Santa Ana. El último incidente registrado fue en septiembre del 2018.

El derrumbe fue atendido por las brigadas de rescate de Magna Gold, en colaboración con Protección Civil y Bomberos de Sonora, e informaron que ya fueron recuperados los cuerpos de las víctimas. De acuerdo a la empresa, el derrumbe ocurrió durante la mañana del 15 de febrero, al caer un domo de tierra de la mina, dejando tres hombres atrapados.
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/02/16/derrumbe-en-mina-san-francisco-deja-tres-muertos/

Manuel Pérez Rocha L. 14/02/2022
El llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a llegar a un acuerdo con la compañía minera estadunidense Legacy Vulcan pone en evidencia los problemas a que se enfrenta nuestro país firmando a diestra y siniestra tratados de libre comercio con sus capítulos de protección a las inversiones. Legacy Vulcan tiene demandado a México por unos 500 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial y bajo las cláusulas del TLCAN. AMLO ha advertido que de no llegar a un acuerdo mediante el cual la minera desista de su demanda y reoriente sus actividades, la denunciará ante la Organización de Naciones Unidas por el daño ambiental que su subsidiaria, Calizas Industriales del Carmen (Calica), ya ha perpetrado en las inmediaciones de Playa del Carmen ( La Jornada, 2/2/22).

Legacy Vulcan –representada en México por el despacho de abogados Creel García-Cuéllar, Aíza y Enríquez– reclama pérdidas de ganancias esperadas (bajo la cláusula de expropiación indirecta) luego de que se le hayan negado permisos de explotación en los predios La Adelita y El Corchalito, dada la devastación ambiental que ya han tenido sus actividades extractivas (https://bit.ly/3sxRBY0). AMLO dijo estar «seguro de que los accionistas principales (de Legacy Vulcan) no saben de la tragedia de la destrucción de 500 hectáreas».

Laura Beristain Navarrete, primero como senadora y después como presidenta del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, fue quien junto a grupos ambientalistas, se opuso valientemente a que Calica realizara la explotación de esos dos predios (https://bit.ly/338q2f4) debido al gran daño que ya había causado por las detonaciones a cavernas, cenotes y en el corredor biológico sin que se pueda llegar a conocer con exactitud el impacto ambiental a ríos subterráneos. Para colmo de males, es probable que los materiales de buena parte de los kilómetros del muro fronterizo que llegó a construir Trump haya salido de esas minas pues él está «entre los socios capitalistas de Calica, que opera en la Riviera Maya desde 1986» (https://bit.ly/34M5Qjr).

El de Vulcan Legacy está lejos de ser un caso aislado. México es uno de los seis países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales supranacionales y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe.

Esto es resultado del papel que México ha desempeñado como delantero central en la expansión del régimen neoliberal. Fue el primer país en ratificar el Tratado Transpacífico (TPP-11) en 2018, mediante el cual empresas mineras canadienses, estadunidenses y de otros países con domicilio en Canadá, podrán seguir demandando a México. El gobierno de Peña Nieto aceptó que se mantuviera el sistema de solución de disputas inversionista-Estado en el T-MEC entre Estados Unidos y México, en particular para el sector energético, y cerró la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (mediante un «acuerdo en principio») que incluye un capítulo de protección de inversiones. En 2018 México se convirtió en miembro pleno del Ciadi, algo que se había resistido durante décadas.

El peso de este sistema cuasi jurídico de protección a inversiones se hace sentir a todo lo largo y ancho del territorio nacional, desde el mar Caribe hasta el mar de Cortés. Por una cantidad seis veces mayor que la de Vulcan Legacy –3 mil millones de dólares– la también minera estadunidense Odyssey Marine Exploration Inc. tiene a México en el banquillo de los acusados en el Ciadi dado que la Semarnat le denegó un permiso ambiental impidiendo su Proyecto Don Diego, de minería en subsuelos marinos, en Baja California Sur. En un amicus curiae presentado en octubre pasado por la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, cuyos medios de vida dependen del ecosistema marino, y el Center for International Environmental Law (CIEL) lo describe como «proyecto minero submarino que pretende dragar 91 mil hectáreas de fondo marino en el golfo de Ulloa en Baja California Sur, extrayendo 7 millones de toneladas de arena y roca de fosfato cada año por 50 años. Las operaciones de extracción submarina de fosfato tendrían graves impactos en el ecosistema marino y la biodiversidad de la región, con consecuencias para la salud y los medios de vida de las comunidades pesqueras. El fosfato se pretende usar para la producción de fertilizantes». Queda la pregunta: ¿qué empresas agroindustriales estarán detrás de este proyecto?

México cuenta con 29 tratados bilaterales de inversión (TBI) o acuerdos para la promoción recíproca de inversiones (APRI) vigentes, de los cuales, según análisis del Transnational Institute de Amsterdam (https://bit.ly/3rNTkZO), «21 podrían ser terminados debido a que pasaron la fase inicial de 10 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de revisar y denunciar unilateralmente más de dos tercios de todos sus TBI». Y México cuenta con 11 tratados a acuerdos de libre comercio. Para salvar faunas y cenotes, subsuelos marinos, ríos, páramos y cuencas y ecosistemas enteros de la destrucción de empresas extractivas foráneas, es urgente una auditoría integral del sistema de protección de inversiones en México y denunciar los tratados que cobijan los abusos corporativos que AMLO tanto señala.
*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington D.C. www.ips-dc.org
Twitter: @ManuelPerezIPS
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/opinion/016a1pol