La Sala Plena de la Corte Constitucional, tras estudiar una demanda interpuesta por miembros del Polo Democrático contra el Plan Nacional de Desarrollo, decidió este lunes que algunos artículos de éste van en contra de la Constitución, entre ellos el que permite la actividad minera y de hidrocarburos en los páramos del país. El alto tribunal consideró que, pese a la existencia de títulos mineros, prevalece el derecho al medio ambiente sano y no el derecho adquirido por las licencias ambientales.
La Corte determinó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no tendrán la exclusividad -como lo indicaba el PND- para otorgar las licencias en los denominados Proyectos Estratégicos de Interés Nacional (Pines). Esta figura, pese a que no se tumbó, establece que la delimitación de los megaproyectos en minería, hidrocarburos o energía estará sometida a las entidades territoriales.
El régimen Uribe estableció hacer de Colombia un país minero, y lo dejo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo Minero y de Política Ambiental Visión Colombia 2019. A partir de esta decisión se conformaron los distritos mineros definidos conforme al grado de concentración mineral.
El sector minero-energético ha tenido un aumento en las últimas décadas y más aún desde los planes de desarrollo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde se propuso la llamada Locomotora Minera. Con esto se pretendió establecer nuevos lineamientos y directrices en materia legislativa y económica frente al uso de los recursos naturales. A partir de ahí, y posteriormente con la llegada de Juan Manuel Santos, no se ha hecho más que otorgar licencias de exploración y explotación minera, con el fin de castigar la minería ilegal y pasar a la gran minería.
El caso que está en manos de la magistrada Gloria Ortíz, es una demanda que presentó el Polo Democrática en contra de los artículos 20, 49, 50, 51, 52 y 173 de la Ley 1753 de 2015 (Plan de Desarrollo) y el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011.
La Corte Constitucional anunció este miércoles que asumirá una acción de tutela instaurada por comunidades indígenas y afro del río Atrato, en el departamento de Chocó, según la cual 37 niños habrían muerto en el último año en la región luego de que presuntamente consumieran agua contaminada con mercurio, químico que es utilizado en la minería.
Durante este martes el alcalde de Ibagué, Guillermo Jaramillo, radicó ante el concejo de la ciudad el proyecto que buscará tramitar una consulta popular sobre la actividad minera en la capital de Risaralda.
“Voces de los Pueblos desde los Territorios” es un espacio para informar, concientizar y movilizar a las comunidades en defensa del Territorio. Nuestro Programa de Comunicaciones del CRIC y la Asociación de Medios de Comunicación Indígenas de Colombia AMCIC, invitan a los colectivos de comunicación comunitarios y alternativos hacer parte de esta iniciativa comunicativa de incidencia y visibilización sobre las amenazas territoriales, organizativas, culturales y económicas que se adelantan en los pueblos indígenas y sectores sociales del País.
Cerca de 150 personas se reunieron en la zona conocida como El Resbalón, en la vía que conduce de Boyacá a los Llanos, preocupados por la situación hídrica que enfrenta la región y que ya comenzó a afectarlos.
La minería ilegal en Buriticá, occidente de Antioquia, produciría 60 mil onzas de oro al año causando un impacto ambiental 10 veces mayor al habitual, según voceros de Continental Gold, propietaria de los títulos mineros en este municipio.
Entre el espeso calor, la naturaleza apabullante y los búfalos que recorren las coloridas praderas de la región del Bajo Cauca, persiste uno de los negocios más fructíferos de los últimos tiempos, el oro. Pero también crece una peligrosa cuenta de cobro: el mercurio, con más de 100 toneladas de este venenoso metal que caen a los ríos de Antioquia cada año.