El caso que está en manos de la magistrada Gloria Ortíz, es una demanda que presentó el Polo Democrática en contra de los artículos 20, 49, 50, 51, 52 y 173 de la Ley 1753 de 2015 (Plan de Desarrollo) y el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011.
El artículo 173 dice textualmente que al interior de un área delimitada como páramo, se pueden hacer actividades para la exploración y explotación de recursos no renovables si se trata de contratos y licencias ambientales otorgadas antes del 9 de febrero de 2010 y, para minería, con anterioridad al 16 de junio de 2011.
En este caso, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DeJusticia – le solicitó a la Corte que ‘tumbe’ parcialmente ese artículo, así como el 40 y el 50 que hacen referencia a los Planes de Interés Nacional Estratégico, PINE.
La Corte Constitucional anunció este miércoles que asumirá una acción de tutela instaurada por comunidades indígenas y afro del río Atrato, en el departamento de Chocó, según la cual 37 niños habrían muerto en el último año en la región luego de que presuntamente consumieran agua contaminada con mercurio, químico que es utilizado en la minería.
Durante este martes el alcalde de Ibagué, Guillermo Jaramillo, radicó ante el concejo de la ciudad el proyecto que buscará tramitar una consulta popular sobre la actividad minera en la capital de Risaralda.
“Voces de los Pueblos desde los Territorios” es un espacio para informar, concientizar y movilizar a las comunidades en defensa del Territorio. Nuestro Programa de Comunicaciones del CRIC y la Asociación de Medios de Comunicación Indígenas de Colombia AMCIC, invitan a los colectivos de comunicación comunitarios y alternativos hacer parte de esta iniciativa comunicativa de incidencia y visibilización sobre las amenazas territoriales, organizativas, culturales y económicas que se adelantan en los pueblos indígenas y sectores sociales del País.
Cerca de 150 personas se reunieron en la zona conocida como El Resbalón, en la vía que conduce de Boyacá a los Llanos, preocupados por la situación hídrica que enfrenta la región y que ya comenzó a afectarlos.
La minería ilegal en Buriticá, occidente de Antioquia, produciría 60 mil onzas de oro al año causando un impacto ambiental 10 veces mayor al habitual, según voceros de Continental Gold, propietaria de los títulos mineros en este municipio.
Entre el espeso calor, la naturaleza apabullante y los búfalos que recorren las coloridas praderas de la región del Bajo Cauca, persiste uno de los negocios más fructíferos de los últimos tiempos, el oro. Pero también crece una peligrosa cuenta de cobro: el mercurio, con más de 100 toneladas de este venenoso metal que caen a los ríos de Antioquia cada año.
Comunidades indígenas celebran decisión de la CIDH en la que otorga medidas cautelares a comunidades Wayuú además de solicitar al Estado colombiano “Asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil, así como tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener, a la brevedad posible, acceso al agua potable y a alimentos en calidad y cantidad suficientes”.
Desde que en 2013 el municipio de Piedras rechazó por medio de una consulta popular la minería de oro que estaba promoviendo la empresa Anglogold Ashanti en el Tolima, a través de sus operaciones en la gran mina de La Colosa, varios territorios han tratado de mostrar su descontento con acciones similares. Lo hizo Tauramena, en Casanare, en diciembre de ese año para detener la explotación petrolera; lo intentó Monterrey, también en Casanare, a principios de 2014, para salvar el río Túa, su principal afluente, y lo ha intentado en varias ocasiones Cajamarca, en el Tolima, porque sobre sus tierras está La Colosa y temen que sus aguas y su producción agrícola se vean mermadas. Ahora, después de muchas discusiones y polémicas, le llegó el turno a Ibagué.
Con el firme propósito de rechazar los actos de minería que afectan el recurso natural del norte de Nariño, la comunidad de San Lorenzo participó de la Minga por la construcción del territorio campesino agroalimentario.