La muerte de 13 mineros en Santander de Quilichao (Cauca), en mayo del año pasado, volvió a poner en evidencia el problema de la minería ilegal en el país -de los 55 millones de toneladas de oro que produce Colombia, sólo 7 millones son legales-. Sin embargo, ni el dolor por esa tragedia ha cesado en las familias de las víctimas ni la búsqueda de los responsables del hecho se ha detenido.
A raíz del suceso ocurrido el 30 de abril de 2014, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) comenzó un proceso sancionatorio contra Anglogold Ashanti. Según la corporación ambiental, el título en donde se desarrolló minería ilegal con retroexcavadoras, y donde fallecieron los trabajadores informales, era de propiedad de la empresa sudafricana, que no habría solicitado amparo administrativo ante el alcalde de Santander de Quilichao para que ordenara el desalojo de las máquinas amarillas.
La Corte Constitucional levantó la suspensión que le había impuesto por una tutela hace seis meses. El planteo fue hecho por mineros artesanales, afros e indígenas de la zona quienes habían conseguido que la Corte Constitucional suspendiera la actividad de la mina hace seis meses.
Con protesta pacífica, un numeroso grupo de personas le dijeron “no” a funcionarios de la Anla y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que iban a realizar un taller de socialización en temas mineros. Bloquearon el acceso como protesta.
Graves daños al medio ambiente, impactos negativos sobre las comunidades, desigualdad en el pago de salarios, confinamiento de trabajadores enfermos e insensibilidad frente a violaciones de derechos humanos son algunos de los señalamientos que acaban de lanzar dos ONG (una colombiana y otra colombo-suiza) contra la gigante de la minería Glencore. La empresa, poco publicitada, lleva 20 años extrayendo carbón en el departamento del Cesar y es la propietaria del grupo Prodeco, que aglutina las operaciones de Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro.
La Organización Pensamiento y Acción Social PAS, en articulación con el Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, lanzan el informe ‘Sombra de Sostenibilidad de las Operaciones de Glencore en Colombia’ una investigación sobre los impactos tributarios, ambientales, laborales, sociales y en derechos humanos del accionar de la multinacional Suiza en la región del centro del Cesar.
Un análisis acuífero realizado por la Mesa Ambiental de Jericó, Suroeste antioqueño, con apoyo de la Universidad de Antioquia, reveló que la quebrada Quebradona y sus afluentes Higuerillos, La Fea y La Poleal, están contaminadas con cianuro, un químico altamente tóxico.
Dos colombianos visitaron Suecia y hablaron con parlamentarios y directivos de dos empresas estatales suecas: una compra carbón y la otra invierte en empresas que extraen carbón en La Guajira.
COMUNICADO No 5
Impulsado por el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda se llevó a cabo el debate de control político sobre convenios entre empresas del sector minero-energético y fuerza pública, encaminado a responder la pregunta, ¿Cuál es el papel de la fuerza pública en el posconflicto armado?