Debido a los pasos favorables que está dando la consulta popular minera en Ibagué, el Gobierno Nacional decidió enviar a la viceministra de Minas y Energía, María Isabel Ulloa, para defender ante el Concejo Municipal la política minera del Plan Nacional de Desarrollo. Durante la mañana de este viernes, se presentó la visita histórica de un funcionario del alto gobierno al Concejo Municipal de Ibagué. La razón principal es que por primera vez se está adelantando una consulta popular minera en una de las ciudades capitales del país y ello podría generarle inconvenientes a la ‘locomotora’ de Santos.
En su visita, Ulloa se dedicó a defender los proyectos mineros que existen en el Departamento con el mismo libreto que ha manejado el Gobierno Santos en diversos escenarios. Para la Viceministra, la minería es una actividad legítima que solo trae beneficios económicos para los territorios explotados.
“El problema de todos los datos en Colombia es que son incompletos”, es lo primero que advierte el investigador colombiano Sócrates Herrera, director del Centro de Investigaciones Científicas Caucaseco, quien junto con un grupo de colaboradores se dio a la tarea de analizar el comportamiento de la malaria en zonas de actividad minera, legal e ilegal. Sus sospechas se confirmaron: los mineros podrían estar despertando un monstruo medio dormido.
Arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos declararon en emergencia la Sierra Nevada de Santa Marta por la avalancha de solicitudes de proyectos minero-energéticos. Exigen al Gobierno una reunión de alto nivel.
En la Plazoleta Sur de la Universidad Externado de Colombia, con motivo de la conmemoración de los 130 años de su fundación entregaron al país una completa investigación que señala la grave situación de la minería en Colombia.
El Centro de Estudios del Carbón del Cesar a través de un pronunciamiento, le exige a la Agencia Nacional de Licencia Ambientales -Anla- que detenga los permisos que le ha venido otorgando a la Drummond, titular de la concesión minera de la Loma, para intervenir los acuíferos de la zona y desviar ríos. Esto debido a que la trasnacional norteamericana “solicita una ampliación de la zona de extracción y el depósito de estériles que implica la desviación, nuevamente, del caño San Antonio en una extensión de 9 kilómetros y el realineamiento de una vía terciaria”.
Tras el fallo de la Corte Constitucional que prohíbe la explotación minera en los páramos, el gobernador de Santander, Didier Tavera, confirmó que le solicitará a la nación un programa completo de asesoría y lineamientos en materia de desarrollo económico y social para contrarrestar los efectos de esta decisión en la zona del Páramo de Santurbán.
Una pequeña carretera destapada sube y sube por una de las montañas que bordea el cañón del Chicamocha. A medida que se incrementa la altura cambia la vegetación, ésta se hace cada vez más pequeña, mientras que baja la temperatura dramáticamente y se hace más difícil respirar por la disminución del oxígeno.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, tras estudiar una demanda interpuesta por miembros del Polo Democrático contra el Plan Nacional de Desarrollo, decidió este lunes que algunos artículos de éste van en contra de la Constitución, entre ellos el que permite la actividad minera y de hidrocarburos en los páramos del país. El alto tribunal consideró que, pese a la existencia de títulos mineros, prevalece el derecho al medio ambiente sano y no el derecho adquirido por las licencias ambientales. 
El régimen Uribe estableció hacer de Colombia un país minero, y lo dejo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo Minero y de Política Ambiental Visión Colombia 2019. A partir de esta decisión se conformaron los distritos mineros definidos conforme al grado de concentración mineral.
El sector minero-energético ha tenido un aumento en las últimas décadas y más aún desde los planes de desarrollo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde se propuso la llamada Locomotora Minera. Con esto se pretendió establecer nuevos lineamientos y directrices en materia legislativa y económica frente al uso de los recursos naturales. A partir de ahí, y posteriormente con la llegada de Juan Manuel Santos, no se ha hecho más que otorgar licencias de exploración y explotación minera, con el fin de castigar la minería ilegal y pasar a la gran minería.