Colombia, Litio

Paisa abrió recuperadora de litio, la primera del país

Andrea Alzate, una química egresada de la U de A, inició el emprendimiento con recursos propios y préstamos de amigos.
La planta habilitada por Andrea Alzate puede procesar hasta 90 toneladas de baterías residuales cada mes. FOTO CORTESÍA

RECICLAJE ANTIOQUIA
POR JUAN C. QUICENO RAMÍREZ | 09/09/2022
Todos los días se desechan baterías de celulares, computadores y carros, siendo residuos que contienen minerales altamente valiosos, pero los procesos industriales para extraerlos son poco amigables con el medio ambiente.

Andrea Alzate, una paisa egresada de la Universidad de Antioquia —y doctora en materiales— desarrolló un método que permite aprovechar esas baterías sin dejar huellas contaminantes y extrae cobalto, níquel y litio. De ahí que su emprendimiento tiene un potencial de crecimiento relevante.

Vale aclarar que el litio es considerado como una de las fuente energéticas que podría sustituir parcialmente al petróleo. Y en países desarrollados hay metas claras: para el 2030, hasta el 50% del parque automotor debe estar conformado por vehículos libres de combustión fósil.

Puesto de un modo más sencillo, esta antioqueña puede proveer parte del litio que necesitan los fabricantes de carros, teléfonos y computadores.

Empresa del mañana
Altero fue el nombre que le puso a su planta recuperadora, ubicada en Guarne y constituida legalmente desde 2018. El emprendimiento fue capitalizado con recursos propios y préstamos de amigos que le creyeron a su idea.

Aún así, quedaba faltando otra inyección financiera. Hasta que durante un viaje a Estados Unidos, alguien conoció la propuesta de Andrea y decidió invertir en ella.

Teniendo en cuenta que los minerales que recupera son apetecidos por los países industrializados, ella pudo abrir su planta en cualquier nación, pero decidió retornar a Colombia y generar riqueza con su emprendimiento, el primero del país con estas características.

Ella explicó que “el residuo de esas baterías es de difícil manejo, puesto que el litio es altamente reactivo. En el mundo, lo que han encontrado para solucionar este problema es tratamientos con nitrógeno para congelar la peligrosidad”.

“Nuestra tecnología —añadió— no requiere nitrógeno. Nos alejamos de los métodos convencionales, que son pirometalúrgicos o hidrometalúrgicos”, añadió al detallar que, con el primer proceso, hay quema en hornos y se generan emisiones de carbono. Con el segundo, hay disolución en ácido y se generan vertimientos tóxicos.

En su caso, los minerales de las baterías son recuperados a través de procesos electromagnéticos, mecánicos y eléctricos. Su planta tiene capacidad para procesar 90 toneladas al mes. El cobalto, el níquel y el litio se exportan, mientras que el cobre y el aluminio se comercializan en el mercado local.
https://www.elcolombiano.com/negocios/paisa-abrio-recuperadora-de-litio-la-primera-del-pais-DF18598568

Colombia

Hasta San Gil llegaron las protestas por título minero otorgado por la CAS

Jorge Ríos 09/09/2022
Durante más de dos horas, alrededor de 150 personas provenientes de San Vicente y El Carmen de Chucurí recorrieron las calles de San Gil en una protesta pacífica que terminó frente a la sede principal de la Corporación Autónoma de Santander.

La travesía que inició en un recorrido en caravana de tres buses la noche del miércoles desde sus territorios para llegar a la capital turística de Santander, tenía como objetivo exigirle a Alexcevith Acosta Sánchez, director de la autoridad ambiental, la revocatoria de la licencia ambiental de extracción de carbón a cielo abierto autorizada a la empresa Colcco SA el pasado 22 de agosto.

El tercer interviniente en el proceso, el representante a la Cámara, Cristian Avendaño, quien acompañó la protesta y el encargado de interponer el derecho de reposición ante la entidad, cuestionó el papel de la CAS y la ‘dudosa’ forma en la que terminó otorgándose el visto bueno ambiental.

Una de las razones que ponen en entredicho la licencia autorizada en la resolución 574 es que hay 27 inconsistencias de impacto ambiental y lo más preocupante es que dentro de la entidad existen dos estudios ambientales que no coinciden, señaló Avendaño.

Según el Representante, al parecer favoreciendo intereses particulares, posiblemente la CAS avanzó en el licenciamiento ambiental.

“Lo que debería ser ideal es que los criterios técnicos estén por encima de los intereses políticos y particulares, pero históricamente no ha pasado en las corporaciones ambientales. Estas 27 inconsistencias dejan el proceso en el limbo, porque estamos hablando de una mina en la vereda Los Aljibes que tiene unas rondas hídricas estratégicas”, continuó Avendaño, recordando que las corporaciones ambientales como la CAS están para hacer cumplir la normatividad ambiental y proteger los ecosistemas.

Para ambientalistas como Mauricio Mesa, coordinador del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso, no se entiende cómo la autoridad ambiental aprueba la explotación de carbón a cielo abierto en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional los Yariguíes, que justamente está hecha para proteger este espacio natural y no para abrirle las puertas a la explotación.

“Si ponemos los mapas uno sobre otros les demostramos que estamos en lo correcto”, aseveró el defensor ambiental, quien además aseguró que se está generando una enorme afectación a una de las principales despensas agrícolas de Santander en donde el cacao, los cítricos y otros cultivos son la actividad principal de miles de familias.

Uno de las mayores denuncias a la CAS durante la jornada fue que la socialización del proyecto no se hizo con toda la comunidad. Uber Izaquita, presidente de las juntas de acción comunal de San Vicente de Chucurí, denunció justamente que en San Vicente de Chucurí no se hizo ninguna audiencia pública. “Se nos está haciendo un daño muy grande ambiental y agrícola”, sentenció el representante de la comunidad.

“Los que hizo la corporación fue una avasallada, le entregó nuestro territorio a una minera francesa y se supone que es una entidad ambientalista que debe proteger el medio ambiente (….) No consultaron, no hicieron audiencia pública en San Vicente, violaron nuestro principio de información, nos enteramos por un grupo de Whatsapp”, expresó Isnardo Vesga, habitante de San Vicente de Chucurí.

Al final, la comunidad exigía que les escucharán y que no se generará el deterioro ambiental de un territorio, con una licencia de la existe el riesgo se pueda extender a 30 hectáreas, según denunció Avendaño.

La respuesta de la CAS

La autoridad ambiental, que tiene bajo su jurisdicción a 74 municipios, empezó el día emitiendo un comunicado a la opinión pública insistiendo que los terrenos licenciados no hacen parte de las áreas incluidas en los Distritos Regionales de Manejo Integrado, DRMI.

En el documento se confirma que solo se hizo una audiencia pública en El Carmen de Chucurí y que aunque el título minero es de 1.949 hectáreas, 14,5 hectáreas fueron las aprobadas para la explotación a cielo abierto y 30 hectáreas de explotación subterránea no son protegidas ni hacen parte de forestal o DRMI Yariguíes.

Acosta Sánchez expresó que además del recurso de reposición a estudiar, la entidad deberá evaluar que la empresa licenciada cumpla con todos los requerimientos estipulados en la resolución.
https://www.vanguardia.com/santander/guanenta/hasta-san-gil-llegaron-las-protestas-por-titulo-minero-otorgado-por-la-cas-DB5672335

Colombia

¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública?

Juan Pablo Soler (Revista Rayal)
Foto: Desalojo de cerca de 400 campesinos afectados por Hidroituango /Foto: Ríos Vivos
La revisión de los documentos secretos del Ministerio de Defensa, realizada por el Senador Iván Cepeda reveló las millonarias contrataciones de la fuerza pública con empresas públicas, mixtas y privadas del sector minero energético colombiano entre 2002 y 2014

La parcialidad y la irregularidad con las que pueden llegar a actuar la Policía y Ejército Nacional pueden tener estrecha relación con su financiamiento.En el año 2013 en la Vuelta del Bombillo, al cruzar el río Cauca, las comunidades campesinas afectadas por Hidroituango hicieron uso de su legítimo derecho a la protesta social para llamar la atención sobre los derechos vulnerados. De inmediato fueron reprimidos por el ESMAD, cuyos agentes, sin mediar palabras, usaron sus armas de gas pimienta y sus pistolas de balas de goma en contra de la población. No les importó que hubiera adultos mayores y menores de edad, ni que varios de ellos cayeran rodando por la pendiente del terreno y sufrieran contusiones ni tampoco que no recibieran atención médica. Lo único que les importó fue abrir la vía para que la empresa siguiera operando.
Al día siguiente, en inmediaciones del Valle de Toledo, el ESMAD se acercó, mientras se desarrollaba una reunión comunitaria, y subió a la fuerza a 87 personas en camiones de la policía. A pesar de que las capturas masivas son ilegales, lo que no fue un impedimento para que la policía intentara deshacer la manifestación campesina de dicha manera.

Al tercer día, pese a que la comunidad estaba reunida en un predio privado, la policía derribó el cerco y tiró al piso las ollas donde se preparaba el desayuno. Este último encuentro fue el detonante para que varios habitantes salieran de la zona caminando hacia Medellín, donde fueron albergados en la Universidad de Antioquia, protagonizando un desplazamiento forzado que se prolongó por más de siete meses.

Dos años más tarde, en noviembre de 2015, en una Audiencia Senatorial convocada por Iván Cepeda comprendimos que estas y otras actuaciones corresponden a un ejercicio sistemático derivado de los convenios de la fuerza pública con distintas empresas.

La revisión de los documentos secretos del Ministerio de Defensa, realizada por el Senador y su equipo de trabajo (de la que no se permitió hacer copias ni fotografías), reveló las millonarias contrataciones de la fuerza pública con empresas públicas, mixtas y privadas del sector minero energético colombiano entre 2002 y 2014:

Entre 1990 y 2014 se firmaron más de 1.229 contratos de cooperación secretos para la instalación de Batallones Especiales Energéticos y Viales -BAEEV- y Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado -COPEI-. Cifra que no contempla las operaciones de años recientes derivadas de la ampliación de la frontera extractiva ni los posibles convenios de cooperación firmados directamente por los batallones.

Los distintos convenios citan de manera recurrente que son para actuar frente a las amenazas terroristas que pueden generar daños al medio ambiente y a la seguridad nacional, pero ¿qué pasa cuando el daño al ambiente lo genera la empresa que los financia? Imagínense aquí una autoridad ambiental diligente que, para hacer una labor de inspección ambiental, debe anunciar su visita días antes a la empresa y además coordinarla con los cuerpos públicos de seguridad pagados por las empresas infractoras. No es un asunto menor, son más de 68.000 hombres los que hacen parte de estas contrataciones, es decir, más del 15% del total de las fuerzas armadas en 2015.

Un aspecto que además valdría la pena analizar de cara a la transición energética para entender los impactos ambientales que conlleva la operación de estos batallones, la cual implica emisiones de carbono que jamás aparecen en las cuentas de los proyectos etiquetados como energía limpia.


Desalojo en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, participado por la española Endesa.
Además, para la construcción de paz con enfoque territorial vale la pena replantear este financiamiento o por lo menos, revisar los objetos contractuales y establecer limitaciones claras de las actuaciones: en ningún caso el uso de las armas y la intimidación se puede dirigir contra la población civil, mucho menos contra movilizaciones que buscan proteger derechos colectivos y las formas tradicionales de subsistencia en los territorios.

Un ejemplo que permite entender las complicaciones que genera la privatización de la fuerza pública en materia de vulneración de derechos, se dio en la consulta previa con las comunidades negras en el norte del Cauca afectadas por la represa Salvajina, tierra que vio nacer a la vicepresidenta Francia Márquez. Allí la empresa EPSA reconoció, tardíamente, que había financiado al batallón que opera en sus instalaciones, pero se abstuvo de reconocer los impactos.

El caso del proyecto hidroeléctrico El Quimbo permite apreciar otro efecto de estas alianzas, pues la base del BAEEV #12 José María Tello, que aloja 1.200 soldados, se construyó frente al proyecto en zona de Reserva Forestal de la Amazonía[1].


Leo Sátira (leosatira.blogspot.com)
Si, además, se traslapa el análisis anterior con él de las ejecuciones extrajudiciales la situación se torna aún más compleja. En el caso de Antioquia entre el 2000 y el 2006 existían 747 militares investigados que hacían parte de los batallones Coronel Atanasio Girardot, Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez y General Pedro Nel Ospina; en Casanare 146 ejecuciones extrajudiciales fueron responsabilidad de la Brigada 16, la cual ha recibido más de 209.400 millones de pesos, vía convenios de cooperación con empresas como: Ecopetrol, BP, Emerald, Equion, Pacific Rubiales, Petrobras y Petrominerales, entre otras. A esta lista se debe sumar el drama de los desplazamientos forzados que ha ocasionado la fuerza pública pagada por empresas, tema que está siendo investigado por la Fiscalía.

El problema no es sobre la vigilancia de las infraestructuras energéticas. El problema es que la fuerza pública lo haga a través de contratos secretos suscritos con empresas extractivas y de energía, situación donde el cumplimiento de obligaciones contractuales deriva en la vulneración de los derechos humanos y constitucionales de las comunidades que se movilizan frente a la afectación de derechos colectivos como el ambiente sano, derecho al trabajo, a la libre, a la información, etc.

En 2015 el Senador Cepeda denunciaba además en la mencionada audiencia, que por lo menos seis empresas trasnacionales tienen su propio batallón y parte de sus operaciones privadas estarían siendo pagadas con recursos de la Nación. Este es un tema que debe tener relevancia en el Tratado Especial para Empresas y Derechos Humanos que se discute actualmente en Naciones Unidas para atender la responsabilidad de las empresas frente a las vulneraciones de derechos humanos.

Frente a esta situación, cabe preguntarse ¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública? ¿Al pueblo quién lo cuida sino tiene el dinero suficiente para establecer un convenio de cooperación? Una desfiguración total del Estado Social de Derecho.


Represión en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, participado por la española Endesa.
[1] Ejército creó en Huila Batallón energético para cuidar polémico proyecto El Quimbo. El Tiempo. 12 de mayo de 2009. Consultado en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5181719
Tomado de: https://revistaraya.com/juan-pablo-soler/50-que-hara-petro-frente-a-la-privatizacion-de-la-fuerza-publica.html

¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública?

Colombia

Los bloqueos reducen el 70% de la producción de la mina de carbón del Cerrejón en Colombia

Mineriaenlinea 07/09/2022
Cerrejon
Los bloqueos de carreteras de casi una semana de duración han cortado el 70% de la producción de la mina de carbón de Cerrejón en Colombia, la más grande de América Latina, dijo el martes la empresa propiedad de Glencore Plc, pidiendo al gobierno que interceda ante los manifestantes.

Los bloqueos de carreteras y líneas ferroviarias en torno a la mina no son infrecuentes. Antiguos trabajadores bloquearon una línea ferroviaria el año pasado y Cerrejón ha tenido repetidos desacuerdos con las comunidades indígenas Wayuu cercanas y con su mayor sindicato, que realizó una huelga de tres meses en 2020.

“La operación de Cerrejón se ha visto afectada, durante seis días, por varios bloqueos ilegales. Aunque siguen siendo pacíficos, impiden el acceso a las áreas operativas de la empresa”, dijo la compañía en un comunicado. “Las personas que realizan los bloqueos exigen el acceso a los servicios de agua, una mayor inversión social y puestos de trabajo en la empresa”.

Hay otros bloqueos no relacionados con la empresa que realizan los camioneros en una carretera cercana, dice el comunicado, y añade que Cerrejón se compromete a establecer alianzas duraderas con las comunidades vecinas.

“Si esta situación se prolonga, Cerrejón tendrá que suspender algunos contratos de servicios, lo que representa un impacto económico local porque afecta directamente a numerosos proveedores de la región”, dijo la empresa, añadiendo que también puede afectar a las regalías y al pago de impuestos.

“Pedimos a las autoridades que apoyen una resolución pacífica de los bloqueos”, añadió.

Hasta ahora no hay impacto en las exportaciones y el ferrocarril de la empresa está funcionando, dijo un portavoz.

Cerrejón, que produjo 23,4 millones de toneladas de carbón en 2021, fue comprada en su totalidad por la minera y comercializadora mundial Glencore el año pasado. De enero a julio, la empresa pagó casi 568 millones de dólares en regalías e impuestos nacionales y locales, dijo.

Colombia es uno de los principales exportadores mundiales de carbón y las regalías e impuestos del combustible son uno de los principales contribuyentes a las arcas del gobierno.
Reuters

Los bloqueos reducen el 70% de la producción de la mina de carbón del Cerrejón en Colombia

Colombia

Colombia dinamita primera draga de minería ilegal

Takeshi Chacon 05/09/2022
(Foto: Cuenta Twitter del presidente Petro)
Se ha conocido que -con datos de la Contraloría General de la República, del total de oro exportado por Colombia el 85% proviene de la de minería ilegal.
En agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que se iba a dinamitar toda draga empleada por la minería ilegal.

El último domingo 4 de septiembre, el mandatario informó que ya se logró dinamitar la primera draga utilizada por la minería ilegal.

La información se dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter.

De igual manera, Gustavo Petro comentó que habrá un camino a la legalización a través de negociación con la justicia.

“Los mineros ilegales pueden tener un camino de legalización si hacen una negociación jurídica con la justicia colombiana”, afirmó.

Así como, añadió, desmantelan su actividad depredadora y se institucionalizan con el Gobierno Nacional a través de concesiones de largo plazo, evitando el deterioro del medio ambiente.

Oro ilegal
Cabe recordar que la Contraloría General de la República alertó que cerca del 85 % del oro exportando por Colombia proviene de la minería ilegal.

Así, resaltó que en el negocio ilícito de la cocaína el kilo de coca puede estar en el mercado de Colombia por alrededor de los cinco millones de pesos.

Mientras que un kilo de oro ilegal está por el orden de 250 millones de pesos, lo que ha hecho que este negocio se haya disparado.

Igualmente, la Contraloría alertó que el 66% de la minería ilegal en Colombia se hace en zonas de reserva, en parques naturales y en reservas forestales.
https://www.rumbominero.com/colombia/colombia-dinamita-draga-mineria-ilegal/

Colombia

UNA PROPUESTA DE TRANSICIÓN FALLIDA: EXTRACTIVISMOS A “MANOS LLENAS” EN COLOMBIA

18/08/2022
Las transiciones sociales y ecológicas requieren, por un lado, análisis rigurosos y detallados de las situaciones actuales, para determinar qué se quiere resolver y evitar, y por el otro lado, metas y objetivos de cambio. En el repaso que se hace a continuación queda en claro que hay limitaciones importantes en el diagnóstico de los extractivismos actuales. Entonces, si ese análisis de partida es incompleto o inadecuado, las alternativas propuestas también serán limitadas. Eso explica que se use el término “transiciones” y a la vez se promuevan los extractivismos de “manos llenas”.
Fuente: Transiciones.org
Alternativas al desarrollo
Por Eduardo Gudynas
La victoria de Gustavo Petro en Colombia desató una animada polémica sobre unas transiciones para abandonar los extractivismos mineros y petroleros. Esa intención se lee en el programa de gobierno y el ahora presidente Petro lo ha repetido desde hace tiempo. Es transitar hacia una economía sin petróleo y carbón, sostuvo en su discurso tras la victoria electoral.

Como era esperable, esa idea provocó críticas, tales como denunciar que abandonar esos extractivismos llevaría a un colapso económico. Reacciones como esas, desde el poder político y económico colombiano, fueron tan simplistas que no requieren mayor análisis.

En cambio, merecen consideración los cuestionamientos que provienen de lo que podría llamarse una “academia verde”. El caso más reciente son los dichos de Manuel Rodríguez Becerra, de la Universidad de los Andes y del Foro Nacional Ambiental, afirmando que Colombia debería exportar carbón a “manos llenas” y petróleo y gas hasta la “última gota”. Es más, sostuvo que los planes del presidente Petro de abandonar el carbón y el petróleo eran equivocados.

Seguramente muchos esperarían que desde la academia enfocada en temas ambientales en lugar de proponer más extractivismos se defendiera reducirlos. Pero ese tipo de posiciones no son raras, y otro caso conocido es Brigitte Baptiste, también académica, quien ya había defendido exportar hasta la “última gota” de petróleo (1). Es necesario considerar ese propósito y los argumentos empleados para justificarlo, dejando a un lado los individuos para no entrar en una polémica personalizada.

Los argumentos y justificaciones se encuentran en esas recientes intervenciones en los medios de Rodríguez Becerra. Sostuvo que deben extraerse y exportarse todos los combustibles fósiles ya que “no hay ninguna razón para no hacerlo”, dejar esas actividades “no tiene ningún impacto” (o “cero” efecto) en las emisiones de gases invernadero, y que si Colombia no los exportara, algún otro país lo haría. Agregó que esos extractivismos son necesarios para el «desarrollo» o para «resolver problemas sociales» (2).

Como se verá en el análisis que sigue, esas consideraciones son incorrectas. Reflejan una minimización o incomprensión de los impactos locales de los extractivismos, un incompleto abordaje del cambio climático, y un inadecuado tratamiento de la economía política y la geopolítica de los extractivismos. Esos argumentos no son suficientes para defender a los extractivismos, y por el contrario, son incompatibles con la justicia social y ecológica.

Ese tipo de defensas de los extractivismos se puede esquematizar en el siguiente encadenamiento de argumentos: (a) los extractivismos tienen implicancias sociales y ambientales locales, (b) pero esas consecuencias son menores, manejables o son ignoradas, (c) los efectos ecológicos globales son minimizados o ignoradas, (d) esas exportaciones son necesarias, e incluso indispensables, para el crecimiento económico y el desarrollo, y (e) eventualmente pueden generar dineros para resolver los problemas locales y sus beneficios superan los perjuicios sociales y ambientales. Se pueden analizar cada uno de estos componentes.

Impactos locales y cambio climático

Comencemos por el primer componente en ese raciocinio. Sostener que se debe continuar con extractivismos mineros y petroleros a “manos llenas” olvida sus severos impactos sociales y ambientales a nivel local. No puede desconocerse, por ejemplo, que la megaminería de carbón a cielo abierto implica una amputación ecológica, o que la perforación petrolera inevitablemente lleva a problemas de derrames y contaminación. La evidencia de estos y otros problemas es abrumadora, y se ha acumulado por años, y cualquiera puede advertirla en Colombia.

En cuanto al segundo argumento basado en que esos impactos se pueden resolver adecuadamente, en realidad en muchos casos no existen esas soluciones tecnológicas o gerenciales perfectas dadas la escala e intensidad de los extractivismos. Sus impactos son inevitables.

Es por eso que si se aplicaran seriamente exigencias y controles ambientales, sanitarios y sociales, muchos de esos emprendimientos serían inaceptables. Se llevan adelante en tanto se imponen daños irreparables a la Naturaleza, y se toleran sus impactos sociales (un aspecto que se discute más abajo) (3).

Sigamos ahora con el argumento del “cero” o “nulo” impacto de los extractivismos colombianos en el cambio climático global. En esa posición hay varios problemas, ya que los combustibles fósiles que exporta Colombia se quemarán en algún otro país, y desde allí alimentarán el cambio climático. Por ejemplo, el carbón que se remueve desde la mina Cerrejón se quemará en una planta de generación eléctrica en Europa, y aunque esas emisiones se contabilizan desde un país europeo, eso no anula que su origen es colombiano ni su efecto invernadero planetario. Si no se considera esa relación estamos ante una incomprensión de las cadenas de comercialización extractivistas y sus consecuencias ecológicas globales.

Para ilustrar esto se puede compartir un rápido ejercicio. Considerando que Colombia en 2021 exportó 54,3 millones de toneladas de carbón térmico, un cálculo provisorio muestra que al quemarse ese combustible fósil se emitiría un estimado de mas de 125 millones de ton CO2 (4). El propósito de estas líneas no es ofrecer un cálculo exacto, sino dejar en claro que solamente un rubro de exportación extractivista termina arrojando millones de toneladas de gases invernadero. Una evaluación similar se debería hacer con las exportaciones de coque y de otros hidrocarburos, lo que aumentaría todavía más los gases invernaderos resultantes.

Por lo tanto, los efectos de las exportaciones extractivistas en el cambio climático no son ni “nulos” ni “cero”. No es riguroso ni propio de la academia sostener que no se emite “nada” o “muy poco”. Es más, si se sumaran a las emisiones nacionales esas otras que son responsabilidad de los combustibles fósiles exportados, seguramente el total se acercaría al nivel de los países industrializados (5). Este es un hecho que no puede olvidarse al diseñar políticas públicas.

De modo similar, muchas veces se sostiene que como Colombia emitiría “pocos” gases invernadero en comparación con los países industrializados, se justificaría continuar con los extractivismos. Este argumento es otra simplificación, ya que, a menos que se sea China, siempre habrá alguien que emitirá más gases invernadero. Basar las políticas públicas en una lógica que asume que el daño que produzco es menor al que provoca otro, no parece muy serio. De este modo queda en evidencia otro asunto clave: no se comprende que todos los países son responsables del cambio climático, y todos deben enfocarse en medidas de reducción de sus emisiones, sin excepciones.

Pero hay otros problemas con esa argumentación de minimizar los impactos de los combustibles fósiles exportados. Es que la quema de carbón tiene una enorme relevancia en el cambio climático global; se ubica en el primer puesto en alimentar las emisiones de CO2 (con el 39% de participación en las emisiones globales). A su vez, la minería de carbón ocupa el segundo lugar después de la de hierro, con las mayores contribuciones al cambio climático debido a la extracción de materia (6). Esto muestra que la promoción de los extractivismos de combustibles fósiles contribuye al cambio climático, pero además, se basa en rubros que están entre los más contaminantes.

Por si fuera poco, parecería que no se entiende que contribuir al descalabro ecológico planetario también afecta a la propia Colombia, un país que padece muchas fragilidades para lidiar con anomalías climáticas y desastres naturales. Es por todas estas razones que la defensa de extractivismos a “manos llenas” expresan una incomprensión de la dinámica del cambio climático y de cómo se articulan sus causas y consecuencias.

Pasando al siguiente argumento de justificación, se sostiene que si Colombia dejara de exportar esos combustibles fósiles, de todos modos alguna otra nación lo haría, y eso mantendría incambiadas las emisiones de gases invernadero globales. Siguiendo esa lógica, no tendría sentido abandonar ese rubro comercial. Ante esas ideas se debe enfatizar que las metas de las políticas nacionales no pueden basarse en las malas prácticas de otros países. Si se aplicara aquel razonamiento, el gobierno colombiano podría tolerar la exportación de maderas amazónicas porque de todas maneras en los países vecinos hay tala ilegal que alimenta la demanda internacional. Entonces, al contrario de esa postura, un país debe asegurar las mejores políticas y gestión ambiental para sí mismo, para sus ciudadanos y su Naturaleza, y no puede tomar como justificativo político o moral las malas prácticas de otros gobiernos.

Economía y desarrollo

Se pueden abordar ahora las consideraciones sobre economía y desarrollo. El argumento extractivista insiste en que esas exportaciones son necesarias para obtener dineros que servirían al desarrollo en general, o para acciones específicas, tales como generar empleo o reducir la pobreza. Es el mismo razonamiento que empleaba el gobierno Duque, y que ha sido utilizado en otros países, y por más de un siglo: insistir en exportar materias primas como el único y necesario camino para el anhelado desarrollo.

La información disponible muestra que esa relación causal entre extractivismo y desarrollo carece de sustento. La dependencia extractivista no resolvió los problemas de pobreza y calidad de vida en América Latina. Además sabemos que produce distorsiones económicas que acentúan todavía mas la simplificación económica del país, impiden la industrialización propia, repetidamente producen enfermedades holandesas (con sobrevaluación de la moneda nacional, invasión de manufacturas de consumo importadas, etc.), generando condiciones para ser todavía más extractivistas (7). De este modo, aseveraciones tan simplistas como las de asumir que “más extractivismo” es “más desarrollo” resultan de una incomprensión de la economía política de los extractivismos (y del desarrollo).

A su vez, la insistencia en exportaciones extractivistas obliga a insertarse en las redes mundiales de comercio, aceptar sus reglas y los canales por los cuales fluye el capital, y adaptarse a los precios fijados en las metrópolis financieras. En otras palabras, se profundiza la subordinación del país a la globalización. Por lo tanto, en el pedido de exportar a “manos llenas” hay una incomprensión de la geopolítica de los extractivismos, ya que se erosionan las autonomías nacionales.

Finalmente, más minería significa inevitablemente más conflictos ciudadanos, más disputas, represiones policiales, violaciones de derechos humanos, y así sucesivamente. Defender los extractivismos parecería que olvida o minimiza esta problemática, sin atender en particular a los llamados “efectos derrame”. Este es un concepto que refiere a la distorsión de las políticas públicas, la erosión de la salvaguarda de los derechos y la tolerancia de la corrupción y la violencia. Esos efectos no son impactos locales de un emprendimiento en particular, sino consecuencias que tiñen a toda la dinámica política de un país, y por ello es posible que sean las consecuencias más graves de los extractivismos. Insistir con los extractivismos desemboca en reproducir esos efectos derrame; a la inversa, la pacificación del país requiere transitar salidas a ellos.

Una transición insostenible

Llegado a este punto es posible ofrecer un balance en esta discusión. La justificación de imágenes tales como las de explotar el carbón a “manos llenas” o el petróleo hasta la “última gota” están inmersas en un conjunto de incomprensiones y mitos tal como se han ejemplificado más arriba. Hay un abordaje inadecuado o parcial sobre lo qué son los extractivismos, sus impactos sociales, económicas y políticas, y a su vez, sobre el cambio climático. Son justificaciones que se vuelven simplistas, como puede ser asumir que los extractivismos aseguran desarrollo, y es ese simplismo lo que las hace populares. Todo esto hace que afirmar que no existe “ninguna razón” para seguir siendo extractivista es insostenible: hay una enorme lista de evidencias y razones para dejar los extractivismos. Se las podrá considerar suficientes o no, verificadas o no, y así sucesivamente, pero no pueden ser negadas o escondidas, y las decisiones políticas deben incorporarlas para poder tomar decisiones de manera informada y rigurosa.

En este contexto se inserta la idea de “transiciones”, que viene siendo usada en uno y otro sentido, e incluso fue empleada por el gobierno Duque. Las transiciones sociales y ecológicas requieren, por un lado, análisis rigurosos y detallados de las situaciones actuales, para determinar qué se quiere resolver y evitar, y por el otro lado, metas y objetivos de cambio. En el repaso que se hace más arriba queda en claro que hay limitaciones importantes en el diagnóstico de los extractivismos actuales. Entonces, si ese análisis de partida es incompleto o inadecuado, las alternativas propuestas también serán limitadas. Eso explica que se use el término “transiciones” y a la vez se promuevan los extractivismos de “manos llenas”. Por lo tanto, en realidad lo que allí se ofrece es una transición entre distintas formas de extractivismos, por ejemplo abandonando el fracking pero incrementando la minería de carbón. Ese tipo de cambio no es una alternativa a la dependencia extractivista ni representa una transición postextractivista.

Se llega así a la cuestión clave en este repaso: una defensa de la Naturaleza, de la justicia social, y de la ecología planetaria son incompatibles con los extractivismos mineros y petroleros. Las transiciones que se necesitan no buscan exportar más, sino que, por el contrario, son medidas y acciones para reducir los extractivismos, desmontar sus efectos derrame y reducir nuestra dependencia global (8). O sea, para dejar de exportar minerales o hidrocarburos a manos llenas.

Notas

1. Brigitte Baptiste: “El petróleo colombiano hay que sacarlo hasta la última gota”, Crudo Transparente, Bogotá, 2017.

2. Declaraciones de M. Rodríguez Becerra en Crisis climática, ¿es tarde para encontrar las soluciones?, Hora 20, Caracol Radio, Bogotá, 29 julio 2022; diversas intervenciones en twitter (por ejemplo el 10 julio, 31 julio, etc.).

3. Los extractivismos se justifican construyendo narrativas que minimizan o anulan esos impactos sociales y ambientales; el caso del petróleo y enfocado en los debates colombianos, se aborda en La construcción de narrativas que defienden los extractivismos desde académicos del área ambiental, y que sirven a un sentido común que los concibe como necesario, se analizan con más detalle en Hasta la última gota. Las narrativas que sostienen los extractivismos, E. Gudynas, RevIISE 13: 15-31, 2019.

4. El carbón colombiano aviva las esperanzas de crecimiento, BN Americas, 4 agosto 2022, https://www.bnamericas.com/es/entrevistas/el-carbon-colombiano-aviva-las-esperanzas-de-crecimiento
Cálculo siguiendo el Industrial CO2 Emissions calculator, version 1.7, www.carbonsolutions.com

5. Las emisiones colombianas se describen en el reciente reporte BUR 3 Tercer Informe Bienal de Actualización de Cambio Climático de Colombia, IDEAM y otros, Bogotá, 2021,
Las comparaciones con otros países según el www.globalcarbonatlas.org

6. Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions, 2021 Summary Report, J.G.J. Olivier, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2022,
The global environmental costs of mining and processing abiotic raw material and their geographical distribution, R. Arendt y colab., Journal Cleaner Production, 10 agosto 2022.

7. Las relaciones entre desarrollo, políticas sociales y extractivismos se examinan en detalle en Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza, E. Gudynas, CEDIB, 2015.

8. Informaciones y documentos sobre las transiciones de salida de los extractivismos están disponibles en el portal www.transiciones.org

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Las opiniones en este texto son personales.
Publicado originalmente en el portal Transiciones.org el 16 de agosto 2022. Se permite la reproducción siempre que se cite la fuente.
Imagen: protesta de comunarios Wayuu ante la minera Cerrejón, en la Guajira (Colombia), 2015. Reproducido de Sintracarbón.

Una propuesta de transición fallida: extractivismos a “manos llenas” en Colombia

 

Colombia

Zijin Continental Gold pidió que se levanten las protestas en Buriticá

Según la multinacional, se han hecho seis verificaciones dentro del socavón donde se dice que hay dos personas atrapadas, pero hasta el momento no se tiene rastro de ellas.
Este es uno de los puntos de la protesta en el sector Pinguro, en toda la vía de acceso a Buriticá. FOTO: JAIME PÉREZ
Santiago Olivares Tobón 19/08/2022
La multinacional Zijin Continental Gold pide que se levanten los bloqueos en el muncipio de Buriticá, que completan nueve días, argumentando que no hay motivos para mantenerlos. Aseguraron que no hay rastro de las personas que estarían desaparecidas dentro de un socavón informal que pasa por sus predios, pese a las intensas labores de búsqueda.

Además, indicó que para dar con el paradero de Víctor Enrique Peña Álvarez y Jesús Arturo González Contreras se han hecho hasta seis verificaciones desde el pasado 11 de agosto, cuando, según las denuncias, desde la minera transnacional les habrían lanzado lodo y piedras con la intención de hacerlos salir del lugar.

“Al no encontrar la contingencia que motivó esta situación, como compañía nos queda claro que no hay razones para mantener este bloqueo, el cual exigimos sea levantado a la mayor brevedad posible”, señaló la compañía a través de un comunicado.

Estos bloqueos, además de generar afectaciones de abastecimiento y movilidad a los habitantes de al menos cuatro sectores de la zona rural de Buriticá y parte de su casco urbano, también tienen confinados a cerca de 1.000 trabajadores nacionales y extranjeros de esta compañía minera.

La empresa afirmó que se han dado todas las garantías para que Salvamento Minero, junto con autoridades del municipio y la Gobernación de Antioquia, ingresen a las minas donde estarían estos desaparecidos a través de sus túneles como parte de una labor humanitaria que no ha arrojado los resultados esperados.
https://www.elcolombiano.com/antioquia/zijin-continental-gold-pide-que-se-levanten-los-bloqueos-en-buritica-antioquia-DI18455420

Colombia

Colombia pierde 500 hectáreas de bosque cada día por la minería ilegal de oro

Según la Contraloría, un 85 % del oro que exporta el país es producto de la minería ilegal.
29/07/2022
Martha Olaya
@Marthaolaya1
Protesta contra la deforestación, 12 de septiembre de 2018 AFP
La Contraloría General de la República advirtió que la minería ilegal está acabando con los ríos en Colombia y ha llegado a tal punto que actualmente cerca del 85 por ciento del oro que está exportando el país es producto de esa actividad.

En medio de la presentación de su balance de control fiscal y seguimiento a los principales daños ambientales del país, el ente de control alertó que Colombia pierde al día 500 hectáreas de bosque, que para dimensionarlo son cerca de 1000 estadios tan grandes como El Campín de Bogotá, aseguró. La situación se presenta sobre todo en la Amazonía y el departamento del Chocó.

“En comparación con el negocio ilícito de la cocaína, donde el kilo de coca puede estar en el mercado de Colombia por alrededor de los cinco millones de pesos, un kilo de oro ilegal está por el orden de 250 millones de pesos, lo que ha hecho que este negocio se haya disparado y hoy esté contaminando de una manera crítica, no solamente el río Atrato en el Chocó, sino también muchos otros ríos, lo que beneficia solamente a unas cuatro a cinco grandes organizaciones criminales”, aseguró el contralor Delegado para el Medio Ambiente, Gabriel Adolfo Jurado.

Para Jurado, Colombia está en presencia de una masacre ambiental, ante el creciente fenómeno de la deforestación. En el año 1990, Colombia tenía cerca de 65 millones de hectáreas de bosque y hoy, 32 años después, se está llegando a 59 millones de hectáreas. Es decir, se han perdido más de seis millones de hectáreas.

Así mismo, el ente de control alertó que el 66 por ciento de la minería ilegal en Colombia se hace en zonas de reserva, en parques naturales y en reservas forestales.

Según el contralor Delegado de Medio Ambiente, el gran reto que tiene el Estado colombiano no es solamente evitar que los bosques o los recursos naturales se dañen, sino perseguir económicamente a quienes producen el mismo. “El reto que viene en los próximos años es perseguir los bienes que tienen escondidos estas mafias o a través de testaferros, o quizá algunos en el exterior”, anotó.
Fuente Sistema Integrado de Información
https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/colombia-pierde-500-hectareas-de-bosque-cada-dia-por-la-mineria

Colombia, Sin categoría

Aplazan concertación para la delimitación del páramo de Santurbán

En el municipio de California, Santander, se registraron protestas por parte de los mineros ancestrales, quienes exigen formalización.
Santanderes
25/03/2022
Laura Perilla Ramírez
Luego de un plantón que realizaron las comunidades mineras en California, Santander, con el fin de exigir al Gobierno Nacional que realice la formalización para los mineros ancestrales.

“Aprovechando las reuniones pedimos que nos den una solución para que nos formalicen y que no vayan a bajar la línea de delimitación, por eso hoy tuvimos que hacer una protesta”, indicó Luis Gelvez, uno de los mineros.

La comunidad en California pidió el aplazamiento de esta mesa de concentación ya que no se tienen en cuenta las voces de las comunidades, quienes son las principales afectadas con la delimitación del Páramo de Santurbán.

Esta situación en un municipio minero, como es California, ha dividido a la comunidad y generado desempleo en la población por la llegada de las multinacionales según señaló Gelvez.

“Es una falta de seriedad por parte del Gobierno, porque este es un problema social, ya son más de 30 años de este problema en el que no se reconoce la labor de los mineros ancestrales. Este es el sustento de la gente. Debemos firmar un compromiso y las cosas se deben hacer de manera justa”, agregó el líder de la comunidad minera.

En el llamado que se realizó en estas protestas, se solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Alcaldía de California, que se garantice el derecho de participación a las comunidades.

“Pedimos que se le investigue a la Alcaldía por estar promoviendo el odio y las actividades ilegales en nuestro municipio que no comulgan con sus actuaciones, todo esto con propósitos económicos y políticos”, citan las comunidades en un comunicado a la opinión pública.

Por su parte, la alcaldesa de California, Genny Gamboa Guerrero respondió que desde su administración se busca garantizar la participación de todos en las mesas de concertación.

“Buscamos la participación de todos y que esta conversación se haga con los mineros ancestrales que en estos momentos están llevando la peor parte de esta delimitación”, señaló la Alcaldesa de California.

Cabe señalar que son cerca de 460 familias afectadas por la minería y por esta delimitación en el municipio de California.
https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/aplazan-concertacion-para-la-delimitacion-del-paramo-de-santurban

 

 

 

Colombia

Protesta por permisos mineros en Palocabildo

Natalia Gutiérrez 22/03/2022
Habitantes de Falan y Palocabildo se darán cita para rechazar la exploración minera que se lleva a cabo en la quebrada Santagueda que abastece a cientos de familias en las dos poblaciones.

Protesta contra la mineria en Palocabildo

Inconformismo dieron a conocer los habitantes de los municipios de Palocabildo y Falan debido a las actividades de exploración minera que realiza la empresa La Fortuna en la quebrada Santagueda que abastece del líquido vital a los habitantes de esta zona.

Según Ancizar Gómez, presidente de la veeduría ambiental Paloambiental, se hace un llamado a la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima, con el fin de revisar está situación y tomar acciones.

Expuso el líder ambiental, que el próximo jueves se hará un plantón para pedir mayor vigilancia y la prohibición de estas actividades en la zona.
http://www.ondasdeibague.com/noticias/principales/65-destacadas-2/42764-protesta-por-permisos-mineros-en-palocabildo