COMUNICADO PUBLICO

Arica, 14 de Agosto del 2014.-

La Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica Parinacota, rechaza categóricamente el fallo Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Rubén Ballesteros C., Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A. y Sra. Rosa Egnem S., el cual revoca el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Arica, el cual fue favorable para las comunidades aymaras, agricultores y organizaciones sociales de la región de Arica Parinacota.

Consideramos el fallo INJUSTO y una DISCRIMINACIÓN LEGAL que se traduce en leyes y normas internas que consagran disposiciones discriminatorias y que su contenido busca frustrar, conculcar y anular los derechos humanos y generan un perjuicio al Pueblo Aymara y que son contrarias al desarrollo normativo positivo que han tenido los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, traducidos en tratados y convenciones en el ámbito internacional y de la cual Chile es parte. Como ejemplo damos la Ley Ambiental, su Reglamento, ley 20.600 y ahora el Decreto Supremo Nº 66 y otros.

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Después de casi nueve meses la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que dejó sin efecto la calificación ambiental favorable del proyecto minero Los Pumas, una vez que acogió el recurso de protección presentado en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la Comisión de Evalación Ambiental, presidido por el intendente José Durana, medida que mantuvo suspendido el proyecto minero durante este tiempo. 

La Tercera Sala del máximo tribunal del país, integrada por los ministros: Rubén Ballesteros, Héctor Carreño, Pedro Pierry y Rosa Egnem, sentenció unánimente la causa con fecha 12 de agosto del 2014.

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5 días hábiles desde que se le notificó la resolución cuenta la empresa minera Pampa Camarones S. A. para realizar observaciones al informe pericial que concluye «daño ambiental» en el sitio Salamanqueja 12-13, reporte solicitado por Camila Martínez, fiscal instructora de la División de Sanción y Cumpliento de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), en el proceso sancionatorio contra la empresa por hallazgos arqueológicos intervenidos sin autorización (expediente: D-017-2013).

Cabe recordar que fue la Comisión Asesora de Monumentos  Nacionales de Arica y Parinacota, quien interpuso una denuncia ante la SMA por incumplimientos en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto mina Salamanqueja y Planta de cátodos Pampa Camarones y (n° 33/2011 y n° 29/2012 respectivamente).

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El proyecto de Ley de protección de glaciares, presentado en mayo pasado por un grupo transversal de diputados, fue cuestionado por las empresas mineras y de geotermia, debido a las negativas consecuencias que les acarrearía.

La iniciativa, cuya idea de legislar será votada este miércoles por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, apunta que “no podrán realizarse en glaciares, zonas glaciares y periglaciares (…) actividades que generen impactos significativos o daños irreversibles”.

Se apunta con esto a actividades sobre la superficie glaciar, bajo ella o “cualquier otra acción contraria al objeto de la presente ley, o que puedan afectar directa o indirectamente las funciones del glaciar”, apunta Pulso.

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DECLARACIÓN PÚBLICA FECH

 Apoyo a las comunidades del Valle del Huasco frente a la nueva estrategia de Barrick en Pascua Lama y la posible asesoría de la Universidad de Chile

 El día martes 29 de Julio comunidades del Valle del Huasco, lideradas por la Asamblea por el Agua de Guasco Alto, la cual reúne una serie de organizaciones sociales, de iglesia católica y presbiteriana, comunidades diaguitas, agricultores, crianceros, productores y habitantes del Valle del Huasco,  hicieron llegar a Patricio Rodrigo (ex Secretario Ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia y profesor Ad Honorem de la Universidad de Chile) una carta mediante la cual le solicitaron renunciar a asesorar, bajo el amparo institucional de la Universidad de Chile (a través del laboratorio Lares de la Facultad de Agronomía), el controvertido Memorándum de entendimiento diaguita-Barrick Gold. Esto dado que dicho memorándum, firmado entre la empresa Barrick Gold, 12 comunidades y 3 asociaciones diaguitas, forma parte de la última estrategia social y comunicacional de la trasnacional para lograr viabilizar su paralizado proyecto Pascua Lama.

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En un fallo celebrado por la ciudadanía de Putú, la Corte Suprema decidió acoger el recurso de protección presentado para evitar el desarrollo del proyecto minero que pretende intervenir las dunas del mencionado sector costero de la comuna de Constitución.  

Con esta decisión, se revocó el pronunciamiento anterior de la Corte de Apelaciones de Talca, instancia que no acogió la solicitud hecha por la comunidad putugana, la que se ha movilizado desde hace varios años para frenar el proyecto iniciado por Inversiones Aconcagua, en nombre de la firma australiana South American Iron & Steel Corporation Limited (SAIS).

El dictamen de la Tercera Sala de la Corte Suprema, el que sólo contó con el voto en contra de la ministra Rosa Egnem (a favor fueron los votos de los ministros Rubén Ballesteros, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y el abogado Integrante Jorge Lagos), se fundamentó en que “se advierte que Inversiones Aconcagua ha omitido ingresar o por lo menos realizar la consulta de pertinencia del proyecto que desarrolla, a la autoridad ambiental competente, pues encontrándose establecido en autos la realización de labores mineras que se emplazan en el humedal de Putú, sector incluido en el listado de Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad, a juicio de esta Corte se hace exigible dicho trámite”.

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Cuando en abril 2010, el Sr. Diego Hernández asumió la presidencia ejecutiva de Codelco, tras ser elegido por el Directorio designado por Sebastián Piñera, pronosticamos que se venían tiempos de pérdidas para Codelco.

Pronosticamos esto, no porque el Sr. Hernández no tuviera la experiencia y capacidad técnica para realizar una excelente gestión en Codelco, sino por el hecho que con él, Thomas Keller y una serie de otros ejecutivos, eran las transnacionales mineras las que lograban apoderarse de la administración de la Corporación.

Por esa razón, sosteníamos, podrían llevar a cabo lo que siempre habían perseguido: la privatización de Codelco, paulatinamente, destruyendo económica y financieramente a la empresa.

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