Brasil

Lula da Silva se compromete a eliminar la minería ilegal

Takeshi Chacon 23/01/2023

El gobierno declaró en emergencia la salud pública para la población yanomami en la Amazonía brasileña, zona invadida por minería ilegal de oro.
Bloomberg.- El presidente Lula da Silva garantizó que “la minería ilegal será eliminada en Brasil”.

Así manifestó tras visitar una institución de salud indígena en Boa Vista, estado de Roraima, en la región amazónica.

De acuerdo con los medios, el mandatario no entregó un cronograma ni detalles específicos sobre qué medidas se tomarán.

Sin embargo, resaltó que el tema de la minería ilegal en Brasil se resolverá.

“Hay mala salud de los indígenas locales y los niños que parecían muy débiles. Eso es inhumano”, sostuvo el presidente.

Hay 222 campamentos de mineros ilegales en Parque Nacional Podocarpus
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Situación
Los pueblos indígenas que viven en la selva amazónica han estado sufriendo de desnutrición y hambre.

Ello, a medida que las actividades mineras invaden sus territorios y causan la contaminación del suelo y el agua de los ríos.

Por otro lado, el gobierno declaró el viernes una emergencia de salud pública para la población yanomami en la Amazonía brasileña.

En esa zona, la fiebre del oro ilegal está provocando un aumento en la destrucción de sus tierras.

Según la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, 570 niños yanomami han muerto durante la última administración de Brasil.
https://www.rumbominero.com/brasil/lula-brasil-eliminar-mineria-ilegal/

Brasil

Contra la minería, en defensa de la vida de los indígenas Yanomami

Foto principal: Indígena yanomami recibiendo atención, en situación de desnutrición. Foto: Divulgación/Condisi-YY

Reproducimos aquí la denuncia del MAB (Movimiento de las Personas Afectadas por Represas) de Brasil en torno a la situación drámatica del pueblo Yanomami provocada, entre otros, por el avance de la minería ilegal que avanzó en su territorioun 3.350% de 2016 a 2020. El otro mayor responsable fue el gobierno de Bolsonaro que gobernó durante ese tiempo y que como es sabido ignoró los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente.

En defensa de la vida de los indígenas Yanomami
Es necesario actuar con rapidez para garantizar la vida de los pueblos indígenas y la protección de la selva.

« En la Tierra Yanomami, las xawaras [enfermedades] han aumentado y también la cantidad de invasores. Más de 20.000 mineros arrasan a diario nuestras comunidades para extraer oro y ganar dinero fácil. Dondequiera que vayan dejan un rastro de destrucción, violencia, drogas, prostitución y muerte.»

Chamán y líder yanomami, Davi Kopenawa.

A lo largo de los cuatro años de gobierno de Bolsonaro, las poblaciones indígenas de Brasil han sido atacadas en diferentes frentes, viendo cuestionada su supervivencia y su integridad física y cultural. El aumento de la mortalidad y la desnutrición infantil en territorio yanomami, revelado esta semana por Sumaúma, es un retrato de la guerra contra la Amazonia y sus pueblos emprendida por ese gobierno y los sectores de la clase dominante que históricamente se han beneficiado de la destrucción.

En la pandemia de Covid-19, los pueblos indígenas de Brasil sufrieron la falta de asistencia y protección del Estado. Bolsonaro vetó la obligación del gobierno de garantizar el acceso al agua potable y camas a los indígenas en la pandemia, y no garantizó el aislamiento de estas poblaciones, dejando todo el cuidado a las propias organizaciones y comunidades indígenas.

En el mismo orden de cosas, el gobierno Bolsonaro entregó a los militares la Fundación Nacional del Indio (Funai), responsable de la protección y gestión de las tierras indígenas brasileñas, y obstaculizó -cuando no impidió- las acciones de fiscalización y control. Ante el abandono, la minería ilegal, el acaparamiento ilegal de tierras, el robo de madera e incluso el narcotráfico avanzaron en estos territorios, provocando también enfermedades, la contaminación de los ríos y el aumento de los conflictos.

En 2022, la Hutukara Associação Yanomami lanzó el informe «Yanomami bajo ataque: minería ilegal en el territorio indígena yanomami y propuestas para combatirla» , un panorama del avance de la destrucción minera en la mayor tierra indígena del país.

Según datos extraídos del informe, en 2021 la minería ilegal avanzó un 46% respecto a 2020. De 2016 a 2020, la minería en TIY creció nada menos que un 3.350%, señala el estudio de Hutukara. También según el documento, el número de comunidades directamente afectadas por la minería ilegal asciende a 273, que abarcan a más de 16.000 personas, es decir, el 56% de la población total. Hay más de 350 comunidades indígenas en la Tierra Indígena, con una población aproximada de 29.000 personas.

Nosotras y nosotros, del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), expresamos nuestra profunda consternación y solidaridad ante la situación vivida por los Yanomami y otros pueblos indígenas de Brasil, que se encuentran en una justa lucha por la defensa de sus territorios. Nos unimos a quienes en este momento exigen que el Gobierno Federal cumpla rápidamente su promesa de poner fin al proceso de despojo, conflicto y muerte que marcó la administración anterior.

Es necesario actuar con rapidez para garantizar la vida de los pueblos indígenas y la protección de la selva, interrumpiendo este ciclo de destrucción.

¡Toda nuestra solidaridad a los pueblos indígenas!

¡En defensa de la vida en la Amazonia y de los pueblos indígenas de Brasil!

*Con información del Instituto Socioambiental y de Hutukara Associação.

Brasil

Acusan a BHP de retrasar el pago de más de 6,000 millones de dólares por una presa en Brasil

Mineriaenlinea 13/12/2022

El gigante minero mundial BHP Group fue acusado el martes de intentar “aplazar para siempre” la cuestión de la responsabilidad por el colapso de una presa en 2015 que desencadenó el peor desastre medioambiental de Brasil.

BHP se enfrenta a una demanda de más de 5,000 millones de libras (más de 6,000 millones de dólares) interpuesta por 200,000 brasileños ante el Tribunal Superior de Londres por el colapso de la presa de Fundao, propiedad de la empresa conjunta Samarco entre BHP y la empresa brasileña de extracción de mineral de hierro Vale.

En la catástrofe murieron 19 personas y más de 40 millones de metros cúbicos de lodo y residuos mineros tóxicos se vertieron en el río Doce, arrasando pueblos y llegando al océano Atlántico, a más de 650 km de distancia.

BHP, la mayor minera del mundo por valor de mercado, niega su responsabilidad y a principios de este mes solicitó unirse a Vale en el caso. Vale declaró en un comunicado que “tiene la intención de impugnar cualquier presunta responsabilidad”.

La demanda, una de las mayores de la historia jurídica inglesa, fue desestimada en 2020 antes de que el Tribunal de Apelación dictaminara en julio que podía seguir adelante. BHP ha solicitado al Tribunal Supremo que anule esa decisión y su solicitud está pendiente.

Los abogados que representan a los demandantes -entre los que se incluyen cientos de empresas, 25 autoridades municipales y miembros de la tribu indígena krenak, algunos de los cuales volaron a Londres para la vista- dijeron que BHP estaba intentando retrasar la determinación de responsabilidades.

Alain Choo-Choy afirmó que el planteamiento de BHP en el caso era “el equivalente forense de la muerte por mil cortes”, y añadió: “Estas víctimas sufrieron el derrumbe hace más de siete años. Iniciaron su reclamación hace más de cuatro años”.

Sostuvo que BHP estaba intentando “aplazar para siempre la cuestión de la responsabilidad sustantiva durante unos años más, lo que sin duda sería muy conveniente”.

Pero BHP – que dice que la demanda duplica los procedimientos legales y los programas de reparación y reparación en Brasil – argumentó que “no era apropiado o incluso factible” tener un juicio sobre la cuestión de la responsabilidad a principios de 2024.

Charles Gibson, representante de BHP, dijo en documentos judiciales que la lista de demandantes actuales era “caótica” y que existía una “incertidumbre continua” en torno a si miles de personas querían continuar con sus casos.

Acusan a BHP de retrasar el pago de más de 6,000 millones de dólares por una presa en Brasil

Brasil, Litio

Mina brasileña comenzará producción de litio en 2023 ante aumento de demanda

La meta de Sigma Lithium, que cotiza en Canadá, es triplicar su objetivo de producción y tener producto listo para transporte en abril. Sigma dijo que esto lo ubicaría entre los cuatro principales productores mundiales, junto con Albemarle, con sede en EEUU, SQM de Chile y el grupo chino Ganfeng Lithium.
Financial Times 05/12/2022

Una empresa canadiense que está construyendo una mina de litio en Brasil comenzará la producción comercial de material de alta calidad para baterías de vehículos eléctricos el próximo año, en medio de una escasez de suministro que ha disparado los precios del metal.

Sigma Lithium dijo que comenzaría a poner en marcha el proyecto Grota do Cirilo en el estado de Minas Gerais este mes y aspira a tener el producto listo para transporte a fines de abril.

Al mismo tiempo, el grupo que cotiza en Toronto reveló planes para casi triplicar su producción anual objetivo a 100.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE, su sigla en inglés) para 2024.

Sigma dijo que esto lo ubicaría entre los cuatro principales productores mundiales, junto con Albemarle, con sede en EEUU, SQM de Chile y el grupo chino Ganfeng Lithium.

“Vemos que existe muchísima demanda, una demanda significativamente insatisfecha, de litio de grado de batería en los próximos tres años”, dijo la codirectora ejecutiva Ana Cabral-Gardner al Financial Times.

Los precios del litio se han multiplicado 10 veces a US$ 75.000 por tonelada desde principios de 2021. Un mercado ajustado ha provocado que los fabricantes de automóviles se apresuren a asegurar el suministro de un producto que, junto con el cobalto y el níquel, es vital para la producción de vehículos eléctricos.

“Con el advenimiento de la electromovilidad y todo este entusiasmo por el litio, el mundo necesita nuevas fuentes”, dijo Daniel Jiménez, socio fundador de la consultora iLiMarkets. “Quienquiera que esté produciendo litio en los próximos tres años obtendrá márgenes anormalmente altos”.

El entusiasmo de los inversionistas ha impulsado un aumento del 275% en las acciones de Sigma este año, lo que le da a la empresa una valoración de mercado de 4.700 millones de dólares canadienses (US$ 3.500 millones). Su proyecto brasileño se encuentra entre los primeros de una próxima generación en todo el mundo, muchos de ellos de empresas mineras más pequeñas.

“Sigma se encuentra en una posición única como uno de los tres nuevos proyectos de litio totalmente nuevos que entrarán en funcionamiento en 2023 y en un entorno de precios récord”, dijo Katie Lachapelle, analista de Canaccord Genuity.

La mayor parte del litio se extrae de minas de roca dura en Australia y se convierte en un concentrado que luego generalmente se refina en China. En Chile y Argentina, el metal se separa de las salmueras saladas bombeadas desde el subsuelo y se evapora en estanques artificiales.

McKinsey ha pronosticado que la producción mundial de litio aumentará de 540.000 toneladas LCE en 2021 a hasta 3,2 millones de toneladas anuales para fines de la década, según el ritmo de finalización de nuevos proyectos.

Sigma tendrá una capacidad inicial de 37.000 toneladas LCE en su mina de roca dura, que según la empresa es la más grande de las Américas y tiene 13 años de vida. Según los ejecutivos, la concentración promedio de 1,44% de óxido de litio en su mineral de espodumeno es relativamente alta para los estándares de la industria.

Junto con una estimación mejorada de reservas minerales «probadas y probables» de 34 millones a 55 millones de toneladas en todos sus sitios, Sigma también presentó una nueva línea de crédito de US$ 100 millones.

Proporcionado por el accionista Synergy Capital con sede en los Emiratos Arabes Unidos, la línea de crédito ayudará a financiar la expansión de una planta de procesamiento de mineral en concentrado de litio de alta pureza.

Cabral-Gardner dijo que el negocio debería generar US$ 970 millones de flujo de caja libre después de impuestos en el primer año de operaciones, aumentando a US$ 3 mil millones en el segundo.

Si bien los fabricantes de automóviles han llegado a acuerdos para comprar litio directamente de los proveedores de materias primas, Sigma tiene un acuerdo con el fabricante de baterías de Corea del Sur, LG Energy Solution, que cubre una parte de su producción.

El inversionista de capital privado A10 Investimentos es el accionista mayoritario del grupo canadiense.
https://dfsud.com/financial-times/mina-brasilena-comenzara-produccion-de-litio-en-2023-ante-aumento-de

Brasil

Aniversario de la mayor tragedia minera de Brasil: memoria, dolor y la fuerza de las comunidades

29/11/2022
El municipio de Mariana (Brasil) fue escenario del desastre de millones de toneladas de barro con mineral de hierro y químicos que arrasaron cientos de viviendas, escuelas, iglesias y vidas. La empresa responsable: Samarco (Vale/BHP Billiton). Una crónica-ensayo, nacida del dolor y las lágrimas, que denuncia el extractivismo y propone otras formas de vida.

Foto: Télam
Por Horacio Machado Aráoz*
Desde Mariana, Brasil
Por casualidad o por destino, me tocó conocer la ciudad de Mariana y recorrer las zonas devastadas por el rompimiento de la barregem de fundâo (presa de fundición) un 12 de octubre. Las jugarretas que nos tiende la historia enmarañada de fechas marcadas por el poder, la memoria de hegemonías impresas en las instituciones y los cuerpos, se hizo presente ese día, de conmemoraciones antagónicas. A un lado, la fecha evocaba grandezas y epopeyas de “la humanidad” con el “descubrimiento”; del otro lado, sólo dolor infinito y pérdidas irreversibles.

Mientras en Madrid se llevaban a cabo obscenas celebraciones al imperialismo y al colonialismo, explícitos en el “día de la hispanidad”; acá, en el interior rural de Brasil, las poblaciones asistían masivamente a las iglesias católicas, a celebrar el día de Nuestra Señora de la Aparecida, también otra marca de la colonialidad, aunque ésta ya convertida en campo de disputa.

La advocación de la virgen negra —“aparecida” un 12 de octubre de 1717 en las aguas del río Paraiba para salvar la pesca que alimente el banquete de una autoridad colonial— parecía pretender tapar con el milagro de la abundancia lo que fue el horror de aquel primer 12 de octubre, el de la catástrofe originaria, que desencadenaría esta Era de las Catástrofes que hoy habitamos. Sin embargo, lejos de ocluir, la Aparecida fue (re)tomada y (re)significada por los humildes y despojados, como símbolo de amparo y de re-existencia.

Bajo esos sentidos es que se congregó la comunidad de Paracatú do Baixo este 12 de octubre de 2022. Entre las miles de misas que se celebraban en honor a su patrona en el Brasil, nosotros estábamos en un pequeño templo “rescatado” de los barros de la minera Samarco (de las multinacionales Vale y BHP Billiton). Las marcas del crimen, presente en sus paredes, elevándose casi hasta el techo mismo, como documento histórico de la catástrofe del 5 de noviembre de 2015, cuando un mar de barro extinguió para siempre el modo de vida que sus pobladores habían cultivado allí durante generaciones sucesivas arraigadas en ese territorio.

Ese día, en esas circunstancias y esos acontecimientos, se revolvían en los cuerpos los torbellinos flagelantes de la violencia colonial, la violencia del despojo originario resurgía potenciada en la violencia criminosa de nuestro tiempo. En esas múltiples y antagónicas celebraciones y conmemoraciones, se hacía presente el colonialismo/colonialidad como columna vertebral de la era moderna, una verdadera Era de catástrofes socialmente producidas y políticamente naturalizadas.

La colonialidad justamente busca eso. Pretende naturalizar las catástrofes, producir sensibilidades y subjetividades acostumbradas a convivir con el dolor de la depredación y el desconsuelo de la injusticia. Hace de las ruinas, monumentos históricos; y de la historia, una memoria sesgada, que ocluye sistemáticamente la sangre derramada en la edificación de las “proezas” de la “Humanidad”.

Puede decirse que Mariana está signada bajo estas marcas de la colonialidad. Mariana, una ciudad “tombada”, (considerada parte del «patrimonio» del Estado de Brasil) llena de momentos y edificios patrimonializados, al igual que el municipio de Ouro Preto; cargando una memoria de pasados dorados imperiales, los tiempos del auge del oro, y del tráfico de esclavos. Las calles empedradas, las pintorescas veredas con piedras colosales no dejan de mirarme y de gritar. Las veo y escucho los gritos de tantos cuerpos humanos masacrados en la esclavitud; sus fuerzas y capacidades de trabajo exprimidos hasta la última gota, para ennoblecer una historia y un paisaje de grandeza ajena, que se forjaba a costa de su explotación.

Una ciudad tombada y una población arrasada: los monumentos históricos conviviendo con paisajes de puras ruinas. Marcas de el barro que arrastró biografías, paisajes e historias de comunidades de vida hasta su propio fin del mundo. Recordaremos: fue el 5 de noviembre de 2015, un evento propiamente apocalíptico, que pretende ser borrado como tal en la historia colonial del “progreso” extractivo, apenas como una “contingencia”.

El progreso de la burguesía minera, los récords de lucros de la Fiemg (cámara empresaria minera de Minas Gerais) aplastando sembradíos de maíz y caña, de verduras y hortalizas; tapando vertientes inmemoriales que dieron de beber a humanos y no humanos, a comunidades de vidas enteras; esterilizando los suelos y asfixiando los nutrientes de donde nace la leche con la que sus pobladores hacen sus quesos emblemáticos; las ganancias de las mineras destruyendo las cadenas tróficas de los lugares, los círculos de comensalidad, la confianza, la ayuda mutua, la generosidad abierta; los sistemas comunales de seguridad y amparo sobre el que las poblaciones afectadas construyeron sus modos de vida.

Me pregunto cuál es es el nombre adecuado para este desastre-crimen; cuál es —si la hubiera— la palabra exacta para dar cuenta de su naturaleza, de sus condiciones de producción y sus efectos de larga duración. ¿Qué es propiamente este acontecimiento? ¿Cómo nombrar a sus “damnificados”? ¿Qué significa exactamente ser “un/a atingido/a” (afectado/a?

Foto: Télam / Carl de Souza / AFP)
Despojo: crimen político y evento apocalíptico
La temperatura del agua del río acusa la matanza de árboles que provocó la lava derramada. El calor, como síntoma del fuego arrasador, es una violencia sutil que permanece en las aguas que corre. Quién sabe cómo afectará a los peces, a la flora fluvial y de las orillas, a microbios, insectos y pájaros que conviven en su entorno; cómo les sabrá al ganado y a las cabras esa agua que ya no les refresca. En la misma orilla se ve un conjunto depredado de cocales, de los pocos que quedaron en pie tras la tragedia; unos en pie, pero ya muertos, otros agonizantes, con las hojas ralas y marchitas, unos pocos resistentes, que aparentan cierta mejoría relativa; todos ellos, con la marca del barro/lava en las alturas de sus troncos.

En una clase organizada por la profesora Andréa Zhouri en su cátedra “Crisis, Antropoceno y desastres: el neoextractivismo en América Latina” de la UFMG (Universidad Federal de Minas Gerais), Patricia Greneroso, de Concepción de Mato Dentro, decía: “Cada licencia es una sentencia de muerte; cada concesión, un crimen continuado. La minería es una muerte a cuentagotas y, a veces, toma la forma de un derrame letal”.

Siento esa definición como profundamente reveladora, que nos lleva a lo más profundo y verdaderamente oscuro de la esencia de este tipo de actos criminosos.

En las ciencias sociales se viene hablando recursivamente sobre el “despojo” como fenómeno fundacional y crónico de esta Era; de este modo de acumulación de riquezas oligárquicas y catástrofes socializadas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con la palabra; detenernos a pensar qué significa exactamente “despojo”, pues de lo contrario corremos el riesgo de banalizarla.

A la luz de las palabras de Patricia Greneroso, despojo no es apenas quitar un medio de producción, un “recurso económico” a alguien. El despojo es la aniquilación de una forma de vida que está arraigada a esa tierra, y que es co-constitutiva de ese territorio que sustraído y eliminado. Ese territorio es la materialidad y la espiritualidad de una vida colectiva, una vida-en-común (porque la vida en sí es un evento, más que colectivo, comunitario) que ha sido gestada y criada por una trama de biografías personales y colectivas, trans-generacionales y trans-específicas que han prosperado en-común.

El territorio condensa los saberes vitales producidos en ese acto propiamente milagroso de (con-)vivir y de (co)producir la vida. El territorio es también el cúmulo de emociones vinculados a esas vidas vividas y compartidas; saberes y emociones emergentes en el acto de producción social del propio sustento, del abrigo y el cuidado requerido para que la vida en sí prospere, emerja como creación colectiva, singular, única, irrepetible de ese lugar.

Así, es la vida toda la que es arrebatada en un acto de despojo. No es apenas el valor de mercado de esa tierra arrasada. Implica una violencia literalmente inconmensurable; porque provoca un daño irreparable. No se trata de un robo —al fin y al cabo, un delito menor— sino de un verdadero crimen político; acaso, el crimen más grave que pueda cometer un ser humano.

La tierra arrasada, el despojo y el desplazamiento de las poblaciones afectadas acaba de un plumazo con un hábitat; deja a las familias que lo crearon y lo criaron en la intemperie existencial misma. Arrasar una tierra habitada es propiamente un acontecimiento apocalíptico. Es poner fin a un mundo de vida; a un modo de existencia único que será ya definitivamente arrancado de la temporalidad de la Tierra. Aniquilado en su historicidad. El pasado se hace ruina; el presente, tragedia; el futuro, un agujero negro de precariedad, vulnerabilidad e incertidumbre amenazante. Si el despojo es un evento apocalíptico, ¿qué es entonces, un/a atingido/a (afectado/a)?


Manifestación contra la empresa minera Samarco (Vale/BHP)
Sobrevivir al Apocalipsis, re-existir…
Las palabras de doña Ana María (madre de Clodoaldo, ambos re-existiendo junto a su tambo de vacas diezmado por el barro minero) penetraron como una daga en mi sistema perceptivo para dejarme una sentencia imborrable. “El ruido de la lama (barro) no se sale de la cabeza… Queda ahí… uno no se la puede sacar…”. Y los testimonios, cada vida afectada por el crimen de la empresa Samarco, lo confirman. El ruido de la correntada arrasando todo a lo que tenía enfrente queda grabado para siempre. El olor fétido, mórbido del mar de barro comiendo los territorios de vida, impregna la vida diurna y acecha el mundo onírico; todo lo transforma en pesadilla. La “bagunca” del alud de barro no se sale de la cabeza por su ruido y por su olor. Es el olor del fin del mundo. La profesora Andréa Zhouri cuenta que la primera vez que caminó el territorio de Bento Rodrigues convertido en ruinas, don José Barbosa le dijo: “En tres segundos, los 43 años de mi vida se acabaron”.

No hay palabras que contengan la violencia de 50 millones de toneladas de relaves deglutiendo cientos, y hasta miles, de años de vida en sólo unos segundos. Los testimonios de sus sobrevivientes sacuden visceralmente. Uno no puede permanecer impávido, imparcial, ante los mismos. La pregunta sobre ¿Qué significa un/a atingida/o? se manifiesta justamente incontestable. ¿Qué estado mental, afectivo, social, psíquico-somático enuncia? ¿Cómo se siente serlo?¿Haber pasado esa experiencia traumática de ver el alud llevándose su vida? ¿De amanecer al otro día y ver todo lo hecho y sembrado bajo los escombros y los lodos rojizos del poder? ¿Cómo subsistir y re-existir a partir de ese evento extremo; de violencia colosal, desnuda?

La empresa minera, de crueldad infinita y cinismo sin límites, juega con el sufrimiento de la/os afectada/os; especula con su dolor, con sus dolencias, con sus esperanzas, con sus sueños y pesadillas. Sólo especula. Nunca le interesó reparar nada; nunca los pobladores estuvieron en su mira como “sujetos de derechos”, mucho menos como seres dignos de respeto.

Para ellos, los atingidos son, como el crimen mismo que los creó, una contingencia de sus negocios; una tabla en su Excell de contabilidad; es decir, un costo cuyo único objeto en la racionalidad de los negocios, es ser reducido a la mínima expresión. En cada operación de reducción de costos, la impunidad se perpetúa; la crueldad se ejerce con saña sobre las vidas sobrevivientes.

Desde su nombre, “Renova (Renueva)”, la empresa que creó Samarco para ocultarse y lidiar con sus “contingencias”, habla de la liviandad inhumana con que se trata el crimen. “Renova”. ¿Qué se supone que renueva la “Renova”? Seguramente no la vida. Renova renueva el sufrimiento, la impunidad y la injusticia. Renova es el dolor y el nombre de lo irreparable. Renova renueva las masacres históricas de la minería colonial; el colonialismo y la colonialidad, su barro de saqueos, de territorios devastados y vidas ahogadas en la codicia del metal.

Las vidas de las comunidades, sus paisajes, memorias y saberes no es algo que simplemente se borra de un plumazo y luego se “renueva”. No hay renovación; no hay reparación posible. Sólo los atingidos (afectados) son los que pueden llegar a renovar su compromiso con la vida; no es que tienen una vida nueva, renovada, sino apenas una en la que deben re-emprender sus vidas, sobrevivir con el peso de la catástrofe a cuestas.

Marino, esposo de María, ambos criadores de cabras, vacas, caballos y deliciosos quesos, dice: “Estamos como presos, viviendo una vida dentro de una prisión… No tenemos dónde ir; no podemos pensar en nuestro futuro; no podemos hacer ningún plan para nuestras vidas, hasta que se le ocurra a Samarco terminar con la reparación; somos prisioneras de la minera”.

La vida congelada, puesta entre paréntesis, en una temporalidad que corre pero que, de hecho, está estancada; estancada en la tragedia, en la impunidad, en una situación de violencia estructural que se prolonga con los tiempos dilatados de las “justicia” que no llega y la incertidumbre que se hace carne y vida cotidiana.

Vivir sin poder retomar el propio rumbo, despojado del derecho elemental de construir el propio sentido de existir. Vivir viviendo una vida interrumpida, sin poder ser re-tomada, ser re-apropiada. Quizás esa es la violencia más aguda e insoportable creada por este acto criminoso. Un dolor más insoportable que el propio alud de barro de la minera.

Mientras tanto, los jueces y todo el sistema institucional colonial muestran sus impericias, incompetencias y sobornabilidades; igualmente siguen fingiendo hacer lo imposible: ¿Cómo hacer justicia ante las vidas destruidas? ¿Cómo poner un valor a lo irreparable, a lo irreversible, a lo insustituible? La vida, por definición, no tiene precio; no consigue —con justicia— ser traducida al lenguaje del valor de cambio.


Las calles aún arrasadas de Mariana (Brasil)
Re-existir: la vida como movimiento apocalíptico
La pregunta por la entidad ontológica de un/a atingido/a se muestra como un boomerang contra un sistema edificado en base a crueldad y cinismo. No es una pregunta a ser respondida. Es un grito de denuncia que surge de lo más profundo de las carnes que han sido flageladas por el apocalipsis.

El filósofo Bruno Latour proponía que la humanidad hoy se divide en tres grandes grupos: el de quienes “se sitúan antes del apocalipsis” que “son quienes viven en la dulce inocencia o en la indisculpable ignorancia”; los que se sitúan después del apocalipsis, a quienes “ninguna trompeta del Apocalipsis será capaz de despertarlos de su sueño, y descenderán como sonámbulos hacia las formas más o menos confortables de aniquilación”.

Latour sólo tiene esperanza en quienes se sitúan durante el apocalipsis, que son aquellos que, porque han atravesado esa experiencia apocalíptica, “saben que no escaparán al tiempo que pasa”; su “pasión apocalíptica no tiene otro objetivo que el de impedir el apocalipsis”.

Mi madre, también maestra de vida, teóloga autodidacta y discípula de comunidades apocalípticas, quiso enseñarme que el apocalipsis —contra las creencias coloniales hecha cuerpos—, no es un evento sino un movimiento. Históricamente, es un “movimiento de creyentes que nace unos 700 años antes de Jesús y que la iglesia oficial logró ‘sofocar’ y desviar el sentido del mismo. Con lenguaje mítico —para no ser interpretado por el imperio dominante— aluden a la construcción de una nueva sociedad, aquí en la tierra”.

En el marco de la Teología de la Liberación, se trata de un movimiento aún más radical que el profético, que apuntaba a “cambiar los corazones de quienes tienen la potestad de gobernar”; en el horizonte apocalíptico, “se trataba de acabar con el propio sistema de gobierno; de revolucionar el orden del Imperio”.

Por casualidad o no, el 12 de octubre pasado en Paracatú do Baixo, en el templo marcado por el barro de Samarco, se leyó un extracto del libro del Apocalipsis. Sin saber su sentido luego revelado, esa sola palabra me estremeció y me hizo sentido para intentar comprender semejante paisaje en ruinas. Creo que la pregunta adecuada para aprender no es ¿qué significa un atingido/a (afectado/a)? Sino de dónde saca fuerzas para sobrevivir, para re-existir.

Entre lágrimas, me viene a la memoria la palabra de Patricia Greneroso: “Siempre pensé que sólo la fuerza sagrada de las comunidades podría parar la fuerza devastadora de la minería. Con esa esperanza y esa convicción empecé a participar de estas luchas… La revolución contra la minería nace de las comunidades afectadas, porque ni los sindicatos defienden siquiera los derechos de los trabajadores de las mineras”.

Su compañera de lucha María Teresa Corujo, «Teca», explica la centralidad de las mujeres en este movimiento: “Esta lucha exigen un esfuerzo sobre-humano. Muchos sucumben; sencillamente no aguantan… Pienso que las mujeres continuamos perseverando más, porque sabemos compartir el dolor; lloramos y salimos llorando de cada reunión, pero fortalecidas. Nuestra cultura crea en los hombres un impedimento para ser emotivos. Hay un mandato que les lleva a anular su afectividad y eso mismo los hace más débiles y vulnerables. Sólo compartiendo el dolor se puede caminar esta lucha”.

Sobrevivir. Re-existir. Vivir con la consciencia de ser-Tierra que vive en un tiempo apocalíptico; de apocalipsis político: extinciones masivas políticamente provocadas por un patrón de poder que violenta, irrespeta y arrasa la trama comunal de la vida. Re-existir, re-hacer las condiciones de la propia existencia en un tiempo en el que sustentar la vida requiere acabar con este sistema necro-económico que nos ha arrebatado el mundo, el mundo de la vida, y se está devorando la Madre-Tierra.

*Colectivo de Ecología Política del Sur (IRES-CONICET-UNCA).

**»Este texto no podría haber sido escrito sin la valiosa colaboración de Andréa Zhouri e Klemens Laschefski, que compartieron conmigo su vasta experiencia y conocimiento profundo de la realidad del extractivismo en el contexto del estado de Minas Gerais y de Brasil. Estoy especialmente agradecido a Klemens por la visita guiada a las áreas afectadas por el crimen Samarco; a Maria y Marino, a doña Ana Maria y Clodoaldo que me abrieron las puertas de su casa y de sus vidas para contarme sus vivencias del apocalipsis; a Patricia y Teca, igualmente por convidarme de sus saberes forjados en la lucha».
https://agenciatierraviva.com.ar/aniversario-de-la-mayor-tragedia-minera-de-brasil-memoria-dolor-y-la-fuerza-de-las-comunidades/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=ANTV_News_109&utm_medium=email

Brasil

Lula creará nueva unidad policial para combatir delitos ambientales

Takeshi Chacon 30/11/2022

(Foto Getty – La Vanguardia)
Actualmente en la Amazonía de Brasil ocurre deforestación, minería ilegal, narcotráfico, lavado de dinero y violencia de las pandillas.

Reuters.- El próximo gobierno del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene como objetivo crear una nueva unidad de la Policía Federal enfocada en delitos ambientales, dijo a Reuters el jefe de seguridad pública del equipo de transición.

El senador electo Flavio Dino, ampliamente visto como uno de los principales candidatos para ser el próximo ministro de justicia de Lula, dirige el grupo de trabajo del equipo de transición que aborda los delitos violentos, limita la posesión de armas y protege la selva amazónica.

Actualmente, los delitos ambientales son abordados por el departamento de crimen organizado de la Policía Federal, dijo Dino. La creación de una nueva unidad, agregó, sería una “propuesta práctica, que muestra un sentido de prioridad para este tema ambiental”.
Anuncios y acciones

Lula, un líder izquierdista que fue presidente de 2003 a 2010, se comprometió a poner fin a la deforestación ilegal en la Amazonía, uno de los principales amortiguadores del mundo contra el cambio climático, luego de que alcanzó un máximo de 15 años bajo el presidente saliente Jair Bolsonaro.

La semana pasada, Reuters informó que Estados Unidos está buscando usar sanciones como las sanciones Magnitsky para atacar a los principales deforestadores y otros delincuentes ambientales, como parte de una estrategia para abordar el cambio climático de manera más agresiva.
Activan acciones militares contra minería ilegal en Amazonas venezolana

En una entrevista con Reuters, Dino dijo que la nueva unidad de la Policía Federal propuesta tendría una visión amplia de los delitos en la Amazonía, donde la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia de las pandillas suelen estar interrelacionados.

“Ahora hay una complejidad específica de delitos ambientales, en la que hay, una especie de combo de delitos en la Amazonía. Ya no tenemos delitos ambientales aislados”, dijo.

“Tienes esta sofisticación y hay una transnacionalidad, porque involucra a otros países de la Amazonía. Entonces la idea es una unidad especializada para una mayor eficiencia y una mayor articulación con los países vecinos”

Dino también dijo que el equipo de transición planea derogar muchas de las órdenes ejecutivas de Bolsonaro, que habían alentado la deforestación ilegal al hacer que la supervisión sea más compleja.

Durante sus cuatro años en el cargo, Bolsonaro hizo retroceder las protecciones ambientales y presionó por más minería y agricultura comercial en la Amazonía.
https://www.rumbominero.com/brasil/lula-unidad-policial-combatir-delitos-ambientales/

Brasil

Vale-BHP casi duplica su oferta en el acuerdo sobre la catástrofe minera

Mineriaenlinea 02/09/2022
Samarco y sus propietarios, Vale SA y BHP Group, acordaron casi duplicar su oferta de compensación por un desastre de residuos mineros de 2015 en Brasil, según personas con conocimiento del asunto que pidieron no ser nombradas porque las discusiones son privadas.

Las mineras elevaron la propuesta a más de 100,000 millones de reales (19,000 millones de dólares) después de que las autoridades brasileñas mostraran su decepción ante los 52,000 millones de reales (10,000 millones de dólares) ofrecidos. El nuevo valor se aproxima más a la acción civil pública de reparación de 155,000 millones de reales utilizada por los fiscales como referencia.

Las autoridades dijeron la semana pasada que las dos partes estaban aún lejos de un acuerdo definitivo, y que emprenderían las medidas necesarias para obtener una reparación si las empresas no llevaban a la mesa de negociación una oferta “mínimamente digna” para reparar el derrumbe que causó la muerte de hasta 19 personas y contaminó las vías fluviales de dos estados.

El aumento de la cuantía debería suponer provisiones adicionales para las empresas que ya desembolsaron 23,000 millones de reales a través de la Fundación Renova, creada para compensar y reparar los daños.

Las conversaciones para un acuerdo final multimillonario avanzaron desde la semana pasada, dijeron las personas, pero dependen de un acuerdo sobre el plazo de desembolso. En la negociación participan el gobierno federal, los estados de Mina Gerais y Espirito Santo, las autoridades judiciales, Samarco y sus dos empresas matrices.

El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Joaquim Leite, dijo en una entrevista radiofónica esta semana que el acuerdo implicará la creación de un fondo que será gestionado por el banco de desarrollo brasileño BNDES con el propósito de crear una economía verde en la región afectada por el desastre, informó la Agencia Brasil.

Vale dijo que sigue comprometida con la reparación de los daños causados por el colapso de la presa y con el proceso de negociación.

Samarco también dijo que sigue abierta al diálogo para alcanzar un acuerdo que promueva la eficiencia en la reparación de los daños causados por la ruptura de la presa.
BHP dijo que las negociaciones están en curso.
Bloomberg

Vale-BHP casi duplica su oferta en el acuerdo sobre la catástrofe minera

Brasil

Las conversaciones sobre la catástrofe de la mina de Samarco irritan a las autoridades brasileñas a medida que se acerca la fecha límite

Por Mineriaenlinea 25/08/2022
Las últimas conversaciones sobre un acuerdo multimillonario por una catástrofe minera de 2015 no han dado lugar a un acuerdo, y las autoridades brasileñas señalan que las dos partes siguen muy alejadas y que el tiempo se acaba.

“No tenemos un acuerdo y no hay perspectivas de que lo tengamos”, dijo la secretaria de Planificación del Estado de Minas Gerais, Luisa Barreto, en una entrevista el miércoles después de una nueva ronda de conversaciones en Brasilia con representantes de la mina de hierro Samarco y sus propietarios Vale SA y BHP Group.

Sin decir cuánto ofrecen las empresas, Barreto dijo que su propuesta no alcanza la compensación ambiental y social requerida por el colapso de la presa de relaves que mató a 19 personas y contaminó los cursos de agua en dos estados. El fiscal general de Minas Gerais, Jarbas Soares Jr., dijo en Twitter que las autoridades no volverán a la mesa de negociaciones a menos que haya una nueva oferta “mínimamente digna”.

Las empresas ofrecieron previamente 52,000 millones de reales (10,000 millones de dólares), dijeron personas con conocimiento del asunto a principios de este mes. Eso se compara con una acción civil pública de reparación de 155,000 millones de reales.

El presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Luiz Fux, ha actuado como mediador en el proceso de renegociación después de que un acuerdo inicial no resolviera muchas de las necesidades, con acusaciones de deficiencias en la fundación creada para gestionar los pagos.

Fux se ha comprometido a resolver el caso antes de dimitir el 9 de septiembre, en un intento de dar a las comunidades afectadas un marco claro de reparaciones y sustituir otras demandas. Después de eso, las autoridades emprenderán las medidas necesarias para obtener las reparaciones, dijo Barreto, sin dar más detalles.

Samarco, Vale y BHP dijeron que siguen comprometidos con la reparación de los daños causados por el colapso de la presa y con el proceso de negociación. BHP dijo que la Fundación Renova, creada para compensar y reparar los daños, ha desembolsado 23,000 millones de reales y ha proporcionado ayuda a más de 389,000 personas.

Samarco está bajo protección de quiebra desde abril de 2021 mientras busca un acuerdo con los acreedores.

Las conversaciones sobre la catástrofe de la mina de Samarco irritan a las autoridades brasileñas a medida que se acerca la fecha límite

 

Brasil, Latinoamerica

Protestas en América Latina, entre la comprensión y el hartazgo

Los bloqueos de calles y rutas en muchos países reflejan la colisión entre los derechos de protesta y de circulación
14 de agosto de 2022 – 11:40 p.m.
Por La Nación Argentina / GDA
Miles de nativos protestaron en abril pasado en Brasilia, en el acto Ouro de Sangre (Oro de Sangre), contra el aumento de la minería en territorios indígenas. (GDA)

Se trata de una escena casi cotidiana, un paisaje inusual en otras latitudes pero común y casi ha “naturalizado” en América Latina: los piquetes o cortes de rutas por protestas, manifestaciones o reclamos de diversa índole –a veces de sectores muy pequeños– que generan embotellamientos, caos de tránsito, pérdidas de tiempo y mal humor, y que añaden un motivo más de crispación en muchas sociedades ya de por sí sensibilizadas por situaciones económicas o sociales apremiantes. Y no faltan motivos. Porque los piquetes o cortes de rutas, más allá de las causas que los originan, ponen siempre en primer plano el conflicto que generan entre el derecho al reclamo y a la protesta y el derecho a circular libremente por calles y rutas.
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¿Qué sucede en la región a la hora de enfrentar estas manifestaciones que perturban el libre tránsito? Si bien en cada país hay normas específicas que establecen el marco legal y su consecuente respuesta mediante la acción de las fuerzas de seguridad (ver aparte), en más de una ocasión su aplicación está sujeta a cuestiones políticas.

Las protestas callejeras en el Perú se dan con frecuencia y por variados motivos. La policía trata de disolverlas a través del diálogo con los manifestantes y, de darse el caso, con un uso controlado de la fuerza. Sin embargo, últimamente se ha podido observar una relativa pasividad de los agentes del orden, y por lo general se negocia dejar algún carril libre para la circulación vehicular. La reacción ciudadana ante estas tomas varía, y puede pasar de la comprensión y la empatía hasta el rechazo y el malestar profundo.

En Brasil, si bien tradicionalmente la manifestación callejera era propia de la izquierda, a partir de 2013 el color ideológico se hizo más amplio y difuso al generarse protestas por el alza de las tarifas de transporte, la baja calidad de los servicios públicos o la corrupción.

En la última década también crecieron las protestas de grupos históricamente marginados, como los movimientos negros e indígenas y el movimiento feminista. Estos grupos, más la izquierda partidista y los grupos de extrema derecha, son los principales responsables de las manifestaciones hoy en Brasil. Una protesta grande en una ciudad importante como Río o San Pablo debe ser comunicada con anticipación, pero a veces los manifestantes, especialmente los de movimientos no partidistas, no siguen una ruta acordada de antemano con las autoridades, y la policía utiliza la fuerza para romper el bloqueo.

El papel de las fuerzas de seguridad ha sido a menudo seriamente cuestionado. Ha habido muchos casos y denuncias de uso excesivo de la fuerza. “Brasil ha violado históricamente el derecho a la protesta. El uso de la fuerza es recurrente, e inhibe el ejercicio de este derecho”, señala Raisa Cetra, coordinadora del Programa Espacio Cívico de Artigo 19 Brasil y Sudamérica. “El Estado debe garantizar el derecho a la circulación de la población, pero por otros medios”, añadió, al considerarse el derecho a la protesta como parte de las libertades de asociación y expresión, que sólo pueden ser limitadas en casos excepcionales.

Según la consultora Diagnóstico Político, el año 2021 cerró con la cifra más alta de piquetes de los últimos siete años en la Argentina: 6,658. Desde 2014, que anotó 6,805 protestas, que no se registraba una cifra tan alta.

El epicentro de los cortes de calles en la ciudad de Buenos Aires es la céntrica Avenida 9 de Julio, y son las organizaciones sociales de izquierda (que nuclean a desocupados y trabajadores informales), opositoras al gobierno nacional, las que lideran la mayor cantidad de protestas, aunque también las ha habido de trabajadores privados, fuerzas político-partidarias y trabajadores estatales. En los últimos años es más común ver a las fuerzas de seguridad negociando con los manifestantes que utilizando la fuerza. Por lo general, los efectivos realizan un operativo en las inmediaciones al corte, después de acordar dejar algún carril libre para la circulación vehicular, aunque hay casos en los que el corte es total. Dependerá entonces de la decisión política de cada gobernante dar la orden o no de desalojar, algo que raramente ocurre.

Para el politólogo Sergio Berensztein, los piquetes “son parte de esta tradición de utilización de la calle que existe en la Argentina. Eso es fundamental para comprender los niveles de tolerancia social, ya que el ciudadano promedio se ve a sí mismo en ese lugar en una circunstancia potencialmente parecida. Hoy le toca a ellos, mañana nos puede tocar a nosotros, piensa, por más que se enoje porque no puede circular con tranquilidad. En este contexto, la cuestión de la libre circulación queda, de alguna manera, en un plano más secundario”.

Las protestas callejeras con cortes de tránsito se tornaron frecuentes en Chile desde el estallido de la crisis social de 2019, con reclamos diversos, desde mejor educación, salud y vivienda hasta una nueva Constitución. Pero luego decayeron, por efecto también de la pandemia. La actuación policial depende del contexto de la manifestación. Si es muy masiva, difícil de remover, generalmente permite su desarrollo. Cuando es más pequeña, puntual o no autorizada, actúa bajo un protocolo gradual que comienza con diálogo con los líderes o encargados, luego con llamados a las personas con altavoces para que se dispersen y, en caso de no haber una respuesta positiva, continúa con el uso de elementos disuasivos como carros lanza agua o dispositivos lacrimógenos. La reacción ciudadana ante los bloqueos de calles también mutó de la empatía, la tolerancia y la comprensión iniciales a la pasividad, el tedio y, más recientemente, a la frustración, en especial cuando las protestas terminan provocando daños a terceros.

En México, los bloqueos al tránsito son una constante en prácticamente todos los centros urbanos y también en algunas comunidades rurales. Y los hay de casi todos los sectores: campesinos, organizaciones políticas y sociales, sindicales, estudiantiles, feministas, indígenas, etcétera. Los reclamos tienen que ver con demandas legales, derechos humanos, defensa gremial, reconocimiento o rechazo de autoridades políticas. En la Ciudad de México hay marchas y bloqueos para demandar la restitución de servicios como agua potable o luz; por casos de inseguridad y en menor proporción para protestar contra la construcción de obras o desarrollos inmobiliarios. Lo bloqueos pueden durar desde 5 a 12 horas, y la intervención policial responde muchas veces a factores políticos que tienen que ver qué partido gobierna determinado municipio o ciudad. Generalmente, la policía actúa para evitar desbordes, aunque hay casos de choques frontales con los manifestantes. En cuanto a los ciudadanos, hay una división entre aquellos que ven con simpatía este tipo de movilizaciones (aunque esto depende muchas veces del motivo) hay otros en los que prima el descontento por considerar que se violan derechos de terceros como el de libre tránsito o que consideran que la policía asume una posición demasiado permisiva.

Para el abogado Christopher Estupinan “no se debe pasar por alto el derecho de manifestarse de las personas; sin embargo, se debería delimitar en cuestión de duración y alcance. Si bien es cierto que hay una ley reglamentaria que obliga a las personas a avisar al gobierno sobre las manifestaciones, esta no siempre es respetada y hay ciertos puntos en la ciudad donde no creo que deban ser permitidas. El derecho a manifestarse no debería estar por encima del de tránsito de los demás, debe buscarse un equilibrio. Y el gobierno debería ser un poco más estricto en ese sentido”.

En Uruguay, las protestas callejeras son, en su gran mayoría, organizadas y comunicadas previamente, no hay piquetes sorpresivos ni se ocupa toda la calle, por lo que no se suele entorpecer la circulación.

En Venezuela, en los últimos 10 años la protesta de carácter social se ha mantenido de manera constante y persisten en 2022 pese a que tienen poca repercusión en los medios de comunicación. Desde 2012 (último año de gobierno de Hugo Chávez), la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) ha documentado un total de 92,000 manifestaciones. Respecto al año en curso, hasta abril se habían registrado 2,677. El promedio diario es de 20 protestas por día en todo el territorio nacional.

El director de esa organización, Marco Antonio Ponce, precisó que quienes manifiestan actualmente son fundamentalmente dos grupos: los trabajadores y los vecinos de las distintas comunidades, y que la protesta política no tiene una representatividad significativa en relación al total. Según los datos del OVCS, cerca de 70% de las manifestaciones que se realizan en todo el país están relacionadas con la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y entre esas categorías las exigencias más frecuentes se vinculan a los derechos laborales y los servicios públicos, de allí que los principales manifestantes sean los trabajadores y los vecinos.

La actuación de los funcionarios del Estado depende del tipo de protesta. En ese sentido, el OVCS denunció que, cuando la protesta exige un cambio de gobierno o en alguna corrección en su actuación, la respuesta institucional del Estado suele ser la represión desmedida, independientemente de si el gobernador o alcalde es un dirigente del oficialismo o de la oposición. Cabe destacar que, con frecuencia, el cierre de las calles lo realizan los cuerpos de seguridad, para impedir el avance de movilizaciones anunciadas con anterioridad por organizaciones políticas o por la sociedad civil.

Las protestas más recurrentes tienen que ver los derechos humanos y reclamos a las autoridades por servicios básicos. Estos últimos se han mantenido en los últimos tres años en el primer lugar del índice de manifestaciones, y a los habituales por electricidad, agua potable, gas doméstico se sumaron en los últimos años otras por la escasez de gasolina. El segundo lugar lo ocupan las exigencias de reivindicaciones laborales, “lo que refleja que uno de los principales puntos de la crisis que atraviesan los venezolanos tiene que ver con el salario”, indicó Ponce.

Según datos del OVCS, el Estado venezolano favorece todas aquellas manifestaciones donde se exprese simpatía por el gobierno de Nicolás Maduro. En ese caso son permitidas y facilitadas por parte de los distintos cuerpos de seguridad y demás entes del Estado. “Pero si las protestas son realizadas por la sociedad civil, por venezolanos que están exigiendo un cambio, que quieren mejoras en las condiciones de vida, tienen un enorme riesgo de represión”, añadió Ponce.

Aunque actualmente no se presentan protestas callejeras con piquetes o bloqueos de calles en Colombia, entre 2019 y 2022 hubo una fuerte oleada que sí interfirió con el tránsito. La Policía en Colombia ha sido enfática en su intención de no permitir este tipo de acciones: “Protestar es válido, los bloqueos no”. La disolución de este tipo de obstrucciones se desencadenó en medio de enfrentamientos entre estos servidores públicos y ciudadanos manifestantes.

La colisión entre el derecho de protesta y el derecho de libre circulación cobró nueva vigencia en Colombia cuando en mayo del año pasado durante un paro nacional falleció un bebé cuando la ambulancia que lo trasladaba no pudo atravesar un bloqueo. Para Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, “no debería haber contraposición (entre ambos derechos], pero se terminó convirtiendo en un dilema. El hecho de que muriese un bebé porque no pudo ser trasladado, precisamente por el cierre de vías, confirma que en muchos de esos casos se ejerció el derecho a la protesta en detrimento de los derechos de terceras personas”, enfatiza.

Finalmente, en Costa Rica hay protestas callejeras, que en los últimos años han estado especialmente motivadas por la situación económica, el desempleo y el alto costo de vida. Suelen ser realizadas por sindicatos del sector público o transportistas privados. En 2018 y 2019 se sumaron grupos de estudiantes.

En el caso del país centroamericano el problema principal radica en la falta de una ley que regule en qué momento la libertad de manifestación riñe con la libertad de tránsito. “Lo único que hay es el artículo 26 de la Constitución Política que garantiza el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas”, explica el abogado Rubén Hernández. “El problema es que los sindicatos y los grupos de protesta se han aprovechado de esto, hacen lo que quieren hasta el momento en que las autoridades deciden intervenir”, agrega.
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/notas/protestas-en-america-latina-entre-la-comprension-y-el-hartazgo/

Brasil

El banco central de Brasil es contratado para salvar la Amazonia de la minería ilegal

Mineriaenlinea 27/07/2022
banco central de brasil
La amenaza que supone la minería ilegal para la Amazonia brasileña es tan grande que la industria minera formal está intentando involucrar al banco central del país.

Ante la presión de las grandes empresas y de las organizaciones no gubernamentales para que se tomen medidas contra los flujos de oro no regulados, el jefe del banco central, Roberto Campos Neto, se comprometió a estudiar formas de mejorar la supervisión de los compradores autorizados por los bancos, dijo el instituto minero Ibram en un comunicado tras reunirse con Campos Neto. El Ibram y la policía federal también están desarrollando un sistema de trazabilidad que utiliza radioisótopos para establecer un ADN para el oro brasileño.

Las grandes empresas mineras quieren diferenciarse de la minería ilegal “dominada por organizaciones criminales”, dijo por teléfono el presidente del Ibram, Raul Jungmann. “La minería ilegal impacta en la reputación del sector, lo que significa restricciones en términos socioambientales, de imagen y de aprobación del mercado”.

La organización de sostenibilidad Instituto Escolhas estima que Brasil comercializó 229 toneladas de oro con serios indicios de ilegalidad entre 2015 y 2020, alrededor del 50% de la producción nacional. Según un estudio, un puñado de comerciantes de valores representó un tercio de todo el oro identificado.

En Brasil, todo el oro procedente de la minería artesanal, conocido como garimpo, debe venderse a empresas acreditadas por el banco central. La falta de controles permite a los mineros salvajes hacer falsas reclamaciones de origen registrando un número de título minero válido.

La ley local exime a las empresas de valores de la responsabilidad de las irregularidades, asegurando que las compras de oro pueden realizarse basándose en la presunción de “buena fe”, siempre que los mineros ilegales presenten un certificado de origen autoemitido. Las empresas mineras y los grupos de sostenibilidad quieren que se destierre esa normativa.
Bloomberg

El banco central de Brasil es contratado para salvar la Amazonia de la minería ilegal