23/03/2026
La controversia por la tasa ecoturística en Wanda, Misiones, escaló esta semana con el cierre temporal de dos importantes minas de piedras preciosas: Tierra Colorada y Compañía Minera Wanda. El reclamo central apunta al cobro de esta tasa municipal, implementada desde febrero de 2026 por la intendenta Romina Faccio, que afecta directamente a los visitantes y operadores turísticos.

Patricia Bush- El Show de los Impactos

En una entrevista realizada por Alejandro Barrionuevo en FM Show de Posadas, Patricia Bush, una de las propietarias de Compañía Minera Wanda, expuso con claridad la posición de las empresas afectadas. Según su relato, las minas —que durante años han sido un atractivo turístico clave en la región, recibiendo miles de visitantes— se vieron obligadas a suspender temporalmente la atención al público como medida de protesta.

“Las minas continúan abiertas en su operación interna, pero decidimos no recibir turistas este fin de semana para manifestar nuestro rechazo a esta tasa”, explicó Bush.

La empresaria destacó que las minas propusieron alternativas razonables, como incorporar el costo de la tasa al precio de la entrada para que el turista no perciba un cobro adicional directo. Sin embargo, la intendencia se mostró inflexible. “No hay contrapartidas reales por parte del municipio: ni mejoras en accesos, ni mantenimiento ambiental visible, ni servicios que justifiquen este cobro extra”, afirmó Patricia Bush.

Agregó que la presencia de personal policial o municipal exigiendo el pago en los accesos genera intimidación entre los visitantes, lo que ya provocó suspensiones de excursiones y pérdidas económicas inmediatas.

Impacto en la comunidad

El cierre temporal pone en riesgo a cerca de 48 empleados directos de ambas minas, además de afectar a toda la cadena turística local: guías, vendedores ambulantes, artesanos y comercios de la zona. Bush advirtió que, de no haber una resolución rápida, el cierre podría volverse permanente, con graves consecuencias para familias que dependen de esta actividad.

Entre los hechos más criticados figura la detención de una vendedora local durante cuatro días, lo que generó indignación por el trato hacia los pequeños emprendedores. Los operadores turísticos, por su parte, ya evalúan eliminar a Wanda de sus circuitos habituales, lo que agravaría el impacto económico en la región cercana a las Cataratas del Iguazú.

Próximos pasos

Las empresas anunciaron que mantendrán la medida de fuerza y las protestas mientras no se reconsidere la ordenanza (N° 22/2025). No descartan acciones judiciales, incluyendo un amparo ya presentado, para cuestionar la legalidad y aplicación de la tasa.

“La tasa existe desde febrero, pero la forma en que se cobra y la falta de diálogo nos obliga a esta postura”, resumió Bush. “Queremos diálogo constructivo, no confrontación. El turismo debe beneficiar a todos: al municipio, a las empresas y, sobre todo, a la comunidad”.

La situación en Wanda sigue tensa y abierta. Mientras tanto, el sector turístico misionero observa con preocupación cómo un atractivo icónico de la provincia podría perder fuerza por un conflicto fiscal local. Se espera una mesa de diálogo urgente para evitar daños irreversibles al principal motor económico de la zona.
RadioCataratas.Com

Tasa ecoturística divide a Wanda: minas protestan con cierre temporal y amenazan con cierre definitivo

El Juzgado de Minas autorizó un cateo pero en la resolución ni siquiera se menciona a la comunidad
La presidenta de Rinconada aseguró que ya expresaron su rechazo a la actividad minera porque defienden el agua y los bienes naturales. “Ellos no respetan la decisión” de la comunidad, sostuvo.
Mariana Mamaní 17/03/2026
La comunidad de Rinconada rechaza la presencia minera (Gentileza Telesisa)

La Comunidad Kolla de Rinconada, a casi 4 mil metros sobre el nivel del mar, en la Puna jujeña, fue sorprendida la tarde del domingo último por personal de la firma Wicz Mining Consulting que buscaba ingresar al territorio ancestral sin que sus habitantes hubieran autorizado esa presencia mediante una consulta previa libre e informada.

La presencia de los referentes de la firma provocó la rápida reacción de la Comunidad que con su presidenta, Mirta Llampa, a la cabeza los interpeló y expuso el rechazo a la actividad minera en ese territorio.

Ese momento, y la situación que viene de arrastre, similar a lo cuenta “Nuestra tierra”, la película de Lucrecia Martel sobre la disputa por el territorio indígena en Tucumán, fue narrado a este diario por la propia Llampa, quien se manifestó agotada de soportar la presión de las mineras.

“Estamos cansados, ellos insisten, insisten, y les decimos no. Ellos no respetan la decisión de una comunidad que tiene una presidenta, que tiene autoridades. Ellos solo atropellan, queremos que esta situación se visibilice porque no hay ningún acuerdo” para la presencia de la minera en este territorio, expresó.

La resolución del Juzgado de Minas sobre un pedido de cateo realizado por un particular identificado como Daniel Alderete genera la sospecha de que la minera avanzó en el territorio mediante acuerdos entre el gobierno de Jujuy y autoridades de las comunidades indígenas de Casa Colorada y Santo Domingo, que también habitan en el departamento Rinconada.

El 3 de febrero último, en el Boletín Oficial de la provincia se publicó la concesión a favor de Daniel Alejandro Alderete de un “permiso de exploración o cateo de sustancias minerales de primera y segunda categoría, en el departamento Rinconada de esta Provincia, sobre una superficie de dos mil hectáreas”.

La resolución, del juez Administrativo de Minas, Pablo Gabriel Read, se tomó en el expediente N° 341, que data de 2005, cuando se inició el trámite de permiso para exploración minera.

En la misma resolución se señala que la superficie donde se autoriza el cateo se tomó según la ubicación dada por el Registro Gráfico “en terrenos sin antecedentes registrados” informado por la Dirección Provincial de Inmueble.

El juez nunca menciona a la Comunidad de Rinconada. Solo sostiene que estas tierras “están ocupadas por la Comunidad Aborigen de Casa Colorada y la Comunidad Aborigen de Santo Domingo”, según un informe de la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy.

Y añade que la concesión “no afecta parcelas con trámites individuales para la regularización de las tierras fiscales rurales”, de acuerdo al informe del Instituto Jujeño de Colonización.

Ya desde la gestión del ahora exgobernador Gerardo Morales el gobierno jujeño tiene la práctica de avanzar con proyectos en territorios ancestrales generando divisiones en las comunidades indígenas. Por esa vía se obtienen firmas de referentes comunitarios que luego enarbolan como el consentimiento de todas las comunidades comprendidas en el territorio a explorar. En muchos de esos casos, se deja de lado a las autoridades elegidas en asambleas. La Comunidad de Rinconada plantea que eso es lo que está pasando ahora mismo con la autorización a Wicz Mining, una empresa que se presenta como “consultora ambiental especializada en el sector minero, con sede en San Salvador de Jujuy”.

“Tenemos todos los papeles que acreditan que ese territorio corresponde a la Comunidad de Rinconada. Sin embargo, el gobierno está queriendo entregar nuestras tierras”, denunció Llampa.

“No queremos que entre la minera a nuestro territorio porque cuidamos nuestra agua, que es sagrada para nosotros, nuestra biodiversidad, la flora, la fauna y nuestros animales”, explicó y subrayó que “la protección es para las próximas generaciones y hay conciencia ambiental en la comunidad”.

El ingreso de la exploradora minera se produjo justo en días en que las comunidades están atentas al debate por el proyecto de reforma de la ley de glaciares, en el Congreso de la Nación.

Gran parte de la población originaria de esta zona de la Puna jujeña se opone a la minería en defensa del agua y de sus territorios y vienen reclamando que se dé un debate profundo sobre el impacto de la actividad minera.

Jujuy tiene más de 250 periglaciares censados y son reservorios de agua fundamentales para el ecosistema y que las comunidades defienden.

Con sus 3851 msnm, el departamento Rinconada es uno de los puntos más altos del país. La localidad de Rinconada se ubica en el extremo noroeste de la provincia, muy cerca del punto tripartito que comparten Argentina, Chile y Bolivia.

El pueblo tiene una larga experiencia con la explotación minera, que data del siglo XVII. De hecho, su estructura actual quedó del asentamiento minero para la explotación de oro.

Además, está comprendido dentro del área natural protegida de la Laguna de los Pozuelos, más de 16 mil hectáreas, que abarcan a los departamentos Rinconada Yavi y Santa Catalina.
https://www.pagina12.com.ar/2026/03/16/la-comunidad-kolla-de-rinconada-denuncia-el-ingreso-sin-autorizacion-de-una-minera/

Pastoral Social, redes de fe y ambientalistas activaron el lobby legislativo. Contraofensiva de las mineras. Las batallas ganadas en Chubut y Mendoza.
La minería, los gobernadores y la ley de Glaciares: quiénes libran la guerra del hielo
Por Guillermo Villarreal

La ley de Glaciares activó una cruzada religiosa por el agua cuando el gobierno de Javier Milei impulsó cambios para habilitar proyectos mineros vinculados al RIGI. La reacción no se limitó a un pronunciamiento católico: sumó redes ecuménicas, territorios cordilleranos y organizaciones de fe que leyeron el debate como una advertencia sobre la necesidad de cuidar los recursos naturales.
El intento oficialista se apoyó en una promesa conocida en provincias con presupuestos frágiles: empleo, divisas y obra pública indirecta. San Juan, Catamarca, Mendoza y el Noroeste minero fueron mencionados como motor de una nueva etapa de inversiones. Del otro lado, sectores de iglesias cristianas y organizaciones socioambientales advirtieron que un cambio en la ley podía debilitar la protección de reservas estratégicas de agua.

En ese clima, la Alianza Cristiana Evangélica de la República Argentina (Aciera), la organización del evangelismo vernáculo más cercana al presidente Milei, evitó pronunciarse sobre la discusión. El silencio contrastó con la intervención pública de sectores católicos y de espacios ecuménicos que decidieron involucrarse de lleno en el debate legislativo.
RIGI y minería en alta montaña

La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) fijó la posición más clara dentro de la Iglesia católica. En una carta dirigida a legisladores sostuvo que “los glaciares no son simples recursos económicos. Son fuentes de agua y de vida, reguladores del clima y del ciclo hídrico”, y los definió como “verdaderas catedrales de agua”.

El documento reclamó preservar los presupuestos mínimos de protección ambiental y pidió escuchar a comunidades locales, especialistas y organizaciones sociales antes de avanzar con cambios en la norma.

La estrategia no se agotó en el texto. La Pastoral Social anticipó que tomó contacto con legisladores nacionales para expresar su postura, un lobby explícito que buscó instalar un criterio: el agua como bien común por encima de las urgencias fiscales. El mensaje fue pastoral, pero también político.

La presión territorial se amplificó con redes y organizaciones religiosas que ya venían participando en conflictos mineros. El pronunciamiento Porque la cordillera es fuente de vida alertó sobre una “situación de extrema gravedad” y calificó la reforma como una “acción regresiva”. El documento puso el foco en el ambiente periglaciar y en el hielo subterráneo, menos visible pero decisivo para el sistema hídrico.
Laudato si’ y el mandato de la ecología integral

En ese entramado, el papa Francisco funcionó como referencia central. La encíclica Laudato si’ planteó que no existen dos crisis separadas -una ambiental y otra social- sino una sola crisis socioambiental.

Ese marco permitió que la objeción religiosa no se presentara como un rechazo al desarrollo. La crítica apuntó a un modelo extractivo que, según sus cuestionamientos, suele dejar pasivos ambientales mientras concentra beneficios económicos.

Las organizaciones de fe retomaron además la insistencia del pontífice argentino en torno al agua como derecho humano. En el plano local, el argumento se tradujo en una advertencia concreta: si la protección legal se reduce, el impacto se trasladará a poblaciones, producción agrícola y economías regionales aguas abajo.

El Vaticano también ofreció señales de continuidad con un pronunciamiento atribuido a León XIV en un foro por el aniversario de Laudato si’. La pregunta citada en ambientes eclesiales fue directa: “¿Hemos cuidado el mundo creado para beneficio de todos y de las generaciones futuras?”. En Argentina, la frase fue interpretada como un límite moral a una eventual flexibilización de la ley.
Audiencias públicas y lobby en el Congreso

El escenario parlamentario agregó tensión al debate. El Gobierno definió que la reforma de la ley de Glaciares que aprobó el Senado no tendrá modificaciones sustanciales. Esa fue la señal que recibieron legisladores de La Libertad Avanza que esta semana visitaron la Casa Rosada.

El grupo fue encabezado por Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, quien coordinó el plenario en el que se discutió el proyecto. Como viene contando Letra P, el oficialismo debió ceder ante la presión opositora y aceptar la convocatoria a dos audiencias públicas para el 25 y 26 de marzo.

La decisión funcionó como válvula política para descomprimir el conflicto. Las audiencias prometen reunir a científicos, asambleas ambientales, representantes empresariales y organizaciones sociales en un debate que se anticipa áspero.

En el campo religioso, la instancia fue leída como una oportunidad para amplificar posiciones desde distintos territorios. Pero también persiste la sospecha de que la consulta pública termine siendo apenas un paso formal antes de avanzar con la iniciativa.
Mineras y seguridad jurídica

En paralelo, el lobby minero se movió con nombres propios. Barrick Gold, Glencore, BHP, Lundin Mining y Río Tinto aparecen entre las compañías interesadas en reforzar la seguridad jurídica para proyectos en zonas donde el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) inventarió glaciares y ambiente periglaciar.

La discusión técnica se volvió disputa por la letra fina de la ley. En el mapa de inversiones, proyectos como Los Azules, en San Juan, fueron mencionados como ejemplos de desarrollos que podrían acelerarse si se despejan zonas grises en la normativa.
El proyecto minero Los Azules en San Juan

El proyecto minero Los Azules en San Juan

Para organizaciones religiosas y ambientales, el razonamiento invierte el orden del debate: en lugar de adaptar los proyectos a la ley vigente, sostienen que se busca modificar la ley para acomodarla a los proyectos.
Redes ecuménicas y actores del territorio

El enfoque ecuménico se expresó en alianzas territoriales y documentos compartidos. Entre las adhesiones aparecieron espacios como el Grupo Ecuménico Viedma y Patagones, junto al Equipo Nacional de Pastoral Aborígen (Endepa), pastorales locales y asambleas ciudadanas.

En esos ámbitos, la defensa del agua se planteó como una agenda común entre credos, pueblos originarios y organizaciones socioambientales.

También surgieron voces provinciales dentro del catolicismo. La Comisión de Justicia y Paz de San Juan respaldó la carta episcopal y reclamó una protección integral que incluya “permafrost y glaciares de roca”. Allí se sostuvo que el acceso al agua es “un derecho humano básico, universal e inalienable”.

Del otro lado, las administraciones provinciales con economías dependientes de inversiones defendieron la potestad local para definir áreas protegidas. Invocaron la propiedad originaria de los recursos naturales y plantearon un conflicto entre autonomía provincial y presupuestos mínimos nacionales.
Memoria de conflictos recientes

La historia reciente explica por qué sectores religiosos decidieron involucrarse. En 2021, en Chubut, la resistencia social y el acompañamiento de referentes cristianos contribuyeron a frenar la zonificación minera impulsada por el entonces gobernador Mariano Arcioni.

En Mendoza ocurrió algo similar. La reacción popular de 2019 sostuvo la vigencia de la ley 7722, conocida como la “guardiana del agua”, y marcó un límite político a los intentos de flexibilización.

Ese antecedente funciona como advertencia para el nuevo debate. En ambos casos, la alianza entre organizaciones sociales, comunidades religiosas y asambleas territoriales logró bloquear proyectos que parecían inevitables. En la actual discusión por los glaciares, esa memoria vuelve a aparecer como un actor más del conflicto.https://www.letrap.com.ar/religiones/javier-milei-y-la-ley-glaciares-la-cruzada-religiosa-el-agua-n5422332

Rolando Alza 10/02/2026
El Gobierno argentino impulsa cambios en la Ley de Glaciares para destrabar proyectos mineros, en un contexto de mayor cooperación con Estados Unidos en minerales críticos.

La Ley de Glaciares volvió a posicionarse en el centro de la agenda minera argentina luego de la firma de un marco de entendimiento entre Argentina y Estados Unidos para avanzar hacia un futuro Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco, que incluye la cooperación bilateral en sectores estratégicos como los minerales críticos.

Tras el anuncio del entendimiento difundido por la Casa Blanca el 13 de noviembre, el presidente Javier Milei ratificó su intención de avanzar con una modificación de la Ley de Glaciares, uno de los principales reclamos históricos de las provincias mineras, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad regulatoria y destrabar proyectos de inversión vinculados al cobre, litio y otros minerales estratégicos.

Durante un encuentro en la provincia de Corrientes, el mandatario señaló que la iniciativa apunta a redefinir técnicamente el concepto de área periglaciar, incorporando criterios científicos vinculados a la función hídrica efectiva, y a devolver a las provincias la potestad de reglamentar la norma de acuerdo con las características de sus territorios, en línea con el principio de federalismo consagrado en la Constitución.
Minería y seguridad jurídica

La revisión de la Ley de Glaciares se enmarca en un escenario de reposicionamiento internacional de la Argentina, luego del acuerdo firmado con Estados Unidos, que destaca la intención de ambas partes de facilitar el comercio y la inversión en minerales críticos, sin mencionar recursos específicos, pero alineado con las cadenas globales de valor asociadas a la transición energética.

En ese contexto, las provincias mineras sostienen que la normativa vigente presenta ambigüedades técnicas que han condicionado el avance de proyectos de gran escala en la cordillera. San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy concentran gran parte del potencial cuprífero y litífero del país, y reclaman un marco legal que otorgue certezas a largo plazo para inversiones intensivas en capital.

Fuentes oficiales indicaron que una eventual actualización de la ley permitiría reactivar proyectos actualmente paralizados o demorados, además de mejorar la competitividad del país frente a otros distritos mineros de la región.
Camión cisterna de la estatal petrolera.

Impacto en inversiones y cadenas de valor
De acuerdo con estimaciones del sector público, un cambio normativo en la Ley de Glaciares, sustentado en criterios técnicos y ambientales claros, podría habilitar inversiones por más de US$ 30.000 millones en los próximos años, particularmente en proyectos de cobre, un mineral clave para la electrificación y la transición energética global.

El documento conjunto firmado entre Argentina y Estados Unidos subraya la cooperación en sectores intensivos en recursos y la necesidad de alinear marcos regulatorios, lo que refuerza la relevancia de contar con reglas claras para atraer capital extranjero y facilitar la inserción de la Argentina en las cadenas globales de suministro de minerales críticos.

Mientras avanza la redacción técnica de la propuesta desde el Ministerio de Desregulación, el Gobierno evalúa su envío al Congreso en sesiones extraordinarias, como parte de un paquete de reformas orientadas a mejorar el clima de inversiones y reactivar el potencial minero de la cordillera.
https://www.rumbominero.com/argentina/ley-glaciares-mineria-inversiones/

El juez impuso una serie de restricciones para liberarlo tras una protesta contra San Jorge. La defensa apeló y la justicia hizo lugar. Los detalles.
Gabriela Valdés
14/02/2026
Las protestas contra San Jorge tienen un paralelo de causas judiciales contra vecinos y asambleístas. 

El viernes 2 de enero pasado la peatonal Sarmiento fue escenario de un episodio que marcaría el inicio de otro proceso judicial contra un vecino y asambleísta. En el marco de una de las protestas contra el proyecto minero San Jorge y la megaminería, un pino navideño instalado en el paseo ardió en cuestión de minutos. Las llamas comenzaron en la base de la estructura y se propagaron rápidamente, generando alarma entre transeúntes y los propios manifestantes. Algunos intentaron sofocar el fuego con agua de una fuente y botellas, mientras las cámaras de seguridad registraban la escena. Minutos después, personal de Bomberos llegó al lugar y aseguró el sistema eléctrico.

La investigación de lo ocurrido derivó en la detención de Gonzalo Emanuel Videla Castro, músico y asambleísta ambiental. La acusación lo vinculaba con el incendio del pino, un hecho que la fiscalía encuadró como parte de los disturbios ocurridos durante la protesta. Sin embargo, desde el inicio, organizaciones sociales y ambientales denunciaron que se trataba de una criminalización de la protesta y que Videla era víctima de un proceso judicial desproporcionado.
Las condiciones impuestas por el juez

El 9 de enero, el juez Alejandro Camacho del Juzgado Penal Colegiado Nº1 ordenó la libertad de Videla, pero bajo una serie de condiciones que la defensa consideró arbitrarias. Entre ellas, tres resultaron particularmente polémicas:

La obligación de realizar un tratamiento psicológico.

La asistencia a un curso de la Ley Yolanda —que establece capacitaciones ambientales para funcionarios públicos—.

La prohibición de concurrir a “eventos o lugares similares”, una cláusula ambigua que podía interpretarse como una restricción al derecho a participar en movilizaciones.

La Ley Yolanda (N° 27.592), sancionada en Argentina en 2020, establece la capacitación obligatoria en ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático para todas las personas que trabajan en la función pública (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Busca transversalizar la perspectiva ambiental en el diseño y ejecución de políticas públicas.
La apelación de la defensa

La defensa, encabezada por los abogados Julieta Lavarello, Maximiliano Villarreal y Ulises Jiménez, apeló la resolución. El 12 de febrero se realizó la audiencia ante el Primer Tribunal Penal Colegiado, presidida por la jueza María Belén Renna. Allí, los defensores plantearon que las tres reglas de conducta violaban los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. El fiscal Daniel Savard, presente vía Teams, manifestó no tener objeciones al planteo. Finalmente, la jueza resolvió hacer lugar a la apelación y revocar las condiciones impuestas, dejando sin efecto los puntos cuestionados.
Los argumentos contra el fallo

En diálogo con ElEditor Mendoza, Villarreal explicó los fundamentos de la apelación:

“Una de las restricciones era un tratamiento psicológico que el juez no había definido para qué lo pedía. No sabíamos si era un adelanto de culpabilidad o una condición para estar a derecho. Entendíamos que no correspondía”.

Sobre el curso de la Ley Yolanda: “Ese curso es obligatorio para funcionarios, no para ciudadanos. Además, Gonzalo ya es un defensor del medio ambiente, acorde al acuerdo de Escazú”.

Y sobre la prohibición de asistir a eventos o lugares similares: “Nosotros entendimos que se refería a movilizaciones, y eso cercenaba un derecho reconocido por la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana. No se le puede prohibir a nadie participar de movilizaciones, salvo que se considere que una movilización es un delito”.

El trasfondo social: la conflictividad por la megaminería

El caso de Gonzalo Videla se inscribe en un contexto más amplio de conflictividad en Mendoza por los proyectos mineros y la defensa del agua. La marcha del 2 de enero, en la que se produjo el incendio del pino navideño, fue una más de las numerosas movilizaciones que desde hace años cuestionan la megaminería en la provincia y que se multiplicaron tras la aprobación legislativa de San Jorge. La resolución judicial no solo despeja el camino para Videla, sino que también envía un mensaje sobre los límites de la justicia a la hora de imponer restricciones que puedan interpretarse como un intento de disciplinar la protesta social.

La decisión de la jueza Renna, avalada por la falta de oposición del Ministerio Público Fiscal,fue celebrada por la defensa y los movimientos sociales que acompañaron a Videla. El músico y asambleísta quedó entonces en libertad plena, sin condicionamientos que limitaran su participación política o social.

En el siguiente video, el testimonio de Julieta Lavarello, una de las abogadas que defendió a Videla:

ANDRES LARROVERE, AFP 11/02/2026

Se registran asambleas y movilizaciones en varios de puntos de la provincia cuyana. Es por la instalación de un proyecto minero en Uspallata. Lautaro Giménez, docente y activista de izquierda, habló en la Fm88.1.

La lucha por el agua es prioridad en Mendoza. El 9 de diciembre se movilizaron 20.000 personas en toda la provincia para manifestarse en contra de la aprobación del proyecto “Mineros San Jorge”, que amenaza a los ríos fundamentales de Cuyo y que va de la mano con la Ley de Glaciares. El docente y activista de izquierda, Lautaro Giménez, dio un panorama de las movilizaciones.

“Hace tres meses que Mendoza se encuentra movilizada por la escasez hídrica y que hace que el conflicto impacte en la gente para sobrevivir. Esta ciudad es la única con más de dos millones de habitantes en el oeste argentino e históricamente combinó actividades que van de la extracción petrolera y la vinicultura”, comentó Giménez.

“El tema corta transversalmente a la provincia y hay dos intereses, por un lado quienes quieren preservar a Mendoza y por el otro los que tienen un interés económico particular desde sectores multimillonarios. Tienen tanto poder que hasta compran medios”, deslizó el docente, que enfatizó: “Todos los pueblos de Mendoza siguen los márgenes de los ríos, hay una cultura del agua y a lo largo de la extensión de estos cursos se extiende la protesta social”.

También explicó el giro que se dio en la provincia: “A partir de los negocios que hace Javier Milei se modificaron pensamientos sobre la minería. El propio gobernador, que estaba en contra, ahora apoya la actividad”.

“En las movilizaciones hubo persecución y en todos los casos la justicia liberó a los detenidos, porque claramente eran inocentes”, agregó Giménez.

En el ámbito legal, contó que “hay seis recursos de amparo por los daños ambientales que este proyecto va a provocar. En la propia Legislatura estamos atentos porque van a buscar la modificación de la ley 7722. Queda un camino muy grande”.

En el final brindó un panorama actual: “La gente sigue organizada. En Tunuyán hay un acampe que lleva dos meses en la ruta 40 y en Uspallata, un valle fértil donde se va a instalar el proyecto minero, también hay protestas en puntos estratégicos. Lo que molesta es la forma en la que se quieren instalar con el uso de sustancias tóxicas donde está la naciente del Río Mendoza”.
https://www.nacpopcañuelas.com/index.php/lo-ultimo/item/14208-multiples-manifestaciones-en-defensa-del-agua-en-mendoza