Una comitiva de alto nivel, encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, arribó al Centro Poblado Tintaya Marquiri en Espinar, Cusco, el día 19 de noviembre, con el objetivo de sostener una reunión con los representantes de las 13 comunidades originarias del área de influencia directa de la unidad minera Tintaya – Antapaccay que habían iniciado una medida de lucha los días previos.

El titular de la PCM destacó que este espacio de diálogo ha permitido intercambiar opiniones, diagnósticos, responsabilidades y respuestas para alcanzar una articulación entre los tres niveles de gobierno y la población.

Tras más de cinco horas de trabajo, se alcanzaron algunos acuerdos, entre los que destacan la conformación de un grupo de trabajo para la implementación de un fondo de emergencia social, que será liderado por el Gobierno Regional del Cusco.

Asimismo, El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) entregó un informe que explicaría los motivos por los cuales no se realizó el proceso de consulta previa antes de la aprobación del proyecto Tintaya – Antapaccay en el año 2010, lo cual era una de las principales demandas de las comunidades. En el Acta de la reunión se indica que esta omisión por parte del Estado de realizar el proceso de consulta previa aún queda pendiente de ser resuelta.

De igual manera, con relación a la ampliación del proyecto Tintaya – Antapaccay, denominado Proyecto Coroccohuayco, el MINEM anunció que en el plazo de 30 días se iniciarán las acciones para la implementación del proceso de consulta previa respecto a este nuevo proyecto minero, que representa una continuación de la unidad minera Tintaya – Antapaccay. En dicho lapso, este sector trabajará la normativa que corresponda para dicho fin, sin especificar en qué consistirá. Además se conformará una comisión multisectorial para evaluar presuntas afectaciones en el territorio de las 13 comunidades originarias de la provincia de Espinar. Lo que el acta de la reunión no deja en claro es qué se consultará y que se necesita una nueva normativa.

La comisión gubernamental presente en Espinar estuvo integrada también por el Viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina; la Viceministra de Ambiente, Lies Linares; el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rossell; el viceministro de Minas, Augusto Cauti; la alta comisionada para el Corredor Vial Sur, Paola Bustamante, así como representantes del ministerio de Agricultura y Riego y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre otros.

También estuvo presente el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente; el consejero regional por Espinar, Felipe Pacuri; el alcalde de Espinar, Lolo Arenas; y representantes de las comunidades de Huano Huano, Cala Cala, Huisa, Paco Pata, Tintaya Marquiri, Alto Huancané, Suero y Cama, Huancané Bajo, Alto Huarca, Huarca, Anta Ccollana, Huisa Ccollana y Huini Coroccohuyaco.

Los problemas del Corredor minero

La más reciente medida de lucha se dio la medianoche del 12 de noviembre, cuando 13 comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar, que se verían afectadas por el proyecto Integración Coroccohuayco, perteneciente a la transnacional suiza Glencore, iniciaron un paro indefinido, exigiendo al Estado que haga valer su derecho a consulta previa. Se reportaron bloqueos en varios puntos del corredor minero del sur en la zona de Espinar.

Cabe recordar que el pasado 08 de noviembre, los dirigentes comunales tuvieron una reunión con altos comisionados del Estado, pero no llegaron a ningún acuerdo, debido a la insistencia de los funcionarios para que este tema lo vea el MINEM.

Las comunidades esperan que en esta oportunidad el Estado finalmente reconozca la omisión del proceso de consulta previa para la aprobación del proyecto Tintaya – Antapaccay en el 2010, exigiendo una compensación económica a la empresa. Asimismo, exigen que se establezca un proceso de consulta para determinar la viabilidad del proyecto de ampliación Coroccohuayco. Es importante resaltar que en la actualidad se encuentra en evaluación por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) la Modificatoria del EIA del Proyecto Coroccohuayco, y una de las principales demandas de las comunidades de la zona (particularmente de la zona de Coroccohuayco) busca que los contenidos del EIA sean discutidos en el marco de la ejecución del proceso de consulta. Sin embargo, las normas sectoriales que desarrollan este derecho para el sector minería, señalan que la consulta previa solo se aplica antes de la autorización del inicio/reinicio de actividades de un proyecto minero, es decir, cuando todos los demás permisos (incluido el EIA) se encuentran aprobados. Diferentes instituciones públicas y privadas, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, se han manifestado en desacuerdo con la oportunidad de aplicación de la consulta previa (antes de la aprobación del inicio de operaciones), y demandan que este sea implementada durante el proceso de evaluación de los EIA, pues de lo contrario perdería eficacia y no garantizaría un adecuado ejercicio de este derecho colectivo de los pueblos indígenas.

Es importante que el Estado abra los espacios multiactor para dar una solución integral y permanente a las comunidades de la zona de influencia de la mina en la provincia de Espinar, y mejorar los mecanismos de participación y consulta previa que se han venido implementando hasta la fecha.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cusco-tras-paralizacion-comunidades-de-espinar-logran-acuerdos-con-el-ejecutivo/?fbclid=IwAR26qNqg7DvKWwR_10FzbAuY1HWNE_KBx5_hy7nGvUZWzxo7CgA6uSmcDKk

El Gobierno permitirá el proceso de consulta previa para el proyecto de ampliación de la unidad minera Antapaccay, en la provincia de Espinar, en la región Cusco. “El Ejecutivo solo hará “consulta esta vez” y solo para el proyecto Integración Coroccohuayco, refiere el medio Gestión.

El presidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos detuvo la huelga indefinida que trece comunidades de la provincia cusqueña de Espinar el pasado jueves 14 de noviembre debido a la omisión del derecho a la consulta previa sobre el proyecto minero Antapaccay, de la gigante de las materias primas Glencore.

El mismo día, Zeballos dirigió un oficio al presidente de la comunidad campesina Alto Huancané, Flavio Huanqque Ccapa, quien también es el representante de los trece pueblos adyacentes al proyecto minero.

En el documento, Zeballos le comunicó al dirigente que el próximo martes 19 de noviembre, o sea mañana, estará en la provincia de Espinar “para dialogar directamente con las autoridades de las trece comunidades originarias de dicha provincia, sobre sus preocupaciones respecto a la actividad minera que se desarrolla en sus ámbitos”.

“El reto que tenemos como gobierno es generar un desarrollo económico que este articulado con el desarrollo social. Es importante la minería, pero cuán importante es que esta esté destinada a darles mejores condiciones a nuestros ciudadanos. Hemos llegado para que tengan ustedes un Estado a su lado, que los acompañe”, afirmó el jefe del Gabinete Ministerial, desde el  distrito de Haquira en Apurímac.

Integración Coroccohuayco cuenta con estudios de factibilidad. Es un yacimiento con reservas de 290Mt de mineral con 1,03% de cobre. Glencore estima que Integración Coroccohuayco  tiene un potencial de producción de cobre potencial de hasta 100.000 toneladas anuales. El proyecto se encuentra ubicado en el municipio y provincia de Espinar en la región Cusco, a unos 10 kilómetros de la mina Antapaccay.

La llamada Integración Coroccohuayco sería una nueva ampliación de lo que fuera anteriormente la exmina Tintaya, que ya fue ampliada con el tajo Antapaccay. Integración Coroccohuayco es un proyecto de US$590 millones.

Fuente:https://www.energiminas.com/ejecutivo-aceptara-proceso-de-consulta-previa-para-proyecto-integracion-coroccohuayco/

12 de nov. Desde la medianoche de hoy, trece comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar, que se verían afectadas por el Proyecto Minero Antapaccay– Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco de la transnacional ‘Glencore Antapaccay’, iniciaron un paro indefinido exigiendo al Estado haga valer su derecho a consulta previa. Se reportan bloqueos en varios puntos del corredor minero del sur en la zona de Espinar.

‘Desde las cero horas de hoy hemos iniciado el levantamiento de las Comunidades Originarias de Espinar en defensa de la Consulta Previa. Hemos intentado por más de ocho meses que el Estado atienda nuestras justas demandas, a través de la vía del diálogo, sin obtener respuestas a las mismas.’ Señaló, a través de radios locales, Flavio Huanqque, vocero de la Asamblea Multicomunal por la Consulta Previa en Espinar

Por otro lado, las comunidades, que desde marzo del presente año iniciaron un proceso de articulación para exigir se respeten sus derechos, emitieron un pronunciamiento que se hizo público ayer. En el documento cuestionan que desde el Gobierno no se priorice el diálogo, y que históricamente se les ha impuesto la minería.

‘Desde hace más de 38 años, las Comunidades Originarias de Espinar venimos soportando los efectos de las operaciones mineras que se nos ha impuesto desde el Estado Peruano y que impunemente ha venido destruyendo nuestros territorios y recursos al extremo de poner en riesgo nuestras propias vidas’. Cita textualmente el pronunciamiento.

Las comunidades en protesta, denuncian que han participado en espacios de diálogo tanto con el Estado como con la empresa minera Antapaccay, con el objetivo de pactar acuerdos a favor del medio ambiente, su territorio y respetar su derecho a consulta previa como pueblos indígenas, sin embargo no han obtenido respuestas a sus pedidos.

Principales demandas

El pasado 08 de noviembre, los dirigentes comunales tuvieron una reunión con altos comisionados del Estado, pero no llegaron a ningún acuerdo, debido a la insistencia de los funcionarios para que este tema lo vea el Ministerio de Energía y Minas, por ello exigen un diálogo directo con el Presidente de la República, Martín Vizcarra y el Primer Ministro, Vicente Zeballos, sobre todo para evitar se les quite sus tierras y sean reasentados en otra zona.

Respecto a la omisión a la consulta previa del proyecto Antapaccay (primera extensión), exigen que el Estado asuma las responsabilidades por la vulneración de derechos, implementando un plan de reparaciones para las comunidades afectadas. Sobre el proyecto Coroccohuayco (segunda extensión), exigen que se identifique los daños causado en la etapa de exploración y otros que se vienen causando en territorio de las comunidades.

Finalmente, exhortan a la empresa minera a dialogar con las comunidades respecto a los incumplimientos de los acuerdos suscritos.

Datos:

*La PCM, a través del Viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina Martinez, envió una carta a Flavio Huanqque, solicitando retomar el diálogo el 18 de noviembre del presente año.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/cusco-comunidades-indigenas-inician-protestas-en-contra-de-la-mineria/

Unos 400 agentes de policía fueron transportados a la provincia de Islay a última hora del martes para controlar posibles brotes de violencia, dijo Hernán Vale, prefecto de Arequipa.

La decisión del presidente peruano, Martin Vizcarra, de otorgar luz verde a un proyecto de cobre con un retraso prolongado, se está convirtiendo en una prueba clave de su capacidad para aliviar la oposición a la minería, que ha descarrilado miles de millones en inversiones en el productor número 2 del mundo.

Los opositores de los 1.400 millones de dólares propuestos por Southern Copper Corp propusieron que la mina Tía Maria preparara los planes para una huelga indefinida, un día después de que el gobierno de Vizcarra le concediera a la empresa una licencia de construcción que dos de sus predecesores se habían negado a emitir.

Se espera que Tía Maria agregue 120,000 toneladas de cobre anualmente a la cartera de producción de Southern Copper al «costo en efectivo muy competitivo» de $ 1 por libra, dijo el Servicio de Inversores de Moody.

La comunidad empresarial peruana aclamó la decisión de otorgar la licencia de construcción, considerándola como un caso raro en el que un proyecto minero descarrilado por las protestas podría revivir.

Pero en la provincia de Islay, en el sur de Perú, donde al menos seis personas murieron en protestas contra el proyecto en esta década, se desató la ira y los votos para detenerlo.

«Es un golpe traidor», dijo a Reuters Julio Cornejo, alcalde de la ciudad de Cocachacra, por teléfono.

Cornejo y otros opositores de Tia Maria temen que el proyecto interfiera con la agricultura y contamine los suministros de agua, y se opone incluso después de que Southern Copper hizo planes para construir una planta de desalinización.

Las protestas están programadas para comenzar el lunes y continuarán hasta que el permiso sea anulado, dijo Cornejo.

Unos 400 agentes de policía fueron transportados a la provincia de Islay a última hora del martes para controlar posibles brotes de violencia, dijo Hernán Vale, prefecto de Arequipa.

Vizcarra, en el cargo hace poco más de un año, es de Moquegua, una pequeña región minera junto a Islay. Una vez ayudó a liderar las protestas que exigían una mayor parte de los ingresos de otras unidades de Southern Copper en la región. Más tarde, como gobernador, ayudó a negociar una solución entre Anglo American y los residentes locales que se oponen a su proyecto Quellaveco.

Southern Copper ha enfatizado que, incluso con la concesión de la licencia, la construcción del proyecto no comenzará hasta que se resuelvan las preocupaciones de los residentes locales, algo que la compañía lleva años intentando hacer.

Pero Southern Copper tiene que mostrar a las autoridades que ha activado el proyecto de alguna manera para mantener la aprobación de su permiso ambiental vigente, dijo José de Echave, director del grupo ambientalista Cooperación y ex funcionario del Ministerio de Medio Ambiente.

El plan ambiental de la compañía, aprobado en 2014, debía expirar el 1 de agosto, una razón clave por la cual el gobierno otorgó la licencia de construcción ahora.

Vizcarra dijo a Reuters en mayo que Tia Maria aún carecía del tipo de apoyo local necesario para comenzar la construcción. Pero dijo que pensó que llegaría allí, en parte a través de un programa de desarrollo para la región en la que estaba trabajando con las autoridades locales.

Pero ahora muchas de esas autoridades dicen que se sienten decepcionados.

Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1668

Con Doe Run Perú en un proceso de liquidación, los trabajadores han culpado del derrame al liquidador por la mala gestión de la operación durante el proceso de liquidación.

Un derrame de relaves ha sido reportado en la mina de cobre Cobriza de Doe Run Perú (CRP) en Huancavelica, Perú, y los informes indican que los relaves se han metido en el río Mantaro.

La agencia supervisora de inversiones en energía y minería del país (Osinergmin) está investigando para determinar la causa del derrame del 10 de julio y quién es el responsable.

Con Doe Run Perú en un proceso de liquidación, los trabajadores han culpado del derrame al liquidador por la mala gestión de la operación durante el proceso de liquidación.

«Este tipo de errores ocurren, por lo que pedimos que este liquidador sea cancelado en sus funciones y que DRP pase a manos de sus trabajadores de inmediato porque sabemos cómo gestionarlo, así como el centro metalúrgico Oroya donde solo está funcionando uno de los nueve hornos. Es decir, el 90% de ellos están paralizados y la mina Cobriza produce cobre con una buena calificación y merece una mejor atención y no se subasta», dijo el líder de los trabajadores, Luis Castillo.

Unas tres empresas han expresado interés en comprar Cobriza (UMC) en un proceso que está a cargo de Carrizales, dos de los cuales se consideran extranjeros y uno peruano. Cobriza está valorada en entre US$47 y US$53 millones.

Cobriza tiene capacidad para producir 20,000 toneladas anuales de concentrado de cobre, pero ha estado operando a una tasa significativamente menor.

El proceso para vender los activos de Doe Run ha visto varias subastas fallidas.

Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1678

El 08 de noviembre del presente año, se llevó a cabo la primera reunión ampliada entre representantes de la DIRESA Cusco, Red de Salud Canas Canchis Espinar, Hospital y Asociación Comunidad Local de Administración de Salud (CLAS Espinar), representantes de la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Espinar, Derechos Humanos Sin Fronteras, comunidades campesinas de Huarca, Alto Huancané, Huisa, Bajo Huancané, Huisa Ccollana, Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana, entre otros. El principal motivo del espacio de articulación es la atención que se realizará del 18 al 22 de noviembre en Espinar como parte del Plan de Acción de Salud Integral para la población en riesgo a metales pesados y metaloides en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y La Convención.

Cabe señalar que la DIRESA Cusco socializó el plan de atención en mención,  indicando que se viene trabajando coordinadamente con DHSF y comuneros interesados de las zonas de influencia directa del proyecto minero Antapaccay. “El día 17 de noviembre el personal médico de 9 especialidades, urología, dermatología, neurología, ginecología, nefrología, entre otros, llegarán desde Lima para instalarse en la provincia y poder iniciar la atención desde el 18 hasta el 22 de noviembre”, manifestó la Lic. Karen Choque, responsable de la estrategia regional para metales pesados de la DIRESA Cusco.

Sin embargo, las y los comuneros que participaron en la reunión, indicaron que en el pasado las atenciones no habían sido de prioridad para las comunidades afectadas ubicadas en el entorno minero. ‘En agosto que también hubo atención, vimos con mucha pena que nuestros hermanos de comunidades se regresaron porque no tenían SIS y no se les dio prioridad para atenderlos’ señaló Carmen Chambi, vocera de Espinar en la Plataforma Nacional de Afectados por metales Tóxicos. Además, los comuneros manifestaron que ‘ya están cansados’ de que solo se les proporcione paracetamol, sabiendo que sus problemas de salud son de gran complejidad.

Por otro lado, los comuneros evidenciaron que la mayoría de personas afectadas por metales tóxicos viven en comunidades campesinas, y es difícil (económica y geográficamente) trasladarse hasta el Hospital de Yauri (donde será la atención), por ello solicitaron apoyo, principalmente para el traslado de  adultos mayores, exigiendo que el personal de salud tenga especial atención con ellos.

En base a todas estas observaciones y preocupaciones planteadas desde las comunidades campesinas, las instancias presentes se han comprometido a mejorar la atención en salud y que ello se enmarca en los siguientes acuerdos:

1. La Municipalidad Provincial de Espinar, a partir de la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, pondrá a disposición 01 movilidad que apoye en el traslado de comuneras/os que no puedan viajar hasta Yauri. Mientras que la Gerencia de Desarrollo Social brindara carpas, sillas y alimentación durante el proceso de atención.
2. Con respecto a las malas atenciones que pudieron darse en el pasado, la DIRESA ratifica su compromiso de mejorar la atención desde el equipo que acompañe este proceso. Así mismo la DIRESA se compromete en remitir al MINSA la relación de personas que no cuenten con SIS y que se encuentren expuestos a su salud por metales pesados, para que así puedan recibir la atención gratuita completa.
3. La Red de salud Canas Canchis Espinar, Hospital de Espinar, Microred y CLAS Espinar se compromete en operativizar la atención garantizando todo el recurso humano necesario.
4. DHSF se compromete a capacitar y promover la participación de traductores e intérpretes quechuas que acompañen los días de atención en salud.
5. Finalmente, las comunidades campesinas se comprometen a socializar estos acuerdos en sus bases para garantizar la atención de sus comuneras/os los días programados. Así mismo registrar a las personas que requieren urgente atención de salud para que puedan gestionar su ingreso al SIS.

Desde Derechos Humanos Sin Fronteras creemos que es importante resaltar este tipo de acuerdos, que involucran a todos los actores sociales e institucionales, pues permitirán garantizar la salud de las comunidades campesinas que desde hace muchos años exigen atención de calidad.

Paro contra la minería en el sur de Ayacucho culmina con movilizaciones en las capitales de tres provincias.

El paro de 72 horas en el sur de Ayacucho convocado por el Comité de Lucha Interprovincial Contra la Contaminación Minera (que involucra a los frente de defensa de las provincias de Paucar del Sara Sara, Parinacochas y Lucanas), culminó hoy jueves con movilizaciones en las capitales de las tres provincias que acatan la medida de protesta en contra de la actividad minera en sus territorios -en especial en las cabeceras de cuenca- porque habrían contaminado fuentes de agua de cuencas como Huanca Huanca, Paucar del Sara y el rio Mirmaca.

Según refirió la representante del Frente de Defensa del Pueblo de Paucar de Sara Sara, María Luisa Díaz, la plataforma de lucha de las tres provincias del sur de Ayacucho que acataron el paro de 72 horas se resume en cuatro puntos: 1) aprobación del marco metodológico para la declaración de zonas intangibles a las cabeceras de cuenca, 2) aprobación de la ordenanza regional que declara zona intangible a las cabeceras de cuenca, e) inventario y evaluación de todos manantiales (de consumo humano y agrícola) y 4) evaluación de la situación de salud de todos los habitantes de las tres provincias del sur.

María Luisa Díaz dijo que tras la movilización se ha logrado que la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) responda a sus demandas. Indicó que entre el 19 y 22 de noviembre estarán arribando a las provincias del sur de Ayacucho representantes de la PCM, conjuntamente con los responsables de la Autoridad Nacional del Agua y los técnicos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). “Estas instancias son los responsables de haber autorizado a las empresas mineras para el uso de nuestros recursos hídricos. Con ellos estaremos visitando las cabeceras de cuenca”, dijo y anunció que en los procesos de negociación con el gobierno no se harán de forma individual sino colectiva

Se conoció que una comisión del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) llegó a la localidad de Puquio (Lucanas) y se reunieron con integrantes del Comité de Lucha. Se informó que los representantes del GRA, respondieron que la demanda de declarar zona intangible a las cabeceras de cuenca es competencia del gobierno nacional, así como la suspensión de operaciones de las empresas mineras en la zona sur de Ayacucho. También indicaron que concluyeron que el gobernador regional Carlos Rúa  deberá acompañar a Lima a los miembros del Comité de Lucha para la gestión de sus demandas. Algunos pobladores no han quedado conformes con las conclusiones y acuerdos arribados.

Por otro lado informaron que solicitaran la descentralización de las oficinas de la Dirección Regional de Energía y Minas a las provincias del sur, donde deberán instalar sus oficinas de enlace para una adecuada atención a los reclamos de la población.

Por su parte Felix Rupire, integrante del Comité de Lucha del paro del sur, desmintió que su organización haya enviado a algún representante a negociar con las empresas mineras que se encuentran operando en las tres provincias del sur de la región. Asimismo indicó que el paro de 72 horas ha sido exitoso, porque se ha dado la unidad de los frentes de defensa y los comités de lucha. “Con esta medida se está haciendo eco y la voz de nosotros se está escuchando de no a la minería, si al agro y al agua. Aquí estamos en pie de lucha. Este es un inicio y así vamos a lograr que se atienda nuestras demandas”, expresó.

La consejera regional de Ayacucho, Verónica Vargas Huayta, estuvo acompañando la movilización  que se realizó en la ciudad de Pausa, desde donde manifestó su apoyo a los pobladores  en “la defensa del agua”. Dijo que en la próxima semana se  realizará una sesión de Consejo Regional donde reafirmará el pedido de incorporar en una ordenanza regional la intangibilidad de las cabeceras de cuenca. “La mina debe dejar de contaminar nuestras aguas. Pedimos represas, pero para que sirve si el agua está contaminada. No tengo compromisos con la minera, por ello llegaremos a las últimas instancias. Nuestras cabeceras deben incorporarse como zona intangible”, expresó.

En la cabecera de cuenca de Chaviña (Lucanas) se registró una movilización de más de 2 mil pobladores del distrito del mismo nombre, quienes llegaron hasta el centro de operaciones mineras de la empresa Apumayo, a la que se acusa de haber contaminado fuentes de agua. La población, en las puertas de Apumayo, hizo una manifestación solicitando que se cierre esta mina. Asimismo muchos trabajadores de ésta empresas tuvieron que retirarse por temas de seguridad.

En la zona los dirigentes declararon que otorgarán 10 días para que el gobierno se haga presente para dar respuesta a sus demandas. En la localidad de Oyolo (Paucar del Sara Sara) también se concentró un amplio grupo grande de pobladores que realizaron marchas pacíficas.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/ayacucho/paro-contra-la-mineria-en-el-sur-de-ayacucho-culmina-con-movilizaciones-en-las-capitales?fbclid=IwAR2HIfBHMmRPDkO6uKDscosDf4X8hGkZGzlWlAcaXbuy24DVe7H2m5kKgic

Huánuco. Denuncian que han destruido 120 hectáreas de bosques y gozan de indebidos beneficios de las autoridades.

Una delegación de catorce representantes de la provincia huanuqueña de Puerto Inca, encabezados por el alcalde Hilter Rivera Bahomam, el subprefecto Víctor Rengifo Vásquez y el dirigente yanesha Juan López Gaspar, llegó a Lima para exigir a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas que los empresarios mineros chinos, a quienes se entregó concesiones auríferas, se retiren de la zona.

Los argumentos que esgrimen es que, en ocho años, estas empresas no solo han deforestado más de 120 hectáreas de bosques sino que vienen dejando suelos abiertos sin un adecuado proceso de cierre.

A esto agregan que estas empresas también han denunciado a 76 ciudadanos que desarrollan minería de subsistencia, acusándolos de ser mineros ilegales. Uno de ellos fue sentenciado a cinco años y siete meses de prisión. Se trata de James Quispe Panduro, de 31 años, quien desde hace dos años está recluido en el penal de Potracancha.

“Están afectando nuestros balnearios, nuestras zonas turísticas porque vienen trabajando cerca de la faja marginal del río Pintuyacu. Ellos aducen que esos lugares no han sido bosques sino áreas donde hubo sembríos de coca. Eso es falso. Ahí siempre ha habido flora de regeneración natural. Eso se está talando”, reclamó el alcalde provincial de Puerto Inca, Hilter Rivera, quien agregó que los mayores daños lo cometen las empresas Inca Dorado I e Inca Dorado II.

Por su parte, el representante de la sociedad civil, Jorge Burgos Abanto, cuestionó que estas compañías figuren como pequeñas mineras, cuando tienen una inversión de casi 3 millones 600 mil dólares en maquinaria.

“Han tenido la desfachatez de decir que están apoyados por la Presidencia del Consejo de Ministros y otras autoridades. Lo que hemos visto es que se toman fotografías con congresistas. Creo que deben tener algo de qué agarrarse”, anotó.

Los delegados también indicaron que la Ley de Minería no contempla a la minería artesanal, por lo que pidieron una nueva norma. “La Ley 1100 y su artículo 5 debe modificarse porque tiene que incluir una actividad que se practica desde la época inca”, sostuvo el presidente de la Asociación de Concesionarios Mineros en el Alto Marañón, Raúl García.

El comunero yanesha Juan López agregó que ellos han venido desarrollando actividad minera de manera artesanal, sin impactar el medioambiente, pero que ahora estas empresas les niegan el acceso. “Deben irse, ya lo hemos decidido en asamblea”, enfatizó.

MEM promete instalar mesa de diálogo

El ministro de Energía y Minas, Juan Liu, quedó en agendar las demandas de Puerto Inca para una próxima cita.

El alcalde Hilter Rivera solicitó que un representante del Ministerio Público sea parte de esta mesa de diálogo. Esto con el fin de tratar el tema de la judicialización de los mineros artesanales y la liberación de los que están recluidos en un penal.

Fuente:https://larepublica.pe/politics/2019/11/18/puerto-inca-exige-retiro-de-mineras-chinas-por-danos-ambientales/?fbclid=IwAR1eMkMRuRyojaW2hz1bsaLNsoTc9hJPz_P1MjX1iVNP7w7MiyyT5siySl8

En horas de la mañana, once personas -entre trabajadores y obreros de construcción civil- fueron detenidas supuestamente por pertenecer a una organización criminal denominda «El Ladrillo Sindical del Sur», sindicada de extorsión de empresas de construcción en Arequipa.

La fiscalía de crimen organizado realizó un megaoperativo donde se allanaron las viviendas de los investigados y los locales de organizaciones sindicales.

Entre los detenidos se encuentran los dirigentes sociales José Luis Chapa, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA), y Andrés Saya Alarcón, secretario general de Construcción Civil. Ambos líderes conocidos por las protestas contra del proyecto minero Tía María.

Según la declaración del fiscal  José Chávez Cotrina a Radio Yaraví, la supuesta organización se dedicaba a cobrar cupos y colocar  trabajadores  fantasma en obras.

Alrededor de 500 efectivos de la Región Policial Arequipa junto a 22 fiscales especializados contra el crimen organizado intervinieron en el operativo. La medida estuvo dirigida por la fiscal  Rosmery Mendoza Palomino, y se dictó detención preliminar por 15 días.

Denuncian persecución política

Dos de los detenidos son dirigentes sindicales que pertenecen al Comando de lucha en defensa al Valle de Tambo que rechazan el proyecto minero Tía  María de la empresa Southern. Ellos fueron trasladados a la sede de la región policial en el marco de las investigaciones.

El abogado de Luis Chapa Díaz de la Federación Departamental de Trabajadores, Agustín Núñez, afirmó se trataría de una «persecución política» debido a que su defendido dirigía uno de los gremios importantes en las protestas de Tía María y en la lucha de los trabajadores en Arequipa. «Trataremos de desvincular a mi patrocinado de los delitos que le están imputando», declaró.

A través del medio Yaraví varios pobladores opinaron que estas detenciones serían parte de una estrategia para amedrentar a las organizaciones sindicales.

Lista de detenidos

• José Luis Chapa Diaz (a) “CHAPA”- mando ejecutivo
• Andrés Saya Alarcon (a) “ANDRÉS” O “CHIMUELO” – mando ejecutivo
• Alfredo Mojica Valdez (a) “PELAO” O “MOJICA – mando ejecutor
• Teófilo Maldonado Yanapa (a) “TEO” – mando ejecutor
• José Rubén Díaz Diaz (a) “CENTELLA” O “DÍAZ” – mando ejecutor
• Gelber Dagoberto Quispe Leon (a) “DAGO” O “GELBER” – mando ejecutor
• Genaro Jorge Tapia Quispe (a) “GENE” – mando ejecutor
• José Manuel Quispe Flores (a) “CACHARRÓN” – mando ejecutor
• Juan Alberto Lopez Mamani (a) “LURIGANCHINO” O “LÓPEZ” – mando ejecutor
• Juan Alberto Calle Lopez (a) “CACHORRO” – ejecutor
• Pedro Aurelio Alvarez Tinuco (a) “TINUCO” – ejecutor

Fuente:https://wayka.pe/arequipa-detienen-a-dirigentes-opositores-al-proyecto-tia-maria/?fbclid=IwAR1VRBUqAKN-y8SkeEQ9kCun-bvoNA782MWq4FWFpIbONY1_gyK3sZu1CY8