Los implicados en las protestas contra el proyecto Tía María en 2015 serán investigados por el delito de motín, por presuntamente el uso de violencia en agravio del Estado.

En julio, el dirigente del valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, afrontará un nuevo juicio por generar disturbios durante las protestas realizadas en contra del proyecto Tía María en 2015.

En este caso, también están implicados el exalcalde de Islay,Richard Ale Cruz, el abogado y excandidato regional, Héctor Herrera, y otros 14 pobladores que participaron en las protestas.

Herrera señaló que el Poder Judicial los citó a una primera audiencia el próximo 16 de julio.

Todos fueron notificados el pasado 1 de abril.

Según la notificación, todos los implicados serán investigados por el delito de motín, por presuntamente perturbar el orden público con el empleo de la violencia en agravio del Estado.

«A mí me implican como brazo legal de una asociación ilícita para delinquir por disturbios y desobediencia a la autoridad. También, me han denunciado por banda criminal y lavado de activos, seguramente se vienen más juicios», dijo Herrera.

El abogado consideró el juicio como «terrorismo de Estado».

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1447446-dirigentes-tambo-nuevo-juicio-disturbios?fbclid=IwAR0EjUqDqgFo75TfWhzCOPS_y1NuOgp04ZpirXiDE8ugtpNT1IT_SIRpUZY

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dejó sin efecto el estado de emergencia que había ampliado en parte del corredor minero del sur y el distrito de Challhuahuacho, en la provincia apurimeña de Cotabambas.

Esto como parte de su compromiso de suspender la restricción y para poder instalar hoy una mesa de diálogo. Mientras que los comuneros desbloquearon ayer la vía de ingreso al proyecto minero Las Bambas en la zona de Manantiales.

El martes pasado los presidentes de 52 comunidades de Challhuahuacho acordaron en un acta levantar la huelga que realizan hasta la llegada del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, a la zona, prevista para este jueves.

Cabe recordar que el estado de emergencia regía desde el pasado 29 de marzo, y se había extendido pues la medida ya regía en la zona desde hacía meses atrás, lo que demuestra que el conflicto se venía gestando y no hubo una adecuada atención al mismo.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/las-bambas-gobierno-levanta-el-estado-de-emergencia-en-corredor-minero/

El día domingo ocho de abril, con la asistencia de cerca de mil comuneros de cinco comunidades campesinas de la provincia de Espinar, en la región Cusco, se reunieron en una gran asamblea intercomunal para proponer una mesa de diálogo al gobierno central y abordar la problemática socioambiental de la zona y las preocupaciones que tienen frente al proyecto minero Coroccohuayco.

Los representantes de cinco comunidades de Huancané bajo, Huancané alto, Pacopata, Coroccohuayco, Huisa- sector Huilcarami, y Tintaya- Marquiri fueron las que estuvieron presentes en esta asamblea que ha concitado una presencia masiva de comuneros que no se había visto en los años recientes.

La asamblea se desarrolló en la plaza de armas del centro poblado de Tintaya- Marquiri, y tuvo como sus principales acuerdos los de proponer el diálogo antes de adoptar cualquier medida de lucha. La asamblea culminó en una movilización pacífica que recorrió las principales calles del centro poblado y luego se dirigió hacia la garita de la empresa minera.

Entre los acuerdos destacan en primer lugar la exigencia de parte de las comunidades de que se realice un proceso de consulta previa frente al proyecto minero ampliación Coroccohuayco.

Asimismo la solicitud de una mesa de diálogo que cuente con la presencia del presidente de la República, Martín Vizcarra y el presidente del Concejo de Ministros, Salvador del Solar.

Seguidamente se aprobó gestionar la instalación de una mesa de diálogo con los propietarios y los altos funcionarios de la empresa Glencore- Antapaccay. Esto debido a que las comunidades rechazan dialogar con funcionarios de tercer nivel que consideran hasta ahora los “han mecido”.

Finalmente el cuarto acuerdo fue la conformación de un Comité permanente para el seguimiento de las comunidades originarias afectadas por las actividades mineras de Espinar. Este comité tendrá una presidencia colegiada con representantes de las 5 comunidades asistentes. Esta mesa tiene como fin el gestionar la constitución de las 2 mesas de diálogo, tanto con el gobierno como con la empresa minera.

Las delegaciones comunales le dieron un plazo de 15 días al mencionado Comité permanente para que realice las gestiones y obtengan las respuestas tanto del gobierno como de la empresa minera, de lo contrario estarían evaluando algunas medidas de lucha indefinidas. Asimismo se proponen dialogar con las otras comunidades campesinas afectadas por las actividad minera para que sumen a la coordinación en defensa del medio ambiente y de los derechos de las comunidades.

11 de Abril de 2019

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/04/11/comunidades-de-espinar-proponen-dialogo-al-gobierno-sobre-proyecto-coroccohuayco/

El antropólogo Enrique González Carré nos habla sobre la historia de esta confederación guerrera.

La propuesta legislativa plantea que la remediación de los pasivos ambientales mineros siempre tenga un responsable y se cubra así el vacío legal al respecto.

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó el dictamen que propone la remediación de los pasivos ambientales por la actividad minera.

Dicha iniciativa reúne 10 proyectos de ley de diversos congresistas y plantea hacer más eficiente la gestión y manejo de los más de 8 mil pasivos mineros en nuestro país que permitan avanzar hacia la eliminación de los riesgos para nuestros ecosistemas y la salud de la población.

Castigarán a responsables

La iniciativa legal establece sanciones para quienes resulten responsables de la no remediación del pasivo a través de la caducidad de denuncios, petitorios y concesiones mineras, e impedimentos para solicitar nuevos petitorios y explotar unidades mineras, en caso no culminen la remediación en un plazo de seis años desde la aprobación del Plan de Cierre.

“El gran problema es que el Estado no ha logrado identificar al responsable de los pasivos ambientales mineros, y existe un vacío legal al respecto. Mientras tanto, las personas afectadas y contaminadas por metales pesados no saben a quién reclamar”, sentenció Wilbert Rozas, presidente de la Comisión de Pueblos.

Entre los principales cambios que propone el dictamen a la ley 28271, se precisa la definición de los pasivos mineros como aquellos restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas o inactivas, y que constituyen un riesgo permanente a la salud ambiental, especialmente de aquellas poblaciones vulnerables, así como a los territorios indígenas.

Asimismo, se señala que la remediación y mitigación de los pasivos ambientales mineros clasificados de muy alto y alto riesgo, recae en el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas, hasta que se identifique al responsable o a un remediador voluntario.

La empresa Minera Afrodita sería la que está detrás de los recientes incidentes en la zona del Tambo en la Cordillera del Cóndor, región Amazonas. No se habría tratado de una agresión por parte de mineros informales ecuatorianos hacia indígenas peruanos.

En referencia a algunas noticias que ha circulado en redes sociales y radios de la región Amazonas, la dirigente Augustina Mayán, presidente de Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa- ODECOFROC ha salido a aclarar lo que realmente ocurrió en conversación con el Vigilante Amazónico.

Según nos refiere Mayán, lo que realmente ocurrió fue que el viernes 22 de marzo pasado una treintena de indígenas de las comunidades awajún de Tesh y Kusukumen, que habrían sido manipulados por parte del empresario Jorge Bedoya, habrían querido desalojar a la fuerza y con armas en mano a los más de 120 indígenas awajún que resguardan la zona de la Cordillera del Cóndor ante cualquier intento de avanzar con las actividades mineras.

Recordemos que según Bedoya, gerente de la minera Afrodita, los mineros informales ecuatorianos han tomado prácticamente la cordillera del cóndor, escenario del último conflicto bélico entre Perú y Ecuador en el año 1995.

La presidente de ODECOFROC asimismo señalo que los mismos indígenas que son parte de la Organización Indígena de Desarrollo de las Comunidades del Alto Comaina – ODECOAC recientemente reconocieron en una asamblea general de los pueblos awajún que fueron manipulados y reconocieron que algunos de ellos participan del plan de la minera para reingresar a la zona de la Cordillera del Cóndor.

Por su parte el dirigente indígena Hernández Manuam Angish de ODECOAC había denunciado en los medios locales que los hechos se produjeron luego que una comitiva de indígenas tras una reunión de dirigentes de ORPIAN, ODECROFOC, entre otros refirieron tras la firma de un acta que venían defendiendo la soberanía nacional, por lo que para corroborar ello se constituyeron a la zona siendo agredidos con explosivos a través de granadas de guerra, dinamita y disparos de armamentos por parte de mineros informales ecuatorianos “Hay un indígena peruano grave. Esto ha sido una masacre” señaló el dirigente indígena.

Sin embargo la aclaración por parte de ODECOFROC desmentiría esta primera versión y mostraría que es la empresa minera formal la que está detrás de la violencia y desinformación, por su interés de realizar actividades de exploración de minerales en una zona donde la mayoría de comunidades ya han expresado su rechazo a esta actividad.

Fuente:http://vigilanteamazonico.pe/2019/04/02/minera-afrodita-estaria-detras-de-incidente-de-violencia-en-la-cordillera-del-condor/

¿Qué pasa cuando los que deberían garantizar la seguridad de los ciudadanos atentan contra estos al trabajar para empresas extractivas transnacionales?

Se está privatizando la función policial. Así concluye el informe titulado «Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú», elaborado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la organización estadounidense Earth Rights Internacional (ERI). Este documento es la base para la denuncia que estas organizaciones han presentado, este lunes, para que se declare la inconstitucionalidad de los convenios firmados entre compañías mineras o petroleras y la Policía.

«Las normas que permiten estos convenios deben ser declaradas inconstitucionales. Se están violando derechos humanos, especialmente los de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que defienden su territorio», dijo en conferencia de prensa, Juliana Bravo, directora de ERI.

Bravo agregó que estos convenios son parte de lo que consideran «andamiaje institucional para la criminalización de la protesta».

Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL, explicó que, en base al estudio de 138 convenios, concluyeron que estos convierten a los funcionarios públicos (policías) en seguridad privada de empresas.

Además, señaló que las declaratorias de estados de emergencia, como en el caso del Corredor Minero del Sur, donde se desarrolla el conflicto Las Bambas, están siendo usados de manera indiscriminada.

«Se están usando estados de emergencia «preventivos». Se suspenden derechos como la libertad de reunión sin acreditar grave afectación al orden de interno que lo justifique», dijo.

El abogado de IDL también criticó las modificaciones al Código Penal que se hicieron durante el gobierno del aprista Alan García, que cambió la tipificación del delito de extorsión para que se aplique en caso de protestas sociales.

«Tomar carreteras o locales públicos constituye delito de extorsión. Por ejemplo, si un grupo de padres de familia decide tomar el local de un colegio para que se mejore su infraestructura, estaría cometiendo ese delito y podrían ir a la cárcel por tres años», afirmó.

«No se diferencian medidas legítimas de fuerza de actos vandálicos que deben ser sancionados. Estas medidas promueven la criminalización de la protesta», agregó.

La demanda de inconstitucionalidad fue presentada esta mañana contra la Ley de la Policía Nacional del Perú y el Decreto Supremo N° 003-2017-IN.

El informe en el que se sustenta esta denuncia concluye que los convenios entre la Policía y las empresas extractivas perturban el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos que viven en la zona de influencia de los proyectos. Esto, sostiene, devela una falta de adecuación de las normas internas a las obligaciones que el Estado peruano asumió con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

«Es así como se quiebran los valores y principios de un Estado democrático y constitucional de Derecho, así como las bases del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», se lee en el informe.

Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, los convenios también se han convertido en «una herramienta ilegítima contra la movilización social y en particular contra la protesta».

«Estos hacen parte de un marco institucional creado a favor de las empresas, que además devienen en un clima de tensión y violencia. No es casual que muchas de las violaciones a los derechos humanos durante los últimos años en un contexto de elevada conflictividad socioambiental hayan ocurrido en regiones como Cajamarca, Cusco, Puno, Apurímac y Arequipa, en zonas tradicionalmente mineras o hidrocarburíferas», resaltan.

Ante ello, piden al Estado peruano resolver los convenios suscritos por la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas en todo el país, así como desistirse de celebrar nuevos acuerdos. En este sentido, proponen modificar la Ley General de la institución para que no se incluyan a las empresas extractivas en la protección que ofrece la Policía a particulares.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/04/08/conflictos-mineros-peru-convenios-policia-empresas-extractivas-demanda-inconstitucionalidad-conferencia-idl-earth-rights-video/jorgepaucar/?fbclid=IwAR3DRFP36gVqNq4xRNq7EUsYkM9g9L1ezcCjH1BVQBCp8zNNZo3HHyUrWgw

Finalmente ayer la comunidad de Fuerabamba, la empresa minera Las Bambas y el Poder Ejecutivo llegaron a un acuerdo para liberar y reestablecer el tránsito en la carretera que atraviesa el fundo Yavi Yavi, donde desde el 4 de febrero pasado los comuneros impedían el paso de vehículos por la vía nacional que atraviesa el terreno.

Según el acta suscrita por las partes, “ambas llegaron a un acuerdo económico mutuamente satisfactorio que pone fin a toda controversia respecto al fundo Yavi Yavi”, sin precisar el monto que demandó este acuerdo.

Durante las reuniones previas, la comunidad de Fuerabamba venía presionando para que se le reconozca el pago de S/ 40 millones por la servidumbre por el uso de la vía, mientras que la minera Las Bambas propuso S/ 10 millones, entre dinero en efectivo y otros proyectos. Según fuentes, que tuvieron acceso a la sala donde se llevó el acuerdo, sí habrá desembolso económico directo.

Asimismo, la comunidad exigió que Las Bambas cumpla con los acuerdos de empleo laboral de los comuneros, sobre todo en función del compendio de acuerdos suscritos el 29 de diciembre del 2019.

“Las partes acordaron que la empresa minera Las Bambas asumirá el cumplimiento de los compromisos del empleo laboral de los comuneros de Fuerabamba en la empresa minera Las Bambas, en todo aquello que no haya cumplido, entre los años 2014 hasta 2019, conforme el acuerdo denominado Compendio de acuerdos entre el Comité Central de negociación de la comunidad de Fuerabamba y los representantes del proyecto Minero Las Bambas operado por Xstrata Copper” del 29 de diciembre del 2009″

Las Bambas asumirá el cumplimiento de los compromisos del empleo laboral de los comuneros de Fuerabamba en la empresa minera Las Bambas’

Pero más aún, las partes acordaron revisar los acuerdos suscritos entre la comunidad y la empresa minera consignados en el mismo documento, lo que hace suponer un retorno a una mesa de negociación entre la comunidad y la empresa minera.

El acuerdo cuenta con la rúbrica del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, el gerente general de Minera Las Bambas, Edgardo Orderique; el presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba, Gregorio Rojas; y del Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, representando a la iglesia católica, que tuvo el rol de mediador entre las partes.

Fuente:https://www.energiminas.com/las-bambas-fue-el-acuerdo-uno-economico/