La Iglesia Católica exige a los tres niveles de gobierno que frente el proyecto minero La Paila en Veracruz.

Andrés Hernández Solana, sacerdote de la iglesia San Francisco de Asís, exigió a las autoridades que retire la concesión a la empresa Candelaria Mining Corp, para evitar la extracción de 20 toneladas de oro en el cerro La Paila.

El párroco de Actopan participó en las movilizaciones contra la minería a cielo abierto, realizadas en ese municipio, el viernes pasado.

«Queremos que el gobierno diga no a las minas, que el gobierno apoye a su pueblo, no queremos la muerte para nuestro pueblo, queremos la vida, tenemos experiencias de otros lugares donde ya las enfermedades son un hecho: Zacatecas, Guatemala».

El religioso negó que representantes de la empresa Candelaria Mining Corp hayan visitado a los sacerdotes de Actopan y Alto Lucero, lugares donde existen comunidades cercanas a la mina.

«Las mineras normalmente mienten, ellos dicen que han visitado escuelas, iglesias, sacerdotes y eso no es cierto, tal vez algunas escuelas, pero aquí en el decantado no ha habido ninguna visita a algún sacerdote, más aún la curia, el obispado, el presbiterio, estamos en sintonía para apoyar la lucha de los lugareños, nosotros no conducimos esto (protestas), nosotros apoyamos basados en el Papa Francisco, en la doctrina social y la iglesia».

Hernández Solana indicó que los sacerdotes temen sufrir alguna agresión por parte de las mineras, al rechazar sus proyectos millonarios en Veracruz por la catástrofe ambiental y los daños a las poblaciones que representan.

«Siempre hay riesgos, esos no los descartamos, pero hasta el momento no ha habido ninguna agresión, ni amenaza. Las autoridades eclesiásticas están conscientes de que es una lucha que se tiene que seguir y a nosotros nos respaldan», remató.

Fuente:http://libertadbajopalabra.com/2018/05/27/iglesia-catolica-exige-al-gobierno-detenga-mineria-cielo-abierto/

Al grito de “ni por todo el oro del mundo”, “en Veracruz queremos vivir, la mina se tiene que ir”, “queremos arroz, queremos pescado, fuera mineras de nuestro estado”, “gritemos muy fuerte, la mina trae muerte” y “no a la mina, sí a la vida”, cientos de personas que se congregaron en la iglesia de San Francisco de Asís, rechazaron el proyecto de minería a cargo de la empresa Candelaria Mining Corp que se pretende llevar a cabo en el cerro La Paila.

Pasado el mediodía, habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero llegaron hasta la iglesia para recordar a las autoridades que se encuentran en contra de este proyecto que pretende extraer al menos 20 mil toneladas de oro.

Los pobladores atendieron la convocatoria de la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LaVida), ambientalistas y protectores del medio ambiente, quienes han luchado por más de una década para detener dicho proyecto.

Los ambientalistas dieron a conocer a los pobladores que las labores podrían comenzar a partir de julio próximo en el cerro donde se harán los trabajos de minería, acto que fue rechazado, no sólo con pancartas, sino con gritos de rechazo al mismo.

Aunado a los daños que el proyecto de minería puede generar, según los ambientalistas, se le suma el peligro de la actividad, pues el cerro La Paila se ubica a sólo seis kilómetros de la central nucleoeléctrica “Laguna Verde”.

En el año de 1994 se descubrió que La Paila sí tiene oro, pero los trabajos de excavación a cargo de la empresa Caballo Blanco comenzaron en 2004 y se detuvieron en 2012 ante la presión de los pobladores.

Para el año 2016 se reanudó el proyecto, ya que fue retomado por la empresa canadiense Candelaria Mining Corp, empresa que tiene contemplado ampliar su exploración con cuatro proyectos más en el municipio de Alto Lucero. Esto con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El conflicto social en torno al establecimiento de la megamina a tajo abierto “Los Cardones”, esto en la Reserva de la Biósfera de Sierra de la Laguna, se ha intensificado en las últimas semanas; y en medio de todo este asunto se han manifestado en contra y a favor diversos sectores de la sociedad sudcaliforniana.

En honor a la verdad bien valdría señalar que son muchos más los sectores en contra. Pero: ¿Qué se necesita para entender que la megaminería es perniciosa, destructiva, tóxica?

Bueno, pues por más beneficios económicos que pueda generar, debemos preguntarnos: ¿Para quiénes son esos beneficios multimillonarios? ¿Para el pueblo, para los pocos trabajadores mineros? ¿Para extranjeros, los potentados empresarios o para los políticos corruptos?

Ante esto señalado, sería bueno recordar que Baja California Sur ha vivido y sobrevivido sin proyectos de megaminería a tajo abierto, sobre todo en las últimas décadas, periodo en el que este tipo de industria nociva se ha establecido en otros estados del país dejando huellas inborrables.

Y se debe reconocer también que en la media península se ha practicado la minería, misma que aportó al desarrollo económico aunque generó pocos empleos y, además se debe decir que aparte de generar contaminación, pues ha envenenado a la población en lugares como Los Planes y Juan Domínguez Cota, entre otros, y eso es de lo que se conoce.

Y digan lo que digan se sigue llevando a cabo esta práctica, ahí está ROFOMEX que extrae fosforita en San Juan de la Costa, o la empresa Exportadora de Sal en Guerrero Negro, minas que contaminan y generarán consecuencias medioambientales negativas si no es que ya lo han hecho, porque ninguna minería, sea la que sea, es inofensiva.

Pero la contaminación y las consecuencias negativas de las minas en activo en Baja California Sur son infinitamente menores de las que produciría por lo que sería la megamina a tajo abierto como el caso de “Los Cardones”.

Hay un dato que para muchos pasa desapercibido, y que es que son muy pocos los trabajadores que se benefician de la minería, porque basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y de acuerdo con el Censo del año 2014, la población de Baja California Sur ocupada en el rubro de minería era de tan solo un 2.51 por ciento, cuando la mano de obra ocupada en el sector turístico –que es lo que realmente mueve a la economía de la entidad- era del 22.7 por ciento, al menos en hoteles y restaurantes; y faltaría considerar a todos aquellos que dependen del turismo en otras actividades y que en números gruesos, de las 156 mil 985 personas que laboran en el estado, sólo 3 mil 863 lo hacen en la minería.

Ahora bien, así como hay un sector grande de la población que está luchando en contra del establecimiento de Los Cardones, agrupados en el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, del que destacan organizaciones como Medio Ambiente y Sociedad de la ciudad de La Paz; y SOS No Minería Tóxica en Baja California Sur con registro en la zona de Los Cabos, también existe un sector de la población -muy reducido por cierto- que dice apoyar la minería a tajo abierto e incluso se han manifestado al respecto públicamente, esto bajo el amparo del denominado Frente Pro Desarrollo Sustentable, formado en el fragor del conflicto minero, en cuyo Consejo se encuentra ni más ni menos que David de la Paz, y quien ahora funge como director de TV Azteca en la entidad.

Así que definitivamente la megaminería a tajo abierto –pésele a quien le pese- es un crimen contra el medio ambiente y la humanidad; crimen que una firma en un documento del gobierno puede detonar; crimen que una conciencia comprada puede avalar; crimen que afectará a todos los grupos de la sociedad, ya sean de derecha o a los de izquierda, a los anulistas, a los pobres y a los adinerados, a la gente del campo y las ciudades, a los cristianos y a los ateos, a hombres, mujeres y niños.

Por eso creo que la ignorancia es lo que los hace apoyar la megaminería, pues de otra manera no lo entiendo, porque ni siquiera todo el oro o dinero del mundo justifica eso, por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .

Fuente:http://www.remamx.org/2018/05/balconeando-a-quien-beneficia/

Este sábado fue asesinado Miguel Vázquez, líder huichol, cuando salía del hospital en donde se encontraba internado su hermano Agustín, quien también fuera baleado por un grupo armado.

Por la tarde del sábado pasado, en el municipio de Tuxpan de Bolaños ubicado en Jalisco, Miguel y Agustín Vázquez fueron atacados por un grupo armado, razón por la que Agustín fue trasladado al hospital; y poco después, cuando Miguel acudía a ver a su hermano fue asesinado a las puertas del hospital por los mismos sicarios.

La fiscalía de Jalisco refirió que los hechos se produjeron en la tarde del sábado pero que fueron reportados hasta las 10 de la noche; y que por el momento trasladaron ambos cuerpos para la autopsia y posteriormente serán entregados a su comunidad para que sean velados y enterrados.

Pero estos asesinatos no son casuales, son producto de la lucha que emprendían los hermanos por la defensa de su comunidad y los territorios huicholes. Miguel fue un activista que luchó para recuperar los sitios sagrados del pueblo wixárika, en la región que los huicholes denominan Wirikuta y que se ubica alrededor de Real de Catorce, San Luis Potosí; región en la que el gobierno ha otorgado concesiones a mineras canadienses.

De la misma manera lo reconoce el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, que a través de su página de internet expresó:

“Miguel Vázquez fue miembro activo de la defensa de los lugares sagrados del Pueblo Wixárika, uno de los fundadores del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta (en 2010) e integrante de la Mesa Jurídica.

En su mandato la comunidad de San Sebastián logró la recuperación de 184 hectáreas de los predios Piedra Bola y Bola Negra, el 22 de septiembre de 2016, esté era solo uno de los 12 juicios a favor de la comunidad, pues hay en proceso la recuperación 10 mil hectáreas por invasión histórica a esta comunidad.

Por otro lado, su hermano Agustín Vázquez Torres se identificó como una persona comprometida con su comunidad, padre de familia, que logró una carrera profesional en Derechos Humanos, pues estaba a favor de la defensa del territorio y el respeto a los derechos humanos e indígenas.”

Fuente:http://www.laizquierdadiario.mx/Wirikuta-esta-de-luto-asesinan-a-lider-Huichol?id_rubrique=1714

Desplazamiento forzado en Arcelia, Guerrero; bajo la doble coacción de crimen organizados, y minera Telson Resources; cómplice inacción de autoridades.

En el municipio de Arcelia en la Tierra Caliente de Guerrero, se vive un doble asedio tanto por parte del crimen organizados como por la compra de minas. En dicho municipio se encuentra en la zona donde el año pasado ocurrieron fuertes enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y donde ayer se anunció la puesta en marcha de la Mina de Campo Morado por la empresa canadiense Telson Reosurces.

Para el Centro Morelos de Derechos Humanos “los desplazamientos forzados de los pueblos en la Tierra Caliente de Guerrero tienen relación con la compra de la Mina de Campo Morado en el municipio de Arcelia, la cual este día anunció el inicio de su producción comercial”; según testimonios del periodista Alejandro Ortiz del portal noticiero Bajo Palabra

El año pasado, el asedio y hechos de violencia por la presencia de grupos delictivos ubicados entre los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan, provocaron el desplazamiento de comunidades, puntualizó Ortiz.

“El 1 de agosto del 2017, la empresa canadiense Telson Resources compró la mina de Campo Morado en medio de esta situación” recordó el periodista.

Para el Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” las acciones no son coincidencia si no que forman parte de una relación estrecha para evitar la oposición de los pueblos en contra de la explotación minera.

“Las empresas mineras lo que quieren es tener grandes rendimientos y obviamente el que para ellos no haya oposición, el que no haya ningún obstáculo, para ellos es lo mejor”, manifestó Manuel Olivares Hernández, director del Centro Morelos; en declaraciones a Bajo Palabra, informativo que se define como un medio de la sociedad civil.

En declaraciones a dicho medio el activista señaló que “los gobiernos actúan en coacción doble en apoyo a las mineras, y mayormente afectando a los pueblos en donde existen trabajos desde exploración hasta explotación de diversos minerales”.

En primer lugar, recordó que tras la reforma al artículo 27 en 1992, el estado mexicano privatiza las tierras y abrió la posibilidad de que las mineras “se entiendan con unos cuantos” para lograr realizar labores en esos lugares sin el consentimiento total de un pueblo o núcleo agrario. “

Por el otro lado, el permitir que los grupos de la delincuencia organizada intervengan como un actor que ejerce la violencia para presionar, para desplazar a la gente y mediante el terror obligarlas a aceptar lo que les ofrezcan (…), pues prácticamente es una responsabilidad del Estado”, indicó Olivares Hernández.

Finalmente Alejandro Ortíz recordó que geográficamente, la mina de Campo Morado, municipio de Arcelia se encuentra en la zona límite con las comunidades del municipio de San Miquel Totolapan, zona que fue sede de cruentes enfrentamientos entre el grupo de Los Tequileros y La Familia Michoacana, ambos con operación en la Tierra Caliente de Guerrero.

Fuente:https://regeneracion.mx/tierra-caliente-gro-bajo-asedio-de-mineras-de-canada-y-crimen-organizado/

Al menos 330 hectáreas serán utilizadas para la construcción de la mina La Paila, en Palma Sola, municipio de Alto Lucero. Martín Sánchez Estrada, especialista metalúrgico de la empresa Candelaria Mining Corp, reveló que se contemplan 25 terrenos en el cerro La Paila para los trabajos de minería a cielo abierto. 

Martín Sánchez Estrada, especialista metalúrgico de la empresa Candelaria Mining Corp, reveló que se contemplan 25 terrenos en el cerro “La Paila” para los trabajos de minería a cielo abierto.

La empresa canadiense ha comprado ocho de esos predios y los otros 17 se encuentran en renta con opción a compra.

El patio y las piletas de la mina serán construidos en 90 hectáreas del cerro.

Sin embargo, el 80 por ciento de esa superficie ya pertenece a Candelaria Mining Corp.

«En total el proyecto es de 25 terrenos, pero gran parte de ellos ya son de la empresa».

Compran terrenos por seguridad

La compañía de Vancouver, Canadá, también compró terrenos en la localidad El Tajo, municipio de Actopan, cerca del cerro La Paila.

Lo anterior como parte de una medida de seguridad, no para su utilización en los trabajos de extracción de 20 toneladas de oro, durante los ocho años de operación de la mina.

«Es posible para que no seamos incómodos, la gente dice que va a haber ruido y también la desinformación, pero no por seguridad de eventos, porque cero fugas y cero consecuencias por explosiones».

El especialista confirmó que serán utilizados explosivos para la extracción de oro en piedra del cerro La Paila.

Durante un recorrido en Palma Sola, municipio de Alto Lucero, y en las faldas del cerro “La Paila”, personal de Candelaria Mining compartió un video donde se observan explosiones en el cerro de “San Pedro”, estado de San Luis Potosí, sitio localizado a unos 100 o 150 metros de una iglesia y las casas.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/40726-destruiran-330-hectareas-con-proyecto-minero-la-paila

A la sociedad civil de Chiapas, México y Canadá,
A las organizaciones de derechos humanos de Chiapas, México y Canadá,
A los medios de comunicación,

La familia del defensor Mariano Abarca Roblero y organizaciones acompañantes les informamos que, el 16 de mayo acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia después de recibir una respuesta decepcionante a la denuncia administrativa presentada en febrero pasado ante el Comisionado por la Integridad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC).

Entregamos dicha denuncia al Comisionado en Ottawa, Canadá, exigiendo que iniciara una investigación por las acciones y omisiones realizadas por el cuerpo diplomático canadiense en México, ocurridas durante todo el proceso de hostigamiento y criminalización que sufrió Mariano Abarca, cuando luchaba contra los impactos socio-ambientales de la minería en Chicomuselo, hasta que culminó con su asesinato. Nosotros alegamos, en base a nuestra investigación, que la Embajada de Canadá en México violó la política canadiense relacionada con sus industrias extractivas en el exterior y con la identificación y la prestación de apoyo a los defensores de los derechos humanos. Consideramos que esa y otras omisiones incrementaron el riesgo que corría Mariano por defender la vida y los derechos humanos.

Al Comisionado le entregamos suficiente información que fuimos recabando durante casi 9 años tanto en México como en Canadá. Con ello demostramos que la embajada de Canadá en México actuó en contubernio con la empresa Blackfire Exploration, justo en diferentes momentos antes de su asesinato en los cuales Mariano era amenazado, criminalizado, fue denunciado directamente por la empresa Blackfire, y luego detenido y encarcelado. A pesar del amplio conocimiento del conflicto con la Blackfire en Chicomuselo y los riesgos que enfrentaba Mariano, la embajada intervino de forma directa en los asuntos de la política interna mexicana, al usar la envergadura de la diplomacia canadiense para abogar a favor de la empresa ante el gobierno de Chiapas. Luego, aún después del asesinato de Mariano, la Embajada continuó asesorando a la empresa, inclusive sobre cómo demandar a México bajo los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) frente a la clausura de su mina por violaciones ambientales.

En su rechazo para realizar una investigación a fondo como le solicitamos, el Comisionado declara que ni la estrategia canadiense en torno a sus industrias extractivas en el extranjero, ni el papel que los mismos funcionarios públicamente dicen cumplir cuando hay conflictos entre empresas y comunidades, no representan «políticas oficiales». Por lo tanto, desde la perspectiva del Comisionado, los funcionarios públicos no son obligados a respetarlas. Su decepcionante e ingenua respuesta al negar realizar la investigación, sólo abroga a continuar y perpetrar la imagen sobre el gobierno canadiense como coparticipe de las violaciones a los derechos colectivos e individuales que las empresas canadienses y el cuerpo diplomático de Canadá realizan en toda Latinoamérica.

Nosotros continuaremos buscando la verdad y la justicia hasta llegar a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Mariano. Por ello, ante nuestro desencuentro con el Comisionado, hemos asistido a la Corte Federal de Canadá para presentar una notificación de aplicación para una revisión jurídica de la decisión del Comisionado. Nuestra acción también busca que no se desechen todas las pruebas que hemos recaudado hasta ahora y que muestran la actuación de la diplomacia canadiense en la violación de los derechos humanos de Mariano Abarca Roblero.

Es importante recordar que también en Mexico hemos realizado un largo recorrido, donde sigue abierta una investigación penal que aún no ha llegado a los autores materiales e intelectuales del crimen. Ante la omisión del propio gobierno mexicano, en junio del 2017, llevamos una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del estado mexicano por no proteger la vida de Mariano Abarca y por la falta de procuración de justicia. Así seguiremos hasta agotar todas las instancias necesarias para obtener justicia y contribuir al desmantelamiento del patrón de actuación del modelo extractivo minero canadiense en México y en América Latina.

Continuaremos caminando, enfrentando y denunciando la falta de voluntad política del gobierno de Chiapas, del Estado mexicano y del gobierno de Canadá para combatir la impunidad y la falta de procuración de justicia. Asimismo, no dejaremos de colaborar y coordinarnos con nuestros aliados y nuestras aliadas en Canadá hasta lograr que el estado canadiense detenga su política extractivista que extermina los pueblos.

¡Fuera las empresas mineras de los territorios de México y América Latina!

¡La minería no es desarrollo, es muerte y destrucción!

¡Ni un asesinato más a defensores y defensoras de la tierra y el agua!

FIRMAMOS:

Familia Abarca Montejo
Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

Fuente:http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/171-derechos/justicia-para-mariano-abarca/2908-acudimos-a-la-corte-federal-de-canada-para-exigir-justicia-para-mariano-abarca

Mariano Abarca Roblero se oponía a la minera canadiense Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas. Fue asesinado el 27 de noviembre de 2009. Su familia presentó una demanda en Canadá para que investigue y responsabilice a la Embajada de ese país por el crimen. La familia Abarca considera que la embajada canadiense en México prestó un apoyo “prácticamente incondicional” a Blackfire, apoyo que, según los demandantes, “aumentó el riesgo al que se enfrentaba Mariano Abarca”.

La demanda de la familia Abarca, y de la Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Red de Afectados de la Minería, es la primera en la historia que solicita al Sector Público de Canadá investigar una embajada del país.

La familia del activista mexicano Mariano Abarca, asesinado en 2009 cuando protestaba contra una mina de propiedad canadiense en su país, ha solicitado a un juez que reconsideré la negativa a investigar el papel de la embajada de Canadá en México en el caso.

A mediados de abril, el Comisionado para la Integridad del Sector Público de Canadá (PSIC por sus siglas en inglés) rechazó la petición de la familia Abarca y varias organizaciones sociales para que investigase las acciones de la embajada canadiense en México por apoyar la minera Blackfire Exploration.

El PSIC es el organismo que se encarga de velar por los valores éticos del sector público canadiense.

La demanda de la familia Abarca, y de la Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Red de Afectados de la Minería, es la primera en la historia que solicita al PSIC investigar una embajada del país.
La familia Abarca considera que la embajada canadiense en México prestó un apoyo “prácticamente incondicional” a Blackfire, apoyo que, según los demandantes, “aumentó el riesgo al que se enfrentaba Mariano Abarca”.

Los demandantes también sospechan que la embajada canadiense pudo ignorar las normas que obligan a informar sobre supuestos casos de corrupción.

Blackfire fue investigada en 2011 por la Policía Montada de Canadá por el supuesto soborno de Julio Calderón, Alcalde de la localidad mexicana de Chicomuselo, con unos 20 mil dólares para garantizar sus operaciones en el estado de Chiapas.

Abarca murió asesinado en noviembre de 2009 por personas desconocidas.

La organización canadiense MiningWatch, que también está involucrada en la solicitud de investigación a la embajada, informó que inmediatamente después de la muerte del activista mexicano, la Policía detuvo y acusó a tres personas relacionadas con Blackfire que posteriormente fueron puestas en libertad.
El abogado Yavar Hameed, que representa la familia Abarca en Canadá, criticó la decisión del PSIC de rechazar la investigación.

“Si las alegaciones de que el apoyo de la embajada canadiense a una empresa minera pudo haber puesto en peligro la vida de un defensor de los derechos humanos no son dignas de una investigación, ¿cuál es el propósito de tener un comisionado de integridad?”, afirmó en un comunicado.

Por su parte, el hijo del activista, José Luis Abarca, lamentó que a pesar de las pruebas presentadas de la relación de la legación diplomática con la empresa minera, el PSIC rechazase la investigación.

“Es doloroso leer la respuesta del Comisionado, expresando preocupación por mi familia para luego ignorar las pruebas que presentamos sobre la negativa de la embajada a responder a la petición de ayuda de mi padre”, declaró.
La familia Abarca quiere ahora que el Tribunal Federal de Canadá obligue al PSIC a investigar las acciones de la embajada.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/40672-familia-de-activista-antiminero-asesinado-cree-que-embajada-de-canada-tomo-parte

ANTE NEGATIVA DE TV AZTECA PARA EJERCER DERECHO DE RÉPLICA,   NUESTRA SOLIDARIDAD PARA JUAN ANGEL TRASVIÑA AGUILAR

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería respaldamos firmemente los reclamos de la familia Transviña, de la organización Medio Ambiente y Sociedad, A.C. y del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida de Baja California Sur hacia la empresa TV AZTECA.

De manera irresponsable, a través de sus diferentes plataformas informativas, TV AZTECA ha señalado que el ingeniero Juan Angel Trasviña y su familia están vinculados con la industria minera en Baja California Sur. Igualmente, TV AZTECA, ha asegurado que detrás de la familia Trasviña “hay fuertes intereses económicos de grupos mineros tóxicos…”

Con estos señalamientos, que consideramos irresponsables, TV AZTECA no sólo le miente a la sociedad sudcaliforniana sino que intenta -sin conseguirlo- dañar la imagen de uno de los principales luchadores y de los diferentes espacios colectivos a través de los cuales combate al Modelo Extractivo Minero en el Estado de Baja California Sur.

De acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televisión, las televisoras desempeñan una actividad de interés público y tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana, para lo cual procurarán, entre otras cosas, “afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares”, así como “fortalecer las convicciones democráticas”. En este sentido, GRUPO SALINAS, propietario de TV AZTECA no debería usar una concesión pública para la defensa de sus propios intereses. TV AZTECA tiene la responsabilidad de informar de manera transparente y objetiva, con independencia de los negocios de sus propietarios.

Rechazamos las campañas negativas que pretenden desacreditar el histórico trabajo de nuestros aliados en Baja California Sur. Del mismo modo, denunciamos al Comité Promotor de Iniciativa Ciudadana por una Minería Sustentable presidido por Miguel Ángel Luna Salaices,  engaña a la opinión pública y opera a favor de las empresas mineras al abogar por una mineria sustentable en oposición a una minería tóxica. Desde la Red Méxicana de Afectados por la Minería negamos la existencia de una minería verde, sustentable y/o responsable.

En este sentido, respaldamos total y plenamente la integridad, la solvencia moral, así como la posición política del ingeniero Juan Ángel Trasviña Aguilar y de los grupos a los que pertenece y cuya trayectoria en la defensa del agua y del territorio hablan por sí mismas.

Como en casos anteriores, a TV AZTECA y a los grupos “PRO – MINERÍA” como el Comité Promotor de Iniciativa Ciudadana por una Minería Sustentable les decimos que campañas de este tipo, que tienen por objeto desinformar, nos indignan pero no nos paralizan. Conocemos la forma y los mecanismos a través de los cuales el lobby minero se conduce para llevar a cabo sus proyectos de extracción.

El ingeniero Trasviña Aguilar ha solicitado, de manera consecuente con su trayectoria, una réplica ante las difamaciones de las que ha sido objeto sin que a la fecha haya obtenido, de parte de TV AZTECA, una respuesta satisfactoria a la cual tiene derecho. En la REMA hacemos nuestra su exigencia y urgimos a TV AZTECA a que atienda su solicitud para que, como corresponde, pueda realizar las aclaraciones que considere pertinentes y decir lo que a su interés convenga.

Agua Si, Mina No

BCS Libre de Mineria Tóxica, Responsable y Sustentable

Fuente:http://www.remamx.org/2018/05/comunicado-rema-ante-negativa-de-tv-azteca-para-ejercer-derecho-de-replica-nuestra-solidaridad-para-juan-angel-trasvina-aguilar/

 El presidente del Comité Promotor de Iniciativa Ciudadana por una Minería Sustentable, Miguel Ángel Luna Salaices, encabezó una rueda de prensa en la que abordó dos puntos: el avance de firmas en apoyo a la iniciativa por una minería sustentable y el caso de la mina La Testera.

Luna Salaices agradeció a los sudcalifornianos el haber colaborado en la colecta de firmas, la cual ascendió a las 4 mil rúbricas, es decir, el triple que se requiere para presentar el apoyo al Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS), destacando que lo anterior refleja una gran cantidad de ciudadanos que quieren participar de forma activa en las decisiones que competen al futuro de BCS.

Luna Salaices subrayó que pese a las críticas y ataques que ha sufrido el comité a su cargo por parte de la familia Trasviña, quien pregona su preocupación por el medio ambiente, la cual se encuentra vinculada con asuntos referentes con la minería tóxica, tal es el caso de la mina La Testera, lugar donde trabajó Manuel Salvador Trasviña, como empleado.

El presidente del Comité Promotor acusa Juan Ángel Trasviña de haber recibido financiamiento del Centro Mexicano del Derecho Ambiental (Cemeda), así como de recibir recursos de fundaciones extranjeras y de ser propietario de la empresa Biodingenieria Internacional, S.A. de C.V., donde tiene clientes hoteleros e industriales de quienes recibe grandes cantidades de dinero.

“Este personaje dice oponerse a la minería sin dar fundamentos científicos y sin escuchar a los expertos, a pesar de que sabe que la minería tóxica que opera en nuestro estado le niega la oportunidad de llevar una minería sustentable y sigue solapando la minería tóxica”, aseguró.

Finalmente, Miguel Ángel Luna invitó a los candidatos a que conozcan y apoyen su iniciativa y se sumen a la lucha por una minería sustentable, rechazando así la minería tóxica.

Fuente:http://elinformantebcs.mx/acusan-a-la-familia-trasvina-de-solapar-proyectos-de-mineria-toxica-en-baja-california-sur/