Mexico

Académicos piden acabar con privilegios de empresas mineras

Autor: Plano Informativo
Las empresas mineras gozan de grandes privilegios en México para realizar sus labores de extracción, pese a que dañan y transforman los territorios donde laboran y abusan de los trabajadores, expuso el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Edgar Talledos Sánchez.

 

En la presentación del libro “Megaminería en México. Explotación laboral y acumulación de ganancias”, de la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Aleida Azamar Alonso, el doctor en Geografía por la UNAM dijo que el texto presenta una discusión social contemporánea de la forma en que las corporaciones del ramo se apropian de gran cantidad de tierras.

Con ello, aseguró, transforman en forma radical algunas zonas del país y provocando grandes desastres ecológicos y explotación hacia los trabajadores.

Edgar Talledos se refirió a algunos casos en el estado de San Luis Potosí, donde el pueblo wixárika o huichol ha dado una férrea batalla por la defensa de su territorio sagrado para que no se abran minas y sea transformado en un espacio industrial.

Refirió que en el municipio Cerro de San Pedro de esa entidad, una compañía del ramo desapareció la emblemática colina para hacer sus obras, y con el fin de compensar el daño, rehicieron otro cerro con los escombros de la mina, lo que provocó una severa degradación ambiental y la indignación del pueblo.

El también profesor investigador del Colegio de San Luis sostuvo que toda la tecnología actual requiere minerales para su fabricación, que son los que extraen de los sitios, y por eso esas empresas presentan comportamientos voraces en los sitios donde pueden realizar la extracción.

Lamentó que el gobierno mexicano concesione a organizaciones nacionales y extranjeras para explorar y explotar la minería, no sólo en la zona continental del país, sino en el mar, donde también han provocado fuertes daños ecológicos.

Mientras que las corporaciones del tipo saben de los irremediables daños ambientales que provoca la extracción y han intentado crear argumentos de sustentabilidad a su depredación basados en la productividad que aporta dicha industria al Producto Interno Bruto de una nación, agregó.

Fuente:http://planoinformativo.com/631341/-academicos-piden-acabar-con-privilegios-de-empresas-mineras-slp

Mexico

Alertan abogados estrategias de privatización de tierras colectivas en México

Autor: Renata Bessi, Remamx.org

Abogados hacen un alerta a los que aun son ejidatarios en México: No dejen que la asamblea, la máxima autoridad de ejidos y comunidades, vote a favor de lo que se llama el ‘dominio pleno’ de las tierras, este es el ultimo paso para la privatización definitiva de las tierras ejidales. Después de esto el certificado que tienen registrado en el Registro Agrario Nacional (RAN) se cancela porque ya no es propiedad agraria y pasa a ser propiedad privada. De esta forma es más fácil que los proyectos extractivos entren a las comunidades, ya no habrá comunidad que los obstaculice, solo personas a quien se les puede comprar individualmente la tierra.

México es una excepción en el mundo. Alrededor de 50% de su territorio nacional es compuesto por propiedad colectiva, o sea, tierras ejidales o comunales. “Esta proporción no se repite en ningún otro país del mundo. El país que más se acerca a México es Bolivia, que tiene 33% de propiedad social”, aclara para Avispa Midia la abogada Claudia Gómez Godoy, especialista en Derechos Humanos y Pueblos Indígena e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

“La función de los ejidos y comunidades no es solamente para la producción de alimentos sino como lugares de residencia y sustento de las poblaciones indígenas y campesinas, así como espacios de reproducción cultural, identitaria y de organización político-administrativa”, así describe el Informe llamado Jurisdicción Agraria y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Campesinos en México, que tiene como coautora a Godoy.

La figura de los ejidos y de las comunidades surgieron en México con el reparto agrario impulsado tras la lucha revolucionaria iniciada en 1910 y nacieron con el carácter inalienable, intrasmisible, imprescriptible, inembargable e indivisible.

La protección a la propiedad social empezó a vulnerarse en 1992, con la reforma del artículo 27 de la Constitución mexicana que rige los bienes y recursos de la nación, incluyendo la tierra, el subsuelo y las aguas. La reforma tuvo varios objetivos, entre ellos finalizar el reparto de tierras vía la reforma agraria iniciada en 1915 tras la revolución mexicana. La argumentación para la titulación parcelaria de las tierras se basó en ofrecer la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra.

La abogada especializada Godoy asume que las leyes y políticas del Estado mexicano, llevadas a cabo desde entonces, están promoviendo la privatización de las tierras. “Cuando en 1992 se hace la reforma al artículo 27, se le quita la protección a una de estas formas de propiedad colectiva, la ejidal. Y se queda solamente con una protección especial la propiedad comunal”, explica Godoy.

La principal herramienta de la privatización, prevista por la Ley Agraria, son los programas de certificación de las tierras, del gobierno federal, inicialmente llamado Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede).

Programa de Certificación

Su objetivo fundamental es regularizar los ejidos y comunidades con los certificados de derechos de usufructo parcelario, de derechos de usufructo proporcional de las tierras de la zona común y los títulos de propiedad de los solares, se inicia con la incorporación voluntaria del núcleo agrario, a través de su única autoridad, la Asamblea.

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) se inició en 1992 primero en los ejidos y en 1998 dio inicio PROCECOM en las comunidades. Ambos programas cerraron en el 2006 y 2007 respectivamente, con una cobertura de certificación del 92% de los núcleos agrarios del país y fueron continuados por el programa de certificación Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR), en aquellos ejidos y comunidades que por diferentes razones no lograron ser titulados.

Tanto Godoy como el abogado Armando Cruz Cortés de Tequio Jurídico AC en Oaxaca, afirman de forma separada para Avispa Midia, que estos programas de privatización de la tierra tienen un objetivo claro y amañado. “Se hace un censo de los ejidatarios. Se delimita la superficie general del ejido; se otorga un plan general; se hacen las parcelas y se le da a los ejidatarios su certificado de derecho parcelario; parcelan los solares y se entrega un titulo sobre el solar. Cuando ya se otorgó a todos un certificado de derecho parcelario, un titulo, es común que se provoque una asamblea para que la propia comunidad termine pidiendo que se les otorgue el dominio pleno”, explica Cruz.

El dominio pleno lo que hace es deshacer el ejido y fragmenta la parcela en una propiedad privada. “La cuestión es que percibimos mucha desinformación entre los ejidatarios sobre lo que de verdad significa declarar dominio pleno”, sostiene el abogado.

El objetivo del programa de certificación es facilitar la entrada en los territorios indígenas y campesinos a los proyectos extractivistas. “A estos proyectos les interesan negociar con individuos. No es lo mismo combatir una asamblea, que tiene una propiedad colectiva, a tener que hablar con un individuo que tiene propiedad privada, que puede vender su tierra fácilmente. La asamblea pierde su importancia”, señala el abogado Cruz.

Godoy aclara que el programa de certificación es voluntario, o sea, los ejidatarios no son obligados a hacerlo y, además, no necesariamente se tienen que ajustar a todos los recursos determinados por los diversos programas de regularización de la tierra. “Un ejemplo es que pueden delimitar las tierras del ejido en su conjunto para tener la limitación definida con comunidades vecinas, pero pueden decidir no parcelar las tierras internamente en el ejido. Otro ejemplo es que pueden parcelar la tierra, pero pueden decidir no declarar el dominio pleno”, dice Godoy.

Los ejidatarios tienen que tener total conciencia de lo que significa el dominio pleno y tratar de evitarlo a toda costa, aconseja Cruz.

Otorgar dominio pleno, explica el abogado, significa que el certificado que tienen registrado en el Registro Agrario Nacional (RAN) se cancela porque ya no es propiedad agraria y pasa a ser propiedad privada. Entonces la tierra que esta registrada en el registro publico de la propiedad pierde su carácter. “Así ya empiezan a cobrar impuestos sobre ella. Entonces ya se puede notoriar esta escritura. Ya no es un asunto agrario, pasa a ser propiedad privada”, explica. “Todo este proceso es hecho de forma voluntaria por los ejidatarios, que muchas veces no tienen plena conciencia de las consecuencias.

Una vez convertidas las tierras colectivas en propiedad privada, pierden competencia en los tribunales agrarios, que son los facultados para los temas de propiedad colectiva agraria. “Entonces, en caso de inconformidad, todo lo van a tener que resolver individualmente con un juez mixto de primera instancia o juez civil. Los indígenas y campesinos van a necesitar un abogado civilista, que cobra mucho y esto los pondrá en desventaja frente a los megaproyectos, porque ellos tienen un ejercito de abogados”.

Las comunidades

 Las tierras comunales continúan con protección especial, o sea, no se puede vender o usar para prestamos. “La comunidad para llegar a un dominio pleno de la tierra comunal primero tendrán que convertirla en un ejido. Así lo plantea la Ley Agraria, como también plantea la posibilidad de que un ejido puede volverse comunidad”, explica Godoy.

 

Tierras en México

En México hay tres tipos de propiedad. Propiedad pública, que es la propiedad del Estado, la propiedad privada, y la propiedad social, los ejidos y comunidades. También está reconocido por los tratados internacionales que los pueblos indígenas tienen otro tipo de propiedad, que seria la propiedad indígena. No está oficialmente reconocida en las leyes mexicanas, pero sí al nivel internacional, aunque ya haya por lo menos una sentencia que reconoce este cuarto tipo de propiedad que es la propiedad indígena.

 

Diferencia entre tierras comunales y tierras ejidales

Las formas de acceso a la tierra para grupos campesinos e indígenas en el marco de la reforma agraria (1915 y 1992), de acuerdo con el Informe, eran:

Restitución, Reconocimiento y conformación de tierras: El derecho a las tierras comunales tiene su origen en la época colonial cuando por disposición de la Corona española, las poblaciones indígenas adquirieron derecho sobre las tierras donde se encontraban asentadas. El artículo 27 de la Constitución de 1917, promovió la restitución de tierras para aquellos que demostraran haber sido despojados de sus legítimos derechos. Para ello, debían presentar los títulos de propiedad otorgados durante el periodo colonial, así como demostrar su despojo durante el periodo de las Leyes de desamortización o “leyes Lerdo” (1857-1910). Esta vía fue un proceso complicado y de imposible cumplimiento para muchos pueblos. En 1934 se incorpora al Código agrario, la acción agraria de reconocimiento y confirmación de aquellas comunidades de hecho a fin de darles certeza jurídica sobre sus posesiones (la acción agraria se conoce como reconocimiento y titulación de bienes comunales). La forma legal de tenencia obtenida a través de la restitución y reconocimiento de tierras fue la de bienes comunales o comunidad.

La dotación de tierras: Es la acción mediante la cual se otorgaba tierras a los núcleos de población carentes de estas. Para la dotación de tierras era requisito formar un grupo de al menos 20 campesinos que cumplieran con los siguientes requisitos: para los hombres era necesario ser mayor de edad, mexicano y campesino, para las mujeres ser jefa de familia, mexicana y campesina. La gestión podía tardar varios años ya que la solicitud pasaba por distintas instancias gubernamentales y el Presidente de la República tenía que firmar la resolución definitiva. La forma legal de tenencia, es el ejido.

La vía de restitución fue un proceso complicado y de difícil cumplimiento, que en términos de control político no fue de interés para el Estado, de ahí que la mayoría de pueblos que iniciaron sus peticiones en términos de restitución, recibieron ejidos en dotación. “Por eso es que tenemos muchos pueblos indígenas en tierras privadas o ejidales”, explica Godoy.

Entre 1916 y 1980 solo el 17% de las solicitudes de restituciones fueron concedidas, lo cual contrasta con el 79% de solicitudes de dotación ejidal otorgadas, de acuerdo con el Informe.

 

Con las propias manos

Desde su fundación hasta el fin del reparto agrario, en 1992, el acceso a la tierra ejidal y comunal suponía un conjunto de obligaciones individuales como el trabajar la tierra con las propias manos y un perfil socioeconómico específico del beneficiario: campesinos y residente del núcleo agrario dotado, restituido o reconocido. “La regulación y dominio de ejidos y comunidades residía, además, no en los sujetos agrarios individuales (ejidatarios y comuneros), sino en la asamblea general integrada por estos, es decir, un sujeto colectivo, que era la autoridad máxima con capacidad de decisión sobre todos los asuntos relativos a la vida ejidal o comunal”, de acuerdo al Informe.

¿Cómo evoluciona el Procede?

La mayoría de los que entraron al Procede – lo que representa 92% de los núcleos agrarios del país – no llegaron al Dominio Pleno, no se volvieron propiedad privada. “Entraron solamente para medir su perímetro y hacer el censo de ejidatarios. Muchos de los que entraron no parcelaron, se mantuvieron con la propiedad de uso común. Otros entraron al Procede a penas para delimitar la tierra con sus vecinos y al interior de la comunidad se quedo todo como uso común”, explica Godoy.

Según el Registro Agrario Nacional (RAN), afirma el abogado de Tequio Juridico, el porcentaje de dominio pleno apenas es el 1,2%. “Eso es alentador porque no han cumplido con el programa de certificación. Pero sí hay que quedarse alerta pues nada impide que todavía lleguen al dominio pleno, sobre eso van y no van a descansar hasta que todas las tierras colectivas pasen a ser privadas”.

El abogado alerta que el programa RRaja, implementado a través de la Procuraduría Agraria, está presionando muy fuertemente a las asambleas y a las comunidades para que acepten el programa. “Hay que hacer frente a la Procuraduría Agraria. Su función es de acompañamiento estrictamente social, es decir, de orientar, acompañar, asesorar el campesino. No de imponer un programa como ese, que va a poner en riesgo la integralidad de sus tierras”.

“Una opinión extendida entre comunidades, organizaciones de sociedad civil y usuarios en general, es que estas instituciones han dado un giro en cuanto a su propósito institucional hacia el impulso y protección de la propiedad privada de las nuevas inversiones nacionales o extranjeras sobre la tierra agraria en México”, corrobora el informe.

¿Voluntarias?

Numerosas organizaciones campesinas e indígenas denunciaron la implementación forzada del Procede. A pesar de que en su estatuto la participación en el Procede se presentaba como “libre y voluntaria”, en la realidad, el programa establecía cierta obligatoriedad al generar restricciones en el acceso a programas de desarrollo rural, en particular provenientes de la Secretaria de Agricultura Federal (Sagarpa), y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Efectos negativos

El Informe especifica una serie de efectos negativos con el Procede. “Estos efectos fueron identificados por múltiples académicos y activistas: conflictos, en ocasiones violentos entre ejidos y comunidades que surgieron al proponerse trazar los límites entre núcleos agrarios vecinos, sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero; la parcelación de tierras de uso común con cubierta forestal y el consecuente proceso de deforestación; la fragmentación de la unidad de dotación que conllevó hacia un mayor minifundismo; la acumulación de tierras o formalización de la acumulación de estas por caciques o acaparadores locales y el debilitamiento de la asamblea ejidal como órgano de gobernanza local”.

Y más: “En ciertos contextos donde el valor de la tierra es alto, en particular en ejidos y comunidades idóneos para el desarrollo urbano y turístico, el Procede permitió la incorporación de empresarios que no eran residentes de los ejidos”.

La certificación individualizada de las tierras ejidales ha generado un “nuevo mercado de tierras ejidales en el que participan empresarios foráneos. Este mercado, aunque legalmente permitido, significa el despojo del patrimonio comunitario principalmente para las mujeres, jóvenes y niños residentes de los ejidos y comunidades que no tienen derecho a participar en la toma de decisiones sobre el destino de las tierras ejidales y comunales, que por lo general son poco beneficiados de los ingresos monetarios obtenidos con la venta de tierras”, señala el informe.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/12/alertan-abogados-estrategias-de-privatizacion-de-tierras-colectivas-en-mexico-2/

Mexico

Cuestionan apoyo federal a empresa Minera Gorrión Gorrión en Huauchinango

Autor: Heriberto Hernández, El Sol de Puebla

Concesiones “fueron  otorgadas violando derechos de pueblos indígenas y de ejidos de Ixtacamaxtitlán”, señalan

La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra el Agua y la Vida Atcolhuac, Consejo Tiyat tlali, Fundar (Centro de análisis e investigación), Red Mexicana de Afectados por la Minería (RAMA) cuestionaron el apoyo que el subsecretario de Minería, Luis Francisco Quiroga, manifestó a la empresa extractiva Minera Gorrión, pese al rechazo de los pueblos y a la existencia de un juicio contra Almaden Minerals, de la que es filial.

Mediante un comunicado oficial y una rueda de prensa que ofrecieron en el acceso al Palacio Nacional, indicaron que el pasado 9 de diciembre, el recién nombrado subsecretario de Minería Luis Francisco Quiroga, se presentó en la comunidad de Santa María Sotoltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán en la Sierra Norte de Puebla, con el fin de manifestar su respaldo abierto y explícito al proyecto minero de oro y plata a cielo abierto que la empresa minera Gorrión filial de la canadiense Almaden Minerals que pretende realizar sobre dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía le otorgó en la demarcación.

El cuestionamiento se debe a que la acción del nuevo funcionario federal, se hizo pese al rechazo público de diversas comunidades al proyecto de muerte y a pesar de que las concesiones sobre las cuales pretende implementar, “fueron otorgadas violando derechos de pueblos indígenas y de ejidos de Ixtacamaxtitlán”.

Arremetieron diciendo que el subsecretario soslayó que incluso, existe un juicio de amparo interpuesto por la comunidad nahua de Tecoltemi en contra de esas concesiones en donde la Secretaría de Economía que él representa es la demandada.

Fuente:https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/cuestionan-apoyo-federal-a-empresa-minera-gorrion-gorrion-en-huauchinango-puebla-2822803.html

Mexico

México descarta endurecer reglas para industria minera, cancelar concesiones

Autor: Noe Torres, Reuters.

El responsable de la industria minera de México descartó que el nuevo Gobierno busque implementar cambios drásticos en el sector, cancelando concesiones o elevando las regalías que pagan las empresas por la extracción de minerales.

A fines del mes pasado, las acciones de las principales mineras de México cayeron más de un 10 por ciento, después que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador propuso en el Senado endurecer las reglas de la industria local.

El plan pretende obligar al Gobierno a contar con el consentimiento de las comunidades indígenas antes de otorgar concesiones en sus territorios e incluye la posibilidad de cancelar los permisos si las empresas no presentan un informe anual sobre el impacto social de los proyectos.

Sin embargo, el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, dijo a Reuters que la llamada consulta indígena sería implementada exclusivamente para nuevos permisos y dejaría fuera a las concesiones que ya se encuentran en operación.

“Hay un tema de no retroactividad de la ley”, aseguró el funcionario en una entrevista telefónica con Reuters el miércoles. “Las empresas tienen sus derechos y ningún derecho va a ser vulnerado, ni el de las comunidades ni el de las empresas”, agregó.

Quiroga también descartó que el nuevo Gobierno, que tomó posesión el 1 de diciembre, vaya a revisar el total de las casi 26,000 concesiones en el país en busca de anomalías, como propuso en el pasado López Obrador.

“A solicitud de parte, donde sea claro que las cosas no se hicieron bien, que se transgredió el orden jurídico, esas (concesiones) se revisarán para corregir”, aseguró.

México es el principal productor de plata del mundo y uno de los mayores de cobre y oro. El sector minero, que contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, es destino de millonarias inversiones desde Estados Unidos y Canadá.

Quiroga aseguró que, por lo pronto, sus esfuerzos estaban centrados en simplificar trámites, promover nuevos proyectos e impulsar la exploración en el sector.

El funcionario también dijo que analizaba cambios a la fórmula de distribución del Fondo Minero, un millonario fideicomiso para las comunidades cercanas a los yacimientos, pero que las aportaciones que están obligadas a hacer las empresas permanecerían intactas.

 

Fuente:https://lta.reuters.com/articulo/mineria-mexico-idLTAKCN1OJ2AK

Mexico

375 mil toneladas de tóxicos de mina podrían estar ahora mismo en ríos de Sinaloa, rumbo al mar

Autor: Redacción Sinembargo.mx

Plomosas, Sinaloa– A casi dos meses del azote de huracán “Willa“, a los pocos pobladores que aún quedan en Plomosas no sólo les preocupa la devastación que ha quedado como estela del meteoro, sino el riesgo de contaminación con el arrastre de los desechos de la actividad minera.

Enclavado en la Sierra Madre, en los límites del municipio de Rosario y el estado de Durango, en Plomosas nunca habían visto que el arroyo presentara el aspecto de estos días. Agua oscura y de tonos naranja con manchas blanquecinas han sorprendido a la comunidad, donde además se rompió la tubería que los abastecía de un venero montaña arriba.

Tras el paso de “Willa”, el arroyo ha recuperado su cauce y tomado el lugar de la única calle del pueblo. A su paso destrozó casas, escuelas, el puente, y arrastró lodo consigo que enterró vehículos y viviendas. Hoy sólo quedan 53 habitantes, y muchos de ellos piensan reubicarse.

Federico Amaya, del vecino ejido de Los Letreros, recuerda que el agua de Plomosas era muy limpia. Incluso se bañaban y bebían del arroyo.

“Nunca se había visto esto, no es normal, es pura contaminación”, expresó molesto, mientras señalaba hacia el agua casi negra, a través de la cual escasamente se podían observar algunas piedras.

Plomosas, perteneciente al ejido de La Rastra, se ubica abajo de la mina inactiva de La Cruz en una zona de tradición extractiva, donde compañías van y vienen dejando empobrecida a la población. Sin contar que también les “heredan” sus desechos.

A pesar de que los ejidatarios denunciaron el riesgo de la polución al arroyo de Plomosas, ni la Comisión Nacional del Agua ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente han acudido a realizar análisis químicos del agua.

Ante lo inaccesible del sitio, pues se tienen que recorrer más de tres horas desde la cabecera municipal por caminos de terracería, son raras las ocasiones en que se presentan las autoridades ambientales.

DERRAME MINERA CINCO REALES

Lo más inquietante es que la contaminación no se queda en un solo punto: fluye por ríos y riachuelos hasta llegar al mar.

Así lo expuso Víctor Ávila Osuna, líder del Movimiento 11 de Septiembre de los Pueblos Unidos del Municipio de Rosario.

El 4 de diciembre, junto con ejidatarios de La Rastra y Los Letreros, alertó del derrame de 375 mil toneladas de jales desperdicio de la Minera Cinco Reales SA de CV, registrada en Guadalajara, que hace cinco años abandonó Plomosas.

“Me di a la tarea de buscar los focos de contaminación y se detectaron varios en las zonas del arroyo de Plomosas, por la parte baja donde se denomina El Apachurrado entre El Magistral y Charco Verde”, explicó.

De acuerdo con la denuncia, los jales se componían de sustancias tóxicas como silicato de sodio, aeropromotor 31, espumante, sulfato de cobre y cal.

Noroeste acudió al lugar donde se encontraba la presa de jales, pero lo único que hay son restos de la minera. Los ejidatarios afirman que todos esos residuos ya se fueron por el arroyo de Plomosas hacia el río Baluarte, generando riesgos para más de 10 comunidades río abajo.

Comunidades que pueden resultar afectadas con el derrame de jales: Santa María, Las Canoas, Ojo de Agua, Guamuchiltita, Tepehuaje, Tempisque, Ojo de Agua de Venado, Las Habitas, Hacienda del Tamarindo, Los Copales, Rosario y Apoderado

375 mil toneladas de jales mineros, desperdicio de la Minera Cinco Reales, podrían haber sido derramados con las lluvias de “Willa” hacia el río Baluarte, a través del arroyo de Plomosas. Ejidatarios y ex trabajadores de la mina calculan esa cifra con base en datos de operación de la extracción minera.

Minerales explotados en la región: Oro, Plata, Plomo, Cobre y Zinc.

Fuente:https://www.sinembargo.mx/19-12-2018/3513047?fbclid=IwAR3ODCLylxLCZ27TYXb_AIow1oTyO-NEo57kxzlbNx2aP61HAJSXNOH0BVI

 

Mexico

Denuncian a minera de Peñoles por saqueo en ejido de Sonora

Autor: Juan Alberto Cedillo, Proceso.mx

Campesinos del ejido El Bajío de Caborca, en Sonora, denunciaron penalmente y ante el Tribunal Agrario a una mina propiedad del grupo Peñoles por el despojo de un terreno ejidal  y el robo del mineral, informó a Proceso al abogado Sergio Orlando García García, titular del despacho que asesora al ejido.

La denuncia ante las autoridades judiciales quedó registrada en la Carpeta de Investigación 6255-6/2018, precisó García García, en entrevista telefónica.

“Actualmente hay fácil más de 50 efectivos de las fuerzas federales custodiando el saqueo y protegiendo a los saqueadores del mineral”, añadió el abogado.

La denuncia ante el Tribunal Agrario precisa que la Minera Penmont, ahora propiedad del Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres, cercó los terrenos del ejido para sacar agua cianurada con oro.

Los predios fueron invadidos ilegalmente durante varios años para explotar el oro, hasta que los ejidatarios ganaron un largo litigio que obligó a la minera a regresar los terrenos y restituir el mineral saqueado.

“Se metieron desde  el 25 de noviembre pasado y luego luego establecieron un campamento para las fuerzas federales que protegen el saqueo ahí en la mina”, concluyó García.

La llegada de personal de la Minera Penmont ocurrió después de que los terrenos fueron abandonados por Rafael Pavlovich, tío de la gobernadora Claudia Pavlovich, quien estaba saqueando el oro ilegalmente de los terrenos ejidales.

 

Fuente: https://www.proceso.com.mx/564107/denuncian-a-minera-de-penoles-por-saqueo-en-ejido-de-sonora?fbclid=IwAR0Dx50pLz_Qj8R7LZDmdMugx3noWoWG8YKCaE61j1ppDjkbuEhYy7Nh-FA

Mexico

Comunicado de prensa: “Subsecretario de Minería avala proyecto de extracción minera repudiado por comunidades indígenas”

Autor: Remamx.org

Subsecretario de Minería avala proyecto de extracción minera repudiado por comunidades indígenas

 

  • Da respaldo a pesar de que el proyecto minero sería realizado sobre concesiones que violaron derechos, y por las cuales, está demandada judicialmente la Secretaría de Economía.

 

El pasado 9 de diciembre, el recién nombrado Subsecretario de Minería, Luis Francisco Quiroga, se presentó en la comunidad de Santa María Sotoltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, para expresar su respaldo abierto y explícito al proyecto minero de oro y plata a cielo abierto que la empresa Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, pretende realizar sobre dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía le otorgó sobre dicho municipio.

Ello a pesar del rechazo público de diversas comunidades al proyecto, y a pesar de que las concesiones sobre las cuales pretende implementarse, fueron otorgadas violando derechos de pueblos indígenas y de ejidos del municipio. El Subsecretario soslaya incluso que existe un Juicio de Amparo interpuesto por la Comunidad Nahua de Tecoltemi, en contra de las referidas concesiones, en donde la Secretaría de Economía, que él representa, es la demandada.

El apoyo de Luis Francisco Quiroga se dio durante su asistencia a la 9ª Junta Informativa del proyecto minero Ixtaca, organizada por la empresa. En ella, el representante de la Secretaría de Economía, acompañado por integrantes de su equipo, elogió a la minera y su proyecto, afirmando que “los ojos de la minería mexicana están puestos en Ixtaca, que aquí está pasando algo que será el ejemplo de cómo se hace la minería en el resto del país”, llamando “voces disidentes” a quienes defienden sus derechos y al territorio de la devastación y los daños que causa la minería a cielo abierto[1].

El día de ayer, entregamos una carta a la Secretaria de Economía, Lic. Graciela Márquez Colín, en la que manifestamos nuestro rechazo y condena por la presencia y declaraciones del Subsecretario en un evento de la empresa. En ella, y ahora también, preguntamos a la Titular de la Secretaría de Economía, y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si acaso el proceder del Subsecretario es la muestra de la política con que el nuevo Gobierno Federal se conducirá en materia de minería, a pesar de la innegable conflictividad social existente en el país debido a la imposición de concesiones y de proyectos mineros; si acaso pretende dar continuidad al modelo extractivo minero impuesto por los sexenios pasados, y que sólo ha generado división, violencia, despojo y depredación de los recursos del territorio.

El Gobierno Federal tiene ahora una oportunidad única para demostrar que cumplirá con sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, que no se conducirá con las mismas prácticas violatorias, y que por tanto, pondrá la vida y los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y agrarias, por encima de los intereses de las empresas.

 

Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhuac

 Consejo Tiyat Tlali

 Fundar Centro de Análisis e Investigación

Red Mexicana de Afectados por la Minería

  

 Contacto:

consejotiyattlali@gmail.com  Cel. (044) 2331045534 y (044) 2225488060

 

Fuente:http://www.remamx.org/2018/12/comunicado-de-prensa-subsecretario-de-mineria-avala-proyecto-de-extraccion-minera-repudiado-por-comunidades-indigenas/

Mexico

Pobladores nahuas acusan al subsecretario de Minería de respaldar concesiones que violan la ley

Autor: Andrea Vega, Animal Político

Luis Francisco Quiroga, nuevo subsecretario de Minería, apoyó un proyecto minero por el que la Secretaría de Economía, de la que él es representante, está demandada. El amparo, promovido por una comunidad de Puebla, es por el otorgamiento de dos concesiones mineras para las que no se consultó a los pobladores.

Habitantes de diversas comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, llegaron a Palacio Nacional para manifestar su inconformidad por lo que ellos consideran un espaldarazo del nuevo subsecretario de Minería, Luis Francisco Quiroga, a un proyecto de la empresa Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, por el que la comunidad nahua de Tecoltemi tiene demandada a la Secretaria de Economía, dependencia de la que esté funcionario es representante.

La demanda que los pobladores interpusieron, con el acompañamiento del Centro de Análisis e Investigación (Fundar), es un amparo contra la Secretaría de Economía por haber otorgado las dos concesiones mineras sobre las tierras de las comunidades sin que hubiera una consulta previa, libre e informada a los habitantes.

tzel Silva abogada e investigadora de Fundar, explica que al otorgar las dos concesiones mineras sin consulta previa, el Estado mexicano está violando regulaciones internacionales como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en el que se establece que antes de otorgar cualquier permiso para un proyecto que afecte a las comunidades debe desarrollarse con ellas una consulta previa, libre e informada.

La demanda de amparo contra la SE se interpuso desde 2015 y está en curso. La comunidad indígena alega que el Estado violó su derecho al territorio, puesto que al entregar las concesiones a un particular le entregó la posibilidad de disponer de sus tierras y de sus recursos, sin haberlos consultado antes.

El 9 de diciembre, el recién nombrado Subsecretario de Minería, Luis Francisco Quiroga, se presentó en la comunidad de Santa María Sotoltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla. Los pobladores señalan que el subsecretario asistió a la novena junta informativa del proyecto minero Ixtaca, organizada por la empresa.

En esa reunión, denuncian los pobladores, “el representante de la Secretaría de Economía, acompañado por integrantes de su equipo, expresó su respaldo al proyecto, afirmado que “los ojos de la minería mexicana están puestos en Ixtaca, aquí está pasando algo que será el ejemplo de cómo se hace la minería en el resto del país”.

De acuerdo con los pobladores, el subsecretario de Minería llamó “voces disidentes” a quienes se oponen al proyecto.

Por estos hechos, representantes de las comunidades, acompañados de Fundar, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el consejo Tiyat Tlali “en defensa de nuestro territorio” (una red de organizaciones sociales de la Sierra Norte de Puebla), acudieron a Palacio Nacional a entregar una carta dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colin, en la que manifiestan su rechazo por la presencia y declaraciones del Subsecretario en el evento de la empresa.

En la carta, los pobladores preguntan a ambos funcionarios si acaso el proceder del Subsecretario es la muestra de la política con que el nuevo gobierno federal se conducirá en materia de minería, a pesar de la innegable conflictividad social que existe en el país por la imposición de concesiones y proyectos mineros.

Fuente:https://www.animalpolitico.com/2018/12/pobladores-nahuas-acusan-subsecretario-mineria-concesiones-violan-ley/

Mexico

Habitantes de Ixtacamaxtitlán exigen a AMLO frenar proyectos mineros

Autor: Mario Reyna, El Popular.mx
Conflicto Relacionado: Ixtacamaxitlán-Almaden Minerals

Indígenas de Ixtacamaxtitlán se manifestaron frente del Palacio Nacional para reclamar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el respaldo que dio el gobierno federal a la minera canadiense Almaden Minerals, a través de su subsecretario de minería, Luis Francisco Quiroga Fernández, el pasado 9 de diciembre.

Con pancartas alusivas a la defensa de su territorio y frases como “Por el derecho de decidir sobre nuestro territorio”, las telas blancas hacen hincapié en que este apoyo se hizo abiertamente a través de Quiroga Fernández, durante aquella asamblea informativa; no obstante, el amparo que desde 2015 pesa sobre la Secretaría de Economía, por los permisos otorgados para exploración sin haber considerado la consulta a la comunidad con población indígena, en los términos del convenio 169 de la organización internacional del trabajo.

Cuestionaron que, si la postura dada por el subsecretario fue anticipada a la visión de la nueva administración federal, con respecto los trabajos mineros y los llamados “proyectos de muerte” en el país, se estaría comprometiendo al medio ambiente, el acceso al agua y la protección de los pueblos indígenas.

 

Activistas manifestantes argumentaron que los estudios para evaluar la extracción de oro y plata en Ixtacamaxtitlán han dejado como saldo que haya químicos de desperdicio, los cuales han generado muertes de animales de traspatio. Además, acusaron que algunos habitantes han sido engañados para comprarle sus tierras o, en su caso, víctimas de presiones para que cedan a las peticiones de las trasnacional.

Las cifras vertidas por los inconformes señalan que afectarían a más de 4 mil los pobladores de manera directa, sin contar los daños que puedan generarse al cauce del río Apulco. Por lo que recuerdan al presidente de la República sobre la Cuarta Transformación de la que habla y si cumplirá la promesa hecha en estas tierras cuando estuvo en campaña: no a la mina.

 

Fuente:https://www.elpopular.mx/2018/12/18/local/habitantes-de-ixtacamaxtitlan-exigen-a-amlo-frenar-proyectos-mineros-195593

Mexico

No a la minería en 60 centros indígenas de Oaxaca

Autor: Octavio Vélez, NVI Noticias

Para 60 de los 90 comunidades indígenas de Oaxaca, donde el gobierno federal asignó concesiones mineras, la actividad extractiva no representa una vía de desarrollo, afirmó el coordinador del Área de Derechos Territoriales de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Neftalí Reyes Méndez.

“Han dicho si a la vida, no a la minería”, asentó.

“Es que el gobierno federal concesionó el cinco por ciento del territorio estatal, sin consultar a los dueños legítimos de esas tierras y territorios”, asentó.

De esta manera, destacó que la decisión de las 60 comunidades indígenas, para rechazar a la minería, está respaldada por acuerdos alcanzados en sus asambleas comunitarias.

Reyes Méndez resaltó que esta determinación constituye un mensaje para el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no se pueden seguir impulsando estos proyectos “del mal llamado desarrollo” en las comunidades.

“Es necesario que se tome en cuenta la voz y la decisión de los pueblos y comunidades”, apuntó.

Fuente:https://www.nvinoticias.com/nota/107118/no-la-mineria-en-60-centros-indigenas-de-oaxaca