El impacto en el ecosistema y en las comunidades aledañas al cerro de El Ocote, Minatitlán, sería terrible, asegura Jacobo Reyes Velasco, biólogo mexicano; la Semarnat y la Profepa, así como los gobiernos estatal y municipal, tienen conocimiento del riesgo ambiental

De iniciar operaciones la Minera del Norte en el cerro de El Ocote, el impacto en el ecosistema y en las comunidades aledañas sería terrible, pues se verían afectadas más de mil especies vegetales y animales, afirmó Jacobo Reyes Velasco, biólogo mexicano.

El también candidato a doctor por la Universidad de Texas, Estados Unidos, detalló que ésta es una de las zonas más biodiversas, no sólo del estado, sino de todo el occidente de México, y que de acuerdo a estudios realizados en el área, hay 716 especies de plantas adyacentes al arroyo Agua Fría, de 127 familias y 423 géneros, así como 373 diferentes especies de animales entre mamíferos (35), anfibios y reptiles (42); aves (56) y mariposas (240).

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Durante la administración de Felipe Calderón, Iberdrola, principal generadora de energía eléctrica privada en México, fue beneficiada al permitirle diversas modificaciones a sus permisos originales de productor independiente al autorizar aumentos en su capacidad de generación de energía, así como el cambio de algún proyecto para convertirse en autoabastecedor y de esta manera ser proveedor de electricidad de grandes consorcios como Cervecería Moctezuma, Cuahtémoc, Tiendas Chedrahui, Soriana, Alestra y Kimberly Clark, entre otras.

En una estrategia para aumentar sus ganancias y evadir la normatividad vigente y obtener un subsidio indirecto Iberdrola cambió la modalidad de su central La Laguna, localizada en Durango, de productor de energía independiente a autoabastecedor con lo que abrió la puerta para convertirse en suministrador de energía eléctrica a grandes clientes y dejar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los pequeños consumidores.

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Al contemplarse en la nueva Ley de Protección Civil y la Reducción de Riesgo de Desastres que “es delito grave cuando se cause daño o se ponga en riesgo a la población con alguna obra”, con ello, ni las minas a cielo abierto ni las presas”, que se proyectaban para instalarse en el estado de Veracruz podrán construirse, sostuvo la presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso del estado, Alma Rosa Hernández Escobar.

En entrevista, la legisladora panista señaló que la construcción de presas –112 proyectos para el estado de Veracruz–, impactaría en los habitantes, tiene que haber un dictamen serio, “hoy se tipifica como delito grave a todos aquellos que den permisos para asentarse, que den riesgo a los ciudadanos o que les puedan causar algún perjuicio a los ciudadanos, eso ya es tipificado como delito grave y es prisión de tres a 10 años”.

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A pesar de que México es el primer productor de plata y el décimo de oro, nuestro gobierno no percibe ingreso alguno de las empresas mineras por concepto de regalías sobre el valor de producción de los minerales extraídos a boca de mina. Dichas empresas se benefician con cantidades multimillonarias a partir de la explotación de los minerales y apenas pagan un derecho semestral por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público. Y toda la información oficial al respecto está reservada o es confidencial.

En México se desarrollan de manera extensiva actividades industriales de extracción de hidrocarburos y de otros minerales, las cuales desempeñan un papel importante en nuestro desarrollo económico y finanzas públicas. Dichas actividades también implican numerosos impactos ambientales y sociales. Por ello, un tema central en la gestión democrática de estos bienes naturales que pertenecen en dominio a la nación es el acceso a la información y la transparencia de la gestión de estos sectores. Tenemos el derecho de saber cómo se están explotando, qué empresas están involucradas en la explotación, a cuánto ascienden las utilidades que se están generando, cuál es el destino de la venta de estos bienes naturales y cuáles son los impactos ambientales y sociales que las actividades extractivas conllevan. De igual forma, tenemos el derecho conocer las medidas que el Estado ha tomado para mitigar o remediar estos impactos.

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