La reciente consulta sobre minería en Piedras, ha despertado mucho interés, y por momentos una intenso polémica. Entiendo oportuno compartir algunas informaciones sobre la suerte de consultas similares en América Latina, y algunas reflexiones sobre sus potencialidades, pero también los riesgos que encierran. Entre ellas, comparto aquí cinco reflexiones.
En primer lugar, las consultas locales sobre minería no son hechos comunes. Hay casos muy emblemáticos, y que han tenido gran repercusión en sus países. Se destacan las consultas en Tambogrande (Perú) y Esquel (Argentina). La consulta en Tambogrande ocurrió en 2002, en un marco más dramático, desde una empresa prepotente al asesinato de uno de los líderes ciudadanos. Aunque más del 90% rechazó el proyecto minero, se intentó avanzar en el emprendimiento (más informaciones aquí…). Se desplegaron entonces campañas en defensa de la zona, alguna de ellas revestidas por mucha originalidad. La experiencia argentina fue hace diez años atrás, y desembocó en un rechazo casi unánime de la explotación de oro (más información aquí…).
Esta rareza de las consultas locales es un primer aspecto a tener en cuenta, ya que deja en evidencia la pobreza en la diversidad de mecanismos democráticos. Por lo tanto, es necesario proteger y alentar esas formas de democracia local, independientemente de sus resultados (a favor o en contra de la minería). Es una forma de construir democracia y participación.
En segundo lugar, en casi todas esas consultas los resultados fueron rechazos abrumadores a la minería. Aquellas primeras expresiones, como las de Esquel o Tambogrande, dejaron en claro que las poblaciones locales se opondrían casi siempre a la megaminería. Por lo tanto los gobiernos han limitado ese instrumento, a veces por medios directos (como impedir que existan normas que las requieran) o por medios indirectos (trabando su organización o reconocimiento). Justamente por esta razón, las consultas locales son raras. En general los gobiernos refuerzan la centralidad de la toma de decisiones en el extractivismo y no aceptan condicionalidades locales.
Uruguay está ofreciendo un ejemplo dramático de esa mezcla de miedo y rechazo gubernamental a las consultas locales ante la minería. En efecto, ante la insistencia del gobierno de José “Pepe” Mujica en promover la megaminería de hierro a cielo abierto, en algunos departamentos se lanzaron recolecciones de firma para llamar a plebiscitos. En uno de esos departamentos se lograron mas de 13 mil firmas, más que suficiente para llamar a una consulta. Pero el gobierno central entorpece esto una y otra vez, y está buscando los medios para impedir esa consulta.
Esto expresa una contradicción fundamental por varios motivos. Contradice la larga tradición de Uruguay en consultas nacionales, muchas sobre temas urticantes (por ejemplo, un referéndum impidió la privatización de empresas públicas en tiempos de ortodoxia neoliberal). También choca con un presidente, Mujica, y un gobierno, que se definen como de izquierda, y que se dicen apoyados en los sectores populares. Y por si fuera poco, muchas de las críticas provienen del propio grupo político de Mujica, el Movimiento de Participación Popular, dejando en claro que cada vez tiene menos de “popular” y “participativo”. El argumento básico de ese movimiento, y del gobierno, es muy similar a uno empleado en Colombia: la minería sólo puede ser decisión del gobierno central; los grupos locales tienen intereses “locales” y no pueden entorpecer las necesidades “nacionales”. Este caso deja en claro que las presiones económicas obsesionadas con los extractivismos son tan pero tan intensas, que están dispuestos a sacrificar mecanismos participativos, tanto en Colombia como en otro países, y más allá de ideologías políticas.
En tercer lugar, es común observar que cuando se llega a la etapa de consultas locales, es cuando la gente entiende que ya no quedan, o quedan muy pocas, vías institucionales para dialogar con el gobierno central o incidir ante él. Esto hace que el llamado a la consulta también sea un síntoma de cierta pobreza democrática, “oídos sordos” de gobiernos y sistemas políticos. El reclamo por las consultas indica que están fallando las mediaciones desde lo local a lo nacional. Anular las consultas o desatenderlas, tan solo agrava esa desconexión. Pero el problema persiste, y estallará de otra manera, a veces bajo conflictos ciudadanos intentos.
En cuarto lugar, hay que aceptar que en las consultas locales no se pueden predecir los resultados. Hoy se festeja el resultado en Piedras, pero mañana podemos tener una consulta donde la mayoría apoya la minería. Algunas de estas cosas se asoman en Bolivia con la minería “cooperativizada”, que está en muchas manos, y por ello tiene respaldo popular. Incluso se puede llegar a extremos como en España, donde hay municipios que han aceptado ser basureros de residuos nucleares a cambio de jugosas cifras (ver por ejemplo aquí…). La cuestión en esos casos es que seguramente a muchos municipios vecinos, decisiones de ese tipo no les deben gustar.
Un quinto punto es la continuación del anterior: las consultas locales funcionan de mucho mejor manera si están articuladas con evaluaciones y planificaciones regionales (grupos de municipio, departamentos, provincias, etc.). Esto es necesario para impedir oposiciones entre ellos, o la transferencia de efectos negativos que se derramen en los municipios vecinos. Por lo tanto, las consultas locales no pueden entenderse como instrumentos aislados. Esta es una gran ausencia en casi todos los países sudamericanos.
Es así que la consulta en Piedras debe ser bienvenida, y más allá de su resultado, sobre todo por el ejercicio democrático. Pero ese es un músculo que se debe ejercer no sólo en otras localidades, sino también en otras escalas.
Unos brevísimos apuntes sobre los tres primeros puntos fueron adelantados en un debate en La Silla Vacía.