Kevin Hinostroza 24/09/2024
La nueva Área Natural Protegida (ANP) se llama Felipe Carrillo Puerto.

El decreto invoca el artículo cuarto constitucional que establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó el decreto por el que se crea una nueva Área Natural Protegida (ANP) en el estado de Quintana Roo. El ANP se llama Felipe Carrillo Puerto, con una extensión de 53,061 hectáreas, que incluye a la mina Calica, propiedad de Vulcan Materials Company.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó el decreto que declara área de protección de flora y fauna al sitio Felipe Carrillo Puerto, que son parte de tres municipios de Quintana Roo: Solidaridad, Tulum y Cozumel.

Sobre el decreto
El decreto invoca el artículo cuarto constitucional que establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Igualmente cita al artículo 27, párrafo tercero, que refiere que “la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”. Y que el Estado dictará “las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques (…) para preservar y restaurar el equilibrio ecológico”. Así como “para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”.

Dicho documento está firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón.

En la extensión protegida, está la mina Calica de 2,000 hectáreas, propiedad de la estadounidense Vulcan Materials, donde explotaba piedra caliza.

De las 53,061 hectáreas que abarca la nueva ANP, un pequeño porcentaje (4.4 %) corresponden a las 2,387 hectáreas divididas en cuatro predios que pertenecen a Vulcan Materials. Es propietaria de Calizas Industriales del Carmen (Calica) y del muelle Punta Venado, desde donde embarcaban hasta el año pasado el material pétreo extraído del subsuelo mexicano para exportarlo a la Unión Americana.
https://www.rumbominero.com/mexico/amlo-mina-calica-de-vulcan-materials-area-natural-protegida/

Almaden Minerals inició un arbitraje contra el gobierno de México por la cancelación del proyecto minero en Ixtacamaxtitlán, cuyos habitantes solicitan reclamarle por los daños ocasionados.
Gabriela Hernández
PUEBLA, Pue. (apro).– Luego de que la firma canadiense Almaden Minerals inició un arbitraje para exigir al gobierno mexicano una indemnización por la cancelación de su proyecto minero en Ixtacamaxtitlán, comunidades de ese municipio piden que, a su vez, México exija a la trasnacional que repare el daño que causó al medio ambiente, a los derechos humanos y al tejido social de esas localidades.

En un pronunciamiento, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, respaldada por 15 organizaciones, demanda ser escuchada en este arbitraje internacional que inició Almaden Minerals para exigir al gobierno de México el pago de al menos 200 millones de dólares luego que se cancelaron sus concesiones de extracción de oro y plata en esta entidad.

“Solicitamos a las autoridades competentes (Secretaría de Economía, Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, Subsecretaría de Comercio Exterior y al presidente Andrés Manuel López Obrador) que atiendan la presentación de pruebas y el testimonio de las comunidades indígenas que fueron afectadas por el proyecto minero”, reclama.

Esta organización señala que, hasta este momento, las actividades de la empresa canadiense en ese municipio generaron daños a la población, impactos a la salud, al medioambiente, opacidad, criminalización y estigmatización de personas defensoras, ruptura del tejido social y captura corporativa.

“Alzamos la voz para exigir que todos los daños que provocó Almaden Minerals Ltd. en el municipio de Ixtacamaxtitlán sean reparados y que las comunidades indígenas sean quienes reciban una indemnización y no las corporaciones millonarias”, exponen en este escrito.

Además, la Unión de Ejidos Atcolhua propone que el Tribunal de Arbitraje permita que puedan presentar su opinión escrita (amicus curiae) como población afectada por el proyecto minero y en calidad de parte no contendiente.

“Consideramos que estos procesos de arbitraje no deberían ser usados por las corporaciones para iniciar demandas en donde no se considera vinculante la opinión de las comunidades afectadas por proyectos de inversión, poniendo en riesgo la protección de los derechos humanos”, agrega.

La empresa, cuya filial es Minera Gorrión, informó que el 27 de junio solicitó un proceso de arbitraje contra el estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que es un mecanismo del Banco Mundial, invocando el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), del cual México y Canadá forman parte.

Esto luego de que, en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía, las cuales fueron autorizadas sin que se realizara consulta previa, libre e informada y sin consentimiento de la comunidad nahua y ejido Tecoltemi.

La empresa ha anunciado que cuenta con un financiamiento de 9.5 millones de dólares para sostener el proceso de arbitraje a través de la firma de abogados Boies Shiller Flexner.

La Unión de Ejidos sostiene que el comunicado con el cual la empresa da a conocer este proceso de arbitraje invisibiliza los derechos de las comunidades y las afectaciones que ya dejó en el territorio y que han sido documentadas tanto por esa organización a lo largo de diez años de lucha, como por la Evaluación de Impacto a los Derechos Humanos realizada a las comunidades.

Asimismo, recuerda, autoridades federales ambientales y de pueblos indígenas llevaron a cabo estudios en torno a los impactos ambientales y sociales en Ixtacamaxtitlán por la minería, concluyendo que esta actividad económica no es factible en la región.

Este pronunciamiento es respaldado por las organizaciones Servicios Ambientales Amelatzinhualahtoc A.C., Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (Unitona), la Brigada de Defensa del Territorio Xochilteca, Cambiemos Ya la Ley Minera, el Centro de Estudios Ecuménicos, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder).

Del mismo modo, firman esta postura el Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y Territorio de la Sierra Norte de Puebla, el Consejo Maseual Altepetajpianij el Consejo Tiyat Tlali, la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, Poder, la Organización Independiente Totonaca, el Movimiento Atzin, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y Fundar Centro de Análisis e Investigación.
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2024/7/19/comunidades-de-puebla-exigen-que-minera-canadiense-pague-por-danos-al-ambiente-333237.html

Redacción
10/07/2024
HERMOSILLO – En una protesta contra el consorcio minero Grupo México, ambientalistas y pobladores de Bacoachi bloquearon el camino hacia el río, impidiendo el ingreso de pipas que presuntamente desvían agua para la comunidad hacia la mina Buenavista del Cobre en Cananea.

El bloqueo pacífico en el Cañón de Evans, en el Río Bacoachi, buscaba detener la extracción diaria de más de 60 mil metros cúbicos de agua, una práctica que, según los manifestantes, agota los recursos hídricos locales y afecta seriamente los pozos de la región.

La protesta ha entrado en una nueva fase tras el arribo de seis patrullas de la Policía Estatal de Seguridad Pública que solicitaron a los manifestantes levantar el bloqueo y permitir el paso de las pipas. Este enfrentamiento demuestra la creciente frustración de la comunidad ante lo que consideran una explotación injusta de sus recursos naturales por parte de la industria minera. Los activistas locales denunciaron la presencia policial como una muestra de poca tolerancia hacia las protestas civiles legítimas.

«Avisen al pueblo para que vengan a apoyar. Hay seis patrullas estatales», expresaron los manifestantes en redes sociales, grabando el incidente que evidenció la tensión entre la población y las autoridades locales. La Sociedad Ambientalista de Sonora también reportó desde Bacoachi que la comunidad mantenía vigilancia para evitar que las pipas con agua pasaran, permitiendo el tráfico a otros usuarios mientras la protesta continuaba.

Fernando Ramírez, residente de Bacoachi, explicó que el bloqueo se originó debido a la preocupación por el uso indebido del agua local por parte de las operaciones mineras, afectando gravemente la calidad de vida de los habitantes y el equilibrio ambiental de la región.

«La empresa minera, antes de este mes que le comento, por casi tres meses estuvo sacando pipas de 30 mil a 35 mil litros de agua, aproximadamente de 22 a 23 pipas cada quince minutos, del lugar denominado Rancho La Churea», indicó Ramírez.

Durante el periodo de tres meses, se calcula que Grupo México realizó una extracción diaria equivalente a 63 mil 363 metros cúbicos de agua, una cantidad insostenible para el acuífero del Río Bacoachi. Ante la disminución en los pozos de agua potable, los habitantes de Bacoachi y las comunidades de Arizpe, como Chinapa y Buenavista, decidieron plantarse en el Cañón de Evans para impedir que las pipas continuaran circulando.
https://www.infocajeme.com/general/2024/07/bloquean-carretera-en-protesta-contra-grupo-mexico/

MEX3252.CANANEA (MÉXICO), 11/07/2024.- Personal de seguridad vigila la entrada a la Mina Buenavista del Cobre este jueves, en la ciudad de Cananea, estado de Sonora (México). Campesinos y pobladores a las orillas del Río Sonora, norte del país, denunciaron que la minera de Grupo México está despojándolos de 50 millones de litros de agua al día para la explotación de sus yacimientos de cobre, plata y oro. EFE/Daniel Sánchez

12/07/2024
EFE
Imagen: EFE
Campesinos y pobladores a las orillas del Río Sonora, norte de México, denunciaron que la minera Grupo México está despojándolos de 50 millones de litros de agua al día para la explotación de sus yacimientos de cobre, plata y oro.

Los pobladores de Bacoachi, en el estado mexicano de Sonora, también mencionaron que se deja a miles de habitantes en la región sin agua para consumo humano y actividades productivas, en medio de una de las sequías más extremas en el noroeste de México.

Humberto de Hoyos, vocero de la Comisión en Defensa del Agua del Río Sonora, explicó que la sequía provocó que la minera Grupo México agotara sus fuentes de abastecimiento en el ojo de agua de Arbayo, donde nacía el Río Sonora, y también los pozos ubicados en el Río San Pedro, que corre desde Cananea hacia la frontera con Arizona, en Estados Unidos.

“Ahorita en Cananea la población está batallando por el agua, las autoridades nos dicen que lo resolverán en septiembre, ya que pase el calor, pero la minera ya secó al Ejido Zapata y al Ejido Zaragoza, de donde se abastecían, el ojo de agua ya lo secaron por completo, entonces ahora se están yendo hacia el sur de Cananea, cuando sus reservas estaban en el Río San Pedro y el Río Sonora”, advirtió.

Protesta y corte de ruta
Para evitar el saqueo de sus recursos hídricos, habitantes de Bacoachi y otros pueblos del norteño estado de Sonora comenzaron un bloqueo del camino en el Cañón de Evan’s, un arroyo desde donde impiden el cruce de las decenas de pipas que diariamente van y vienen con el agua de unos pozos que se ubican en ranchos que compró Grupo México para abastecerse.

De Hoyos aseguró que la empresa minera consiguió de las autoridades mexicanas estatales y federales el permiso para explotar dos pozos, pero están extrayendo el recurso hídrico a través de 24 pozos que trabajan sin parar. “Cuando estaban pasando las pipas, contábamos al menos 80 por hora y trabajan 24 horas al día, la pipa más chica tiene capacidad de 31.000 litros y las más grandes hasta 10.000, entonces calculamos que diariamente se estaban llevando más de 50 millones de litros de agua”, advirtió el vocero de la Comisión en Defensa del Agua del Río Sonora.

Los habitantes afectados por la empresa mexicana denunciaron que el consorcio minero cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua en México y la Comisión Estatal del Agua en Sonora. Además, que un convoy de patrullas de la Policía Estatal de Seguridad Pública intentó retirar a los ciudadanos inconformes para liberar el bloqueo a las pipas que realizan el saqueo del agua, aún sin un recurso legal para disuadirlos.
La respuesta de la empresa
En respuesta, el consorcio Grupo México negó explotar indebidamente el agua del Río Sonora y a través de un comunicado condenó el bloqueo de los habitantes en la carretera Cananea-Bacoachi.

La empresa asegura que ha documentado la legalidad, sustentabilidad y transparencia en el uso de pozos, con apego a la legislación vigente.

Actualmente, la mina Buenavista del Cobre, que explota Grupo México, suspendió el movimiento de pipas en tanto se resuelve la situación. Sin embargo, la empresa sostiene que poseen facultades legales que les han otorgado las autoridades mexicanas.
https://www.pagina12.com.ar/751585-denuncian-a-una-minera-por-el-saqueo-de-50-millones-de-litro

26/05/2024
Durante la asamblea anual de accionistas de Fresnillo PLC, ejidatarios de El Bajío cuestionaron a los directivos del consejo de administración de la minera, entre ellos Alejandro Baillères, a quienes acusaron de mentir e incumplir las 67 sentencias que les ordenan devolver el oro extraído ilegalmente del desierto de Sonora
Texto y fotos: Alejandro Ruiz

LONDRES, REINO UNIDO. – Por segunda ocasión en la historia, un grupo de campesinos del ejido El Bajío encaró al consejo de Administración de Fresnillo PLC, presidido por el multimillonario Alejandro Baillères.

Los campesinos viajaron hasta Londres, Reino Unido, para exponer ante los accionistas de la minera el incumplimiento que la empresa ha hecho de 67 sentencias que la obligaron a abandonar la tierra de los ejidatarios de El Bajío, y a restituirles todo el oro que extrajeron ilegalmente del territorio, una suma que se estima en más de 347.6 millones de dólares.

Lo hicieron acompañados de las organizaciones Transform Trade, London Mining Network y ShareAction, las cuales vigilan el actuar de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres para identificar graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas en los países donde desarrollan su actividad económica.

Ante el consejo de administración, Jesús Thomas, ejidatario del ejido El Bajío, reclamó contundentemente a la asamblea: “Ustedes sólo respetan la ley cuando les beneficia”. Y no parece estár equivocado.
Las omisiones en el reporte de Fresnillo PLC

En 2013, 67 campesinos de El Bajío demandaron a Penmont (minera filial de Fresnillo PLC) ante el Triunal Unitario Agrario número 28 de Hermosillo, Sonora. Acusaron despojo y daños ambientales causados por la invasión ilegal de su territorio para la explotación minera.

El juicio se resolvió en noviembre de 2014, y sentenció a la minera a abandonar el ejido y regresar el oro que extrajo ilegalmente a los campesinos. Desde ese año se han desprendido 67 sentencias, todas a favor de los ejidatarios, ratificadas desde ese mismo año. La minera no ha cumplido ninguna, pues aunque fue desalojada por la fuerza del territorio ejidal, no ha restituido el oro saqueado a los ejidatarios.

La muerte también ha llegado al ejido, pues desde que los ejidatarios de El Bajío emprendieron su lucha, les asesinaron a tres compañeros: Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega. También, desaparecieron a Noemí Elizabeth López Gutiérrez, y enfrentaron la detención arbitraria de 12 campesinos por órdenes de la familia de la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Actualmente, un grupo de exejidatarios asesorados por abogados cercanos a la minera y el crimen organizado demandó a otros integrantes de El Bajío.

Pese a esto, al ser cuestionados durante la asamblea del consejo de administración, los ejecutivos de Fresnillo PLC omitieron hablar de esto.

En la asamblea, Richard Solly, integrante de la London Mining Network, preguntó sobre el incumplimiento de las sentencias. La respuesta la dio el director ejecutivo de Fresnillo PLC, Octavio Alvídrez, y no el presidente de la compañía, Alejandro Ballères. Alvidréz respondió con vaguedades, enlistando algunas de las acciones sociales que la minera realiza en otras partes del país. Sobre el ejido El Bajío, Alvídrez solo lamentó “la división en dos grupos que pelean por intereses distintos”.

Ante esto, Solly reclamó: “Gracias por sus respuestas. Contestó cosas muy interesantes a preguntas que yo no hice. Yo me refería a tres juicios legales en específico que hay en contra de la compañía y de esos al menos uno, entiendo, no puede apelarse”.

Los juicios a los que hizo referencia Solly son el 188/2009, del 11 de noviembre de 2011; el 536/2013, del 9 de junio de 2014; y el 297/2019 del 26 de enero de 2022. Todos en materia agraria.

Además de esta pregunta, Solly cuestionó que Alvídrez respondiera, pues formalmente no es un miembro de la junta directiva de Fresnillo PLC. Alvídrez sólo respondió lo último:

“En la práctica, yo soy un miembro de la junta, aunque no tenga la nominación, participo activamente en todas las decisiones que la junta determina. Estoy considerado un miembro de la junta en términos prácticos».

Posterior a esto, Fiona Gooch, de la organización Transform Trade, cuestionó al consejo administrativo de Fresnillo PLC sobre el incumplimiento de las sentencias, además de inconsistencias en sus reportes financieros. De nuevo, Alvídrez respondió:

“Nosotros somos transparentes en todo ese sentido. Y, como mencioné, confiamos al 100 por ciento en que las autoridades llegarán a cualquier resolución final. Y, cualquiera que sea, nosotros la cumpliremos al 100 por ciento con esa resolución final. Así como lo hicimos cuando en 2013 le regresamos la tierra a los ejidatarios de El Bajío. Y debo mencionar algo en particular, porque no fue a todos los miembor sde El Bajío, sino a la familia Cruz”.
Octavio Alvídrez, director ejecutivo de Fresnillo PLC

La respuesta de Alvídrez, de nuevo, fue contradictoria. Jesús Thomas precisó en la misma asamblea:

“Hay un grupo de cuatro pesonas, y hay un grupo de 70 personas. Esa es la división; y las cuatro personas (los Cruz) están trabajando de la mano con los abogados de la empresa”.

Además de esto, otro dato que la minera no reconoce es que la restitución del oro que ordenan las sentencias no son hacia la familia Cruz, sino para la Asamblea del ejido El Bajío.

Sobre esto último, Octavio Alvídrez se limitó a resumir el conflicto a “diferentes puntos de vista”.
Fresnillo PLC miente a accionistas en Londres

De acuerdo con un reporte de S&P Capital IQ en posesión de Pie de Página, en 2022 Fresnillo PLC reportó que su mina de Soledad y Dipolos se encontraba operando, pero bajo el estado de mantenimiento y cuidado. Ese mismo año, la empresa reportó que el valor de sus reservas in-situ fue de 2 mil 811.9 millones de dólares.

Este reporte demuestra que, aún con las 67 sentencias en su contra, Fresnillo PLC sigue reportando ganancias en esta mina, aunque ya no opera más. Inclusive, en 2023 el área fue catalogada como Área Natural Protegida.

Esta información fue corroborada por Octavio Alvídrez a pregunta expresa de este reportero. Posteriormente, Fiona Gooch, de Transform Trade, cuestionó el por qué esto no aparece en los reportes anuales de Fresnillo PLC, y también por qué no aparece un monto designado para el cumplimiento de la sentencia.

La respuesta de Alvídrez, de nuevo, fue vaga: “Bueno, esa es su opinión, y yo no la discutiría. También tenemos una visión legal con un proceso legal departamental. Como mencioné antes, y lo seguimos haciendo, cumplimos el 100 por ciento de la normativa. No sólo lo que tenemos en México, sino los estándares internacionales también. Por supuesto que este proceso legal está en las regulaciones de México y nosotros cumplimos con eso al 100 por ciento”.

El contexto de esta pregunta, apuntó Gooch, es porque en la Asamblea General Anual, se comparten los datos administrativos de los activos de Fresnillo PLC, empresa que cotiza y obtiene beneficios de la Bolsa de Valores del Reino Unido. Omitir un reporte de esta naturaleza podría acarrear una sanción administrativa, e inclusive la expulsión de la Bolsa.
Las consecuencias: Fresnillo PLC en la mira

Desde tiempo atrás, los ejidatarios de El Bajío han impulsado una campaña para que el gobierno del Reino Unido sancione a la empresa de la familia Baillères. Esto, de acuerdo a Jesús Thomas, «es porque en México no nos hacen caso».

En su travesía, además de contar con el apoyo de las organizaciones ya mencionadas, los ejidatarios se reunieron con el político laboralista, Fabian Hamilton, miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico, quien ya presentó ante las autoridades mexicanas una moción por el caso del ejido El Bajío.

Las autoridades mexicanas, sin embargo, no han hecho caso a esto, pues la ejecución de las 67 sentencias sigue en espera.

Además de esto, la Corporate Justice Coalition, una red de 68 organizaciones, comentó en entrevista que casos como este pueden ser sancionados por las leyes vigentes en el Reino Unido, ya sean en materia financiera, fiscal, o administrativa.

Aunado a ello, esta coalición, explicó su directora Eleonor Rosenbach, impulsa una nueva ley que permitirá sancionar penalmente a empresas con capital inglés o que coticen en los mercados financieros del Reino Unido si no respetan leyes ambientas y de respeto a los derechos humanos en los lugares donde operan.

De aprobarse, esta legislación podría traer consecuencias a empresas como Fresnillo PLC, que además de incumplir las sentencias en su contra, ha propiciado asesinatos, desapariciones y amenazas contra los ejidatarios que se oponen a la mina.

Actualmente la propuesta de ley cuenta con 120 mil firmas de personas que apoyan la iniciativa.

Alejandro Ruiz

Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.