Mexico

LEGALIDAD NO ES JUSTICIA

Ante la negación de amparo a comunidades frente la megaminería tóxica
18/01/2021.
En un mundo que no esté al revés, la vida de cualquier individuo, comunidad o territorio, sea o no indígena, merece
respeto. Merece que no se le despoje y que no se le atropelle. Un Estado que permite el despojo y lo justifica es un
Estado diseñado para el atropello.
Para cualquier ser vivo, cualquier modelo de “desarrollo” basado en el despojo, en la extracción de sus medios de
vida, es un atropello. Y eso, aunque la devastación y saqueo han sido parte de un proceso continuo a lo largo de la
historia y siguen siendo tan comunes que se ven como algo “natural”.
En un mundo que no esté al revés, quien atropella no debe quedar en la impunidad. Y una Ley que justifica y permite
el despojo debe ser erradicada por injusta. Y los legisladores y jueces que han hecho del despojo una Ley no deben
quedar en la impunidad. Aunque sea insuficiente, saludamos que funcionarios de la Semarnat se atrevan a asomar
la cabeza y sugerir con diplomática moderación lo que tenían que haber planteado sin ambages desde hace años, o
al menos desde el inicio de este sexenio: algo tan elemental como que la ley debe de respetar la integridad
ambiental. Hay que animarlos a que se atrevan a más, que es lo menos: a exigir y a ocuparse de lleno en que la Ley
Minera sea sujeta a una transformación profunda, no importa si esa transformación es la primera o la quinta.
En un mundo que no esté al revés, haciendo a un lado cualquier moderación diplomática ante la estructura jurídica
actual y ante el poder del capital, es una responsabilidad básica el que todas las dependencias del Estado, cada una
desde su respectivo ámbito, sea el de la salud, el ambiental, el educativo, el económico, el cultural, desde todos los
ámbitos, se exijan a sí mismos, de entrada y en su propio desempeño y el de sus funcionarios, y a todo el sistema en
su conjunto, el respeto a la vida y al futuro de los habitantes de este país, sean o no indígenas, y el respeto a la vida
en su conjunto y al futuro de sus territorios sin discriminación étnica, de género y de clase, como un postulado
fundamental ya impostergable. Sin ese acuerdo plasmado en hechos, no hay Estado que valga.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Mexico

PRESENTA MORENA UNA INICIATIVA PARA AUMENTAR LOS IMPUESTOS A LA MINERÍA

19/01/2021
¿Hasta cuándo van a seguir legislando los corporativos empresariales en este país?
¿Qué le pasa a los legisladores de Morena? ¿Pueden superar su propia ingenuidad?
¿Hay alguien que pueda orientarlos en lo más básico, para que entiendan las implicaciones y
responsabilidades del quehacer legislativo?
15 enero 2021
Hay un grave equívoco en pretender resolver la pretensión minera del despojo de los territorios exigiendo a
las empresas que paguen más impuestos al erario público. En efecto, las empresas extractivistas se han
beneficiado de las ridículamente mínimas tasas impositivas fijadas por el Estado mexicano a sus actividades,
en un ordenamiento fiscal que ha sido estructurado para su ventaja económica, a un grado tal que sólo
demuestra el servilismo de los legisladores y gobernantes que han permitido ese estado de cosas, quienes por
años han doblado dócilmente el espinazo ante los intereses particulares de esas empresas a costa del bien
común.
Sin embargo, aumentar los impuestos a la minería depredadora solamente legitima la depredación. Es como
si el asesino o el ladrón pagaran un impuesto para tener el derecho de quitarle la vida o los bienes a una
persona. El pago de impuestos, independientemente del monto, no pueden dispensar el crimen. El Servicio
de Administración Tributaria (SAT) no debe ser convertido en un cómplice del despojo. Es más, ponerle precio
a la vida, al bienestar, a la salud y a la economía local mediante una tarifa fiscal, cualquiera que ésta sea, es
legalizar la muerte, porque los impuestos no previenen las afectaciones ineludibles, documentables e
irreversibles que la megaminería tóxica genera en los territorios donde se instala. Los impuestos no impiden
que se agujere la tierra, que se dispersen los contaminantes en el agua y el aire, no revierten las enfermedades
y muertes por contaminación, ni reparan las heridas del divisionismo, del desarraigo y de la violencia que
conllevan las explotaciones de la megaminería.
Llamamos a los legisladores a proceder con información certera y objetiva, a pesar de la permanente campaña
de desinformación que acompaña sistemáticamente a las iniciativas de minería a tajo abierto por metales en
todo el mundo. Hablan de “remediaciones”, de minería “sustentable”, de “beneficio a las comunidades”, pero
operan en los hechos generando afectaciones que no tienen remedio, no sólo en los territorios, sino en la vida
de las personas y de las comunidades. Esa información certera y objetiva no está en las campañas
desorientadoras y encubridoras, motivadas por el afán de lucro y la codicia de las empresas que llegan,
despojan y se van. Desde el principio precautorio más elemental, los legisladores conscientes de su
responsabilidad para con el pueblo mexicano deben, por dignidad y por coherencia, prohibir en definitiva
este tipo de explotaciones; deben prohibir el despojo en lugar de legitimarlo mediante impuestos, sean
altos o bajos.
L LAMAMOS A LOS LEGISLADORES DE M ORENA Y DE CUALQUIER OTRA AGRUPACIÓN PARTIDARIA A NO FACILITAR
EL DESPOJO MEDIANTE EL PAGO DE IMPUESTOS , Y A IMPULSAR VERDADERAS ALTERNATIVAS ECONÓMICAS ,
PROPIAS Y EFICACES , PARA LAS COMUNIDADES
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Mexico

PRESENTA MORENA UNA INICIATIVA PARA AUMENTAR LOS IMPUESTOS A LA MINERÍA

15/01/2021
¿Hasta cuándo van a seguir legislando los corporativos empresariales en este país?
¿Qué le pasa a los legisladores de Morena? ¿Pueden superar su propia ingenuidad?
¿Hay alguien que pueda orientarlos en lo más básico, para que entiendan las implicaciones y
responsabilidades del quehacer legislativo?

Hay un grave equívoco en pretender resolver la pretensión minera del despojo de los territorios exigiendo a
las empresas que paguen más impuestos al erario público. En efecto, las empresas extractivistas se han
beneficiado de las ridículamente mínimas tasas impositivas fijadas por el Estado mexicano a sus actividades,
en un ordenamiento fiscal que ha sido estructurado para su ventaja económica, a un grado tal que sólo
demuestra el servilismo de los legisladores y gobernantes que han permitido ese estado de cosas, quienes por
años han doblado dócilmente el espinazo ante los intereses particulares de esas empresas a costa del bien
común.
Sin embargo, aumentar los impuestos a la minería depredadora solamente legitima la depredación. Es como
si el asesino o el ladrón pagaran un impuesto para tener el derecho de quitarle la vida o los bienes a una
persona. El pago de impuestos, independientemente del monto, no pueden dispensar el crimen. El Servicio
de Administración Tributaria (SAT) no debe ser convertido en un cómplice del despojo. Es más, ponerle precio
a la vida, al bienestar, a la salud y a la economía local mediante una tarifa fiscal, cualquiera que ésta sea, es
legalizar la muerte, porque los impuestos no previenen las afectaciones ineludibles, documentables e
irreversibles que la megaminería tóxica genera en los territorios donde se instala. Los impuestos no impiden
que se agujere la tierra, que se dispersen los contaminantes en el agua y el aire, no revierten las enfermedades
y muertes por contaminación, ni reparan las heridas del divisionismo, del desarraigo y de la violencia que
conllevan las explotaciones de la megaminería.
Llamamos a los legisladores a proceder con información certera y objetiva, a pesar de la permanente campaña
de desinformación que acompaña sistemáticamente a las iniciativas de minería a tajo abierto por metales en
todo el mundo. Hablan de “remediaciones”, de minería “sustentable”, de “beneficio a las comunidades”, pero
operan en los hechos generando afectaciones que no tienen remedio, no sólo en los territorios, sino en la vida
de las personas y de las comunidades. Esa información certera y objetiva no está en las campañas
desorientadoras y encubridoras, motivadas por el afán de lucro y la codicia de las empresas que llegan,
despojan y se van. Desde el principio precautorio más elemental, los legisladores conscientes de su
responsabilidad para con el pueblo mexicano deben, por dignidad y por coherencia, prohibir en definitiva
este tipo de explotaciones; deben prohibir el despojo en lugar de legitimarlo mediante impuestos, sean
altos o bajos.
L LAMAMOS A LOS LEGISLADORES DE M ORENA Y DE CUALQUIER OTRA AGRUPACIÓN PARTIDARIA A NO FACILITAR
EL DESPOJO MEDIANTE EL PAGO DE IMPUESTOS , Y A IMPULSAR VERDADERAS ALTERNATIVAS ECONÓMICAS ,
PROPIAS Y EFICACES , PARA LAS COMUNIDADES
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

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Por qué un fallo de la Suprema Corte de Justicia de México sobre la Ley Minera es un revés para las comunidades y pueblos indígenas

14/01/2021
Académicos y organizaciones ambientalistas advierten que la determinación judicial mantendrá al país como líder en conflictos por minería en América Latina.
Por qué un fallo de la Suprema Corte de Justicia de México sobre la Ley Minera es un revés para las comunidades y pueblos indígenas
Protesta contra minería a cielo abierto en Puebla, Méxicolacoperacha.org.mx

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo al pueblo indígena Masewal, de la Sierra Norte de Puebla, y avaló la Ley Minera. La decisión no está exenta de polémica porque, según académicos y estudiosos del tema, dará luz verde a la explotación, devastación y despojo de tierras por parte de las industrias extractivas en México.

La Segunda Sala de la SCJN avaló por unanimidad la constitucionalidad de la Ley Minera, aún cuando los pueblos indígenas afectados por ese instrumento jurídico no hayan sido consultados para su aprobación.

La determinación de la Corte se produjo luego de que la comunidad Masewal solicitara declarar la invalidez de la Ley Minera, por considerar que viola los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

De hecho, la instalación de un proyecto emprendido por filiales mexicanas de la minera canadiense Almaden para la extracción de oro y plata, en el municipio de San Francisco Ixtacamaxtitlán, ya había provocado desde hace varios años la resistencia de las comunidades asentadas en la zona.

«Negar la inconstitucionalidad de esta ley significa validar un sistema de violación, que históricamente nos ha despojado de territorio a los pueblos indígenas», señalaron voceras del Consejo Masewal Altepetahpianih, a través de un video difundido en redes.

El planteamiento de los pueblos fue apoyado por organizaciones ambientalistas tanto nacionales e internacionales, incluyendo a dependencias de gobierno, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

«Nosotros planteamos que el corazón del sistema minero es la Ley Minera y es inconstitucional, porque no fue construida con los pueblos, los guardianes del territorio y el patrimonio biocultural. Pero se confirmó un sistema que discrimina pueblos y violenta a la naturaleza, por lo que se seguirán agravando y escalando los conflictos socioambientales que hemos visto en el país», señaló el abogado Xavier Martínez, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en declaraciones recogidas por el medio SinEmbargo.
Minería contra los pueblos

Al respecto, grupos de académicos y defensores de derechos humanos han señalado que «las leyes mineras deben ser consultadas con los pueblos indígenas, pues la extracción de los minerales que comúnmente se encuentran en sus territorios tienen impactos muy intensos que suelen generar daños contrarios al derecho internacional».

Uno de los principales problemas en torno a la Ley Minera es que que prioriza las actividades extractivas, por encima de la protección del medio ambiente y los derechos humanos.

De acuerdo con el Gobierno mexicano, la minería es una de las principales causas de emergencia social y ambiental en el país, ya que los métodos de extracción y disposi­ción de residuos han convertido a la actividad en una importante fuente de contaminación, con afectaciones a la salud de muchas poblaciones.

«Los acuerdos de ocupación temporal superficial se firman bajo circunstancias profundamente desiguales», sostienen los investigadores Claudia Gómez y Jorge Peláez, en un trabajo publicado por la Semarnat. «En estos convenios leoninos, las empresas mineras reciben todas las ganancias y las comunidades asumen todas las pérdidas. Aunque estos convenios están prohibidos, las autoridades los validan», señalan.

De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), México es el país con más casos de conflicto minero en la región, con 58 registros, por encima de Chile (con 49) y Perú (con 46).
Manuel Hernández Borbolla
https://actualidad.rt.com/actualidad/380171-corte-mexico-ley-minera-indigenas-reves

Mexico

PAN AMERICAN SILVER, UNA EMPRESA CRIMINAL. EL CASO DE LA COLORADA

18/12/2020

La comunidad La Colorada, en el Estado de Zacatecas, México, pudo comprobar en carne propia cómo Pan American Silver fue ocupando sus territorios hasta el punto de obligarlos forzosamente a dejar sus hogares. Para poder realizar su extracción minera a gran escala, la empresa canadiense fue realizando un lento trabajo social en donde privó a las familias de su sustento, les quitó las zonas de cultivo y pastoreo, compró gente de la comunidad para que se retire y finalmente expulsó de sus hogares por la fuerza a quienes habían decidido quedarse, demoliendo cerca de 150 viviendas: un pueblo entero. Entrevista a representantes de la comunidad La Colorada, quienes siguen firmes en la lucha contra la misma empresa que quiere instalarse en Chubut. Por Julián Raso para Noalamina.org

En otro capítulo de tantos en que la minera Pan American Silver demuestra su desprecio por las comunidades donde se instala, se destaca lo que hizo en La Colorada, municipio de Chalchihuites, Estado de Zacatecas, México. Allí inició un proyecto en el año 1998, y mientras ofrecía promesas y trabajo a quienes ahí vivían, les iba de a poco quitando las posibilidades de continuar con la agricultura local. Fue en 2015 cuando la población comprendió que el campamento, las casas que la empresa estaba construyendo, no eran para las familias de los trabajadores. Iban a avanzar sobre sus propias casas y mudarlos forzosamente a casas prefabricadas, dentro del yacimiento y junto a las maquinarias.

El gobierno no brindó ninguna respuesta. Pan American Silver ya tenía arreglada la expansión de la mina con los políticos de turno y los pobladores de Las Coloradas descubrieron que la contaminación no era solo ambiental. La minera había corrompido las instituciones.

Muchos de los habitantes de Las Coloradas ya estaban comprometidos con la empresa: habían accedido a algún tipo de empleo, y si se quejaban por la expulsión de sus hogares también perdían su única fuente de sustento. Algunas personas ya habían emigrado ante la falta de oportunidades, otras habían vendido sus casas y terrenos. Quienes decidieron quedarse, tuvieron que abandonar sus hogares cuando las máquinas de la empresa acompañadas por fuerzas de seguridad privadas y armas largas, llegaron para demoler sus casas.

A continuación, la entrevista a representantes de dicha comunidad:

¿Cómo era la comunidad antes de que llegara Pan American Silver?

–Era una comunidad que se dedicaba a la ganadería y la agricultura a baja escala. Cuando llegó esta empresa y se instalaron en nuestra comunidad, todo se fue dando poco a poco. Fueron cerrando los caminos, los accesos a las parcelas y los animales empezaron a morir. Pues nosotros nos quejábamos con el gobierno y no hacían nada, para ellos es más importante ese tipo de empresas que las comunidades agrícolas o campesinas. Se nos ha complicado mucho en ese sentido. Era una comunidad completamente dedicada a la agro ganadería.

–Era muy común los huertos de traspatio y los huertos familiares, grandes lugares donde se tenía peras, uva, naranjas, nuez. La comunidad era sostenible por si sola porque vivía de lo que se cosechaba y lo que se daba en su tierra. Con costumbres y tradiciones, una comunidad muy unida, alegre y sobre todo muy libre. La libertad se extraña tanto, porque ahora no se tiene para nada.

Imágenes aportadas por Miguel y Ámbar, sobre la vida en La Colorada antes del arribo de PAS

Cuando llega esta empresa, ¿Qué prometieron a la población? ¿ Les consultaron?

–Pues desafortunadamente nunca tuvieron la atención de comunicarnos, ni tanto por el gobierno ni por ellos. Simplemente llegaron y se instalaron. Nosotros tratamos de defendernos pero desafortunadamente tenemos un gobierno muy corrupto que les dio la oportunidad, sin consultarnos a nosotros ni a nadie, de asentarse ahí.

–Desgraciadamente los pueblos que son defensores de los Derechos Humanos como de nuestra Madre Tierra somos tratados como criminales. Desgraciadamente acá si estás peleando, estás tratando de obstruir la economía, o el trabajo. No entienden la importancia que tienen las raíces, el origen de las personas. Y te señalan como si fuera en cierta forma malo lo que estás haciendo. Pero si se pusieran a pensar desde nuestra forma de ver, toda la destrucción de tu vida, tu tierra, tu forma de ser, la tradición, la cultura, la libertad… Creemos que la sociedad pensaría diferente, pero ahorita todo está enfocado a la economía y al dinero. Y no a la tierra que es la razón de ser de la vida.

¿Qué cambió con la llegada de Pan American Silver?

–Cambió muchísimo. Por ejemplo para nosotros la libertad, la forma de vida a la que estábamos acostumbrados, ya se terminó. Toda esa libertad, esas tradiciones, las costumbres que teníamos pues ya se acabó todo. Se destruyó el tejido social. Nuestra comunidad era unida y hoy ya no. Formaron un conflicto entre la misma población separándonos en dos grupos, unos a favor y otros en contra. Ofreciéndoles a los otros supuestamente el bienestar de las familias y que con la minería iba a cambiar su vida, a estar mejor y no. Nada más fue uno de los pasos para despojarnos de nuestro territorio, de nuestra tierra. Eso es lo que vemos que ha cambiado.

–Llegó a nuestra comunidad y poco a poco fue haciendo el desplazamiento, despojándonos aún sin darnos cuenta. (La empresa) es muy silenciosa, muy minuciosa. Entra en tu comunidad y los trabaja viendo qué forma de vida tiene cada uno, y cómo poder separar ese tejido social y así usar una parte de la población para que ataque a sus propios compañeros de comunidad y así se haga un conflicto. Y al fin y al cabo esperar a que ellos sólos se destruyan y acabar con el equipo más pequeño.
Y así es como ella trabajó, separó la comunidad, a su parte la llenaba con beneficios, con promesas, a lo último acabó comprándolos. Se fueron de ahí por el progreso. Pero nosotros tenemos una perspectiva muy diferente de lo que es el progreso. Para nosotros el progreso es seguir cultivando como nuestros ancestros e ir transmitiendolo a los que siguen, a las nuevas generaciones. Para que perdure el amor a la tierra, el amor a la vida, el amor a lo que nos da la vida. Al fin y al cabo el dinero se va y la tierra se va a quedar. Si la cuidamos es la que nos va a dar la vida. No se dan cuenta que con estos proyectos sólo nos estamos dañando. Pero desgraciadamente no toda la sociedad pensamos lo mismo.

 

La empresa empezó un proyecto de un tamaño, y una vez instalada avanzó sobre el pueblo. Hay denuncias muy graves, gente que tuvo que dejar sus casas porque desgraciadamente tenían la mala fortuna de vivir arriba de estos minerales codiciados por la empresa. ¿Cómo fue en su comunidad esta situación de desplazamiento forzado?

–Esta empresa (Pan American Silver) llegó en 1998. Desde entonces fue apoderándose poco a poco. En el 2014 notamos que estaban haciendo una unidad habitacional a unos pocos metros de la comunidad. Nosotros pensamos que esos campamentos eran para las personas que estaban trabajando, que iban a traer sus familias. Pero ya se estaba tramando lo que se iba a hacer: en el 2015 fue cuando se dio totalmente el despojo, cuando se nos dijo que si no dejábamos nuestras casas, iban a destruirlas aún con personas adentro. Nosotros fuimos al Ministerio Público y nos dijeron que no estuviéramos destapando hoyos porque después quién sabe cómo nos fuera. Desde un principio se nos fueron cerrando las puertas.
Entonces pedimos ver al gobernador pero no, nunca dio la cara. Llegó un secretario sólamente para ver que qué más queríamos. Si casas, amuebladas, que qué más. ¡No! Nosotros estamos defendiendo nuestra forma de vida. Eso no se acerca ni un poco a la forma de vida que tenemos. ¡Eso es una prisión para nosotros! (se refiere a las casas que construyó Pan American Silver para desplazarlos). Y se paró y se fue…

Continúa su relato indicando cómo aceptaron la representación de una licenciada que terminó traicionándolos: les dijo que en el gobierno tenía escrituras que indicaban que sus tierras eran de Pan American Silver, pero que no se las iba a mostrar porque “eran unos ignorantes que no las iban a entender”. Terminó indicándoles que la empresa y el gobierno se desligaban de lo que pueda llegar a pasar, porque les habían ofrecido conciliar y ellos no aceptaban…

La conciliación que ofrecían implicaba que ustedes abandonen sus casas…

–Sí. De hecho ahí lo que vimos es que Plata Panamericana, Pan American Silver, ya tenía comprado al gobierno de Zacatecas. Lo que percibíamos, ya lo tenemos bien vivido. Cómo funcionan, cómo arman todo con el gobierno para despojar a las comunidades. En contubernio la empresa minera con el gobierno unidos.

–Cuando vieron nuestra negación nos dieron un ultimátum: se salen o se salen. Sino nadie se va a hacer responsable. Quedamos en shock, no sabíamos qué hacer, no teníamos la capacidad para entender lo que se avecinaba.

–El problema en el que nos íbamos a meter… De hecho después de todas esas amenazas nosotros regresamos a nuestra comunidad. A los poquitos días empezaron a tumbar las casas. Nosotros no aceptábamos salir. Decidimos quedarnos. Pero veíamos que no teníamos el apoyo del gobierno federal ni estatal, ni nadie, y la empresa empezó a tumbar las casas con los muebles adentro, había niños y gente mayor. Pues entonces decidimos salirnos e ir a la zona habitacional que ellos habían construido para despojarnos. Ahora, una vez que salimos y nos fuimos a las casas que ellos construyeron pues ya se sintieron como dueños. Presentando escrituras que no existen, que son falsas y ellos inventaron para podernos despojar. Y hasta ahorita estamos en un juicio donde no hemos vencerlos porque se amparan, pierden ante los jueces pero se amparan y se amparan ante una resolución y otra para hacernos la cansada y salir nosotros huyendo de ahí. Pero no vamos a salir de ahí. Vamos a seguir y resistir hasta las últimas consecuencias.

 

Imágenes de la destrucción de casas y las banderas de la escuela tras el desalojo forzado

¿Qué ha hecho Pan American Silver y qué solicitan ustedes hoy por hoy?

–Principalmente lo que estamos buscando es que se vayan. Donde estaban nuestros hogares ya no se puede estar por la alta contaminación. Tienen dos presas de jales (diques de colas) y van por la tercera. Funden cianuro, plomo, zinc. Hay respiradores a 50/30 metros de la comunidad, envenenando a las personas. Nosotros lo que queremos es que se vayan y nos restituyan nuestras tierras porque son nuestras.

En un principio obligaron a gente de la comunidad a trabajar en la mina porque les cerró caminos para las parcelas, a nosotros nos robó animales, hasta los corrales, postes, alambres todo se robaban, obligando a las personas a depender del trabajo (en la empresa). Ya estando en el trabajo, un año después los despide. ¿Cuál era su fin? Como los despido y aquí digo que son mis trabajadores y es un área de campamento, los corro y así queda libre. Esa era la idea de la empresa, pero no pensó que nosotros ibamos a llegar a este punto y a darle guerra. Porque para nosotros lo que importa es defender a nuestra Madre Tierra. Ahorita no tiene una idea de la explotación que tienen. Donde quiera están con perforaciones, con presas de cianuración, con fundición, con detonaciones que se escuchan y se sienten, vibran. Ellos están a gran escala, siguen sacando, ganando dinero. Piensan “estos se tienen que cansar porque no tienen forma de vivir ni de comer, ni de respirar porque los estamos matando”. Entonces piensan que nos vamos a cansar y vamos a optar por abandonar nuestra tierra. Es su finalidad. Pero en los juicios en los 5 años que llevamos no han podido demostrar que son dueños de las tierras.

 

Imagen satelital de La Colorada donde pueden observarse los diques de colas de Pan American Silver

¿Qué hay hoy en donde estaban sus hogares?

–Nuestra comunidad ahora ya es muy pequeña. La mayoría de las personas ya no están. Algunas salen a trabajar y vienen para no abandonar nuestra comunidad, y estarnos apoyando. Pero ya la vida en sí es muy difícil por la contaminación a la que estamos expuestos.

–Acá el problema grande que vemos es cómo la empresa envuelve con su dinero al gobierno. Es el gravísimo problema que tenemos. Ellos como traen mucha inversión, mucho dinero, corrompen, los hacen corruptos y es ahí cuando atacan a nuestras comunidades.

 

Imágenes actuales de “la prisión” (las casas donde fueron trasladados).

Acá en Chubut en donde se quiere instalar Pan American Silver viven comunidades mapuche-tehuelches y pequeñas poblaciones en donde se ha visto durante mucho tiempo un abandono estatal, no están garantizados los servicios básicos. Me gustaría consultarles qué mensaje se les puede hacer llegar a esas personas que están en los territorios donde se va a instalar la empresa. ¿Qué pueden esperar de este supuesto progreso?

–Pues principalmente que se paren y vean a su alrededor. Lo verde, el agua corriendo, sus animales, su libertad. Y hasta su propia vivienda. Que la vean bien y que le tomen una foto, porque ya jamás van a poder ver eso.
No sabemos qué enfermedades vayan a contraer, qué contaminación, si los ríos se vayan a contaminar, si ya no vayan a tener agua. La naturaleza, la fauna, la flora, toda se va a destruir. Que tengan en mente que por unos cuantos pesos van a destruir su vida, su naturaleza, sus raíces, su origen.
Es lo que hay que defender, nuestra Madre Tierra es lo que tenemos. Es lo único. Porque nosotros vamos a morir pero va a trascender la tierra, la vida. Pero con la minería esto se va a destruir, porque es una devastación. A ellos les importa lo que hay abajo de la tierra, lo que hay por encima viene siendo secundario.

–La vida de las personas no les interesa. Desarrollo no va a haber. Porque el único desarrollo es para ellos. Con el logro de que se desarticule una comunidad son ellos los que ganan. Las comunidades nunca ganan nada. No va a haber desarrollo, no va a haber progreso. Va a haber pura devastación y muerte. Eso es lo que les va a dejar a las comunidades si dejan entrar a estas empresas. Devastación y muerte.

–Y que principalmente que valoren mucho la vida de los pequeñitos, porque son el futuro. Son los que más vienen a ser afectados con todo este tipos de sustancias que ellos emanan hacia afuera. Hay cánceres muy agresivos que se llevan a los niños. Y Dios mío, por unos cuantos pesos no vale la pena exponer la vida de nadie.

Desgraciadamente está la idea de los gobiernos cuando ven una tierra fructífera, los empiezan a abandonar. No dejan caer apoyos. Para que esta comunidad esté tan desesperada para que opte por cualquier oportunidad que les llegue a la mano. Así no llegan apoyos de nada para que estemos con la soga al cuello y que cualquier propuesta se nos haga una gloria. Porque no tenemos nada. Pero desgraciadamente no nos damos cuenta que lo tenemos todo cuando tenemos un pedazo de tierra en el cual cultivar para comer. Para eso no hay comparación, no hay ningún precio. Mientras tengamos tierra, árboles y vida lo tenemos todo.

–Qué bueno que ustedes tienen esa ley que no les permite a estas empresas asentarse. Qué bueno. Ojalá nosotros estuvieramos así. Luchen porque su gobierno los defienda y no los ataque.

–Y no dejen entrar a estas empresas, porque ya entrando es muy difícil sacarlas…

https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/44705-pan-american-silver-una-empresa-criminal-el-caso-de-la-colorada

Mexico

Tribunal Federal declara la nulidad del Proyecto Chemours Laguna

Luego de más de tres años de un intenso litigio planteado por habitantes de las comunidades afectadas, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictó sentencia en la que declaró, por unanimidad de votos, la nulidad del Proyecto Chemours Laguna.

Para explicar el contenido, así como los efectos y alcances de la sentencia del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre la autorización en materia de impacto ambiental del Proyecto Chemours Laguna, convocamos a una:

RUEDA DE PRENSA
a realizarse el próximo martes 8 de diciembre del 2020 a las 11:00 hrs. en el Salón Amarillo del Centro de Convenciones de la Expoferia, ubicado en el Blvd. Ejército Mexicano Km 2.5 en Gómez Palacio, Durango.

Transmitiremos por Facebook Live desde:
@FrenteUnidodePueblosdeLaLaguna, @acolectivamx y @RemaMx

—-
favor de atender lo siguiente:
– Tendremos espacio para 25 personas (considerando la sana distancia).
– Habrá gel y sanitizante a disposición.
– Si estás en riesgo o pones en riesgo, te vemos por el internet.

Más información en:
Correo electrónico: [email protected],com
Tfno. 4772755124
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
[email protected], [email protected], www.remamx.org

Mexico

Un conflicto ecológico de minera canadiense

Extraerá más de dos millones de metros cúbicos de hierro en 16 años en Colima
La minera canadiense se vio favorecida en Coloma por el gobierno prrista para extraer hierro de manera irregular. Especial / El Diario
A menos de un año de la sucesión gubernamental en Colima, el mandatario priista José Ignacio Peralta Sánchez opera para que la minera Hematite, SA de CV, de capital canadiense, pueda extraer más de 2 millones de metros cúbicos de hierro durante 16 años, aun con el riesgo de que se contamine el río que abastece a la comunidad indígena de Canoas y seis poblados más de la región.

En tanto, autoridades municipales, ejidales y federales, se mantienen contra el proyecto minero Rufus 5, cuya viabilidad es actualmente evaluada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En el pleito entre el gobierno estatal priista y el federal morenista, sólo respalda el proyecto la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuya directora es Blanca Elena Jiménez Cisneros; las restantes dependencias federales con voto en el Consejo Estatal Forestal emitieron opinión desfavorable.

La delegación de la Semarnat ofreció a los habitantes de Canoas realizar una “consulta pública”, pero ésta fue rechazada de manera tajante.

La postura de los pobladores

El pasado 20 de octubre, Raymundo Campos Muñoz y Salud Valencia Ramos, integrantes de la directiva ejidal, y Lourdes Ochoa Figueroa, comisaria municipal, advirtieron mediante oficio a la titular de la dependencia, María Luisa Albores González: “Ya realizamos nuestros propios procesos de autoconsulta en los que decidimos un rotundo no a la minería en Canoas”.

Añadieron: “Lamentamos que en el gobierno se estén coordinando para validar proyectos de muerte y pretendan que, por medio de las ya maltrechas y violentadas consultas que este gobierno impone, sean la vía que posibilite la entrada de este tipo de proyectos”.

Al gobernador Peralta Sánchez, quien fue subsecretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Enrique Peña Nieto, le quedan 11 meses para entregar el poder a quien resulte electo el próximo 6 de junio. En tanto, el ayuntamiento de Manzanillo, encabezado por Morena, respalda al comisariado ejidal y a los habitantes de Canoas en contra del proyecto minero.

Canoas se encuentra en los límites del municipio de Manzanillo con el de Minatitlán, donde opera desde hace casi 50 años la minera trasnacional Peña Colorada, que extrae de esa zona más de 30% del hierro que se utiliza en el país y ha sido objeto de numerosas denuncias de daños ambientales en Colima y Jalisco.

Datos de la Secretaría de Economía ubican a Colima como el estado con la mayor proporción de territorio concesionado a la minería en el país, con una superficie cercana a 40%.

En 2013 y 2014 los habitantes de Canoas detuvieron proyectos extractivos en los lotes Eva y Tinajas, pese a que el primero ya tenía permiso de la Semarnat. Desde entonces, en una asamblea, la comunidad se declaró Territorio Libre de Minería.

A partir de agosto pasado, esta comunidad de menos de 400 habitantes empezó nuevas movilizaciones, ahora contra el proyecto Rufus 5, con el apoyo de organizaciones como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Frente en Defensa del Maíz, Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan, Verde Colima, Red Manglares de Colima, Ciencia para el Pueblo y Coordinadora Socialista Revolucionaria, entre otras.

Entre las primeras acciones, la comunidad de Canoas realizó una asamblea en la que integrantes del ejido y vecinos reiteraron su rechazo a la actividad minera y aprobaron enviar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le pidieron intervenir para detener el proyecto.

Firmado por Raymundo Campos, presidente del Ejido; Salud Valencia, secretaria, y Manuel Rodríguez, tesorero, así como la comisaria municipal, Lourdes Ochoa, el documento dirigido al mandatario federal establece:

“Apelamos a lo que usted siempre ha dicho, que no se autorizan nuevos proyectos. Solicitamos su apoyo para echar abajo Rufus 5 y cualquier otro proyecto minero en el ejido.”

Si se permite la actividad minera en esta zona, advirtieron, “tendríamos una contaminación catastrófica e irreversible, ya que el proyecto está en los afluentes del río El Cacao, que nos surte de agua potable a la comunidad y ejidos aledaños: desde Canoas, Puertecito de Lajas, Llano de la Marina, Ciruelito, Cedros, Lomas de Ávila Camacho y Paticajo, que viven de la agricultura, ganadería y cafeticultura”.
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/11/29/un-conflicto-ecologico-de-minera-canadiense/

Mexico

México considera revivir planes para reserva natural en distrito minero

Por mineriaenlinea 25/11/2020
México pronto podría traer de regreso planes para crear una reserva natural en Zacatecas, el estado con mayor producción de plata del país, luego de que las autoridades locales pidieron al gobierno federal que aprobara un decreto de 2014 que protege la vida silvestre.

La propuesta, una vez descartada tras una fuerte oposición de la industria minera, pedía una reserva de biosfera desértica semiárida que cubriera 2,58Mha en ocho municipios de Zacatecas.

El plan, reintroducido en el congreso de Zacatecas en agosto , haría que el municipio de Mazapil, en el norte del estado, fuera declarado área natural protegida (ANP).

Las minas en Mazapil incluyen la mina Peñasquito de Newmont (NYSE: NEM), uno de los mayores productores de oro, plata, plomo y zinc de México, y el activo de cobre y zinc Tayahua de Minera Frisco (BMV: MFRISCOA-1).

Newmont y Frisco también se dedican a la exploración a través de un acuerdo de empresa conjunta en el valle de Mazapil.

Orla Mining es otra minera activa en el área con su proyecto de oro Camino Rojo , mientras que Fresnillo (LON: FRES) posee concesiones al norte de la propiedad.

La congresista estatal Alma Dávila dijo al periódico local La Jornada que la medida no buscaba prohibir la minería sino aumentar la regulación, los controles y la regulación ambiental.

México considera revivir planes para reserva natural en distrito minero

Mexico

Diputados, académicos y activistas rechazan a la industria minera por afectaciones y agravios a comunidades

24/11/2020
Posted by MARTÍN CATALÁN LERMA
Diputados, académicos y activistas rechazan a la industria minera por afectaciones y agravios a comunidades

Roberto de la Rosa, afectado por la minería en Salaverna, Mazapil, expuso que la llegada de la empresa Frisco-Tayahua significó el acaparamiento de 3 mil 584 hectáreas, incluyendo el territorio ocupado por su comunidad FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Ex funcionarios y habitantes calificaron estas posturas como “satánicas” porque, desde su perspectiva, esta actividad ha generado empleo y desarrollo

Advierten que la mayoría de los participantes en el foro fungieron como “voceros” o “paleros” de las empresas mineras

Roberto de la Rosa, representante de Salaverna, advierte que “el ejemplo claro de que la minería no es sustentable, es que muchas comunidades fueron abandonadas”

Durante un foro realizado este lunes sobre la industria minera en Zacatecas, organizado por la Legislatura en la entidad, diputados, académicos y activistas se pronunciaron contra ésta debido a las afectaciones y agravios que provoca en las comunidades; en contraparte, ex funcionarios y habitantes calificaron estas posturas como “satánicas” porque, desde su perspectiva, esta actividad ha generado empleo y desarrollo.

Sin embargo, la mayoría de los participantes en el foro fungieron como “voceros” o “paleros” de las empresas mineras, según advirtieron algunos asistentes al foro efectuado mediante la plataforma de videoconferencias de Telmex, lo que generó inconformidad en la diputada Gabriela Pinedo y en el académico Álvaro García Hernández.

Roberto de la Rosa Dávila, afectado por la minería en Salaverna, Mazapil, expuso en su intervención que la llegada de la empresa Frisco-Tayahua significó el acaparamiento de 3 mil 584 hectáreas, incluyendo el territorio ocupado por su comunidad. Sin embargo, en el Registro Público de la Propiedad no tenían antecedentes registrales y por lo tanto sus escrituras no tenían legalidad jurídica.

En 2010, recordó, “el gobierno de Miguel Alonso y los abogados de Tayahua ayudaron a convencer a la gente de que debía aceptar una reubicación, hasta que en el 2012 nos dijeron que el cambio era necesario porque había una falla geológica y que Salaverna podía colapsar. Después, en diciembre de ese mismo año provocaron un hundimiento y es un atentado que no ha sido castigado”.

Según relató, siguieron las presiones hasta que, con el uso de la fuerza pública, intentaron sacar de Salaverna a las 17 familias que quedaban e incluso tumbaron viviendas con maquinaria pesada, ello mediante contubernio entre el gobierno y la minera.

“Hoy seguimos resistiendo y a mi manera de pensar personal, y por experiencia de vida, creo firmemente que la minería no ha sido una buena actividad para nosotros, porque la región donde se asienta es depredada y acaba con formas de vida. Sólo nos deja enfermedades, contaminación y escasez de agua”, dijo.

De la Rosa Dávila expuso que “el ejemplo claro de que la minería no es sustentable, es que muchas comunidades fueron abandonadas, como Providencia, Aranzazú, que están convertidas en un montón de escombros, además de que son un foco de contaminación para el entorno”.

Manifestó que la legislación ambiental debería tener como objeto la protección, preservación y conservación de los ecosistemas y la salud pública, y las actividades económicas deben realizarse de una manera racional sin que se comprometa la supervivencia de esta y las futuras generaciones.

Propuso que se retome el proyecto para declarar como Área Natural Protegida un territorio de 2 millones de hectáreas de semidesierto zacatecano y que se emita una nueva legislación minera que sea respetuosa de la soberanía nacional y de los derechos de las comunidades campesinas.
También propuso que se eleve a rango constitucional el derecho de las comunidades a decidir respecto a nuevos proyectos mineros, y que la Legislatura impulse una consulta ciudadana para avalar o prohibir la minería a cielo abierto en el estado.

La diputada Gabriela Pinedo Morales cuestionó que, en la primera edición del foro, se le dio la oportunidad de participación a los representantes de las mineras sin límite de tiempo para la defensa de sus intereses, pero en esta ocasión, en la que se suponía que se iba a hablar directamente con los afectados, se le dio más apertura a personas que fungieron como voceros de las empresas.

El caso concreto de Roberto de la Rosa, comentó la legisladora, se evidencia la manera en que las corporaciones mineras operan en el estado, al grado de que muchos lugares ya no son habitables por los daños que generaron las empresas mineras.

“Las empresas mineras se llevaron toda la riqueza y dejaron sólo muerte y destrucción para las futuras generaciones. La destrucción de pueblos enteros jamás se va a justificar por el interés económico de las empresas”, enfatizó.

En ese sentido, destacó el compromiso del actual Gobierno Federal de no otorgar más concesiones mineras, pues “el saqueo y el nivel de devastación ya no se puede permitir. Mucho tiempo se privilegió el interés económico antes que la vida de las personas y la autodeterminación de los pueblos y eso ya no se debe permitir”.

Pinedo Morales se refirió a la iniciativa que presentó, junto al diputado Jesús Padilla, para declarar como Área Natural Protegida a un polígono en el municipio de Mazapil, lo que impediría más proyectos mineros, y precisó que esa decisión no le corresponde a la Legislatura, pero es un exhorto para que las autoridades responsables lo consideren.

Reiteró que el foro tuvo un sesgo muy evidente, al grado que la lista de participantes original no se respetó, ya que tuvieron intervención más personas de las que se incluyeron en el programa, y todas ellas para dar posturas en favor de las empresas mineras.

“Hay cosas más importantes que toda la riqueza que se genera, que además no se queda en Zacatecas. Pero lo que sí se genera es despojo, afectaciones al medio ambiente, contaminación de mantos acuíferos con metales pesados que después generan muerte a todas las especies, generación de drenaje ácido, deforestación del suelo, entre otros”, agregó.

Álvaro García Hernández, docente de la Unidad Académica de Derecho, aseguró que la numerosa cantidad de personas que participa en estos foros, habitantes de las comunidades, es una estrategia que tiene la finalidad de crear una imagen positiva de las empresas mineras.

“Lo mismo pasó en Wirikuta, donde fueron concesionadas 70 mil hectáreas a empresas canadienses, Ahí se están utilizando indígenas y los están organizando en contra de quienes ya ganaron amparos para proteger la zona sagrada que también es un Área Natural Protegida. No me extraña que haya posturas aquí totalmente inciertas de lo que realmente pasa en Mazapil”, puntualizó.

Refirió que hay mucha evidencia sobre las afectaciones al agua, el suelo y salud de los pobladores a causa de las mineras; “¿Y ahora resulta que le vamos a prender veladoras a las empresas y a aceptar mentiras enormes de que nuestra economía se la debemos agradecer a las mineras?”.
Recordó que la riqueza que se obtiene a través de la minería no se queda en las comunidades, la región o el estado, sino que se acumula en los lugares de origen de las empresas.

García Hernández manifestó la necesidad de acudir a las comunidades para conocer los agravios y las afectaciones que las empresas han realizado, pues hay “agravios directos a los derechos humanos, se han pasado todas las declaraciones internacionales en materia de medio ambiente y en Zacatecas no se cumple un solo objetivo del desarrollo sostenible de la ONU, y aun así vienen a decirles que la minería es fabulosa”.

En el foro participaron otros habitantes de Mazapil, entre ellos Sonia Cervantes, quien expresó que “la minería vista desde el punto de vista satánico nos puede dar una visión muy diferente a la que nosotros tenemos como habitantes de Mazapil”.

“Si bien es cierto que toda actividad económica tiene sus pros y sus contras, yo puedo hablar de un Mazapil antes y después de la minería. Por eso, nuestros diputados y nuestras autoridades deben legislar sobre la coexistencia entre la minería y medio ambiente. Nosotros no ponemos al recurso económico encima del medio ambiente, pero hablamos de que coexista”, expresó.

Aricela Zapata, por su parte, aseguró que la empresa concesionada para el proyecto de Camino Rojo “nos apoya en todo y nos da información de lo que nos puede beneficiar y lo que nos puede perjudicar. Entonces estamos contentos con el apoyo que nos dan, ayudan mucho y nos informan sobre respetar las reglas de tránsito y respetar al medio ambiente”.

Rubén del Pozo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y docente de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la BUAZ, distrito Zacatecas, manifestó que la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a no otorgar más concesiones mineras, y se decrete como Área Natural Protegida al municipio de Mazapil, “no es pertinente ni acertada”.

“Pareciera ser que la iniciativa pasa por alto el hecho completamente real de que, hoy en día, se hallen varias empresas mineras desplegando intensas faenas de exploración en esa región. Esto en estricto apego a la ley y, por lo tanto, intentar cambiar las reglas ahora, no sólo es un axioma de falta de certeza jurídica, sino que es también un claro mensaje que ahuyenta la inversión”, expresó.

Diputados, académicos y activistas rechazan a la industria minera por afectaciones y agravios a comunidades

Mexico

México disminuyó en 21% el territorio que se concesionó a las mineras

25/11/2020
Foto: Grupo México
Este 2020, México cerrará con 16.8 millones de hectáreas concesionadas a la industria minera. Es decir, las concesiones en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) disminuyeron un 20.8 % en comparación con el cierre de 2018, cuando finalizó el gobierno de Enrique Peña Nieto y 45.3 % debajo de lo concesionado con el exmandatario Felipe Calderón.

Esto debido a la revisión de las licencias que inició la Secretaría de Economía desde hace dos años, lo cual se suma a la política del gobierno federal de no otorgar nuevos permisos, con excepción de los que ya estaban pactados por ley. Por ello, actualmente no hay nuevas concesiones mineras, ni siquiera para encontrar gas, cobre, plata o litio, materiales importantes para el sector energético, el médico, farmacéutico, electrónico y automotriz.

“El hecho de que nos den una concesión no nos están dando una mina, nos dan la posibilidad de explorarla para tener la probabilidad de encontrar algo, pero no es garantía de tener una mina (…) en el periodo de Calderón hay un aumento importante porque el Servicio Geológico Mexicano declaró una serie de designaciones importantes incluyendo zonas del mar para encontrar gas, pero actualmente no hay nuevas concesiones”, comentó en un seminario Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).

Alanís detalló que solo 4 millones, de los 16.8 millones de hectáreas concesionadas, están produciendo y agregó que las áreas productivas de las minas ocupan 201 mil hectáreas; es decir, solo 0.1 % del territorio nacional.

“Hay un profundo desconocimiento de la industria minera (…) La minería es esencial para la vida, el progreso del ser humano y para el desarrollo económico de México”, explicó Alanís.

A pesar de las políticas del nuevo gobierno, las empresas mineras siguen considerando al país relevante para la inversión extractiva en las concesiones existentes y más ahora con la pandemia, comentó Douglas Coleman, presidente y CEO del México Mining Center, firma de consultoría e información de la industria en el país para capital foráneo.

“El incremento en el interés por México a largo plazo se está observando por la demanda de metales para manufacturas de industrias que se están recuperando muy rápido del Covid-19, un ejemplo es la industria energética donde necesitan plata y litio”, comentó el directivo.

La plata es un elemento importante en la manufactura de paneles solares, mientras que el litio es considerado un insumo importante para el desarrollo de sistemas de almacenamiento de electricidad, como las baterías de los autos eléctricos.

Un ejemplo es que la firma china Ganfeng Lithium aprobó el viernes 13 de noviembre una resolución para aumentar su participación en el proyecto de litio en Sonora de la firma minera Bacanora Lithium del 22.5 % al 50 %.

“El proyecto de litio de Sonora ahora está bien situado para estar en producción en 2023 y entregar productos de litio de grado de batería en el mercado de almacenamiento de energía de rápido crecimiento”, dijo Peter Secker, director general de Bacanora.

Este proyecto representa una inversión de USD 420 millones en su primera etapa y generará más de mil empleos en el período de construcción; se tiene considerado que solo esta mina representa 5 % de la producción de litio mundial.
Fuente: El Financiero

México disminuyó en 21% el territorio que se concesionó a las mineras