Mexico

500 años de despojo: Vida o Mina (Veracruz)

“Las minas están destrozando a México”

Veracruz ha perdido el 99% de su vegetación y ecosistemas, de acuerdo a un estudio realizado por CONABIO[1], dijo el exrector de la UNAM José Zurukhán en su visita al Estado. Además señaló como causas principales a la minería a cielo abierto y la ganadería. Sin duda esto es alarmante, pero no puede ser de otro modo, dado los generosos apoyos oficiales otorgados a esas actividades a pesar del desastre ambiental que provocan. Sin embargo, lo más importante, conocida esa noticia, es buscar cómo conservar el 1% de biodiversidad restante sabiendo que al Estado NO le conviene hacerlo. ¿Por qué? Es simple contestar: se romperían acuerdos con los hombres de “negocios” e implicaría encarcelar a talamontes y a empresarios mineros ecocidas. Eso y la “cara de Dios”, nunca lo veremos, al menos durante los próximos 6 años. Corresponde entonces a los ciudadanos organizarse y exigir se proceda en consecuencia. Con ese propósito, LAVIDA y otros grupos ambientalistas han convocado a participar en la “jornada por el recuerdo y reforzamiento de las resistencias comunitarias en defensa del territorio” a realizarse el 16 de abril en la ciudad de Palma Sola. Las actividades iniciarán con una asamblea popular y concluirán efectuándose un festival político-cultural. Así se recordarán los 500 años del interminable proceso de despojo iniciado por los españoles en 1519 y continuado por los descendientes de esos asesinos y saqueadores de México. A estos señores se les ha concesionado 25 millones de Hectáreas incluyendo pueblos, ríos, lagos y bosques para desarrollar megaproyectos (hidroeléctrica, presas, minas, gaseoductos, etcétera). Este sistema necrófilo, originado en la conquista y hoy revitalizado, continúa amenazando el futuro de todos. Para darnos una idea sobre nuestra riqueza minera, se cita un dato cuya fuente es el Servicio Geológico Mexicano de la Secretaria de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación (9/05/2014): el 70% del territorio nacional (1’375,063 Km2) tiene potencial para el desarrollo de proyectos mineros…”. Como están las cosas, este hecho, en lugar de ser afortunado para los mexicanos es una maldición apocalíptica. Créalo, está documentado: esos megaproyectos no generan riqueza para las comunidades (Fundar[ii]). Por donde pasan dejan desolación y pobreza. Esa expoliación se ha intensificado debido a la tecnología extractiva del Fracking y además porque la Ley minera declaró a la minería como actividad de utilidad pública “preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”[iii]; es decir, la DESTRUCCIÓN y el despojo están legalizados. Esta grave situación tiende a prolongarse sin remedio inmediato por dos razones: el 15.7 % del territorio nacional ha sido concesionado por 50 años (COMIMEX[iv]) y AMLO anunció respetar los contratos firmados con las 345 empresas (93% extranjeras) extractoras de оrо y plata, principalmente. Tan sólo en la década 2000-2010, aquellas, extrajeron un volumen equivalente a la mitad del saqueado durante 300 años. Pero no es todo, los privilegios otorgados por los gobiernos del PRIAN, les ha permitido torcer las leyes, evadir impuestos, reprimir y asesinar opositores, impunemente. Y todo por un pago anual de entre ¡10 a 2000 pesos! [v] de impuesto. Con este pago se arrogan derechos coloniales. La región donde se ubican los municipios de Alto Lucero y Actopan está seriamente amenazada por las empresas Candelaria Mining Group y Almaden Mineral operadoras de los proyectos mineros de “Caballo Blanco” y “El Cobre”. Por esa razón, representantes de 20 comunidades de la zona, el Ecologista Universal y organizaciones ambientalistas exigen su cancelación.
Para terminar le dejo una lista de los daños que seguirán ocasionando a nuestro Veracruz.

BOSQUES.
*Al tasajear la tierra se destruirán 50 mil hectáreas de encinos, robles, sauces, higueras, guácima, guanacastes, cocouites, cícadas, helechos, palmas, manglares y otras especies.

FAUNA
Corren peligro miles de aves migratorias que anidan en la región; así como armadillos, tlacuaches, tuzas, zorras, venado, coyotes y tejones, entre otros. AGUA
*Se contaminarán con cianuro y otros químicos 250 mil litros de agua por hora.
*La mina consumirá en una hora la cantidad que una familia consume en 16 años.
*Los sedimentos (lodos) con cianuro contaminaran ríos, lagunas costeras, arrecifes y playas.

LAGUNA VERDE
Debido a que “Las sacudidas y vibraciones como resultado de las voladuras asociadas a la minería pueden producir… el colapso de estructuras…[vi] en ninguna parte del mundo se autorizan minas cerca de instalaciones nucleares. En la fase extractiva de la mina La Paila, ubicada a 2.5 km de Laguna Verde, se detonarán por día entre 5 y 7 toneladas de explosivos, violando la norma internacional.

SALUD
Los envenenamientos, silicosis, carcinomas, dermatitis, malformaciones, daños a los riñones e hígado son frecuentes en quienes viven dentro o cerca de las áreas mineras.
Por todo lo anterior y en tanto no garantice la protección plena del medio ambiente, esos megaproyectos debe ser cancelados.

[1] Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
[i] Sánchez Salazar Mª Teresa, “La industria minerо-metalúrgica en Méxicо”. Investigadоra del Institutо de Geоgrafía de la UNAM.
[ii] Centro de Análisis e Investigaciones de la sociedad civil, con sede en México.
[iii] Articulo 6 de la Ley Minera
[iv] CAMIMEX. Cámara Minera Mexicana.
[v] Articulo 59 del reglamento de la Ley Minera.
[vi] EC-DG-INFSO-B4 (2000), “Review of potential environmental and social impact of mining” part II.)

 

Fuente:https://www.grieta.org.mx/index.php/2019/04/15/500-anos-de-despojo-vida-o-mina-veracruz/?fbclid=IwAR1KLPa9yz8mw16m6HeaeJbPYA3JoyOd58ieQjy4H1f80qh7mmYrmH4AXWc

Mexico

De 290 mineras en México, 211 son de Canadá; todos las autorizan, nadie se responsabiliza del daño

Las dependencias federales que autorizan que las mineras nacionales y extranjeras operen en una extensión que abarca ya 22 millones de hectáreas en el territorio mexicano son las secretarías de Economía (SE), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener).
También se involucran las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.

La actividad minera provoca daños a la salud que incluso propicia distintos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares por la generación de partículas de polvo, problemas dermatológicos, padecimientos auditivos a causa del ruido provocado por el uso de explosivos y, por supuesto, la muerte por accidentes laborales y negligencia.

En el tema medioambiental, los problemas se esparcen por suelo, aire y agua, además, en la flora y fauna, principalmente por el uso de químicos. El cianuro utilizado para la extracción de algunos minerales contamina fuentes hídricas y tierras que llegan a perder fertilidad.

Los impactos sociales que surgen en las zonas de extracción se centran en el desplazamiento y migración local, así como en conflictos que incluyen la resistencia y la división en la comunidad entre las personas que están de acuerdo contra quienes se oponen a los proyectos.

En palabras de Isabel Clavijo, investigadora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), “las empresas tienen patrones y tácticas que contribuyen a la generación de conflictos sociales, ya que buscan desestimar y eliminar cualquier proceso de resistencia organizativa por parte de las comunidades, la mayoría indígenas y pobres, que estén en contra de los proyectos”.

 

SinEmbargo consultó a distintos especialistas en la materia, quienes señalaron a las instancias que tienen participación –en mayor o menor medida– para permitir operar en el país a 290 compañías mineras, 211 de ellas de origen canadiense.

Todo comienza en la Secretaría de Economía (SE), donde se otorga la concesión. La dependencia federal es, afirmaron los entrevistados, la principal de la docena de instancias incluidas en la “Guía de Procedimientos Mineros”, realizada justamente por dicha instancia hoy dirigida por Ildefonso Guajardo Villarreal.

Asimismo, la SE regula y promociona la actividad minera e inscribe a las firmas en un registro de empresas mineras y de compañías con inversión extranjera directa.

Un documento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, cita cifras de la SE: hasta julio de 2016, existían en toda la República Mexicana 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en 22 millones de hectáreas.

“Para poder dimensionar esta extensión, equivale aproximadamente a la superficie acumulada de la Península de Yucatán, que abarca Yucatán, Quintana Roo y Campeche, más Veracruz, Aguascalientes y Ciudad de México”, se lee.

En apego al último registro del Sistema de Administración Minera (SIAM), sólo en septiembre de 2017 se otorgaron 84 permisos.

Cabe mencionar que la concesión es otorgada hasta por un siglo: de entrada se concede por 50 años, con la posibilidad de solicitar una prórroga por un periodo igual, que, indicaron los especialistas, difícilmente será  negada.

“Lo que hace el Gobierno federal es otorgar un pedazo de soberanía nacional sobre un territorio determinado a un particular por un periodo de tiempo demasiado extenso […]. La función de la SE es un clásico ejemplo del Estado reducido a su mínima denominación como ente regulador”, alertó Francisco Cravioto Lagos, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).

“Los polígonos se están otorgando de manera muy rápida, su objetivo es hacer lo más ágil posible el trámite para los intereses privados. La concesión normalmente se otorga, no conozco un caso donde se haya negado una concesión en aras de respetar o garantizar un derecho humano, no es común”, apuntaló Clavijo.

Cabe aclarar que el hecho de que exista una concesión no significa que haya un proyecto en marcha.

MANGA ANCHA A MINERAS

El maestro Eduardo Torres Alonso, miembro del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que, a pesar de que la Secretaría de Economía, es la instancia más importante porque otorga las concesiones, no es la única que tiene participación en dar manga ancha a las mineras.

Las otras dependencias que tienen participación son las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener); también las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En términos de importancia, coinciden los investigadores consultados, a la Sener le sigue la Semarnat, encargada de la regulación en el tema ambiental, ente que debiera velar por la conservación y el bienestar de los recursos naturales, pero que en la práctica no lo hace.

Para que la dependencia operada por Rafael Pacchiano Alamán autorice las actividades de exploración, los interesados deben presentar un informe preventivo.

Ante esta dependencia federal, las empresas presentan también la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un análisis en el que se previene y planea el proyecto a fin de determinar cuáles son las consecuencias que puede causar, en este caso la actividad minera, sobre el medio ambiente. Además, la MIA designa las medidas preventivas que se ejecutarían para disminuir esos impactos negativos.

“La Semarnat tiene un papel fundamental, dadas las consecuencias ecológicas que tiene esta actividad. Esta Secretaría regula precisamente el tema medioambiental, fomenta la protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas y recursos naturales. Para obtener la concesión, la Semarnat revisa la MIA y da el visto bueno en relación con las actividades mineras. Una vez que da el visto bueno, se puede continuar con el proceso de obtención de la concesión”, dijo Torres Alonso.

La investigadora Clavijo afirmó que lo que se ha “identificado es que Semarnat no necesariamente hace un análisis exhaustivo que permita garantizar que no se esté atentando contra el derecho a un medio ambiente sano”.

A las autoridades municipales se les solicita un permiso de cambio de uso de suelo.

La SHCP otorga el registro fiscal a dichas firmas, además de recaudar los impuestos y los derechos de sus actividades.

La Sedatu otorga la certeza jurídica con relación a la tenencia de la tierra. A través del Registro Agrario Nacional (RAN), se encarga del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal. Es la entidad que lleva a cabo la inscripción de los decretos de expropiación de dichos bienes.

“La Sedatu tiene como misión proporcionar la certeza jurídica en la tenencia de la tierra de la población, pero si esto no se cumple, pues la dependencia no satisface su objetivo. La Sedatu está vinculada a que precisamente los terrenos no le sean arrebatados indebidamente a los pueblos que habitan en donde se va a ejecutar la minería”, comentó Torres Alonso.

La CDI asesora a las empresas en relación con los usos y costumbres de los pueblos originarios a fin de evitar conflictos sociales, ya que gran parte de las comunidades indígenas habitan en lugares que son atractivos para la realización de la minería, de allí la importancia de que los interesados en llevar a cabo la actividad extractiva se acerquen al organismo descentralizado.

No obstante, “la CDI interviene cuando ya hay un conflicto porque las empresas no se acercan antes a ellos, no se comunican antes para preguntar si en tal lugar se puede operar una mina”, criticó Torres Alonso.

La Conagua tiene una actividad fundamental vinculada a la regulación de los derechos por uso del vital líquido. La minería requiere grandes cantidades del vital líquido y contamina aún más, entonces la Comisión puede otorgar o prorrogar los títulos de asignación o concesión para el uso de agua. También se encarga de lo relacionado con las descargas de aguas residuales.

“Los espacios que se ocupan para la minería están en el norte del país, principalmente, donde hay muy poca agua. En la franja norte de México, hay 30 por ciento de disponibilidad de agua y como allí se concentran los proyectos mineros, disminuye aceleradamente el vital liquido para la población”, puntualizó el investigador de la Máxima Casa de Estudios.

La Sedena está vinculada con la autorización y supervisión del uso de explosivos, ya que es la encargada de otorgar un permiso general para la compra, almacenamiento y consumo de este tipo de material en la industria.

El IMSS tiene la tarea fundamental de brindar el servicio médico y seguridad social a sus afiliados, después de que el patrón de la empresa minera registra a los empleados.

La STPS proporciona la seguridad laboral con los trabajadores, lo cual resulta importante al ser la minería una actividad riesgosa. La secretaría autoriza el funcionamiento de recipientes como calderas o recipientes sujetos a presión a fin de vigilar el cumplimiento a la NOM-020- STPS-2011. También inspecciona que en las mineras no trabajen menores de edad y es quien puede autorizar empleos a menores entre 14 y 17 años. También aprueba planes y programas de capacitación.

La Sener, al ser la entidad encargada de dirigir la política en materia energética del país, participa cuando en las tierras a explotar por las compañías mineras se da el hallazgo de yacimientos de hidrocarburos. Por su parte, el SGM ofrece asesoría geológica minera de uso de suelo y estudios ambientales.

Ante el panorama expuesto, los especialistas coinciidieron que en México, las autoridades anteponen los intereses particulares de las mineras, sobre el bienestar de la población.

“Las autoridades, amparadas en el marco de la Ley, no están realizando un proceso de evaluación y de revisión exhaustivo que permita que las empresas garanticen el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente […]. No se está considerando la decisión y la libre autodeterminación de las comunidades a decidir sobre las actividades que quieren sobre el territorio”, aseveró Clavijo.

Por ello, recriminó que “el interés privado no debería prevalecer por encima del bien común”, por lo que remarcó, “es obligación del Estado y de las autoridades actuar en concordancia con esta premisa” y que existe una “actitud muy laxa” por parte de las autoridades, que favorece precisamente el interés privado sobre el público.

“[El Gobierno] sobrepone el interés privado, sobre el interés público. Se le da prioridad a grupos privados en aras de proteger la inversión como política de Gobierno”, insistió.

 

Fuente:https://www.sinembargo.mx/15-04-2018/3404994?fbclid=IwAR2kS1T3XV1JzTXHuuhuRlUC0k2TO9g2A35Mk1L-T51-K79a3chA9aTvwek

Mexico

Incendio en Alto Lucero pudo ser provocado por mineras, según ONG

Xalapa, Ver., El dirigente de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental (Lavida), Guillermo Rodríguez Curiel, dijo que el incendio que comenzó el 27 de marzo en el paraje La Pedrera-Cerro Roca de Oro, municipio de Alto Lucero, pudo haber sido provocado por las mineras Candelaria Mining, Gavilán SA de CV y Alondra SA, que pretenden asentarse en la zona.

No hay casualidades; detrás de este incendio están las empresas, que con esa acción pretenden amedrentarnos para que dejemos de defender los cerros, acusó en el festival político-cultural 500 años resistiendo a la vida, que se realizó en Palma Sola, de Alto Lucero.

Por lo anterior, el activista solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente estatal investigar las causas que lo provocaron.

El incendio se inició en la zona de La Pedrera, cerca de la carretera costera 180, y con los días nos hemos percatado que empezaron a aparecer varios focos secundarios en los cerros La Paila y La Bandera; es muy poco común que haya tantos puntos activos, expuso.

Rodríguez Curiel consideró que las autoridades deben aclarar por qué ha transcurrido más de una semana con el fuego activo, sin que hasta ahora sean capaces de extinguir las llamas, a pesar de que se usaron helicópteros para ayudar en los trabajos de mitigación.

“Nos parece sospechoso que un incendio que comenzó a orillas de la carretera se haya dejado escalar a la parte alta de los cerros (…) Siguen siendo muy valiosos y vamos a defenderlos de la minería, que destruye los ecosistemas del Golfo de México. No hay pretexto para declararlo zona de desastre y que ingresen las máquinas de las mineras. El cerro aún puede regenerarse”, externó.

Por su parte, Elisa Pérez Barbosa, directora de Pro Natura Veracruz, mencionó que en la zona del siniestro hay encinares tropicales, únicos en el Golfo de México, pues forman parte de un corredor de aves rapaces migratorias. Va-mos a ver si el incendio fue provocado, esperaremos los dictámenes, dijo.

En el auditorio de la Unión Ganadera de Palma Sola, municipio de Alto Lucero, más de 500 habitantes acordaron enviar una misiva al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle revocar 27 concesiones mineras en Veracruz aprobadas en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Solicitaron a la administración lopeobradorista no emitir nuevas autorizaciones en el paraje La Pedrera-Cerro Roca de Oro y que la zona de encinares tropicales, entre las localidades de Alto Lucero, Actopan, Juchique de Ferrer, Acatlán, Chiconquiaco y Colipa sea decretada área natural protegida.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/04/17/estados/028n2est#
Mexico

Policías intentan romper cerco de habitantes en Peñasquito

Agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) intentaron romper el cerco que habitantes y transportistas de Mazapil mantienen desde hace casi tres semanas en torno de la mina de oro y plata a cielo abierto Peñasquito, propiedad de las trasnacionales Goldcorp y Newmont.

Los uniformados llegaron ayer por la mañana al acceso principal del complejo minero ubicado en el valle de Mazapil, 305 kilómetros al noroeste de la capital de Zacatecas, con el argumento de que recibieron el reporte de que había una persona herida por arma blanca durante una riña en el interior del yacimiento, y ellos debían ingresar al lugar porque somos seguridad pública.

Vecinos del municipio expusieron que un trabajador de la mina resultó lesionado en un incidente que nada tiene que ver con nosotros, y lo dejaron ingresar por humanidad para que fuera atendido en la clínica que existe dentro de Peñasquito.

Agregaron que si el herido requería salir en alguna de las ambulancias de la minera a Saltillo, Coahuila, o a la capital de Zacatecas, los policías podrían sacarla, pues se les permitiría el paso, o de ser necesario, se le podría trasladar en uno de los helicópteros a disposición de Goldcorp las 24 horas, para mover a quien quiera.

El comandante de la PEP que encabezaba a los uniformados pidió que se les permitiera pasar para comunicarse con sus superiores.

Los pobladores de Mazapil le respondieron que toda la comunidad está totalmente incomunicada desde el 27 de marzo, cuando Peñasquito apagó la antena de telecomunicaciones que daba servicio de Internet y telefonía en la región.

Los vecinos dijeron a los elementos de la PEP que si querían comunicarse con sus superiores en Zacatecas se dirigieran a la cabecera municipal de Mazapil o a la delegación municipal de Cedros.

Sólo que traigas una orden de un juez vas a entrar, si no, lo sentimos mucho, pero nuestro movimiento no lo permite. Agarren la onda, son mexicanos ustedes también, como nosotros. Y ellos adentro son canadienses y estadunidenses (…) Este es un movimiento pacífico. No van a entrar, advirtieron.

Asimismo, los inconformes entregaron a La Jornada un informe elaborado por la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con número de oficio BOO.932.04-077/037, firmado por Héctor González Curiel, director de la Conagua en Zacatecas, donde se informa que el manantial El Socavón, de San Juan de Cedros, se secó en 2013 y posiblemente uno de los factores contribuyentes en la disminución del flujo del manantial El Socavón hayan sido las actividades mineras.

Felipe Pinedo Hernández, asesor de los habitantes de Mazapil, apuntó al respecto que en el desierto semiárido de ese valle la única mina en operaciones es Peñasquito.

Goldcorp respondió a la Conagua en su comunicado número 04/19 que Peñasquito considera los argumentos del documento como no determinantes pues no presenta elementos definitorios. El mismo documento afirma que no existe evidencia que las actividades mineras sean la causa de disminución de flujo en El Socavón.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/04/17/estados/028n1est?fbclid=IwAR1db-zNQavSV0TFNfI-8r-_I0YoD4UIj-5CimBM9J2fQN-vtuf3EZ_ISfU

Mexico

Cabildo Municipal Declara: Territorio de Magdalena Ocotlán, prohibido para la minería.

En el ejercicio de nuestros derechos a la autonomía, libre determinación, medio ambiente sano, territorio y salud y en el marco del 100 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, quién luchó por tierra para nuestros pueblos y comunidades, el Cabildo Municipal de Magdalena Ocotlán hemos tomado la firme determinación de declarar nuestro territorio como Prohibido para la Minería.

A través de un acta de Sesión Solemene de Cabildo El H. Ayuntamiento de Magdalena Ocotlán, el Presidente del Comisariado de Bienes Ejidales  y la comunidad de Magdalena Ocotlán reafirmamos nuestro amor por la tierra, la que consideramos como madre y sustento de vida, nuestro territorio representa el fundamento de nuestra identidad y vida comunitaria.

Nuestros abuelos y abuelas lucharon en décadas pasadas contra la Hacienda San José para que nuestras tierras volvieran a sus legítimos poseedores, en esta lucha perdieron la vida un sinumero de campesinas y campesinos. El proyecto minero San José, se pretende imponer en nuestra comunidad, como en la época de las haciendas, con el objetivo de despojarnos de nuestros bienes comunes (agua, tierras de cultivo, árboles, minerales).

En correspondencia con nuestra historia, queda estrictamente prohibida cualquier actividad de prospección, exploración y explotación de minerales así como de cualquier proyecto nacional o transnacional que tenga por objeto modificar o extraer los bienes naturales de nuestro territorio, atente contra la vida de nuestros habitantes, dañe el medio ambiente y despoje nuestra cultura.

Este Cabildo se pronuncia por la cancelación definitiva de todos los títulos de concesión minera vigentes en nuestro territorio,  por lo que asume la responsabilidad y el compromiso de proteger y defender nuestro territorio, por lo que no otorgará el cambio de uso de suelo  en el territorio municipal.

Magdalena Ocotlán, es una comunidad indígena zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca. Desde 2009 ha mostrado su oposición rotunda a la imposición del proyecto minero San José ( en el municipio vecino de San José del Progreso) y ha exigido a las autoridades estatales y federales la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en su territorio.

Durante 10 años, la comunidad ha sufrido diversos impactos por explotación minera, caracterizados por explosiones y vibraciones durante la noche, polvo excesivo, contaminación al agua, detenciones arbitrarias, amenazas e intimidaciones.

Además hemos recibido diversas presiones por parte del gobierno federal y la empresa Fortuna Silver Mines-Cuzcatlán para aceptar el proyecto minero, en noviembre de 2016 quisieron realizar una consulta para aceptar la firma de contratos o convenios de exploración a favor de la empresa minera, dicha consulta no se consumó por la oposición de la comunidad.

Sobre los impactos ambientales, en octubre del año pasado se registraron dos derrames de la presa de jales secos, de los cuáles las autoridades federales (PROFEPA-CONAGUA) han dicho que no necesitan remediación porque no existe contaminación, queremos denunciar que en ningún momento las autoridades mencionadas anteriormente han explicado los argumentos de sus conclusiones, el pueblo continua comprando agua ya que sus conclusiones no proporcionan ninguna certeza sobre la posible contaminación.

Exigimos a la empresa minera Fortuna Silver Mines-Cuzcatlán se abstenga de ingresar a nuestro territorio, la responsabilizamos por los daños producidos al medio ambiente y a nuestro tejido social, de igual forma le responsabilizamos por cualquier amenaza, intimidación o agresión hacia los integrantes de este Cabildo y de nuestra comunidad.

Ni Oro, Ni Plata, la Minería Mata

Sí a la Vida, No a la Minería

Ayuntamiento de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, México.

 

Fuente:http://endefensadelosterritorios.org/2019/04/10/cabildo-municipal-declara-territorio-de-magdalena-ocotlan-prohibido-para-la-mineria/

Mexico

El Poder de la soberbia

Tras 21 días de protestas, empresa rechaza dialogar

Pese a bloqueo, continúa producción de oro y plata en mina de Zacatecas

Aerotaxis, helicópteros rentados y tres aviones Learjet aterrizan en la aeropista de Peñasquito para relevar personal operativo y directivo

Agua y empleos, las principales demandas de habitantes y transportistas, respectivamente

 A casi tres semanas de iniciado el bloqueo a los accesos de Peñasquito, la mina de oro y plata a cielo abierto más grande de México, la empresa no ha dejado de producir los lingotes de esos metales preciosos para sostener su estatus en el mercado internacional del sector, y aplica su política de cero tolerancia, con el fin de no dialogar con los habitantes y transportistas inconformes del municipio de Mazapil, hasta que suspendan sus protestas.

En una muestra de poderío económico, el gigantesco complejo minero propiedad de las trasnacionales Goldcorp y Newmont –de capital canadiense y estadunidense, respectivamente–, es mantenido parcialmente en operaciones mediante un puente aéreo montado con aerotaxis, con decenas de helicópteros rentados y tres aviones tipo Learjet, que aterrizan en la aeropista de Peñasquito, para realizar los relevos de personal operativo y de directivos necesarios.

Videocámaras instaladas estratégicamente graban todo y personal armado de la empresa de seguridad privada Maya mantiene vigilados a los habitantes de esta zona, cuya principal demanda es por el agua que les quitó la mina y por lo cual han instalado varios campamentos de guardia frente al complejo minero, a cuyos alrededores se encuentran además estacionados cerca de 200 camiones de carga y unidades cisterna, de transportistas de la región que exigen empleo.

Según sus cifras (goldcorp.com), Peñasquito extrae a diario 130 mil toneladas de material rocoso de los tajos a cielo abierto Chile Colorado y Peñasquito, que se procesan en gigantescos molinos para luego, con cianuro, extraer los valores minerales con métodos de lixiviación y flotación.

La huella ecológica que dejan estas operaciones es visible a decenas de kilómetros de distancia: hay gigantescos cerros de desechos rocosos y tepetate.

Peñasquito extiende su dominio en un polígono de 5 mil 462 hectáreas del semiárido valle de Mazapil, donde tiene reservas probadas de casi 9 millones de onzas de oro que, de acuerdo con la cotización internacional del metal (miércoles 10 de abril) de mil 309 dólares la onza, representan un valor de 11 mil 781 millones de dólares, o 221 mil 600 millones de pesos (18.81 por dólar). Sin contar las reservas inferidas, 2.35 millones de onzas de oro adicionales. Aparte de sus valiosos yacimientos de plata, cobre, zinc y plomo. Después del conflicto con transportistas y habitantes de la comunidad de Cedros en octubre de 2017, cuando sus accesos fueron bloqueados durante casi un mes, Goldcorp asumió la postura de cero tolerancia a la protesta.

A diferencia de entonces, cuando el gobierno estatal envió a cientos de policías estatales y ministeriales para amagar con el desalojo a los habitantes y transportistas inconformes, esta vez el gobernador Alejandro Tello Cristerna no ha intervenido en el conflicto comunitario con la mina, ante la posición del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no reprimir las protestas sociales.

Pero a las partes en conflicto se les acaba el tiempo y los recursos. A dos semanas de iniciado el bloqueo minera Peñasquito intentó burlar el cerco de los transportistas y campesinos de las comunidades de San Juan de Cedros, Palmas Grandes, Peñasquito, Mesas, Portezuelo y Charcos. Como fueron tapados con camiones sus siete entradas generales, utilizando maquinaria pesada, la minera abrió literalmente más accesos para el ingreso de equipo, combustible y otros suministros. De los siete que había hace dos semanas, ahora tiene 22 puertas.

Pero los transportistas y campesinos se movilizaron rápidamente para bloquear también los nuevos accesos. Y a pesar de sus puentes aéreos, la minera comienza a resentir la falta de suministros, entre ellos gasolina y diésel, éste, vital para la operación de los camiones de carga de alta capacidad, conocidos como yucles.

Peñasquito cuenta con 90 yucles, cada uno extrae en promedio 300 toneladas de material rocoso en viajes a los tajos a cielo abierto. Cada máquina posee tanques para 4 mil litros de combustible. Ante la falta de diésel por el cerco, hasta el miércoles 10 de abril 65 camiones Caterpilar y Komatsu ya se encontraban detenidos, fuera de labores. Esta semana la mina podría detener sus actividades totalmente.

En tanto, los transportistas integrantes del sindicato de la empresa Cava se inconforman porque fueron excluidos del acarreo de materiales y agua. Peñasquito pasó sus contratos a Epsa, un consorcio español.

Choferes que hoy protestan son ejidatarios que hace una década rentaron a Goldcorp sus tierras para las actividades mineras, y con el dinero obtenido compraron camiones de carga, pues la empresa les había prometido subcontratarlos. Pero ahora están fuera, sin trabajo y sin tierras.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/04/el-poder-de-la-soberbia/

Mexico

Exigen freno a gigante minero

Foro “Por tierra y libertad, los pueblos caminan contra la minería”

El Frente Regional de la Sierra Sur en Defensa del Territorio, los Recursos Naturales y la Libre Autodeterminación de los Pueblos Originarios demandó al gobierno federal la cancelación de la concesión minera otorgada a la multinacional Arcelor Mittal, en jurisdicción del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

“En la Sierra Sur, decimos sí a la vida, no a la minería”, afirmó una de las representante de ese colectivo de organizaciones, Narcedalia Martínez Fabián.

Sin embargo, observó que las dos concesiones fueron otorgadas sin el consentimiento libre, previo e informado de los dueños de las tierras, principalmente de las comunidades El Zompantle, El Bejuco y El Ocote.

De esta manera, destacó que el Foro “Por tierra y libertad, los pueblos caminan contra la minería” exigió la cancelación de la actual Ley Minera, porque afecta a los pueblos y comunidades indígenas.

Además, subrayó que demandó al ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz ratificar el acta de sesión de cabildo, suscrita por la anterior administración, en octubre del año pasado, donde se declara el territorio de esa municipalidad como prohibido para cualquier actividad minera.

Bloquean señal

La representante también dijo que el foro se denunció que el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 13, localizado en Mengolí de Morelos, también perteneciente a Miahuatlán de Porfirio Díaz, bloquea la señal telefónica en esa municipalidad por más de 12 horas en toda la municipalidad, cuando hacen traslado de internos.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/04/exigen-freno-a-gigante-minero/

Mexico

Peñasquito acabó con el Agua del Valle de Mazapil

En el conflicto con la minera Peñasquito, la posición más frágil es la de los habitantes de San Juan de Cedros, la comunidad rural más importante, aledaña a la mina, inconforme porque tras 10 años de operación, Peñasquito abatió los mantos freáticos del valle de Mazapil y a ellos les secó dos manantiales de agua dulce y cinco pozos agrícolas.

El dinero que Goldcorp pagó hace una década a cientos de familias cuando llegó a rentarles sus tierras por 30 años, ahora se dan cuenta, no compensa la magnitud de la tragedia de quedarse sin agua para hacer sus vidas en esta árida región.

En un recorrido de La Jornada por San Juan de Cedros –desde donde se observa a unos cinco kilómetros de distancia el constante despegue y aterrizaje de helicópteros y aviones–, una decena de representantes del ejido y habitantes de la población, entre ellos Arturo Martínez García, Juan López Rodríguez y Francisca Hernández Gutiérrez, mostraron la dimensión de su tragedia, y los incumplimientos de Peñasquito en los temas del agua.

Desde la Colonia –hace 400 años cuando fue fundada por el marqués de Aguayo–, esta comunidad prosperó debido a dos ojos de agua: El Socavón y Chiquito, a partir de donde incluso se construyó y operó un acueducto con un amplio canal, para distribuir a la que fuera en algún tiempo una próspera hacienda ganadera.

En el lugar operaron también en otra época una fábrica de guayule que se exportaba a las ciudades de Zacatecas, Saltillo (Coahuila), Monterrey (Nuevo León) y hasta Estados Unidos. Incluso había una destiladora de sotol.

Todavía una década antes de la llegada de Peñasquito, en 1998, el gobierno de Zacatecas y la Comisión Nacional Forestal abrieron en San Juan de Cedros un invernadero para la producción masiva de especies de flora nativa –entre ellas sotol, mezquite, huizache, costilla de vaca, pino-piñonero y árnica– para reforestar todo el noroeste del estado. Allí trabajaban cien personas de esta comunidad. Pero en 2009, cuando llegó la minera y se agotó el manantial, los invernaderos se fueron a la basura.

Antes, personal del Ejército Mexicano acudía a llenar sus pipas, en coordinación con la Comisión Nacional de Zonas Áridas, para distribuir agua potable en épocas de estiaje a los habitantes de más de 40 comunidades rurales de los municipios de Mazapil, Melchor Ocampo, El Salvador y Concepción del Oro.Cinco pozas secas

Esa fuente, con sus dos veneros, daba para llenar una presa de riego agrícola al suroeste de San Juan de Cedros y sus habitantes recuerdan con nostalgia que incluso en la década de los 90 construyeron ahí, en pleno semidesierto, una alberca pública, hoy seca y llena de basura. Otros cinco pozos agrícolas de la comunidad también se secaron.

En 2011, apenas tres años después de su llegada, Peñasquito comenzó a atajar las protestas de los habitantes de esta comunidad, porque el agua se estaba agotando. Goldcorp les prometió construir una planta potabilizadora, que se inauguró apenas hace dos años. El problema, señalan pobladores de Cedros, es que la planta es abastecida con pipas de agua traída de la propia mina, y se le distribuye el agua a toda la comunidad, cada tercer día, por sólo cuatro horas.

Asimismo la minera les ofreció un proyecto productivo, es decir, instalar una planta de agua potable a escasos 80 metros del manantial. La promesa de Peñasquito –donde trabajan 2 mil 500 mineros, divididos en tres turnos, las 24 horas del día–, era que compraría a los ejidatarios toda el agua de garrafón que requiriera. Se construyó el inmueble y se le dotó de equipo. El manantial se secó y la planta hoy está cerrada y en el olvido.

Ya no somos San Juan de Cedros, ahora somos San Juan sin agua, declara irónico un campesino entrevistado. Póngale eso a su noticia, que la gente se entere que la mina se chupó toda nuestra agua. Ese no era el acuerdo.

Pero la minera no sólo dejó sin agua a esta y otras comunidades aledañas. También dejó a todos sin telefonía celular y sin Internet.

Desde hace casi tres semanas que comenzó el conflicto, Goldcorp –como ha hecho en otros casos con los habitantes de Mazapil– apagó la antena instalada en el complejo con la cual se irradia de la señal de telefonía a todo este páramo zacatecano. Es un castigo que pesa no solo a transportistas y campesinos, sino a toda la población.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/04/15/estados/023n1est?fbclid=IwAR2vuiJP5bf05pYo37fFuIX5He3nCdaT2xnK7LgGpolbCk5qQGiTDN91JMU

Mexico

El Estado olvida a indígenas y les impone sus mega proyectos. Ellos se defienden con más autonomía

En los últimos años, los pueblos originarios de México han pasado de la demanda de participación política en instancias del Estado a la exigencia de autonomía y autodeterminación para decidir sus formas de vida.

“Nuestra autodeterminación es la ventana más segura para garantizar nuestra sobrevivencia como pueblos, como sociedad. Ha sido un sueño eterno de nuestras comunidades, la cual siempre ha sido resultado de una tensa relación con el Estado-Nación”, escribió Jaime Martínez Luna en 2002.

En los últimos años, con el auge de los proyectos extractivistas, la propuesta de Martínez Luna, que a su vez recoge la del EZLN, se hace vigente. Muchos pueblos indígenas en México han apostado por una organización al margen de las instituciones del Estado, una organización común –y erróneamente- llamada “usos y costumbres”.

Las formas de organización no son heterogéneas. Es decir, no hay un solo tipo de organización política indígena. Algunos pueblos, como Calpulalpan, Oaxaca, tiene un sistema mixto, en el que conviven la asamblea comunitaria y la presidencia municipal. Otros, como Cherán en Michoacán, Ayutla en Guerrero y Oxchuc en Chiapas, se rigen bajo el Sistema Normativo Interno que se organiza a partir de asambleas o consejos, y acceden a recursos públicos.

“La participación política comunitaria es muy diversa”, dice a Pie de Página la ensayista mixe Yásnaya Elena Aguilar, “no se puede hablar de la participación de las comunidades indígenas como algo único, sino de la multiplicidad de mecanismos que hay dentro. Por un lado, los pueblos indígenas que sí están organizados en comunidades, muy mesoamericano. Y otros donde la organización no es comunitaria, sino más tribal, como los yumanos en Baja California”.

Los mixes, pueblo al que pertenece Yásnaya Elena, habitan la sierra de Juárez. Se llaman así mismos Ayuukjä’äy y hablan la legua ayuuk.

Francisco López Bárcenas, abogado mixteco nacido en el pueblo ñuú Savi, Santa Rosa, hace un repaso histórico sobre la participación política de los pueblos indígenas:

“El Estado mexicano es un Estado colonial. No es una metáfora, es una explicación. El Estado se formó sin consultar a los pueblos indígenas. Las estructuras que tiene el Estado son estructuras europeas y no están viendo pueblos, están viendo individuos, personas. El Estado, como se forma en el siglo XX, va a buscar acabar con los pueblos indígenas culturalmente. El indigenismo fue eso, sigue siendo eso. Lo que tenemos es un Estado que se ha formado estructuralmente, ideológicamente, administrativamente, para que los indígenas no puedan existir. En este Estado como está, no es posible que los indígenas se integren a la nación”.

El pueblo ñuú Savi, al que pertenece Francisco López Bárcenas, se hace llamar “pueblo de la lluvia” y cohabita los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero.

Sobre el Estado colonial, Yásnaya Elena escribió en las revistas Nexos y Este País que México “no es una sola nación, sino un Estado en el que existen muchas otras naciones oprimidas, construidas a partir de prácticas y narrativas homogeneizantes que negaron la existencia de otras naciones con lengua, territorio y pasado en común”.

Entre esas prácticas está la castellanización. A inicios del siglo XIX, escribió, el 65 por ciento de la población hablaba una de las muchas lenguas indígenas del país; después de 200 años de vida como Estado, los hablantes de lenguas indígenas son el 6.5 por ciento. “Podemos decir que los pueblos indígenas no son pueblos minoritarios sino minorizados”.

Otra práctica homogeneizante es la participación indígena en las instituciones del Estado, incluidos los partidos políticos. “Se celebra que aumente el número de diputados indígenas, aunque esos diputados representen intereses de los partidos políticos que los postularon más que intereses de los pueblos indígenas a los que pertenecen”.

El poeta nahua Mardonio Carballo coincide: “El que sean indígenas no significa que tengan lazos de vida comunitaria. Hay mucha gente que hace usufructo de la identidad para llegar a esos puestos de elección popular. Y este juego lo juegan los partidos y los individuos.

Hay hombres y mujeres que quieren entrar a la representación de la comunidad vía partidos, pero no han cumplido con el trabajo que deben hacer en la comunidad. Se anulan en sistemas normativos de los pueblos, pero se validan a través del Estado. Ahí hay un conflicto. Mis derechos políticos como mexicano me permitirían contender a escaño popular, pero no lo podría hacer como representante indígena porque rompería el sistema normativo propio, donde pasar de peldaño a peldaño es una máxima”.

El pueblo nahua, al que pertenece Carballo, habita los estados de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco y habla la lengua náhuatl.

 

Organización diversa

Los pueblos originarios tienen distintos tipos de organización política. López Bárcenas da algunos ejemplos:

Los cucapá se organizan en clanes; los yaquis tienen una estructura militar “porque esa ha sido su historia, resistir, resistir, resistir, desde que llegaron los jesuitas”, “los wixárikas no tienen asamblea para elegir su autoridad, sino es el marakame –‘aquél que sabe’– quien entra en trance y sueña quién va a ser la próxima autoridad”; los rarámuris, “la mayoría son gobernadoras y están cuatro años en el poder porque en su estructura las mujeres tienen cuatro vidas; los hombres, cuando les toca ser gobernadores están tres porque en su concepción tienen tres vidas”.

¿Qué idea tendrá cada comunidad del poder? ¿Qué diría el Estado de los procesos de organización política de cada comunidad? “Creo que hay formas de ver el poder, hay formas de estructurar el poder y hay formas de cómo se forma ese poder. No todos ven el poder como una cosa centralizada, no todos ven el ejercicio del poder como una elección”, dice López Bárcenas.

¿Qué es lo que determina esas formas de organización y participación política? La manera de estructurar el poder viene de las matrices culturales propias y los impactos políticos históricos. Por ejemplo, los mayas, los yaquis, los triquis, que fueron pueblos que enfrentaron mucho al Estado, fueron derrotados y el Estado no logró exterminarlos, pero sí permeó mucho su cultura, pues las asambleas vienen de la estructura de cabildos que trajeron los españoles.

Carballo plantea que la comunalidad es una forma de organización política cotidiana, que no necesariamente termina en cargos públicos. “Creo que desde hace mucho, de una manera disfrazada se está ejerciendo a una autonomía restringida, pero que, a final de cuentas, lo que la comunidad quiere, es lo que se hace. Eso me parece una forma sana de convivencia. Ahí tendríamos que ver, ¿se puede convivir o no? ¿las comunidades autónomas con el estado mexicano? ¿Se podría o no? ¿Por qué? Son preguntas importantes porque es un usufructo del sistema dominante para ejercer el sistema normativo propio”.

Sobre la organización política de los pueblos indígenas Carlos González, abogado e integrante el Congreso Nacional Indígena (CNI), dice que “la entendemos como las acciones, normas que generan nuestros pueblos, nuestras comunidades para gobernarse y para construir y conquistar derechos dentro de la estructura del Estado”.

Menciona distintas expresiones de organización y autonomía: “La más radical y avanzada como la de los zapatistas, que están totalmente ajenos a la estructura del Estado mexicano, tienen sus propias normas, territorios y no recurren al financiamiento estatal. Otras autonomías que han surgido, que se han fortalecido como Cherán (y que están tratando de construirse en otros lugares como Ayutla, Guerrero y Oxchuc, Chiapas), parten de la premisa de ser reconocidos por el Estado mexicano. A partir de eso lo que plantean es el ejercicio directo del recurso público, que no esté mediado por los órganos de gobierno y partidos, sino de manera directa”.

Dentro del CNI conviven distintos pueblos indígenas, cada uno con experiencias propias de organización. “Tratamos de que se respete la forma de organizarse. El CNI es un espacio de participación de los pueblos indígenas, cada uno con su experiencia, historia. Lo que si no estamos de acuerdo es en abrir el espacio a personajes vinculados a partidos políticos o aparatos de gobierno oficiales”, aclara.

 

La autonomía de los pueblos

“Los pueblos están viendo amenazada su existencia, y en las últimas décadas hemos visto fenómenos muy interesantes”, dice López Bárcenas. Recuerda, por ejemplo, al “Consejo Mexicano 500 años de resistencia indígena, negra y popular”; después el zapatismo, “un fenómeno que no solamente se da en México, se da en toda América Latina. Pactos como los Acuerdos de San Andrés hubo en toda América Latina”.

–¿En qué consiste ahora el peligro de existencia de los pueblos indígenas?

–Según lo que veo, son los modelos de explotación capitalista. La crisis del capitalismo, si alguien la ve directamente y la sufre directamente, son los pueblos indígenas por una razón: el capitalismo entró en una crisis y no puede producir mucho porque no tiene mercado y no tiene quién le compre; pero su función es producir porque si no, entonces no hay capitalismo; para salvar este enredo han decidido hacer mercancía los bienes comunes, los recursos naturales, el agua, la biodiversidad, el conocimiento de esa biodiversidad, y eso está en territorios indígenas. Si el capital va directo a los territorios indígenas, al espacio donde habían estado, los pueblos como nunca están viendo amenazada su existencia.

Carlos González también habla de la preocupación de los pueblos indígenas que integran el CNI por el acelerado despojo de los territorios en aras de la instalación de proyectos extractivistas.

“Esto es lo que nos ha llevado a una mayor organización, unidad, dentro del CNI”, dice. “La propuesta para conformar el Consejo Indígena de Gobierno y participar en el proceso electoral a través de una candidata independiente era con ese fin, generar visibilidad y protagonismo para los pueblos indígenas y dar luz a sus agendas”.

Sobre el panorama que se avecina, el impulso a más megaproyectos, González afirma que se deben fortalecer las luchas de los pueblos y el acceso a la información clara y oportuna de los megaproyectos. “Desde el CNI tratamos de articular las luchas, cobijar resistencias”.

López Bárcenas ve que en los últimos años la demanda de los pueblos indígenas se ha enfocado en la autonomía:

“Es la primera vez en la historia de México que el concepto autonomía aglutina la demanda de los pueblos. Mucho tiempo fue participación política en las estructuras estatales, restitución de tierras, libertad de los presos políticos, desarrollo. Pero de los noventa para acá a demanda es autonomía, libre determinación, territorios, gobiernos propios, o sea, cambió totalmente la demanda. Tiene que ver con el hecho de ser pueblos, la posibilidad real de ser pueblos y comenzar a asumir ellos que son pueblos”.

 

La resistencia en Oaxaca

La gente aquí vive y se organiza bajo el “horario de la resistencia”. El horario de verano no aplica. Para Netzar Arreortúa Martínez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, este es un símbolo de que la vida política y económica de este pueblo es rebelde.

Calpulálpam es uno de los 417 municipios de Oaxaca que se organiza bajo un régimen de sistemas normativos internos o indígenas, popularmente llamado “usos y costumbres”. Tiene el título de Pueblo Mágico y poco más de mil habitantes. A diferencia de otros pueblos de la región aquí se percibe una prosperidad económica en sus calles empedradas y construcciones de concreto, en su mercado de alimentos, hoteles y comercios para turistas, en su plaza principal limpia y adornada, y en su templo con retablos estilo neoclásico en remodelación. La migración de trabajadores es mínima.

Esta comunidad zapoteca, ubicada a 75 kilómetros de la capital de Oaxaca, tiene otra particularidad: aquí, los comuneros son dueños de cuatro empresas cooperativas.

 

Formas de entender el poder

“Hay formas de ver el poder, hay formas de estructurar el poder y hay formas de cómo se forma ese poder. No todos ven el poder como una cosa centralizada, no todos ven el ejercicio del poder como una elección”, dice Francisco López Bárcenas.

En Oaxaca, el 64 por ciento de la población renueva autoridades por el sistema de partidos políticos; el otro 36 por ciento elige autoridades por SNI; de acuerdo con el Inegi.

Sistema Normativo Interno significa tener mecanismos alternativos de elección del poder, “acotados principalmente al espacio local o comunitario”, define María Cristina Velásquez Cepeda, antropóloga e investigadora de la participación política en Oaxaca.

En Calpulálpam no hay partidos políticos. Su estructura de gobierno opera con dos autoridades: la municipal (cabildo o representantes del Ayuntamiento) y la agraria (Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia). Mientras, la Asamblea de Comuneros es la autoridad máxima de toma de decisiones.

Edgar Santiago Pérez, ex secretario de una empresa comunitaria, dice ser elegidos para un cargo significa tener un trabajo extra por el que no reciben salario durante al menos un par de años. Aunque no en todos los pueblos sucede así. “En algunos, no se llaman sueldos, se llaman dietas o compensación, pero eso la misma asamblea lo determina”, dice Netzar Arreortúa, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, dirige la Asamblea General de Comuneros, un hombre de pelo cano, que parece conocer todos los rincones de su pueblo.

En todo caso, en Calpulálpam es parejo, nadie recibe dinero por ningún cargo.

Además, es una tradición de las comunidades que el servicio comunitario sea realizado por personas respetadas y reconocidas por su liderazgo y trabajo comunitario previo. Es por eso que quienes busquen pertenecer a cualquiera de las dos autoridades tienen que subir escalafones con quehacer comunitario para ser candidatos.

El propio Arreortúa, antes de ser presidente del comisariado, inició su carrera política como la gran mayoría: en el puesto de topil, tocando las campanas de la iglesia.

 

Los zapotecas

Los zapotecos, o binizaa, son una de las 14 etnias que conviven en Oaxaca, el estado de mayor población indígena del país y el primero que en su constitución local reconoció la elección de autoridades municipales de acuerdo al SIN. Están divididos por la geografía: los de la Sierra Norte, los de Valles Centrales y los del Ismo.

Calpulálpam está en la Sierra Norte y tiene como centro económico y comercial la región de Ixtlán, donde históricamente las actividades más importantes han sido la minería y la tala. Por ello, el pueblo zapoteco de la Sierra Norte ha escrito una historia de rebelión contra los terratenientes en la época Colonial, hasta más recientemente contra empresas mineras y papeleras.

Todo ello lo explica con detenimiento Netzar, mientras maneja su camioneta y sube el volumen a la canción El Mosquito Serrano, que sintoniza la radio: “Querido paisanito/ despierta de este sueño/ y olvida las promesas que da el gobierno hoy/ no creas en gobernantes/ que explotan tu ignorancia/ dejándote pobreza/ y mucha corrupción”.

Aunque en Calpulálpam predomina el español, 108 personas conservan alguna lengua indígena, contra mil 281 que no, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Municipal. Tampoco conservan una vestimenta tradicional. Sin embargo, los habitantes se autoadscriben zapotecas y la Suprema Corte de Justicia resume el concepto legal de autoadscripción como el criterio para determinar si una persona es indígena: “la definición de lo indígena no pertenece al Estado”, sino a las personas “quienes tienen conciencia de pertenecer a un pueblo o comunidad indígena”.

Calpulálpam significa: capul-li, árbol de cereza, -apam, río, y se traduce como “río del cerezo”. Además del bosque, otro de sus recursos que la comunidad aprovecha es el manantial de agua pura que se encuentra dentro sus tierras comunales.

 

La asamblea

A puerta cerrada en el auditorio del Ayuntamiento, Netzar dirige la Asamblea General de Comuneros, con la que elegirán las directivas de las cuatro empresas comunitarias del pueblo. La Asamblea está compuesta por más de 300 personas, pero hoy solo llegaron 105 por las lluvias que arrecian en la región.

Es octubre de 2018. En la sesión del día de hoy, como cada dos años, los comuneros discutirán y votarán la renovación de las direcciones de sus cuatro empresas comunitarias; sociedades comerciales que en teoría pertenecen a la asamblea de comuneros, pero que en la práctica requieren de representantes legales.

Las empresas comunitarias son de agregados pétreos, de producción de madera, de turismo ecológico y una envasadora de agua.

Una de las primeras discusiones que surgen es la poca asistencia, un comunero propone suspender el servicio de agua potable a quienes no vayan. Otro comenta que no quieren ser electos para los cargos y “por eso no se presentan”, como solución propone que se pueda votar por comuneros que no estén ahí. Arreortúa insiste en que deben candidatear solo a miembros presentes, luego lee la lista de nombres de quienes ya tienen un cargo y tampoco pueden ser propuestos para esta votación.

La Asamblea también realiza elecciones de las dos autoridades operativas, la municipal y la agraria. La asamblea pone y la asamblea quita. La remoción del cargo está en el Estatuto interno de Calpulálpam.

 

Gobierno mixto

Calpulálpam tiene lo que llaman “su propia constitución”, es el Estatuto Comunal que rige los asuntos de la autoridad agraria, derechos y obligaciones. Es un cuadernillo de 48 páginas basado en la Ley Agraria y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por supuesto, se apega a la constitución local y federal. También tienen el Bando de Policía y Buen Gobierno, donde señalan los compromisos de los integrantes de la administración municipal, los servicios públicos de los que son responsables y los alcances que tienen para infraccionar o sancionar como autoridad.

El presidente municipal y el comisariado son autoridades distintas que deben coordinarse para la vida comunitaria. Al presidente municipal lo eligen los ciudadanos, al comisariado los comuneros, es decir, quienes aparecen en el Registro Agrario Nacional.

Ambos órganos, autoridad municipal y autoridad agraria, trabajan a la par, y ninguno toma decisiones importantes sin considerar la opinión de las asambleas, precisa Netzar Arreortúa.

 

Empresas comunitarias

Antes de 1980, el pueblo sobrevivía a base de cuotas o cooperaciones para compra de materiales de las escuelas, para el alumbrado público en las calles, para el sistema de agua potable. “Cada regidor del ayuntamiento tenía su libretita y regularmente sábados y domingos pasaban a la colecta escolar, y en 15 días el donativo para el agua, el otro mes para el alumbrado, y era de a 5 pesos”, recuerda Netzar.

La recaudación cambió cuando los pueblos de la sierra de Oaxaca se organizaron para sacar a la empresa paraestatal Papelería Tuxtepec y las comunidades chinantecas y zapotecas de La Trinidad, Xiacuí, Santiago Comaltepec y Calpulápam crearon la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapoteco-Chinantecas de la Sierra de Juárez de Oaxaca (UZACHI). En 2018 celebraron 35 años de haber recuperado sus bosques y hoy día UZACHI da asesoría técnica para el manejo forestal a las comunidades socias y a otras.

“Entonces comenzamos a jugar a ser empresarios”, dice Netzar.

La primera empresa de Calpulálpam fue la Unidad de Aprovechamiento Forestal. Para 1994 comienzó a operar la planta de agregados pétreos, que produce graba y arena. Iniciaron con dos créditos por 10 años, uno del Fideicomiso de Fomento Minero y otro del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad. Al término de ese tiempo ambos fondos quisieron embargarlos, por lo que la asamblea decidió pagar la deuda y así conservar su condición como únicos dueños a la comunidad.

En 2002 inició el proyecto de ecoturismo y en 2008 fundaron la Procesadora de Alimentos y comienzan a envasar agua. Las empresas, constituidas como cooperativas, generan algunos empleos para los locales y las utilidades no solo son repartidas entre los comuneros, también se usan para solventar los gastos que antes pagaban.

Aunque el recurso es poco, pues en impuestos se les va el 40 por ciento de la ganancia.

“Aquí no decimos explotar, es aprovechar el bosque, aprovechar el agua, aprovechar la arena”, dice Arreortúa, y explica que el fin último de las empresas comunitarias no es generar ganancia, sino administrar correctamente los recursos naturales. “Siempre a los indígenas nos han visto muy por debajo, piensan que para lo único para lo que servimos es para ser peones”, dice. “Decían que no íbamos a poder y estamos dando resultados, tenemos nuestros bosques sanos, generamos empleos y la economía del pueblo es buena. El nivel educativo es bueno, ya casi no generamos peones, ya nuestros jóvenes pueden elegir”.

 

Paridad y escalafones

Entre comuneros y miembros del cabildo municipal está sentada Elia Martínez, regidora de Equidad de Género, la única mujer que asiste a la Asamblea. Elia pertenece al primer cabildo municipal en la historia de Calpulálpam con integrantes mujeres. La llamada cuota de género fue una condición del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para realizar las elecciones de 2018.

A diferencia de los hombres, que ascienden en escalafones dentro de la comunidad, Elia Martínez ha desempeñado otro tipo de trabajo comunitario que no necesariamente es reconocido como parte de ese escalafón. Esto obedece a la forma en la que la vida comunitaria se ha estructurado por tradición.

Pero con los años, esa tradición se ha acoplando y las comunidades han cambiado: en 2016, de los 368 municipios del estado con SNI, 20 mujeres fueron electas presidentas municipales y cuando menos una mujer es integrante del cabildo municipal. Calpulálpam fue uno de estos casos.

Elia Martínez platica que los puestos de poder tanto en el cabildo como en el comisariado han sido desempeñados históricamente por hombres. De hecho, no existe una sola comunera, por lo que no hay participación en la asamblea de comuneros. En la de ciudadanos sí se han llegado a presentar algunas, como ella misma lo hizo, pero aún no es una práctica común para las mujeres de la comunidad… todavía.

Fuente: https://movimientom4.org/2019/04/el-estado-olvida-a-indigenas-y-les-impone-sus-mega-proyectos-ellos-se-defienden-con-mas-autonomia/

Mexico

No recibo dinero de nadie; los que apoyan La Pitalla, en La Paz, sí: Juan Ángel Trasviña

La Paz,  (BCS). El integrante del Frente por el Agua y la Vida, en Baja California Sur, Juan Ángel Trasviña, aseveró que las personas que apoyan el proyecto minero de La Pitalla, el cual pretende establecerse en San Antonio para extraer oro, recibieron dinero, mientras que él no, explicó, mientras fijaba su postura en contra.

“Obviamente los pros son por gente que está pagada por la minera y los contras son de gentes independientes que no recibimos dinero de nadie y que estamos aquí por conciencia. Yo soy empresario, yo no recibo dinero de nadie, yo lo hago porque quiero que mis hijos y mis nietos y todas las generaciones vivan bien y sin problemas de contaminación, porque finalmente todos los contaminantes que una minera libera son causantes de cáncer y de una serie de síndromes y enfermedades tremendas”, enfatizó Trasviña.

Asimismo, comentó que los manifestantes que se pronunciaron a favor de la mina, lo hicieron con la esperanza de obtener un empleo, aunque ignoran el nivel de contaminación que el desarrollo puede ocasionar en el líquido vital de la región; cabe destacar que el delegado de San Antonio, Adolfo de la Peña Aramburo aprueba el proyecto minero, justificando que el agua ya está contaminada y que son los ambientalistas quienes pregonan que las minas son las que contaminan el agua.

“Debe haber algunos que piensan que va haber trabajo, lo que ignoran es que el máximo número de empleados serían 350, pero en gran parte será gente que vendrá de fuera, porque son sus técnicos, sus expertos en maquinaria, entonces sólo contratarían a un porcentaje de la gente local”, explicó el integrante del Frente por el Agua y la Vida.

En este sentido, mencionó que La Pitalla no cuenta con la aprobación de los paceños, pero sí de los pobladores de San Antonio, debido a que esperan que la empresa encargada del proyecto los apoye con becas y recursos económicos en materia de salud.

“En La Paz, en general no tiene aceptación, lo tiene ahí en las comunidades locales porque las mineras se han encargado de dar becas, apoyar con cuestiones médicas que es la política que usan en todos lados, desgraciadamente son políticas provisionales, una vez que consiguen los permiso y empiezan a trabajar prácticamente se olvidan de la situación”, señaló Juan Ángel Trasviña.

Finalmente, dijo no estar de acuerdo con los proyectos mineros que buscan establecerse en lugares que afectan los acuíferos de la entidad, razón por la cual exhortó a los habitantes que se expresaron a favor de La Pitalla a informarse antes de emitir una postura.

“No estamos de acuerdo en que las mineras se instalen donde no deben, sobre nuestros acuíferos, sobre lugares en que puedan afectar de manera muy importante a la biota terrestre y a la biota marina;  invitamos a las personas a que se enteren bien, no se trata de opinar por opinar, que se enteren de cuál es la situación y porque nos oponemos, Baja California Sur es uno de los estados más limitados del país (en materia de agua)”, concluyó.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/04/no-recibo-dinero-de-nadie-los-que-apoyan-la-pitalla-en-la-paz-si-juan-angel-trasvina/