Mexico

CON EL TMEC SE PROFUNDIZA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO

REMA 7 de julio de 2020
El primero de julio de 2020 entró en vigor el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Este
tratado representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura
comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy
refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cabe recordar que el marco normativo y la política minera que asolan desde hace más de dos décadas y
media el territorio nacional, con más de 2 mil proyectos de devastación y muerte -entre proyectos
vigentes y cerrados-, reciben su actual configuración desde 1992, a partir de la promulgación de la Ley
Minera aún vigente. Esta ley, en conjunto con la reforma constitucional al Artículo 27, con una clara
tendencia a dañar la propiedad social de la tierra, y fomentar una nueva legislación sobre la gestión
pública del agua, representaron adecuaciones hechas por parte del gobierno de Carlos Salinas de
Gortari para establecer las bases para destrabar las negociaciones condicionadas por EU que dieron
origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La actual política extractiva minera deriva de la política comercial y de inversiones impuestas por el
TLCAN y, que ahora, en el TMEC son reforzadas a favor del despojo. Estas normas y políticas
públicas favorecen y protegen desmesuradamente al inversor minero, anula los derechos de
poblaciones habitantes y dueñas de los territorios afectados en forma permanente por estas actividades
y, las poblaciones supuestamente beneficiarias y dependientes de los servicios ambientales prestados
por estos territorios, así como de los propios trabajadores que, por necesidad económica o por coacción
o por sometimiento por parte de grupos armados que operan en el contexto de las empresas mineras,
participan en las actividades de extracción, mientras progresivamente son despojados del valor de su
territorio, trabajo, salud, su vida comunitaria y sus bienes naturales.

En el apartado sobre Medio Ambiente, el TMEC establece:
“24.2.5.- Las Partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes
ambientales u otras medidas de manera que constituya una restricción encubierta al comercio
o a la inversión entre las Partes.” (Capítulo 24, Artículo 2, fracción 5).
“24.6.3.- (Con respecto procedimientos administrativos, cuasi-judiciales o judiciales que
busquen resolver disputas en materia ambiental) (…) Las partes reconocen que esos
procedimientos no deberían ser innecesariamente complicados ni poner cuotas o límites de
tiempo irrazonables.” (capítulo 24, Artículo 6, fracción 3)

Con ello nuevamente se subordinan las normas y política ambientales de México a los intereses de las
grandes compañías mineras canadienses y estadounidenses. Por otro lado, buscan desahogar con
celeridad procesos derivados de conflictos que generen una inconveniencia para quien ha invertido
financiamiento en territorio mexicano. Poco importa que la materia en disputa puede ser la propia
defensa del derecho fundamental a vivir, existir y tomar decisiones sobre el territorio propio.
Para las empresas mineras en el TMEC sólo reconocen la existencia de esquemas de simulación
filantrópica a partir de “… adoptar e implementar mejores prácticas voluntarias de responsabilidad
social corporativa que estén relacionadas con el medio ambiente” (Artículos 14.17 y 24.13.2) y “…el
uso de mecanismos flexibles y voluntarios para proteger el medio ambiente y los recursos
naturales…” (artículo 24.14.2.a). En ese mismo contexto, “Las partes también reconocen que esos
mecanismos deberían ser diseñados de manera que maximicen sus beneficios ambientales y eviten la
creación de barreras innecesarias al comercio.” (Artículo 24.14.2)

Un punto particularmente pernicioso es el Resolución de Controversias. En este punto, es importante
tomar en cuenta que México no ha firmado solamente este Tratado de Libre Comercio con los EE.UU.
y Canadá, sino también tiene vigente otros diez tratados de libre comercio y 29 acuerdos de inversión
bilateral. Estos tratados dan recurso a que las empresas pueden demandar por millones o miles de
millones de dólares al gobierno de México en tribunales supranacionales, pero no al revés, en caso de
que consideren afectadas sus inversiones, como pueden ser a partir de restricciones ambientales, las
expropiaciones directas o indirectas, la anulación de concesiones, la imposición de aranceles a algunos
minerales estipulados en la lista la eliminación de barreras no arancelarias, entre otros elementos. En el
caso de T-MEC, queda disponible este recurso para las empresas estadounidenses, mientras se lo quita
para las empresas canadienses.
Sin embargo, en el caso canadiense, las empresas mineras pueden
recurrir al arbitraje bajo el paraguas del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica
(CPTPP) que entró en vigencia el 31 de diciembre de 2018. México ha tenido en su contra 34
demandas de transnacionales en el marco de los Tratados de Libre Comercio – 21 demandas concluidas
y las otras 13 pendientes – y ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina por ser el más
demandado. Estados Unidos y Canadá han sido los que más han demandado a México por violentar sus
derechos como inversores. El 30 de agosto de 2000, el tribunal de arbitraje del TLCAN obligó a
México a pagar a la empresa estadounidense Metalclad Corporation una compensación por
$16,685,000 USD por haber cerrado el confinamiento de residuos peligrosos de la empresa en el estado
de San Luis Potosí ante los peligros para la salud pública. Hasta la fecha, México ha sido ordenado de
pagar una suma de por lo menos $242.94 millones de dólares estadounidenses en un total de 12 casos
que favorecieron a las empresas. En septiembre de 2013, Lone Pine Resources demandó a Canadá por
la decisión de la provincia de Quebec de prohibir el fracking en su territorio. Logró obtener una
compensación por $250 millones de dólares. Actualmente, hay tres demandas pendientes por empresas
mineras, inclusive una por $3,54 miles de millones de dólares que está siendo llevada por la empresa
minera estadounidense Odyssey Mineral Exploration en contra de México por no haber otorgado una
licencia ambiental para una mina de fosfato en el fondo del mar en el Golfo de Ulloa, en la costa de
Baja California Sur, en donde este proyecto tendrá un impacto devastador sobre la biodiversidad, la
pesca y los pueblos que dependen de todo ello. Así que, la intención del gobierno de México de
estatizar la producción de litio, se ve endeble porque, en las circunstancias actuales, podría ser un eje de
demandas en los tribunales internacionales del TMEC.

Se puede mencionar también a la demanda presentada en Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en enero del 2019 por Vulcan Materials Company1, la
principal empresa productora de materiales agregados para construcción en los EEUU, reclamando 500
millones de dolores al Estado Mexicano por no autorizar la ampliación de su mina Calica en Playa del
Carmen que ha devastado 1200 ha de selva en los últimos 30 años2. Cabe mencionar los estrechos
lazos entre esta empresa y el gobierno de Donald Trump por el medio de Elaine Chaoc actual Secretaría
de Transporte de los EEUU, que fue parte de la junta directiva de Vulcan Materials Company en 2016 y
2017. Después de su entrada en el gobierno Elaine Chao mantuvo acciones de 300 mil dólares en la
empresa lo que representa un claro conflicto de interés3.
Por todo lo expuesto, desde la REMA denunciamos la continuidad, propiciada por el gobierno de la
Cuarta Transformación, del modelo de despojo impuesto a partir de tratados de comercio e inversiones
impuestos sobre los pueblos de los tres países del continente norteamericano.

¡En defensa del territorio y la vida exigimos un fin al modelo extractivo de despojo y muerte!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

1 https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/19/1
2 https://ejatlas.org/conflict/devastacion-mina-calica-de-vulcan-materials-company-en-playa-del-carmen
3 https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/calica-depredacion-a-la-sombra-de-trump/

Internacional, Mexico

La hermandad de la industria tecnológica y la minería a cielo abierto

Pablo Gámez-Cersosimo* 30 junio, 2020
Mina a cielo abierto en Samalayuca. Foto: contralacorrupcion.mx Mina a cielo abierto en Samalayuca. Foto: contralacorrupcion.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una demanda histórica, Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron acusadas por la muerte y lesiones graves a niños que trabajan en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las tecnológicas estadunidenses. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos”.

“Se abusa de los derechos humanos de las personas en niveles que muchos consumidores occidentales podrían encontrar difíciles de imaginar”, explica Sophia Pickles, experta en cadena de suministro y líder de equipo en el organismo de control de la corrupción, Global Witness[i]. “A menudo me pregunto si las personas serían tan rápidas para comprar una nueva computadora portátil si su hermano o madre trabajaran en las profundidades de un pozo de 100 metros, sin ningún equipo de seguridad que funcione bajo el riesgo permanente de un colapso de la mina. O si las fuerzas de seguridad golpearan gravemente a su padre en una mina y ahora está paralizado. O si la gran empresa minera los hubiera echado de sus tierras y, como consecuencia, sus vidas dieran un vuelco no deseado”.

A finales de diciembre de 2019 y prácticamente sin mayor atención mediática, las corporativas tecnológicas Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron demandadas en un tribunal federal en Washington DC, por parte de la firma de derechos humanos International Rights Advocates. La demanda se presentó en nombre de 14 padres e hijos de la República Democrática del Congo (RDC). El equipo legal de los demandantes incluye a dos reconocidos investigadores y expertos en trabajo infantil forzoso, el profesor Siddharth Kara (Harvard) y el doctor Roger-Claude Liwanga[ii].

De acuerdo con Kara, “esta demanda representa la culminación de varios años de investigación sobre las terribles condiciones de la minería de cobalto en la RDC (…) Espero que nuestros esfuerzos sean dignos de las familias valientes que compartieron su tormento inconmensurable con nosotros, y que la justicia y la decencia triunfarán sobre la búsqueda de ganancias a cualquier costo[iii]“.

Por su parte, el doctor Liwanga comenta: “Este es el comienzo del fin de la impunidad para aquellos que se han beneficiado económicamente del trabajo infantil en la industria minera de la RDC. Los niños de la RDC también tienen el derecho inherente e inalienable de ser protegidos de la explotación económica[iv]”.

La demanda interpuesta contra las grandes tecnológicas es resultado de una larga investigación de campo realizada por Siddharth Kara, acusando a las compañías de ser responsables de la muerte y lesiones graves de niños que, según ellos, estaban trabajando en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las compañías mencionadas. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos[v]”.

Una de las alegaciones centrales en la demanda es que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla eran conscientes y tenían “conocimiento específico” de que el cobalto que usan en sus productos está vinculado al trabajo infantil realizado en condiciones peligrosas, y fueron cómplices en el trabajo forzado de los niños.

“Las familias y los niños afectados por trabajo forzoso buscan una mayor compensación por enriquecimiento injusto, supervisión negligente e imposición intencional de angustia emocional[vi]”.

Las familias argumentan en el reclamo que sus hijos estaban trabajando ilegalmente en minas propiedad de la compañía minera británica Glencore. Los documentos judiciales alegan que el cobalto de las minas propiedad de Glencore se vende a Umicore, un comerciante de metales y minería con sede en Bruselas, que luego vende cobalto de grado de batería a Apple, Google, Tesla, Microsoft y Dell. Otros demandantes dicen que trabajaron en minas propiedad de Zhejiang Huayou Cobalt, una importante firma china de cobalto, que según la demanda suministra a Apple, Dell, Microsoft y otras tecnológicas.

Con detalle, las familias congoleñas describen cómo sus hijos fueron empujados por la pobreza extrema a buscar trabajo en grandes sitios mineros, donde afirman que se les pagó tan solo $2 diarios por trabajos “desgarradores y peligrosos para extraer rocas de cobalto, con herramientas primitivas en túneles subterráneos oscuros.

Los niños trabajaban 12 horas al día, cavando y transportando sacos de rocas ricas en cobalto. Es una lucha caótica por hacerse con este producto de gran valor. Casi dos tercios del suministro actual de cobalto del mundo se origina en una franja del sur de la RDC, un país plagado de profunda corrupción y pobreza paralizante.

Cuando los niños no están en la escuela, todos van a trabajar a las minas. Incluso a partir de los 10 años[vii]“.

Auguste Mutombo, director ejecutivo de Alternatives Plus, una ONG con sede en la República Democrática del Congo, que trabaja para mejorar las condiciones en el sector de la minería artesanal, ayudó a facilitar la investigación de campo que formó la base de evidencia para la demanda.

De acuerdo con Mutombo, poco después de que los detalles de la demanda se hicieran públicos, recibió decenas de amenazas de muerte en persona y por teléfono. “Esperaba algunos problemas después de la presentación de la demanda, pero la magnitud de las amenazas me hizo temer mucho por la seguridad de mi familia y significaba que teníamos que escondernos”, dijo Mutombo[viii].
La esencia de los dispositivos tecnológicos

En apenas tres décadas, nuestros dispositivos han evolucionado a tal punto que no concibimos el día a día sin ellos. Su papel es protagónico y hemos pasado a ser dependientes de nuestro teléfono inteligente, tablet, ordenador portátil. De distintas formas, nuestros dispositivos digitales son imprescindibles, porque son los que nos permiten la conectividad con la membrana digital que hemos creado. Pero realmente sorprende que desconozcamos el origen de los dispositivos tecnológicos que alimentan nuestras vidas, ¿ por qué razón nos molesta tan poco ?

Apple, por ejemplo, ha vendido cerca de mil 500 millones de iPhones en la última década, y con el creciente escrutinio sobre dónde obtiene los metales y minerales de tierras raras, necesarios para producir estos productos a tal escala, la compañía ha tenido que considerar la huella ambiental de sus operaciones de manera similar a una empresa minera, o una empresa de petróleo y gas en alta mar[ix]. Pero lo mismo sucede con Google, Tesla, Microsoft o Dell.

De hecho, las empresas tecnológicas no podrían ser entendidas sin la minería a cielo abierto. De igual forma, la mayoría de los consumidores podrían no ser conscientes de que los componentes principales utilizados en sus teléfonos inteligentes, y gran parte de su tecnología personal, incluyen tierras raras, además de cobalto, oro, plata, paladio, cobre y estaño.

Las materias primas para la electrónica personal provienen de lugares dispares en todo el mundo: el paladio proviene principalmente de Sudáfrica y Norilsk, Rusia, mientras que la plata proviene de minas en todos los continentes. Mientras tanto, la fabricación de piezas tiene lugar en Corea, Taiwán, China, Tailandia, Malasia y Japón, antes de que los dispositivos se ensamblen en países como Brasil e India, así como en China y Corea. La inmensidad de estas cadenas de suministro significa que la transparencia, y la responsabilidad, son fáciles de esquivar. La producción física de productos tecnológicos también consume mucha energía, ya que el viaje global requerido en las cadenas de suministro de tecnología es un contribuyente significativo a las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta.

Una cadena “borrosa”

Todos los materiales y componentes se fabrican en una cadena de valor altamente compleja y globalizada, a partir de la extracción de recursos hasta el procesamiento de materiales y la producción de componentes (con una gran cantidad de proveedores involucrados en la producción, debido a la experiencia altamente específica requerida). Las muchas funcionalidades del teléfono móvil requieren un amplio conjunto (más de 400) de diferentes componentes (por ejemplo, batería, placa base, cámaras, motor de vibración, altavoces, condensadores, diodos y varistores) .

Los teléfonos móviles forman parte de una categoría de productos denominada “EEE”, que quiere decir “Equipos eléctricos y electrónicos”. Esto incluye cualquier producto con un enchufe de alimentación o batería con circuitos o componentes eléctricos, que van desde lavadoras y computadoras portátiles hasta máquinas de afeitar eléctricas.

En comparación con otros ”EEE”, los teléfonos móviles son uno de los elementos más pequeños, y, por lo tanto, no son los únicos que contribuyen a muchos problemas relacionados con esta categoría. Por ejemplo, en lo que respecta a la extracción de metales y minerales, que es donde tiene lugar el mayor impacto ambiental y socioeconómico.

En países de bajos ingresos, los metales y minerales a menudo se extraen a través de operaciones artesanales informales y de minería a pequeña escala (ASM). Mientras que las operaciones mineras a gran escala (LSM) son formales, mecanizadas, intensivas en capital con trabajadores altamente calificados, los ASM son en gran medida operaciones informales, intensivas en mano de obra y con una gran fuerza laboral poco calificada.

Los ASM suministran una parte significativa de los metales que son críticos para los teléfonos móviles, como el estaño, el tantalio y el oro (que cubren respectivamente el 20%, 25% y 26% del suministro global) de países como Ruanda, Brasil, Venezuela o Colombia.

Los ASM también proporcionan medios de subsistencia a millones de personas en países de bajos ingresos. Especialmente donde las actividades agrícolas y rurales se están volviendo menos lucrativas, ASM proporciona ingresos para aquellos que tienen pocas oportunidades alternativas de empleo. Para algunos países de bajos ingresos, la minería también contribuye significativamente al PIB (20%, 13% y 6.5% para la República Democrática del Congo, Zambia y Ghana, respectivamente) .

Las operaciones mineras ilegales que producen los llamados “minerales de conflicto” están utilizando trabajo forzado, incluido el trabajo infantil, y hacen cumplir poco o nada los estándares de seguridad y salud. Las malas prácticas ambientales también resultan en una alta ecotoxicidad para el aire, el agua y el suelo. La ecotoxicidad causada por la minería puede contaminar la cadena alimentaria y el agua potable, así como degradar las tierras de cultivo, lo que afecta la producción de alimentos[x].

En el caso de los teléfonos móviles, estos poseen una vida útil relativamente corta, pero demandan altas cantidades de materiales vírgenes y energía. En 2018, el 49% de todos los teléfonos fabricados eran de China, lo que lo convierte en el país líder en la producción de teléfonos móviles para el mercado global. Si bien la fundición de los metales y minerales tienen lugar en ubicaciones geográficas por todo el planeta, la mayor parte de la producción de componentes y el ensamblaje final ocurre en China, con un alto índice de polución ambiental.

Ahora bien, la demanda de nuevos productos EEE está creciendo, con tendencias imparables como los “hogares inteligentes”, tecnología de realidad virtual y drones personales. En segundo lugar, existe una creciente demanda de los metales críticos que se encuentran en los teléfonos móviles debido a las tendencias en la electrificación y las energías renovables, con una creciente necesidad de, por ejemplo, baterías, turbinas eólicas, pilas de combustible y energía fotovoltaica. Por último, con una clase media de crecimiento mundial, se espera un mayor consumo de EEE.
La era de los metales avanzados

El Premio Nóbel de Física, George Thomson, la llama la “era de los materiales avanzados”. Sus propiedades especiales han hecho posible lo que parecía imposible a nivel de electrónica, digital o científico. Dicho lo cual, su ausencia creará un serio desequilibrio en el modelo que se ha impuesto.

La línea de desarrollo que hemos seguido nos sitúa en esta realidad. El rostro de estos materiales ha ido variando en el tiempo, pero lo que no ha variado es la base del modelo y paradigma. La industria digital y la industria de energías limpias está enroscada a un fodo básico de metales y minerales absolutamente imprescindibles.

¿Por qué razón se está ocultando? ¿Qué es lo que no se quiere revelar? Una rápida vista a Baotou, en Mongolia, o al Amazonas en Brasil, a Guanía, en Colombia, al Arco Minero en Venezuela, es suficiente para entender que la revolución digital y la revolución verde no se alimentan de bambú.

En el caso de Australia[xi], la explotación de tierras raras también genera polémica. La empresa Lynas Corp. maneja dos instalaciones en la producción de tierras raras: la minería, que tiene lugar en Mount Weld, Australia Occidental; y el procesamiento, que sucede fuera de casa, en Kuantan, Malasia. El grueso de la contaminación se genera en Kuantan, donde se han acumulado más de 450 mil toneladas de desechos tóxicos y radioactivos. Esa nube tóxica preocupa al gobierno de Malasia. Y las autoridades de Malasia exigen a Lynas Corp. que retire los desechos radioactivos producidos por las instalaciones de refinado en Kuantan. En la memoria colectiva del país, aún pesa la catástrofe ambiental y de salud que tuvo lugar en Bukit Merah, precisamente por los residuos tóxicos derivados de la explotación de tierras raras. El problema de Lynas Corp. es que la legislación autraliana prohíbe la importación de desechos radioactivos. ¿Entonces dónde colocarlos?

Cada metal y mineral nos plantea en distintas regiones del planeta una realidad de impacto ambiental severo[xii], violaciones a la salud y seguridad de los trabajadores, además de abusos a los derechos humanos. En el caso de América Latina, es algo que documentó la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) al elaborar el primer mapa de minería illegal en la Amazonía[xiii], una radiografía interactiva que confirma la presencia de 2 mil 312 puntos y 245 áreas de extracción no autorizada de minerales en plena selva tropical y 30 ríos donde tiene lugar el accionar de la actividad minera. “La extracción minera en la Amazonia no tiene comparación con ningún otro momento de la historia”, se puede leer en el informe de la RAISG, que también recuerda que la Amazonía es uno de los lugares de donde se extraen los insumos de nuestro ecosistema digital.
La industria de la minería

Los mineros son colectivamente responsables de 22% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Estos gigantes devoran el 6% de la demanda energética mundial mientras mueven rocas y tierra para desbloquear los metales y minerales[xiv] utilizados en el proceso de fabricación de todas las formas y tamaños de nuestra modernidad digital, y de los que depende el interruptor de la energía limpia.

Según la firma de análisis McKinsey, en la última década las corporativas tecnológicas descubrieron en la industria minera uno de sus clientes “vitales”, haciendo que adoptaran diferentes estrategias: inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la automatización y la robótica, la tecnología digital móvil, el Internet industrial de las cosas y la arquitectura de datos moderna (incluida la nube).

Estas nuevas tecnologías han permitido una ejecución que permite eliminar la variabilidad inherente a la actividad minera. ¿El resultado? La productividad mineral aumentó aproximadamente 2.8% anual desde 2014.

¿La consecuencia? Que las reservas de minerales y metales está disminuyendo, mientras que la escasez de agua ha amenazado con vaciar los activos en el suelo, y las licencias de operación se han vuelto más difíciles de obtener[xv].

Es importante no olvidar que las Big Tech son empresas y, como tales, buscarán oportunidades para vender sus productos y servicios a quienes los necesiten y puedan pagarlos, sea Big Mining, Big Oil, Big Pharma, Big brother, la CIA, Interpol, Shell, Monsanto, el Pentágono o la industria militar.

Y todos necesitan de las tierras raras.

El senador de Texas Ted Cruz dijo[xvi] que el primer trillonario del mundo se haría en el espacio, refiriéndose al potencial financiero de la minería de asteroides. En abril de 2020, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que reafirma el interés estadunidense en la explotación corporativa de recursos lunares y de asteroides[xvii]. Un mes antes del comunicado de la Casa Blanca, Elon Musk, a través de su empresa SpaceX, cerraba con la NASA el acuerdo de una misión que despegará en julio 2022 y cuyo destino será Psique 16, “un asteroide metálico, misterioso y gigante. Hay tantos metales preciosos enterrados dentro del asteroide que podría convertir a cada persona en la Tierra en multimillonaria[xviii]”.

Pero antes de que “viajemos” a Psique 16, tendrá que resolverse la demanda presentada contra Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla en una corte federal de Washington.
Índice de citas

I. https://www.globalwitness.org/en/
II. IRAdvocates. 12.15.2019. “IRAdvocates Files Forced Child Labor Case Against Tech Giants Apple, Alphabet, Dell, Microsoft and Tesla for Aiding and Abetting Extreme Abuse of Children Mining Cobalt in DRC.” Url: https://bit.ly/37Qd9Eh
III. IRAdvocates. 12.15.2019. “IRAdvocates Files Forced Child Labor Case Against Tech Giants Apple, Alphabet, Dell, Microsoft and Tesla for Aiding and Abetting Extreme Abuse of Children Mining Cobalt in DRC.” Url: https://bit.ly/37Qd9Eh
IV. Ibid.
V. The Guardian. “Apple and Google named in US lawsuit over Congolese child cobalt mining deaths”. Url: https://bit.ly/37Nk5lK
VI. The Guardian. “Apple and Google named in US lawsuit over Congolese child cobalt mining deaths”. Url: https://bit.ly/37Nk5lK
VII. Fortune. 16.12.2019. “Apple, Microsoft, Tesla, Alphabet, and Dell Sued for Allegedly Profiting Off of Child Labor”. Url: https://bit.ly/3epasvU
VIII. The Guardian. 10.03.2020. “Human rights activist forced to flee DRC over child cobalt mining lawsuit”. Url: https://bit.ly/3drx4ul
IX. Power Techology. 17.04.2020. “Big Tech and big power: companie’s climate change pledges”. Url: https://bit.ly/2YPjADB
X. University of Oslo/SMART. “Sustainability Hotspots Analysis of the Mobile Phone” Url: https://bit.ly/37IGQqK
XI. IndependentAustralia.net (28.03.2019). Toxic waste: Lynas Corporation and the downside of renewable energy. Url: https://bit.ly/2WY9Epl
XII. International Institute for Sustainable Develpment. “Green Conflict Minerals: Tue fuels of conflict in the transition to a low-carbon economy” (August 2018). Url: https://bit.ly/2wiwuvv
XIII. La Amazonía saqueada. 10.12.2018. Url: https://bit.ly/2TafIco
XIV. NS Energy. 20.03.2020. “Why the mining industry must continue to embrace renewable energy”. Url: https://bit.ly/2YZty5k
XV. https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/behind-the-mining-productivity-upswing-technology-enabled-transformation#
XVI. The Week. 16.05.2020. Could Jeff Bezos become the world’s first trillionaire? Url: https://bit.ly/3hQHOWH
XVII. The Conversation. 02.06.2020. Could corporations control territory in space? Under new US rules, it might be possible”. Url: https://bit.ly/2AZDQdF
XVIII. DailyMail. 04.03.2020. “Elon Musk’s SpaceX will launch a NASA mission to an asteroid with enough precious metal to make everyone on Earth a billionaire”. Url: https://dailym.ai/2Ynysdl

La hermandad de la industria tecnológica y la minería a cielo abierto

Litio, Mexico

México descarta nacionalización de minas de litio

29/06/2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no es necesaria la nacionalización de minas de litio “porque de acuerdo con la Constitución, en el artículo 27, se establece el dominio de la nación de los recursos naturales que están en el suelo y en el subsuelo. Por eso hay un mecanismo de entrega de contratos y de concesiones, en el caso de la explotación minera”, aclaró la semana pasada en su conferencia desde Morelia, Michoacán.

El mandatario subrayó que lo que habría que analizarse es bajo qué condiciones se otorgarían dichos contratos y concesiones para la explotación del litio.

“Vamos a pedirle más información a la secretaria de Economía que es la que atiende este caso, y también a Víctor Manuel Toledo (secretario del Medio Ambiente)”, comentó.

El cuestionamiento sobre la nacionalización de las minas de litio partió luego de las declaraciones de Victor Toledo, secretario de Semarnat.

Panorama de litio en México
Actualmente, la empresa de exploración y desarrollo Bacanora Lithium se ha centrado en su principal proyecto de litio, el Proyecto Sonora, posee diez áreas de concesión minera que cubren aproximadamente 100,000 hectáreas en el noreste del estado de Sonora en México.

El estudio de viabilidad de Sonora ha establecido reservas minerales comprobadas (de acuerdo con NI 43-101) de 1.67 Mt y reservas minerales probables de 2.85 Mt LCE y confirmó los aspectos económicos asociados con convertirse en un productor de 35,000 tpa de carbonato de litio y 30,000 tpa de SOP en México.

Sonora posee uno de los recursos de litio más grandes del mundo y se beneficia de ser de alto grado y escalable.

Bacanora Lithium busco financiación en Alemania para el Proyecto Sonora, además incorporo como socio a Ganfeng como parte de una inversión estratégica, con esas acciones la compañía coloca a México como país productor de litio.
Fuente: Financiero y Camiper

México descarta nacionalización de minas de litio

Mexico

Mineras ganan millones, pero pagan impuestos casi de manera simbólica

▲ Mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas.

Foto Mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas.Foto Alfredo Valadez Rodríguez
Braulio Carbajal
La Jornada
21/06/2020
La minería es considerada oficialmente una actividad esencial para la economía del país. De ella dependen industrias como la automotriz, la construcción y una vital en esta época: la farmacéutica. Las miles de toneladas que se extraen del subsuelo mexicano dejan millones de dólares en ganancias. Sin embargo, su aportación fiscal es casi simbólica.

Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) indican que de los 3 billones 200 mil pesos que recaudó el gobierno federal en 2019 por impuestos tributarios, únicamente 7 mil 465 millones salieron de esas empresas (la mayoría de capital extranjero), es decir, sólo 0.23 por ciento del total.

La aportación del sector pudo ser mayor. El fisco mexicano recaudó 23 mil 810 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR) y 8 mil 587 millones por no tributarios, como derechos, regalías y primas por descubrimiento, dando un total de 33 mil 571 millones.

No obstante, de acuerdo con la ley, las compañías del sector consiguieron deducciones por 25 mil 612 millones por impuesto al valor agregado (IVA) y 493 millones más por producción y servicios. Como consecuencia, el gobierno les debe rembolsar mil 121 millones. Ese monto, que hasta finales de mayo pasado la industria reclamaba, aún no se le entrega.

De acuerdo con reportes de la SHCP, la minería es la industria esencial que menos aporta al fisco. Las que más dan son servicios financieros (502 mil 108 millones de pesos), actividades manufactureras (254 mil 216 millones), transportes, correos y almacenamiento (91 mil 342 millones), construcción (90 mil 164 millones) y medios masivos (80 mil 814 millones).

Según la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía, aproximadamente 10 por ciento del territorio nacional está concesionado a mineras; operan 345 compañías, de las cuales 234 son extranjeras, principalmente canadienses y estadunidenses.

Para dimensionar el tamaño del negocio minero, una de las más grandes del sector, Grupo México, propiedad de Germán Larrea, una de las personas más acaudaladas del país, generó ganancias por mil 766 millones de dólares (35 mil 300 millones de pesos aproximadamente), 54 por ciento más que en 2018, de acuerdo con su estado financiero.

Luis Andrade, investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, manifestó que la operación de esas empresas en diversas localidades no se ha reflejado en mayor progreso económico y tampoco aporta una gran cantidad a las finanzas públicas. Sin embargo, al ser una actividad primaria, es esencial para que otras se potencialicen.

En ese sentido, indicó que el gobierno federal debe ser muy cuidadoso al momento de sentarse a negociar con ellas pues, aunque es poco probable que decidan irse del país ante mayores impuestos debido a que aún hay grandes cantidades de minerales por explotar, su eventual salida podría repercutir en más desempleo y mayores índices de pobreza.

«En este momento lo que necesitamos es mayor inversión extranjera. Una alternativa sería negociar, dejar los impuestos como están, pero a cambio de que garanticen mejores salarios para los trabajadores. No van a poder negar que en México tienen un buen negocio, sobre todo las compañías canadienses. Muchas hacen negocio redondo, pues lo que extraen les sirve para fabricar autopartes, fibras ópticas y demás, y eso vale mucho», apuntó.

Asimismo, las empresas deben ser más transparentes, ya que, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, 23 por ciento de las concesiones emitidas no cuenta con los nombres de los titulares ni de su Registro Federal de Contribuyentes, por lo cual la Secretaría de Economía no ha podido llevar a cabo el cobro de derechos por la posesión de concesiones.

Según un estudio de Fundar, pese a la riqueza mineral del territorio, México es el país de América Latina que menos impuestos cobra a las mineras como proporción de sus ingresos tributarios. Mientras aquí no llega ni a uno por ciento, en Chile, Perú y Bolivia es de 13.8, 6.4 y 2.8 por ciento, de manera respectiva.

Con base en el mismo estudio, la contribución de esa industria lleva años siendo prácticamente simbólica. En el periodo 2006-2015 las mineras en conjunto obtuvieron ingresos por un billón 714 mil 342.7 millones de pesos, pero sólo pagaron por impuestos 22 mil 397 millones, «debido a las condiciones tributarias laxas permitidas por la autoridad federal».

Para la Cámara Minera de México, la industria es esencial para el país, ya que ha pagado 18 mil 285 millones de pesos por derecho minero, beneficiando a 25 estados, 212 municipios y 2.5 millones de personas de manera directa. Además, da empleo directo a 379 mil mexicanos.

Por esas razones el organismo minero, que aglutina a firmas de la talla de Grupo México, Minera Au-tlán, Industrias Peñoles y Peñasquito, entre otras, ha pugnado desde el año pasado por que el gobierno federal le permita deducir 100 por ciento los gastos preoperativos de exploración.
https://www.jornada.com.mx/2020/06/21/economia/021n1eco#.Xu9L2uBBGvY.facebook

Mexico

LAS RAZONES DE VÍCTOR TOLEDO

LAS RAZONES DE VÍCTOR TOLEDO
18/06/2020.
El pasado 16 de junio, el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, finalmente se dio tiempo para
responder a los señalamientos realizados por una serie de exfuncionarios ambientales. Lo hizo sin
exabruptos y de forma contundente, pues no hay desperdicio en los certeros comentarios y
señalamientos sobre la actuación y la relación que sus antecesores tuvieron en la relativamente
joven política ambiental de este país, ya que surge, como bien señala el Secretario Toledo, durante
el gobierno de Ernesto Zedillo, dos años después del inicio de la agenda verde mundial que se
establece de forma global durante la “Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo”, la cual
supuestamente definía el establecimiento de “una alianza mundial nueva y equitativa mediante la
creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades
y las personas”.
Vale la pena recordar esta Cumbre, porque ahí nace el grueso de la política verde que de una u
otra manera sigue vigente; esa misma que en el artículo del Secretario Toledo, señala que fue
construida a través de la introducción de “conceptos aparentemente científicos como desarrollo
sustentable, crecimiento y economía verde, y capital natural, pero que en el fondo buscan ocultar la
mercantilización de la naturaleza”. Pocos años después, en 1997, con el auspicio de la CONABIO,
nace la primera intención regional de darle contenido práctico a la mercantilización de la naturaleza
a través del Corredor Biológico Mesoamericano (la segunda región con mayor biodiversidad del
planeta). En ese entonces, como ahora, una parte de los planteamientos centrales, “siempre en
aras del desarrollo”, era que aquellos sitios de interés biológico o biodiverso que potencialmente
quedarán fragmentados de sus “conexiones naturales”, se reconectarían a partir de establecer
pasos, túneles, corredores inducidos o naturales, puentes o hasta cableado para que la fauna lograra
transitar por ellos. En el ámbito nacional, ese experimento se desarrolló a partir del Programa de
Conservación de la Biodiversidad en Comunidades Indígenas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca
(COINBIO).
Estos procesos dieron origen a los grupos de interés verdes que a la postre se convirtieron en
la denominada “Mafia Verde”, hoy claramente integrada en su extensa mayoría por quienes forman
el Consejo Consultivo del Agua, así como Ceiba y otras Ong ́s que han sido formadas o son
asesoradas o son consultores que en su momento fueron funcionarios ambientales, tales como el
grupo “Política y Legislación Ambiental” (Polea), además del Consejo Civil Mexicano para la
Silvicultura Sostenible (CCMSS), esta última, pero no únicamente, desde hace años es una de las
principales operadoras de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
a quienes, a cambio de financiamiento, le han entregado cientos de estudios y, en consecuencia,
información valiosísima sobre la riqueza biológica que tenemos en México, lo cual no es un hecho
menor, si entendemos que el verdadero interés mercantil en la biodiversidad proviene de las
poderosísimas empresas farmacéuticas Alemanas, Estadunidenses y Francesas por citar
algunas; esa misma riqueza que el gobierno de Peña Nieto entregó a los Alemanes gracias a los
acuerdos establecidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que derivó en la firma del
“Protocolo de Nagoya, sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y
Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización”. No sobra señalar que muchas de
esas Ong ́s “ambientalistas”, desde hace años también han sido precursoras en la práctica de
golpetear los procesos organizativos que desde los pueblos se generan en defensa de su territorio y
sus bienes naturales.Desde 1994, y con un México que amanecía en guerra contra el EZLN y el ingreso al TLCAN, muchos
grupos civiles, académicos, científicos y políticos fueron encandilados por la agenda verde
internacional y la supuesta puesta en marcha de la nueva agenda ambiental para el país,
encabezada por la recién creada SEMARNAT. Muchos de ellos se volcaron en la implementación de
programas relacionados con la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la
Degradación de los bosques (REDD+), a través de los “pagos de servicios ambientales”, la creación
de ANP ́s, la imposición de Reservas de la Biosfera, los ordenamientos territoriales y planes de
manejo, entre otros componentes, que en sí mismos, como bien señala Toledo, sólo han significado
la destrucción, la contaminación y la administración mercantil de la naturaleza, además de volverse
para algunas/os sus centros de investigación personal, pero todas ellas iniciativas muy útiles para
lavar la imagen de empresas y corporaciones, siendo estas las principales impulsoras del
Modelo Extractivo Depredador, ese mismo que se traduce en saqueo y desplazamiento forzado
de las comunidades.
Desde la creación de la Semarnat, se han diseñado y utilizado diversas estrategias para desplazar,
condicionar o convenir con las comunidades la entrega de su territorio y sus bienes naturales, pero
siempre hay un común denominador que le da “transversalidad” a la política verde mexicana: la
implementación de un componente de corte desarrollista que supuestamente llevará el
“progreso” a las comunidades indígenas y campesinas como son; El Plan Puebla Panamá, El
Protocolo de Nagoya, Los Corredores Biológicos, Las Reservas de la Biosfera y las ANP ́s, El
Acuerdo de Escazú, Las Energías Renovables o Verdes, el Ecoturismo, Los Biocombustibles, el Oro
Blanco, el Tren Maya, el Tren Transístmico, etc.
No podemos no estar de acuerdo con los precisos señalamientos que ha realizado el Secretario
Toledo contra sus antecesores, quienes, por supuesto, no podrán responder con ética ni tendrán
fundamento alguno contra las puntualizaciones que les han hecho, porque sin duda alguna el
desastre ambiental actual empezó y continuó con ellas y ellos en México y con otros grupos similares
a nivel Mundial. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de atestiguar abiertamente este tipo de
señalamientos entre políticos y ex políticos, porque se expone tal cual la causa estructural y el
fondo del problema ambiental de México y el Mundo.
Y, sin embargo, en aras de la congruencia, hoy tan ausente, y de manera directa y clara le
preguntamos: ¿Cuál es su plan, señor Toledo?
El nuestro es continuar defendiendo el territorio, los bienes naturales y las diversas
expresiones de comunalidad que en el mismo se expresan, y, por lo tanto, es nuestra intención
que la actividad minera se acabe en el país, por una simple razón que usted ya expuso: las grandes
corporaciones biotecnológicas, agroindustriales y mineras -no solamente estas, pero
principalmente-, están acabando con la vida. Y en aras de la congruencia, de no menor importancia,
es necesario señalar que la misma estructura de intereses, la misma mercantilización de la diversidad
biocultural, la misma mentalidad desarrollista y colonial y la misma imposición de megaproyectos
mediante parodias de consulta, subyace en iniciativas como el Tren Anti Maya, el Canal Seco
Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos. De ahí la pregunta.
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Mexico

Gobierno de México acusa a mineras canadienses de negarse a pagar impuestos: ¿qué implicaciones tiene?

11/06/2020
Por su parte, una compañía de Canadá amenazó con acudir a tribunales internacionales para resolver una disputa legal, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Gobierno de México acusa a mineras canadienses de negarse a pagar impuestos: ¿qué implicaciones tiene?
Protesta en Minera San Xavier, propiedad de la empresa canadiense New Gold Inc., San Luis Potosí, México, 2010.Manuel Hernández Borbolla / RT

Mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirma que las empresas mineras de Canadá se niegan a pagar adeudos fiscales, las compañías canadienses tiene previsto acudir a tribunales internacionales para resolver una disputa por cuestiones tributarias.

Ante la polémica, México solicitó apoyo al Gobierno de Canadá para intermediar en el conflicto, enmarcado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sigue vigente hasta la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial del T-MEC.

La situación ha puesto a discusión los beneficios que deja la inversión extranjera en la minería, frente a los daños ocasionados en países como México.

La acusación de López Obrador

Esta semana, López Obrador acusó a empresas mineras canadienses de no pagar impuestos, por lo cual solicitó la intervención del embajador de Canadá en México para resolver el conflicto.

«Hay unas empresas canadienses mineras que no están al corriente, quieren ir a tribunales internacionales. Entonces, aprovecho para mandarle un mensaje respetuoso al embajador de Canadá, que nos ayude a convencerlos de que para qué vamos a tribunales, que es muy claro que tienen esas deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT)», declaró el mandatario.


El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en México, 8 de mayo de 2020.XinhuA / www.globallookpress.com

Hasta el momento el Gobierno de Canadá no ha emitido postura frente a las declaraciones del presidente mexicano.

Tampoco se ha revelado el monto que adeudan al fisco las mineras canadienses, ni qué empresas son las que deben dinero. Sin embargo, una serie de antecedentes en los meses previos permiten identificar a algunos de los actores de la disputa.
¿En qué consiste el conflicto?

En octubre de 2019, la Cámara Minera de México (Camimex) informó que un total de 244 empresas canadienses estaban peleando por la deducción de 100% de los gastos de exploración, y que mientras tanto habían frenado las inversiones en esa área.

Para diciembre de 2019, Camimex solicitó al Gobierno un pacto fiscal a 15 o 20 años para eliminar el pago de las regalías por exploración, establecidas en la Ley Minera.

En mayo de 2020, justo en medio de la pandemia de covid-19, la minera canadiense First Majestic anunció que acudiría a tribunales internacionales para resolver una disputa fiscal con el Gobierno de México.

Según la minera canadiense, las autoridades fiscales mexicanas no han acatado los mecanismos establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para resolver una disputa por el pago de impuestos.

De acuerdo con la compañía canadiense, el Servicio de Administración Tributaria en México «ha mostrado un total desprecio por las disposiciones aplicables de tres tratados separados de doble tributación que ha celebrado con Canadá, Barbados y Luxemburgo, que son relevantes para First Majestic y sus subsidiarias».


Protesta en Minera San Xavier, propiedad de la empresa canadiense New Gold Inc., San Luis Potosí, México, 2010.Manuel Hernández Borbolla / RT

La compañía canadiense, que cuenta con seis minas en territorio mexicano, es una de las mayores productoras de plata a nivel mundial, siendo México el país con mayor producción de ese mineral a escala global.

En 2020, First Majestic esperaba producir entre 11,8 y 13,2 millones de onzas de plata, que les dejaría ganancias cercanas a los 223 millones de dólares.

La empresa asegura que el Gobierno mexicano también ha ignorado un Acuerdo de precios anticipados, firmado en 2012 con empresas subsidiarias de First Majestic, en el cual se establecían tarifas ante un posible aumento de impuestos.

En 2013, México realizó una reforma hacendaria en la que estableció el cobro de nuevos derechos a la industria minera.

Posteriormente, en 2015, se realizó una reforma a la Ley Minera que estableció que, además de los derechos mencionados, se debía pagar también una prima por descubrimiento de yacimientos al Servicio Geológico Mexicano (SGM) durante la vigencia de la concesión minera.

El pago de esta regalía, destinada a estados y municipios, ha sido la causa principal de la disputa entre las mineras canadienses y el Gobierno mexicano.
Mineras privilegiadas

En las últimas décadas, las mineras canadienses han estado en el centro de la discusión pública, debido a los conflictos ambientales y sociales que han provocado en territorio mexicano, al mismo tempo que las escasos beneficios económicos que genera para el país en materia fiscal.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de las actividades extractivas en México 2018, elaborado por Fundar, la aportación de la minería a las finanzas públicas mexicanas, a través de la recaudación fiscal, fue de apenas el 0,52 % en 2018.

Al mismo tiempo, las mineras canadienses han estado involucradas en una serie de conflictos sociales con las comunidades asentadas en el territorio mexicano, lo cual ha dejado un saldo de al menos ocho personas muertas, según un informe de la organización ‘Justice and Corporate Accountability Project’.

VIDEO FUNDAR: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LVJSCNjrJBQ&feature=emb_logo

El 67% de la inversión extranjera en el sector minero en México es acaparado por empresas canadienses, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Economía. Esas firmas concentran 5,7% de la extracción anual, de acuerdo con datos de la Cámara Minera de México (Camimex).

En 2019, México se ubicó en el lugar 38 de 76 países entre las naciones más atractivas para la inversión minera, de acuerdo con la Encuesta de 2019 realizada por el Instituto Fraser.

Sin embargo, un estudio del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señala que, de 2007 a 2017, se otorgaron «incrementos repentinos en el monto correspondiente a los estímulos fiscales». Una situación que se mantuvo después de la reforma hacendaria.

Datos oficiales revelan que el SAT perdonó casi 173.000 millones de pesos (7.687 millones de dólares) en impuestos a empresas mineras mexicanas y extranjeras, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre 2007 y 2015.

De ahí que un informe de 2014, publicado por la Secretaría de Gobernación, señalara que la proliferación de mineras canadienses en territorio mexicano se debe a que «México es el paraíso fiscal de Canadá» en esa materia.

Este escenario ha generado mayores tensiones entre las empresas canadienses y el Gobierno, tras la llegada al poder de López Obrador, a lo que se suman las presiones financieras que enfrenta el país por la pandemia de coronavirus.

Manuel Hernández Borbolla
https://actualidad.rt.com/actualidad/356310-gobierno-mexico-acusa-mineras-canadienses

Mexico

México: Mineras canadienses quieren ir a cortes internacionales por pago de impuestos

09/06/2020
Mineras canadienses quieren ir a tribunales internacionales por sus diferencias con el Estado mexicano por el pago de impuestos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pidió al embajador de Canadá en su país interceder en el caso.

El mandatario afirmó que varias firmas se están poniendo al día en sus responsabilidades tributarias y dio como ejemplo a la mexicana FEMSA, a la japonesa Toyota y a las estadounidenses Walmart e IBM.

Sin embargo, sostuvo que existen diferencias con otras compañías. “Hay unas empresas canadienses, mineras, que no están al corriente, quieren ir a tribunales internacionales”, afirmó.

El gobernante mandó “un mensaje respetuoso” al embajador de Canadá para pedirle ayuda en el caso. “¿Para qué vamos a tribunales? Es muy claro que tienen esas deudas con el SAT (Servicio de Administración Tributaria) y que ojalá y nos ayuden a convencerlos”.

El mandatario reiteró que los acuerdos alcanzados por diferentes grandes firmas con el SAT van a representar unos 25,000 millones de pesos (alrededor de USD1,149 millones) para las arcas del Estado.

La recaudación tributaria de esas empresas se ha convertido en un asunto central para el Gobierno ante la contracción económica que sufre el país y para hacer frente al aumento del gasto en programas sociales destinados a ayudar a los pobres ante los estragos de la pandemia del coronavirus.

Fuente: Gestión

México: Mineras canadienses quieren ir a cortes internacionales por pago de impuestos

Mexico

Producción minera de México caería un 17% este año

04/06/2020

La pandemia afectará la producción minera de México, sufriendo este año una caída del 17% debido al cese de operaciones para contener la propagación del coronavirus, dijo este miércoles el jefe de la principal asociación local del gremio.

En una entrevista con Reuters, Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), estimó además que las exportaciones del sector podrían disminuir alrededor de un 10% por los efectos de la pandemia.

Alanís, quien también es director general de la minera Peñoles, dijo que a pesar de que las actividades en la industria comenzaban a reanudarse y cerca de la mitad del personal operativo había regresado al trabajo, las labores de exploración continuaban suspendidas.

Lee también: Aumento de Covid-19 en América Latina pone en riesgo a minas más grandes del mundo

“Son del tipo de actividades que consideramos ahorita como no esenciales”, afirmó el ejecutivo, quien dijo que la recuperación de sector podría avanzar a un paso lento y extenderse hasta el primer trimestre del próximo año.

Después de dos meses confinamiento, México reactivó el primero de junio las actividades en algunas industrias consideradas esenciales, como la producción de vehículos, la minería y la construcción.

Aun así, Alanís anticipó que la pandemia también habría acabado con unos 71.000 empleos indirectos en el sector local.

La Camimex agrupa a las mayores empresas del rubro que operan en el país como Grupo México, Minera Autlán, Industrias Peñoles y Peñasquito, subsidiaria de Newmont.

Fuente: Reuters

Producción minera de México caería un 17% este año

Mexico

LA MINERÍA Y EL GATOPARDISMO DE LA INCIDENCIA POLÍTICA

01/06/2020.
Debido a la extraordinaria devastación que la actividad minera realiza en los lugares donde se
instala, constituye uno de los ejes contemporáneos de conflictividad social más significativos
a tener en consideración. Por ello, hoy que el ultraje y el saqueo a pueblos y comunidades se
está incrementado y el debate sobre la pertinencia/constitucionalidad de la Ley Minera
resurge; desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), NOS
PRONUNCIAMOS NO POR UNA REVISIÓN A LA LEY MINERA, SINO POR
LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ESTE MODELO EXTRACTIVO EN TODO EL PAÍS.
Desde nuestra posición, advertimos la existencia de un lobby de actores sociales, políticos y
académicos que insisten (pese a que los daños, afectaciones y conflictos que generan las
empresas mineras a su paso por los territorios de extracción han sido ampliamente
documentados), en que los males socioambientales generados por el «modelo extractivo
minero» podrían resolverse con algunas modificaciones al entramado legal. Ello es una
equivocada premisa porque, no es una solución para los pueblos, sino de un conjunto de
propuestas encaminadas a maquillar la minería como una industria “verde”, “sustentable”,
“segura”, “responsable” y “respetuosa de los derechos humanos”, que son adjetivos que se
han utilizado en todo el mundo únicamente para legitimar el despojo.
Nuestra posición se basa en la realidad de entender y vivir la gran asimetría que genera el
sistema capitalista a partir de imponer un modelo extractivo que mercantiliza la naturaleza y
destruye la vida, por lo tanto, si los promoventes de esa ley “amplia” consideran que una
consulta desarrollada con los mejores y más altos estándares internacionales, incluyendo la
libre determinación de los pueblos, así como el resto de cambios que se proponen serán
suficientes para garantizar un modelo de extracción equitativo, justo, sustentable, etc.,
entonces estamos ante un problema mayúsculo, porque los cambios abonarán a legalizar el
resultado de la minería: EL DESPOJO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO, ambos
procesos multifactoriales que en pocas ocasiones se reconocen en su real magnitud.

2
Los reformistas aspiran también a que la evaluación de los proyectos mineros incluya, entre
otras cosas, una “novedosa” manifestación de impacto social, de modo que se garantice el
derecho a la tierra y al territorio. El conjunto de sus propuestas son un bocadillo casi
completo, muy útil para quienes viven de la incidencia política, pero intrascendente para los
pueblos que conviven con la violencia que ejerce un proyecto extractivo.
Como REMA anclamos nuestra posición en la realidad existente en los territorios de
extracción, una realidad causada por el sistema capitalista que ha generado y colocado a las
comunidades y a los individuos en una situación de permanente vulnerabilidad y pobreza que
muchas veces les orilla a aceptar la instalación de proyectos que socavan su propia integridad
y/o a optar entre medios de vida insalubres, mal pagados y peligrosos o el desempleo, lo que
contribuye a establecer relaciones asimétricas de poder-dominación entre las empresas
mineras y los pueblos y comunidades.
Quienes impulsan este proceso saben de sobra nuestra posición como REMA. Estamos
totalmente de acuerdo en trabajar en una nueva Ley Minera, siempre y cuando esta tenga sólo
un artículo:
Art. 1.- LA MINERÍA EN MÉXICO ESTÁ PROHIBIDA.
Ya en algunos países, gracias a la movilización de los pueblos que han vivido el impacto
minero, se ha logrado la prohibición de la minería metálica (El Salvador), la minería de oro a
tajo abierto (Costa Rica) o la minería metálica y el uso de ciertas sustancias tóxicas (en varias
provincias de Argentina en donde la competencia sobre la minería es estatal y no federal). No
vemos por qué no hacerlo en nuestro país, sobre todo hoy que se pretende evaluar la
calidad de vida y la felicidad de los mexicanos por encima de los absurdos del Producto
Interno Bruto como factor de bienestar.
Quienes vienen trabajando en la reforma desde hace tiempo, ven la posibilidad de una
industria extractiva “amigable con el medio ambiente” en el marco del capitalismo. A nuestro
parecer, o lo hacen desde un análisis lejano a la realidad con mucha ignorancia del conjunto
de problemáticas que genera la minería o lo hacen desde una falsa premisa que los hace
suponer que una “buena” Ley Minera será suficiente para cambiar el propósito central del
modelo extractivo. Ese mismo que durante los últimos 50 años ha sido capaz de crear para sí
una gran tecnología para la remoción, extracción y destrucción de los bienes naturales, así
como un poder financiero sustentado en uno de los principios básicos del capital: LA
ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN. Mientras esa premisa no se transforme, toda
incidencia política pro-derechos, donde de facto no existen, facilita, al mismo tiempo, la
imposición y reproducción del modelo.

¡LA MINERÍA MATA Y POR ELLO DEBE PROHIBIRSE!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Mexico

Las malas prácticas de las empresas mineras durante la pandemia

Una vez más, el sector minero logró la flexibilización de alguna norma o estándar a su favor. Su poder, independientemente del color del partido que gobierne este país, es indiscutible.
Por: Beatriz Olivera
@FundarMexico
04/06/2020
El pasado 31 de marzo fue publicado, en el diario oficial de la federación, el listado de las actividades esenciales que podían seguir operando durante la pandemia que vivimos. Entre dichas actividades la minería no estuvo considerada, dado que claramente no se trata de una labor de la cual dependa la economía o bienestar para la mayoría de la población mexicana. Como era de esperarse, las reacciones de los dueños de grandes empresas mineras no se hicieron esperar. La Cámara Minera Mexicana (Camimex) que agrupa a empresas subsidiarias de Grupo México, Peñasquito y Peñoles, entre otros, en comunicación enviada al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, aseguró que las actividades mineras son de gran importancia en la proveeduría de varias cadenas de valor esenciales para la región; además argumentó el riesgo de que ante la entrada en vigor del T-MEC se pudiera provocar que alguna industria se detuviera por la falta de un insumo clave.

Asimismo, la Asociación Nacional de Manufactureros de Estados Unidos envió también una carta al presidente López Obrador para que permitiera la reanudación en México de algunas actividades que, desde su perspectiva, son cruciales para la industria y los servicios en Estados Unidos, entre ellas, la minería.

Ante las presiones, el gobierno mexicano cedió e incorporó “de manera extraordinaria” a la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte, como actividades esenciales. El hecho no es ajeno, mucho menos extraño: una vez más, el sector minero logró la flexibilización de alguna norma o estándar a su favor. Su poder, independientemente del color del partido que gobierne este país, es indiscutible.

Además de este hecho, es necesario señalar el actuar irresponsable de varias empresas mineras durante la pandemia que vivimos. El acto más reciente es protagonizado por la minera canadiense Equinox Gold, dueña de Los Filos, cerca de Carrizalillo en Guerrero, que hasta la semana pasada había confirmado 51 casos positivos a COVID-19 entre su personal. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan alertó que al siguiente día del anuncio presidencial, sobre el regreso a la ‘nueva normalidad’, funcionarios de esta empresa convocaron a 500 trabajadores subcontratados para que se presentaran a la mina, pero en lugar de hacer un llamado progresivo a los trabajadores, éste se hizo de forma masiva; además, la empresa no previó los lugares donde iban a instalar los campamentos y tuvieron que contratar hoteles para asegurar la estancia de sus empleados. Finalmente, a todos los trabajadores, incluidos los casos positivos, los regresaron a sus comunidades en camionetas sin garantizar medidas para su aislamiento y poniendo en gran riesgo a las comunidades cercanas. Otras fuentes han señalado que la empresa incumplió desde un principio la suspensión de actividades por la pandemia, pues algunos empleados no pararon de laborar y otros lo hicieron hasta quince días después de la disposición gubernamental.

Otro caso, ahora en Durango; la minera La Platosa de Bermejillo, propiedad de la canadiense Excellon de México Resourcing, decidió arbitrariamente llevar a cabo un cierre parcial de seis meses sin goce de sueldo para sus trabajadores bajo el argumento de medida preventiva para evitar el contagio por COVID-19m provocando que más de 250 empleados se manifestaran en los días subsecuentes en un claro reclamo de respeto a sus derechos laborales.

En Mazapil, Zacatecas, el Observatorio de Conflictos Mineros (Ocmal) y don Roberto De la Rosa, habitante de la comunidad de Salaverna, han denunciado que la empresa Ocampo Mining Tayahua, de Grupo Frisco, no respetó la suspensión sanitaria y mantuvo sus actividades, poniendo en riesgo a la comunidad. Además, los casos de hostigamiento y amenazas en contra de De la Rosa por su labor en defensa del territorio, continuaron durante la cuarentena. Aquí puede firmarse para hacer un llamado público a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Gobierno de Zacatecas para que brinden protección a Don Roberto.

Finalmente, también en Zacatecas, en Vetagrande, la minera canadiense Santa Cruz Silver Mining que extrae plata, plomo y zinc, continuó su incumplimiento de pago de salario a trabajadores que tenía contratados vía outsourcing. Previo a la cuarentena, la empresa suspendió operaciones por riesgos en la estabilidad de su presa de jales, señalados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lo cual, a su vez, le llevó a suspender a alrededor de cien empleados con el compromiso de mantener su salario y de reanudar actividades hasta nuevo aviso. Sin embargo, varios testimonios han señalado que la empresa no cumplió el acuerdo ni antes, ni durante la cuarentena y dejó sin salario a sus trabajadores.

Algo claro ha mostrado esta pandemia: varias empresas mineras priorizaron sus operaciones, violaron acuerdos y derechos laborales por encima de la salud de los trabajadores y de la población, dejando claro que priorizan sus ganancias a la vida y salud de las personas. En este pronunciamiento, firmado por más de 300 organizaciones de diferentes países, se puede abundar sobre otras malas prácticas que las mineras realizaron durante la pandemia en el mundo. Aunque hay que decir también que seguramente habrá empresas que hayan acatado las disposiciones gubernamentales, como era su obligación, pero seguramente ellas mismas darán cuenta de esto y de otras de sus “bondades” con bombo y platillo en sus próximos informes de responsabilidad social.

* Beatriz Olivera es investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.
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Las malas prácticas de las empresas mineras durante la pandemia